Sentencia Social 539/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1414/2025 de 11 de junio del 2026

PRIMERO.- 1.La cuestión controvertida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si incurre en incongruencia extra petita la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, al resolver un recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora para obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, estima parcialmente dicho recurso y declara la situación de incapacidad permanente total pero derivada de enfermedad común, cuando tanto en la demanda como en el recurso se había reclamado únicamente la incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo.

2.La demandante causó baja por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo el 15 de julio de 2015, con diagnóstico de cervicalgia, siendo dada de alta el 7 de octubre de 2015. Tramitado en 2021 expediente de incapacidad permanente, por resolución de la Dirección Provincial del INSS de 29 de julio de 2021 se denegó la solicitud, formulándose reclamación previa en fecha 18 de abril de 2022, que fue igualmente desestimada.

La actora interpuso demanda en cuyo suplico pedía que fuera declarada afecta a un grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo. Como partes demandadas figuraban la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales MC Mutual y la empresa empleadora, Gesgroup Siete Outsourcing SL

3.La sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 5 de julio de 2023, autos 462/2022, desestimó íntegramente la demanda. En la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia se descarta que las dolencias sean constitutivas de una incapacidad permanente para la profesión habitual y finalmente se dice que "aún de entender que la actora se encuentra afecta a IPT, la demanda debería ser desestimada al no derivar la misma de accidente de trabajo", razonando a continuación de forma breve que no se acredita relación de causalidad entre las dolencias de 2022 y el accidente de trabajo sufrido en 2015.

4.Contra dicha sentencia interpuso recurso de suplicación la parte actora. El suplico del recurso de suplicación pedía a la Sala que se declarase a la actora "afecta a un grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual, derivada de accidente de trabajo".

La sentencia de la Sala de lo Social de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 28 de noviembre de 2024 (rec n.º 1323/2023) estimó parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, considerando que el cuadro residual de la actora revestía suficiente gravedad para declarar a la trabajadora incapacitada totalmente para su profesión habitual de reponedora. No obstante, en cuanto a la contingencia, la Sala de suplicación concluyó que no podía apreciarse relación de causalidad entre el accidente de trabajo sufrido el 15 de julio de 2015 y la situación de la trabajadora en el momento de ser examinada por el EVI en julio de 2021. En conclusión declaró a la actora afecta de incapacidad permanente total para su profesión habitual de reponedora derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una pensión del 55% de su base reguladora mensual, condenando a la Mutua al abono de las prestaciones correspondientes. Por auto de 24 de febrero de 2025 corrigió el fallo para condenar al pago de la prestación al INSS en lugar de a la Mutua.

5.Contra la referida sentencia se ha interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con un único motivo en el que denuncia la infracción del artículo 218 LEC en relación con el artículo 97 de la LRJS y el artículo 24 de la Constitución Española, por incurrir la sentencia recurrida en incongruencia extra petita al reconocer la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, dado que tanto en instancia como en suplicación la parte se limitó a reclamar el reconocimiento de la prestación derivado de accidente de trabajo.

6.El recurso ha sido impugnado únicamente por la representación de Mutua Midat Cyclops (MC Mutual), que interesa sentencia ajustada a Derecho, pero que mantenga la absolución de la Mutua, ya que el pronunciamiento de que las lesiones de la trabajadora no derivan del accidente de trabajo de 2015 no ha sido combatido y ha quedado firme.

7.El Ministerio Fiscal informa favorablemente el recurso, por entender que la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia extra petita, vulnerando los artículos 24 de la Constitución Española y 218 de la LEC, conforme a la doctrina fijada por la STS 863/2018, de 26 de septiembre.

SEGUNDO.- 1.La sentencia de contraste alegada es la número 863/2018, de 26 de septiembre, de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo (rcud 2476/2016). Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada. El presupuesto procesal de contradicción establecido en el artículo 219.1 LRJS no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.Ya hemos visto las circunstancias de la sentencia recurrida. En la sentencia de contraste los hechos son los siguientes: El actor sufrió procesos de incapacidad temporal derivados de accidente de trabajo. Tramitado expediente de incapacidad permanente, el INSS denegó la solicitud. El actor interpuso demanda solicitando la declaración de incapacidad permanente total o, subsidiariamente, parcial derivada de accidente de trabajo, pretensión que mantuvo en el recurso de suplicación. La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó parcialmente el recurso de suplicación y reconoció al actor en situación de incapacidad permanente parcial derivada de enfermedad común. En la sentencia de contraste, dictada por esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo, se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS, anulando la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, se desestimó el recurso de suplicación del actor, confirmando así la sentencia de instancia.

