Sentencia Social 1043/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 73/2024 de 12 de noviembre del 2025

PRIMERO.- 1.El debate litigioso consiste en determinar si las empresas Ryanair DAC, Crewlink Ireland LTD (en adelante Crewlink) y Workforce International Contractors LTD (en adelante Workforce) vulneraron los derechos fundamentales de libertad sindical y huelga con motivo de las huelgas convocadas por la Unión Sindical Obrera-Sector de Transporte Aéreo (USO-STA) y el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (SITCPLA).

2.La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Nacional 142/2023, de 22 de diciembre (procedimiento 159/2023), estimó la demanda interpuesta por USO-STA y SITCPLA contra Ryanair DAC, Crewlink y Workforce. Declaró que esas tres empresas habían vulnerado la libertad sindical de esos sindicatos y el derecho a la huelga de sus trabajadores y condenó solidariamente a los demandados a indemnizar a los sindicatos demandantes.

3.Se interpusieron dos recursos de casación ordinarios:

A) Crewlink y Workforce formularon dos motivos:

a) El primero, amparado en el art. 207.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) , denuncia la infracción del art. 97.2 de la LRJS y de los arts. 209.1, 2 y 3 y del art. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) .

Argumentan que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva porque no explica por qué condena a Crewlink y Workforce.

b) El segundo motivo, sustentado en el art. 207.d) de la LRJS, denuncia la infracción del art. 1902 del Código Civil y del art. 182.1.d) de la LRJS.

Alegan que ni Crewlink ni Workforce han realizado conducta alguna que justifique la condena por haber vulnerado derechos fundamentales y a indemnizar los daños y perjuicios.

B) Ryanair DAC formula 16 motivos:

a) Cinco motivos amparados en el art. 207.c) de la LRJS en los que se denuncia la infracción de los arts. 17.2, 90.2 y 97.2, de la LRJS; arts. 209, 218.2, 283.3, 324, 336, 348 y 376 de la LEC; art. 24 de la Constitución Española (en adelante CE) ; y art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) .

Esta parte procesal, en esencia, atribuye a la sentencia recurrida una pluralidad de vulneraciones de las normas procesales, argumenta que la sentencia de instancia ha desconocido las alegaciones y las pruebas de Ryanair DAC, afirma que la presunción de inocencia opera en los incumplimientos de los contratos de trabajo, niega que SITCPLA tenga legitimación activa y considera que no se ha valorado adecuadamente la prueba pericial ni las grabaciones aportadas por esa parte procesal.

b) Ocho motivos sustentados en el art. 207.d) de la LRJS en los que solicita la revisión del relato histórico de instancia.

c) Dos motivos amparados en el art. 207.e) de la LRJS en los que denuncia la infracción de los arts. 28.2 y 139.2 de la CE y de la doctrina jurisprudencial que cita.

Argumenta que Ryanair DAC no ha vulnerado los derechos fundamentales de libertad sindical y de huelga y sostiene que las indemnizaciones fijadas por la Audiencia Nacional no son ajustadas a derecho.

4.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación de los recursos.

SITCPLA, USO-STA y el Ministerio Público presentaron escritos de impugnación de los recursos de casación en los que solicitan la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el primer motivo del recurso de casación interpuesto por Crewlink y Workforce en el que alegan que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva.

2.El TC ha declarado que el art. 24.1 de la CE no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que, «si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva»( STC nº 171/2002, de 30 septiembre, entre otras). El TC explica que la incongruencia omisiva tiene relevancia constitucional cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes.

3.La STS 858/2022, de 26 de octubre (rcud 3164/2019), con cita de la STS 344/2020, de 14 de mayo (rcud 3213/2017 ), argumenta que «hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones [...] y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" ( sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2019, recurso 42/2018 , y las citadas en ella). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que el art. 24.1 de la Constitución no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( sentencia del Tribunal Constitucional nº 171/2002 , entre otras)».

4.Por su parte, la STS 1035/2024, de 17 de julio (rec. 83/2024), arguye que una sentencia incurre en incongruencia «cuando falta el pronunciamiento sobre alguna pretensión que hubiera sido llevada al proceso en el momento procesal oportuno, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita».

A continuación, razonamos que «[e]l Tribunal Constitucional viene definiendo la incongruencia omisiva o ex silentio en una consolidada doctrina (sentencia 91/2003, de 19 de mayo y 218/2003, de 15 de diciembre de 2.003, entre otras muchas) como un 'desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido' ( SSTC 136/1998, de 29 de junio y 29/1999, de 8 de marzo) que entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando esa desviación 'sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal ( STC 215/1999, de 29 de noviembre). Lo que en el supuesto de la incongruencia omisiva o ex silentio , que aquí particularmente importa, se produce cuando 'el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales' ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo, 186/2002, de 14 de octubre y 6/2003, de 20 de enero 2003)".

5.De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que la sentencia recurrida no incurre en incongruencia omisiva. La sentencia de la Audiencia Nacional explica por qué condena a las empresas Crewlink y Workforce. Argumenta, en síntesis, que la huelga tenía como destinatarios tanto a los trabajadores de Ryanair DAC como a aquellos que prestaban servicios en ella contratados a través de Crewlink y Workforce, que las conductas de Ryanair DAC también se proyectaron sobre esas mercantiles, que las agencias codemandadas no pueden desvincularse de la conducta de Ryanair DAC porque esta empresa les dio instrucciones para el cobro de los salarios durante el periodo de huelga y que la conducta de Ryanair DAC fue secundada por aquellas agencias durante los días de convocatoria de huelga.

Estas empresas recurrentes manifiestan su disconformidad con los argumentos desarrollados por la Audiencia Nacional para fundamentar su condena. Pero ello no supone que la sentencia recurrida haya incurrido en incongruencia omisiva porque explica el porqué de la condena a esas dos empresas, aunque su argumentación relativa a Crewlink y Workforce sea concisa.

