Sentencia Social 1035/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5048/2023 de 11 de noviembre del 2025

PRIMERO.- 1.-La cuestión debatida en el presente recurso de casación para unificación de doctrina radica en determinar si en un mismo periodo cotizado, las mismas cotizaciones son aptas para otorgar una prestación de subsidio por desempleo para mayores de 52 años y al tiempo una prestación de Incapacidad Permanente Total (IPT). En definitiva hemos de decidir la interpretación que debe darse a la previsión legal para acceder al subsidio para mayores de 52 años consistente en reunir «todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social» ( artículo 274.4 LGSS, en la actualidad artículo 280.1 LGSS) , en un supuesto en el que el solicitante es beneficiario de una prestación de incapacidad permanente total. Es importante aclarar que no se cuestiona que en este caso la cuantía de la pensión de incapacidad permanente total no determina que el beneficiario supere el límite de rentas que impediría, en caso de mantenerse su percepción, el acceso al subsidio conforme al artículo 275.2 LGSS en su redacción vigente en la fecha del hecho causante.

2.-El actor obtuvo por resolución del INSS de 14/05/2012 el reconocimiento de una prestación de IPT para su profesión habitual de ganadero-agricultor, con efectos económicos de 14/05/2012. El actor percibió prestación contributiva de desempleo desde el 29/01/2020 hasta el 28/03/2021 con base en los trabajos que realizó como comercial, y el 10/09/2021 tras agotar el desempleo contributivo solicitó el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Inicialmente se le reconoció por el INSS el 10 de septiembre de 2021 que reunía el período genérico de cotización exigido por el apartado b) del art. 161 de la LGSS así como el específico, y con la misma fecha le comunicaron que tenía derecho al subsidio por desempleo para mayores de 52 años, pero dándole a elegir entre el nuevo derecho al subsidio o la prestación de IPT que venía percibiendo por considerarlas incompatibles. En respuesta a su solicitud de poder compatibilizar ambas prestaciones, por resolución del INSS de 28 de septiembre de 2021 se le denegó la prestación del subsidio de desempleo, por no reunir los periodos de carencia para causar derecho a la pensión de jubilación. Disconforme con dicha resolución acudió al juzgado de lo Social, que confirmó la resolución del INSS; y recurrió en suplicación.

3.-EL TSJ de Galicia, en su sentencia de 6 de octubre de 2023 (recurso 889/2023) tras aceptar las modificaciones fácticas pretendidas por el pensionista, estimó el recurso, revocó la sentencia de instancia, y declaró el derecho del demandante a percibir el subsidio para mayores de 52 años por ser computables esas cotizaciones anteriores, en compatibilidad con la prestación de IPT reconocida. La Sala de Suplicación argumentó que, al igual que las cuotas computadas para la IPT servían para causar jubilación, resultaba difícil admitir que no pudieran servir esas mismas cuotas para cubrir el presupuesto del art. 274 LGSS, y concluyó afirmando que las cotizaciones anteriores a la declaración de IPT podían y debían ser tenidas en consideración a los efectos de acreditar el período genérico de una posterior petición de subsidio para mayores de 52 años.

4.-Se alza el SEPE en casación para unificación de doctrina, invocando de contraste la STSJ de Galicia de 6 de mayo de 2022 (recurso 5775/2021).

5.-Impugna el recurso de casación unificadora el beneficiario de la SS, invocando la inexistencia de contradicción, y el INSS formuló escrito adhiriéndose a lo manifestado por el Abogado del Estado en presentación del SEPE en su recurso.

6.-Por su parte el Ministerio Fiscal solicita la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.-Antes de proceder al análisis del fondo del asunto es preciso comprobar la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, pues esa contraposición de pronunciamientos respecto de hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se configura como la llave para abrir el análisis propio de la unificación doctrinal.

Como es sabido, el artículo 219 LRJS -en la versión aplicable en el presente caso- exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción entre sentencias se erige así en un presupuesto clave para la admisión del recurso y para que se habilite el acceso al fondo del asunto. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales"( sentencias, entre otras muchas, de 15 de diciembre de 2021, R. 3903/2020; 18 de enero de 2022, R. 4046/2019 y R. 4532/2019; 22 de febrero de 2022, R. 4864/2018; 16 de marzo de 2022, R. 2618/2019; 20 de abril de 2022, R. 3541/2020 y 26 de abril de 2022, R. 2890/2020).