3.La comparación entre ambas sentencias permite apreciar la concurrencia de la identidad sustancial exigida por el artículo 219 LRJS. En ambos casos la persona trabajadora sufrió un proceso de incapacidad temporal derivado de accidente de trabajo y tramitó expediente de incapacidad permanente que fue denegado por el INSS. En ambos supuestos, la demanda y el posterior recurso de suplicación se circunscribieron exclusivamente a la petición de reconocimiento de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo. Frente a esta identidad sustancial las soluciones judiciales son opuestas, ya que mientras que la sentencia recurrida considera que procede declarar la incapacidad permanente total con la contingencia de enfermedad común, sin apreciar incongruencia en tal proceder, la sentencia de contraste, dictada por esta Sala Cuarta, considera que no es posible reconocer la prestación por contingencia común en lugar de profesional y por tal razón impone la desestimación del recurso de suplicación.

TERCERO.- 1.El único motivo de casación se formula al amparo de la letra e del artículo 207 LRJS y denuncia la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 97 de la LRJS y el artículo 24 de la Constitución Española. La parte recurrente sostiene que la sentencia recurrida incurre en incongruencia extra petita al reconocer a la actora una incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, siendo así que tanto la demanda como el recurso de suplicación habían limitado la pretensión exclusivamente a la declaración de incapacidad derivada de accidente de trabajo.

2.La cuestión controvertida consiste en determinar si una sentencia de suplicación incurre en incongruencia extra petita cuando, siendo solicitada por el trabajador una incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo, la Sala reconoce dicha incapacidad pero la declara derivada de enfermedad común. Debemos destacar que la pretensión de declaración de incapacidad permanente derivada de otras contingencias, aunque sea de forma subsidiaria para el caso no estimarse la incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo, no se ha formulado en ningún momento por la parte actora, ni en la instancia ni en la suplicación,.

La doctrina jurisprudencial viene sosteniendo con reiteración que el principio de congruencia procesal, consagrado en el artículo 218.1 LEC (de aplicación supletoria al proceso social a tenor de su Disposición Final Cuarta, en relación con el artículo 97 LRJS) , exige que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. La incongruencia por exceso o extra petita se produce cuando el órgano judicial otorga algo que no fue pedido o resuelve sobre cuestiones no sometidas a debate, impidiendo a las partes articular su defensa frente a lo decidido, con la consiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Esta Sala ha declarado que la congruencia en el proceso social admite una cierta flexibilidad en lo relativo a los grados de incapacidad, de modo que no resulta incongruente la sentencia que reconoce un grado inferior al postulado, siempre que no esté expresamente excluido del petitum y que no cause indefensión a la parte responsable del pago. Así lo recuerda la STS 474/2025, de 27 de junio (rcud 3203/2023), que sienta doctrina en el sentido de que ha de admitirse, en términos generales, que el reconocimiento de un grado de invalidez permanente inferior al postulado en la demanda, en tanto no esté expresamente excluido del petitum, no debe dar lugar al vicio de incongruencia procesal.

Sin embargo, la doctrina correcta es que dicha flexibilidad (admitida con cautelas únicamente para la graduación cuantitativa de la incapacidad) no resulta trasladable al cambio del origen o naturaleza de la contingencia, cuando se solicita que la incapacidad sea declarada derivada de accidente de trabajo y la sentencia la declara derivada de enfermedad común. La STS 863/2018, de 26 de septiembre (rcud 2476/2016), sentencia de contraste en el presente recurso, estableció con claridad que la determinación de la contingencia no es un elemento subsumible en la pretensión del trabajador de la misma manera que lo es el grado de incapacidad, pues la contingencia no supone una rebaja cuantitativa de la tutela solicitada, sino una modificación cualitativa y autónoma del objeto del proceso con profundas consecuencias jurídicas, tanto en lo relativo a las exigencias para el acceso a la prestación (al no requerirse carencia para lucrar la prestación derivada de accidente de trabajo y sí para la derivada de enfermedad común), a la entidad responsable del pago de la prestación, a las normas para determinar la base reguladora, a las posibles mejoras convencionales, al recargo de prestaciones en caso de infracción preventiva, y a otras garantías propias del régimen de protección de contingencias profesionales. En tal supuesto, el pronunciamiento judicial recae sobre una cuestión no incluida en las pretensiones procesales.