TERCERO.- 1.En el segundo motivo del recurso interpuesto por Crewlink y Workforce se alega que no se imputa ningún incumplimiento de los derechos fundamentales a esas dos empresas, las cuales no han vulnerado ni el derecho de huelga, ni el de libertad sindical, por lo que solicita su absolución.

2.En el escrito de impugnación del recurso presentado por USO-STA se alega que este segundo motivo incumple los requisitos formales porque no cita las normas jurídicas que considera vulneradas. La alegación no puede ser acogida porque esta parte recurrente denuncia la vulneración del art. 1902 del Código Civil y del art. 182.1.d) de la LRJS y explica por qué considera que la sentencia recurrida ha infringido esos preceptos.

3.En el año 2019 tuvo lugar otra huelga en las empresas Ryanair DAC, Crewlink y Workforce. La STS 273/2023, de 13 de abril (rec. 217/2021) desestimó los recursos de casación ordinarios interpuestos por esas tres mercantiles contra la SAN 41/2021, de 17 de marzo (procedimiento 307/2020), que había declarado que esas empresas habían vulnerado los derechos de libertad sindical de SITCPLA y USO-STA y el derecho de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros (en adelante TCP) que habían participado en esa huelga.

El objeto del presente pleito es distinto de aquel: son las huelgas que tuvieron lugar en el año 2022. La resolución de este recurso debe partir de los hechos probados de instancia, que son distintos del relato histórico de aquel litigio.

4.Los hechos probados de la sentencia recurrida no mencionan ninguna acción de Crewlink y Workforce que vulnere el derecho a la libertad sindical de USO-STA y SITCPLA, ni el derecho de huelga de los trabajadores. En el relato fáctico de instancia, la única mención a esas dos empresas se encuentra en el hecho probado primero, en el que consta que las huelgas se promovieron contra Ryanair DAC y contra esas dos mercantiles.

Las actas e informes de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante ITSS) imputan las vulneraciones de los derechos fundamentales solamente a la mercantil Ryanair DAC, no a las empresas Crewlink y Workforce.

5.La sentencia recurrida fundamenta la condena de Crewlink y Workforce en los siguientes argumentos:

a) La huelga tenía como destinatarios tanto a los trabajadores de Ryanair DAC como a aquellos que prestaban servicios en ella contratados a través de las codemandadas.

b) Las conductas de Ryanair DAC «también se proyectaron sobre los mismos» (fundamento de derecho cuarto.3º).

c) Las agencias codemandadas no pueden desvincularse de la conducta de Ryanair DAC porque «Ryanair ha dado instrucciones a estas últimas para el cobro de los salarios durante el periodo de huelga» (fundamento de derecho quinto).

d) La conducta de Ryanair DAC fue «secundada por las agencias CREWLINK IRELAND LTD y WORKFORCE INTERNATIONAL CONTRACTORS LTD durante los días de convocatoria de huelga» (fundamento de derecho quinto).

6.Los hechos probados de autos, con sujeción a los cuales debe resolverse este recurso extraordinario de casación, no mencionan ningún incumplimiento contractual de Crewlink y Workforce que vulnerase el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores, ni la libertad sindical de aquellos sindicatos. La actuación inspectora se dirigió contra Ryanair DAC. El hecho de que las huelgas también tuvieran como destinatarios a los trabajadores de Crewlink y Workforce no significa que esas mercantiles hayan infringido el art. 28 de la CE. El mero hecho de que Ryanair DAC diera instrucciones a Crewlink y Workforce para el cobro de los salarios durante el periodo de huelga, no significa que estas mercantiles hayan vulnerado aquellos derechos fundamentales. No consta que Crewlink y Workforce, al abonar los salarios durante la huelga, hayan incurrido en ninguna ilegalidad, ni que esas dos mercantiles hayan despedido a ningún trabajador como represalia por participar en la huelga. En los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida se argumenta que estas empresas secundaron la conducta de Ryanair DAC. Pero esa valoración jurídica no está sustentada por el relato histórico de instancia.

En definitiva, el relato fáctico describe minuciosamente una pluralidad de incumplimientos contractuales vulneradores de los derechos fundamentales por parte de Ryanair DAC. Pero no menciona ningún incumplimiento contractual por parte de las empresas Crewlink y Workforce que haya violado el derecho fundamental a la libertad sindical de USO-STA y SITCPLA, ni el derecho fundamental a la huelga de sus trabajadores, lo que obliga a estimar el recurso de casación de esas dos empresas y absolverlas de las pretensiones formuladas en su contra.

CUARTO.- 1.En el primer motivo del recurso interpuesto por Ryanair DAC se solicita la nulidad de la sentencia de instancia y que se reponga lo actuado al momento de dictarse la sentencia por la Audiencia Nacional. Esta parte recurrente sostiene, en esencia, que en la instancia vertió una pluralidad de argumentos para justificar la reasignación de vuelos, los cuales fueron soslayados por la sentencia recurrida. Expone que la sentencia de instancia no tuvo en cuenta la prueba documental y pericial practicada a instancia de esta parte procesal y no mencionó las propias alegaciones vertidas por Ryanair DAC. También afirma que la presunción de inocencia es aplicable a este pleito.

De conformidad con el Ministerio Fiscal, no podemos estimar este motivo. La prolija y razonada sentencia de instancia contiene un relato histórico extenso y completo que permite resolver este recurso de casación y explicita cuál es el razonamiento probatorio en virtud del cual ha declarado esos hechos como probados. Es cierto que no atribuye credibilidad a los dictámenes periciales aportados por Ryanair DAC, ni a una pluralidad de pruebas documentales aportadas por esta parte procesal. Pero se trata de medios probatorios que deben valorarse conforme al sistema de libre valoración de la prueba, sin que la apreciación probatoria de instancia haya vulnerado ninguna norma procesal.

La Audiencia Nacional razona por qué condena a Ryanair DAC. Enumera una pluralidad de violaciones de los derechos fundamentales de huelga y de libertad sindical cometidas por esta empresa. Por último, explica por qué condena a los demandados a abonar unas indemnizaciones de daños y perjuicios y exterioriza las razones por las que ha fijado esas concretas cuantías.

