Sentencia Social 365/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 41/2025 de 14 de abril del 2026

PRIMERO.- 1.La cuestión debatida radica en dilucidar si ha habido una conducta impeditiva de la mercantil Ericsson España SA respecto de la solicitud y la concesión de los permisos retribuidos que necesitaban los delegados titular y suplente de la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT) en el Comité de Empresa Europeo (en adelante CEE) del Grupo Ericsson para asistir a las reuniones del CEE. La CGT sostiene que ha habido una conducta impeditiva de la empresa en relación con esos permisos que vulneró su libertad sindical.

2.La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Nacional 128/2024, de 21 de octubre (procedimiento 314/2024), argumenta que la controversia extiende sus efectos al delegado titular de CGT en el CEE, que es delegado sindical en Madrid, y al delegado suplente de CGT en el CEE, que es miembro del comité de empresa de Málaga. La sentencia de instancia desestima las excepciones de incompetencia e inadecuación de procedimiento, explica que no ha habido una actitud obstativa por parte de la empresa y desestima la demanda de tutela de la libertad sindical.

En el recurso de casación no se ha cuestionado la competencia objetiva de la Audiencia Nacional, ni la adecuación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Se trata de materias que afectan al orden público procesal, por lo que esta Sala podría examinarlas de oficio. A la vista de los términos del debate litigioso, no ofrece duda la competencia objetiva de la Audiencia Nacional, ni la adecuación del procedimiento de conflicto colectivo.

3.La CGT interpuso recurso de casación ordinario con dos motivos:

A) El primer motivo, sustentado en el art. 207.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS), solicita la revisión de los hechos probados octavo y sexto.

B) El segundo motivo denuncia la infracción del art. 28.2 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, en relación con el artículo 28.1 de la Constitución Española.

Argumenta que Ericsson España SA no está cumpliendo con la Ley 10/1997 por su conducta impeditiva en relación a la concesión al delegado de las horas de permiso retribuido para la asistencia de las reuniones al CEE.

4.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

Ericsson España SA presentó escrito de impugnación del recurso en el que se opone a la revisión fáctica y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el motivo de revisión histórica. La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 960/2022, de 14 diciembre (rco 131/2022), entre otras muchas, compendia los requisitos de la revisión fáctica casacional:

A) La parte procesal debe señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado: debe indicar lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

B) No pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva ubicación en la fundamentación jurídica.

C) No debe limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que tiene que delimitar con exactitud en qué discrepa.

D) La errónea apreciación tiene que derivar de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas.

No es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada

E) La modificación fáctica no debe basarse en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

F) Debe ofrecer el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

G) Tiene que tratarse de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

H) Debe precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

I) El recurrente no puede limitarse a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

2.En primer lugar, solicita la revisión del hecho probado octavo. En él consta que el día 22 de marzo de 2023 tuvo lugar una reunión entre los responsables de recursos humanos de la empresa, la Presidenta del CEE y el Sr. Evaristo, que es delegado del CEE. Se declara probado que en esa reunión «se acordó lo siguiente». A continuación, el ordinal octavo explica el contenido de ese acuerdo, relativo a cómo el Sr. Evaristo debe solicitar el tiempo dedicado a los permisos para acudir a las reuniones del CEE.

Ese hecho probado se sustenta en el «descriptor 33 y en la prueba testifical evacuada con D Luciano». La mención contenida en la sentencia de instancia relativa al descriptor 33 es un error material. En realidad, el ordinal octavo reproduce el correo electrónico obrante en el descriptor 34. La Audiencia Nacional se limitó a transcribirlo.

La parte recurrente solicita que se sustituya la mención: «que se acordó lo siguiente» por otra en la que conste que «se transmitió por la empresa al delegado Evaristo». Es decir, el sindicato CGT pretende sustituir la referencia a que hubo un acuerdo, con el consentimiento de todas las partes, incluido el delegado sindical, por otra en la que conste que fue una imposición unilateral de la empresa.

3.Esta pretensión revisora se fundamenta en el descriptor 34 donde hay un correo electrónico en el que consta:

«En la reunión del 22 de marzo, Rosario, Luciano, Carmelo y Evaristo acordaron lo siguiente. Con el fin de garantizar que se concede el tiempo necesario y correcto para el trabajo de CEE y CEE para Evaristo el proceso es el siguiente.»

