Sentencia Social 1256/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4282/2023 de 12 de diciembre del 2025

PRIMERO.- 1.-La cuestión debatida en el presente recurso de casación unificadora se centra -por haberlo considerado así de oficio- en determinar si la Sala de suplicación tiene competencia funcional para resolver el tema de fondo (si el tiempo de permanencia en ERTE-COVID computa como periodo cotizado a los efectos de futuras prestaciones contributivas de desempleo) cuando la cuantía reclamada no supera los 3000 euros.

2.-La trabajadora presentó demanda con objeto de que se declarara el derecho a ser beneficiaria de la prestación por desempleo por un periodo de 24 meses, desde el 16/05/2022 al 15/05/2024. Percibió las correspondientes prestaciones por suspensión del contrato de trabajo y la empresa procedió al despido colectivo, con efectos desde el 15/05/2022. Formulada reclamación administrativa previa, fue desestimada. Impugna la actora la resolución en lo relativo a los días de derecho reconocidos.

3.-La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 6 de junio de 2023, R. 620/2023, desestimó el recurso de suplicación al amparo del art. 191.2 g) de la ley Reguladora de la Jurisdicción Social por considerar que no procedía el recurso de suplicación al estar ante una reclamación cuya cuantía litigiosa no excede de 3.000 euros. En ese caso se planteó de oficio su falta de competencia funcional porque el importe de la pretensión debatida ascendía 1.830,3 euros, considerando además que tampoco concurría afectación general.

4.-Recurre el SEPE en casación para la unificación de la doctrina y cita como sentencia de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 23 de mayo de 2022, R. 321/2022, sin aludir en absoluto al problema de la recurribilidad o no de la sentencia de instancia, centrándose en exclusiva en la cuestión de fondo. En la sentencia del TSJ de Aragón no se resuelve nada sobre la competencia funcional y aborda directamente el debate de fondo por una diferencia de 60 días de prestación, concluyendo que el periodo en que se percibió la prestación por desempleo Covid no se computa como periodo de ocupación cotizada efectos del reconocimiento de un nuevo derecho a la prestación contributiva o asistencial.

5.-La trabajadora no se personó ni impugnó el recurso de casación unificadora. Previamente, en el Juzgado de lo Social, interpuso recurso de reposición contra la diligencia del LAJ por la que se admitió a trámite el recurso de suplicación del SEPE, al considerar que la sentencia de instancia no era recurrible por razón de la cuantía, que fue rechazado por Decreto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Por el Ministerio Fiscal se interesó la estimación del recurso de oficio pese a la inexistencia de contradicción, solicitando la anulación de la recurrida con devolución de los autos para que se dicte una nueva, o subsidiariamente la estimación del recurso del SEPE en cuanto al fondo.

SEGUNDO.- 1.-Antes de proceder al análisis del fondo del asunto es preciso comprobar la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, pues esa contraposición de pronunciamientos respecto de hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se configura como la llave para abrir el análisis propio de la unificación doctrinal, aunque como luego se verá, en este caso no es en absoluto determinante la existencia de contradicción por estar en juego la competencia funcional de la sala.

Como es sabido, el artículo 219 LRJS -en su redacción aplicable en este caso- exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción entre sentencias se erige así en un presupuesto clave para la admisión del recurso y para que se habilite el acceso al fondo del asunto. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras muchas, de 15 de diciembre de 2021, R. 3903/2020; 18 de enero de 2022, R. 4046/2019 y R. 4532/2019; 22 de febrero de 2022, R. 4864/2018; 16 de marzo de 2022, R. 2618/2019; 20 de abril de 2022, R. 3541/2020 y 26 de abril de 2022, R. 2890/2020).

Además, recuérdese que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (así, vgr. las sentencias de 1 de diciembre de 2021, R. 3569/2019; 15 de marzo de 2022, R. 1169/2019; 19 de abril de 2022, R. 259/2019 y 26 de abril de 2022, R. 1274/2020). Esta norma y la jurisprudencia perfilan la necesidad de que converja una igualdad "esencial", sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contrastadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada (entre otras muchas, SSTS 22/2022 de 12 de enero, R. 5079/2018; 47/2022 de 19 de enero - R. 2620/2019; 20 de enero de 2022, R. 4392/2018; 13 de enero de 2022, R. 39/2019 y 4 de abril de 2022, R. 355/2019).