La sentencia recurrida desestima explícita o implícitamente todos los argumentos de Ryanair DAC. Esta parte procesal no comparte los razonamientos vertidos por la Audiencia Nacional. Pero ello no supone que la sentencia recurrida haya incurrido en incongruencia omisiva porque sí que explica el porqué de dicha condena.

2.Ryanair DAC sostiene que la presunción de inocencia se aplica a los incumplimientos del contrato de trabajo que vulneran los derechos fundamentales de libertad sindical y huelga.

Reiterada doctrina jurisprudencial [por todas, STS 544/2022 de 14 junio (revisión 14/2018); 114/2025, de 18 de febrero (revisión 104/2024); y 305/2025, de 8 de abril (rco 101/2024)] y constitucional [ STC de 18 de marzo de 1992, entre otras] explica que la presunción de inocencia no se aplica a los despidos porque, «de un lado, el despido no es más que una resolución contractual, y por tanto no conlleva la aplicación del derecho penal y, de otro, en que la consideración por los Tribunales Laborales de que una conducta implica incumplimiento contractual, no incluye un juicio sobre la culpabilidad o inocencia del recurrente».

La presunción de inocencia se aplica cuando el Estado u otra Administración pública ejercita el «ius puniendi» (derecho a castigar) penal o administrativo. No se aplica a los incumplimientos del contrato de trabajo por una empresa privada. Debemos desestimar este motivo.

QUINTO.- 1.El segundo motivo del recurso formulado por Ryanair DAC denuncia la infracción del art. 17.2 de la LRJS. Argumenta que el sindicato SITCPLA carece de legitimación activa porque no ha acreditado una implantación suficiente en Ryanair DAC.

El art. 17.2 de la LRJS dispone: «Los sindicatos con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate [...]».

Ese precepto exige dos requisitos: «implantación suficiente» y «vínculo» con el objeto del pleito para que los sindicatos puedan accionar cuando estén en juego los «intereses colectivos de los trabajadores».

2.Los sindicatos USO-STA y SITCPLA han ejercitado las acciones de tutela de su libertad sindical y del derecho de huelga de los trabajadores de las empresas demandadas. Se declara probado que en las elecciones celebradas en los centros de trabajo de Ryanair DAC en junio de 2023, el sindicato SITCPLA no presentó ninguna candidatura. Sin embargo, las huelgas tuvieron lugar con anterioridad: entre el día 24 de junio de 2022 y el 7 de enero de 2023.

Aunque SITCPLA ya no tiene representantes unitarios en esa empresa, fue uno de los sindicatos convocantes de la huelga, junto con USO-STA. El ejercicio de la libertad sindical incluye la vertiente funcional que comprende el ejercicio del derecho de huelga en defensa de los derechos de los trabajadores [ art. 2º.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (en adelante LOLS) ].

Respecto de la acción de tutela de la libertad sindical, SITCPLA no está defendiendo los intereses colectivos de los trabajadores sino que está tutelando su propio interés sindical, al amparo del art. 28 de la CE.

El art. 177.1 de la LRJS dispone: «Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas [...]».

La aplicación del art. 177.1 de la LRJS en relación con el art. 2º.2.d) de la LOLS, obliga a concluir, de conformidad con el Ministerio Fiscal, que SITCPLA tiene un interés legítimo para interponer la presente demanda de vulneración de su derecho fundamental a la libertad sindical contra Ryanair DAC y para reclamar la correspondiente indemnización.

Aunque un sindicato no tenga representantes unitarios en una empresa, si convoca una huelga que es seguida por una pluralidad de trabajadores de la empresa y el empleador obstaculiza el ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical del sindicato convocante de la huelga, en su vertiente funcional relativa al derecho de huelga, ese sindicato está legitimado para accionar contra la empresa en defensa de su derecho fundamental.

SEXTO.- 1.Los motivos tercero y cuarto del recurso interpuesto por Ryanair DAC deben examinarse conjuntamente porque en ellos se suscita la misma controversia. Esta parte procesal argumenta que la sentencia recurrida no ha valorado conforme a derecho las pruebas periciales aportadas por esa empresa.

2.La prolija sentencia de instancia menciona en cada hecho probado cuál es el descriptor en el que se encuentra el medio de prueba al que ha atribuido credibilidad y en el que se fundamenta la afirmación fáctica contenida en ese ordinal. La sentencia recurrida no ha atribuido credibilidad a los dictámenes periciales aportados por la parte demandada. Ryanair DAC no está de acuerdo con la conclusión probatoria de instancia porque considera que esas pericias sí que demuestran la certeza de sus afirmaciones.

3.El recurso de casación tiene naturaleza extraordinaria. A diferencia del recurso de suplicación, la revisión fáctica casacional solo puede fundamentarse en prueba documental, no en prueba pericial [ art. 207.e) de la LRJS].

La Audiencia Nacional valoró los dictámenes periciales aportados por Ryanair DAC junto con el resto de pruebas practicadas en la instancia conforme al sistema de libre apreciación de la prueba y no les atribuyó virtualidad probatoria. A diferencia de los recursos de apelación y de suplicación [ art. 193.b) de la LRJS], la valoración de la prueba pericial efectuada por el órgano judicial de instancia no puede revisarse en el recurso de casación ordinario. La sentencia recurrida no ha incurrido en ninguna irregularidad en la apreciación de la prueba. La Audiencia Nacional valoró todos los medios de prueba conforme a las reglas de la sana crítica y llegó a la conclusión de que las pericias de parte aportadas por la empresa carecían de virtualidad para acreditar las afirmaciones fácticas sustentadas por Ryanair DAC, sin que dicha apreciación de la prueba vulnere las normas procesales y sin que esos dictámenes periciales tengan eficacia revisora casacional, lo que conduce al fracaso de estos motivos.

SÉPTIMO.- 1.El quinto motivo del recurso de Ryanair DAC alega que le ha causado indefensión la denegación de la prueba aportada por esa parte procesal que consta en los descriptores 212 a 219, consistente en las grabaciones de varias asambleas de trabajadores.

