Sentencia Social 549/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 162/2025 de 16 de junio del 2026

PRIMERO.- 1.El presente recurso de casación es relativo a una sentencia dictada en procedimiento de despido colectivo y, además de varias cuestiones procesales y de revisión de hechos probados, en cuanto al fondo se trata de determinar si la empresa incumplió la obligación de negociar de buena fe durante el período de consultas.

2.La única delegada de personal, representante unitaria de los trabajadores de la empresa, presentó demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra las empresas Avenir Conseil Formation España, S.L., Creation Davenir Conseil Formación, S.L., Avenir Conseil Sas Y Alten Delivey Center Maroc, S.L.U., solicitando que se declarase la nulidad de pleno derecho del despido colectivo llevado a cabo por las mercantiles demandadas. Habiendo sido las mismas citadas para el acto de la vista mediante comunicación cursada a través del servicio de Correos, constando acuses de recibo en la dirección señalada en la demanda (común para todas ellas) firmadas por una persona identificada con su nombre, primer apellido y DNI, ninguna de las empresas demandadas compareció al acto del juicio.

3.La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó la demanda y declaró la nulidad de la decisión de despido colectivo adoptada por las empresas demandadas y las condenó a la reincorporación de los trabajadores afectados a sus puestos de trabajo, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la efectiva readmisión. La Sala de instancia consideró que la empresa no cumplió la obligación de negociar de buena fe al no haber entregado información y documentación suficiente sobre la justificación de las causas organizativas y productivas, y al haber mantenido desde el inicio una posición inamovible en materia de indemnización, ofreciendo únicamente un incremento de 1 ó 2 días de salario por año de servicio sobre la indemnización legal, pese a que la representación de los trabajadores redujo su pretensión inicial de 33 días a 30 días por año de servicio.

4.Contra la citada sentencia ha interpuesto recurso de casación Avenir Conseil Formation España, S.L. en el cual instrumenta los siguientes motivos:

a) Motivo primero: al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS, denunciando infracción del artículo 56.3 LRJS y del artículo 24 CE, en relación con los artículos 124.9 y 10 LRJS, por no haber sido debidamente notificada la recurrente del Decreto de admisión de la demanda ni citada al acto de juicio.

b) Motivo segundo: al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS, denunciando infracción del artículo 97.2 LRJS y del artículo 24 CE, por incongruencia y falta de motivación de la sentencia en cuanto a la condena solidaria de todas las empresas codemandadas.

c) Motivo tercero: al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS, denunciando infracción de los artículos 91.2 y 94.2 LRJS y del artículo 24 CE, en relación con el artículo 304 LEC, por improcedente aplicación de la presunción de ficta confessio y de la ficta documentatio.

d) Motivos cuarto, quinto y sexto: al amparo de la letra d del artículo 207 LRJS, para revisar los hechos probados.

e) Motivo séptimo: al amparo de la letra e del artículo 207 LRJS, denunciando infracción de los artículos 51.2 ET y 5 y 7.1 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

5.El recurso de casación ha sido impugnado por la delegada de personal. En primer lugar pide la inadmisión del recurso por no haberse acreditado la consignación o abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la efectiva reincorporación. Con carácter subsidiario, se opone a todos y cada uno de los motivos del recurso y pide la desestimación del mismo.

6.La Fiscalía del Tribunal Supremo informa en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.Con carácter previo al examen de los motivos de casación, procede resolver la causa de inadmisión del recurso planteada por la delegada de personal en su escrito de impugnación, basada en la falta de consignación de los salarios de tramitación devengados como consecuencia de la nulidad del despido colectivo declarada en la sentencia recurrida.

2.La cuestión de la consignación de los salarios de tramitación para la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia cuando resuelven en instancia impugnaciones colectivas de despidos colectivos y declaran la nulidad del despido fue tratada y resuelta en la sentencia de esta Sala de 20 de abril de 2015, recurso 354/2014 (fundamento séptimo).