2.-Ya hemos visto que el abogado del Estado invoca de contraste la STSJ 386/2022 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 23 de mayo (R. 321/2022). La demandante en este caso tuvo suspendido su contrato de trabajo por fuerza mayor COVID 19 desde el 15/03/2020 hasta el 31/01/2021 en que se extinguió por un despido objetivo. La actora solicitó la prestación por desempleo y el SPEE le reconoció la prestación de desempleo por 660 días, computando 2.069 días cotizados y por ello planteó demanda solicitando los 720 días de prestación. La sentencia de contraste que analizamos confirma la de instancia que desestimó la demanda en la consideración de que no podía computarse como periodo de ocupación cotizada el comprendido entre el 14/03/ 2020 y el 31/01/2021. Después de analizar el art. 25.1 b) RD Ley 8/2020 y 8.7 del RD Ley 30/2020, la Sala afirma que el periodo en que la actora percibió la prestación de desempleo no puede considerarse como de ocupación cotizada a efectos del reconocimiento de un nuevo derecho, porque ninguna previsión hay al respecto en dichas normas que sólo se refieren a "no computar el tiempo en que se perciba la prestación, por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos", y ello -dice la sentencia- sin perjuicio de la retroacción efectuada por el SPEE del periodo comprendido entre el 14/03/2020 y el 30/09/2020, no prevista legalmente.

3.-Es fácil concluir que entre las sentencias comparadas no se da la contradicción exigible, dado que en la recurrida no se entra al fondo del asunto, y por ello ninguna doctrina se contiene sobre el cómputo de los periodos de desempleo Covid para la generación de una nueva prestación, ya que se limitó a desestimar el recurso por considerar irrecurible la sentencia de instancia.

Sin embargo, y como hemos dicho en muchas ocasiones, la recurribilidad o no de las sentencias de instancia compromete la propia competencia de esta Sala, y estando así ante una cuestión procesal de orden público, debemos analizar dicha competencia al margen de la existencia o no de contradicción con la sentencia de contraste, para analizar si el asunto discutido era o no recurrible, y por ende, si lo era debió tener acceso a la suplicación y posteriormente a la unificación de doctrina (por todas, las STS 1070/2020 de 2 de diciembre -rcud. 1256/2018, y 204/2025 de 25 de marzo - rcud 2496/2023, esta segunda recaída en un caso de especial vinculación con el presente por coincidir la cuestión debatida en cuanto al fondo del asunto). En el presente asunto la apreciación de oficio por esta Sala no es sorpresiva para las partes, puesto que la parte recurrida fue la que primero invocó la irrecurribilidad como se ha visto en los antecedentes de esta resolución y en el FD anterior, cuando impugnó la admisión a trámite del recurso del SEPE en el TSJ, y la propia sentencia del TSJ apreció de oficio la irrecuribilidad de la sentencia.

4.-Sentado lo anterior, y visto que la cuantía de lo reclamado en el presente caso por prestación de desempleo no alcanza los 3000 euros, hemos de reiterar aquí la doctrina contenida en nuestras sentencias ya mencionadas. En ellas resaltamos que «No siendo posible el recurso de suplicación por la cuantía, cobra máxima importancia la previsión del art. 191.3.b) LRJS, que abre las puertas a la suplicación cuando la cuestión afecte a un gran número de trabajadores siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes. La norma, a su vez, hay que interpretarla tal y como nuestra reiterada doctrina viene manifestando. Dos sentencias de 3 octubre 2003 (rcud 1011/2003 y 1422/2003), dictadas por el Pleno, albergan los criterios que desde entonces venimos aplicando:

a) La exigencia de que "la cuestión debatida afecte a todos o un gran número de beneficiarios", contiene un concepto jurídico indeterminado, que sobre un sustrato fáctico sometido a las reglas generales de la prueba, requiere una valoración jurídica acerca de su concurrencia en cada caso concreto;