2.El sindicato USO celebró varias asambleas informativas telemáticamente (en un canal abierto de Telegram) durante el desarrollo de las jornadas de huelga. Esas asambleas se convocaron de forma abierta. Ryanair DAC tuvo acceso a ellas, las grabó y aportó al proceso las grabaciones de esas asambleas en las que, a su juicio, se vertieron expresiones que animaban a los asistentes a incumplir los servicios mínimos. La Audiencia Nacional no admitió esas grabaciones porque consideró que vulneraban la libertad sindical, aunque están incorporadas a las actuaciones en los descriptores 212 a 219. Si se inadmite un medio de prueba, debe acordarse la devolución a la parte procesal que lo propuso.

3.El art. 11.1 de la LOPJ niega efectos a «las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales». El art. 90.2 de la LRJS dispone: «No se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas».

La doctrina constitucional sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes ( art. 24.2 de la CE) es la siguiente [por todas, STC 47/2022, de 24 de marzo (recurso 1638/2020), FJ 6]:

«a) Este derecho fundamental [...] no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes [...] entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y el thema decidendi[...]

d) Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea 'decisiva en términos de defensa' ( SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2; 219/1998, de 17 de diciembre, ( la fecha correcta es 16 de noviembre), FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, FJ 2; 45/2000, FJ 2). El ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una real y efectiva indefensión ( SSTC 185/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 258/2007, de 18 de diciembre, FJ 2).»

4.En la presente litis, un sindicato convocante de una huelga, durante el desarrollo de las jornadas de huelga, convocó asambleas informativas. Con la finalidad de ampliar su difusión, las asambleas se celebraron telemáticamente de forma abierta, lo que facilitó que los trabajadores se conectaran a ellas. La empresa también se conectó y las grabó. Pretende aportar estas grabaciones al juicio porque afirma que en ellas se animó a los asistentes a incumplir los servicios mínimos.

El derecho fundamental a la libertad sindical permite que los sindicatos puedan convocar las citadas asambleas con una finalidad informativa. Si se admitiesen como pruebas lícitas las grabaciones de las asambleas de trabajadores hechas por las empresas en el curso de una huelga, con la finalidad de probar afirmaciones hechas por los sindicalistas en ellas en perjuicio de sus sindicatos, se estaría cercenando la libertad sindical, en la medida en que, en futuras asambleas de trabajadores en el seno de huelgas, las intervenciones de los sindicalistas y de los demás trabajadores estarían condicionadas por la eventual virtualidad probatoria de dichas grabaciones en perjuicio suyo. Las mentadas asambleas, aunque se celebraron telemáticamente de forma abierta, estaban dirigidas a los trabajadores de Ryanair DAC, no a la empresa Ryanair DAC, que se conectó a ellas sin estar invitada. Por ello, de conformidad con el Ministerio Fiscal debemos concluir que la denegación de estos medios de prueba es conforme a derecho.

OCTAVO.- 1.Los motivos sexto a decimocuarto del recurso de Ryanair DAC solicitan la revisión del hecho probado decimocuarto y la adición de ocho hechos probados nuevos.

2.La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 960/2022, de 14 diciembre (rec. 131/2022), entre otras muchas, compendia los requisitos de la revisión fáctica casacional:

a) La parte procesal debe señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado: debe indicar lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

b) No pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva ubicación en la fundamentación jurídica.

c) No debe limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que tiene que delimitar con exactitud en qué discrepa.

d) La errónea apreciación tiene que derivar de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas.

No es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada

e) La modificación fáctica no debe basarse en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

f) Debe ofrecer el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

g) Tiene que tratarse de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

h) Debe precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

i) El recurrente no puede limitarse a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

3.La parte recurrente solicita que se añadan al hecho probado decimocuarto los textos siguientes:

a) El párrafo segundo de este ordinal menciona los acuerdos alcanzados en conciliación judicial obrantes en los descriptores 126 y 148. En ellos, Ryanair DAC reconoció la improcedencia de los despidos derivados del incumplimiento de los servicios mínimos. La parte recurrente pretende añadir: «con renuncia a la declaración de nulidad y a la indemnización de daños por vulneración de derechos fundamentales por parte de los trabajadores afectados».

El citado hecho probado decimocuarto se remite a los descriptores 126 y 148, incorporando su contenido al relato histórico, lo que hace intranscendente la adición.

b) También solicita que se incorpore lo siguiente: «En el caso del despido del Sr. Roberto, por incumplimientos de los servicios mínimos asignados durante la huelga de 2022, el Juzgado de lo Social n. 2 de Málaga en fecha 11-12-2203 reconoció la procedencia de dicho despido».

La pretensión no puede prosperar porque se apoya en una sentencia aportada con posterioridad al juicio oral cuya firmeza no consta.

4.La recurrente postula la adición de un hecho probado nuevo con el siguiente contenido:

«Los Sindicatos demandantes indicaron a los trabajadores que no debían cumplir con los servicios mínimos si los mismos no habían sido comunicados con carta oficial con membrete de la Compañía y comunicaron a los trabajadores que la Compañía no podía modificar los servicios mínimos inicialmente asignados».

Hemos explicado que el éxito de la revisión fáctica casacional exige que la apreciación errónea derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. En este motivo, no hay una correlación estricta entre el contenido de los documentos en que se sustenta esta pretensión revisora (descriptores 76 y 77) y la redacción del hecho probado propuesto por Ryanair DAC. Es decir, la prueba documental invocada por esta parte recurrente no demuestra, en el presente recurso extraordinario de casación, la veracidad del texto cuya inclusión solicita, lo que impide estimarla.

5.El siguiente motivo apoya su pretensión revisora en la grabación de las asambleas telemáticas, que se ha inadmitido por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical, lo que impide estimarlo.

