Sentencia Social 371/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 241/2025 de 15 de abril del 2026

PRIMERO.- 1.-La cuestión debatida en la presente casación unificadora se contrae a determinar si la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva por no haber decidido, en su caso, todas las cuestiones propuestas en el recurso de suplicación, de forma tal que justifique su declaración de nulidad con devolución de actuaciones para resolver lo más procedente.

2.-La demandante había prestado servicios para la administración demandada en varios periodos reseñados en las actuaciones y que ahora no interesa reproducir, hasta un último cese de 31 de diciembre de 2013. Presentada reclamación contra este por la interesada junto con otros trabajadores, mediante sentencia del juzgado de lo social nº 3 de Sevilla de 23 de diciembre de 2014 se declaró la improcedencia del que se entendió despido realizado, habiéndose optado por la readmisión mediante resolución de 29 de mayo de 2015.

Con independencia de lo anterior, las partes firmaron contrato de trabajo indefinido de 27 de marzo de 2015 para dar cumplimiento a la referida sentencia con posterior cese de 30 de junio de 2017. El 26 de mayo de 2017 se adjudicó a la interesada, con efectos de 1 de julio de 2017, el puesto código NUM001 dependiente de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, ciencia y Empleo de Sevilla.

3.-Finalmente, la interesada presentó demanda interesando el reconocimiento de su condición de trabajadora fija de la administración demandada y no meramente indefinida no fija, pretensión desestimada mediante sentencia del juzgado de lo social, nº 4 de 7 de julio de 2022.

En esta resolución y en el apartado destinado a resolver la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada, se entiende que la primera sentencia de 23 de diciembre de 2014 ya había resuelto sobre la naturaleza de la relación laboral, para entender que aquella constituía un «antecedente lógico», de forma tal que «por el puro principio de seguridad jurídica, siendo así que esos extremos ni siquiera fueron cuestionados en suplicación, debo desestimar la demanda respecto de los mismos, dado que ya se resolvió dicha cuestión reconociéndoles la condición de indefinido, que no fijo».

Al margen de esta primera decisión, la sentencia de instancia señaló igualmente que «aún descartando la excepción planteada la demanda debe ser desestimada», embarcándose a partir de dicho momento en una argumentación en cuanto a la incidencia de la jurisprudencia de este Tribunal y de los pronunciamientos del TJUE en la cuestión debatida, esto es, la calificación de la relación jurídica considerada.

La reseñada terminaba, como ya se ha dicho, desestimando la demanda, sin previo pronunciamiento en cuanto al destino de la excepción de cosa juzgada.

4.-Presentado recurso de suplicación contra la antedicha, con un único motivo en el que se citaban tanto preceptos relativos a la cosa juzgada como a la naturaleza de la relación jurídica considerada, el mismo fue desestimado por la sentencia del TSJ de Andalucía/Sevilla de 21 de noviembre de 2024, que confirmó la previamente dictada en la instancia.

A tal efecto, la Sala andaluza transcribía parte de las consideraciones de la sentencia de instancia y, en particular, las relativas a la condición de la primera sentencia de despido como antecedente lógico de la subsiguiente, pero sin pronunciarse expresamente sobre los efectos de la cosa juzgada. Acto seguido se refería igualmente a los criterios jurisprudenciales sentados por este mismo Tribunal Supremo sobre la calificación de las relaciones laborales suscritas por las administraciones públicas en función de su duración, en relación con diversos pronunciamientos del TJUE. Y, finalmente, se refería también a un precedente de la propia Sala andaluza, que ya se había pronunciado teniendo a la vista la más reciente STJUE de 22 de febrero de 2024, asunto C-59/22, así como el planteamiento de una nueva cuestión prejudicial por auto de este Tribunal de 30 de mayo de 2024. Y terminaba desestimando ae recurso de suplicación presentado, nuevamente sin pronunciamiento expreso en lo relativo a los efectos de la cosa juzgada.

5.-Contra esta última sentencia ha presentado su recurso de casación unificadora la parte demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la STS Sentencia núm. 344/2020 de 14 de mayo de 2020 -rec. 3213/2017-; como núcleo de contradicción, si debe entenderse que la sentencia combatida ha incurrido en incongruencia omisiva que amerite su declaración de nulidad; y como normativa infringida los arts. 97.2. 178.1 y 182 de la LRJS, 218. 1 y 3 de la LECv, todo ello en relación con el art. 24.1 de la CE.

6.-En la referida sentencia de contraste, valoramos un caso en el que la sentencia del correspondiente TSJ desestimó el recurso de suplicación presentado por la empresa, dejando de resolver un motivo destinado a la revisión de hechos probados, así como otro de revisión jurídica en el que se sostenía, con cita de infracción del art. 52 c/ del ET, que concurrían las causas económicas y productivas que justificaban el despido y podían determinar su calificación como procedente. Además, tal omisión afectaba a una cuestión controvertida, por cuanto, de haber sido examinada, podría haber conducido a una decisión distinta.

En consecuencia, estimamos el recurso de casación así formalizado, y previa anulación de la sentencia combatida, devolvimos las actuaciones para que se dictara otra en la que, con plena libertad de criterio, se resolvieran todas las cuestiones planteadas.