Por tanto, el documento en que se apoya esta pretensión revisora menciona expresamente que hubo un acuerdo entre todas esas personas, por lo que no demuestra el error probatorio. El éxito de este motivo hubiera exigido que el documento demostrase que efectivamente no hubo un acuerdo entre los intervinientes en esa reunión. Por el contrario, ese correo electrónico afirma que sí que se acordó.

Además, el hecho probado octavo se sustenta en prueba testifical, que no puede fundamentar las revisiones fácticas casacionales, conforme al tenor literal del art. 207.d) de la LRJS.

4.En segundo lugar, solicita la revisión del hecho probado sexto. En él se afirma que durante el año 2024 la empresa sigue concediendo ampliaciones horarias. La parte recurrente pretende sustituirlo por un hecho negativo: «Durante el año 2024 la empresa no ha concedido ampliaciones de horas a los delegados de CGT (descriptor 73 y descriptor 58)». Esta pretensión se sustenta en los documentos obrantes en los descriptores 62 y 58.

5.Esta parte procesal apoya su pretensión revisora en los siguientes documentos:

A) En el descriptor 62 aparecen unos correos electrónicos enviados por «CGT. Sección Sindical. Grupo Ericsson» a varias personas en los que se mencionan unas reuniones del EWC y solicitan que se asigne el crédito solicitado. El remitente afirma que no han tenido el crédito sindical necesario.

Se trata de unos documentos redactados por la propia parte recurrente que contienen manifestaciones de esa misma parte procesal, los cuales no demuestran, en el presente recurso extraordinario de casación, a favor de la misma parte que los remitió y los aporta a juicio, que efectivamente la empresa denegara esos créditos.

B) En el descriptor 58 hay dos capturas de pantalla en lengua inglesa, parcialmente ilegibles, sin que conste quién es el autor del documento. Ni se ha aportado una traducción a una lengua oficial ( art. 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ni esas capturas de pantalla demuestran, en el presente recurso extraordinario de suplicación, la certeza de las revisiones fácticas propuestas.

6.En definitiva, la prueba documental invocada por la parte recurrente no ha evidenciado, en el presente recurso extraordinario de casación, la veracidad de los textos cuya inclusión se solicita, relativos a que no hubo un acuerdo en la reunión de 22 de marzo de 2023 y a que la empresa no concedió las ampliaciones horarias durante el año 2024, lo que impide estimar este motivo.

TERCERO.- 1.El siguiente motivo del recurso argumenta que la empresa no concede las horas de permiso retribuido para acudir a las reuniones del CEE, por lo que vulnera el art. 28.2 de la Ley 10/1997 y el art. 28.1 de la Constitución Española.

2.El art. 1 de la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria establece:

«1. La presente Directiva tiene por objeto la mejora del derecho de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

2. A tal fin, en cada empresa de dimensión comunitaria y en cada grupo de empresas de dimensión comunitaria se constituirá un comité de empresa europeo [...]

3. La información y consulta a los trabajadores se efectuarán al nivel pertinente de dirección y de representación, en función del tema tratado. Con tal fin, las competencias del comité de empresa europeo y el alcance del procedimiento de información y consulta a los trabajadores regulado por la presente Directiva se limitarán a las cuestiones transnacionales».

3.El art. 28.2 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, dispone:

«Los representantes de los trabajadores a que se refiere este artículo tendrán derecho a los permisos retribuidos necesarios para la asistencia a las reuniones que se celebren con la dirección central, así como a las que puedan realizarse por dichos órganos y representantes con carácter previo».

CUARTO.- 1.El fracaso del primer motivo, en el que se solicita la revisión fáctica casacional, priva de sustento histórico a este segundo motivo, que debemos resolver con sujeción al inalterado relato histórico de instancia. Se declara probado lo siguiente:

A) Los miembros del CEE del Grupo Ericsson tienen 60 horas de crédito sindical y el tiempo necesario para asistir a las reuniones del CEE.

B) Ese CEE tiene un delegado titular del Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (en adelante STC) y el otro de la CGT. También tiene dos delegados suplentes de los mismos sindicatos.