6.A continuación, la parte recurrente pretende incorporar un hecho probado nuevo con el contenido siguiente:

«El Sr. Cristobal, líder del Sindicato SITCPLA, en fecha de 25 de junio de 2022 realizó un video en la red social Twitter diciendo lo siguiente (en el descriptor 210 se encuentra la grabación mientras que en el descriptor y 213 se halla la transcripción del mismo):

"Hola muy Buenos días soy Cristobal vicepresidente de SITCPLA y delegado sindical de Ryanair en el día de hoy 25 de junio de 2022 hago este video para que sirva de testimonio y que todos los medios de comunicación sepan que la empresa Ryanair está mandando tripulaciones con base en Marruecos a bases españolas como Málaga y Santiago de Compostela para operar los vuelos que deberían estar afectados por la huelga de trabajadores tripulantes de cabina de pasajeros en España

Así que, hacemos un llamamiento a todos los medios de comunicación e informar de estos hechos a poner en evidencia la vergüenza y la debilidad del Estado español; nos hemos personado en la Guardia Civil de Málaga y sí nos ha dado largas y se nos ha dicho que no van a hacer absolutamente nada y que no se van a personar en esos aviones para comprobar estos hechos constitutivos de delito y queremos que se ponga fin a la impunidad de Ryanair con la complicidad de la administración pública y las fuerzas del orden hagan su trabajo y vayan a constatar este delito».

La citada manifestación de ese delegado sindical es intranscendente para la resolución de este pleito, lo que impide estimarla.

7.Ryanair DAC solicita que se añada un ordinal con el siguiente texto:

«Durante la huelga y, especialmente en los primeros días de la huelga (24, 25, 26, 30 de junio y 1 de julio), se registró un número de ausencias justificadas e injustificadas cuyo promedio diario fue significativamente superior al promedio diario de ausencias laborales en periodos de actividad sin huelga».

Este motivo se sustenta en el descriptor 162. Se trata de un documento de parte que no acredita, en el presente recurso extraordinario de casación, la certeza del texto cuya adición solicita esta parte procesal, lo que impide estimarla.

8.El siguiente motivo del recurso se basa en un dictamen pericial. En el recurso de casación ordinario, a diferencia de la suplicación, solo se permite la revisión fáctica basada en prueba documental, no en prueba pericial, lo que obliga a desestimarlo.

9.A continuación, la parte recurrente pretende añadir el siguiente hecho probado:

«Durante la huelga, debido a las ausencias de determinados trabajadores designados para cumplir servicios mínimos, la Compañía en algunos casos tuvo que sustituirlos con personal de otras bases para que se cumplieran los servicios mínimos asignados a los trabajadores ausentes"».

Este motivo se basa en los descriptores 155, 156 y 158 a 161. Se trata de documentos de parte, sin autor, firma, ni fecha, los cuales no demuestran casacionalmente la veracidad del hecho cuya adición se solicita.

10.En el siguiente motivo, Ryanair DAC solicita que se incorpore el siguiente ordinal:

«Los vuelos que despegan y aterrizan en las bases españolas durante cada día se pueden consultar en la página web de AENA (Descriptor 189-Documento nº 54 del ramo de prueba de Ryanair DAC).

Con carácter general, las empresas del sector aéreo facilitan un listado de vuelos protegidos sin especificar los trabajadores específicamente asignados a los vuelos protegidos" (Descriptor 189 - Documento 54 del ramo de prueba de Ryanair DAC)».

Este motivo se sustenta en el descriptor 74, que contiene una captura de pantalla sin firma, la cual tampoco acredita, en el presente recurso extraordinario, la veracidad de la adición fáctica. También se apoya en la prueba pericial, que no es idónea.

11.En el último motivo de revisión fáctica, se solicita que se añada el texto siguiente:

«En situaciones de normalidad (sin huelga), debido a las características típicas del sector aéreo y a necesidades operativas, es habitual que en la Compañía, así como en el sector de la aviación en general, los vuelos inicialmente asignados puedan sufrir cambios, que se comunican a los tripulantes de cabina de pasajeros con la antelación que sea posible según las circunstancias de cada caso.

Dichos cambios son aceptados por los tripulantes de cabina de pasajeros sin negativa alguna».

Este motivo se sustenta en los documentos obrantes a los folios 75 y 80. Son documentos de parte, sin autor, firma, ni fecha, que no demuestran en el presente recurso extraordinario de casación el error probatorio de instancia, lo que conduce al fracaso de este motivo.

NOVENO.- 1.En el siguiente motivo, Ryanair DAC niega que haya vulnerado el derecho de huelga. Esta parte procesal incurre en el rechazable vicio procesal denominado «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión», defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida [por todas, sentencias del TS 943/2022, de 29 de noviembre (rec. 119/2022); 950/2022, de 30 de noviembre (rec. 156/2022); y 26/2023, de 11 de enero (rec. 149/2021)].

La naturaleza extraordinaria del recurso de casación, cuyo objeto no consiste en volver a enjuiciar la cuestión de fondo sino en examinar la corrección de la sentencia de instancia a la vista de los motivos previstos en el art. 207 de la LRJS, obliga a resolver este motivo con sujeción al relato histórico de instancia, que no se ha visto modificado al no prosperar las revisiones fácticas postuladas por la recurrente.

2.Hemos explicado que la STS 273/2023, de 13 de abril (rec. 217/2021) desestimó los recursos de casación ordinarios interpuestos por Ryanair DAC, Crewlink y Workforce contra la SAN 41/2021, de 17 de marzo (procedimiento 307/2020), relativa a la huelga de 2019.

En aquella sentencia, esta Sala consideró que se habían vulnerado los derechos fundamentales de libertad sindical y de huelga de SITCPLA y USO-STA, además de otros argumentos, por la ausencia de información referida en el fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida. En él constaba que el comité de huelga había solicitado información a la empresa. Dicha información incluía la lista de los vuelos protegidos (servicios mínimos de vuelo) para las jornadas de huelga. La empresa no proporcionó esa información. Ello impidió que los sindicatos convocantes de la huelga conocieran, hasta después de su inicio, los vuelos programados y los TCP en imaginarias designados para cumplir los servicios mínimos. Esa falta de información les impidió saber el acomodo de las concretas decisiones empresariales a los porcentajes de vuelos protegidos por los servicios mínimos y con ello poder informar a los trabajadores de sus obligaciones y derechos.