7.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la administración demandada, entendiendo que no existía contradicción y que, en todo caso, el recurso debía ser desestimado.

E igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, sosteniendo que no existe contradicción entre las resoluciones comparadas.

SEGUNDO.- 1.Nos corresponde ahora determinar si concurre la contradicción exigida por el art. 219.1 de la LRJS (en la redacción anterior a la modificación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuestión, por lo demás, irrelevante en el caso) para fundar la casación unificadora que ahora resolvemos.

Debemos recordar en este punto la constante doctrina de este tribunal, en el sentido la contradicción exigida precisa que las sentencias comparadas contengan pronunciamientos distintos sobre la misma cuestión, esto es, que se hayan generado respuestas judiciales diversas ante debates o controversias sustancialmente iguales. Por otro lado, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado que, se hubieran alcanzado decisiones contradictorias entre sí «respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación», y «en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales».

Conviene también recordar que, como regla general, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo casos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado.

Y, finalmente, que si bien la labor valorativa para apreciar la existencia de contradicción «comporta un previo juicio de valor abstracto acerca de la cuestión debatida, hay supuestos en los que la determinación acerca de la igualdad o desigualdad de los presupuestos fácticos requiere simultánea definición sobre el fondo de la cuestión debatida, porque la diversidad o identidad sustancial únicamente se alcanza a determinar si se pone en relación directa con la norma a aplicar, con necesidad de expresar de manera frontal la interpretación que se atribuye a la disposición -legal o convencional-de que se trata» ( SSTS 367/2019 de 14 de mayo -rec. 3957/2016 y 646/2022 de 12 de julio -rec. 1367/2019-, entre otras).

2.-Además, y teniendo la cuestión debatida una naturaleza esencialmente procesal, debemos recordar de manera adicional la constante doctrina de este Tribunal para este particular supuesto.

En efecto, como tenemos dicho, entre otras, en nuestras SSTS 315/2022, de 6 de abril -rcud 200/2021-, 392/2023, de 31 de mayo -rcud 1909/2022)-, 1234/2024, de 12 de noviembre -rcud 1615/2023- o 732/2025 de 16 de julio -rcud. 1585/2024-, y todas las que en ellas se citan como precedentes:

a/ El debate posible en el ámbito de la casación unificadora comprende tanto las cuestiones sustantivas como las procesales.

b/ En el caso de las cuestiones procesales, es también necesaria la existencia de una ineludible contradicción tal como se deriva de la exigencia del art. 219 de la LRJS ya que, de otro modo, se acabaría dando a las mismas el tratamiento procesal de la casación ordinaria, lo que no resulta admisible.

c/ Lo anterior es compatible con el hecho de que se produzca una cierta flexibilización a la hora de apreciar la contradicción en las cuestiones procesales, en atención a la peculiar naturaleza de las mismas. De este modo, y a partir del Acuerdo adoptado por la Sala en Pleno no jurisdiccional de fecha 11 de febrero de 2015, se concluyó que las identidades exigibles no pueden referirse a las cuestiones de fondo implicadas, sino a la controversia procesal planteada, debiendo existir, para apreciar la contradicción, la suficiente homogeneidad entre las infracciones procesales comparadas, aunque ello sea compatible con que, en ciertas ocasiones particulares, la heterogeneidad de los debates sustantivos pueda impedir, por sí misma, la homogeneidad de los problemas procesales.

d/ Para que pueda apreciarse la identidad en el plano exclusivo de la homogeneidad procesal, es necesario que, habiéndose propuesto en las dos sentencias como tema de decisión la existencia de una infracción procesal, aquellas lleguen a soluciones diferente. Es preciso por consiguiente que las irregularidades formales constituyan el núcleo de la argumentación o la ratio decidendide las sentencias.

e/ Por último, y de manera decisiva para la decisión del concreto supuesto que ahora nos ocupa, tenemos dicho que no existe contradicción entre una sentencia que decide sobre una cuestión procesal y otra que sin entrar en ella resuelve sobre el fondo, porque mientras que en un caso el problema procesal es objeto inmediato y directo de enjuiciamiento, en el otro no ha entrado en el ámbito de la decisión.

3.-La realización de un juicio de valor sobre la existencia de contradicción, que es lo que ahora nos ocupa, hace necesario recordar, aun sucintamente, las líneas básicas que delimitan la incongruencia omisiva. En efecto, en nuestras SSTS 858/2022 de 26 de octubre -rec. 3164/2019-, o 1125/2025 de 25 de noviembre -rec. 493/2025-, por citas solo algunas de las más recientes, hemos partido de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional.

Así, las SSTC 20/1982 de 5 de mayo, 124/2000 de 16 de mayo, 186/2002 de 14 de octubre, 6/2003 de 20 de enero, 91/2003 de 19 de mayo o 83/2004 de 10 de mayo, han definido el vicio de incongruencia como un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido, lo cual entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando esa desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal.

Y, de manera más concreta, la incongruencia omisiva o ex silentiocomo la situación en la que «el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales».

