Sentencia Social 596/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3279/2023 de 11 de junio del 2025

PRIMERO.- Cuestión controvertida y antecedentes relevantes

1.-El debate planteado en el presente recurso de casación para unificación de doctrina está centrado en los límites al que debe sujetarse un auto de aclaración de sentencia recaído en un proceso de seguridad social en reclamación de la declaración de incapacidad permanente absoluta (IPA) y, subsidiariamente, de incapacidad permanente total (IPT).

2.-La cuestión que se suscita se produce con ocasión del dictado de un auto de aclaración, de fecha 9 de mayo de 2023, de la sentencia dictada la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León/Valladolid, de fecha 31 de marzo de 2023, recaída en el recurso de suplicación núm. 1726/2022 que había desestimado el recurso de tal clase interpuesto por D. Jaime contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de León (autos núm. 564/2021) desestimatoria también de la prestación de incapacidad permanente absoluta, y, subsidiariamente total, deducida frente al INSS y al TGSS.

3.-La petición de aclaración fue instada por el demandante-recurrente en suplicación. La Sala de lo Social del TSJ dicta auto, desestimando la petición de aclaración interesada por el recurrente, y, en su lugar, aprovecha «para subsanar el error que se ha puesto de manifiesto y suprimir el último inciso del primer párrafo del primer apartado de los hechos probados (sic) desde "absoluta hasta peón"» y sustituir el último párrafo de la fundamentación jurídica por el siguiente: «[S]e puede concluir que no le incapacitan para su trabajo, sin que pueda tomar en consideración lo alegado en el recurso para su estimación por lo que el recurso debe ser desestimado", lo que traslada a la parte dispositiva del citado auto de aclaración.»

4.-En cuanto al inciso que se suprime, y el párrafo que se sustituye mediante el auto de aclaración:

(a) Se suprime el último inciso del primer fundamento de derecho (no del hecho probado, como por claro «lapsus calami» se expresa en el auto de aclaración) de la sentencia dictada por la Sala de Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León/Valladolid. El primer fundamento dispone: «[R]ecurre en suplicación la asistencia letrada del beneficiario frente a la sentencia del Juzgado de lo Social número dos de León que le desestimó la demanda en la que solicitaba la declaración en situación de incapacidad permanente absoluta frente a la resolución que le reconoció el grado de total para la profesión de peón.» La eliminación está acotada desde «absoluta» hasta «peón».

(b) El último párrafo de la fundamentación jurídica que se modifica, y después se sustituye, decía: «Se puede concluir que no le incapacitan para todo trabajo como se interesa pues aunque se tenga en cuenta la gravedad de la patología ello no supone que no esté capacitado para trabajo liviano que no precise de desplazamientos o esfuerzos. Teniendo en cuenta que la patología que presenta le impiden trabajos como el que constituye su profesión habitual de peón pero no actividades laborales livianas o manuales sin que se puedan tomar en consideración lo alegado en el recurso para su estimación por lo que el mismo ha de ser desestimado .» En el auto de aclaración se sustituye este contenido por otro del siguiente tenor: «Se puede concluir que no le incapacitan para su trabajo, sin que pueda tomar en consideración lo alegado en el recurso para su estimación por lo que el recurso debe ser desestimado.»

5.-El demandante, y recurrente en suplicación, interpone recurso de casación para la unificación de doctrina contra la mencionada sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León/Valladolid, de fecha 31 de marzo de 2023.

En su escrito de recurso de casación unificadora:

(a) Invoca como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 14 de octubre de 1993 (rec 946/93) y auto de aclaración de fecha 8 de noviembre de 1993.

(b) Denuncia infracción de los artículos 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por interpretación errónea y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( artículo 24 de la Constitución).

(c) Solicita que se declare que la sentencia de instancia quebranta la unidad de doctrina, que se case y anule, y, resolviendo el debate planteado en suplicación, interesa: 1) principalmente, se estime la demanda y se le declare en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de peón de fábrica de material plástico, con derecho a percibir la prestación derivada de la misma; 2) en su caso, se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a dictarse la sentencia por el TSJ de Castilla y León, a fin de que resuelva el contenido del citado recurso de suplicación. Interesa la imposición de costas.