b) la apreciación de la afectación general depende de la existencia efectiva de litigiosidad en masa y también de las "características intrínsecas" de la cuestión objeto de debate, lo que supone la existencia de una situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de los trabajadores frente a su empresa, siempre que ésta tenga una plantilla suficientemente extensa y tales derechos alcancen "a todos o a un gran número" de sus trabajadores;

c) la triple distinción que establece el art. 189.1.b LPL pone de manifiesto que la alegación y prueba de la afectación múltiple, no es necesaria cuando se trate de "hechos notorios", ni cuando el asunto "posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes";

d) fuera de estos supuestos, la afectación general requiera que haya sido alegada y probada en juicio".»

5.-Atendido lo expuesto, es patente que en el supuesto enjuiciado la afectación general de la cuestión litigiosa se constata sin duda con la existencia de numerosos litigios sobre esta misma materia planteados en idénticos términos, y que versan todos ellos sobre si el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo por un ERTE- Covid debe computarse como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo.

Resulta notoria la afectación general de la cuestión debatida por los diferentes y muy numerosos recursos de casación unificadora planteados ante este Tribunal en los que se ejercita esa misma pretensión, así como las numerosas sentencias que ya hemos dictado sobre idéntica materia, en las que hemos entrado a resolver sobre el fondo del asunto. Sirvan como ejemplo las STS Pleno 980/2023, de 16 noviembre (rcud 5326/2022), seguida por otras muchas, entre otras, las siguientes: SSTS 378/2024, de 23 febrero (rcud 5659/2022); 380/2024, de 23 febrero (rcud 606/2023); 213/2024, de 30 enero (rcud 5531/2022); 214/2024, de 30 enero ( rcud 5751/2022);380/2024, de 23 febrero (rcud 606/2023); 873/2024 de 5 junio (rcud. 5315/2022); 1089/2024, de 11 de septiembre (rcud 3737/2023); 1092/2024 de 11 septiembre (rcud. 4421/2023) y 208/2025 de 25 de marzo (rcud. 3757/2023).

TERCERO.- 1.-En consecuencia, procede acoger de oficio la concurrencia de competencia funcional de la sala de suplicación, declarando que el Tribunal Superior de Justicia tenía dicha competencia para conocer del recurso de suplicación interpuesto.

2.-Todo ello nos lleva, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, y como ya hemos resuelto en otros casos (la ya citada STS 204/2025 de 25 de marzo - rcud 2496/2023), a declarar la competencia funcional de la Sala de suplicación para conocer de la cuestión de fondo planteada y la nulidad de la sentencia impugnada, con devolución de los autos a dicho órgano judicial para que con libertad de criterio se pronuncie sobre la cuestión de fondo. Sin hacer pronunciamiento alguno sobre las costas.

PRIMERO.- 1.-La cuestión debatida en el presente recurso de casación unificadora se centra -por haberlo considerado así de oficio- en determinar si la Sala de suplicación tiene competencia funcional para resolver el tema de fondo (si el tiempo de permanencia en ERTE-COVID computa como periodo cotizado a los efectos de futuras prestaciones contributivas de desempleo) cuando la cuantía reclamada no supera los 3000 euros.

2.-La trabajadora presentó demanda con objeto de que se declarara el derecho a ser beneficiaria de la prestación por desempleo por un periodo de 24 meses, desde el 16/05/2022 al 15/05/2024. Percibió las correspondientes prestaciones por suspensión del contrato de trabajo y la empresa procedió al despido colectivo, con efectos desde el 15/05/2022. Formulada reclamación administrativa previa, fue desestimada. Impugna la actora la resolución en lo relativo a los días de derecho reconocidos.

3.-La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 6 de junio de 2023, R. 620/2023, desestimó el recurso de suplicación al amparo del art. 191.2 g) de la ley Reguladora de la Jurisdicción Social por considerar que no procedía el recurso de suplicación al estar ante una reclamación cuya cuantía litigiosa no excede de 3.000 euros. En ese caso se planteó de oficio su falta de competencia funcional porque el importe de la pretensión debatida ascendía 1.830,3 euros, considerando además que tampoco concurría afectación general.

