Sentencia Social 193/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 397/2023 de 12 de marzo del 2025

PRIMERO.- 1.El debate litigioso radica en dilucidar la naturaleza laboral o no de las relaciones entre varios traductores e intérpretes que desarrollan su función en oficinas judiciales y policiales y la empresa que los había contratado, la cual tiene un contrato de prestación de dichos servicios con las Administraciones públicas.

2.La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social desestimó la demanda de procedimiento de oficio interpuesta por la TGSS en la que solicitaba que se declarase la existencia de relaciones laborales entre esos traductores y Ofilingua SL.

La demandante recurrió en suplicación. La sentencia recurrida, dictada por el TSJ del País Vasco en fecha 25 de octubre de 2022, recurso 826/2022, desestimó el recurso. El TSJ argumenta que los hechos enjuiciados son sustancialmente iguales a los que fueron examinados en sus sentencias de 10 de diciembre de 2019, recurso 1981/2019 y 20 de octubre de 2020, recurso 1135/2020. El TSJ reitera la doctrina sentada en su sentencia de 10 de diciembre de 2019, recurso 1981/2019: los intérpretes no estaban obligados a prestar servicios cuando eran requeridos sin que se derivase consecuencia negativa, la empresa no aportaba medio material ni estructura a disposición de los traductores, no dirigía instrucción o recomendación para la prestación del servicio, los traductores cobraban emitiendo facturas, percibían retribución variable conforme a la duración del servicio que la empresa les requería y ellos aceptaban y no resultaba acreditado sometimiento organizativo de la empresa (horario, descansos, permisos y vacaciones). El TSJ concluye que no concurrían las características exigidas por el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) para calificar la relación como laboral.

3.La parte demandante interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción de los arts. 1.1 y 8.1 del ET en relación con los arts. 7.a) y 136.2.a) de la Ley General de la Seguridad Social. Sostiene que concurren los requisitos definitorios del contrato de trabajo.

4.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no concurre el requisito de contradicción.

Ofilingua SL presentó escrito de impugnación del recurso de casación unificadora en el que alega la falta de contenido casacional, la desestimación en el fondo de otros recursos en supuestos sustancialmente iguales y la falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste. Finalmente, solicita la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) , en relación con la sentencia de contraste, dictada por el TS 902/2017, de 16 de noviembre (rcud 2806/2015).

El presupuesto procesal de contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En la sentencia recurrida, los hechos relevantes son los siguientes:

a) La empresa Ofilingua SL era adjudicataria del servicio de traducción e interpretación en los órganos judiciales adscritos a la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco, así como de la asistencia presencial en Comisarías de la Ertzaintza y del Cuerpo Nacional de Policía.

b) Los traductores se comprometían a prestar sus servicios para Ofilingua SL cuando esta contactaba con ellos y se lo encomendaba, indicándoles el Juzgado o Comisaria que requería el servicio, el día y la hora a la que debían acudir.

c) Los traductores eran libres para aceptar o rechazar el servicio, sin necesidad de justificar su negativa, porque la empresa seguía contando con ellos. Si los traductores rechazaban el servicio, la empresa llamaba a otra persona para cubrirlo. Algunos indicaban que nos les llamaran para prestar el servicio.

d) Al término del servicio, en las dependencias policiales o judiciales se expedía el certificado sobre la hora de inicio y finalización de la intervención, que se adjuntaba a la factura que se remitía por el traductor a Ofilingua SL, que se comprometía, a su vez, a abonar en un plazo no superior a 90 días, según tarifa variable para cada servicio concreto. El precio se abonaba por hora de servicio.

e) Los traductores no observaban un horario predeterminado. Acudían a la Comisaria o Juzgado el día y la hora que se les indicaba por parte de la empresa Ofilingua SL. Usaban sus propios medios para ir a esas dependencias.

f) La empresa no daba criterios ni instrucciones con relación al trabajo. Los traductores realizaban el trabajo desde sus domicilios en algunas ocasiones.

g) Los traductores no tenían pacto de exclusividad con la empresa.

3.En el presente recurso de casación unificadora concurren las siguientes circunstancias:

a) La sentencia recurrida reitera la doctrina establecida en una sentencia anterior dictada por el mismo TSJ del País Vasco con el número 2258/2019, de 10 de diciembre de 2019 (recurso 1981/2019).

b) La sentencia de contraste es la dictada por el TS 902/2017, de 16 de noviembre (rcud 2806/2015). En ella consta que la sentencia recurrida era la dictada por el TSJ de Andalucía con sede Sevilla de fecha 18 de diciembre de 2014, recurso 3049/2013, que había resuelto el recurso el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Huelva dictada el 30 de enero de 2012, en los autos 834/2012, iniciados en virtud de demanda presentada por un trabajador contra Ofilingua SL sobre despido.