4.-Pues bien, la proyección de los anteriores criterios al caso considerado, diluye la posibilidad de apreciar la necesaria contradicción.

En efecto, la sentencia de este mismo Tribunal propuesta como de contraste valora un supuesto típicamente constitutivo de una incongruencia omisiva, por cuanto el órgano judicial deja de pronunciarse sin más sobre cuestiones, tanto de hecho como de derecho, susceptibles de alterar el sentido de la decisión.

Pero eso no es lo que ocurre en el supuesto de la sentencia recurrida. En este caso la sentencia de instancia incurre en una práctica habitual en los juzgados de lo social, consistente en pronunciarse sobre una cuestión procesal, en este caso la cosa juzgada para, acto seguido, y pesar de haber afirmado que concurría aquel efecto vinculante, entrar a conocer del fondo del asunto, seguramente para evitar las potenciales consecuencias de que la Sala de suplicación, caso de desestimar aquella excepción, anule la sentencia recurrida y devuelva las actuaciones al juzgado de instancia para volver a dictar resolución que resuelva el fondo del asunto.

La parte demandante presentó en su momento recurso de suplicación con un solo motivo que contribuyó al resultado final, en cuanto acumulaba en el mismo tanto la controversia procesal como la sustantiva.

Y, finalmente, la Sala de suplicación no se pronuncia de manera expresa sobre la excepción de cosa juzgada, pero resuelve, con evidencia palmaria, el fondo del asunto, afirmando con toda claridad que la relación laboral no podía calificarse como fija como se interesaba en la pretensión ejercitada, en vista de la jurisprudencia de este Tribunal y los pronunciamientos del TSJ.

Nos encontramos, por tanto, ante un típico caso de decisión implícita o tácita de la cuestión procesal a la que contribuyó, posiblemente, la falta de definición suficiente sobre la modalidad de cosa juzgada que se ponía en juego, si la positiva vinculante o la negativa o excluyente. Pero, por lo que ahora interesa, lo decisivo es que la Sala de suplicación emitió una decisión sobre el fondo del asunto y, en tales condiciones y como adelantamos en su momento, nos encontramos ante sentencias comparadas en la que la de contraste decide la cuestión procesal en base a una omisión patente de pronunciamiento de la resolución considerada en aquel recurso, y la de contraste resuelve sobre el fondo sin entrar en dicha cuestión procesal.

De lo todo lo dicho se deriva que no pueda apreciarse la existencia de la contradicción necesaria para la decisión de la casación unificadora.

TERCERO.-La consecuencia de todo lo dicho es que el recurso debió ser inadmitido y que, por tanto, y como tenemos reiteradamente dicho, la causa de inadmisión (en este caso relativa a la falta de contradicción), se convierte en este momento procesal en causa de desestimación ( SSTS de 5 de abril de 2017 - rec. 1932/2016, de 25 de abril de 2017 - rec. 3190/2015, 26 de abril de 2017 -rec. 1995/2015, 2 de julio de 2018 -rec. 2250/2016-, 620/2022 de 6 de julio -rec. 2309/2019, 776/2022 de 27 de septiembre -rec. 965/2020, 893/2022 de 10 de noviembre -rec. 2882/2021-, 732/2025 de 6 de julio - rec. 1585/2024-).

Procede, por tanto, tal como tenía interesado el Ministerio Fiscal, desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida.

Sin imposición de costas a tenor del art. 235.1 de la LRJS.

PRIMERO.- 1.-La cuestión debatida en la presente casación unificadora se contrae a determinar si la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva por no haber decidido, en su caso, todas las cuestiones propuestas en el recurso de suplicación, de forma tal que justifique su declaración de nulidad con devolución de actuaciones para resolver lo más procedente.

2.-La demandante había prestado servicios para la administración demandada en varios periodos reseñados en las actuaciones y que ahora no interesa reproducir, hasta un último cese de 31 de diciembre de 2013. Presentada reclamación contra este por la interesada junto con otros trabajadores, mediante sentencia del juzgado de lo social nº 3 de Sevilla de 23 de diciembre de 2014 se declaró la improcedencia del que se entendió despido realizado, habiéndose optado por la readmisión mediante resolución de 29 de mayo de 2015.

Con independencia de lo anterior, las partes firmaron contrato de trabajo indefinido de 27 de marzo de 2015 para dar cumplimiento a la referida sentencia con posterior cese de 30 de junio de 2017. El 26 de mayo de 2017 se adjudicó a la interesada, con efectos de 1 de julio de 2017, el puesto código NUM001 dependiente de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, ciencia y Empleo de Sevilla.

3.-Finalmente, la interesada presentó demanda interesando el reconocimiento de su condición de trabajadora fija de la administración demandada y no meramente indefinida no fija, pretensión desestimada mediante sentencia del juzgado de lo social, nº 4 de 7 de julio de 2022.