4.-Recurre el SEPE en casación para la unificación de la doctrina y cita como sentencia de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 23 de mayo de 2022, R. 321/2022, sin aludir en absoluto al problema de la recurribilidad o no de la sentencia de instancia, centrándose en exclusiva en la cuestión de fondo. En la sentencia del TSJ de Aragón no se resuelve nada sobre la competencia funcional y aborda directamente el debate de fondo por una diferencia de 60 días de prestación, concluyendo que el periodo en que se percibió la prestación por desempleo Covid no se computa como periodo de ocupación cotizada efectos del reconocimiento de un nuevo derecho a la prestación contributiva o asistencial.

5.-La trabajadora no se personó ni impugnó el recurso de casación unificadora. Previamente, en el Juzgado de lo Social, interpuso recurso de reposición contra la diligencia del LAJ por la que se admitió a trámite el recurso de suplicación del SEPE, al considerar que la sentencia de instancia no era recurrible por razón de la cuantía, que fue rechazado por Decreto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Por el Ministerio Fiscal se interesó la estimación del recurso de oficio pese a la inexistencia de contradicción, solicitando la anulación de la recurrida con devolución de los autos para que se dicte una nueva, o subsidiariamente la estimación del recurso del SEPE en cuanto al fondo.

SEGUNDO.- 1.-Antes de proceder al análisis del fondo del asunto es preciso comprobar la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, pues esa contraposición de pronunciamientos respecto de hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se configura como la llave para abrir el análisis propio de la unificación doctrinal, aunque como luego se verá, en este caso no es en absoluto determinante la existencia de contradicción por estar en juego la competencia funcional de la sala.

Como es sabido, el artículo 219 LRJS -en su redacción aplicable en este caso- exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción entre sentencias se erige así en un presupuesto clave para la admisión del recurso y para que se habilite el acceso al fondo del asunto. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras muchas, de 15 de diciembre de 2021, R. 3903/2020; 18 de enero de 2022, R. 4046/2019 y R. 4532/2019; 22 de febrero de 2022, R. 4864/2018; 16 de marzo de 2022, R. 2618/2019; 20 de abril de 2022, R. 3541/2020 y 26 de abril de 2022, R. 2890/2020).

Además, recuérdese que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (así, vgr. las sentencias de 1 de diciembre de 2021, R. 3569/2019; 15 de marzo de 2022, R. 1169/2019; 19 de abril de 2022, R. 259/2019 y 26 de abril de 2022, R. 1274/2020). Esta norma y la jurisprudencia perfilan la necesidad de que converja una igualdad "esencial", sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contrastadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada (entre otras muchas, SSTS 22/2022 de 12 de enero, R. 5079/2018; 47/2022 de 19 de enero - R. 2620/2019; 20 de enero de 2022, R. 4392/2018; 13 de enero de 2022, R. 39/2019 y 4 de abril de 2022, R. 355/2019).

2.-Ya hemos visto que el abogado del Estado invoca de contraste la STSJ 386/2022 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 23 de mayo (R. 321/2022). La demandante en este caso tuvo suspendido su contrato de trabajo por fuerza mayor COVID 19 desde el 15/03/2020 hasta el 31/01/2021 en que se extinguió por un despido objetivo. La actora solicitó la prestación por desempleo y el SPEE le reconoció la prestación de desempleo por 660 días, computando 2.069 días cotizados y por ello planteó demanda solicitando los 720 días de prestación. La sentencia de contraste que analizamos confirma la de instancia que desestimó la demanda en la consideración de que no podía computarse como periodo de ocupación cotizada el comprendido entre el 14/03/ 2020 y el 31/01/2021. Después de analizar el art. 25.1 b) RD Ley 8/2020 y 8.7 del RD Ley 30/2020, la Sala afirma que el periodo en que la actora percibió la prestación de desempleo no puede considerarse como de ocupación cotizada a efectos del reconocimiento de un nuevo derecho, porque ninguna previsión hay al respecto en dichas normas que sólo se refieren a "no computar el tiempo en que se perciba la prestación, por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos", y ello -dice la sentencia- sin perjuicio de la retroacción efectuada por el SPEE del periodo comprendido entre el 14/03/2020 y el 30/09/2020, no prevista legalmente.