C) Los delegados del CEE registran las horas sindicales a través de una herramienta informática. Pueden registrar automáticamente hasta 60 horas. Antes de 2023, cuando se excedía de ese límite, se solicitaba la ampliación mediante correo electrónico.

D) Desde que fue nombrado el 20 de mayo de 2022 el delegado titular designado por CGT utilizó un total de 121 horas de crédito horario destinado a dicho CEE, lo que superaba, con mucho, la dedicación horaria de delegados anteriores y del otro delegado del CEE, que además era miembro del Comité Selecto del CEE.

E) El 22 de marzo de 2023 se alcanzó un acuerdo entre la empresa, la Presidenta del CEE y este delegado en virtud del cual, antes de que finalizase cada trimestre, ese delegado debía rellenar una hoja Excel y enviarla a la Jefa de Relaciones Laborales y con los Empleados y a la Presidenta del CEE. En dicha hoja se tenía que definir el tiempo dedicado a las reuniones del CEE con los representantes de la empresa, las reuniones internas del CEE, las fechas y tiempo y el tiempo de preparación. Se acordó que el Jefe de Relaciones Laborales y la Presidenta del CEE lo revisarían y harían los posibles ajustes de los asuntos, si son confidenciales. El delegado comprobará si la cuota es suficiente o es necesario modificarla.

F) Se declara probado que durante el año 2024 la empresa sigue concediendo ampliaciones de horas.

G) No se ha acreditado sanción alguna al delegado titular o suplente de la CGT o a cualquier otro por incumplimiento de los deberes de confidencialidad o reserva o por la incorrección en el reporte de horas de permiso retribuido.

2.Por consiguiente, uno de los delegados del CEE utilizó un número muy elevado de horas de crédito horario. Era desproporcionadamente superior al utilizado por el otro delegado y por los delegados anteriores. Debido a ello, se pactó cómo debía solicitarse el crédito horario. La STS 903/2024, de 11 de junio (rcud 472/2021) negó que una empresa vulnerase la libertad sindical de una delegada de personal cuando le exigió que justificase de forma genérica el uso del tiempo conocido como «crédito horario» o «crédito sindical». En esta litis, se declara probado que esa solicitud no ha supuesto la denegación de las ampliaciones horarias solicitadas durante el año 2024, ni ha impedido que pudiera ejercer sus funciones en el CEE. Con anterioridad ya se solicitaban ampliaciones del crédito para la asistencia a reuniones.

De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, esta Sala debe concluir que no se ha vulnerado el art. 28.2 de la Ley 10/1997, ni la libertad sindical de CGT porque los delegados de ese sindicato en el CEE pudieron disfrutar de los permisos retribuidos necesarios para la asistencia a las reuniones del CEE conforme a lo acordado previamente.

3.Los anteriores argumentos obligan, de conformidad con el Ministerio Público, a desestimar el recurso de casación ordinario y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia de instancia. Sin condena al pago de costas.

PRIMERO.- 1.La cuestión debatida radica en dilucidar si ha habido una conducta impeditiva de la mercantil Ericsson España SA respecto de la solicitud y la concesión de los permisos retribuidos que necesitaban los delegados titular y suplente de la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT) en el Comité de Empresa Europeo (en adelante CEE) del Grupo Ericsson para asistir a las reuniones del CEE. La CGT sostiene que ha habido una conducta impeditiva de la empresa en relación con esos permisos que vulneró su libertad sindical.

2.La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Nacional 128/2024, de 21 de octubre (procedimiento 314/2024), argumenta que la controversia extiende sus efectos al delegado titular de CGT en el CEE, que es delegado sindical en Madrid, y al delegado suplente de CGT en el CEE, que es miembro del comité de empresa de Málaga. La sentencia de instancia desestima las excepciones de incompetencia e inadecuación de procedimiento, explica que no ha habido una actitud obstativa por parte de la empresa y desestima la demanda de tutela de la libertad sindical.

En el recurso de casación no se ha cuestionado la competencia objetiva de la Audiencia Nacional, ni la adecuación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Se trata de materias que afectan al orden público procesal, por lo que esta Sala podría examinarlas de oficio. A la vista de los términos del debate litigioso, no ofrece duda la competencia objetiva de la Audiencia Nacional, ni la adecuación del procedimiento de conflicto colectivo.

