Sentencia Social 1036/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 974/2024 de 11 de noviembre del 2025

PRIMERO.- 1.-La cuestión debatida en el presente recurso de casación para unificación de doctrina consiste en determinar si una trabajadora temporal de la Comunidad de Madrid, que fue declarada en Incapacidad Permanente Total (IPT) para su profesión habitual, tiene derecho a la indemnización prevista en el art. 151 del convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Comunidad de Madrid (2021/2024), que contempla una indemnización de 15.500 euros para los trabajadores mayores de 55 años declarados en IPT, o por el contrario sólo tienen derecho a ellas los trabajadores fijos, que fue lo resuelto por la Comunidad cuando lo solicitó la actora.

2.-La trabajadora la actora prestó servicios como Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería para la Agencia Madrileña de Atención Social, bajo un contrato de interinidad desde el 1 de noviembre de 2016. El 7 de marzo de 2022, fue declarada en situación de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, tras lo que solicitó a su Administración empleadora el abono de la indemnización referida, siéndole denegada con el argumento de que sólo está prevista para los trabajadores fijos que cumpliendo el requisito de edad, caen en IPT.

La trabajadora presentó demanda ante el Juzgado de lo Social 44 de los de Madrid que falló a su favor, reconociendo su derecho a percibir esa indemnización. La Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid recurrió la sentencia, argumentando que el procedimiento utilizado no era el adecuado y que el convenio colectivo diferenciaba justificadamente entre trabajadores fijos y temporales.

3.-El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia núm. 1182/2023 de 19 de diciembre (rec. 507/2023) aclarada en cuanto a las costas por Auto de 19 de enero de 2024, tras rechazar el primer motivo de impugnación de carácter procesal, terminó por desestimar el recurso en su integridad, confirmando la sentencia de instancia, al considerar que la distinción entre trabajadores fijos y temporales en cuanto al derecho a la indemnización carece de justificación objetiva y razonable y supone un trato discriminatorio.

4.-Contra esa sentencia se interpone el presente recurso de casación unificadora por la Comunidad de Madrid citando de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 19 de junio de 2023 (rec. 777/2022).

5.-Por la trabajadora se impugnó el recurso sosteniendo la corrección de la doctrina contenida en la sentencia recurrida, y por parte del Ministerio Fiscal se informó la procedencia del recurso.

SEGUNDO.- 1.-Antes de proceder al análisis del fondo del recurso es preciso comprobar la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, pues esa contraposición de pronunciamientos respecto de hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se configura como la llave para abrir el análisis propio de la unificación doctrinal.

Como es sabido, el artículo 219 LRJS -en su redacción aplicable en este caso- exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción entre sentencias se erige así en un presupuesto clave para la admisión del recurso y para que se habilite el acceso al fondo del asunto. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales"( sentencias, entre otras muchas, de 15 de diciembre de 2021, R. 3903/2020; 18 de enero de 2022, R. 4046/2019 y R. 4532/2019; 22 de febrero de 2022, R. 4864/2018; 16 de marzo de 2022, R. 2618/2019; 20 de abril de 2022, R. 3541/2020 y 26 de abril de 2022, R. 2890/2020).

Además, recuérdese que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (así, vgr. las sentencias de 1 de diciembre de 2021, R. 3569/2019; 15 de marzo de 2022, R. 1169/2019; 19 de abril de 2022, R. 259/2019 y 26 de abril de 2022, R. 1274/2020). Esta norma y la jurisprudencia perfilan la necesidad de que converja una igualdad "esencial", sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contrastadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada (entre otras muchas, SSTS 22/2022 de 12 de enero, R. 5079/2018; 47/2022 de 19 de enero - R. 2620/2019; 20 de enero de 2022, R. 4392/2018; 13 de enero de 2022, R. 39/2019 y 4 de abril de 2022, R. 355/2019).

2.-Ya hemos visto que la recurrente cita de contraste la STSJ de Madrid, de 19 de junio de 2023 (rec. 777/2022), dándose la circunstancia de que ni el Ministerio Fiscal ni la trabajadora recurrida objetan nada a la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la invocada de contraste, lo que no nos exime de hacer la comprobación oportuna de ese extremo fundamental para poder abordar el fondo del asunto.

En la sentencia invocada de contraste la sala de suplicación revoca la sentencia de instancia argumentando -en un caso también de trabajador temporal de la Comunidad de Madrid- que el convenio colectivo de esta Comunidad solo contempla esta indemnización para personal laboral fijo y no para trabajadores interinos. Aunque el actor argumentó discriminación por no recibir la misma indemnización que un trabajador fijo, el Tribunal concluye que esta distinción es legítima aduciendo que la mejora indemnizatoria prevista en el convenio se justifica en la estabilidad y permanencia del vínculo laboral de los trabajadores fijos, lo que no es aplicable a trabajadores interinos.

Es indudable que concurre la contradicción exigible, como hemos señalado en nuestra reciente STS 456/2025 de 22 de mayo (rcud 411/2024) para un supuesto idéntico y con la misma de contraste, con lo que podemos abordar el fondo del asunto.

TERCERO.- 1.-La cuestión debatida -como acabamos de advertir- se ha afrontado ya por esta sala en la sentencia mencionada y a esa doctrina habremos de estar por un elemental principio de igualdad en la aplicación de la ley y por no concurrir razones que aconsejen un cambio doctrinal al respecto.