6.-El letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, presentó escrito de impugnación al recurso de casación para unificación de doctrina.

Comienza su informe señalando que estará a lo que mejor proceda en Derecho. Y a continuación realiza dos precisiones correlativas a las dos peticiones que se contienen en el recurso:

(a) En primer término, considera que, de estimarse el recurso, no procedería hacer pronunciamiento alguno en cuanto a si procede o no la incapacidad permanente solicitada. Habría que declarar la nulidad de las actuaciones con retroacción de las mismas al momento anterior a dictarse sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que se vuelva a emitir nuevo pronunciamiento al efecto, tal y como el recurrente plantea con carácter subsidiario.

(b) En segundo lugar, alega que, de estimarse el recurso, no cabe la imposición de costas a la Entidad Gestora.

7.-El Ministerio Fiscal en su informe, interesa la desestimación del recurso al considerar que no existe contradicción. Dice que los autos contrastados rectifican errores materiales de las sentencias, es decir, admiten la posibilidad de que las sentencias puedan ser rectificadas posteriormente cuando se advierte que ha incurrido en un error material dicha sentencia.

SEGUNDO.- Análisis de la contradicción

1.-Debemos resolver en primer lugar, si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS, que impone que en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

2.-La sentencia y auto de aclaración de contraste, como ya hemos preludiado, son la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 14 de octubre de 1993 (rec 946/93) y el auto de aclaración de fecha 8 de noviembre de 1993.

Según la sentencia de contraste dictada en suplicación, la sentencia del Juzgado Social había desestimado la demanda en la que se pretendía por la actora la declaración de incapacidad permanente total. Interpuesto el recurso de suplicación, se rechazó, en primer lugar, la modificación fáctica propuesta. A continuación, en el fundamento jurídico segundo de la sentencia de suplicación se dice que «del inalterado relato fáctico se desprende que dichas secuelas no reúnen uno de los requisitos que el art. 132.3 exige para que pueda decir que nos encontramos ante una Invalidez Permanente, a saber, reducción anatómica o funcional grave, ya que los mismos permiten la realización de las fundamentales tareas de lo que constituye la profesión habitual de labradora», pero en su parte dispositiva, sin embargo, declara que debe estimar el recurso y declara a la actora en situación de incapacidad permanente total.

El INSS solicitó aclaración de la sentencia, y la Sala del TSJ de Asturias, dictó auto de fecha 8 de noviembre 1993, acogiendo la aclaración acordando en su parte dispositiva que el recurso de suplicación debió desestimarse al ser su parte dispositiva contradictoria con la fundamentación jurídica.

3.-La demandante en dicho proceso interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 8 de noviembre de 1993 , dictado en aclaración de Sentencia, había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que consagra el art. 24.1 de la C.E ., por haber variado radicalmente el sentido del fallo de la mencionada sentencia tal como fue originariamente redactado.

La sentencia del TC 19/1995, de 24 de enero, desestimó el recurso de amparo al concluir que «[...] el Tribunal Superior de Justicia al rectificar el error advertido ha actuado dentro de los límites en los que puede excepcionalmente desenvolverse el denominado recurso de aclaración, luego de considerar razonadamente que la contradicción o el desajuste patente entre la doctrina establecida en los fundamentos jurídicos y el fallo de la Sentencia era consecuencia de un manifiesto error material en la transcripción de su parte dispositiva, de cuyo texto se deducía tanto el error padecido como la desestimación de la pretensión de la recurrente". Y concluía señalando que "Por ello, la rectificación realizada no puede considerarse que haya vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 C.E .), de cuyo contenido no forma parte el beneficiarse de simples errores materiales o evidentes omisiones en la redacción o transcripción del fallo de las resoluciones judiciales, por lo que no puede en este aspecto prosperar la queja de la recurrente en amparo.»

4.-El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» ( sentencias, entre otras muchas, de 22 de febrero de 2022, R. 4864/2018; 16 de marzo de 2022, R. 2618/2019; 20 de abril de 2022, R. 3541/2020 y 26 de abril de 2022, R. 2890/2020).

Por otra parte, la contradicción no surge, en consecuencia, de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales. ( SSTS de 12 de enero de 2022, R 5079/2018; 19 de enero de 2022, R. 2620/2019; 20 de enero de 2022, R. 4392/2018; 13 de enero de 2022, R. 39/2019 y 4 de abril de 2022, R. 355/2019).