En el presente caso la trabajadora solicitó en su demanda la declaración de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo, manteniendo idéntica pretensión en el recurso de suplicación, sin que en ningún momento del proceso se solicitara, ni siquiera con carácter subsidiario, que la incapacidad fuera declarada derivada de enfermedad común. Es más, en el proceso de instancia consta en la sentencia del Juzgado que el INSS expresamente recalcó tal situación y expresamente dijo (fundamento segundo):

"El INSS indica que en ningún momento la actora ha solicitado ser declarada afecta a IPT derivada de enfermedad común"

Aunque hipotéticamente pudieran plantearse dudas respecto a las exigencias de congruencia en la instancia, las mismas desaparecen en el recurso de suplicación, que es un recurso extraordinario en el que la cognición del órgano judicial queda condicionada por los motivos de recurso de la parte recurrente y, en su caso, por los motivos de oposición subsidiaria del escrito de impugnación al amparo del art. 197.1 LRJS. Resulta así en este caso que la sentencia del Juzgado de lo Social en su fundamento cuarto dijo claramente que "aún de entender que la actora se encuentra afecta a IPT, la demanda debería ser desestimada al no derivar la misma de accidente de trabajo" y tras ello razonó que la contingencia en todo caso sería común y no derivaba del accidente de trabajo al que se pretendía vincular, motivo por el cual desestimó también la demanda. Por tanto con claridad delimitó el objeto del litigio y lo expresó en un fundamento en el que manifestaba que no podía estimar la demanda ni siquiera de haber considerado que las secuelas eran incapacitantes para la profesión, en cuanto no pudiera también y simultáneamente estimar la contingencia.

Leyendo con atención el recurso de suplicación interpuesto nos encontramos con que tal pronunciamiento no fue combatido y además la pretensión en el suplico se mantuvo incólume y vinculada a la contingencia profesional afirmada por la demandante, resultando además que se instrumentó un único motivo de fondo en el que simultáneamente se planteaba de forma vinculada la situación incapacitante y la contingencia y cada vez que se argumentaba sobre la incapacidad se añadía siempre y de forma unitaria lo relativo a la contingencia de accidente de trabajo. Así por ejemplo en su parte final:

"La actora no puede trabajar como reponedora, y debe ser declarada afecta a un grado de incapacidad permanente total, derivada de accidente de trabajo, puesto que la cervicalgia aguda que motivó la baja médica de accidente, ha desencadenado durante la baja médica en una patología cervical altamente invalidante"

Por tanto la pretensión en todo momento se ha formulado vinculando la incapacidad para el desempeño de la profesión y las secuelas del accidente a efectos de la única contingencia que se ha pedido. Por ello debemos aplicar la doctrina establecida en la STS 863/2018, de 26 de septiembre (rcud 2476/2016), antes citada. La sentencia recurrida, al estimar parcialmente el recurso y declarar la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, resolvió sobre una cuestión no incluida en las pretensiones procesales de la parte demandante, fuera de los términos del motivo de fondo jurídico del recurso de suplicación y de su petitum. Ello constituye la incongruencia extra petita denunciada en el recuso, vulneradora del artículo 24 CE y del artículo 218 LEC.

CUARTO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, obliga a estimar el recurso presentado. Ello lleva a casar y anular la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y, resolviendo el debate en suplicación, desestimar el recurso interpuesto y declarar la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Social, en el bien entendido de que dicha firmeza se refiere al único fundamento que finalmente resta como motivo de desestimación confirmado, que es la no vinculación de la situación clínica y funcional de la parte actora a un accidente de trabajo, sin prejuzgar por el contrario su capacidad para el desarrollo de su profesión en caso de reclamar la prestación por otras contingencias.

2.Conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas.

PRIMERO.- 1.La cuestión controvertida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si incurre en incongruencia extra petita la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, al resolver un recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora para obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, estima parcialmente dicho recurso y declara la situación de incapacidad permanente total pero derivada de enfermedad común, cuando tanto en la demanda como en el recurso se había reclamado únicamente la incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo.

2.La demandante causó baja por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo el 15 de julio de 2015, con diagnóstico de cervicalgia, siendo dada de alta el 7 de octubre de 2015. Tramitado en 2021 expediente de incapacidad permanente, por resolución de la Dirección Provincial del INSS de 29 de julio de 2021 se denegó la solicitud, formulándose reclamación previa en fecha 18 de abril de 2022, que fue igualmente desestimada.

La actora interpuso demanda en cuyo suplico pedía que fuera declarada afecta a un grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo. Como partes demandadas figuraban la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales MC Mutual y la empresa empleadora, Gesgroup Siete Outsourcing SL

3.La sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 5 de julio de 2023, autos 462/2022, desestimó íntegramente la demanda. En la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia se descarta que las dolencias sean constitutivas de una incapacidad permanente para la profesión habitual y finalmente se dice que "aún de entender que la actora se encuentra afecta a IPT, la demanda debería ser desestimada al no derivar la misma de accidente de trabajo", razonando a continuación de forma breve que no se acredita relación de causalidad entre las dolencias de 2022 y el accidente de trabajo sufrido en 2015.

