Sentencia Social 718/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4994/2023 de 15 de julio del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión planteada en el presente recurso consiste en decidir si la actora cumple con el requisito de convivencia con el causante durante dos años anteriores al fallecimiento, a efectos del percibo de la prestación en favor de familiares, en un supuesto en que el padre fue ingresado en una residencia dos años y medio antes de que se produjese el óbito.

2.La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 18 de Barcelona desestimó la demanda de la actora. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de mayo de 2023, rec. sup. 8299/2022 revocó la de instancia, reconociendo el derecho de la beneficiaria a lucrar la mencionada prestación, por resultar acreditada (padrón municipal) la convivencia previa con el causante y considerar que el ingreso en una residencia a tan avanzada edad (contaba 87 años) no interrumpe el requisito de convivencia.

Consta que la actora había solicitado la prestación de muerte y supervivencia en favor de familiares por el fallecimiento de su padre y causante ocurrido el 19 de enero de 2019. El INSS le denegó la prestación por no constar acreditado el requisito de convivencia con el causante y a su cargo con al menos dos años de antelación al fallecimiento del causante, que había sido ingresado en una residencia dos años y dos meses antes de su muerte, en la que había permanecido durante dicho tiempo.

La sentencia recurrida fundó su pronunciamiento por resultar acreditada (padrón municipal) la convivencia previa con el causante y considerar que el ingreso en una residencia a tan avanzada edad (contaba 87 años) no interrumpe el requisito de convivencia.

3.Recurre el INSS en casación unificadora y denuncia infracción del artículo 226.2.a) LGSS. El recurso ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de interesar su estimación.

SEGUNDO.- 1.El organismo recurrente invoca como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de enero de 2018 -rec. sup. 309/17-. En ella consta acreditado que la actora fue la cuidadora principal de su padre durante 2014 y 2015, el causante falleció el día 27 de enero de 2016 y se acredita que él y la actora convivieron en el mismo domicilio durante los años 2014 y 2015, hasta que, en mayo de 2015, el causante se dio de baja en el mismo por cambio de residencia a un centro de mayores. Argumenta la sentencia que, el hecho de un ingreso en una institución especializada en los meses previos al fallecimiento del causante, no equivale a cumplir con el requisito de la convivencia, máxime cuando la actora y el causante se ha declarado probado y no se ha contradicho que no convivían en el mismo domicilio al momento del fallecimiento del padre, que vivió los últimos meses al cuidado de un centro especializado, sin que quepa asimilar esta circunstancia ni por las circunstancias temporales, ni por las médicas a un ingreso en un centro hospitalario que concluya con el fallecimiento.

2.Concurre la contradicción en los términos previstos en el artículo 219 LRJS, ya que en ambos casos se trata de sendas hijas que solicitan la prestación en favor de familiares por muerte de sus respectivos padres que, en uno y otro supuesto, estuvieron ingresados en una residencia de mayores (dos años y dos meses anteriores al hecho causante en la recurrida y 8 meses en la de contraste); debatiéndose en ambas sentencias si concurre el requisito de la convivencia en los términos exigidos por el artículo 226.2 LGSS. Sin embargo, las sentencias recurridas llegan a resultados contradictorios ya que en la recurrida se estima la prestación por considerar que el ingreso en una residencia de mayores no afecta al requisito de la convivencia; mientras que la de contraste considera que falta de requisito de la convivencia precisamente debido a que esta no se produjo físicamente debido al ingreso en el centro de atención a mayores. Además, en todo caso, concurriría la contradicción «a fortiori».

TERCERO.- 1.El artículo 226 LGSS, en su apartado segundo se establece que:

«En todo caso, se reconocerá derecho a pensión a los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, en quienes se den, en los términos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes circunstancias: a) Haber convivido con el causante y a su cargo. b) Ser mayores de cuarenta y cinco años y solteros, divorciados o viudos. c) Acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante. d) Carecer de medios propios de vida». Por su parte el artículo 40 del Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas (RD 3158/1966) exige que el beneficiario de la prestación que nos ocupa hubiera convivido «con el causante y a sus expensas, al menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran, si ésta hubiere ocurrido dentro de dicho periodo».