Debemos resolver si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS, que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

5.-La cuestión a decidir es de naturaleza netamente procesal y, es incuestionable que afecta a un aspecto nuclear del derecho a la tutela judicial efectiva.

Esta precisión es relevante a la hora de abordar el análisis de la contradicción.

Como establecen las sentencias TS 74/2024, de 18 de enero (rcud. 895/2022), y 905/2024, de 11 de junio de 2024 (rcud 22/2022) debe tenerse en cuenta el reiterado criterio de este Tribunal que establece la necesidad de aplicar mayor flexibilidad al analizar la concurrencia del requisito de contradicción cuando se trata de infracciones procesales que pudieran generar indefensión, que se evidencia «en nuestras sentencias de 1 de junio de 2016 (rcud. 3241/2014); 11 de marzo de 2015 (rcud 1797/2014), 7 de abril de 2015 (rcud 1187/2014), que se remiten al Acuerdo adoptado en Pleno no jurisdiccional de fecha 11-02-2015 sobre el requisito de la contradicción en materia de infracciones procesales respecto del recurso de casación para la unificación de doctrina en el que se decidió que "Al analizar la contradicción en materia de infracciones procesales se exigirá siempre la concurrencia de la suficiente homogeneidad en la infracción procesal respectiva, con objeto de que se pueda examinar una divergencia de doctrinas que deba corregirse respecto de alguno de los aspectos propios de la tutela judicial efectiva" y que "Cuando en el recurso se invoque motivo de infracción procesal las identidades del art. 219.1 LRJS deben estar referidas a la controversia procesal planteada, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias comparadas". No es, por tanto, la cuestión sustantiva que constituye el fondo del asunto la que debe ser analizada para determinar si concurren los supuestos de contradicción del artículo 219.1 LRJS, sino la controversia planteada respecto de la infracción procesal sobre la que versen la sentencia recurrida y la de contraste y la necesidad de que concurra en este extremo suficiente homogeneidad ( STS 11-3-2015, Rcud. 1797/2014).»

6.-Teniendo en cuenta esta doctrina, podemos llegar a la conclusión de que entre las sentencias comparadas hay contradicción en los términos legales expuestos e interpretados por nuestra jurisprudencia cuando se trata de infracciones procesales que afectan a aspectos nucleares de la tutela judicial efectiva:

(a) Primero porque en orden a la calificación del grado de incapacidad permanente, tanto en la sentencia recurrida como en la de contraste, la fundamentación jurídica discurre argumentativa en un sentido que no es el que traslada al fallo: en la recurrida afirmando que existe IPT, y en la de contraste que no existe IPT.

(b) Solicitada aclaración de la sentencia, advertimos que en la sentencia recurrida lo que se produce es una modificación de la fundamentación jurídica, para con ello no alterar el fallo, y en la sentencia de contraste se mantiene la fundamentación jurídica y se adapta el fallo.

(c) Por tanto, ambos autos de aclaración llegan a soluciones distintas con relación al ámbito de la aclaración de sentencia. Si en la sentencia de contraste existía una incongruencia interna y ello mismo ocurre en la recurrida, el hecho de que en la recurrida dejara constancia en su versión inicial que en vía administrativa le fue reconocida la incapacidad permanente total, no altera esa incongruencia porque, claramente y respecto del cuadro de padecimientos que se ha declarado probado, indica expresamente, que le impide, al actor realizar tareas de su profesión habitual. Es incuestionable que lo que hace la sentencia recurrida es una valoración en derecho de los hechos probados, y es respuesta a lo que se pedía en el escrito de recurso como petición subsidiaria, que expulsa en el auto de aclaración, implicando de suyo una nueva valoración jurídica. Y esta situación, como hemos expuesto, no se da en la sentencia de contraste.

