Sentencia Social 951/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 177/2024 de 16 de octubre del 2025

PRIMERO.- 1.La controversia litigiosa radica en determinar cuál es la duración de la prestación por desempleo de una trabajadora cuyo contrato de trabajo se extinguió en virtud de un despido objetivo y que había sido incluida en un ERTE-Covid.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la pretensión de la actora. La demandante recurrió en suplicación. El recurso fue estimado por la STSJ de Castilla-La Mancha 1561/2023, de 9 de noviembre (recurso 1587/2022) que revocó la sentencia de instancia para reconocer el derecho de la trabajadora a una prestación por desempleo de 240 días de duración (el SEPE le había reconocido 180 días).

3.El recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el SEPE formula un único motivo en el que denuncia la infracción de los arts. 269.1 y 2 de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) en relación con los arts. 24 y 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020, y con los arts. 8.7 y 2.5 del Real Decreto-ley 30/2020.

Argumenta que estamos ante una prestación contributiva que necesita dos requisitos: ocupación y cotización. Sostiene que las normas generales sobre esta materia contenidas en la LGSS no se han visto alteradas por la normativa especial de excepción del Real Decreto-ley 8/2020, ni tampoco por el Real Decreto-ley 30/2020, las cuales no contradicen ni invalidan lo establecido en aquéllas. Por lo tanto, aun cuando en la presente litis no se consuma parte de la prestación reconocida por día de ERTE, ello no implica que, para el cálculo del periodo de ocupación cotizada, los periodos posteriores al 30 de septiembre de 2020 afecten al periodo máximo de percepción. Ello es así porque la norma especial prevé que los periodos afectados hasta esa fecha por un ERTE serán objeto de retroacción por el mismo periodo a efectos de buscar cotizaciones anteriores no utilizadas en prestaciones pretéritas y que no se tengan como consumidas en prestaciones futuras.

4.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que el recurso debe ser estimado.

El escrito de impugnación del recurso presentado por el actor niega que concurra el requisito de contradicción y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste dictada por el TSJ de Madrid 858/2022, de 22 de diciembre (recurso 644/2022).

Ese requisito no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, STS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En la sentencia recurrida constan las siguientes circunstancias:

a) La actora prestó servicios para la empresa Toledo Ohio Asociados SL desde el 25 de mayo del 2019 al 8 de junio de 2019 (15 días) y del 1 de julio de 2019 al 31 de agosto de 2019 (62 días).

b) Posteriormente, prestó servicios para Upper Class Moda SL desde el 2 de septiembre de 2019.

c) Estuvo afectada por un ERTE-Covid de suspensión de contrato de trabajo del 16 de marzo de 2020 al 11 de junio de 2020 y del 19 de enero de 2021 al 11 de febrero de 2021.

d) Su contrato de trabajo se extinguió como consecuencia de un despido por causas objetivas de fecha 31 de agosto de 2021.

e) La trabajadora solicitó la prestación de desempleo. El SEPE le reconoció un total de 180 días de prestación contributiva de desempleo.

La sentencia recurrida estima el recurso de suplicación formulado por la demandante y revoca la sentencia de instancia para reconocerle el derecho a una prestación por desempleo de 240 días de duración por las siguientes razones:

a) Los periodos de prestación por desempleo consumidos por los trabajadores afectados por ERTE-Covid no pueden computarse para determinar el periodo de reconocimiento de una nueva prestación derivada de la extinción del contrato de trabajo.

b) Esos periodos de tiempo deben computarse como si fueran periodos neutros.

c) Se deben computar los días trabajados tanto en Toledo Ohio Asociados SL como en Upper Class Moda SL, lo que supone un total de 790 días cotizados, por lo que la actora tiene derecho a la prestación por desempleo de 240 días.

3.En la sentencia referencial se trataba de una trabajadora que fue afectada por un ERTE-Covid el 17 de marzo de 2020. Fue desafectada del 10 al 16 de septiembre de 2020. Desde esta última fecha volvió a estar afectada por el ERTE hasta el momento de su despido. Por resolución del SEPE de 20 de octubre de 2021 se le reconoció una prestación por desempleo de 600 días por un periodo de ocupación cotizado de 1857 días. La cuestión se centró en si, para determinar la duración de la prestación de desempleo litigiosa, tenían que considerarse los días que la actora estuvo en ERTE.

La sentencia de contraste confirma la sentencia de instancia que había desestimado la demanda. Analiza la incidencia del art. 24 del Real Decreto 8/2020 en la regulación general de los arts. 269 y 273 de la LGSS en cuanto que constituye una excepción a la obligación de cotizar respecto del régimen común de las suspensiones del contrato de trabajo, pero nada más, lo que supone que no se cotiza, pero es como si se cotizara por la empleadora. De esta manera solo queda afectada por la regulación la obligación de cotizaciones por la empresa en las suspensiones por Covid-19, «pero no regula la duración de la prestación y cuando especifica que el periodo se tendrá como cotizado a todos los efectos lo es para evitar que la falta de cotización ponga al trabajador en peor condición que al común de los trabajadores, esto es, para ponerles en la misma situación que a los demás en lo que se refiere a los derechos en los que la cotización tenga influencia, de modo que a la hora de establecer la duración de la prestación de desempleo, como para cualquier otro caso de suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor, en aplicación de lo previsto en el art. 269 LGSS, no se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de suspensión de la relación laboral».

4.No concurre el requisito de contradicción. Tanto en la sentencia recurrida como en la referencial se niega que el periodo de percepción de prestaciones por desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo por un ERTE-Covid deba computarse como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. En la sentencia recurrida, en los seis años anteriores al hecho causante de la prestación por desempleo, el trabajador acredita 790 días trabajados, por lo que le corresponde la prestación por desempleo de 240 días. Esta prestación se calcula sin computar como cotizado el tiempo en que se produjo la citada suspensión del contrato de trabajo.

Por el contrario, en la sentencia referencial la controversia radica en si debe computarse ese periodo como cotizado. La sentencia de contraste niega que deba computarse y confirma la sentencia desestimatoria de instancia. Los hechos y fundamentos son esencialmente diferentes, lo que excluye que concurra el requisito de contradicción.

TERCERO.- 1.Esta causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación del recurso de casación unificadora [ STS 620/2022, de 6 de julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 de septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021), entre otras muchas].

2.De acuerdo con lo razonado, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de las costas ( art. 235.1 de la LRJS) .