En esta resolución y en el apartado destinado a resolver la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada, se entiende que la primera sentencia de 23 de diciembre de 2014 ya había resuelto sobre la naturaleza de la relación laboral, para entender que aquella constituía un «antecedente lógico», de forma tal que «por el puro principio de seguridad jurídica, siendo así que esos extremos ni siquiera fueron cuestionados en suplicación, debo desestimar la demanda respecto de los mismos, dado que ya se resolvió dicha cuestión reconociéndoles la condición de indefinido, que no fijo».

Al margen de esta primera decisión, la sentencia de instancia señaló igualmente que «aún descartando la excepción planteada la demanda debe ser desestimada», embarcándose a partir de dicho momento en una argumentación en cuanto a la incidencia de la jurisprudencia de este Tribunal y de los pronunciamientos del TJUE en la cuestión debatida, esto es, la calificación de la relación jurídica considerada.

La reseñada terminaba, como ya se ha dicho, desestimando la demanda, sin previo pronunciamiento en cuanto al destino de la excepción de cosa juzgada.

4.-Presentado recurso de suplicación contra la antedicha, con un único motivo en el que se citaban tanto preceptos relativos a la cosa juzgada como a la naturaleza de la relación jurídica considerada, el mismo fue desestimado por la sentencia del TSJ de Andalucía/Sevilla de 21 de noviembre de 2024, que confirmó la previamente dictada en la instancia.

A tal efecto, la Sala andaluza transcribía parte de las consideraciones de la sentencia de instancia y, en particular, las relativas a la condición de la primera sentencia de despido como antecedente lógico de la subsiguiente, pero sin pronunciarse expresamente sobre los efectos de la cosa juzgada. Acto seguido se refería igualmente a los criterios jurisprudenciales sentados por este mismo Tribunal Supremo sobre la calificación de las relaciones laborales suscritas por las administraciones públicas en función de su duración, en relación con diversos pronunciamientos del TJUE. Y, finalmente, se refería también a un precedente de la propia Sala andaluza, que ya se había pronunciado teniendo a la vista la más reciente STJUE de 22 de febrero de 2024, asunto C-59/22, así como el planteamiento de una nueva cuestión prejudicial por auto de este Tribunal de 30 de mayo de 2024. Y terminaba desestimando ae recurso de suplicación presentado, nuevamente sin pronunciamiento expreso en lo relativo a los efectos de la cosa juzgada.

5.-Contra esta última sentencia ha presentado su recurso de casación unificadora la parte demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la STS Sentencia núm. 344/2020 de 14 de mayo de 2020 -rec. 3213/2017-; como núcleo de contradicción, si debe entenderse que la sentencia combatida ha incurrido en incongruencia omisiva que amerite su declaración de nulidad; y como normativa infringida los arts. 97.2. 178.1 y 182 de la LRJS, 218. 1 y 3 de la LECv, todo ello en relación con el art. 24.1 de la CE.

6.-En la referida sentencia de contraste, valoramos un caso en el que la sentencia del correspondiente TSJ desestimó el recurso de suplicación presentado por la empresa, dejando de resolver un motivo destinado a la revisión de hechos probados, así como otro de revisión jurídica en el que se sostenía, con cita de infracción del art. 52 c/ del ET, que concurrían las causas económicas y productivas que justificaban el despido y podían determinar su calificación como procedente. Además, tal omisión afectaba a una cuestión controvertida, por cuanto, de haber sido examinada, podría haber conducido a una decisión distinta.

En consecuencia, estimamos el recurso de casación así formalizado, y previa anulación de la sentencia combatida, devolvimos las actuaciones para que se dictara otra en la que, con plena libertad de criterio, se resolvieran todas las cuestiones planteadas.

7.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la administración demandada, entendiendo que no existía contradicción y que, en todo caso, el recurso debía ser desestimado.

E igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, sosteniendo que no existe contradicción entre las resoluciones comparadas.

SEGUNDO.- 1.Nos corresponde ahora determinar si concurre la contradicción exigida por el art. 219.1 de la LRJS (en la redacción anterior a la modificación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuestión, por lo demás, irrelevante en el caso) para fundar la casación unificadora que ahora resolvemos.

Debemos recordar en este punto la constante doctrina de este tribunal, en el sentido la contradicción exigida precisa que las sentencias comparadas contengan pronunciamientos distintos sobre la misma cuestión, esto es, que se hayan generado respuestas judiciales diversas ante debates o controversias sustancialmente iguales. Por otro lado, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado que, se hubieran alcanzado decisiones contradictorias entre sí «respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación», y «en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales».

Conviene también recordar que, como regla general, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo casos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado.

Y, finalmente, que si bien la labor valorativa para apreciar la existencia de contradicción «comporta un previo juicio de valor abstracto acerca de la cuestión debatida, hay supuestos en los que la determinación acerca de la igualdad o desigualdad de los presupuestos fácticos requiere simultánea definición sobre el fondo de la cuestión debatida, porque la diversidad o identidad sustancial únicamente se alcanza a determinar si se pone en relación directa con la norma a aplicar, con necesidad de expresar de manera frontal la interpretación que se atribuye a la disposición -legal o convencional-de que se trata» ( SSTS 367/2019 de 14 de mayo -rec. 3957/2016 y 646/2022 de 12 de julio -rec. 1367/2019-, entre otras).