3.En la presente litis, USO-STA y SITCPLA promovieron tres convocatorias de huelga de los TCP de varias bases de Ryanair DAC radicadas en España. La autoridad laboral fijó los servicios mínimos. Esa empresa informó al comité de huelga de cuáles eran los vuelos designados como servicios mínimos.

La sentencia recurrida declara la vulneración de los derechos fundamentales porque considera que la mera identificación de los vuelos no permite conocer la tripulación asignada a ellos, ni desglosa las bases a las que están adscritos esos vuelos, ni indica qué trabajadores en imaginaria estaban adscritos a servicios protegidos.

En el hecho probado séptimo de la sentencia recurrida consta que la empresa, al comunicar la lista de vuelos protegidos, incluyó el «Origen, Destino, hora de salida local y hora de llegada (local)». Por consiguiente, sí que constaba el origen y destino de cada vuelo protegido.

El mero hecho de que la empresa no entregase al comité de huelga un listado de todos los trabajadores asignados a cada uno de los vuelos protegidos, ni de todos los trabajadores en imaginaria adscritos a ellos, no vulnera los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical. La comunicación de los vuelos protegidos permite que el comité de huelga compruebe si la empresa está incumpliendo los servicios mínimos fijados por la autoridad laboral. Ryanair DAC no estaba obligada a entregar al comité de huelga unos prolijos listados con los nombres de cada uno de los trabajadores adscritos a estos vuelos o a las correspondientes imaginarias.

El supuesto enjuiciado en este pleito es distinto del que fue examinado por la citada STS 273/2023, de 13 de abril (rec. 217/2021), en el que la empresa no había entregado la lista de los vuelos protegidos para las jornadas de huelga.

DÉCIMO.- 1.La sentencia recurrida también imputa a Ryanair DAC la vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical porque los vuelos protegidos fueron objeto de cambios indiscriminados por la empresa, quien informó a los trabajadores de que podían adoptar medidas disciplinarias que, en anteriores ocasiones, habían sido ratificadas por los Tribunales.

El fundamento de derecho quinto de la sentencia de instancia explica que varias actas de la ITSS evidenciaron lo siguiente:

a) En Alicante, «los cambios en los vuelos afectados por servicios mínimos se producen con poca antelación, y asignándose vuelos diferentes a los inicialmente indicados.»

b) En Barcelona, se constataron «también los cambios en los vuelos asignados a servicios mínimos, con un envío masivo de comunicaciones para llevar a cabo los mismos.»

c) En Girona, se remitió a los TCP un «escrito jurídico, con el objeto de justificar la aceptación de los cambios que se produzcan en los servicios mínimos, y posible adopción de medidas disciplinarias.»

d) En Madrid, que «los cambios en los servicios mínimos no respetan un mínimo de antelación suficiente, ni puede corroborarse que el nuevo vuelo asignado forma parte de los servicios mínimos.»

e) En Málaga, «los cambios en los vuelos de servicios mínimos se comunicaron incluso en periodos de descanso de la tripulación.»

f) En Sevilla, «dichos cambios se comunicaron en periodo vacacional y con una antelación inferior a 5 días.»

g) En Valencia, «los cambios en los vuelos de servicios mínimos asignados se reiteran hasta en seis ocasiones al día insistiéndose en la obligación de llevar a cabo los mismos, previa aceptación.»

2.Esas afirmaciones fácticas revelan un patrón de conducta empresarial durante las jornadas de huelga consistente en cambiar los servicios mínimos con poca antelación, asignando vuelos diferentes a los indicados inicialmente mediante el envío masivo de comunicaciones, sin respetar un mínimo de antelación y sin que conste que los nuevos vuelos asignados formen parte de los servicios mínimos. Estos cambios se hicieron también en vacaciones y en periodos de descanso de la tripulación. Los cambios se reiteraron hasta en seis ocasiones al día.

Ryanair DAC argumenta que, cuando no hay huelga, también se producen ajustes de los vuelos asignados que se comunican con la antelación posible y que la empresa puede verse obligada a asignar una guardia a un TCP que tenía asignado inicialmente un vuelo o que se asigne una guardia en el aeropuerto a quien tenía una guardia en el domicilio.

El fracaso de los motivos de revisión fáctica impide acoger esos argumentos, que no se compadecen con el relato histórico de autos. Los citados hechos evidencian que Ryanair DAC no se limitó a llevar a cabo unas actuaciones similares al funcionamiento ordinario de la compañía cuando sus trabajadores no ejercen su derecho fundamental a la huelga sino que intentó minimizar sus consecuencias realizando una pluralidad de cambios en los servicios mínimos sin respetar un mínimo de antelación, incluso en los periodos de descanso de la tripulación o en sus periodos vacacionales, por lo que, de conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que vulneró los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.

UNDÉCIMO.- 1.La sentencia recurrida imputa a Ryanair DAC haber llevado a cabo actuaciones constitutivas de esquirolaje.

El art. 6.5 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, dispone:

«En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número 7 de este art.».

2.El esquirolaje externo se caracteriza por la sustitución de los trabajadores huelguistas por trabajadores no vinculados a la empresa. El esquirolaje interno es aquel en el que los trabajadores huelguistas se sustituyen por los trabajadores de la empresa que no se han sumado a la huelga, a los que se les modifican las condiciones de trabajo, tales como lugar, tiempo o modo.

El art. 6.5 del Real Decreto-Ley 17/1977, conforme a su tenor literal, prohíbe el esquirolaje externo. Las STC 123/1992, de 28 de septiembre (recurso 301/1989) y 33/2011, de 28 de marzo (recurso 6171/2004) declaran que el esquirolaje interno, cuando el empresario utiliza a trabajadores de su empresa para sustituir a los huelguistas, vulnera el derecho de huelga. En el mismo sentido pueden citarse las STS 1199/2024, de 16 de octubre (rec. 211/2022); 645/2025, de 24 de junio (rec. 185/2023) y 744/2025, de 18 de julio (rec. 181/2024), entre otras.