Además, recuérdese que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (así, vgr. las sentencias de 1 de diciembre de 2021, R. 3569/2019; 15 de marzo de 2022, R. 1169/2019; 19 de abril de 2022, R. 259/2019 y 26 de abril de 2022, R. 1274/2020). Esta norma y la jurisprudencia perfilan la necesidad de que converja una igualdad "esencial", sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contrastadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada (entre otras muchas, SSTS 22/2022 de 12 de enero, R. 5079/2018; 47/2022 de 19 de enero - R. 2620/2019; 20 de enero de 2022, R. 4392/2018; 13 de enero de 2022, R. 39/2019 y 4 de abril de 2022, R. 355/2019).

2.-En el caso de la sentencia recurrida ya hemos visto que el debate queda centrado en si el actor tiene derecho al subsidio por desempleo computando las cotizaciones que ya fueron tenidas en cuenta para obtener la IPT y si es compatible ese subsidio con la pensión de IPT, y ello por más que en su caso el SEPE le hubiera reconocido el percibo de dicho desempleo inicialmente, pero conceptuándolo como incompatible con la prestación de IPT, pues finalmente la razón de su denegación fue que no se podían computar las cotizaciones doblemente. Como afirma la recurrida, la cuestión, al margen de lo anteriormente expuesto, se centra en lo siguiente:

«El nudo gordiano del recurso interpuesto es, por tanto, si las cotizaciones que sirvieron para el reconocimiento de la IPT pueden aplicarse al reconocimiento del subsidio pues, realmente, la compatibilidad entre la IPT y el subsidio ya fue reconocida por el organismo demandado (SEPE) y deriva de lo establecido en el art. 282-2 de la LGSS. »

Por lo que se refiere a la sentencia de contraste, el actor, de profesión marinero, tenía reconocida una prestación de IPT por resolución del l.S.M. de 16/02/2002. Tras la declaración de IPT el actor trabajó durante tres años en otro empleo. Solicitó el subsidio de desempleo para mayores de 52 años el 29/01/2021 y el INSS, con carácter previo a emitir el certificado, resolvió que al ser el actor beneficiario de una pensión de IPT, era imprescindible que optara por el derecho a percibir el subsidio de desempleo renunciando a la prestación de incapacidad. Por resolución del SEPE de 21/12/2020 se aprobó la prestación del subsidio por el período de 24/11/2020 a 23/05/2021, desistiendo de su petición el actor por escrito de 21/12/2020. Por resolución del SEPE de 24/02/2021, se denegó el subsidio, y formulada reclamación previa, fue desestimada. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda del actor. La Entidad Gestora se alzó en suplicación, y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó el recurso, confirmando la sentencia, que denegó el reconocimiento de la prestación. Argumentó la Sala de suplicación que el actor debía de optar entre la pensión y el subsidio para mayores de 52 años, ya que, las cotizaciones consideradas para otorgar la IPT no podían tenerse en cuenta para el subsidio de desempleo, por lo que el solicitante no cumplía el requisito de la carencia genérica para acceder a la prestación.

3.-Como puede verse con claridad, en los dos supuestos se discute si las cotizaciones anteriores a la situación de incapacidad permanente total y que sirvieron para su reconocimiento pueden ser computadas para lucrar el subsidio por desempleo, en el marco más amplio de la compatibilidad o incompatibilidad entre el subsidio por desempleo y la prestación por IT. La sentencia recurrida entiende que sí, que las cotizaciones anteriores a la declaración de Incapacidad Permanente Total pueden y deben ser computadas para acreditar el período genérico de una posterior solicitud de subsidio de desempleo para mayores de 52 años mientras que la sentencia referencia! alcanza la solución contraria. Cierto es, como señala el beneficiario de la Seguridad Social en su escrito de impugnación, que en su caso no se niega inicialmente que reúna la carencia específica y genérica necesaria (según quedó acreditado por las resoluciones del INSS que se acogieron en la modificación fáctica), que él sí tenía cotizaciones distintas a las efectuadas y computadas para obtener la IPT, y ello por cuanto trabajó cuatro años como comercial, y que el SEPE nunca le denegó el derecho al subsidio, sino que se lo reconoció, con derecho de optar por el subsidio para mayores de 52 años o seguir con la pensión de IPT.