TERCERO.- Decisión de la Sala: doctrina sobre límites de aclaración de las sentencias

1.-El principio (y derecho) de la intangibilidad de las resoluciones judiciales, que es un instrumento del principio de seguridad jurídica y, sobre todo, del derecho a la tutela judicial efectiva, no es tan absoluto que no permita excepcionalmente la variación de aquellas. El articulo 267 LOPJ, tras proclamar el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales, establece dos vías que pueden dar lugar a la modificación de sentencias y autos: la aclaración y complemento de sentencia y la rectificación de errores materiales manifiestos y los aritméticos. Ahora bien, la vía de la rectificación de errores materiales o aritméticos no puede ser utilizada para alterar la valoración de la prueba, ni para sustituir los pronunciamientos del fallo por otros dispares.

2.-Como establece la STC 289/2006, de 9 de octubre - reiterado por ATC 13/2009, de 26 de enero- : «[c]onstituye ya un cuerpo jurisprudencial consolidado, sobre el derecho a la intangibilidad, invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales, como dimensión del derecho a la tutela judicial efectiva, recogida, entre las más recientes, en las SSTC 140/2001, de 18 de junio, FFJJ 3 a 7 ; 216/2001, de 29 de octubre, FJ 2 ; 187/2002, de 14 de octubre, FJ 6 ; 31/2004, de 4 de marzo, FJ 6 ; 49/2004, de 30 de marzo, FJ 2 ; 89/2004, de 19 de mayo, FJ 3 ; 190/2004, de 2 de noviembre, FJ 3 ; 224/2004, de 29 de noviembre, FJ 6 ; 23/2005, de 14 de febrero, FJ 4 ; 206/2005, de 18 de julio, FJ 3 , ó 139/2006, de 8 de mayo , FJ 2:

a) Existe una innegable vinculación entre la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales y el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE , pues si éste comprende la ejecución de los fallos judiciales su presupuesto lógico ha de ser el principio de inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes, que así entra a formar parte de las garantías que el art. 24.1 CE consagra. El derecho a la tutela judicial efectiva asegura a los que son o han sido parte en el proceso que las resoluciones judiciales dictadas en el mismo no pueden ser alteradas o modificadas fuera de los cauces legales previstos para ello, de modo que si el órgano judicial las modificara al margen del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador quedaría asimismo vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la protección judicial carecería de eficacia si se permitiese reabrir un proceso ya resuelto por Sentencia firme. De este manera, el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos y casos taxativamente previstos por la ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendiesen que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad.

b) El principio de invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales opera, como es evidente, más intensa y terminantemente en los supuestos de resoluciones firmes que en aquellos otros en los que el ordenamiento procesal ha previsto específicos medios o cauces impugnatorios que permiten su variación o revisión. En este sentido el legislador ha arbitrado con carácter general en el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial un mecanismo excepcional que posibilita que los órganos judiciales aclaren algún concepto oscuro, suplan cualquier omisión o corrijan algún error material o aritmético deslizado en sus resoluciones definitivas, el cual ha de entenderse limitado a la función específica reparadora para la que se ha establecido.

Esta vía aclaratoria o rectificadora, como este Tribunal Constitucional tiene declarado en reiteradas ocasiones, es plenamente compatible con el principio de invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales, puesto que, siendo éste una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva e instrumento para garantizarlo, no integra tal derecho beneficiarse de oscuridades, omisiones o errores materiales que con toda certeza puedan deducirse del propio texto de la resolución judicial o del contexto procesal en el que la misma se inscribe. Ahora bien, tal remedio procesal no permite alterar sus elementos esenciales, debiendo atenerse siempre, dado su carácter excepcional, a los supuestos taxativamente previstos por el legislador y limitarse a la específica función reparadora para la que se ha establecido. En este sentido, conviene recordar que en la regulación del mencionado mecanismo procesal ( art. 267 LOPJ ) coexisten dos regímenes distintos: de un lado, aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan las Sentencias y Autos definitivos; y, de otro, la rectificación de errores materiales manifiestos y de los aritméticos.

c) En relación con las concretas actividades de "aclarar algún concepto oscuro" o "suplir cualquier omisión", este Tribunal tiene declarado que son las que menos dificultades prácticas plantean, pues, por definición, no deben suponer cambio de sentido y espíritu del fallo, ya que el órgano judicial, al explicar el sentido de sus palabras, en su caso, o al adicionar al fallo lo que en el mismo falta, en otro, está obligado a no salirse del contexto interpretativo de lo anteriormente manifestado o razonado.

Por lo que se refiere a la rectificación de los errores materiales manifiestos, hemos considerado como tales aquéllos cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exigen operaciones de calificación jurídica o nuevas y distintas apreciaciones de la prueba, ni suponen resolver cuestiones discutibles y opinables por evidenciarse el error directamente, al deducirse con toda certeza del propio texto de la resolución o del contexto procesal en el que se inscribe, sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones. Asimismo, este Tribunal ha declarado que la corrección del error material entraña siempre algún tipo de modificación, en cuanto la única manera de rectificar o subsanar alguna incorrección es cambiando los términos expresivos del error, de modo que en tales supuestos no cabe excluir cierta posibilidad de variación de la resolución judicial rectificada, si bien la vía de la aclaración o rectificación no puede utilizarse como remedio de la falta de fundamentación jurídica, ni tampoco para corregir errores judiciales de calificación jurídica o para subvertir las conclusiones probatorias previamente mantenidas, resultando igualmente inadecuada para anular y sustituir una resolución judicial por otra de signo contrario, salvo que excepcionalmente el error material consista en un mero desajuste o contradicción patente e independiente de cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica entre la doctrina establecida en los fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial. No puede descartarse, pues, en tales supuestos, la operatividad de este remedio procesal, aunque comporte una revisión del sentido del fallo, si se hace evidente, por deducirse con toda certeza del propio texto de la Sentencia, sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones, que el órgano judicial simplemente se equivocó al trasladar el resultado de su juicio al fallo. En esta línea hemos señalado que cuando el error material que conduce a dictar una resolución equivocada sea un error grosero, manifiesto, apreciable desde el texto de la misma, sin necesidad de realizar interpretaciones o deducciones valorativas, deducible a simple vista, en definitiva, si su detección no requiere pericia o razonamiento jurídico alguno, el órgano judicial puede legítima y excepcionalmente proceder a la rectificación ex art. 267 LOPJ , aun variando el fallo. Cosa distinta es que la rectificación, con alteración del sentido del fallo, entrañe una nueva apreciación de valoración, interpretación o apreciación en Derecho, en cuyo caso, de llevarla a efecto, se habría producido un desbordamiento de los estrechos límites del citado precepto legal y se habría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.»

3.-Aplicada esta doctrina constitucional al presente caso, que, en buena medida ya se encontraba expresada en la STC 19/1995, de 24 de enero, que desestimó el recurso de amparo contra el auto de aclaración dictado con relación a la sentencia invocada de contraste, la Sala llega a la conclusión de que el auto dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León/Valladolid, no se limitó a subsanar o a rectificar un mero error material de la sentencia dictada, sino que introduce una nueva valoración jurídica, alterando en parte los términos del objeto del debate en suplicación al expulsar en su decisión toda consideración valorativa destinada a dar respuesta a la pretensión subsidiaria planteada en la demanda, desestimada en la sentencia de instancia, y que después, al resolver el recurso de suplicación, se hizo eco de ella en la creencia de que había sido ya reconocida.

4.-Las anteriores consideraciones conducen, visto informe del Ministerio Fiscal, a estimar el recurso en los términos acordes con la doctrina expuesta, que tiene la condición de unificada.

5.-La estimación del recurso no implica que, anulado el auto de aclaración, haya de acogerse la pretensión principal del recurso consistente en que se le declare al recurrente afecto de incapacidad permanente total. Tampoco implica que, con su anulación quede firme la sentencia dictada por la Sala que confirmó la de instancia.

No puede desconocer la Sala que la nulidad por extralimitación del auto de aclaración dictado, en el presente caso, desate un efecto de incongruencia omisiva en la sentencia manifiesto.

Ahora bien, lo que se anula es el auto de aclaración que se extralimitó en lo decidido.

Por tanto, lo procedente es anular el referido auto y retrotraer las actuaciones al momento en que se presentó la solicitud de aclaración, para que las partes puedan ejercitar las pretensiones que estimen pertinentes en dicho momento procesal, y a la vista de la decisión que se adopte por la Sala, las partes puedan actuar conforme a su derecho convenga.

6.-No procede la imposición de costas ( art.235.1 LGSS).