Sentencia Social 375/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 377/2024 de 15 de abril del 2026

PRIMERO.- 1.-El debate planteado en el presente recurso de casación unificadora, consiste en determinar si una madre que integra junto con su hija recién nacida una familia monoparental, tiene derecho a la ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado del menor que le fue reconocida con duración de dieciséis semanas, con reconocimiento de otras doce semanas adicionales, tal como se solicitaba inicialmente en la demanda rectora del presente procedimiento, que luego se redujeron a ocho semanas.

2.-Como se deriva de las actuaciones, la beneficiaria tuvo una hija el NUM001 de 2020, solicitando prestación por nacimiento y cuidado de la menor que le fue reconocida inicialmente con duración de dieciséis semanas. La interesada solicitó la ampliación de la duración de dicha prestación, en atención a su condición de integrante, junto con su hija, de una familia monoparental, petición que le fue denegada en vía administrativa.

Presentada demanda, la misma fue estimada mediante sentencia del juzgado de lo social nº 9 de Bilbao de 5 de octubre de 2022.

3.-Presentado recurso de suplicación contra la referida resolución de instancia, el mismo fue estimado mediante sentencia del TSJ del País Vasco de 11 de julio de 2023 -rec. 53/2023- que, revocando la recurrida, desestimó la demanda presentada y avaló el criterio administrativo de denegación de la ampliación de la prestación solicitada.

4.-Contra esta sentencia del TSJ vasco se presenta ahora por la beneficiaria recurso de casación para unificación de doctrina con un único motivo, en el que se identifica como resolución de contraste la sentencia del TSJ de Madrid de 13 de octubre de 2021 -rec. 620/2021-; como núcleo de contradicción, el debate relativo al derecho de las madres, en supuesto de familias monoparentales, a incrementar el periodo de disfrute de la prestación por nacimiento de hijo con la prestación por nacimiento de hijo que hubiera correspondido al otro progenitor; y como normativa infringida, los arts. 14 de la CE, 3 y 4 del C.Cv, y 48.4 del ET, en relación con la relación de normativa nacional e internacional que se enumera por la parte.

5.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la administración de la seguridad social, que ha interesado que se dicte por este Tribunal una resolución ajustada a derecho conforme a los criterios del TC.

Igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, interesando la estimación de la casación por entender que la buena doctrina se contiene en la sentencia de contraste, en los términos definidos por el TC sobre el asunto considerado.

SEGUNDO.- 1.Nos corresponde ahora determinar si concurre la contradicción exigida por el art. 219.1 de la LRJS ( en la redacción anterior a la modificación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuestión, por lo demás, irrelevante en el caso) para fundar la casación unificadora que ahora resolvemos.

Debemos recordar en este punto la constante doctrina de este tribunal, en el sentido la contradicción exigida precisa que las sentencias comparadas contengan pronunciamientos distintos sobre la misma cuestión, esto es, que se hayan generado respuestas judiciales diversas ante debates o controversias sustancialmente iguales. Por otro lado, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado que, se hubieran alcanzado decisiones contradictorias entre sí «respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación», y «en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales».

Conviene también recordar que, como regla general, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo casos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado.

Y, finalmente, que si bien la labor valorativa para apreciar la existencia de contradicción «comporta un previo juicio de valor abstracto acerca de la cuestión debatida, hay supuestos en los que la determinación acerca de la igualdad o desigualdad de los presupuestos fácticos requiere simultánea definición sobre el fondo de la cuestión debatida, porque la diversidad o identidad sustancial únicamente se alcanza a determinar si se pone en relación directa con la norma a aplicar, con necesidad de expresar de manera frontal la interpretación que se atribuye a la disposición -legal o convencional-de que se trata» ( SSTS 367/2019 de 14 de mayo -rec. 3957/2016 y 646/2022 de 12 de julio -rec. 1367/2019-, entre otras).

2.El caso que ahora se decide no parece dudosa la existencia de contradicción. En efecto, en ambos casos se trata de sendas beneficiarias que dieron a luz una hija, y que solicitan la ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado de menor en la condición, no discutida en ninguno de los casos, de integrantes junto con sus vástagos de familias monoparentales. Partiendo de esta premisa, la sentencia recurrida deniega el derecho, mientras que la de contraste lo reconoce. Conviene reseñar que, en la sentencia recurrida la pretensión se refería al reconocimiento de ocho semanas adicionales, mientras que en la de contraste, el derecho reconocido se refería a la ampliación de la prestación por doce semanas adicionales.