Sin embargo, esas notas no son elementos diferenciadores de relevancia: de un lado porque también en la de contraste se reconoció el subsidio por desempleo supeditado a la opción, así como que lo determinante es que aunque se tengan cotizaciones nuevas del empleo compatible con la pensión de IPT, y que eso generase un derecho al subsidio de desempleo en el caso del actor en los dos casos comparados, no despeja la controversia consistente en que parte de las cotizaciones que han de tomarse en consideración para reconocer el subsidio por desempleo (y alcanzar así los 15 años de cotizaciones, que es la carencia genérica para la jubilación) son las que ya se computaron para su pensión de IPT. Hemos de concluir, pues, la existencia de contradicción, a diferencia de lo ocurrido por ejemplo con nuestra reciente STS 553/2025 de 5 de junio (rcud 5276/2023) en la que se concluyó la falta de contradicción porque en aquel caso en la recurrida no constaba ni la forma en que se accedió al subsidio de desempleo para mayores de 52 años, ni si durante el periodo posterior a la declaración de IPT se trabajó en otro empleo y efectuó alguna cotización, además de que en ese caso entre la recurrida y la de contraste se daba una diferencia importante: en un caso la declaración de IPT era muy anterior al subsidio y en el otro el subsidio se había reconocido con anterioridad y fue revocado luego con efectos retroactivos más allá del año previsto en el art 146.2 de la LRJS.

TERCERO.- 1.-Corresponde ahora el análisis del fondo del asunto. En su recurso el SEPE invoca un único motivo en base a la sentencia de contraste ya analizada, alegando la infracción de los preceptos reguladores del subsidio de desempleo, y en concreto del art. 282 de la LGSS 2015, coincidente con los arts. 210 y 221.2 de la actual LGSS, en relación con el artículo 16.1 y 2 del Reglamento de Prestaciones (Real Decreto 625/1985), y la jurisprudencia de esta Sala, con cita de las SSTS de 9 de diciembre de 2010 ( recurso 4363/2009), de 26 de febrero de 1997 ( recurso 2397/1996), y de 19 de febrero de 1996 (recurso 3003/1995).

Es preciso señalar que una cuestión idéntica la hemos resuelto en tres recientes sentencias de Pleno (de 24 de septiembre de 2025 -rcud 3628/2023, 5128/2023 y 4435/2023) y a la doctrina contenida en ellas habremos de estar.

2.-En esas tres sentencias hemos afirmado, resumidamente, que si la pensión de incapacidad no determina la superación del límite de rentas que permite el acceso al subsidio, ambas prestaciones no dejan de ser compatibles, de manera que el beneficiario no queda obligado a optar entre ambas, por el hecho de que las cotizaciones anteriores a la incapacidad permanente total se hayan computado para alcanzar la carencia propia de la pensión de jubilación que constituye un presupuesto legal para poder lucrar el subsidio para mayores de 52 años ( artículo 274.4 LGSS, en la actualidad artículo 280.1 LGSS) , lo que implica que no le sea extensible a este caso la doctrina contenida en las STS de 9 de diciembre de 2010 (rcud 4363/2009) y 843/2024 de 4 de junio (rcud 3802/2021).

En las sentencias de Pleno ya mencionadas hemos expuesto que: «El artículo 282.2 LGSS de 2015, en su versión aplicable en el momento del hecho causante del subsidio aquí controvertido (noviembre de 2018)» - (en nuestro caso es 2021, pero se aplica la misma versión del precepto) «decía que «la prestación y el subsidio por desempleo serán, asimismo, incompatibles con la obtención de prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo que originó la prestación o el subsidio.». [...]