2.-Además, y teniendo la cuestión debatida una naturaleza esencialmente procesal, debemos recordar de manera adicional la constante doctrina de este Tribunal para este particular supuesto.

En efecto, como tenemos dicho, entre otras, en nuestras SSTS 315/2022, de 6 de abril -rcud 200/2021-, 392/2023, de 31 de mayo -rcud 1909/2022)-, 1234/2024, de 12 de noviembre -rcud 1615/2023- o 732/2025 de 16 de julio -rcud. 1585/2024-, y todas las que en ellas se citan como precedentes:

a/ El debate posible en el ámbito de la casación unificadora comprende tanto las cuestiones sustantivas como las procesales.

b/ En el caso de las cuestiones procesales, es también necesaria la existencia de una ineludible contradicción tal como se deriva de la exigencia del art. 219 de la LRJS ya que, de otro modo, se acabaría dando a las mismas el tratamiento procesal de la casación ordinaria, lo que no resulta admisible.

c/ Lo anterior es compatible con el hecho de que se produzca una cierta flexibilización a la hora de apreciar la contradicción en las cuestiones procesales, en atención a la peculiar naturaleza de las mismas. De este modo, y a partir del Acuerdo adoptado por la Sala en Pleno no jurisdiccional de fecha 11 de febrero de 2015, se concluyó que las identidades exigibles no pueden referirse a las cuestiones de fondo implicadas, sino a la controversia procesal planteada, debiendo existir, para apreciar la contradicción, la suficiente homogeneidad entre las infracciones procesales comparadas, aunque ello sea compatible con que, en ciertas ocasiones particulares, la heterogeneidad de los debates sustantivos pueda impedir, por sí misma, la homogeneidad de los problemas procesales.

d/ Para que pueda apreciarse la identidad en el plano exclusivo de la homogeneidad procesal, es necesario que, habiéndose propuesto en las dos sentencias como tema de decisión la existencia de una infracción procesal, aquellas lleguen a soluciones diferente. Es preciso por consiguiente que las irregularidades formales constituyan el núcleo de la argumentación o la ratio decidendide las sentencias.

e/ Por último, y de manera decisiva para la decisión del concreto supuesto que ahora nos ocupa, tenemos dicho que no existe contradicción entre una sentencia que decide sobre una cuestión procesal y otra que sin entrar en ella resuelve sobre el fondo, porque mientras que en un caso el problema procesal es objeto inmediato y directo de enjuiciamiento, en el otro no ha entrado en el ámbito de la decisión.

3.-La realización de un juicio de valor sobre la existencia de contradicción, que es lo que ahora nos ocupa, hace necesario recordar, aun sucintamente, las líneas básicas que delimitan la incongruencia omisiva. En efecto, en nuestras SSTS 858/2022 de 26 de octubre -rec. 3164/2019-, o 1125/2025 de 25 de noviembre -rec. 493/2025-, por citas solo algunas de las más recientes, hemos partido de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional.

Así, las SSTC 20/1982 de 5 de mayo, 124/2000 de 16 de mayo, 186/2002 de 14 de octubre, 6/2003 de 20 de enero, 91/2003 de 19 de mayo o 83/2004 de 10 de mayo, han definido el vicio de incongruencia como un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido, lo cual entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando esa desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal.

Y, de manera más concreta, la incongruencia omisiva o ex silentiocomo la situación en la que «el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales».

4.-Pues bien, la proyección de los anteriores criterios al caso considerado, diluye la posibilidad de apreciar la necesaria contradicción.

En efecto, la sentencia de este mismo Tribunal propuesta como de contraste valora un supuesto típicamente constitutivo de una incongruencia omisiva, por cuanto el órgano judicial deja de pronunciarse sin más sobre cuestiones, tanto de hecho como de derecho, susceptibles de alterar el sentido de la decisión.

Pero eso no es lo que ocurre en el supuesto de la sentencia recurrida. En este caso la sentencia de instancia incurre en una práctica habitual en los juzgados de lo social, consistente en pronunciarse sobre una cuestión procesal, en este caso la cosa juzgada para, acto seguido, y pesar de haber afirmado que concurría aquel efecto vinculante, entrar a conocer del fondo del asunto, seguramente para evitar las potenciales consecuencias de que la Sala de suplicación, caso de desestimar aquella excepción, anule la sentencia recurrida y devuelva las actuaciones al juzgado de instancia para volver a dictar resolución que resuelva el fondo del asunto.

La parte demandante presentó en su momento recurso de suplicación con un solo motivo que contribuyó al resultado final, en cuanto acumulaba en el mismo tanto la controversia procesal como la sustantiva.

Y, finalmente, la Sala de suplicación no se pronuncia de manera expresa sobre la excepción de cosa juzgada, pero resuelve, con evidencia palmaria, el fondo del asunto, afirmando con toda claridad que la relación laboral no podía calificarse como fija como se interesaba en la pretensión ejercitada, en vista de la jurisprudencia de este Tribunal y los pronunciamientos del TSJ.