Se trata de una errata en el número del recurso de la sentencia recurrida. La citada sentencia del TS 902/2017, de 16 de noviembre (rcud 2806/2015) resolvió el recurso contra la sentencia del TSJ de Andalucía con sede de Sevilla 3412/2014, de 18 de diciembre (recurso 834/2012).

4.La sentencia del TS 239/2023, de 29 de marzo (rcud 802/2020) examinó un recurso semejante al de autos:

a) La sentencia recurrida era la mentada sentencia del TSJ del País Vasco 2258/2019, de 10 de diciembre de 2019 (recurso 1981/2019). Hemos explicado que se trata de la sentencia invocada como precedente en la sentencia recurrida en este pleito que, al enjuiciar hechos muy parecidos, reproduce su doctrina.

b) La sentencia de contraste era «la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede de Sevilla- de 18 de diciembre de 2014 (rec. 3049/13), referida a la misma mercantil y que fue confirmada por la sentencia de esta Sala 902/2017, de 16 de noviembre de 2017 (rcud 2806/15)».

Se trata de una errata en el número de la sentencia del TSJ de Andalucía. La sentencia referencial era la mencionada sentencia del TSJ de Andalucía con sede de Sevilla 3412/2014, de 18 de diciembre (recurso 834/2012), que fue confirmada por la sentencia de esta Sala 902/2017, de 16 de noviembre de 2017 (rcud 2806/15). Esta última es la resolución judicial invocada como sentencia de contraste en este recurso.

5.En resumen, la sentencia recurrida en este recurso de casación unificadora reproduce la doctrina de suplicación establecida en otra sentencia anterior del mismo TSJ del País Vasco, que había sido recurrida en casación y el recurso fue resuelto por la mencionada sentencia del TS 239/2023.

En esa sentencia del TS 239/2023 se invocó como sentencia de contraste la sentencia del TSJ de Andalucía con sede en Sevilla que fue confirmada por la sentencia del TS invocada como referencial en el presente recurso.

TERCERO.- 1.La citada sentencia del TS 239/2023 examina la concurrencia del requisito de contradicción respecto de una sentencia recurrida y una sentencia de contraste que son distintas de las invocadas en el presente recurso. Pero los hechos, fundamentos y pronunciamientos de esas sentencias recurrida y referencial son virtualmente idénticos a los de las sentencias de este recurso de casación unificadora porque la sentencia recurrida en este pleito reproduce una doctrina anterior del mismo TSJ del País Vasco (cuyo recurso de casación unificadora resolvió la sentencia del TS 239/2023) y se invoca como sentencia de contraste una sentencia del TS que confirmó la sentencia que se invocó como referencial en el recurso resuelto por la mentada sentencia del TS 239/2023.

Por ello, ante la similitud de ambos recursos de casación para la unificación de doctrina, unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley nos obligan a reiterar el pronunciamiento vertido en la mencionada sentencia del TS 239/2023, de 29 de marzo (rcud 802/2020).

2.En la referida sentencia del TS 239/2023 argumentamos que, en la sentencia de contraste, el demandante y la empresa habían suscrito un acuerdo de colaboración y confidencialidad en el que, tras manifestar que el actor se había puesto en contacto con la mercantil ofreciendo sus servicios como traductor e intérprete, se acordaba que el demandante colaboraría en la prestación de servicios de traducción escrita e interpretación para entidades públicas o privadas, actuando por cuenta propia, presentando factura por sus servicios, cada mes vencido, adjuntando los certificados correspondientes, fijándose los honorarios por cada hora de intervención.

El demandante había actuado como intérprete y/o traductor, constando en alta como RETA. Percibió la prestación por desempleo. La Policía, Guardia Civil o Juzgados, cuando necesitaba intérpretes, lo pedía a la empresa, la cual contactaba con el actor para que realizara la actividad y en alguna ocasión que no pudo ir, le sustituyó su esposa o su hermano, presentando el actor las oportunas certificaciones, donde se hacía constar la fecha, hora de inicio y finalización, idioma empleado, órgano que precisó los servicios y número de procedimiento, con la factura del mes correspondiente, pagándole mediante transferencia bancaria, en el plazo de treinta días. El traductor decidía si acudía o no a desarrollar los servicios, y en caso negativo la empresa contactaba con otro traductor. En caso afirmativo acudía con sus propios medios.