3.-Es fácil concluir que entre las sentencias comparadas no se da la contradicción exigible, dado que en la recurrida no se entra al fondo del asunto, y por ello ninguna doctrina se contiene sobre el cómputo de los periodos de desempleo Covid para la generación de una nueva prestación, ya que se limitó a desestimar el recurso por considerar irrecurible la sentencia de instancia.

Sin embargo, y como hemos dicho en muchas ocasiones, la recurribilidad o no de las sentencias de instancia compromete la propia competencia de esta Sala, y estando así ante una cuestión procesal de orden público, debemos analizar dicha competencia al margen de la existencia o no de contradicción con la sentencia de contraste, para analizar si el asunto discutido era o no recurrible, y por ende, si lo era debió tener acceso a la suplicación y posteriormente a la unificación de doctrina (por todas, las STS 1070/2020 de 2 de diciembre -rcud. 1256/2018, y 204/2025 de 25 de marzo - rcud 2496/2023, esta segunda recaída en un caso de especial vinculación con el presente por coincidir la cuestión debatida en cuanto al fondo del asunto). En el presente asunto la apreciación de oficio por esta Sala no es sorpresiva para las partes, puesto que la parte recurrida fue la que primero invocó la irrecurribilidad como se ha visto en los antecedentes de esta resolución y en el FD anterior, cuando impugnó la admisión a trámite del recurso del SEPE en el TSJ, y la propia sentencia del TSJ apreció de oficio la irrecuribilidad de la sentencia.

4.-Sentado lo anterior, y visto que la cuantía de lo reclamado en el presente caso por prestación de desempleo no alcanza los 3000 euros, hemos de reiterar aquí la doctrina contenida en nuestras sentencias ya mencionadas. En ellas resaltamos que «No siendo posible el recurso de suplicación por la cuantía, cobra máxima importancia la previsión del art. 191.3.b) LRJS, que abre las puertas a la suplicación cuando la cuestión afecte a un gran número de trabajadores siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes. La norma, a su vez, hay que interpretarla tal y como nuestra reiterada doctrina viene manifestando. Dos sentencias de 3 octubre 2003 (rcud 1011/2003 y 1422/2003), dictadas por el Pleno, albergan los criterios que desde entonces venimos aplicando:

a) La exigencia de que "la cuestión debatida afecte a todos o un gran número de beneficiarios", contiene un concepto jurídico indeterminado, que sobre un sustrato fáctico sometido a las reglas generales de la prueba, requiere una valoración jurídica acerca de su concurrencia en cada caso concreto;

b) la apreciación de la afectación general depende de la existencia efectiva de litigiosidad en masa y también de las "características intrínsecas" de la cuestión objeto de debate, lo que supone la existencia de una situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de los trabajadores frente a su empresa, siempre que ésta tenga una plantilla suficientemente extensa y tales derechos alcancen "a todos o a un gran número" de sus trabajadores;

c) la triple distinción que establece el art. 189.1.b LPL pone de manifiesto que la alegación y prueba de la afectación múltiple, no es necesaria cuando se trate de "hechos notorios", ni cuando el asunto "posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes";

d) fuera de estos supuestos, la afectación general requiera que haya sido alegada y probada en juicio".»

5.-Atendido lo expuesto, es patente que en el supuesto enjuiciado la afectación general de la cuestión litigiosa se constata sin duda con la existencia de numerosos litigios sobre esta misma materia planteados en idénticos términos, y que versan todos ellos sobre si el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo por un ERTE- Covid debe computarse como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo.