4.Contra dicha sentencia interpuso recurso de suplicación la parte actora. El suplico del recurso de suplicación pedía a la Sala que se declarase a la actora "afecta a un grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual, derivada de accidente de trabajo".

La sentencia de la Sala de lo Social de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 28 de noviembre de 2024 (rec n.º 1323/2023) estimó parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, considerando que el cuadro residual de la actora revestía suficiente gravedad para declarar a la trabajadora incapacitada totalmente para su profesión habitual de reponedora. No obstante, en cuanto a la contingencia, la Sala de suplicación concluyó que no podía apreciarse relación de causalidad entre el accidente de trabajo sufrido el 15 de julio de 2015 y la situación de la trabajadora en el momento de ser examinada por el EVI en julio de 2021. En conclusión declaró a la actora afecta de incapacidad permanente total para su profesión habitual de reponedora derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una pensión del 55% de su base reguladora mensual, condenando a la Mutua al abono de las prestaciones correspondientes. Por auto de 24 de febrero de 2025 corrigió el fallo para condenar al pago de la prestación al INSS en lugar de a la Mutua.

5.Contra la referida sentencia se ha interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con un único motivo en el que denuncia la infracción del artículo 218 LEC en relación con el artículo 97 de la LRJS y el artículo 24 de la Constitución Española, por incurrir la sentencia recurrida en incongruencia extra petita al reconocer la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, dado que tanto en instancia como en suplicación la parte se limitó a reclamar el reconocimiento de la prestación derivado de accidente de trabajo.

6.El recurso ha sido impugnado únicamente por la representación de Mutua Midat Cyclops (MC Mutual), que interesa sentencia ajustada a Derecho, pero que mantenga la absolución de la Mutua, ya que el pronunciamiento de que las lesiones de la trabajadora no derivan del accidente de trabajo de 2015 no ha sido combatido y ha quedado firme.

7.El Ministerio Fiscal informa favorablemente el recurso, por entender que la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia extra petita, vulnerando los artículos 24 de la Constitución Española y 218 de la LEC, conforme a la doctrina fijada por la STS 863/2018, de 26 de septiembre.

SEGUNDO.- 1.La sentencia de contraste alegada es la número 863/2018, de 26 de septiembre, de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo (rcud 2476/2016). Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada. El presupuesto procesal de contradicción establecido en el artículo 219.1 LRJS no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.Ya hemos visto las circunstancias de la sentencia recurrida. En la sentencia de contraste los hechos son los siguientes: El actor sufrió procesos de incapacidad temporal derivados de accidente de trabajo. Tramitado expediente de incapacidad permanente, el INSS denegó la solicitud. El actor interpuso demanda solicitando la declaración de incapacidad permanente total o, subsidiariamente, parcial derivada de accidente de trabajo, pretensión que mantuvo en el recurso de suplicación. La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó parcialmente el recurso de suplicación y reconoció al actor en situación de incapacidad permanente parcial derivada de enfermedad común. En la sentencia de contraste, dictada por esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo, se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS, anulando la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, se desestimó el recurso de suplicación del actor, confirmando así la sentencia de instancia.

3.La comparación entre ambas sentencias permite apreciar la concurrencia de la identidad sustancial exigida por el artículo 219 LRJS. En ambos casos la persona trabajadora sufrió un proceso de incapacidad temporal derivado de accidente de trabajo y tramitó expediente de incapacidad permanente que fue denegado por el INSS. En ambos supuestos, la demanda y el posterior recurso de suplicación se circunscribieron exclusivamente a la petición de reconocimiento de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo. Frente a esta identidad sustancial las soluciones judiciales son opuestas, ya que mientras que la sentencia recurrida considera que procede declarar la incapacidad permanente total con la contingencia de enfermedad común, sin apreciar incongruencia en tal proceder, la sentencia de contraste, dictada por esta Sala Cuarta, considera que no es posible reconocer la prestación por contingencia común en lugar de profesional y por tal razón impone la desestimación del recurso de suplicación.

TERCERO.- 1.El único motivo de casación se formula al amparo de la letra e del artículo 207 LRJS y denuncia la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 97 de la LRJS y el artículo 24 de la Constitución Española. La parte recurrente sostiene que la sentencia recurrida incurre en incongruencia extra petita al reconocer a la actora una incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, siendo así que tanto la demanda como el recurso de suplicación habían limitado la pretensión exclusivamente a la declaración de incapacidad derivada de accidente de trabajo.

2.La cuestión controvertida consiste en determinar si una sentencia de suplicación incurre en incongruencia extra petita cuando, siendo solicitada por el trabajador una incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo, la Sala reconoce dicha incapacidad pero la declara derivada de enfermedad común. Debemos destacar que la pretensión de declaración de incapacidad permanente derivada de otras contingencias, aunque sea de forma subsidiaria para el caso no estimarse la incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo, no se ha formulado en ningún momento por la parte actora, ni en la instancia ni en la suplicación,.

