Sentencia Social 367/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1506/2025 de 14 de abril del 2026

PRIMERO. Contenido y objeto del recurso. Antecedentes relevantes.

El objeto del presente recurso es determinar si tiene derecho a percibir la indemnización de 1800 € el pensionista que se ha visto obligado a acudir al Juzgado para reclamar el complemento de maternidad del artículo 60 LGSS, conforme a la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la posterior sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2023 y las sentencias de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 y 30 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta que el INSS reconoce el derecho unos días antes de la fecha del juicio.

SEGUNDO. Elementos relevantes del proceso.

1. Se presentó demanda por la representación de Benito en materia de prestación de seguridad social, al entender la parte demandante que debía serle reconocido el derecho al complemento por maternidad del art. 60 LGSS. En ampliación posterior de la demanda se solicita indemnización de 1.800 euros por vulneración de su derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo.

2. El Juzgado de lo Social nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, dictó sentencia 289/2024, de fecha 11 de junio de 2024, estimando la demanda y condenando al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL al pago de 1800 € en concepto de indemnización por vulneración del derecho fundamental a la no discriminación (procedimiento nº 3/2024).

La entidad gestora interpuso recurso de suplicación en el que se razona sobre la improcedencia del derecho a percibir dicha indemnización.

La parte actora impugnó el recurso de suplicación.

3. El recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada ha sido estimado por la sentencia del TSJ de Canarias 168/2025, de fecha 30 de enero de 2025 (recurso de suplicación 1308/2024) estimando el recurso de suplicación y desestimando la demanda origen del proceso.

5. Contra la anterior sentencia se interpone recurso de casación para la unificación de la doctrina formulado por la actora, en el que se plantea el derecho a percibir en concepto de indemnización la cantidad de 1.800 euros. Cita como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social de Andalucía, sede en Granada, 1027/2024, de fecha 2 de mayo de 2024 (Rcud 882/2024).

Dicho recurso no ha sido impugnado por la demandada.

El Ministerio Fiscal informa en el sentido de que existe contradicción por lo que debe ser admitido el recurso, al tiempo que procede la estimación del mismo por no ser la doctrina correcta la contenida en la sentencia recurrida.

TERCERO. Análisis de la contradicción.

1. Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con las sentencias de contraste relativas al motivo del recurso formulado por la recurrente: El citado art. 219 exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina la existencia de contradicción entre la sentencia impugnada y otra sentencia de Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de esta Sala del Tribunal Supremo, pudiendo también ser traída como doctrina de contradicción una sentencia del Tribunal Constitucional o de los órganos jurisdiccionales instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados por España, o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación del derecho comunitario. Dicha contradicción se produce cuando las sentencias en comparación hubieren llegado a pronunciamientos distintos ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

2. En la sentencia recurrida se razona que:

«En consecuencia, el supuesto contemplado en aquellas sentencias difiere del que nos ocupa, en el que la Gestora reconoce, aunque tardíamente, el derecho al complemento y los atrasos. Mayor similitud ofrece el analizado con ocasión del recurso 1153/2024, en el que INSS Inicialmente denegó el complemento por prescripción. Dijimos en la sentencia de 13 de noviembre de 2024: Lo primero que habría que hacer es analizarla Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Noviembre de 2023 para extraer las condiciones que han de darse para que proceda la Indemnización reclamada. Así, la sentencia aborda el derecho a indemnización por daños y perjuicios causados por ia discriminación por razón de sexo al denegar el INSS el complemento de maternidad a un progenitor varón. De la lectura de la misma podemos extraer cuales son las circunstancias que deben de darse para reconocer dicha indemnización, y podemos clasificarlas en los siguientes grupos: Circunstancias temporales: .../... - La denegación debe haberse basado en la práctica administrativa de continuar aplicando la norma discriminatoria a pesar de la sentencia del TJUE. El último de los elementos no se da en la presente causa y en definitiva es el elemento esencial. La indemnización no se reconoce por el sólo hecho de denegar el complemento, sino por el hecho llevar a cabo un acto de discriminación hacia los varones. La indemnización tiene en su seno la vulneración del derecho fundamental a la Igualdad, si la razón de denegación no Implica dicha vulneración, no puede reconocerse indemnización alguna, dado que una controversia jurídica sobre la prescripción no implica -al menos en el presente caso- una discriminación por razón de sexo. En el caso que nos ocupa, la denegación presunta lo fue del derecho, sin poder sobre entenderse que lo fuera en aplicación de un criterio discriminatorio, máxime cuando más adelante, tras interposición de la demanda, pero antes de la celebración del acto de juicio, la Gestora sí reconoció de forma expresa el derecho y con efectos a la fecha del hecho causante. En este concreto caso, no se aprecia discriminación y, en consecuencia, no procedía la indemnización».

3. La sentencia de contraste, de la de la Sala del TSJ de Andalucía, sede en Granada, de 2/5/24 (R. 882/24) se refiere a un negativa del INSS a reconocerle el complemento de maternidad. La instancia fija una indemnización de 600 euros, pero en suplicación dicha cuantía se aumenta hasta los 1.800 euros argumentando que el hecho de que exista satisfacción extraprocesal no evitó el perjuicio causado al actor que se vio obligado a acudir a la vía judicial, y dicha indemnización (de 1.800 euros) es acorde con la STS de 23 de mayo de 2023.

4. A la vista de lo anterior es palmario y evidente que, ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, como es la cuantía de la indemnización por vulneración de derechos fundamentales en un supuesto de reconocimiento por parte de la entidad gestora, del derecho a percibir el complemento derivado del artículo 60 LGSS, unos días antes del juicio y ya interpuesta la demanda, se alcanzan conclusiones diferentes y contradictorias.

Ello implica que existe la contradicción y debe resolverse cuál es la doctrina aplicable.

QUINTO. Cuestión de fondo. Resolución.

La pretensión del recurso es establecer en 1.800 euros la cuantía indemnizatoria que corresponda al demandante, varón y beneficiario de una prestación de Seguridad Social, que se ve obligado a acudir a la vía judicial para reclamar el complemento de maternidad denegado en vía administrativa, pero que le es posteriormente reconocido por el INSS tras la interposición de la demanda y antes de que haya dictado sentencia el Juzgado de lo Social.

La cuestión ha sido reiteradamente, resuelta por esta Sala, bastante con la cita de nuestras sentencias 889/2025, de 14 de octubre (rcud 5568/2023), 1124/2025, de 25 de noviembre (rcud 4776/2024), y 52/2026, de 20 de enero (rcud 4664/2024). Esta última razona que:

«Como es de ver, en nuestra STS no vinculamos esa cuantía de la indemnización a la mayor o menor complejidad del proceso judicial que se ha visto obligado a entablar el peticionario, ni tampoco la condicionamos a que hubiere conseguido el reconocimiento de su petición en una u otra instancia, sino que la fijamos únicamente en razón a que la actuación el INSS ha supuesto la infracción adicional de un derecho fundamental al ignorar lo resuelto en la STJUE de 12 de diciembre de 2019 , ha generado en el beneficiario la lógica incertidumbre y zozobra provocada por la resistencia de la entidad gestora a reconocer el derecho en los términos ya resueltos en dicha sentencia, lo que le ha obligado a acudir a la vía judicial para evitar la vulneración de un derecho de carácter fundamental.

Pretendemos fijar de esta forma un criterio uniforme que evite agravios comparativos y desigualdades constitucionalmente insostenibles, bajo el presupuesto de que todos los afectados se encuentran en la misma situación jurídica y se han visto abocados a acudir a la vía judicial en defensa de sus derechos en los términos que ha delimitado aquella STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113/22).

De forma que el importe de esa indemnización de 1.800 euros no puede vincularse a la mayor o menor actividad judicial que ha debido desplegar el beneficiario, en función del momento o el grado jurisdiccional en el que pudiere haberse estimado su pretensión de reconocimiento de complemento.

Como explicamos en la STS 977/2023, esa cuantía de la indemnización tiene como finalidad la de resarcir todos los daños sufridos por el peticionario que se ha visto en la necesidad de iniciar un procedimiento judicial.

Este es el perjuicio que la indemnización compensa, con independencia del concreto momento en el que pudiere haber obtenido la satisfacción del derecho en razón del mayor o menor éxito de su pretensión en cada una de las instancias, ya fuere como resultado de la decisión judicial o a consecuencia de una actuación de la propia entidad gestora posterior a la interposición de la demanda en reconocimiento del derecho una vez iniciado el proceso judicial»

Razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación del Derecho abocan a que debamos reiterar ahora las decisiones anteriores, concluyendo que la doctrina correcta es la de la sentencia de contraste.

Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a estimar el recurso de casación contra la sentencia del TSJ.

Sin costas.