Resulta notoria la afectación general de la cuestión debatida por los diferentes y muy numerosos recursos de casación unificadora planteados ante este Tribunal en los que se ejercita esa misma pretensión, así como las numerosas sentencias que ya hemos dictado sobre idéntica materia, en las que hemos entrado a resolver sobre el fondo del asunto. Sirvan como ejemplo las STS Pleno 980/2023, de 16 noviembre (rcud 5326/2022), seguida por otras muchas, entre otras, las siguientes: SSTS 378/2024, de 23 febrero (rcud 5659/2022); 380/2024, de 23 febrero (rcud 606/2023); 213/2024, de 30 enero (rcud 5531/2022); 214/2024, de 30 enero ( rcud 5751/2022);380/2024, de 23 febrero (rcud 606/2023); 873/2024 de 5 junio (rcud. 5315/2022); 1089/2024, de 11 de septiembre (rcud 3737/2023); 1092/2024 de 11 septiembre (rcud. 4421/2023) y 208/2025 de 25 de marzo (rcud. 3757/2023).

TERCERO.- 1.-En consecuencia, procede acoger de oficio la concurrencia de competencia funcional de la sala de suplicación, declarando que el Tribunal Superior de Justicia tenía dicha competencia para conocer del recurso de suplicación interpuesto.

2.-Todo ello nos lleva, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, y como ya hemos resuelto en otros casos (la ya citada STS 204/2025 de 25 de marzo - rcud 2496/2023), a declarar la competencia funcional de la Sala de suplicación para conocer de la cuestión de fondo planteada y la nulidad de la sentencia impugnada, con devolución de los autos a dicho órgano judicial para que con libertad de criterio se pronuncie sobre la cuestión de fondo. Sin hacer pronunciamiento alguno sobre las costas.

PRIMERO.- 1.-La cuestión debatida en el presente recurso de casación unificadora se centra -por haberlo considerado así de oficio- en determinar si la Sala de suplicación tiene competencia funcional para resolver el tema de fondo (si el tiempo de permanencia en ERTE-COVID computa como periodo cotizado a los efectos de futuras prestaciones contributivas de desempleo) cuando la cuantía reclamada no supera los 3000 euros.

2.-La trabajadora presentó demanda con objeto de que se declarara el derecho a ser beneficiaria de la prestación por desempleo por un periodo de 24 meses, desde el 16/05/2022 al 15/05/2024. Percibió las correspondientes prestaciones por suspensión del contrato de trabajo y la empresa procedió al despido colectivo, con efectos desde el 15/05/2022. Formulada reclamación administrativa previa, fue desestimada. Impugna la actora la resolución en lo relativo a los días de derecho reconocidos.

3.-La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 6 de junio de 2023, R. 620/2023, desestimó el recurso de suplicación al amparo del art. 191.2 g) de la ley Reguladora de la Jurisdicción Social por considerar que no procedía el recurso de suplicación al estar ante una reclamación cuya cuantía litigiosa no excede de 3.000 euros. En ese caso se planteó de oficio su falta de competencia funcional porque el importe de la pretensión debatida ascendía 1.830,3 euros, considerando además que tampoco concurría afectación general.

4.-Recurre el SEPE en casación para la unificación de la doctrina y cita como sentencia de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 23 de mayo de 2022, R. 321/2022, sin aludir en absoluto al problema de la recurribilidad o no de la sentencia de instancia, centrándose en exclusiva en la cuestión de fondo. En la sentencia del TSJ de Aragón no se resuelve nada sobre la competencia funcional y aborda directamente el debate de fondo por una diferencia de 60 días de prestación, concluyendo que el periodo en que se percibió la prestación por desempleo Covid no se computa como periodo de ocupación cotizada efectos del reconocimiento de un nuevo derecho a la prestación contributiva o asistencial.

5.-La trabajadora no se personó ni impugnó el recurso de casación unificadora. Previamente, en el Juzgado de lo Social, interpuso recurso de reposición contra la diligencia del LAJ por la que se admitió a trámite el recurso de suplicación del SEPE, al considerar que la sentencia de instancia no era recurrible por razón de la cuantía, que fue rechazado por Decreto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Por el Ministerio Fiscal se interesó la estimación del recurso de oficio pese a la inexistencia de contradicción, solicitando la anulación de la recurrida con devolución de los autos para que se dicte una nueva, o subsidiariamente la estimación del recurso del SEPE en cuanto al fondo.

SEGUNDO.- 1.-Antes de proceder al análisis del fondo del asunto es preciso comprobar la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, pues esa contraposición de pronunciamientos respecto de hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se configura como la llave para abrir el análisis propio de la unificación doctrinal, aunque como luego se verá, en este caso no es en absoluto determinante la existencia de contradicción por estar en juego la competencia funcional de la sala.

Como es sabido, el artículo 219 LRJS -en su redacción aplicable en este caso- exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción entre sentencias se erige así en un presupuesto clave para la admisión del recurso y para que se habilite el acceso al fondo del asunto. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras muchas, de 15 de diciembre de 2021, R. 3903/2020; 18 de enero de 2022, R. 4046/2019 y R. 4532/2019; 22 de febrero de 2022, R. 4864/2018; 16 de marzo de 2022, R. 2618/2019; 20 de abril de 2022, R. 3541/2020 y 26 de abril de 2022, R. 2890/2020).

Además, recuérdese que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (así, vgr. las sentencias de 1 de diciembre de 2021, R. 3569/2019; 15 de marzo de 2022, R. 1169/2019; 19 de abril de 2022, R. 259/2019 y 26 de abril de 2022, R. 1274/2020). Esta norma y la jurisprudencia perfilan la necesidad de que converja una igualdad "esencial", sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contrastadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada (entre otras muchas, SSTS 22/2022 de 12 de enero, R. 5079/2018; 47/2022 de 19 de enero - R. 2620/2019; 20 de enero de 2022, R. 4392/2018; 13 de enero de 2022, R. 39/2019 y 4 de abril de 2022, R. 355/2019).

2.-Ya hemos visto que el abogado del Estado invoca de contraste la STSJ 386/2022 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 23 de mayo (R. 321/2022). La demandante en este caso tuvo suspendido su contrato de trabajo por fuerza mayor COVID 19 desde el 15/03/2020 hasta el 31/01/2021 en que se extinguió por un despido objetivo. La actora solicitó la prestación por desempleo y el SPEE le reconoció la prestación de desempleo por 660 días, computando 2.069 días cotizados y por ello planteó demanda solicitando los 720 días de prestación. La sentencia de contraste que analizamos confirma la de instancia que desestimó la demanda en la consideración de que no podía computarse como periodo de ocupación cotizada el comprendido entre el 14/03/ 2020 y el 31/01/2021. Después de analizar el art. 25.1 b) RD Ley 8/2020 y 8.7 del RD Ley 30/2020, la Sala afirma que el periodo en que la actora percibió la prestación de desempleo no puede considerarse como de ocupación cotizada a efectos del reconocimiento de un nuevo derecho, porque ninguna previsión hay al respecto en dichas normas que sólo se refieren a "no computar el tiempo en que se perciba la prestación, por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos", y ello -dice la sentencia- sin perjuicio de la retroacción efectuada por el SPEE del periodo comprendido entre el 14/03/2020 y el 30/09/2020, no prevista legalmente.

3.-Es fácil concluir que entre las sentencias comparadas no se da la contradicción exigible, dado que en la recurrida no se entra al fondo del asunto, y por ello ninguna doctrina se contiene sobre el cómputo de los periodos de desempleo Covid para la generación de una nueva prestación, ya que se limitó a desestimar el recurso por considerar irrecurible la sentencia de instancia.

Sin embargo, y como hemos dicho en muchas ocasiones, la recurribilidad o no de las sentencias de instancia compromete la propia competencia de esta Sala, y estando así ante una cuestión procesal de orden público, debemos analizar dicha competencia al margen de la existencia o no de contradicción con la sentencia de contraste, para analizar si el asunto discutido era o no recurrible, y por ende, si lo era debió tener acceso a la suplicación y posteriormente a la unificación de doctrina (por todas, las STS 1070/2020 de 2 de diciembre -rcud. 1256/2018, y 204/2025 de 25 de marzo - rcud 2496/2023, esta segunda recaída en un caso de especial vinculación con el presente por coincidir la cuestión debatida en cuanto al fondo del asunto). En el presente asunto la apreciación de oficio por esta Sala no es sorpresiva para las partes, puesto que la parte recurrida fue la que primero invocó la irrecurribilidad como se ha visto en los antecedentes de esta resolución y en el FD anterior, cuando impugnó la admisión a trámite del recurso del SEPE en el TSJ, y la propia sentencia del TSJ apreció de oficio la irrecuribilidad de la sentencia.