La doctrina jurisprudencial viene sosteniendo con reiteración que el principio de congruencia procesal, consagrado en el artículo 218.1 LEC (de aplicación supletoria al proceso social a tenor de su Disposición Final Cuarta, en relación con el artículo 97 LRJS) , exige que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. La incongruencia por exceso o extra petita se produce cuando el órgano judicial otorga algo que no fue pedido o resuelve sobre cuestiones no sometidas a debate, impidiendo a las partes articular su defensa frente a lo decidido, con la consiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Esta Sala ha declarado que la congruencia en el proceso social admite una cierta flexibilidad en lo relativo a los grados de incapacidad, de modo que no resulta incongruente la sentencia que reconoce un grado inferior al postulado, siempre que no esté expresamente excluido del petitum y que no cause indefensión a la parte responsable del pago. Así lo recuerda la STS 474/2025, de 27 de junio (rcud 3203/2023), que sienta doctrina en el sentido de que ha de admitirse, en términos generales, que el reconocimiento de un grado de invalidez permanente inferior al postulado en la demanda, en tanto no esté expresamente excluido del petitum, no debe dar lugar al vicio de incongruencia procesal.

Sin embargo, la doctrina correcta es que dicha flexibilidad (admitida con cautelas únicamente para la graduación cuantitativa de la incapacidad) no resulta trasladable al cambio del origen o naturaleza de la contingencia, cuando se solicita que la incapacidad sea declarada derivada de accidente de trabajo y la sentencia la declara derivada de enfermedad común. La STS 863/2018, de 26 de septiembre (rcud 2476/2016), sentencia de contraste en el presente recurso, estableció con claridad que la determinación de la contingencia no es un elemento subsumible en la pretensión del trabajador de la misma manera que lo es el grado de incapacidad, pues la contingencia no supone una rebaja cuantitativa de la tutela solicitada, sino una modificación cualitativa y autónoma del objeto del proceso con profundas consecuencias jurídicas, tanto en lo relativo a las exigencias para el acceso a la prestación (al no requerirse carencia para lucrar la prestación derivada de accidente de trabajo y sí para la derivada de enfermedad común), a la entidad responsable del pago de la prestación, a las normas para determinar la base reguladora, a las posibles mejoras convencionales, al recargo de prestaciones en caso de infracción preventiva, y a otras garantías propias del régimen de protección de contingencias profesionales. En tal supuesto, el pronunciamiento judicial recae sobre una cuestión no incluida en las pretensiones procesales.

En el presente caso la trabajadora solicitó en su demanda la declaración de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo, manteniendo idéntica pretensión en el recurso de suplicación, sin que en ningún momento del proceso se solicitara, ni siquiera con carácter subsidiario, que la incapacidad fuera declarada derivada de enfermedad común. Es más, en el proceso de instancia consta en la sentencia del Juzgado que el INSS expresamente recalcó tal situación y expresamente dijo (fundamento segundo):

"El INSS indica que en ningún momento la actora ha solicitado ser declarada afecta a IPT derivada de enfermedad común"

Aunque hipotéticamente pudieran plantearse dudas respecto a las exigencias de congruencia en la instancia, las mismas desaparecen en el recurso de suplicación, que es un recurso extraordinario en el que la cognición del órgano judicial queda condicionada por los motivos de recurso de la parte recurrente y, en su caso, por los motivos de oposición subsidiaria del escrito de impugnación al amparo del art. 197.1 LRJS. Resulta así en este caso que la sentencia del Juzgado de lo Social en su fundamento cuarto dijo claramente que "aún de entender que la actora se encuentra afecta a IPT, la demanda debería ser desestimada al no derivar la misma de accidente de trabajo" y tras ello razonó que la contingencia en todo caso sería común y no derivaba del accidente de trabajo al que se pretendía vincular, motivo por el cual desestimó también la demanda. Por tanto con claridad delimitó el objeto del litigio y lo expresó en un fundamento en el que manifestaba que no podía estimar la demanda ni siquiera de haber considerado que las secuelas eran incapacitantes para la profesión, en cuanto no pudiera también y simultáneamente estimar la contingencia.