3.La CGT interpuso recurso de casación ordinario con dos motivos:

A) El primer motivo, sustentado en el art. 207.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS), solicita la revisión de los hechos probados octavo y sexto.

B) El segundo motivo denuncia la infracción del art. 28.2 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, en relación con el artículo 28.1 de la Constitución Española.

Argumenta que Ericsson España SA no está cumpliendo con la Ley 10/1997 por su conducta impeditiva en relación a la concesión al delegado de las horas de permiso retribuido para la asistencia de las reuniones al CEE.

4.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

Ericsson España SA presentó escrito de impugnación del recurso en el que se opone a la revisión fáctica y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el motivo de revisión histórica. La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 960/2022, de 14 diciembre (rco 131/2022), entre otras muchas, compendia los requisitos de la revisión fáctica casacional:

A) La parte procesal debe señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado: debe indicar lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

B) No pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva ubicación en la fundamentación jurídica.

C) No debe limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que tiene que delimitar con exactitud en qué discrepa.

D) La errónea apreciación tiene que derivar de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas.

No es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada

E) La modificación fáctica no debe basarse en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

F) Debe ofrecer el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

G) Tiene que tratarse de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

H) Debe precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

I) El recurrente no puede limitarse a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

2.En primer lugar, solicita la revisión del hecho probado octavo. En él consta que el día 22 de marzo de 2023 tuvo lugar una reunión entre los responsables de recursos humanos de la empresa, la Presidenta del CEE y el Sr. Evaristo, que es delegado del CEE. Se declara probado que en esa reunión «se acordó lo siguiente». A continuación, el ordinal octavo explica el contenido de ese acuerdo, relativo a cómo el Sr. Evaristo debe solicitar el tiempo dedicado a los permisos para acudir a las reuniones del CEE.

Ese hecho probado se sustenta en el «descriptor 33 y en la prueba testifical evacuada con D Luciano». La mención contenida en la sentencia de instancia relativa al descriptor 33 es un error material. En realidad, el ordinal octavo reproduce el correo electrónico obrante en el descriptor 34. La Audiencia Nacional se limitó a transcribirlo.

La parte recurrente solicita que se sustituya la mención: «que se acordó lo siguiente» por otra en la que conste que «se transmitió por la empresa al delegado Evaristo». Es decir, el sindicato CGT pretende sustituir la referencia a que hubo un acuerdo, con el consentimiento de todas las partes, incluido el delegado sindical, por otra en la que conste que fue una imposición unilateral de la empresa.

3.Esta pretensión revisora se fundamenta en el descriptor 34 donde hay un correo electrónico en el que consta:

«En la reunión del 22 de marzo, Rosario, Luciano, Carmelo y Evaristo acordaron lo siguiente. Con el fin de garantizar que se concede el tiempo necesario y correcto para el trabajo de CEE y CEE para Evaristo el proceso es el siguiente.»

Por tanto, el documento en que se apoya esta pretensión revisora menciona expresamente que hubo un acuerdo entre todas esas personas, por lo que no demuestra el error probatorio. El éxito de este motivo hubiera exigido que el documento demostrase que efectivamente no hubo un acuerdo entre los intervinientes en esa reunión. Por el contrario, ese correo electrónico afirma que sí que se acordó.

Además, el hecho probado octavo se sustenta en prueba testifical, que no puede fundamentar las revisiones fácticas casacionales, conforme al tenor literal del art. 207.d) de la LRJS.

4.En segundo lugar, solicita la revisión del hecho probado sexto. En él se afirma que durante el año 2024 la empresa sigue concediendo ampliaciones horarias. La parte recurrente pretende sustituirlo por un hecho negativo: «Durante el año 2024 la empresa no ha concedido ampliaciones de horas a los delegados de CGT (descriptor 73 y descriptor 58)». Esta pretensión se sustenta en los documentos obrantes en los descriptores 62 y 58.

5.Esta parte procesal apoya su pretensión revisora en los siguientes documentos:

A) En el descriptor 62 aparecen unos correos electrónicos enviados por «CGT. Sección Sindical. Grupo Ericsson» a varias personas en los que se mencionan unas reuniones del EWC y solicitan que se asigne el crédito solicitado. El remitente afirma que no han tenido el crédito sindical necesario.