4.-Sentado lo anterior, y visto que la cuantía de lo reclamado en el presente caso por prestación de desempleo no alcanza los 3000 euros, hemos de reiterar aquí la doctrina contenida en nuestras sentencias ya mencionadas. En ellas resaltamos que «No siendo posible el recurso de suplicación por la cuantía, cobra máxima importancia la previsión del art. 191.3.b) LRJS, que abre las puertas a la suplicación cuando la cuestión afecte a un gran número de trabajadores siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes. La norma, a su vez, hay que interpretarla tal y como nuestra reiterada doctrina viene manifestando. Dos sentencias de 3 octubre 2003 (rcud 1011/2003 y 1422/2003), dictadas por el Pleno, albergan los criterios que desde entonces venimos aplicando:

a) La exigencia de que "la cuestión debatida afecte a todos o un gran número de beneficiarios", contiene un concepto jurídico indeterminado, que sobre un sustrato fáctico sometido a las reglas generales de la prueba, requiere una valoración jurídica acerca de su concurrencia en cada caso concreto;

b) la apreciación de la afectación general depende de la existencia efectiva de litigiosidad en masa y también de las "características intrínsecas" de la cuestión objeto de debate, lo que supone la existencia de una situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de los trabajadores frente a su empresa, siempre que ésta tenga una plantilla suficientemente extensa y tales derechos alcancen "a todos o a un gran número" de sus trabajadores;

c) la triple distinción que establece el art. 189.1.b LPL pone de manifiesto que la alegación y prueba de la afectación múltiple, no es necesaria cuando se trate de "hechos notorios", ni cuando el asunto "posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes";

d) fuera de estos supuestos, la afectación general requiera que haya sido alegada y probada en juicio".»

5.-Atendido lo expuesto, es patente que en el supuesto enjuiciado la afectación general de la cuestión litigiosa se constata sin duda con la existencia de numerosos litigios sobre esta misma materia planteados en idénticos términos, y que versan todos ellos sobre si el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo por un ERTE- Covid debe computarse como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo.

Resulta notoria la afectación general de la cuestión debatida por los diferentes y muy numerosos recursos de casación unificadora planteados ante este Tribunal en los que se ejercita esa misma pretensión, así como las numerosas sentencias que ya hemos dictado sobre idéntica materia, en las que hemos entrado a resolver sobre el fondo del asunto. Sirvan como ejemplo las STS Pleno 980/2023, de 16 noviembre (rcud 5326/2022), seguida por otras muchas, entre otras, las siguientes: SSTS 378/2024, de 23 febrero (rcud 5659/2022); 380/2024, de 23 febrero (rcud 606/2023); 213/2024, de 30 enero (rcud 5531/2022); 214/2024, de 30 enero ( rcud 5751/2022);380/2024, de 23 febrero (rcud 606/2023); 873/2024 de 5 junio (rcud. 5315/2022); 1089/2024, de 11 de septiembre (rcud 3737/2023); 1092/2024 de 11 septiembre (rcud. 4421/2023) y 208/2025 de 25 de marzo (rcud. 3757/2023).

TERCERO.- 1.-En consecuencia, procede acoger de oficio la concurrencia de competencia funcional de la sala de suplicación, declarando que el Tribunal Superior de Justicia tenía dicha competencia para conocer del recurso de suplicación interpuesto.

2.-Todo ello nos lleva, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, y como ya hemos resuelto en otros casos (la ya citada STS 204/2025 de 25 de marzo - rcud 2496/2023), a declarar la competencia funcional de la Sala de suplicación para conocer de la cuestión de fondo planteada y la nulidad de la sentencia impugnada, con devolución de los autos a dicho órgano judicial para que con libertad de criterio se pronuncie sobre la cuestión de fondo. Sin hacer pronunciamiento alguno sobre las costas.