«Por su parte el artículo 198.1 LGSS de 2015 en su redacción aplicable ratione temporis en el caso de la sentencia recurrida dice que la incapacidad permanente total es compatible «con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.». Por su parte el artículo 16.4 del Real Decreto 625/1985 al regular la concurrencia entre incapacidad permanente y desempleo, cuyo texto es el mismo en ambos momentos temporales, dice:

«Cuando un inválido permanente total pierda o se le suspenda un trabajo compatible con su situación de pensionista por invalidez, tendrá derecho a percibir la prestación o subsidio por desempleo que le corresponda además de la pensión de invalidez.»

De todo ello se deduce que en el caso de los pensionistas de incapacidad permanente total que con posterioridad a su reconocimiento generan una prestación de desempleo derivada del desempeño de un trabajo compatible con su pensión no existe óbice legal para causar el derecho a la prestación por desempleo y compatibilizar dicha prestación con la pensión de incapacidad permanente total, siempre y cuando, lógicamente, en el caso de subsidio la percepción de la pensión de incapacidad permanente total no determine el incumplimiento del requisito legal de carencia de rentas.

3.-En ellas continuábamos diciendo que: «A partir de ese punto de partida lo que la doctrina jurisprudencial ha añadido ya de antiguo es que el periodo de carencia necesario para lucrar la prestación por desempleo por una situación legal de desempleo posterior a la incapacidad permanente total debe haberse alcanzado con las cotizaciones posteriores a dicha incapacidad permanente total, no siendo susceptibles de cómputo las cotizaciones efectuadas en la profesión a la que va referida dicha incapacidad, porque en tal caso sí se produciría la incompatibilidad prescrita por la Ley. Esta doctrina se origina con la finalidad de compatibilizar la aplicación del artículo 16.4 del Real Decreto 625/1985 con el artículo 16.2, que dice:

"Cuando el trabajador pierda su trabajo como consecuencia de haber sido declarado inválido permanente total, podrá optar, si reúne los requisitos para causar prestación por desempleo, entre percibir la prestación por desempleo que le corresponda hasta su agotamiento o la pensión de invalidez"

De ese precepto se deriva un derecho de opción entre ambas prestaciones, lo que tiene como presupuesto su incompatibilidad. La extinción de un contrato de trabajo por la declaración de incapacidad permanente total (cuando proceda tal extinción conforme a la legislación, que en este sentido ha sufrido cambios recientes) puede dar lugar a las dos prestaciones, desempleo e incapacidad permanente total, si se reúnen los requisitos para cada una de ellas, pero ello implica lógicamente que ambas son incompatibles y solamente cuando termine la percepción de la prestación por desempleo, si se opta por ésta, podrá comenzar el disfrute de la pensión de incapacidad permanente total previamente reconocida. Constituiría un fraude de ley el que, habiendo optado el beneficiario por la pensión de incapacidad permanente total, poco después generase una situación legal de desempleo que le permitiese acceder a una prestación de desempleo que pudiera considerarse compatible con arreglo al artículo 16.4 del Real Decreto 625/1985, pese a computarse para la carencia cotizaciones anteriores a la incapacidad permanente. Para evitar tal fraude de ley lo que hizo esta Sala fue establecer que las cotizaciones necesarias para reunir la carencia que permita lucrar la prestación por desempleo posterior a la incapacidad permanente total deben ser en su integridad igualmente posteriores a la incapacidad permanente total (no es objeto de debate aquí si la fecha ha de ser la de la declaración de la incapacidad o su fecha de efectos).»

4.-Seguidamente ofrecimos las razones que soportan esa doctrina:

«1) La pérdida o suspensión del empleo que es el hecho causante de la prestación de desempleo se ha de referir lógicamente a la nueva ocupación y no a la anterior, puesto que a partir de la declaración de incapacidad permanente total el desempeño de tal ocupación anterior ha devenido imposible jurídicamente ( sentencia de 19 de febrero de 1996).