Se trata de unos documentos redactados por la propia parte recurrente que contienen manifestaciones de esa misma parte procesal, los cuales no demuestran, en el presente recurso extraordinario de casación, a favor de la misma parte que los remitió y los aporta a juicio, que efectivamente la empresa denegara esos créditos.

B) En el descriptor 58 hay dos capturas de pantalla en lengua inglesa, parcialmente ilegibles, sin que conste quién es el autor del documento. Ni se ha aportado una traducción a una lengua oficial ( art. 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ni esas capturas de pantalla demuestran, en el presente recurso extraordinario de suplicación, la certeza de las revisiones fácticas propuestas.

6.En definitiva, la prueba documental invocada por la parte recurrente no ha evidenciado, en el presente recurso extraordinario de casación, la veracidad de los textos cuya inclusión se solicita, relativos a que no hubo un acuerdo en la reunión de 22 de marzo de 2023 y a que la empresa no concedió las ampliaciones horarias durante el año 2024, lo que impide estimar este motivo.

TERCERO.- 1.El siguiente motivo del recurso argumenta que la empresa no concede las horas de permiso retribuido para acudir a las reuniones del CEE, por lo que vulnera el art. 28.2 de la Ley 10/1997 y el art. 28.1 de la Constitución Española.

2.El art. 1 de la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria establece:

«1. La presente Directiva tiene por objeto la mejora del derecho de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

2. A tal fin, en cada empresa de dimensión comunitaria y en cada grupo de empresas de dimensión comunitaria se constituirá un comité de empresa europeo [...]

3. La información y consulta a los trabajadores se efectuarán al nivel pertinente de dirección y de representación, en función del tema tratado. Con tal fin, las competencias del comité de empresa europeo y el alcance del procedimiento de información y consulta a los trabajadores regulado por la presente Directiva se limitarán a las cuestiones transnacionales».

3.El art. 28.2 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, dispone:

«Los representantes de los trabajadores a que se refiere este artículo tendrán derecho a los permisos retribuidos necesarios para la asistencia a las reuniones que se celebren con la dirección central, así como a las que puedan realizarse por dichos órganos y representantes con carácter previo».

CUARTO.- 1.El fracaso del primer motivo, en el que se solicita la revisión fáctica casacional, priva de sustento histórico a este segundo motivo, que debemos resolver con sujeción al inalterado relato histórico de instancia. Se declara probado lo siguiente:

A) Los miembros del CEE del Grupo Ericsson tienen 60 horas de crédito sindical y el tiempo necesario para asistir a las reuniones del CEE.

B) Ese CEE tiene un delegado titular del Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (en adelante STC) y el otro de la CGT. También tiene dos delegados suplentes de los mismos sindicatos.

C) Los delegados del CEE registran las horas sindicales a través de una herramienta informática. Pueden registrar automáticamente hasta 60 horas. Antes de 2023, cuando se excedía de ese límite, se solicitaba la ampliación mediante correo electrónico.

D) Desde que fue nombrado el 20 de mayo de 2022 el delegado titular designado por CGT utilizó un total de 121 horas de crédito horario destinado a dicho CEE, lo que superaba, con mucho, la dedicación horaria de delegados anteriores y del otro delegado del CEE, que además era miembro del Comité Selecto del CEE.

E) El 22 de marzo de 2023 se alcanzó un acuerdo entre la empresa, la Presidenta del CEE y este delegado en virtud del cual, antes de que finalizase cada trimestre, ese delegado debía rellenar una hoja Excel y enviarla a la Jefa de Relaciones Laborales y con los Empleados y a la Presidenta del CEE. En dicha hoja se tenía que definir el tiempo dedicado a las reuniones del CEE con los representantes de la empresa, las reuniones internas del CEE, las fechas y tiempo y el tiempo de preparación. Se acordó que el Jefe de Relaciones Laborales y la Presidenta del CEE lo revisarían y harían los posibles ajustes de los asuntos, si son confidenciales. El delegado comprobará si la cuota es suficiente o es necesario modificarla.

F) Se declara probado que durante el año 2024 la empresa sigue concediendo ampliaciones de horas.

G) No se ha acreditado sanción alguna al delegado titular o suplente de la CGT o a cualquier otro por incumplimiento de los deberes de confidencialidad o reserva o por la incorrección en el reporte de horas de permiso retribuido.

2.Por consiguiente, uno de los delegados del CEE utilizó un número muy elevado de horas de crédito horario. Era desproporcionadamente superior al utilizado por el otro delegado y por los delegados anteriores. Debido a ello, se pactó cómo debía solicitarse el crédito horario. La STS 903/2024, de 11 de junio (rcud 472/2021) negó que una empresa vulnerase la libertad sindical de una delegada de personal cuando le exigió que justificase de forma genérica el uso del tiempo conocido como «crédito horario» o «crédito sindical». En esta litis, se declara probado que esa solicitud no ha supuesto la denegación de las ampliaciones horarias solicitadas durante el año 2024, ni ha impedido que pudiera ejercer sus funciones en el CEE. Con anterioridad ya se solicitaban ampliaciones del crédito para la asistencia a reuniones.

De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, esta Sala debe concluir que no se ha vulnerado el art. 28.2 de la Ley 10/1997, ni la libertad sindical de CGT porque los delegados de ese sindicato en el CEE pudieron disfrutar de los permisos retribuidos necesarios para la asistencia a las reuniones del CEE conforme a lo acordado previamente.

3.Los anteriores argumentos obligan, de conformidad con el Ministerio Público, a desestimar el recurso de casación ordinario y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia de instancia. Sin condena al pago de costas.

PRIMERO.- 1.La cuestión debatida radica en dilucidar si ha habido una conducta impeditiva de la mercantil Ericsson España SA respecto de la solicitud y la concesión de los permisos retribuidos que necesitaban los delegados titular y suplente de la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT) en el Comité de Empresa Europeo (en adelante CEE) del Grupo Ericsson para asistir a las reuniones del CEE. La CGT sostiene que ha habido una conducta impeditiva de la empresa en relación con esos permisos que vulneró su libertad sindical.

2.La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Nacional 128/2024, de 21 de octubre (procedimiento 314/2024), argumenta que la controversia extiende sus efectos al delegado titular de CGT en el CEE, que es delegado sindical en Madrid, y al delegado suplente de CGT en el CEE, que es miembro del comité de empresa de Málaga. La sentencia de instancia desestima las excepciones de incompetencia e inadecuación de procedimiento, explica que no ha habido una actitud obstativa por parte de la empresa y desestima la demanda de tutela de la libertad sindical.

En el recurso de casación no se ha cuestionado la competencia objetiva de la Audiencia Nacional, ni la adecuación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Se trata de materias que afectan al orden público procesal, por lo que esta Sala podría examinarlas de oficio. A la vista de los términos del debate litigioso, no ofrece duda la competencia objetiva de la Audiencia Nacional, ni la adecuación del procedimiento de conflicto colectivo.

3.La CGT interpuso recurso de casación ordinario con dos motivos:

A) El primer motivo, sustentado en el art. 207.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS), solicita la revisión de los hechos probados octavo y sexto.

B) El segundo motivo denuncia la infracción del art. 28.2 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, en relación con el artículo 28.1 de la Constitución Española.

Argumenta que Ericsson España SA no está cumpliendo con la Ley 10/1997 por su conducta impeditiva en relación a la concesión al delegado de las horas de permiso retribuido para la asistencia de las reuniones al CEE.

4.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

Ericsson España SA presentó escrito de impugnación del recurso en el que se opone a la revisión fáctica y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el motivo de revisión histórica. La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 960/2022, de 14 diciembre (rco 131/2022), entre otras muchas, compendia los requisitos de la revisión fáctica casacional:

A) La parte procesal debe señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado: debe indicar lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

B) No pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva ubicación en la fundamentación jurídica.

C) No debe limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que tiene que delimitar con exactitud en qué discrepa.

D) La errónea apreciación tiene que derivar de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas.

No es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada

E) La modificación fáctica no debe basarse en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

F) Debe ofrecer el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

G) Tiene que tratarse de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

H) Debe precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

I) El recurrente no puede limitarse a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

2.En primer lugar, solicita la revisión del hecho probado octavo. En él consta que el día 22 de marzo de 2023 tuvo lugar una reunión entre los responsables de recursos humanos de la empresa, la Presidenta del CEE y el Sr. Evaristo, que es delegado del CEE. Se declara probado que en esa reunión «se acordó lo siguiente». A continuación, el ordinal octavo explica el contenido de ese acuerdo, relativo a cómo el Sr. Evaristo debe solicitar el tiempo dedicado a los permisos para acudir a las reuniones del CEE.