La finalidad de la prestación que nos ocupa es subvenir a la situación de necesidad a que los hijos o hermanos del causante se ven abocados por el fallecimiento del padre o hermano del que dependían económicamente. Es por ello por lo que el término convivencia no ha sido interpretado como un mero vivir en compañía de alguien sino, con un criterio más amplio en el que lo que debe valorase es, por un lado, la dependencia económica del beneficiario respecto de su causante; y, por otro, la dedicación al cuidado y compañía del causante, realizada por el beneficiario. Se trataría de un criterio de interpretación flexible y humanizador del concepto de convivencia física que priorizaría la efectividad de las atenciones y cuidados hacía el sujeto causante y que la Sala ha aplicado en circunstancias excepcionales impuestas por circunstancias transitorias de trabajo fuera de la residencia habitual con la finalidad de atender mejor al sostenimiento de la familia cuando las relaciones afectivas y económicas no han desaparecido ( STS de 9 de febrero de 1985, rec. 355/1984).

2.Sin embargo, en la relación fáctica de la sentencia recurrida -al igual que ocurre en la de contraste- no consta ningún dato que permita aplicar este tipo de interpretación flexible. En efecto, no consta que la actora hubiera dispensado cuidados a su padre durante su estancia en la residencia de mayores que permitiesen acreditar la permanencia de una relación directa, frecuente o habitual entre la actora y el causante; lo que impide poder tener por superado el requisito de la convivencia, ni siquiera en su interpretación mas flexibilizadora.

CUARTO.En virtud de lo expuesto, de conformidad con el fundamentado informe del Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso y la consiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida; resolviendo el debate en suplicación desestimando el de tal clase formulado por la actora y declarando la firmeza de la sentencia de instancia. Sin costas, de conformidad con el artículo 235 LRJS.

PRIMERO.- 1.La cuestión planteada en el presente recurso consiste en decidir si la actora cumple con el requisito de convivencia con el causante durante dos años anteriores al fallecimiento, a efectos del percibo de la prestación en favor de familiares, en un supuesto en que el padre fue ingresado en una residencia dos años y medio antes de que se produjese el óbito.

2.La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 18 de Barcelona desestimó la demanda de la actora. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de mayo de 2023, rec. sup. 8299/2022 revocó la de instancia, reconociendo el derecho de la beneficiaria a lucrar la mencionada prestación, por resultar acreditada (padrón municipal) la convivencia previa con el causante y considerar que el ingreso en una residencia a tan avanzada edad (contaba 87 años) no interrumpe el requisito de convivencia.

Consta que la actora había solicitado la prestación de muerte y supervivencia en favor de familiares por el fallecimiento de su padre y causante ocurrido el 19 de enero de 2019. El INSS le denegó la prestación por no constar acreditado el requisito de convivencia con el causante y a su cargo con al menos dos años de antelación al fallecimiento del causante, que había sido ingresado en una residencia dos años y dos meses antes de su muerte, en la que había permanecido durante dicho tiempo.

La sentencia recurrida fundó su pronunciamiento por resultar acreditada (padrón municipal) la convivencia previa con el causante y considerar que el ingreso en una residencia a tan avanzada edad (contaba 87 años) no interrumpe el requisito de convivencia.

3.Recurre el INSS en casación unificadora y denuncia infracción del artículo 226.2.a) LGSS. El recurso ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de interesar su estimación.

SEGUNDO.- 1.El organismo recurrente invoca como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de enero de 2018 -rec. sup. 309/17-. En ella consta acreditado que la actora fue la cuidadora principal de su padre durante 2014 y 2015, el causante falleció el día 27 de enero de 2016 y se acredita que él y la actora convivieron en el mismo domicilio durante los años 2014 y 2015, hasta que, en mayo de 2015, el causante se dio de baja en el mismo por cambio de residencia a un centro de mayores. Argumenta la sentencia que, el hecho de un ingreso en una institución especializada en los meses previos al fallecimiento del causante, no equivale a cumplir con el requisito de la convivencia, máxime cuando la actora y el causante se ha declarado probado y no se ha contradicho que no convivían en el mismo domicilio al momento del fallecimiento del padre, que vivió los últimos meses al cuidado de un centro especializado, sin que quepa asimilar esta circunstancia ni por las circunstancias temporales, ni por las médicas a un ingreso en un centro hospitalario que concluya con el fallecimiento.