Nos encontramos, por tanto, ante un típico caso de decisión implícita o tácita de la cuestión procesal a la que contribuyó, posiblemente, la falta de definición suficiente sobre la modalidad de cosa juzgada que se ponía en juego, si la positiva vinculante o la negativa o excluyente. Pero, por lo que ahora interesa, lo decisivo es que la Sala de suplicación emitió una decisión sobre el fondo del asunto y, en tales condiciones y como adelantamos en su momento, nos encontramos ante sentencias comparadas en la que la de contraste decide la cuestión procesal en base a una omisión patente de pronunciamiento de la resolución considerada en aquel recurso, y la de contraste resuelve sobre el fondo sin entrar en dicha cuestión procesal.

De lo todo lo dicho se deriva que no pueda apreciarse la existencia de la contradicción necesaria para la decisión de la casación unificadora.

TERCERO.-La consecuencia de todo lo dicho es que el recurso debió ser inadmitido y que, por tanto, y como tenemos reiteradamente dicho, la causa de inadmisión (en este caso relativa a la falta de contradicción), se convierte en este momento procesal en causa de desestimación ( SSTS de 5 de abril de 2017 - rec. 1932/2016, de 25 de abril de 2017 - rec. 3190/2015, 26 de abril de 2017 -rec. 1995/2015, 2 de julio de 2018 -rec. 2250/2016-, 620/2022 de 6 de julio -rec. 2309/2019, 776/2022 de 27 de septiembre -rec. 965/2020, 893/2022 de 10 de noviembre -rec. 2882/2021-, 732/2025 de 6 de julio - rec. 1585/2024-).

Procede, por tanto, tal como tenía interesado el Ministerio Fiscal, desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida.

Sin imposición de costas a tenor del art. 235.1 de la LRJS.

PRIMERO.- 1.-La cuestión debatida en la presente casación unificadora se contrae a determinar si la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva por no haber decidido, en su caso, todas las cuestiones propuestas en el recurso de suplicación, de forma tal que justifique su declaración de nulidad con devolución de actuaciones para resolver lo más procedente.

2.-La demandante había prestado servicios para la administración demandada en varios periodos reseñados en las actuaciones y que ahora no interesa reproducir, hasta un último cese de 31 de diciembre de 2013. Presentada reclamación contra este por la interesada junto con otros trabajadores, mediante sentencia del juzgado de lo social nº 3 de Sevilla de 23 de diciembre de 2014 se declaró la improcedencia del que se entendió despido realizado, habiéndose optado por la readmisión mediante resolución de 29 de mayo de 2015.

Con independencia de lo anterior, las partes firmaron contrato de trabajo indefinido de 27 de marzo de 2015 para dar cumplimiento a la referida sentencia con posterior cese de 30 de junio de 2017. El 26 de mayo de 2017 se adjudicó a la interesada, con efectos de 1 de julio de 2017, el puesto código NUM001 dependiente de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, ciencia y Empleo de Sevilla.

3.-Finalmente, la interesada presentó demanda interesando el reconocimiento de su condición de trabajadora fija de la administración demandada y no meramente indefinida no fija, pretensión desestimada mediante sentencia del juzgado de lo social, nº 4 de 7 de julio de 2022.

En esta resolución y en el apartado destinado a resolver la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada, se entiende que la primera sentencia de 23 de diciembre de 2014 ya había resuelto sobre la naturaleza de la relación laboral, para entender que aquella constituía un «antecedente lógico», de forma tal que «por el puro principio de seguridad jurídica, siendo así que esos extremos ni siquiera fueron cuestionados en suplicación, debo desestimar la demanda respecto de los mismos, dado que ya se resolvió dicha cuestión reconociéndoles la condición de indefinido, que no fijo».

Al margen de esta primera decisión, la sentencia de instancia señaló igualmente que «aún descartando la excepción planteada la demanda debe ser desestimada», embarcándose a partir de dicho momento en una argumentación en cuanto a la incidencia de la jurisprudencia de este Tribunal y de los pronunciamientos del TJUE en la cuestión debatida, esto es, la calificación de la relación jurídica considerada.

La reseñada terminaba, como ya se ha dicho, desestimando la demanda, sin previo pronunciamiento en cuanto al destino de la excepción de cosa juzgada.

4.-Presentado recurso de suplicación contra la antedicha, con un único motivo en el que se citaban tanto preceptos relativos a la cosa juzgada como a la naturaleza de la relación jurídica considerada, el mismo fue desestimado por la sentencia del TSJ de Andalucía/Sevilla de 21 de noviembre de 2024, que confirmó la previamente dictada en la instancia.

A tal efecto, la Sala andaluza transcribía parte de las consideraciones de la sentencia de instancia y, en particular, las relativas a la condición de la primera sentencia de despido como antecedente lógico de la subsiguiente, pero sin pronunciarse expresamente sobre los efectos de la cosa juzgada. Acto seguido se refería igualmente a los criterios jurisprudenciales sentados por este mismo Tribunal Supremo sobre la calificación de las relaciones laborales suscritas por las administraciones públicas en función de su duración, en relación con diversos pronunciamientos del TJUE. Y, finalmente, se refería también a un precedente de la propia Sala andaluza, que ya se había pronunciado teniendo a la vista la más reciente STJUE de 22 de febrero de 2024, asunto C-59/22, así como el planteamiento de una nueva cuestión prejudicial por auto de este Tribunal de 30 de mayo de 2024. Y terminaba desestimando ae recurso de suplicación presentado, nuevamente sin pronunciamiento expreso en lo relativo a los efectos de la cosa juzgada.