Leyendo con atención el recurso de suplicación interpuesto nos encontramos con que tal pronunciamiento no fue combatido y además la pretensión en el suplico se mantuvo incólume y vinculada a la contingencia profesional afirmada por la demandante, resultando además que se instrumentó un único motivo de fondo en el que simultáneamente se planteaba de forma vinculada la situación incapacitante y la contingencia y cada vez que se argumentaba sobre la incapacidad se añadía siempre y de forma unitaria lo relativo a la contingencia de accidente de trabajo. Así por ejemplo en su parte final:

"La actora no puede trabajar como reponedora, y debe ser declarada afecta a un grado de incapacidad permanente total, derivada de accidente de trabajo, puesto que la cervicalgia aguda que motivó la baja médica de accidente, ha desencadenado durante la baja médica en una patología cervical altamente invalidante"

Por tanto la pretensión en todo momento se ha formulado vinculando la incapacidad para el desempeño de la profesión y las secuelas del accidente a efectos de la única contingencia que se ha pedido. Por ello debemos aplicar la doctrina establecida en la STS 863/2018, de 26 de septiembre (rcud 2476/2016), antes citada. La sentencia recurrida, al estimar parcialmente el recurso y declarar la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, resolvió sobre una cuestión no incluida en las pretensiones procesales de la parte demandante, fuera de los términos del motivo de fondo jurídico del recurso de suplicación y de su petitum. Ello constituye la incongruencia extra petita denunciada en el recuso, vulneradora del artículo 24 CE y del artículo 218 LEC.

CUARTO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, obliga a estimar el recurso presentado. Ello lleva a casar y anular la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y, resolviendo el debate en suplicación, desestimar el recurso interpuesto y declarar la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Social, en el bien entendido de que dicha firmeza se refiere al único fundamento que finalmente resta como motivo de desestimación confirmado, que es la no vinculación de la situación clínica y funcional de la parte actora a un accidente de trabajo, sin prejuzgar por el contrario su capacidad para el desarrollo de su profesión en caso de reclamar la prestación por otras contingencias.

2.Conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas.

PRIMERO.- 1.La cuestión controvertida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si incurre en incongruencia extra petita la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, al resolver un recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora para obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, estima parcialmente dicho recurso y declara la situación de incapacidad permanente total pero derivada de enfermedad común, cuando tanto en la demanda como en el recurso se había reclamado únicamente la incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo.

2.La demandante causó baja por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo el 15 de julio de 2015, con diagnóstico de cervicalgia, siendo dada de alta el 7 de octubre de 2015. Tramitado en 2021 expediente de incapacidad permanente, por resolución de la Dirección Provincial del INSS de 29 de julio de 2021 se denegó la solicitud, formulándose reclamación previa en fecha 18 de abril de 2022, que fue igualmente desestimada.

La actora interpuso demanda en cuyo suplico pedía que fuera declarada afecta a un grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo. Como partes demandadas figuraban la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales MC Mutual y la empresa empleadora, Gesgroup Siete Outsourcing SL

3.La sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 5 de julio de 2023, autos 462/2022, desestimó íntegramente la demanda. En la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia se descarta que las dolencias sean constitutivas de una incapacidad permanente para la profesión habitual y finalmente se dice que "aún de entender que la actora se encuentra afecta a IPT, la demanda debería ser desestimada al no derivar la misma de accidente de trabajo", razonando a continuación de forma breve que no se acredita relación de causalidad entre las dolencias de 2022 y el accidente de trabajo sufrido en 2015.

4.Contra dicha sentencia interpuso recurso de suplicación la parte actora. El suplico del recurso de suplicación pedía a la Sala que se declarase a la actora "afecta a un grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual, derivada de accidente de trabajo".

La sentencia de la Sala de lo Social de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 28 de noviembre de 2024 (rec n.º 1323/2023) estimó parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, considerando que el cuadro residual de la actora revestía suficiente gravedad para declarar a la trabajadora incapacitada totalmente para su profesión habitual de reponedora. No obstante, en cuanto a la contingencia, la Sala de suplicación concluyó que no podía apreciarse relación de causalidad entre el accidente de trabajo sufrido el 15 de julio de 2015 y la situación de la trabajadora en el momento de ser examinada por el EVI en julio de 2021. En conclusión declaró a la actora afecta de incapacidad permanente total para su profesión habitual de reponedora derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una pensión del 55% de su base reguladora mensual, condenando a la Mutua al abono de las prestaciones correspondientes. Por auto de 24 de febrero de 2025 corrigió el fallo para condenar al pago de la prestación al INSS en lugar de a la Mutua.

5.Contra la referida sentencia se ha interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con un único motivo en el que denuncia la infracción del artículo 218 LEC en relación con el artículo 97 de la LRJS y el artículo 24 de la Constitución Española, por incurrir la sentencia recurrida en incongruencia extra petita al reconocer la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, dado que tanto en instancia como en suplicación la parte se limitó a reclamar el reconocimiento de la prestación derivado de accidente de trabajo.