2.Concurre la contradicción en los términos previstos en el artículo 219 LRJS, ya que en ambos casos se trata de sendas hijas que solicitan la prestación en favor de familiares por muerte de sus respectivos padres que, en uno y otro supuesto, estuvieron ingresados en una residencia de mayores (dos años y dos meses anteriores al hecho causante en la recurrida y 8 meses en la de contraste); debatiéndose en ambas sentencias si concurre el requisito de la convivencia en los términos exigidos por el artículo 226.2 LGSS. Sin embargo, las sentencias recurridas llegan a resultados contradictorios ya que en la recurrida se estima la prestación por considerar que el ingreso en una residencia de mayores no afecta al requisito de la convivencia; mientras que la de contraste considera que falta de requisito de la convivencia precisamente debido a que esta no se produjo físicamente debido al ingreso en el centro de atención a mayores. Además, en todo caso, concurriría la contradicción «a fortiori».

TERCERO.- 1.El artículo 226 LGSS, en su apartado segundo se establece que:

«En todo caso, se reconocerá derecho a pensión a los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, en quienes se den, en los términos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes circunstancias: a) Haber convivido con el causante y a su cargo. b) Ser mayores de cuarenta y cinco años y solteros, divorciados o viudos. c) Acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante. d) Carecer de medios propios de vida». Por su parte el artículo 40 del Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas (RD 3158/1966) exige que el beneficiario de la prestación que nos ocupa hubiera convivido «con el causante y a sus expensas, al menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran, si ésta hubiere ocurrido dentro de dicho periodo».

La finalidad de la prestación que nos ocupa es subvenir a la situación de necesidad a que los hijos o hermanos del causante se ven abocados por el fallecimiento del padre o hermano del que dependían económicamente. Es por ello por lo que el término convivencia no ha sido interpretado como un mero vivir en compañía de alguien sino, con un criterio más amplio en el que lo que debe valorase es, por un lado, la dependencia económica del beneficiario respecto de su causante; y, por otro, la dedicación al cuidado y compañía del causante, realizada por el beneficiario. Se trataría de un criterio de interpretación flexible y humanizador del concepto de convivencia física que priorizaría la efectividad de las atenciones y cuidados hacía el sujeto causante y que la Sala ha aplicado en circunstancias excepcionales impuestas por circunstancias transitorias de trabajo fuera de la residencia habitual con la finalidad de atender mejor al sostenimiento de la familia cuando las relaciones afectivas y económicas no han desaparecido ( STS de 9 de febrero de 1985, rec. 355/1984).

2.Sin embargo, en la relación fáctica de la sentencia recurrida -al igual que ocurre en la de contraste- no consta ningún dato que permita aplicar este tipo de interpretación flexible. En efecto, no consta que la actora hubiera dispensado cuidados a su padre durante su estancia en la residencia de mayores que permitiesen acreditar la permanencia de una relación directa, frecuente o habitual entre la actora y el causante; lo que impide poder tener por superado el requisito de la convivencia, ni siquiera en su interpretación mas flexibilizadora.

CUARTO.En virtud de lo expuesto, de conformidad con el fundamentado informe del Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso y la consiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida; resolviendo el debate en suplicación desestimando el de tal clase formulado por la actora y declarando la firmeza de la sentencia de instancia. Sin costas, de conformidad con el artículo 235 LRJS.

PRIMERO.- 1.La cuestión planteada en el presente recurso consiste en decidir si la actora cumple con el requisito de convivencia con el causante durante dos años anteriores al fallecimiento, a efectos del percibo de la prestación en favor de familiares, en un supuesto en que el padre fue ingresado en una residencia dos años y medio antes de que se produjese el óbito.

2.La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 18 de Barcelona desestimó la demanda de la actora. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de mayo de 2023, rec. sup. 8299/2022 revocó la de instancia, reconociendo el derecho de la beneficiaria a lucrar la mencionada prestación, por resultar acreditada (padrón municipal) la convivencia previa con el causante y considerar que el ingreso en una residencia a tan avanzada edad (contaba 87 años) no interrumpe el requisito de convivencia.

Consta que la actora había solicitado la prestación de muerte y supervivencia en favor de familiares por el fallecimiento de su padre y causante ocurrido el 19 de enero de 2019. El INSS le denegó la prestación por no constar acreditado el requisito de convivencia con el causante y a su cargo con al menos dos años de antelación al fallecimiento del causante, que había sido ingresado en una residencia dos años y dos meses antes de su muerte, en la que había permanecido durante dicho tiempo.

La sentencia recurrida fundó su pronunciamiento por resultar acreditada (padrón municipal) la convivencia previa con el causante y considerar que el ingreso en una residencia a tan avanzada edad (contaba 87 años) no interrumpe el requisito de convivencia.