De acuerdo con el criterio establecido, cuando se trata de sentencias que en instancia declaran la nulidad de un despido colectivo en el procedimiento del art 124 LRJS, tras la reforma de dicho precepto por la Ley 3/2012 y la reforma del apartado 2 del art. 247 LRJS por el Real Decreto-ley 11/2013 y la Ley 1/2014, el pronunciamiento de nulidad y la inherente condena a la readmisión lleva aparejada la condena al abono de los salarios de tramitación, lo que inexcusablemente ha de conducir a la necesidad de consignarlos al tiempo de recurrir la sentencia por parte de la empresa condenada.

Esto es así aunque en la sentencia no figure la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los trabajadores afectados y beneficiados por la condena, puesto que la regulación del número 2 del art. 247 LRJS difiere sustancialmente de la contenida en el número 1 para la ejecución de sentencias dictadas en procedimiento de conflicto colectivo. En los procedimientos de conflicto colectivo la Ley obliga a que en la demanda ( art. 160 .3 LRJS) se concreten los datos, características y requisitos precisos para la posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena, además de especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Sin embargo en las demandas de despido colectivo ninguna de estas exigencias se establecen en el art. 124 LRJS, seguramente porque en estos casos está en manos de la empresa determinar no solo las personas que resultarán afectadas por la medida colectiva de extinción, sino también los datos relevantes para el cálculo de la indemnización o de los salarios de tramitación, muchas veces recogidos o especificados en consignados en la propia documentación que se aporta en el periodo de consultas. Por ello, la ausencia de tales parámetros de cuantificación en la sentencia que declara nulo el despido colectivo y la obligación de readmisión y abono de salarios no genera la imposibilidad de su ejecución y la inexigibilidad de la consignación de los salarios de tramitación, y ello por cuanto:

1) La previsión de ejecución contemplada en el art. 247 LRJS in fine no ha ido seguida de una modificación correlativa y directa de las exigencias de la demanda de despido colectivo, lo que podría significar que el legislador no ha considerado indispensable hacer plenamente extensiva la previsión del art. 160.3 de la LRJS a las demandas del 124;

2) Muy probablemente la razón de ello es que, a diferencia de las demandas de conflicto colectivo con pretensión de condena, las de despido colectivo con petición de nulidad presentan un contenido de condena directamente identificable en cuanto a los sujetos, fácilmente determinable en su cuantía y cuyos elementos clave son factores manejados por la empresa y los representantes de los trabajadores desde el primer momento de la negociación ordenada por la ley, en tanto que en ese ámbito es necesario tener presentes los datos de antigüedad y salario de los trabajadores afectados por el despido así como el lugar de prestación de servicios y categoría profesional para poder determinar las consecuencias del despido colectivo y el régimen de ofertas y contraofertas propias de todas negociación, siendo esos los datos claves de toda demanda de despido para poder proceder a completar los pronunciamientos que sobre la calificación del despido ordena la Ley;

3) La falta de cuantificación de los salarios de tramitación no es argumento a tomar en cuenta, puesto que en las sentencias de despido individual declarado nulo nunca han resultado cuantificados exactamente por el órgano judicial, y ello no ha sido impedimento para aceptar su ejecución;

4) Además, y en todo caso, el art. 247 de la LRJS regula un proceso incidental para la ejecución que pone de manifiesto, en lo que a condenas dinerarias se refiere, que la ejecutada tiene la obligación de que "tratándose de ejecución pecuniaria, en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relación a cada uno de los trabajadores en cuya representación se inste la ejecución, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una fórmula de pago". Corresponde pues a la empresa, en atención a esos parámetros (salario mensual, antigüedad, categoría y puesto de trabajo de cada trabajador), conocidos por ella perfectamente, efectuar los cálculos del importe de esos salarios para proceder a su consignación para recurrir, sin perjuicio de que en una posterior ejecución se pueda matizar, discutir y cuantificar con mayor precisión si fuera necesario dicho importe.

Conclusión de todo lo expuesto, es que en los despidos colectivos en los que la sentencia de instancia declara la nulidad del despido, la empresa recurrente debe consignar el importe de los salarios de tramitación, consignación que garantizará la ejecución futura.

3.Por otra parte hay que recordar que la omisión completa del requisito de consignación del importe de la condena es insubsanable. Como señalamos en la sentencia de esta Sala Cuarta 1346/2024, de 11 de diciembre, rcud 1465/2024, con cita de la sentencia de esta Sala de 17 de febrero de 1999, rcud 741/1998, hay que distinguir entre errores de cálculo en la carga de consignar la cantidad objeto de condena, de aquellas conductas manifiestas de no querer dar cumplimiento a lo legalmente establecido, eludiendo la consignación o constituyendo depósitos manifiestamente insuficientes, de manera que la posibilidad de subsanación no se aplica cuando estemos ante conductas negligentes y que obedezcan a un incumplimiento imputable a la parte, máxime cuando se acude al proceso con asistencia de letrado. Lo que es subsanable es el error de cálculo de la cantidad a consignar o la determinación de las bases para ello, pero no la plena omisión de la consignación o la consignación de una cantidad manifiestamente insuficiente, supuestos en los que el incumplimiento de los deberes de consignación trae su causa en la negligencia de la parte o en otro motivo imputable enteramente a su comportamiento, especialmente cuando se acude al proceso con asistencia de letrado.

4.Todo lo anterior llevaría a la inadmisibilidad del recurso de casación en este caso si no se hubiera efectuado la consignación en tiempo oportuno de los salarios de tramitación, pero revisado el expediente electrónico resulta que con el escrito de preparación del recurso de casación la parte recurrente presentó acreditación de la consignación en la cuenta del Tribunal de instancia de la cantidad de 226.485,66 euros en concepto de salarios de tramitación, según detalle que se consigna en el escrito de preparación, sin que se cuestione la corrección de aquel cálculo, debiendo recordarse que, una vez efectuada la consignación, el error en la cuantía es defecto subsanable y en este caso tampoco se ha apreciado error alguno, ni así se manifiesta por la parte.

TERCERO.-Una segunda cuestión que se suscita en el escrito de impugnación del recurso y que no ha sido resuelta previamente en el procedimiento es la inadmisibilidad del documento aportado anexo al recurso de casación y consistente en informe de vida laboral de la empresa recurrente. Aparte de ese documento la empresa aportó otros dos, el primero consistente en alta en el convenio especial por expediente de regulación de empleo de la trabajadora Dª Belinda y escrito presentado en su momento a la Xunta de Galicia aportando documentación; y el segundo consistente en una autorización de ampliación de plazos del periodo de consultas del despido colectivo por la Xunta de Galicia. Todos estos documentos se hallan fuera de los supuestos del artículo 233 LRJS, dado que se trata de documentos que por su fecha y la de los actos que acreditan pudieron presentarse en el acto de la vista. Por tanto se rechazan.

CUARTO.- 1.El primer motivo del recurso se formula al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS y denuncia la infracción del artículo 56.3 LRJS y del artículo 24 CE, en relación con los artículos 124.9 y 10 de la misma Ley. La empresa recurrente sostiene que el decreto de por el que se admitió a trámite la demanda y se señaló la vista del juicio, junto con la cédula de notificación y el requerimiento de aportación de documentación, no le fueron debidamente notificados, impidiendo así su comparecencia en el acto del juicio. Es cierto que existen acuses de correo de la entrega del decreto y las cédulas de citación a la empresa recurrente y a las codemandadas, pero señala que en el acuse de recibo no consta la identificación completa (segundo apellido, domicilio y relación con el destinatario) de la persona que recogió los sobres, identificada únicamente como Dª Adelaida, quien, según la recurrente, no era empleada de la empresa ni estaba autorizada para recibir documentación en su nombre.

2.La parte impugnante se opone al motivo señalando que la recurrente sí fue notificada en su domicilio social ante persona que no manifestó objeción alguna a la notificación, de conformidad con el artículo 55 LRJS en relación con el artículo 155.2 LEC, y que la incomparecencia al acto de juicio obedece a una decisión u omisión deliberada, habiendo ocasionado también una falta de colaboración procesal por la falta de remisión de la información y documentación que le había sido requerida por el órgano judicial.

El Ministerio Fiscal entiende que la recurrente introduce una cuestión nueva no suscitada ante la Sala de instancia, lo que resulta contrario a la doctrina de la Sala Cuarta cuando exige que no se introduzcan en casación cuestiones no debatidas en la instancia. Considera que al conocer la sentencia la recurrente tuvo que plantear un incidente de nulidad de actuaciones en defensa de su pretensión y no lo efectuó.

3.En el expediente electrónico y como acontecimiento 23 figuran los acuses de correo de las notificaciones del decreto de admisión de la demanda y señalamiento del acto del juicio. Se puede observar cómo se entregaron el citado decreto y las cédulas de citación en la misma dirección, que era la señalada en la demanda de forma común para todos los codemandados ( DIRECCION000 de Madrid). La entrega se hizo de manera simultánea el 19 de julio de 2024 a las 10:28 horas a las empresas Avenir Conseil SAS, Alten Delivery Center Marco Blu, Avenir Conseil Formation España S.L., Creation Davenir Conseil Formación S.L. Todos los acuses de recibo son firmados por la misma persona, Adelaida (no consta el segundo apellido), figurando el mismo DNI en todos ellos, NUM001, sin constar en los diferentes acuses de recibo la relación que tenía con ninguna de las empresas demandadas.

No es cierto por tanto que falte la completa identificación de la persona que recogió las notificaciones, dado que consta el nombre y el primer apellido y el número de DNI, de manera que a priori la identificación es más que suficiente para determinar quién llevó a cabo el acto de recepción de las comunicaciones, resultando que el artículo 56.3 LRJS solamente exige que, cuando no se trate del propio interesado, se consigne "su nombre, documento de identificación, domicilio y su relación con el destinatario". No exige por tanto que consten todos los apellidos y por ello la omisión de alguno de ellos solamente podrá considerarse relevante cuando esa falta suscite dudas sobre la correcta identificación de la concreta persona, lo que ordinariamente no ocurre si al mismo tiempo del nombre y un apellido figura el número de su DNI.

Ahora bien, el dato que no consta en los acuses de recibo y que la Ley exige es la relación que tenía la persona que recogió las notificaciones con las empresas notificadas, cuestión sobre la que ninguna aclaración existe en autos ni se proporciona. La recurrente, que es la empleadora de los trabajadores, manifiesta ignorar de quién se trata esa persona, sin que la parte actora o cualquiera de las demás ni el Ministerio Fiscal hayan aportado ese dato. Esto además es especialmente relevante si tenemos en cuenta que ninguna de las empresas demandadas compareció en el acto del juicio.

4.La cuestión relativa a la ausencia en el acuse de recibo de cualquier mención a la relación entre la persona que firma el mismo con la persona que es destinataria del acto de comunicación judicial ya ha sido resuelta por esta Sala en sentencias anteriores, en particular en la 626/2020, de 9 de julio, rec. 4119/2017, en la que dijimos:

"1. La Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta misma cuestión en aquella STS 21/2/2018, rcud. 920/2016 , que hemos citado anteriormente, que resuelve un asunto idéntico al presente en el que no se hizo constar en el acuse de recibo de la citación para juicio la relación que tenía con la empresa la persona que la ha recibido.

La plena identidad del presente asunto impone la aplicación en este caso del mismo criterio que hemos seguido en ese precedente.

2. El punto de partida no puede ser otro que la propia dicción literal del art. 56 LRJS, que regula el régimen jurídico aplicable a las comunicaciones que se realicen fuera de la oficina judicial.

Admite el precepto que ese tipo de comunicaciones puedan practicarse por correo certificado con acuse de recibo, y seguidamente desgrana los requisitos que en ese caso deben cumplimentarse para que puedan considerarse válidamente efectuadas.

En su apartado 3, expresamente dispone que: "En el documento de acuse de recibo se hará constar la fecha de la entrega, y será firmado por el empleado de Correos y el receptor. En el caso de que éste no fuera el interesado se consignará su nombre, documento de identificación, domicilio y su relación con el destinatario".

Ya hemos dicho que en este caso se trata de determinar cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de tales requisitos, cuando el interesado no comparece al acto de juicio y denuncia que no había recibido la oportuna citación al efecto, en un supuesto como el presente, en el que no se ha dejado constancia de la relación que tenía con la empresa la persona que aparece como receptora de la misma.

3. Conforme decimos en nuestra precitada sentencia "El derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24-1 de la Constitución Española exige la necesidad de respetar plenamente el derecho de todos los ciudadanos a defenderse en cualquier proceso judicial en que sean parte, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Pero para que este derecho a la defensa se haga efectivo en cada caso resulta preciso que tengan noticia de la existencia del litigio y de los distintos aconteceres procesales que en él se van produciendo; de ahí "la especial trascendencia de los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, pues en tal caso el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses cuestionados", como ha manifestado el Tribunal Constitucional en sus SSTC 36/1987, de 25 marzo y 110/1989, de 12 junio . Por ello, ha precisado que con estos actos de comunicación se trata de garantizar la defensa de las partes de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión, que es lesiva del derecho fundamental citado ( SSTC 1/1983, de 13 marzo , 22/1987, de 20 febrero), 205/1988 de 7 noviembre, 110/1989, de 12 junio y 141/1989, de 20 julio , entre otras); de lo que se desprende, que todos estos actos de comunicación y en especial, el emplazamiento y la citación a juicio, han de ser realizados por el órgano judicial con todo el cuidado y respeto de las normas procesales que regulan dichos actos de comunicación, como deber específico integrado en el de la tutela judicial efectiva ( SSTC 157/1987, de 15 octubre y 110/1989, de 12 junio y 141/1989 de 20 julio), toda vez que tales actos no son un formalismo, sino una garantía para las partes en el procedimiento integrante del contenido esencial del derecho consagrado en el art. 24 de la Constitución ( sentencias del mismo Tribunal 37/1984, de 14 marzo , 110/1989, de 12 junio).

Siendo incuestionable la plena licitud y constitucionalidad de las citaciones y demás actos de comunicación procesal efectuados mediante correo certificado, resulta, también, obvio que para la validez y eficacia de esta clase de actos es de todo punto necesario que quede en los autos constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma; circunstancias esenciales que, en virtud de lo dispuesto por el legislador, son -según establece literalmente el artículo 56.3 LRJS- las circunstancias personales de quien recibió la notificación -nombre, documento de identificación y domicilio- así como su relación con el destinatario interesado. Estas exigencias son comunes, sea cual sea el destinatario y su forma jurídica, y no pueden ser obviadas, so pena de que se incumpla la norma y se pongan en peligro los derechos de defensa del destinatario".

4. La aplicación de esa misma doctrina al caso de autos obliga a concluir que es la sentencia de contraste la que contiene la buena doctrina, al exigir que en el acuse de recibo consten todas y cada una de las diferentes circunstancias que la ley establece, de manera especial, la relación del receptor con el destinatario, que ni es obvia ni aparece acreditada de ninguna manera, y cuya ausencia hace dudar legítimamente de que la citación hubiere llegado finalmente a la empresa destinataria de la misma, sin que aparezca el menor indicio del que quepa deducir lo contrario y pudiere resultar evidente que se trate de un mero y simple alegato utilitario de indefensión puramente formal por parte de la empresa"

Esa doctrina resulta aplicable en este caso si tenemos en cuenta que se trata de una empresa real y con actividad, que ha desarrollado meticulosamente toda la tramitación del expediente de despido colectivo y que la falta de comparecencia en el acto de la vista, en idénticas circunstancias, afecta a todos los codemandados citados en la misma dirección y de la misma manera.

5.Frente a esta realidad no podemos atender los argumentos contenidos en el escrito de impugnación ni en el informe del Ministerio Fiscal.

El hecho de que la persona que consta en los acuses de recibo no manifestara objeción alguna a recoger la documentación entregada por el servicio de correos (o al menos que no conste tal objeción en los acuses de recibo) no permite trasladar su actuación a la esfera jurídica de la empresa recurrente si no existe constancia de que esa persona de alguna manera actuara por cuenta de la misma, para lo cual sería imprescindible conocer cuál es la relación que guarda con esa empresa, que es precisamente el dato omitido. Por otra parte la afirmación de que "la incomparecencia al acto de juicio obedece a una decisión u omisión deliberada" es una mera afirmación de la parte impugnante carente del más mínimo soporte probatorio.

En cuanto al argumento contenido en el informe del Ministerio Fiscal según el cual la recurrente tuvo que plantear un incidente de nulidad de actuaciones en defensa de su pretensión y no lo efectuó, el mismo tampoco puede ser acogido por esta Sala. La viabilidad del incidente de nulidad de actuaciones, conforme los artículos 241.1 LOPJ y 228.1 LEC, exige que la sentencia ya no sea "susceptible de recurso ordinario ni extraordinario", lo que ocurriría si hubiese adquirido firmeza, para lo cual debiera haberse producido finalmente la comunicación de dicha sentencia, incluso por vía edictal ( art. 59 LRJS) , habiendo precluido los plazos de recurso. Pero si, como aquí ocurre, la empresa ha tenido conocimiento de la sentencia dictada en su ausencia, derivada de una ausencia de notificación de la citación al acto del juicio, a tiempo de interponer el recurso que corresponde, lo que debe hacer es seguir esta vía de recurso, como ha hecho, y no la de la nulidad de actuaciones. Cuestión distinta hubiera sido que no concurriese causa alguna de nulidad, sino que, habiéndose efectuado correctamente la notificación, concurriera alguna causa justificativa de la incomparecencia, en cuyo caso al no concurrir causa de nulidad de actuaciones la vía a seguir sería inexcusablemente la audiencia al demandado rebelde del art 185 LRJS en los supuestos del art. 501 LEC, pero este no es el caso.

QUINTO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, conduce a estimar el recurso de casación para decretar la nulidad de actuaciones, debiendo retrotraerse las mismas al momento de señalamiento del acto de la vista y reclamación de documentación, lo que en este caso podrá comunicarse ya a la demandada a través de su representación legal ya comparecida en el procedimiento.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas. Se ordena la devolución del depósito constituido para recurrir y de los aseguramientos prestados en garantía del cumplimiento de la condena.

PRIMERO.- 1.El presente recurso de casación es relativo a una sentencia dictada en procedimiento de despido colectivo y, además de varias cuestiones procesales y de revisión de hechos probados, en cuanto al fondo se trata de determinar si la empresa incumplió la obligación de negociar de buena fe durante el período de consultas.

2.La única delegada de personal, representante unitaria de los trabajadores de la empresa, presentó demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra las empresas Avenir Conseil Formation España, S.L., Creation Davenir Conseil Formación, S.L., Avenir Conseil Sas Y Alten Delivey Center Maroc, S.L.U., solicitando que se declarase la nulidad de pleno derecho del despido colectivo llevado a cabo por las mercantiles demandadas. Habiendo sido las mismas citadas para el acto de la vista mediante comunicación cursada a través del servicio de Correos, constando acuses de recibo en la dirección señalada en la demanda (común para todas ellas) firmadas por una persona identificada con su nombre, primer apellido y DNI, ninguna de las empresas demandadas compareció al acto del juicio.

3.La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó la demanda y declaró la nulidad de la decisión de despido colectivo adoptada por las empresas demandadas y las condenó a la reincorporación de los trabajadores afectados a sus puestos de trabajo, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la efectiva readmisión. La Sala de instancia consideró que la empresa no cumplió la obligación de negociar de buena fe al no haber entregado información y documentación suficiente sobre la justificación de las causas organizativas y productivas, y al haber mantenido desde el inicio una posición inamovible en materia de indemnización, ofreciendo únicamente un incremento de 1 ó 2 días de salario por año de servicio sobre la indemnización legal, pese a que la representación de los trabajadores redujo su pretensión inicial de 33 días a 30 días por año de servicio.