Ese hecho probado se sustenta en el «descriptor 33 y en la prueba testifical evacuada con D Luciano». La mención contenida en la sentencia de instancia relativa al descriptor 33 es un error material. En realidad, el ordinal octavo reproduce el correo electrónico obrante en el descriptor 34. La Audiencia Nacional se limitó a transcribirlo.

La parte recurrente solicita que se sustituya la mención: «que se acordó lo siguiente» por otra en la que conste que «se transmitió por la empresa al delegado Evaristo». Es decir, el sindicato CGT pretende sustituir la referencia a que hubo un acuerdo, con el consentimiento de todas las partes, incluido el delegado sindical, por otra en la que conste que fue una imposición unilateral de la empresa.

3.Esta pretensión revisora se fundamenta en el descriptor 34 donde hay un correo electrónico en el que consta:

«En la reunión del 22 de marzo, Rosario, Luciano, Carmelo y Evaristo acordaron lo siguiente. Con el fin de garantizar que se concede el tiempo necesario y correcto para el trabajo de CEE y CEE para Evaristo el proceso es el siguiente.»

Por tanto, el documento en que se apoya esta pretensión revisora menciona expresamente que hubo un acuerdo entre todas esas personas, por lo que no demuestra el error probatorio. El éxito de este motivo hubiera exigido que el documento demostrase que efectivamente no hubo un acuerdo entre los intervinientes en esa reunión. Por el contrario, ese correo electrónico afirma que sí que se acordó.

Además, el hecho probado octavo se sustenta en prueba testifical, que no puede fundamentar las revisiones fácticas casacionales, conforme al tenor literal del art. 207.d) de la LRJS.

4.En segundo lugar, solicita la revisión del hecho probado sexto. En él se afirma que durante el año 2024 la empresa sigue concediendo ampliaciones horarias. La parte recurrente pretende sustituirlo por un hecho negativo: «Durante el año 2024 la empresa no ha concedido ampliaciones de horas a los delegados de CGT (descriptor 73 y descriptor 58)». Esta pretensión se sustenta en los documentos obrantes en los descriptores 62 y 58.

5.Esta parte procesal apoya su pretensión revisora en los siguientes documentos:

A) En el descriptor 62 aparecen unos correos electrónicos enviados por «CGT. Sección Sindical. Grupo Ericsson» a varias personas en los que se mencionan unas reuniones del EWC y solicitan que se asigne el crédito solicitado. El remitente afirma que no han tenido el crédito sindical necesario.

Se trata de unos documentos redactados por la propia parte recurrente que contienen manifestaciones de esa misma parte procesal, los cuales no demuestran, en el presente recurso extraordinario de casación, a favor de la misma parte que los remitió y los aporta a juicio, que efectivamente la empresa denegara esos créditos.

B) En el descriptor 58 hay dos capturas de pantalla en lengua inglesa, parcialmente ilegibles, sin que conste quién es el autor del documento. Ni se ha aportado una traducción a una lengua oficial ( art. 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ni esas capturas de pantalla demuestran, en el presente recurso extraordinario de suplicación, la certeza de las revisiones fácticas propuestas.

6.En definitiva, la prueba documental invocada por la parte recurrente no ha evidenciado, en el presente recurso extraordinario de casación, la veracidad de los textos cuya inclusión se solicita, relativos a que no hubo un acuerdo en la reunión de 22 de marzo de 2023 y a que la empresa no concedió las ampliaciones horarias durante el año 2024, lo que impide estimar este motivo.

TERCERO.- 1.El siguiente motivo del recurso argumenta que la empresa no concede las horas de permiso retribuido para acudir a las reuniones del CEE, por lo que vulnera el art. 28.2 de la Ley 10/1997 y el art. 28.1 de la Constitución Española.