6.El recurso ha sido impugnado únicamente por la representación de Mutua Midat Cyclops (MC Mutual), que interesa sentencia ajustada a Derecho, pero que mantenga la absolución de la Mutua, ya que el pronunciamiento de que las lesiones de la trabajadora no derivan del accidente de trabajo de 2015 no ha sido combatido y ha quedado firme.

7.El Ministerio Fiscal informa favorablemente el recurso, por entender que la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia extra petita, vulnerando los artículos 24 de la Constitución Española y 218 de la LEC, conforme a la doctrina fijada por la STS 863/2018, de 26 de septiembre.

SEGUNDO.- 1.La sentencia de contraste alegada es la número 863/2018, de 26 de septiembre, de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo (rcud 2476/2016). Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada. El presupuesto procesal de contradicción establecido en el artículo 219.1 LRJS no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.Ya hemos visto las circunstancias de la sentencia recurrida. En la sentencia de contraste los hechos son los siguientes: El actor sufrió procesos de incapacidad temporal derivados de accidente de trabajo. Tramitado expediente de incapacidad permanente, el INSS denegó la solicitud. El actor interpuso demanda solicitando la declaración de incapacidad permanente total o, subsidiariamente, parcial derivada de accidente de trabajo, pretensión que mantuvo en el recurso de suplicación. La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó parcialmente el recurso de suplicación y reconoció al actor en situación de incapacidad permanente parcial derivada de enfermedad común. En la sentencia de contraste, dictada por esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo, se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS, anulando la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, se desestimó el recurso de suplicación del actor, confirmando así la sentencia de instancia.

3.La comparación entre ambas sentencias permite apreciar la concurrencia de la identidad sustancial exigida por el artículo 219 LRJS. En ambos casos la persona trabajadora sufrió un proceso de incapacidad temporal derivado de accidente de trabajo y tramitó expediente de incapacidad permanente que fue denegado por el INSS. En ambos supuestos, la demanda y el posterior recurso de suplicación se circunscribieron exclusivamente a la petición de reconocimiento de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo. Frente a esta identidad sustancial las soluciones judiciales son opuestas, ya que mientras que la sentencia recurrida considera que procede declarar la incapacidad permanente total con la contingencia de enfermedad común, sin apreciar incongruencia en tal proceder, la sentencia de contraste, dictada por esta Sala Cuarta, considera que no es posible reconocer la prestación por contingencia común en lugar de profesional y por tal razón impone la desestimación del recurso de suplicación.

TERCERO.- 1.El único motivo de casación se formula al amparo de la letra e del artículo 207 LRJS y denuncia la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 97 de la LRJS y el artículo 24 de la Constitución Española. La parte recurrente sostiene que la sentencia recurrida incurre en incongruencia extra petita al reconocer a la actora una incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, siendo así que tanto la demanda como el recurso de suplicación habían limitado la pretensión exclusivamente a la declaración de incapacidad derivada de accidente de trabajo.

2.La cuestión controvertida consiste en determinar si una sentencia de suplicación incurre en incongruencia extra petita cuando, siendo solicitada por el trabajador una incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo, la Sala reconoce dicha incapacidad pero la declara derivada de enfermedad común. Debemos destacar que la pretensión de declaración de incapacidad permanente derivada de otras contingencias, aunque sea de forma subsidiaria para el caso no estimarse la incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo, no se ha formulado en ningún momento por la parte actora, ni en la instancia ni en la suplicación,.

La doctrina jurisprudencial viene sosteniendo con reiteración que el principio de congruencia procesal, consagrado en el artículo 218.1 LEC (de aplicación supletoria al proceso social a tenor de su Disposición Final Cuarta, en relación con el artículo 97 LRJS) , exige que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. La incongruencia por exceso o extra petita se produce cuando el órgano judicial otorga algo que no fue pedido o resuelve sobre cuestiones no sometidas a debate, impidiendo a las partes articular su defensa frente a lo decidido, con la consiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Esta Sala ha declarado que la congruencia en el proceso social admite una cierta flexibilidad en lo relativo a los grados de incapacidad, de modo que no resulta incongruente la sentencia que reconoce un grado inferior al postulado, siempre que no esté expresamente excluido del petitum y que no cause indefensión a la parte responsable del pago. Así lo recuerda la STS 474/2025, de 27 de junio (rcud 3203/2023), que sienta doctrina en el sentido de que ha de admitirse, en términos generales, que el reconocimiento de un grado de invalidez permanente inferior al postulado en la demanda, en tanto no esté expresamente excluido del petitum, no debe dar lugar al vicio de incongruencia procesal.