En fin, a la vista de cuanto antecede, es palmario que, ante casos sustancialmente idénticos, se han alcanzado decisiones contradictorias, y ello con independencia de que el periodo reconocido y/o reclamado, de ampliación de la prestación, sea distinto en un caso y en otro, extremo que solo tiene una trascendencia procesal con repercusión en la definición final del derecho en función de las peticiones de las partes.

La consecuencia de lo anterior es que proceda la decisión de la casación unificadora, sin necesidad de mayores desarrollos en este punto.

TERCERO.- 1.-Como ya se ha enunciado al comienzo de esta resolución, la cuestión debatida consiste en determinar si puede ampliarse la duración de la prestación por nacimiento y cuidado de menor, en razón a la condición de familia monoparental de la formada por la persona beneficiaria solicitante y el hijo o hija nacidos.

Como es sabido, tal cuestión fue resuelta inicialmente por este mismo Tribunal en nuestra STS de Pleno número 169/2023, de 2 de marzo -rcud. 3972/2020), en la que negamos tal posibilidad atendiendo a que la solución que pudiera darse a la cuestión no solo afectaba al ámbito de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, sino también al ámbito de la relación contractual con el empleador, por cuanto la ampliación en la duración de la prestación, llevaba también aparejada la mayor duración de la suspensión de la relación laboral en los términos previstos en el art. 48 del ET, incidiendo con ello en una regulación vigente que quedaba por ello alterada.

Entendimos entonces que «una intervención de tal calibre dista mucho de lo que la organización constitucional del Estado encomienda a los jueces y tribunales. Su función es la aplicación e interpretación de la norma, pero no la creación del derecho. La intervención en el ordenamiento jurídico que exige una pretensión como la que se sostiene en el presente procedimiento sólo le corresponde al legislador, sin que la misma pueda ser suplida a través de resoluciones judiciales que vayan más allá de sus propias funciones jurisdiccionales, entre las que no se encuentran, desde luego, la modificación del régimen prestacional de la Seguridad Social, ni la modificación de la organización de la suspensión del contrato de trabajo por causas previstas en la ley, a través de la aplicación de criterios interpretativos concretos previstos legalmente que no se circunscriben a la aplicación de la norma en supuestos fácticos que, razonablemente, no parecen claramente delimitados en el ámbito de afectación de la norma interpretada».

2.-Ocurre que, sobre esta primera doctrina, incidió la STC 140/2024, de 6 de noviembre, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 48.4 ET y 177 LGSS, en cuanto impedían extender el permiso de nacimiento y cuidado de menor en los supuestos de familia monoparental, con lo que se han venido a remover los obstáculos legales en los que se sustentaba la anterior doctrina de esta Sala. Dicho criterio se ha reiterado después en las posteriores SSTC 147/2024; 149/2024; 150/2024; 151/2024 de 2 de septiembre, y 155/2024, de 16 de diciembre.

En particular, se decía en la última de las reseñadas, lo siguiente:

«... pese al amplio margen de libertad en la configuración del sistema de Seguridad Social que nuestra Constitución reconoce al legislador, sin embargo, "una vez configurada una determinada herramienta de protección de las madres y los hijos ( art. 39 CE ), en este caso el permiso y la correspondiente prestación económica por nacimiento y cuidado de menor previstos, respectivamente, en los arts. 48.4 LET y 177 LGSS, su articulación concreta debe respetar las exigencias que se derivan del art. 14 CE y, por lo que se refiere a la cuestión suscitada, las derivadas de la prohibición de discriminación por razón de nacimiento expresamente prohibida por el art. 14 CE. Y es esto lo que el legislador no hace, al introducir - mediante su omisión- una diferencia de trato por razón del nacimiento entre niños y niñas nacidos en familias monoparentales y biparentales que no supera el canon más estricto de razonabilidad y proporcionalidad aplicable en estos casos, al obviar por completo las consecuencias negativas que produce tal medida en los niños y niñas nacidos en familias monoparentales».

Señalando a continuación:

«Los arts. 48.4 LET y 177 LGSS, al no prever la posibilidad de que, en circunstancias como las que concurren en el presente caso, "las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, puedan ampliar su permiso por nacimiento y cuidado de hijo más allá de dieciséis semanas, disfrutando del permiso (y también de la correspondiente prestación económica de la Seguridad Social) que se reconocería al otro progenitor, en caso de existir, generan ex silentio una discriminación por razón de nacimiento de los niños y niñas nacidos en familias monoparentales, que es contraria al art. 14 CE, en relación con el art. 39 CE, en tanto esos menores podrán disfrutar de un período de cuidado de sus progenitores significativamente inferior a los nacidos en familias biparentales».