La sentencia consideró que concurría la ajenidad del trabajo, retribución, y dependencia a pesar de que la sujeción a la dirección de la empresa y el carácter personal de la prestación aparecían disimulados por la libertad de horario y la sustitución esporádica en la prestación de los servicios por familiares, pues las instrucciones y dirección de la empresa aparecían en los propios términos del contrato.

3.La sentencia del TS 239/2023 argumentó que, en el supuesto enjuiciado, aparecían circunstancias concretas que no constaban en la sentencia referencial:

a) La traductora no estaba obligada a prestar servicios cuando era requerida por la empresa, sin que de ello se derivara consecuencia negativa para ella.

b) La traductora, que cobraba mediante la emisión de facturas y estaba dada de alta en el impuesto de actividades económicas, percibía su retribución variable conforme a la duración de los servicios que la empresa le requería y ella aceptaba.

Este Tribunal sostuvo que, respecto a la obligatoriedad de prestación de servicios, existía una diferencia sustancial ya que la trabajadora de la sentencia recurrida «podía decidir si acudía o no al servicio encomendado, y si no lo hacía la empresa llamaba a otra persona para que atendiera el servicio solicitado», «sin que de ello se derivara consecuencia negativa para ella».

Por el contrario, en la sentencia referencial, nada de esto constaba, sino que se insistía en la necesidad de prestar personalmente los servicios y de acudir regularmente a los lugares que le requería la empresa, lo que hacía el traductor regularmente y cuando no podía ocasionalmente, era sustituido por familiares directos.

Esta Sala concluyó que se trataba de una circunstancia diferencial que impedía la contradicción en los términos exigidos por el art. 219 de la LRJS a los efectos de poder determinar si concurría la nota de dependencia en la relación entre las partes en cada supuesto comparado. Esas dos afirmaciones de la recurrida según las que la trabajadora podía aceptar o rechazar los encargos sin perjuicio para ella y que su retribución dependía de los servicios que la empresa le requería y ella aceptaba, determinaban que no pudiera apreciarse que se tratara de un supuesto de trabajo subordinado por ausencia de esa nota de dependencia, que precisaría la obligatoriedad en la prestación de los supuestos servicios contratados. Ello no ocurría en la referencial en la que no estaba clara esa posibilidad de aceptar o no los servicios encargados sin penalización; por el contrario, el dato específico de que cuando el traductor no podía efectuar los encargos, lo hacía por él su esposa o su hermano, refuerza la idea de la dependencia ya que, al quedar acreditado que la facturación la realizaba el traductor también en tales casos, ello beneficiaba al propio empresario.

CUARTO.- 1.En la sentencia recurrida en el presente recurso de casación unificadora, que reitera el pronunciamiento anterior del mismo TSJ del País Vasco 2258/2019, también consta que los traductores eran libres para aceptar o rechazar el servicio, sin necesidad de justificar su negativa, porque la empresa seguía contando con ellos. Si los traductores rechazaban el servicio, la empresa llamaba a otra persona para cubrirlo. Algunos indicaban que no les llamaran para prestar el servicio.

Por el contrario, en la sentencia referencial consta la necesidad de prestar personalmente los servicios y de acudir regularmente a los lugares que le requería la empresa, lo que hacía el traductor regularmente y cuando no podía ocasionalmente, era sustituido por familiares directos.

Al igual que en la mencionada sentencia del 239/2023, de 29 de marzo (rcud 802/2020), debemos concluir que esa diferencia esencial entre la sentencia recurrida y la de contraste, relevante para determinar si concurre el requisito de dependencia exigido por el art. 1.1 del ET para que exista una relación laboral, excluye que concurra el requisito de contradicción.

2.En el mismo sentido se han pronunciado los autos del TS de 22 de junio de 2021 (rcud 4222/2020) y 21 de noviembre de 2023 (rcud 551/2023), que acordaron la inadmisión de recursos de casación unificadora en los que se suscitaba la misma controversia casacional y se invocaba la misma sentencia de contraste dictada por el TS 902/2017, de 16 de noviembre (rcud 2806/2015).

QUINTO.- 1.Esta causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación del recurso de casación unificadora [ sentencias del TS 620/2022, de 6 de julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 de septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021), entre otras muchas].

2.De acuerdo con lo razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS) .