3.La Audiencia Nacional atribuye credibilidad a las actas de la ITSS en las que constan las siguientes circunstancias:

a) Ryanair DAC acudió al «refuerzo de los trabajadores de las bases, con funciones de programación y control de vuelos, con otros traídos de otros Estados miembros de la UE».

b) En Barcelona, Ryanair DAC recurrió «a tripulaciones basadas en terceros Estados para operar vuelos programados que no han sido declarados servicios mínimos».

c) En Valencia se constató la sustitución de TCP en situación de huelga con otros destinados en otras bases de la compañía fuera de España.

d) Se declara probado que, en el aeropuerto de Málaga, hubo TCP «procedentes de bases extranjeras y que no aparecían en los Daily Crew Sing-In Sheet(hojas de registro diario de personal) que disponían los vigilantes de seguridad, accedían a la zona aire utilizando tarjetas de embarque que les facilitaba la compañía como si se tratase de cualquier pasajero ordinario, tras serle denegada la entrada por los vigilantes de seguridad. Dichos TCP, s carecían de la acreditación de AENA.»

4.Ryanair DAC argumenta que, ante las ausencias repentinas y no comunicadas de los trabajadores asignados a los servicios mínimos, tuvo que recurrir a personal de otras bases para operar vuelos protegidos. Se remite a los descriptores 155, 156 y 158 a 161.

El fracaso de los motivos de revisión fáctica casacional priva de toda virtualidad a estas alegaciones de la empresa. Los hechos probados de instancia revelan los citados actos de esquirolaje interno que vulneran el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores y la libertad sindical de los sindicatos que la promovieron.

DUODÉCIMO.- 1.La sentencia de instancia atribuye a Ryanair DAC el uso abusivo del poder empresarial. Reiterada doctrina constitucional y jurisprudencial sostiene que se vulnera el derecho fundamental a la huelga por la utilización abusiva del poder de dirección empresarial cuando se está ejerciendo aquel derecho [ STC 123/1992, de 28 de septiembre; 66/2002, de 21 de marzo; y 33/2011, de 28 de marzo; y STS 237/2016, de 18 de marzo (rec. 78/2015); 499/2021, de 6 de mayo (rcud 4975/2018); y 273/2023, de 13 de abril (rec. 217/2021)].

2.La sentencia recurrida ha atribuido credibilidad a las actas de la ITSS cuando afirman que el número de trabajadores de guardia aumentó exponencialmente durante las jornadas de huelga frente a los días de trabajo normal y que en algunas ocasiones se produjo un cambio de la propia operativa del Manual de Operaciones de la Compañía. En concreto, se reseñan los siguientes hechos:

a) Cambios del lugar de celebración de los briefings(sesiones informativas) previos al vuelo, para pasar necesariamente por la crewroom(sala de tripulación) donde se anotaba la presencia del TCP para poder acudir posteriormente al briefingen la aeronave.

b) En las jornadas de huelga llegaron a designarse hasta ocho TCP de guardia, cuando lo normal era la designación de un solo tripulante en periodos de no huelga.

c) Designación de una cifra anómala por exceso de tripulantes en servicio de guardia en el aeropuerto en lugar de prestar sus servicios habituales desde su domicilio, con el objeto de garantizar que dicho porcentaje del 100% de vuelos se encontraría siempre en disposición de volar. El motivo de la designación era facilitar la sustitución de personas trabajadoras huelguistas que pretendían ejercitar su derecho o ejercerlo ilícitamente. La empresa programó servicios excepcionales más gravosos para los trabajadores en servicio de guardia, con el objeto de agilizar la sustitución potencial de personas trabajadoras huelguistas, obteniendo una ventaja dirigida a minimizar los efectos de la huelga. La empresa también ha alterado el régimen habitual de presencia en el aeropuerto del supervisor/a, incrementándolo de uno/dos a todos los días.

3.Ryanair DAC niega la utilización abusiva del poder de dirección empresarial con apoyo en el dictamen pericial que aportó al juicio y en prueba documental obrante en las actuaciones.

El presente recurso extraordinario de casación debe resolverse sobre la base del relato histórico de instancia porque han fracasado los motivos de revisión fáctica. Las citadas afirmaciones fácticas revelan una actuación empresarial dirigida a minimizar los efectos de la huelga, neutralizando los efectos negativos que el ejercicio del derecho fundamental de los trabajadores pudiera producir. Por ello, de conformidad con el Ministerio Público, debemos concluir que Ryanair DAC llevó a cabo un uso abusivo del poder empresarial que vulneró los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.

DECIMOTERCERO.- 1.En el siguiente motivo del recurso, Ryanair DAC sostiene que la cuantía de la indemnización de daños morales es desorbitada, injusta y desproporcionada.

2.La doctrina jurisprudencial sostiene que, aunque «la fijación del importe de la indemnización por daños morales es misión del órgano de instancia, ello no obsta para que sea fiscalizable en vía de recurso extraordinario y que quepa su corrección o supresión cuando [...] se presente desorbitado, injusto, desproporcionado o irrazonable» [ STS 920/2016, de 2 noviembre (rec. 262/2015); 583/2021, de 27 mayo (rcud 151/2019); y 967/2023, de 14 de noviembre (rcud 1975/2021), entre otras].

3.La reciente STS 778/2025, de 16 de septiembre (rco 245/2023) sistematiza la doctrina jurisprudencial sobre la cuantificación de las indemnizaciones cuando se han vulnerado los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical:

a) Los arts. 179.3 y 183 de la LRJS diferencian los daños y perjuicios con una repercusión material o patrimonial directa y los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental. Cuando se trata de daños morales, al demandante se le exime de especificar las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización si resulta difícil su estimación detallada y al tribunal se le impone la obligación de pronunciarse «sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño» ( art. 183. 2 LRJS) .

b) Los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental, y al ser especialmente difícil su estimación detallada, deben flexibilizarse las exigencias normales para la determinación de la indemnización. El órgano judicial puede establecer prudencialmente la cuantía de la indemnización, sin que pueda exigirse al reclamante la aportación de bases más exactas y precisas para su determinación, en tanto que en esta materia no hay «parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste [...] [lo que] lleva, por una parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración [...] y, por otra parte, diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum indemnizatorio de la aplicación de parámetros objetivos, pues los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados no tienen directa o secuencialmente una traducción económica». De conformidad con la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera que la exigible identificación de circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

c) La utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de infracciones y sanciones del orden social (LISOS) para las infracciones producidas en el caso, ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006, de 24 de julio), a la par que considerado idóneo y razonable en precedentes decisiones de esta Sala. Con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS, no estamos haciendo una aplicación sistemática y directa de la misma, sino que nos ceñimos a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental. De esta forma, la más reciente doctrina de la Sala se ha alejado más del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente.