5.-Contra esta última sentencia ha presentado su recurso de casación unificadora la parte demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la STS Sentencia núm. 344/2020 de 14 de mayo de 2020 -rec. 3213/2017-; como núcleo de contradicción, si debe entenderse que la sentencia combatida ha incurrido en incongruencia omisiva que amerite su declaración de nulidad; y como normativa infringida los arts. 97.2. 178.1 y 182 de la LRJS, 218. 1 y 3 de la LECv, todo ello en relación con el art. 24.1 de la CE.

6.-En la referida sentencia de contraste, valoramos un caso en el que la sentencia del correspondiente TSJ desestimó el recurso de suplicación presentado por la empresa, dejando de resolver un motivo destinado a la revisión de hechos probados, así como otro de revisión jurídica en el que se sostenía, con cita de infracción del art. 52 c/ del ET, que concurrían las causas económicas y productivas que justificaban el despido y podían determinar su calificación como procedente. Además, tal omisión afectaba a una cuestión controvertida, por cuanto, de haber sido examinada, podría haber conducido a una decisión distinta.

En consecuencia, estimamos el recurso de casación así formalizado, y previa anulación de la sentencia combatida, devolvimos las actuaciones para que se dictara otra en la que, con plena libertad de criterio, se resolvieran todas las cuestiones planteadas.

7.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la administración demandada, entendiendo que no existía contradicción y que, en todo caso, el recurso debía ser desestimado.

E igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, sosteniendo que no existe contradicción entre las resoluciones comparadas.

SEGUNDO.- 1.Nos corresponde ahora determinar si concurre la contradicción exigida por el art. 219.1 de la LRJS (en la redacción anterior a la modificación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuestión, por lo demás, irrelevante en el caso) para fundar la casación unificadora que ahora resolvemos.

Debemos recordar en este punto la constante doctrina de este tribunal, en el sentido la contradicción exigida precisa que las sentencias comparadas contengan pronunciamientos distintos sobre la misma cuestión, esto es, que se hayan generado respuestas judiciales diversas ante debates o controversias sustancialmente iguales. Por otro lado, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado que, se hubieran alcanzado decisiones contradictorias entre sí «respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación», y «en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales».

Conviene también recordar que, como regla general, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo casos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado.

Y, finalmente, que si bien la labor valorativa para apreciar la existencia de contradicción «comporta un previo juicio de valor abstracto acerca de la cuestión debatida, hay supuestos en los que la determinación acerca de la igualdad o desigualdad de los presupuestos fácticos requiere simultánea definición sobre el fondo de la cuestión debatida, porque la diversidad o identidad sustancial únicamente se alcanza a determinar si se pone en relación directa con la norma a aplicar, con necesidad de expresar de manera frontal la interpretación que se atribuye a la disposición -legal o convencional-de que se trata» ( SSTS 367/2019 de 14 de mayo -rec. 3957/2016 y 646/2022 de 12 de julio -rec. 1367/2019-, entre otras).

2.-Además, y teniendo la cuestión debatida una naturaleza esencialmente procesal, debemos recordar de manera adicional la constante doctrina de este Tribunal para este particular supuesto.

En efecto, como tenemos dicho, entre otras, en nuestras SSTS 315/2022, de 6 de abril -rcud 200/2021-, 392/2023, de 31 de mayo -rcud 1909/2022)-, 1234/2024, de 12 de noviembre -rcud 1615/2023- o 732/2025 de 16 de julio -rcud. 1585/2024-, y todas las que en ellas se citan como precedentes:

a/ El debate posible en el ámbito de la casación unificadora comprende tanto las cuestiones sustantivas como las procesales.

b/ En el caso de las cuestiones procesales, es también necesaria la existencia de una ineludible contradicción tal como se deriva de la exigencia del art. 219 de la LRJS ya que, de otro modo, se acabaría dando a las mismas el tratamiento procesal de la casación ordinaria, lo que no resulta admisible.

c/ Lo anterior es compatible con el hecho de que se produzca una cierta flexibilización a la hora de apreciar la contradicción en las cuestiones procesales, en atención a la peculiar naturaleza de las mismas. De este modo, y a partir del Acuerdo adoptado por la Sala en Pleno no jurisdiccional de fecha 11 de febrero de 2015, se concluyó que las identidades exigibles no pueden referirse a las cuestiones de fondo implicadas, sino a la controversia procesal planteada, debiendo existir, para apreciar la contradicción, la suficiente homogeneidad entre las infracciones procesales comparadas, aunque ello sea compatible con que, en ciertas ocasiones particulares, la heterogeneidad de los debates sustantivos pueda impedir, por sí misma, la homogeneidad de los problemas procesales.