3.Recurre el INSS en casación unificadora y denuncia infracción del artículo 226.2.a) LGSS. El recurso ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de interesar su estimación.

SEGUNDO.- 1.El organismo recurrente invoca como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de enero de 2018 -rec. sup. 309/17-. En ella consta acreditado que la actora fue la cuidadora principal de su padre durante 2014 y 2015, el causante falleció el día 27 de enero de 2016 y se acredita que él y la actora convivieron en el mismo domicilio durante los años 2014 y 2015, hasta que, en mayo de 2015, el causante se dio de baja en el mismo por cambio de residencia a un centro de mayores. Argumenta la sentencia que, el hecho de un ingreso en una institución especializada en los meses previos al fallecimiento del causante, no equivale a cumplir con el requisito de la convivencia, máxime cuando la actora y el causante se ha declarado probado y no se ha contradicho que no convivían en el mismo domicilio al momento del fallecimiento del padre, que vivió los últimos meses al cuidado de un centro especializado, sin que quepa asimilar esta circunstancia ni por las circunstancias temporales, ni por las médicas a un ingreso en un centro hospitalario que concluya con el fallecimiento.

2.Concurre la contradicción en los términos previstos en el artículo 219 LRJS, ya que en ambos casos se trata de sendas hijas que solicitan la prestación en favor de familiares por muerte de sus respectivos padres que, en uno y otro supuesto, estuvieron ingresados en una residencia de mayores (dos años y dos meses anteriores al hecho causante en la recurrida y 8 meses en la de contraste); debatiéndose en ambas sentencias si concurre el requisito de la convivencia en los términos exigidos por el artículo 226.2 LGSS. Sin embargo, las sentencias recurridas llegan a resultados contradictorios ya que en la recurrida se estima la prestación por considerar que el ingreso en una residencia de mayores no afecta al requisito de la convivencia; mientras que la de contraste considera que falta de requisito de la convivencia precisamente debido a que esta no se produjo físicamente debido al ingreso en el centro de atención a mayores. Además, en todo caso, concurriría la contradicción «a fortiori».

TERCERO.- 1.El artículo 226 LGSS, en su apartado segundo se establece que:

«En todo caso, se reconocerá derecho a pensión a los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, en quienes se den, en los términos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes circunstancias: a) Haber convivido con el causante y a su cargo. b) Ser mayores de cuarenta y cinco años y solteros, divorciados o viudos. c) Acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante. d) Carecer de medios propios de vida». Por su parte el artículo 40 del Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas (RD 3158/1966) exige que el beneficiario de la prestación que nos ocupa hubiera convivido «con el causante y a sus expensas, al menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran, si ésta hubiere ocurrido dentro de dicho periodo».

La finalidad de la prestación que nos ocupa es subvenir a la situación de necesidad a que los hijos o hermanos del causante se ven abocados por el fallecimiento del padre o hermano del que dependían económicamente. Es por ello por lo que el término convivencia no ha sido interpretado como un mero vivir en compañía de alguien sino, con un criterio más amplio en el que lo que debe valorase es, por un lado, la dependencia económica del beneficiario respecto de su causante; y, por otro, la dedicación al cuidado y compañía del causante, realizada por el beneficiario. Se trataría de un criterio de interpretación flexible y humanizador del concepto de convivencia física que priorizaría la efectividad de las atenciones y cuidados hacía el sujeto causante y que la Sala ha aplicado en circunstancias excepcionales impuestas por circunstancias transitorias de trabajo fuera de la residencia habitual con la finalidad de atender mejor al sostenimiento de la familia cuando las relaciones afectivas y económicas no han desaparecido ( STS de 9 de febrero de 1985, rec. 355/1984).

2.Sin embargo, en la relación fáctica de la sentencia recurrida -al igual que ocurre en la de contraste- no consta ningún dato que permita aplicar este tipo de interpretación flexible. En efecto, no consta que la actora hubiera dispensado cuidados a su padre durante su estancia en la residencia de mayores que permitiesen acreditar la permanencia de una relación directa, frecuente o habitual entre la actora y el causante; lo que impide poder tener por superado el requisito de la convivencia, ni siquiera en su interpretación mas flexibilizadora.

CUARTO.En virtud de lo expuesto, de conformidad con el fundamentado informe del Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso y la consiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida; resolviendo el debate en suplicación desestimando el de tal clase formulado por la actora y declarando la firmeza de la sentencia de instancia. Sin costas, de conformidad con el artículo 235 LRJS.