En ella hemos señalado que «El artículo 151 del convenio colectivo establece, en lo que aquí importa mencionar, que al personal laboral «fijo» con declaración firme de incapacidad permanente total con más de 55 años se le extinguirá la relación laboral con la Comunidad de Madrid «con derecho a la percepción de 15.500 euros por una sola vez.»

Como puede comprobarse, el convenio colectivo circunscribe el derecho a la percepción de los 15.500 euros por una sola vez al personal laboral «fijo.»

En el presente supuesto, consta en la sentencia recurrida que la actora fue declarada afecta de incapacidad permanente total para su profesión habitual, que como consecuencia de lo anterior se le extinguió su contrato de trabajo [...].

En el actual caso no se discute ni cuestiona la extinción del contrato de trabajo por esta causa, sobre la que inciden la STJUE 18 de enero de 2024 (C-631/22) y la reciente reforma del ET y de la LGSS por la Ley 4/2025, de 9 de abril, sino que únicamente se debate si la actora tiene derecho a la cantidad de 15.500 euros.»

2.-A continuación recordamos la doctrina contenida en la STS 128/2020, de 12 de febrero (rcud 2802/2017), que abordaba el estudio de un acuerdo colectivo que en una entidad pública circunscribía la indemnización por fallecimiento en accidente de trabajo -pactada como mejora de Seguridad Social- al personal fijo, excluyendo a los temporales, donde dijimos que:

«En el Acuerdo (colectivo) cuestión, se establece una diferencia de trato inadmisible en la mejora voluntaria de Seguridad Social entre trabajadores en función de la naturaleza de su contrato, que contraviene la Directiva 1999/70/CE (de 28 de junio, del Consejo) reiteradamente interpretada por el TJUE señalando que el Acuerdo Marco anexo a la Directiva, y en particular su cláusula 4, (que) tiene por objeto la aplicación de dicho principio a los trabajadores con contrato de duración determinada con la finalidad de impedir que una relación laboral de esta naturaleza sea utilizada por un empleador para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a trabajadores con contrato de duración indefinida.

En el mismo sentido el artículo 15.6 ET señala expresamente que los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tienen los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las especialidades propias de cada modalidad contractual en materia de extinción del contrato.

En el supuesto examinado, claramente las partes negociaron condiciones distintas para los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos y en personal laboral con contrato fijo, respecto al personal laboral temporal y eventual, que en lo que ahora interesa, afecta a la mejora voluntaria de Seguridad Social...

Este trato desigual vulnera el principio de igualdad ante la ley entre trabajadores temporales e indefinidos, al no estar amparado de justificación objetiva y razonable.»

3.-Sentado lo anterior, en la sentencia 456/2025 -cuya doctrina reiteramos ahora- acabamos concluyendo que:

«Si a la actora, trabajadora interina de la Comunidad de Madrid, se le denegara el abono de cantidad reclamada que sí se abona a los trabajadores fijos de dicha comunidad, se estarían vulnerando, en efecto, la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura como anexo de la Directiva 1999/70/CE, así como el artículo 15.6 ET.

La cláusula 4 (sobre «principio de no discriminación») del Acuerdo marco establece, en su apartado primero, que «no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.»

Por su parte, el artículo 12.6 ET prescribe que las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los «mismos derechos» que las personas con contratos de duración indefinida.

No existe ninguna razón objetiva atendible que permita justificar que una trabajadora interina de la Comunidad de Madrid desde 2016, cuyo contrato de trabajo se extingue en 2022 tres ser declarada afecta de incapacidad permanente parcial, no reciba por ello la cantidad de 15.500 euros, y que, sin embargo, sí tenga derecho a recibir esa cantidad una persona trabajadora fija que le sucede exactamente lo mismo.

Sin necesidad de entrar a calificar la naturaleza de la relación de la actora, lo cierto es que esta diferencia entre la actora y una persona trabajadora fija carece de toda justificación objetiva, razonable y proporcionada. Si el contrato de trabajo se extingue como consecuencia de una declaración de incapacidad permanente total para su profesión habitual quedan en la misma situación una persona trabajadora con contrato de duración determinada que una persona trabajadora fija. Ambas están incapacitadas para ejercer su profesión habitual.

No es atendible el argumento del recurso de casación unificadora de que, en el caso de los trabajadores fijos, la cantidad de 15.500 euros les compensa la pérdida retributiva hasta su jubilación, mientras que el contrato de trabajo de un trabajador temporal está llamado a extinguirse en un «plazo inmediato.» Y es todavía menos compartible que la percepción de aquella cantidad pueda suponer en este último caso un supuesto de «enriquecimiento injusto.»

Además de que la actora era una trabajadora interina desde 2016 y que no consta que su contrato se fuera a extinguir en un «plazo inmediato» por causa distinta a la declaración de incapacidad permanente total, lo cierto es que carece de toda justificación objetiva, razonable y proporcionada que la actora, cuyo contrato de trabajo se extinguió a sus 64 años por incapacidad permanente total, no tenga derecho a percibir la cantidad de 15.500, mientras que una persona trabajadora fija que le hubiera ocurrido lo mismo, y exactamente con la misma edad, sí tenga derecho a percibir la cantidad citada.

Como bien destaca la sentencia recurrida, con cita de una anterior de la misma sala de Madrid, la situación y perjuicios de ambas personas trabajadoras son exactamente los mismos. De ahí que nada podamos reprochar a aquella sentencia, que se ampara en nuestra propia jurisprudencia.»

CUARTO.-Conclusión de todo lo expuesto es que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida, y en consecuencia, oído el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida con condena en costas a la entidad recurrente en casación unificadora en la cuantía de 1.500 euros ( artículo 235.1 LRJS) .