Por lo cual, se terminaba diciendo:

«... debe estimarse la demanda y otorgar el amparo solicitado, con nulidad de las resoluciones impugnadas y, como concretamos en la referida STC 140/2024, FJ 7, en tanto el legislador no lleve a cabo la consiguiente reforma normativa, en las familias monoparentales el permiso a que hace referencia el art. 48.4 LET, y la prestación regulada en el art. 177 LGSS , ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso del primer párrafo para la madre biológica (dieciséis semanas), el previsto en el segundo para progenitor distinto (diez semanas, al excluirse las seis primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto)».

3.-A la vista de la decisión del TC, este mismo Tribunal ha modificado su criterio a partir de nuestra STS 118/2025 de 19 de febrero de 2025 -rcud. 878/2022-, en la que hacíamos notar que, «una vez declarada la inconstitucionalidad de tales preceptos legales estamos obligados a sentar una nueva doctrina en la materia, y resolver el presente asunto con base a lo establecido por el Tribunal Constitucional en su precitada sentencia, de conformidad con el criterio que en su ulterior aplicación ha plasmado en las posteriores SSTC 147/2024; 149/2024; 150/2024; 151/2024 de 2 de septiembre, y 155/2024, de 16 de diciembre», en cuanto que «en la resolución de estos recursos de amparo el Tribunal Constitucional ha fijado el alcance y las consecuencias jurídicas que se desprenden de la declaración de inconstitucionalidad, en el sentido de que el único progenitor de la familia monoparental tiene derecho a la adición de diez semanas del permiso que correspondería al otro progenitor». Por lo demás, la primera STS 118/205 ya reseñada de este Tribunal, que incorporaba la nueva doctrina acogiendo las consecuencias de la decisión del TC, ha sido seguida de otras muchas hasta el momento.

4.-Finalmente, y como es bien sabido, el art. 48 del ET, del que depende la percepción de la prestación de los arts. 177 y ss de la LGSS, se ha modificado por el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, para configurar una suspensión de la relación laboral por nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor, de diecinueve semanas para cada uno de los progenitores, con expresa previsión de la monoparentalidad, en cuyo caso el periodo de suspensión será de treinta y dos semanas.

No obstante, es claro que, al momento del nacimiento del hijo o hija, hecho causante de la prestación, en los dos supuestos comparados, se encontraban vigentes los preceptos concernidos en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, que es precisamente la considerada por la STC y, en consecuencia, la decisión procedente en el caso sería, inicialmente, el reconocimiento de la prestación solicitada durante diez semanas adicionales, esto es, de las dieciséis semanas previstas para el otro progenitor, descontadas las seis semanas inmediatamente posteriores al parto, que se configuran para asegurar la protección de la salud de la madre.

En este ámbito de consideraciones, resulta que en el presente caso la parte demandante había fijado su pretensión solicitando el reconocimiento de ocho semanas adicionales, que fueron las reconocidas en la sentencia del juzgado de instancia, luego revocada por la sentencia del TSJ del País Vasco ahora recurrida en casación. Ahora bien, en el recurso que ahora se resuelve se ha modificado la pretensión de la parte para referirla a dieciséis semanas, de forma tal que parece necesario realizar ciertas precisiones adicionales.

En primer lugar, el hecho de que se haya ampliado la petición relativa a la duración de la prestación ampliada, no puede tenerse como una extralimitación del recurso en relación con los límites de previo debate, en cuanto su finalidad no es otra que la de acomodar la pretensión al pronunciamiento ya comentado del TC que, no se olvide, implicaba la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos atinentes al caso. Y, en segundo lugar, es igualmente claro que, a pesar de la petición maximalista ya vista, los términos de nuestro reconocimiento deben acomodarse a las diez semanas ya aludidas.

CUARTO.-A la vista de cuanto antecede, resulta que la doctrina correcta se contiene en la sentencia de contraste, aunque deba matizarse esta afirmación en cuanto en esta se confirmó la sentencia de instancia, que reconoció una ampliación de la prestación por doce semanas, mientras que, como se lleva dicho, dicha ampliación debe referirse en este caso concreto a diez semanas por razones de orden intertemporal.

Ello implica, al resolver el debate planteado en suplicación, que lo que debería ser una simple confirmación de la sentencia de instancia, deba convertirse en una revocación parcial, para ampliar el periodo reconocido a las diez semanas ya dichas, en lugar de las ocho allí reconocidas, sin declaración de costas en aquel ámbito.

Por tanto, y tal como tenía interesado Ministerio Fiscal, procede estimar en parte el recurso presentado.

Sin pronunciamiento en cuanto a las costas en esta casación unificadora al amparo del art. 235 de la LRJS.