4.La sentencia recurrida condena a los demandados a indemnizar a USO-STA y SITCPLA en 93.757,5 euros a cada uno de los sindicatos. La Audiencia Nacional fundamenta esta condena en la gravedad de las conductas, el número de trabajadores afectados, la reiteración de las conductas vulneradoras de derechos fundamentales y la función preventiva. Ryanair DAC ya fue condenada por vulnerar los mismos derechos fundamentales en la citada STS 273/2023, de 13 de abril (rec. 217/2021), que desestimó el recurso de casación ordinario interpuesto contra la SAN 41/2021, de 17 de marzo (procedimiento 307/2020), que había declarado que Ryanair DAC, Crewlink y Workforce habían vulnerado los derechos de libertad sindical de los sindicatos demandantes y el derecho de huelga de los TCP que habían participado en la huelga de 2019.

5.El art. 8.10 de la LISOS considera infracción muy grave la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio, salvo en los casos justificados por el ordenamiento.

El art. 40.1.c) de la LISOS sanciona las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y empleo con multas en su grado mínimo de 7.501 a 30.000 euros, en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

La sentencia recurrida ha cuantificado la indemnización en una cantidad incluida dentro de las referidas multas en grado medio.

6.El relato histórico evidencia la gravedad de las conductas llevadas a cabo por Ryanair DAC, que cambió reiteradamente los vuelos protegidos, sin que pudiera corroborarse que el nuevo vuelo asignado formaba parte de los servicios mínimos, incluso en periodos de descanso de la tripulación o en periodo de vacación; incurrió en esquirolaje, empleando a trabajadores de otros países para sustituir a los huelguistas; y utilizó abusivamente el poder empresarial, cambiando la operativa de la compañía para minimizar los efectos de la huelga, lo que incluyó el aumento de los TCP de guardia y la disminución de las guardias en casa y en el aeropuerto.

En la mentada STS 273/2023, de 13 de abril (rec. 217/2021), confirmamos la sentencia de instancia, que había condenado a Ryanair SA a indemnizar a cada sindicato demandante, en concepto de daños morales, con la suma de 30.000 euros para cada uno de ellos.

La sentencia recurrida en este pleito argumenta que esas indemnizaciones no cumplieron su función preventiva porque esta misma compañía continúa realizando conductas vulneradoras de los mismos derechos fundamentales. Por ello, aumenta la indemnización a 93.757,5 euros para cada sindicato, de conformidad con los arts. 7.7 y 8 en relación con el art. 40 de la LISOS.

Habida cuenta de la gravedad de las conductas de Ryanair DAC, de conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que la cuantía de la indemnización por daños morales establecida por el órgano de instancia no puede considerarse desorbitada, injusta, desproporcionada, ni irrazonable, lo que obliga a desestimar su recurso de casación.

DECIMOCUARTO.- 1.La absolución de Crewlink y Workforce conlleva que la condena recae exclusivamente sobre Ryanair DAC:

a) La Audiencia Nacional condenó solidariamente a Ryanair DAC, Crewlink y Workforce a abonar un total de 187.515 euros (93.757,5 euros a cada uno de los sindicatos). Ello significa que los actores podían reclamar esa cantidad a cualquiera de los demandados (en las relaciones externas) pero el deudor solidario que paga al acreedor tiene una acción de regreso para reclamar de los codeudores la parte que les corresponda a estos soportar en el conjunto de la deuda ( art. 1145.2 del Código Civil) . La STS 575/2024, de 25 de abril (rcud 1515/2022) explica que la obligación solidaria frente al acreedor se transmuta en obligación mancomunada entre los codeudores, una vez producido el pago, en las relaciones internas. Cada uno de los obligados solidarios, que era deudor íntegro de la prestación, se convierte en deudor exclusivo de una parte de ella: en el ámbito interno la deuda sí se divide.

b) La estimación del recurso de casación ordinario de Crewlink y Workforce y la desestimación del recurso de Ryanair DAC supone que esta última empresa deberá abonar íntegramente la indemnización, sin posibilidad de repetir contra aquellas empresas. Pero ello no constituye una «reformatio in peius» (reforma a peor). La «reformatio in peius» prohíbe que un tribunal empeore la situación del recurrente al resolver su recurso. Esta Sala ha desestimado íntegramente el recurso de Ryanair DAC, sin empeorar su situación. La revocación de la responsabilidad solidaria es consecuencia de la estimación de los recursos de Crewlink y Workforce.

2.Los anteriores argumentos, oído el Ministerio Fiscal, obligan a estimar el recurso de casación ordinario interpuesto por Crewlink Ireland LTD y Workforce International Contractors LTD y desestimar el recurso de casación ordinario interpuesto por Ryanair DAC. Se casa y anula en parte la sentencia recurrida. Se absuelve a Crewlink Ireland LTD y Workforce International Contractors LTD y se mantiene la condena a Ryanair DAC.

Se condena a Ryanair DAC al pago de las costas de su recurso en la cantidad de 1.500 euros ( art. 235.1 de la LRJS) . Se acuerda la pérdida del depósito de Ryanair DAC y el mantenimiento de la consignación efectuada para recurrir. Se acuerda la devolución de los depósitos de Crewlink Ireland LTD y Workforce International Contractors LTD ( art. 217 de la LRJS) .