2.El art. 1 de la Directiva 2009/38 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria establece:

«1. La presente Directiva tiene por objeto la mejora del derecho de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

2. A tal fin, en cada empresa de dimensión comunitaria y en cada grupo de empresas de dimensión comunitaria se constituirá un comité de empresa europeo [...]

3. La información y consulta a los trabajadores se efectuarán al nivel pertinente de dirección y de representación, en función del tema tratado. Con tal fin, las competencias del comité de empresa europeo y el alcance del procedimiento de información y consulta a los trabajadores regulado por la presente Directiva se limitarán a las cuestiones transnacionales».

3.El art. 28.2 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, dispone:

«Los representantes de los trabajadores a que se refiere este artículo tendrán derecho a los permisos retribuidos necesarios para la asistencia a las reuniones que se celebren con la dirección central, así como a las que puedan realizarse por dichos órganos y representantes con carácter previo».

CUARTO.- 1.El fracaso del primer motivo, en el que se solicita la revisión fáctica casacional, priva de sustento histórico a este segundo motivo, que debemos resolver con sujeción al inalterado relato histórico de instancia. Se declara probado lo siguiente:

A) Los miembros del CEE del Grupo Ericsson tienen 60 horas de crédito sindical y el tiempo necesario para asistir a las reuniones del CEE.

B) Ese CEE tiene un delegado titular del Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (en adelante STC) y el otro de la CGT. También tiene dos delegados suplentes de los mismos sindicatos.

C) Los delegados del CEE registran las horas sindicales a través de una herramienta informática. Pueden registrar automáticamente hasta 60 horas. Antes de 2023, cuando se excedía de ese límite, se solicitaba la ampliación mediante correo electrónico.

D) Desde que fue nombrado el 20 de mayo de 2022 el delegado titular designado por CGT utilizó un total de 121 horas de crédito horario destinado a dicho CEE, lo que superaba, con mucho, la dedicación horaria de delegados anteriores y del otro delegado del CEE, que además era miembro del Comité Selecto del CEE.

E) El 22 de marzo de 2023 se alcanzó un acuerdo entre la empresa, la Presidenta del CEE y este delegado en virtud del cual, antes de que finalizase cada trimestre, ese delegado debía rellenar una hoja Excel y enviarla a la Jefa de Relaciones Laborales y con los Empleados y a la Presidenta del CEE. En dicha hoja se tenía que definir el tiempo dedicado a las reuniones del CEE con los representantes de la empresa, las reuniones internas del CEE, las fechas y tiempo y el tiempo de preparación. Se acordó que el Jefe de Relaciones Laborales y la Presidenta del CEE lo revisarían y harían los posibles ajustes de los asuntos, si son confidenciales. El delegado comprobará si la cuota es suficiente o es necesario modificarla.

F) Se declara probado que durante el año 2024 la empresa sigue concediendo ampliaciones de horas.

G) No se ha acreditado sanción alguna al delegado titular o suplente de la CGT o a cualquier otro por incumplimiento de los deberes de confidencialidad o reserva o por la incorrección en el reporte de horas de permiso retribuido.

2.Por consiguiente, uno de los delegados del CEE utilizó un número muy elevado de horas de crédito horario. Era desproporcionadamente superior al utilizado por el otro delegado y por los delegados anteriores. Debido a ello, se pactó cómo debía solicitarse el crédito horario. La STS 903/2024, de 11 de junio (rcud 472/2021) negó que una empresa vulnerase la libertad sindical de una delegada de personal cuando le exigió que justificase de forma genérica el uso del tiempo conocido como «crédito horario» o «crédito sindical». En esta litis, se declara probado que esa solicitud no ha supuesto la denegación de las ampliaciones horarias solicitadas durante el año 2024, ni ha impedido que pudiera ejercer sus funciones en el CEE. Con anterioridad ya se solicitaban ampliaciones del crédito para la asistencia a reuniones.

De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, esta Sala debe concluir que no se ha vulnerado el art. 28.2 de la Ley 10/1997, ni la libertad sindical de CGT porque los delegados de ese sindicato en el CEE pudieron disfrutar de los permisos retribuidos necesarios para la asistencia a las reuniones del CEE conforme a lo acordado previamente.

3.Los anteriores argumentos obligan, de conformidad con el Ministerio Público, a desestimar el recurso de casación ordinario y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia de instancia. Sin condena al pago de costas.