Sin embargo, la doctrina correcta es que dicha flexibilidad (admitida con cautelas únicamente para la graduación cuantitativa de la incapacidad) no resulta trasladable al cambio del origen o naturaleza de la contingencia, cuando se solicita que la incapacidad sea declarada derivada de accidente de trabajo y la sentencia la declara derivada de enfermedad común. La STS 863/2018, de 26 de septiembre (rcud 2476/2016), sentencia de contraste en el presente recurso, estableció con claridad que la determinación de la contingencia no es un elemento subsumible en la pretensión del trabajador de la misma manera que lo es el grado de incapacidad, pues la contingencia no supone una rebaja cuantitativa de la tutela solicitada, sino una modificación cualitativa y autónoma del objeto del proceso con profundas consecuencias jurídicas, tanto en lo relativo a las exigencias para el acceso a la prestación (al no requerirse carencia para lucrar la prestación derivada de accidente de trabajo y sí para la derivada de enfermedad común), a la entidad responsable del pago de la prestación, a las normas para determinar la base reguladora, a las posibles mejoras convencionales, al recargo de prestaciones en caso de infracción preventiva, y a otras garantías propias del régimen de protección de contingencias profesionales. En tal supuesto, el pronunciamiento judicial recae sobre una cuestión no incluida en las pretensiones procesales.

En el presente caso la trabajadora solicitó en su demanda la declaración de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo, manteniendo idéntica pretensión en el recurso de suplicación, sin que en ningún momento del proceso se solicitara, ni siquiera con carácter subsidiario, que la incapacidad fuera declarada derivada de enfermedad común. Es más, en el proceso de instancia consta en la sentencia del Juzgado que el INSS expresamente recalcó tal situación y expresamente dijo (fundamento segundo):

"El INSS indica que en ningún momento la actora ha solicitado ser declarada afecta a IPT derivada de enfermedad común"

Aunque hipotéticamente pudieran plantearse dudas respecto a las exigencias de congruencia en la instancia, las mismas desaparecen en el recurso de suplicación, que es un recurso extraordinario en el que la cognición del órgano judicial queda condicionada por los motivos de recurso de la parte recurrente y, en su caso, por los motivos de oposición subsidiaria del escrito de impugnación al amparo del art. 197.1 LRJS. Resulta así en este caso que la sentencia del Juzgado de lo Social en su fundamento cuarto dijo claramente que "aún de entender que la actora se encuentra afecta a IPT, la demanda debería ser desestimada al no derivar la misma de accidente de trabajo" y tras ello razonó que la contingencia en todo caso sería común y no derivaba del accidente de trabajo al que se pretendía vincular, motivo por el cual desestimó también la demanda. Por tanto con claridad delimitó el objeto del litigio y lo expresó en un fundamento en el que manifestaba que no podía estimar la demanda ni siquiera de haber considerado que las secuelas eran incapacitantes para la profesión, en cuanto no pudiera también y simultáneamente estimar la contingencia.

Leyendo con atención el recurso de suplicación interpuesto nos encontramos con que tal pronunciamiento no fue combatido y además la pretensión en el suplico se mantuvo incólume y vinculada a la contingencia profesional afirmada por la demandante, resultando además que se instrumentó un único motivo de fondo en el que simultáneamente se planteaba de forma vinculada la situación incapacitante y la contingencia y cada vez que se argumentaba sobre la incapacidad se añadía siempre y de forma unitaria lo relativo a la contingencia de accidente de trabajo. Así por ejemplo en su parte final:

"La actora no puede trabajar como reponedora, y debe ser declarada afecta a un grado de incapacidad permanente total, derivada de accidente de trabajo, puesto que la cervicalgia aguda que motivó la baja médica de accidente, ha desencadenado durante la baja médica en una patología cervical altamente invalidante"

Por tanto la pretensión en todo momento se ha formulado vinculando la incapacidad para el desempeño de la profesión y las secuelas del accidente a efectos de la única contingencia que se ha pedido. Por ello debemos aplicar la doctrina establecida en la STS 863/2018, de 26 de septiembre (rcud 2476/2016), antes citada. La sentencia recurrida, al estimar parcialmente el recurso y declarar la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, resolvió sobre una cuestión no incluida en las pretensiones procesales de la parte demandante, fuera de los términos del motivo de fondo jurídico del recurso de suplicación y de su petitum. Ello constituye la incongruencia extra petita denunciada en el recuso, vulneradora del artículo 24 CE y del artículo 218 LEC.

CUARTO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, obliga a estimar el recurso presentado. Ello lleva a casar y anular la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y, resolviendo el debate en suplicación, desestimar el recurso interpuesto y declarar la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Social, en el bien entendido de que dicha firmeza se refiere al único fundamento que finalmente resta como motivo de desestimación confirmado, que es la no vinculación de la situación clínica y funcional de la parte actora a un accidente de trabajo, sin prejuzgar por el contrario su capacidad para el desarrollo de su profesión en caso de reclamar la prestación por otras contingencias.

2.Conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas.