Sentencia Social 543/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2952/2024 de 16 de junio del 2026

PRIMERO. 1.La controversia litigiosa radica en determinar cuál es la duración de la prestación por desempleo de un trabajador cuyo contrato de trabajo se extingue en virtud de un despido y que había sido incluido en un ERTE-Covid.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social estimó la pretensión del actor y condenó al SEPE a abonarle la prestación por desempleo con 720 días de derecho y 0 días consumidos. El SEPE recurrió en suplicación solicitando la revocación de la sentencia dictada en instancia y la desestimación de la demanda.

El recurso de suplicación fue desestimado por la STSJ de Madrid 298/2024, de 4 de abril (recurso 49/2024), que confirmó la sentencia de instancia.

3.El recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el SEPE formula un único motivo en el que denuncia la infracción de los artículos 269.1 y 2 de la Ley General de la Seguridad Social ( en adelante LGSS) en relación con los artículos 24 y 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020 y con los artículos 8.7 y 2.5 del Real Decreto-ley 30/2020.

Argumenta que estamos ante una prestación contributiva que necesita dos requisitos: ocupación y cotización. Sostiene que las normas generales sobre esta materia contenidas en la LGSS no se han visto alteradas por la normativa especial de excepción del Real Decreto-ley 8/2020, ni tampoco por el Real Decreto-ley 30/2020, las cuales no contradicen ni invalidan lo establecido en aquéllas. Por lo tanto, aun cuando en la presente litis no se consuma parte de la prestación reconocida por día de ERTE, ello no implica que, para el cálculo del periodo de ocupación cotizada, los periodos posteriores al 30 de septiembre de 2020 afecten al periodo máximo de percepción. Ello es así porque la norma especial prevé que los periodos afectados hasta esa fecha por un ERTE serán objeto de retroacción por el mismo periodo a efectos de buscar cotizaciones anteriores no utilizadas en prestaciones pretéritas y que no se tengan como consumidas en prestaciones futuras.

4.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que el recurso debe ser estimado. El actor presentó escrito de impugnación del recurso en el que niega la contradicción y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO. 1.En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste dictada por el TS (Pleno) 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022).

Es la misma sentencia de contraste invocada en la STS 195/2026, de 25 de febrero (rcud 775/2024), en la que se suscitó una controversia semejante. En ella, declaramos la concurrencia de contradicción. Reiteramos sus argumentos en este recurso.

2.En la sentencia recurrida constan las siguientes circunstancias:

A) El actor prestó servicios para la empresa Luckia Gaming Group SA.

B) Estuvo afectado por un ERTE-Covid de suspensión de contrato de trabajo desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022 y por un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción desde el 1 de abril de 2022 al 29 de mayo de 2022.

C) Su contrato de trabajo se extinguió como consecuencia de un despido con efectos de 30 de noviembre de 2022.

D) El trabajador solicitó la prestación de desempleo. El SEPE le reconoció un total de 540 días de prestación contributiva de desempleo, con 432 días consumidos (por aplicación de la nueva redacción dada al art. 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020 por la disposición final primera del Real Decreto-ley 18/2021).

3.La sentencia recurrida le reconoce el derecho a una prestación por desempleo de 720 días de duración por las siguientes razones:

A) Los periodos de prestación por desempleo consumidos por los trabajadores afectados por ERTE-Covid no pueden computarse para determinar el periodo de reconocimiento de una nueva prestación derivada de la extinción del contrato de trabajo.

B) Esos periodos de tiempo deben computarse como si fueran periodos neutros.

C) Se deben computar los días trabajados en la empresa Luckia Gaming Group SA, por lo que la actora tiene derecho a la prestación por desempleo de 720 días.

4.Los hechos, fundamentos y pretensiones de las dos sentencias son sustancialmente iguales. En ambos casos se trata de trabajadores incluidos en previos expedientes de suspensión por causa Covid cuyas relaciones laborales se extinguieron.

La sentencia recurrida, aun entendiendo que no deben computarse como cotizados los periodos en situación de suspensión por ERTE- Covid, recurre a la técnica de retrotraer el periodo de cómputo más allá de los seis años, haciendo un paréntesis con los periodos en situación de ERTE-Covid, posibilidad que no aparece mencionada en la sentencia de contraste. Pero como ya dijimos, entre otras, en nuestra STS 955/2025 de 16 de octubre (rcud 675/2024) para un caso prácticamente idéntico al presente, la contradicción a efectos de suplicación no se determina por la disparidad de fundamentos de las sentencias comparadas, sino por los invocados en la pretensión de las respectivas partes y en este caso, partiendo de la identidad sustancial de hechos y de pretensión, también se produce la identidad de fundamentos, dado que la demanda rectora de los autos en la instancia se fundamentaba en el cómputo como cotizados de los días transcurridos en ERTE-Covid.

TERCERO. 1.La resolución de la presente litis exige el examen de las diferentes normas denunciadas, cuyo contenido pasamos a reproducir.

El art. 269 de la LGSS dispone:

«1. La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, con arreglo a la siguiente escala [...]

2. A efectos de determinación del período de ocupación cotizada a que se refiere el apartado anterior, se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial.

No obstante, no se considerará como derecho anterior el que se reconozca en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el art. 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [...]

No se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, excepto cuando la prestación se perciba en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el art. 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tal como establece el art. 165.5 de esta ley».

2.Los arts. 24 y 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en redacción vigente a la fecha del hecho causante, establecen:

«Art. 24.1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el art. 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el art. 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, durante los meses de marzo y abril de 2020, cuando, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, en situación de alta en la Seguridad Social.

Si la empresa tuviera 50 personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

2. Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el apartado 1 del art. 20 de la Ley General de la Seguridad Social».

« Art. 25.1. En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el art. 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas: [...]

b) No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos».

3.El art. 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, establece:

«7. La medida prevista en el art. 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2020.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, con el objetivo proteger a las personas afectadas en sus empleos por la crisis, especialmente a las más vulnerables, no se computarán en ningún momento como consumidas las prestaciones por desempleo disfrutadas, durante los expedientes referidos en el apartado 1 de este artículo, por aquellas que accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2023, como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado improcedente, o por fin o interrupción de la actividad de las personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo, incluidos aquellos con contrato a tiempo parcial que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas.

La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere el apartado 1 de este artículo, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de enero de 2027.

A aquellas personas que accedan a una prestación por desempleo por un cese producido a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, a las que haya que consumir días de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos anteriores, únicamente se les consumirán los periodos de prestación percibidos a partir del 1 de enero de 2021».

CUARTO. 1.La cuestión que se plantea en el presente recurso ya ha sido resuelta por la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022).

En ella señalamos que la regla general sobre esta materia está recogida en el art. 269 de la LGSS y, haciendo especial énfasis en su apartado segundo, recordamos que, a efectos de determinar la duración de la prestación por desempleo en función de los periodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores, «no pueden tenerse en cuenta las cotizaciones que ya hubieren sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, sin que puedan tampoco computarse las que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, durante el tiempo correspondiente al abono de la prestación. El único supuesto expresamente exceptuado de esa regla general es el de las prestaciones reconocidas en virtud de la suspensión de la relación laboral por causa de violencia de género».

Sobre esta misma cuestión, con cita de precedentes ( STS de 16 de marzo de 2007, recurso 435/2006 y 13 de febrero de 2007, recurso 5521/2005) recordamos que, «por "periodo de ocupación cotizada" debe entenderse el de trabajo y cotización, pues así se deriva de los términos claros y categóricos con que se pronuncia el legislador" y que "no vale, simplemente, con el hecho de la cotización sino que es precisa la efectiva realización de un trabajo de forma simultánea».

2.Tras enunciar así la norma general, señalamos que procedía discernir si las reglas especiales dictadas para regular la prestación de desempleo derivada del Covid habían introducido alguna clase de excepción a dicha norma general.

Para ello, en relación con el contenido de los arts. 24 y 25 del Real Decreto-ley 8/2020 y el art. 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, expusimos que «en este singular régimen jurídico hay relevantes particularidades para la prestación de desempleo covid -que claramente modifican algunas de las reglas generales en la materia-, pero que no alteran la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado que permita generar un nuevo periodo de desempleo.

Además de la exoneración del abono de la aportación empresarial en los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados por esa causa en base a fuerza mayor, así como el reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo a los trabajadores que carezcan del periodo de ocupación cotizada mínima necesario para ello, se incorpora la novedad de no computar el tiempo de percepción de la prestación a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción del desempleo establecidos en la norma legal de referencia, bajo las condiciones referidas en aquellos preceptos legales».

Pero que, más allá de estas singularidades, en ningún caso «se contempla que el periodo de percepción de prestaciones de desempleo pueda computarse a los efectos de generar el derecho a una nueva prestación, como si de una ocupación cotizada se tratase».

3.A continuación, profundizamos en el contenido del art. 24 del Real Decreto-ley 8/2020, para explicar que, aunque es cierto que el punto 2 de dicho precepto señala «que la exoneración de las cuotas empresariales no tendrá efectos parala persona trabajadora, "manteniéndose" la consideración de dicho período como " efectivamente cotizado a todos los efectos", "no puede extraerse de dicha expresión "la consecuencia de considerar como cotizado para desempleo el tiempo durante el que se perciben las prestaciones por suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor covid».

A tal efecto, efectuamos una lectura del referido art. 24 en contraposición con el art. 273.2 de la LGSS, precepto relativo a la cotización durante la situación por desempleo y que establece que «en los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato de trabajo, la entidad gestora solo ingresa la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior».

De tal lectura concluimos que «lo que ha querido el legislador con esa normativa especial, es que el trabajador no se vea perjudicado por la exención de la cuota empresarial durante los periodos de percepción de desempleo por suspensión o reducción de la jornada de trabajo covid, en el sentido de que su situación jurídica quede en los mismos términos que resultarían de haberse aplicado aquella previsión del art. 273. 2 LGSS, que obliga a la empresa a ingresar durante ese periodo la aportación que le corresponda».

La finalidad del citado art. 24.2 es la de regular los efectos jurídicos que se desprenden de la exoneración de las cuotas empresariales a la que se refiere el art. 24.1, y dejar claro que no puede suponer un gravamen para el trabajador.

Por ello, impone el «mantenimiento» de la consideración de dicho periodo de desempleo como efectivamente cotizado, para evitar que pueda considerarse como un periodo carente de cotizaciones empresariales.

Con esa expresión «a todos los efectos» no se quiere atribuir a ese periodo de desempleo un nuevo y diferente efecto jurídico, sino reafirmar la idea de que la exoneración de la cuota empresarial no puede ir en detrimento del trabajador, para que ulteriormente se le tenga por no cotizado el periodo de desempleo percibido por suspensión de la relación laboral o reducción de jornada durante el que la empresa no ha ingresado las cotizaciones.

4.Continuamos con nuestros argumentos indicando que la norma especial «no introduce una nueva regla de la que pudiere derivarse que esa clase desempleo genere más beneficios que los previstos con carácter general, al punto de que deba entenderse como cotizado por desempleo y permita lucrar un nuevo periodo de prestación».

Así, explicamos que «utiliza el verbo "mantener", para significar que los derechos del trabajador no han de verse modificados por el hecho de que la empresa esté exonerada de ingresar las cotizaciones que en condiciones ordinarias le corresponden durante los periodos de percepción de prestaciones de desempleo por suspensión del contrato o reducción de jornada.

Tan solo quiere asegurarse de que esa excepcional exoneración de cotizaciones empresariales en periodos de desempleo covid, no incida negativamente en la situación jurídica del trabajador.

Dicho de otra forma, esa ley especial no pretende generar un derecho distinto y más extenso que el contemplado en la LGSS, sino mantener para el trabajador el mismo estatuto jurídico reconocido en la normativa ordinaria, pese a la inexistencia de cotizaciones empresariales en el periodo de prestación de desempleo covid».

5.Por último, recordamos los principios en los que se sustenta la prestación de desempleo, «que vinculan de manera indisociable su duración a la correlativa realización de ciertos periodos de ocupación cotizada. Tan solo el efectivo desempeño de servicios laborales durante un determinado periodo temporal puede generar el correlativo derecho a la prestación».

Todo ello sin perjuicio de que «se admita la posibilidad de generar periodos de desempleo por el solo hecho de la cotización, no acompañado de la efectiva realización de una ocupación cotizada».

Pero estas excepcionales situaciones deberán estar contempladas de manera expresa en la Ley. De haber sido esa la voluntad del legislador con la promulgación de la normativa legal que estamos analizando, así lo habría hecho constar expresamente. En la misma forma que lo hace en el último párrafo del art. 269.2 LGSS, al mencionar específicamente el caso de la suspensión de la relación laboral del art. 45.1.n ) ET, para excluirlo de la regla general que impide computar es esos efectos las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación de desempleo.

6.Esta Sala ha negado que en estas situaciones se pueda apreciar una especie de «doctrina de paréntesis» que carece de sustento legal, por cuanto «[l]a invocación de la teoría del paréntesis, de la mano de normas sobre cálculo de la pensión de jubilación carece de fuerza para cambiar el signo de nuestra doctrina. Ni estamos ante pensión de jubilación, ni existe vacío normativo alguno sobre la obligación de cotizar, sino una regulación específica y propia de la situación de desempleo» [por todas, STS 1089/2024, de 11 de septiembre (rcud 3737/2023); 1109/2025, de 19 de noviembre (rcud 3338/2024); y 1238/2025, de 10 de diciembre (rcud 3184/2024)].

7.Esta doctrina ha sido reiterada, entre otras, en STS 378/2024, de 23 de febrero (rcud 5659/2022); 380/2024, de 23 de febrero (rcud 606/2023); 213/2024, de 30 de enero (rcud 5531/2022); 214/2024, de 30 de enero (rcud 5751/2022); 873/2024 de 5 de junio (rcud 5315/2022); 1089/2024, de 11 de septiembre (rcud 3737/2023); y 1092/2024 de 11 septiembre (rcud. 4421/2023).

QUINTO. 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a aplicar al supuesto enjuiciado la referida doctrina jurisprudencial, por unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley. Debemos declarar que la doctrina correcta es la que contiene la sentencia referencial, lo que conduce a estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la parte demandada.

2.En consecuencia, procede casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de estimar el recurso de tal clase formulado por el SEPE, revocar la sentencia de instancia y desestimar la demanda.

Sin condena al pago de costas ni en suplicación, ni en casación ( art. 235 LRJS) .

PRIMERO. 1.La controversia litigiosa radica en determinar cuál es la duración de la prestación por desempleo de un trabajador cuyo contrato de trabajo se extingue en virtud de un despido y que había sido incluido en un ERTE-Covid.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social estimó la pretensión del actor y condenó al SEPE a abonarle la prestación por desempleo con 720 días de derecho y 0 días consumidos. El SEPE recurrió en suplicación solicitando la revocación de la sentencia dictada en instancia y la desestimación de la demanda.

El recurso de suplicación fue desestimado por la STSJ de Madrid 298/2024, de 4 de abril (recurso 49/2024), que confirmó la sentencia de instancia.

3.El recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el SEPE formula un único motivo en el que denuncia la infracción de los artículos 269.1 y 2 de la Ley General de la Seguridad Social ( en adelante LGSS) en relación con los artículos 24 y 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020 y con los artículos 8.7 y 2.5 del Real Decreto-ley 30/2020.

Argumenta que estamos ante una prestación contributiva que necesita dos requisitos: ocupación y cotización. Sostiene que las normas generales sobre esta materia contenidas en la LGSS no se han visto alteradas por la normativa especial de excepción del Real Decreto-ley 8/2020, ni tampoco por el Real Decreto-ley 30/2020, las cuales no contradicen ni invalidan lo establecido en aquéllas. Por lo tanto, aun cuando en la presente litis no se consuma parte de la prestación reconocida por día de ERTE, ello no implica que, para el cálculo del periodo de ocupación cotizada, los periodos posteriores al 30 de septiembre de 2020 afecten al periodo máximo de percepción. Ello es así porque la norma especial prevé que los periodos afectados hasta esa fecha por un ERTE serán objeto de retroacción por el mismo periodo a efectos de buscar cotizaciones anteriores no utilizadas en prestaciones pretéritas y que no se tengan como consumidas en prestaciones futuras.

4.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que el recurso debe ser estimado. El actor presentó escrito de impugnación del recurso en el que niega la contradicción y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO. 1.En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste dictada por el TS (Pleno) 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022).

Es la misma sentencia de contraste invocada en la STS 195/2026, de 25 de febrero (rcud 775/2024), en la que se suscitó una controversia semejante. En ella, declaramos la concurrencia de contradicción. Reiteramos sus argumentos en este recurso.

2.En la sentencia recurrida constan las siguientes circunstancias:

A) El actor prestó servicios para la empresa Luckia Gaming Group SA.

B) Estuvo afectado por un ERTE-Covid de suspensión de contrato de trabajo desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022 y por un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción desde el 1 de abril de 2022 al 29 de mayo de 2022.

C) Su contrato de trabajo se extinguió como consecuencia de un despido con efectos de 30 de noviembre de 2022.

D) El trabajador solicitó la prestación de desempleo. El SEPE le reconoció un total de 540 días de prestación contributiva de desempleo, con 432 días consumidos (por aplicación de la nueva redacción dada al art. 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020 por la disposición final primera del Real Decreto-ley 18/2021).

3.La sentencia recurrida le reconoce el derecho a una prestación por desempleo de 720 días de duración por las siguientes razones:

A) Los periodos de prestación por desempleo consumidos por los trabajadores afectados por ERTE-Covid no pueden computarse para determinar el periodo de reconocimiento de una nueva prestación derivada de la extinción del contrato de trabajo.

B) Esos periodos de tiempo deben computarse como si fueran periodos neutros.

C) Se deben computar los días trabajados en la empresa Luckia Gaming Group SA, por lo que la actora tiene derecho a la prestación por desempleo de 720 días.

4.Los hechos, fundamentos y pretensiones de las dos sentencias son sustancialmente iguales. En ambos casos se trata de trabajadores incluidos en previos expedientes de suspensión por causa Covid cuyas relaciones laborales se extinguieron.

La sentencia recurrida, aun entendiendo que no deben computarse como cotizados los periodos en situación de suspensión por ERTE- Covid, recurre a la técnica de retrotraer el periodo de cómputo más allá de los seis años, haciendo un paréntesis con los periodos en situación de ERTE-Covid, posibilidad que no aparece mencionada en la sentencia de contraste. Pero como ya dijimos, entre otras, en nuestra STS 955/2025 de 16 de octubre (rcud 675/2024) para un caso prácticamente idéntico al presente, la contradicción a efectos de suplicación no se determina por la disparidad de fundamentos de las sentencias comparadas, sino por los invocados en la pretensión de las respectivas partes y en este caso, partiendo de la identidad sustancial de hechos y de pretensión, también se produce la identidad de fundamentos, dado que la demanda rectora de los autos en la instancia se fundamentaba en el cómputo como cotizados de los días transcurridos en ERTE-Covid.

TERCERO. 1.La resolución de la presente litis exige el examen de las diferentes normas denunciadas, cuyo contenido pasamos a reproducir.

El art. 269 de la LGSS dispone:

«1. La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, con arreglo a la siguiente escala [...]

2. A efectos de determinación del período de ocupación cotizada a que se refiere el apartado anterior, se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial.

No obstante, no se considerará como derecho anterior el que se reconozca en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el art. 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [...]

No se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, excepto cuando la prestación se perciba en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el art. 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tal como establece el art. 165.5 de esta ley».

2.Los arts. 24 y 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en redacción vigente a la fecha del hecho causante, establecen:

«Art. 24.1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el art. 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el art. 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, durante los meses de marzo y abril de 2020, cuando, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, en situación de alta en la Seguridad Social.

Si la empresa tuviera 50 personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

2. Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el apartado 1 del art. 20 de la Ley General de la Seguridad Social».

« Art. 25.1. En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el art. 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas: [...]

b) No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos».

3.El art. 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, establece:

«7. La medida prevista en el art. 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2020.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, con el objetivo proteger a las personas afectadas en sus empleos por la crisis, especialmente a las más vulnerables, no se computarán en ningún momento como consumidas las prestaciones por desempleo disfrutadas, durante los expedientes referidos en el apartado 1 de este artículo, por aquellas que accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2023, como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado improcedente, o por fin o interrupción de la actividad de las personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo, incluidos aquellos con contrato a tiempo parcial que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas.

La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere el apartado 1 de este artículo, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de enero de 2027.

A aquellas personas que accedan a una prestación por desempleo por un cese producido a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, a las que haya que consumir días de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos anteriores, únicamente se les consumirán los periodos de prestación percibidos a partir del 1 de enero de 2021».

CUARTO. 1.La cuestión que se plantea en el presente recurso ya ha sido resuelta por la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022).

En ella señalamos que la regla general sobre esta materia está recogida en el art. 269 de la LGSS y, haciendo especial énfasis en su apartado segundo, recordamos que, a efectos de determinar la duración de la prestación por desempleo en función de los periodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores, «no pueden tenerse en cuenta las cotizaciones que ya hubieren sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, sin que puedan tampoco computarse las que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, durante el tiempo correspondiente al abono de la prestación. El único supuesto expresamente exceptuado de esa regla general es el de las prestaciones reconocidas en virtud de la suspensión de la relación laboral por causa de violencia de género».

Sobre esta misma cuestión, con cita de precedentes ( STS de 16 de marzo de 2007, recurso 435/2006 y 13 de febrero de 2007, recurso 5521/2005) recordamos que, «por "periodo de ocupación cotizada" debe entenderse el de trabajo y cotización, pues así se deriva de los términos claros y categóricos con que se pronuncia el legislador" y que "no vale, simplemente, con el hecho de la cotización sino que es precisa la efectiva realización de un trabajo de forma simultánea».

2.Tras enunciar así la norma general, señalamos que procedía discernir si las reglas especiales dictadas para regular la prestación de desempleo derivada del Covid habían introducido alguna clase de excepción a dicha norma general.

Para ello, en relación con el contenido de los arts. 24 y 25 del Real Decreto-ley 8/2020 y el art. 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, expusimos que «en este singular régimen jurídico hay relevantes particularidades para la prestación de desempleo covid -que claramente modifican algunas de las reglas generales en la materia-, pero que no alteran la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado que permita generar un nuevo periodo de desempleo.

Además de la exoneración del abono de la aportación empresarial en los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados por esa causa en base a fuerza mayor, así como el reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo a los trabajadores que carezcan del periodo de ocupación cotizada mínima necesario para ello, se incorpora la novedad de no computar el tiempo de percepción de la prestación a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción del desempleo establecidos en la norma legal de referencia, bajo las condiciones referidas en aquellos preceptos legales».

Pero que, más allá de estas singularidades, en ningún caso «se contempla que el periodo de percepción de prestaciones de desempleo pueda computarse a los efectos de generar el derecho a una nueva prestación, como si de una ocupación cotizada se tratase».

3.A continuación, profundizamos en el contenido del art. 24 del Real Decreto-ley 8/2020, para explicar que, aunque es cierto que el punto 2 de dicho precepto señala «que la exoneración de las cuotas empresariales no tendrá efectos parala persona trabajadora, "manteniéndose" la consideración de dicho período como " efectivamente cotizado a todos los efectos", "no puede extraerse de dicha expresión "la consecuencia de considerar como cotizado para desempleo el tiempo durante el que se perciben las prestaciones por suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor covid».

A tal efecto, efectuamos una lectura del referido art. 24 en contraposición con el art. 273.2 de la LGSS, precepto relativo a la cotización durante la situación por desempleo y que establece que «en los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato de trabajo, la entidad gestora solo ingresa la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior».

De tal lectura concluimos que «lo que ha querido el legislador con esa normativa especial, es que el trabajador no se vea perjudicado por la exención de la cuota empresarial durante los periodos de percepción de desempleo por suspensión o reducción de la jornada de trabajo covid, en el sentido de que su situación jurídica quede en los mismos términos que resultarían de haberse aplicado aquella previsión del art. 273. 2 LGSS, que obliga a la empresa a ingresar durante ese periodo la aportación que le corresponda».

La finalidad del citado art. 24.2 es la de regular los efectos jurídicos que se desprenden de la exoneración de las cuotas empresariales a la que se refiere el art. 24.1, y dejar claro que no puede suponer un gravamen para el trabajador.

Por ello, impone el «mantenimiento» de la consideración de dicho periodo de desempleo como efectivamente cotizado, para evitar que pueda considerarse como un periodo carente de cotizaciones empresariales.

Con esa expresión «a todos los efectos» no se quiere atribuir a ese periodo de desempleo un nuevo y diferente efecto jurídico, sino reafirmar la idea de que la exoneración de la cuota empresarial no puede ir en detrimento del trabajador, para que ulteriormente se le tenga por no cotizado el periodo de desempleo percibido por suspensión de la relación laboral o reducción de jornada durante el que la empresa no ha ingresado las cotizaciones.

4.Continuamos con nuestros argumentos indicando que la norma especial «no introduce una nueva regla de la que pudiere derivarse que esa clase desempleo genere más beneficios que los previstos con carácter general, al punto de que deba entenderse como cotizado por desempleo y permita lucrar un nuevo periodo de prestación».

Así, explicamos que «utiliza el verbo "mantener", para significar que los derechos del trabajador no han de verse modificados por el hecho de que la empresa esté exonerada de ingresar las cotizaciones que en condiciones ordinarias le corresponden durante los periodos de percepción de prestaciones de desempleo por suspensión del contrato o reducción de jornada.

Tan solo quiere asegurarse de que esa excepcional exoneración de cotizaciones empresariales en periodos de desempleo covid, no incida negativamente en la situación jurídica del trabajador.

Dicho de otra forma, esa ley especial no pretende generar un derecho distinto y más extenso que el contemplado en la LGSS, sino mantener para el trabajador el mismo estatuto jurídico reconocido en la normativa ordinaria, pese a la inexistencia de cotizaciones empresariales en el periodo de prestación de desempleo covid».

5.Por último, recordamos los principios en los que se sustenta la prestación de desempleo, «que vinculan de manera indisociable su duración a la correlativa realización de ciertos periodos de ocupación cotizada. Tan solo el efectivo desempeño de servicios laborales durante un determinado periodo temporal puede generar el correlativo derecho a la prestación».

Todo ello sin perjuicio de que «se admita la posibilidad de generar periodos de desempleo por el solo hecho de la cotización, no acompañado de la efectiva realización de una ocupación cotizada».

Pero estas excepcionales situaciones deberán estar contempladas de manera expresa en la Ley. De haber sido esa la voluntad del legislador con la promulgación de la normativa legal que estamos analizando, así lo habría hecho constar expresamente. En la misma forma que lo hace en el último párrafo del art. 269.2 LGSS, al mencionar específicamente el caso de la suspensión de la relación laboral del art. 45.1.n ) ET, para excluirlo de la regla general que impide computar es esos efectos las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación de desempleo.

6.Esta Sala ha negado que en estas situaciones se pueda apreciar una especie de «doctrina de paréntesis» que carece de sustento legal, por cuanto «[l]a invocación de la teoría del paréntesis, de la mano de normas sobre cálculo de la pensión de jubilación carece de fuerza para cambiar el signo de nuestra doctrina. Ni estamos ante pensión de jubilación, ni existe vacío normativo alguno sobre la obligación de cotizar, sino una regulación específica y propia de la situación de desempleo» [por todas, STS 1089/2024, de 11 de septiembre (rcud 3737/2023); 1109/2025, de 19 de noviembre (rcud 3338/2024); y 1238/2025, de 10 de diciembre (rcud 3184/2024)].

7.Esta doctrina ha sido reiterada, entre otras, en STS 378/2024, de 23 de febrero (rcud 5659/2022); 380/2024, de 23 de febrero (rcud 606/2023); 213/2024, de 30 de enero (rcud 5531/2022); 214/2024, de 30 de enero (rcud 5751/2022); 873/2024 de 5 de junio (rcud 5315/2022); 1089/2024, de 11 de septiembre (rcud 3737/2023); y 1092/2024 de 11 septiembre (rcud. 4421/2023).

QUINTO. 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a aplicar al supuesto enjuiciado la referida doctrina jurisprudencial, por unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley. Debemos declarar que la doctrina correcta es la que contiene la sentencia referencial, lo que conduce a estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la parte demandada.

2.En consecuencia, procede casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de estimar el recurso de tal clase formulado por el SEPE, revocar la sentencia de instancia y desestimar la demanda.

Sin condena al pago de costas ni en suplicación, ni en casación ( art. 235 LRJS) .

PRIMERO. 1.La controversia litigiosa radica en determinar cuál es la duración de la prestación por desempleo de un trabajador cuyo contrato de trabajo se extingue en virtud de un despido y que había sido incluido en un ERTE-Covid.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social estimó la pretensión del actor y condenó al SEPE a abonarle la prestación por desempleo con 720 días de derecho y 0 días consumidos. El SEPE recurrió en suplicación solicitando la revocación de la sentencia dictada en instancia y la desestimación de la demanda.

El recurso de suplicación fue desestimado por la STSJ de Madrid 298/2024, de 4 de abril (recurso 49/2024), que confirmó la sentencia de instancia.

3.El recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el SEPE formula un único motivo en el que denuncia la infracción de los artículos 269.1 y 2 de la Ley General de la Seguridad Social ( en adelante LGSS) en relación con los artículos 24 y 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020 y con los artículos 8.7 y 2.5 del Real Decreto-ley 30/2020.

Argumenta que estamos ante una prestación contributiva que necesita dos requisitos: ocupación y cotización. Sostiene que las normas generales sobre esta materia contenidas en la LGSS no se han visto alteradas por la normativa especial de excepción del Real Decreto-ley 8/2020, ni tampoco por el Real Decreto-ley 30/2020, las cuales no contradicen ni invalidan lo establecido en aquéllas. Por lo tanto, aun cuando en la presente litis no se consuma parte de la prestación reconocida por día de ERTE, ello no implica que, para el cálculo del periodo de ocupación cotizada, los periodos posteriores al 30 de septiembre de 2020 afecten al periodo máximo de percepción. Ello es así porque la norma especial prevé que los periodos afectados hasta esa fecha por un ERTE serán objeto de retroacción por el mismo periodo a efectos de buscar cotizaciones anteriores no utilizadas en prestaciones pretéritas y que no se tengan como consumidas en prestaciones futuras.

4.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que el recurso debe ser estimado. El actor presentó escrito de impugnación del recurso en el que niega la contradicción y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO. 1.En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste dictada por el TS (Pleno) 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022).

Es la misma sentencia de contraste invocada en la STS 195/2026, de 25 de febrero (rcud 775/2024), en la que se suscitó una controversia semejante. En ella, declaramos la concurrencia de contradicción. Reiteramos sus argumentos en este recurso.

2.En la sentencia recurrida constan las siguientes circunstancias:

A) El actor prestó servicios para la empresa Luckia Gaming Group SA.

B) Estuvo afectado por un ERTE-Covid de suspensión de contrato de trabajo desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022 y por un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción desde el 1 de abril de 2022 al 29 de mayo de 2022.

C) Su contrato de trabajo se extinguió como consecuencia de un despido con efectos de 30 de noviembre de 2022.

D) El trabajador solicitó la prestación de desempleo. El SEPE le reconoció un total de 540 días de prestación contributiva de desempleo, con 432 días consumidos (por aplicación de la nueva redacción dada al art. 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020 por la disposición final primera del Real Decreto-ley 18/2021).

3.La sentencia recurrida le reconoce el derecho a una prestación por desempleo de 720 días de duración por las siguientes razones:

A) Los periodos de prestación por desempleo consumidos por los trabajadores afectados por ERTE-Covid no pueden computarse para determinar el periodo de reconocimiento de una nueva prestación derivada de la extinción del contrato de trabajo.

B) Esos periodos de tiempo deben computarse como si fueran periodos neutros.

C) Se deben computar los días trabajados en la empresa Luckia Gaming Group SA, por lo que la actora tiene derecho a la prestación por desempleo de 720 días.

4.Los hechos, fundamentos y pretensiones de las dos sentencias son sustancialmente iguales. En ambos casos se trata de trabajadores incluidos en previos expedientes de suspensión por causa Covid cuyas relaciones laborales se extinguieron.

La sentencia recurrida, aun entendiendo que no deben computarse como cotizados los periodos en situación de suspensión por ERTE- Covid, recurre a la técnica de retrotraer el periodo de cómputo más allá de los seis años, haciendo un paréntesis con los periodos en situación de ERTE-Covid, posibilidad que no aparece mencionada en la sentencia de contraste. Pero como ya dijimos, entre otras, en nuestra STS 955/2025 de 16 de octubre (rcud 675/2024) para un caso prácticamente idéntico al presente, la contradicción a efectos de suplicación no se determina por la disparidad de fundamentos de las sentencias comparadas, sino por los invocados en la pretensión de las respectivas partes y en este caso, partiendo de la identidad sustancial de hechos y de pretensión, también se produce la identidad de fundamentos, dado que la demanda rectora de los autos en la instancia se fundamentaba en el cómputo como cotizados de los días transcurridos en ERTE-Covid.

TERCERO. 1.La resolución de la presente litis exige el examen de las diferentes normas denunciadas, cuyo contenido pasamos a reproducir.

El art. 269 de la LGSS dispone:

«1. La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, con arreglo a la siguiente escala [...]

2. A efectos de determinación del período de ocupación cotizada a que se refiere el apartado anterior, se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial.

No obstante, no se considerará como derecho anterior el que se reconozca en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el art. 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [...]

No se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, excepto cuando la prestación se perciba en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el art. 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tal como establece el art. 165.5 de esta ley».

2.Los arts. 24 y 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en redacción vigente a la fecha del hecho causante, establecen:

«Art. 24.1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el art. 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el art. 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, durante los meses de marzo y abril de 2020, cuando, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, en situación de alta en la Seguridad Social.

Si la empresa tuviera 50 personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

2. Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el apartado 1 del art. 20 de la Ley General de la Seguridad Social».

« Art. 25.1. En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el art. 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas: [...]

b) No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos».

3.El art. 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, establece:

«7. La medida prevista en el art. 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2020.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, con el objetivo proteger a las personas afectadas en sus empleos por la crisis, especialmente a las más vulnerables, no se computarán en ningún momento como consumidas las prestaciones por desempleo disfrutadas, durante los expedientes referidos en el apartado 1 de este artículo, por aquellas que accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2023, como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado improcedente, o por fin o interrupción de la actividad de las personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo, incluidos aquellos con contrato a tiempo parcial que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas.

La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere el apartado 1 de este artículo, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de enero de 2027.

A aquellas personas que accedan a una prestación por desempleo por un cese producido a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, a las que haya que consumir días de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos anteriores, únicamente se les consumirán los periodos de prestación percibidos a partir del 1 de enero de 2021».

CUARTO. 1.La cuestión que se plantea en el presente recurso ya ha sido resuelta por la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022).

En ella señalamos que la regla general sobre esta materia está recogida en el art. 269 de la LGSS y, haciendo especial énfasis en su apartado segundo, recordamos que, a efectos de determinar la duración de la prestación por desempleo en función de los periodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores, «no pueden tenerse en cuenta las cotizaciones que ya hubieren sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, sin que puedan tampoco computarse las que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, durante el tiempo correspondiente al abono de la prestación. El único supuesto expresamente exceptuado de esa regla general es el de las prestaciones reconocidas en virtud de la suspensión de la relación laboral por causa de violencia de género».

Sobre esta misma cuestión, con cita de precedentes ( STS de 16 de marzo de 2007, recurso 435/2006 y 13 de febrero de 2007, recurso 5521/2005) recordamos que, «por "periodo de ocupación cotizada" debe entenderse el de trabajo y cotización, pues así se deriva de los términos claros y categóricos con que se pronuncia el legislador" y que "no vale, simplemente, con el hecho de la cotización sino que es precisa la efectiva realización de un trabajo de forma simultánea».

2.Tras enunciar así la norma general, señalamos que procedía discernir si las reglas especiales dictadas para regular la prestación de desempleo derivada del Covid habían introducido alguna clase de excepción a dicha norma general.

Para ello, en relación con el contenido de los arts. 24 y 25 del Real Decreto-ley 8/2020 y el art. 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, expusimos que «en este singular régimen jurídico hay relevantes particularidades para la prestación de desempleo covid -que claramente modifican algunas de las reglas generales en la materia-, pero que no alteran la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado que permita generar un nuevo periodo de desempleo.

Además de la exoneración del abono de la aportación empresarial en los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados por esa causa en base a fuerza mayor, así como el reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo a los trabajadores que carezcan del periodo de ocupación cotizada mínima necesario para ello, se incorpora la novedad de no computar el tiempo de percepción de la prestación a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción del desempleo establecidos en la norma legal de referencia, bajo las condiciones referidas en aquellos preceptos legales».

Pero que, más allá de estas singularidades, en ningún caso «se contempla que el periodo de percepción de prestaciones de desempleo pueda computarse a los efectos de generar el derecho a una nueva prestación, como si de una ocupación cotizada se tratase».

3.A continuación, profundizamos en el contenido del art. 24 del Real Decreto-ley 8/2020, para explicar que, aunque es cierto que el punto 2 de dicho precepto señala «que la exoneración de las cuotas empresariales no tendrá efectos parala persona trabajadora, "manteniéndose" la consideración de dicho período como " efectivamente cotizado a todos los efectos", "no puede extraerse de dicha expresión "la consecuencia de considerar como cotizado para desempleo el tiempo durante el que se perciben las prestaciones por suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor covid».

A tal efecto, efectuamos una lectura del referido art. 24 en contraposición con el art. 273.2 de la LGSS, precepto relativo a la cotización durante la situación por desempleo y que establece que «en los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato de trabajo, la entidad gestora solo ingresa la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior».

De tal lectura concluimos que «lo que ha querido el legislador con esa normativa especial, es que el trabajador no se vea perjudicado por la exención de la cuota empresarial durante los periodos de percepción de desempleo por suspensión o reducción de la jornada de trabajo covid, en el sentido de que su situación jurídica quede en los mismos términos que resultarían de haberse aplicado aquella previsión del art. 273. 2 LGSS, que obliga a la empresa a ingresar durante ese periodo la aportación que le corresponda».

La finalidad del citado art. 24.2 es la de regular los efectos jurídicos que se desprenden de la exoneración de las cuotas empresariales a la que se refiere el art. 24.1, y dejar claro que no puede suponer un gravamen para el trabajador.

Por ello, impone el «mantenimiento» de la consideración de dicho periodo de desempleo como efectivamente cotizado, para evitar que pueda considerarse como un periodo carente de cotizaciones empresariales.

Con esa expresión «a todos los efectos» no se quiere atribuir a ese periodo de desempleo un nuevo y diferente efecto jurídico, sino reafirmar la idea de que la exoneración de la cuota empresarial no puede ir en detrimento del trabajador, para que ulteriormente se le tenga por no cotizado el periodo de desempleo percibido por suspensión de la relación laboral o reducción de jornada durante el que la empresa no ha ingresado las cotizaciones.

4.Continuamos con nuestros argumentos indicando que la norma especial «no introduce una nueva regla de la que pudiere derivarse que esa clase desempleo genere más beneficios que los previstos con carácter general, al punto de que deba entenderse como cotizado por desempleo y permita lucrar un nuevo periodo de prestación».

Así, explicamos que «utiliza el verbo "mantener", para significar que los derechos del trabajador no han de verse modificados por el hecho de que la empresa esté exonerada de ingresar las cotizaciones que en condiciones ordinarias le corresponden durante los periodos de percepción de prestaciones de desempleo por suspensión del contrato o reducción de jornada.

Tan solo quiere asegurarse de que esa excepcional exoneración de cotizaciones empresariales en periodos de desempleo covid, no incida negativamente en la situación jurídica del trabajador.

Dicho de otra forma, esa ley especial no pretende generar un derecho distinto y más extenso que el contemplado en la LGSS, sino mantener para el trabajador el mismo estatuto jurídico reconocido en la normativa ordinaria, pese a la inexistencia de cotizaciones empresariales en el periodo de prestación de desempleo covid».

5.Por último, recordamos los principios en los que se sustenta la prestación de desempleo, «que vinculan de manera indisociable su duración a la correlativa realización de ciertos periodos de ocupación cotizada. Tan solo el efectivo desempeño de servicios laborales durante un determinado periodo temporal puede generar el correlativo derecho a la prestación».

Todo ello sin perjuicio de que «se admita la posibilidad de generar periodos de desempleo por el solo hecho de la cotización, no acompañado de la efectiva realización de una ocupación cotizada».

Pero estas excepcionales situaciones deberán estar contempladas de manera expresa en la Ley. De haber sido esa la voluntad del legislador con la promulgación de la normativa legal que estamos analizando, así lo habría hecho constar expresamente. En la misma forma que lo hace en el último párrafo del art. 269.2 LGSS, al mencionar específicamente el caso de la suspensión de la relación laboral del art. 45.1.n ) ET, para excluirlo de la regla general que impide computar es esos efectos las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación de desempleo.

6.Esta Sala ha negado que en estas situaciones se pueda apreciar una especie de «doctrina de paréntesis» que carece de sustento legal, por cuanto «[l]a invocación de la teoría del paréntesis, de la mano de normas sobre cálculo de la pensión de jubilación carece de fuerza para cambiar el signo de nuestra doctrina. Ni estamos ante pensión de jubilación, ni existe vacío normativo alguno sobre la obligación de cotizar, sino una regulación específica y propia de la situación de desempleo» [por todas, STS 1089/2024, de 11 de septiembre (rcud 3737/2023); 1109/2025, de 19 de noviembre (rcud 3338/2024); y 1238/2025, de 10 de diciembre (rcud 3184/2024)].

7.Esta doctrina ha sido reiterada, entre otras, en STS 378/2024, de 23 de febrero (rcud 5659/2022); 380/2024, de 23 de febrero (rcud 606/2023); 213/2024, de 30 de enero (rcud 5531/2022); 214/2024, de 30 de enero (rcud 5751/2022); 873/2024 de 5 de junio (rcud 5315/2022); 1089/2024, de 11 de septiembre (rcud 3737/2023); y 1092/2024 de 11 septiembre (rcud. 4421/2023).

QUINTO. 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a aplicar al supuesto enjuiciado la referida doctrina jurisprudencial, por unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley. Debemos declarar que la doctrina correcta es la que contiene la sentencia referencial, lo que conduce a estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la parte demandada.

2.En consecuencia, procede casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de estimar el recurso de tal clase formulado por el SEPE, revocar la sentencia de instancia y desestimar la demanda.

Sin condena al pago de costas ni en suplicación, ni en casación ( art. 235 LRJS) .