2) Las cotizaciones previas al reconocimiento de la pensión de incapacidad permanente total sirven para fundamentar ambos beneficios sociales respecto de la pérdida de empleo anterior, cuando el asegurado ha optado por el agotamiento de la prestación de desempleo antes de percibir la pensión de incapacidad total ( artículo 16.2 del Real Decreto 625/1985), pero fuera de ese caso no pueden ser aplicadas a una futura prestación de desempleo respecto de una ocupación compatible, pues ello supondría conculcar la regla de la incompatibilidad, que impide la percepción simultánea de ambas prestaciones ( sentencia de 27 de marzo de 2000).

3) El hecho causante de la prestación contributiva de desempleo no es en abstracto la situación de privación de una ocupación, sino concretamente la pérdida del empleo por parte de quién había estado incorporado al mercado de trabajo durante un tiempo mínimo de ocupación cotizada. Y la ocupación cotizada a tener en cuenta no puede ser la correspondiente a un empleo anterior, cuya privación por incapacidad total ya ha dado lugar al reconocimiento de una pensión, sino la determinada por el empleo o empleos posteriores compatibles con la situación de pensionista.»

A continuación, establecimos las peculiaridades del caso que impiden la extensión de esa doctrina:

«Ahora bien, esa doctrina, que se reitera en las sentencias de esta Sala de 9 de diciembre de 2010, rcud 4363/2009 y de 4 de junio de 2024, rcud 3802/2021, así como en las anteriores de 31 de enero de 1995, rcud 1721/1994, 19 de febrero de 1996, rcud 3003/1995 y de 26 de febrero de 1997, rcud 2397/1996, va referida a la prestación contributiva de desempleo y no al subsidio de desempleo. Esa doctrina limita los efectos de la literalidad de la norma legal y reglamentaria relativa a la compatibilidad porque dice que no deben computarse doblemente las cotizaciones a efectos de ambas prestaciones económicas. En definitiva la idea fuerza que las sostiene es que ambas prestaciones (incapacidad permanente y desempleo contributivo) vienen a cubrir la situación de necesidad producida por la pérdida de un empleo y por tanto de unas mismas cotizaciones no deben resultar dos prestaciones simultáneas, siendo necesario para que se produzca la compatibilidad que la prestación de desempleo contributiva venga a cubrir la situación de necesidad producida por la pérdida del empleo compatible desempeñado posteriormente a la incapacidad, debiendo por ello para su causación, cubriendo el periodo de carencia legalmente exigido, computarse solamente las cotizaciones posteriores a la incapacidad permanente.

La exigencia fijada jurisprudencialmente de que exista cotización posterior a la incapacidad permanente para poder lucrar la prestación por desempleo se refiere al requisito de carencia y podría ser aplicable al subsidio de desempleo en aquellos supuestos en los que el acceso al mismo exige algún tipo de carencia, como es el caso del artículo 274.3 LGSS. En otros supuestos que no exigen carencia para el acceso al subsidio la doctrina no se puede aplicar, sin prejuzgar ahora la solución que deba darse a los mismos. Así el supuesto más común es que el acceso al subsidio de desempleo se produzca como consecuencia del agotamiento de una prestación por desempleo, subsistiendo la situación de desempleo involuntario, la carencia de rentas y, en su caso, las responsabilidades familiares, cuando se exijan.»

5.-Las sentencias que seguimos terminaban señalando que «Lo que cuestiona el recurso de la entidad gestora es única y exclusivamente si, para que pueda producirse la compatibilidad, en el caso del subsidio para mayores de 52 años que aquí se debate, el requisito legal de "acreditar que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social" implica que el requisito para el acceso a la pensión de jubilación de quince años de carencia ( artículo 205.1.b del texto refundido de 2015 de la Ley General de la Seguridad Social y artículo 161.1.b del texto refundido de 1994 de la Ley General de la Seguridad Social, coincidentes en este punto) deba cumplirse computando únicamente cotizaciones posteriores a la incapacidad permanente total, extendido así al mismo la doctrina jurisprudencial referida a la carencia propia de la prestación o subsidio de desempleo, o pueden computarse también las cotizaciones anteriores. [...] Pues bien, dicho requisito no constituye una exigencia de periodo de carencia para lucrar el subsidio por desempleo, por lo que la doctrina alegada y que recogen las sentencias de esta Sala de 9 de diciembre de 2010, rcud 4363/2009 y de 4 de junio de 2024, rcud 3802/2021 no resulta de aplicación.