d/ Para que pueda apreciarse la identidad en el plano exclusivo de la homogeneidad procesal, es necesario que, habiéndose propuesto en las dos sentencias como tema de decisión la existencia de una infracción procesal, aquellas lleguen a soluciones diferente. Es preciso por consiguiente que las irregularidades formales constituyan el núcleo de la argumentación o la ratio decidendide las sentencias.

e/ Por último, y de manera decisiva para la decisión del concreto supuesto que ahora nos ocupa, tenemos dicho que no existe contradicción entre una sentencia que decide sobre una cuestión procesal y otra que sin entrar en ella resuelve sobre el fondo, porque mientras que en un caso el problema procesal es objeto inmediato y directo de enjuiciamiento, en el otro no ha entrado en el ámbito de la decisión.

3.-La realización de un juicio de valor sobre la existencia de contradicción, que es lo que ahora nos ocupa, hace necesario recordar, aun sucintamente, las líneas básicas que delimitan la incongruencia omisiva. En efecto, en nuestras SSTS 858/2022 de 26 de octubre -rec. 3164/2019-, o 1125/2025 de 25 de noviembre -rec. 493/2025-, por citas solo algunas de las más recientes, hemos partido de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional.

Así, las SSTC 20/1982 de 5 de mayo, 124/2000 de 16 de mayo, 186/2002 de 14 de octubre, 6/2003 de 20 de enero, 91/2003 de 19 de mayo o 83/2004 de 10 de mayo, han definido el vicio de incongruencia como un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido, lo cual entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando esa desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal.

Y, de manera más concreta, la incongruencia omisiva o ex silentiocomo la situación en la que «el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales».

4.-Pues bien, la proyección de los anteriores criterios al caso considerado, diluye la posibilidad de apreciar la necesaria contradicción.

En efecto, la sentencia de este mismo Tribunal propuesta como de contraste valora un supuesto típicamente constitutivo de una incongruencia omisiva, por cuanto el órgano judicial deja de pronunciarse sin más sobre cuestiones, tanto de hecho como de derecho, susceptibles de alterar el sentido de la decisión.

Pero eso no es lo que ocurre en el supuesto de la sentencia recurrida. En este caso la sentencia de instancia incurre en una práctica habitual en los juzgados de lo social, consistente en pronunciarse sobre una cuestión procesal, en este caso la cosa juzgada para, acto seguido, y pesar de haber afirmado que concurría aquel efecto vinculante, entrar a conocer del fondo del asunto, seguramente para evitar las potenciales consecuencias de que la Sala de suplicación, caso de desestimar aquella excepción, anule la sentencia recurrida y devuelva las actuaciones al juzgado de instancia para volver a dictar resolución que resuelva el fondo del asunto.

La parte demandante presentó en su momento recurso de suplicación con un solo motivo que contribuyó al resultado final, en cuanto acumulaba en el mismo tanto la controversia procesal como la sustantiva.

Y, finalmente, la Sala de suplicación no se pronuncia de manera expresa sobre la excepción de cosa juzgada, pero resuelve, con evidencia palmaria, el fondo del asunto, afirmando con toda claridad que la relación laboral no podía calificarse como fija como se interesaba en la pretensión ejercitada, en vista de la jurisprudencia de este Tribunal y los pronunciamientos del TSJ.

Nos encontramos, por tanto, ante un típico caso de decisión implícita o tácita de la cuestión procesal a la que contribuyó, posiblemente, la falta de definición suficiente sobre la modalidad de cosa juzgada que se ponía en juego, si la positiva vinculante o la negativa o excluyente. Pero, por lo que ahora interesa, lo decisivo es que la Sala de suplicación emitió una decisión sobre el fondo del asunto y, en tales condiciones y como adelantamos en su momento, nos encontramos ante sentencias comparadas en la que la de contraste decide la cuestión procesal en base a una omisión patente de pronunciamiento de la resolución considerada en aquel recurso, y la de contraste resuelve sobre el fondo sin entrar en dicha cuestión procesal.

De lo todo lo dicho se deriva que no pueda apreciarse la existencia de la contradicción necesaria para la decisión de la casación unificadora.

TERCERO.-La consecuencia de todo lo dicho es que el recurso debió ser inadmitido y que, por tanto, y como tenemos reiteradamente dicho, la causa de inadmisión (en este caso relativa a la falta de contradicción), se convierte en este momento procesal en causa de desestimación ( SSTS de 5 de abril de 2017 - rec. 1932/2016, de 25 de abril de 2017 - rec. 3190/2015, 26 de abril de 2017 -rec. 1995/2015, 2 de julio de 2018 -rec. 2250/2016-, 620/2022 de 6 de julio -rec. 2309/2019, 776/2022 de 27 de septiembre -rec. 965/2020, 893/2022 de 10 de noviembre -rec. 2882/2021-, 732/2025 de 6 de julio - rec. 1585/2024-).

Procede, por tanto, tal como tenía interesado el Ministerio Fiscal, desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida.

Sin imposición de costas a tenor del art. 235.1 de la LRJS.