El requisito de cotización de quince años, que es el que motiva el recurso de la entidad gestora, no aparece diseñado como carencia necesaria para acceder al subsidio, sino que es un efecto reflejo de la exigencia de que "en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social". Por tanto la carencia a la que se refiere, de forma refleja, es la regulada en el artículo 205.1.b LGSS, que es la carencia propia de la pensión de jubilación (quince años), a cuyos efectos desde luego se pueden computar las cotizaciones anteriores a la incapacidad permanente total. No hay que olvidar que el beneficiario de una pensión de incapacidad permanente total puede lucrar la pensión de jubilación al alcanzar la edad ordinaria para ello, incluso sin estar de alta, si reúne los requisitos de carencia genérica y específica, a cuyos efectos desde luego se deben computar todas las cotizaciones efectuadas durante su vida laboral, aunque sean previas a la incapacidad permanente.

No puede en definitiva transformarse ese requisito de carencia propia de jubilación en una carencia propia del subsidio para mayores de 52 años. Tal mutación de naturaleza iría en contra de la lógica del sistema, porque la concesión y la duración del subsidio para mayores de 52 años está vinculada precisamente al acceso futuro a la jubilación y sirve para cubrir las necesidades de la persona beneficiaria en situación de desempleo durante tal periodo de la vida posterior a los 52 años hasta que tiene derecho a la jubilación. Por ello precisamente la percepción del subsidio para mayores de 52 años conlleva, a diferencia de otros supuestos, la cotización de la entidad gestora por la contingencia de jubilación. No parece haber ninguna causa que lleve a dejar sin proteger la situación del desempleado mayor de 52 años en tal situación de espera de su jubilación prevista legalmente, siempre y cuando al llegar a esa edad de 52 años ya tenga a lo largo de su vida laboral la carencia suficiente para lucrar la futura jubilación, para lo cual se computarán tanto las cotizaciones posteriores a la incapacidad permanente total como las anteriores.

Por lo demás la entidad gestora no pretende declarar la incompatibilidad legal en todo caso entre el subsidio de desempleo y la incapacidad permanente total. Hay que tener en cuenta que dicha compatibilidad viene establecida como ya hemos recordado, por el artículo 16.4 del Real Decreto 625/1985:

"Cuando un inválido permanente total pierda o se le suspenda un trabajo compatible con su situación de pensionista por invalidez, tendrá derecho a percibir la prestación o subsidio por desempleo que le corresponda además de la pensión de invalidez".

Tampoco se cuestiona por la entidad recurrente la eventual superación en este caso del nivel máximo de rentas propias que permite el artículo 275.2 LGSS y el cómputo a tales efectos de la pensión de incapacidad permanente total.

Limitándonos por tanto a lo que es objeto del recurso y sobre lo que gira la contradicción entre sentencias, entendemos que el criterio correcto está en la sentencia recurrida.

Sin que, por lo demás, y como ya hemos adelantado, esta doctrina, que va referida al subsidio por desempleo de mayores de 52 años, resulte contraria a la sentada, respecto de la prestación por desempleo, por las sentencias de esta Sala a las que se ha ido haciendo referencia. Esta prestación y aquel subsidio, especialmente desde la perspectiva de la incapacidad permanente total, responden a lógicas y a finalidades diferentes.

De ahí que nada se pueda reprochar a la sentencia recurrida que parte precisamente de esta señalada diferencia entre la prestación contributiva de desempleo y el subsidio para mayores de 52 años.»

CUARTO.- 1.-Sentado todo lo anterior, vista la doctrina fijada en Pleno al respecto del debate suscitado, y aplicando esa doctrina al caso presente, en tanto en suplicación se reconoció debidamente el subsidio por desempleo al pensionista de IPT, hemos de concluir, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida, lo que implica la desestimación del recurso de la Entidad Gestora y la confirmación de la sentencia del TSJ de Galicia.

2.-Sin expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.