4.Contra la citada sentencia ha interpuesto recurso de casación Avenir Conseil Formation España, S.L. en el cual instrumenta los siguientes motivos:

a) Motivo primero: al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS, denunciando infracción del artículo 56.3 LRJS y del artículo 24 CE, en relación con los artículos 124.9 y 10 LRJS, por no haber sido debidamente notificada la recurrente del Decreto de admisión de la demanda ni citada al acto de juicio.

b) Motivo segundo: al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS, denunciando infracción del artículo 97.2 LRJS y del artículo 24 CE, por incongruencia y falta de motivación de la sentencia en cuanto a la condena solidaria de todas las empresas codemandadas.

c) Motivo tercero: al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS, denunciando infracción de los artículos 91.2 y 94.2 LRJS y del artículo 24 CE, en relación con el artículo 304 LEC, por improcedente aplicación de la presunción de ficta confessio y de la ficta documentatio.

d) Motivos cuarto, quinto y sexto: al amparo de la letra d del artículo 207 LRJS, para revisar los hechos probados.

e) Motivo séptimo: al amparo de la letra e del artículo 207 LRJS, denunciando infracción de los artículos 51.2 ET y 5 y 7.1 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

5.El recurso de casación ha sido impugnado por la delegada de personal. En primer lugar pide la inadmisión del recurso por no haberse acreditado la consignación o abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la efectiva reincorporación. Con carácter subsidiario, se opone a todos y cada uno de los motivos del recurso y pide la desestimación del mismo.

6.La Fiscalía del Tribunal Supremo informa en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.Con carácter previo al examen de los motivos de casación, procede resolver la causa de inadmisión del recurso planteada por la delegada de personal en su escrito de impugnación, basada en la falta de consignación de los salarios de tramitación devengados como consecuencia de la nulidad del despido colectivo declarada en la sentencia recurrida.

2.La cuestión de la consignación de los salarios de tramitación para la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia cuando resuelven en instancia impugnaciones colectivas de despidos colectivos y declaran la nulidad del despido fue tratada y resuelta en la sentencia de esta Sala de 20 de abril de 2015, recurso 354/2014 (fundamento séptimo).

De acuerdo con el criterio establecido, cuando se trata de sentencias que en instancia declaran la nulidad de un despido colectivo en el procedimiento del art 124 LRJS, tras la reforma de dicho precepto por la Ley 3/2012 y la reforma del apartado 2 del art. 247 LRJS por el Real Decreto-ley 11/2013 y la Ley 1/2014, el pronunciamiento de nulidad y la inherente condena a la readmisión lleva aparejada la condena al abono de los salarios de tramitación, lo que inexcusablemente ha de conducir a la necesidad de consignarlos al tiempo de recurrir la sentencia por parte de la empresa condenada.

Esto es así aunque en la sentencia no figure la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los trabajadores afectados y beneficiados por la condena, puesto que la regulación del número 2 del art. 247 LRJS difiere sustancialmente de la contenida en el número 1 para la ejecución de sentencias dictadas en procedimiento de conflicto colectivo. En los procedimientos de conflicto colectivo la Ley obliga a que en la demanda ( art. 160 .3 LRJS) se concreten los datos, características y requisitos precisos para la posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena, además de especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Sin embargo en las demandas de despido colectivo ninguna de estas exigencias se establecen en el art. 124 LRJS, seguramente porque en estos casos está en manos de la empresa determinar no solo las personas que resultarán afectadas por la medida colectiva de extinción, sino también los datos relevantes para el cálculo de la indemnización o de los salarios de tramitación, muchas veces recogidos o especificados en consignados en la propia documentación que se aporta en el periodo de consultas. Por ello, la ausencia de tales parámetros de cuantificación en la sentencia que declara nulo el despido colectivo y la obligación de readmisión y abono de salarios no genera la imposibilidad de su ejecución y la inexigibilidad de la consignación de los salarios de tramitación, y ello por cuanto:

1) La previsión de ejecución contemplada en el art. 247 LRJS in fine no ha ido seguida de una modificación correlativa y directa de las exigencias de la demanda de despido colectivo, lo que podría significar que el legislador no ha considerado indispensable hacer plenamente extensiva la previsión del art. 160.3 de la LRJS a las demandas del 124;

2) Muy probablemente la razón de ello es que, a diferencia de las demandas de conflicto colectivo con pretensión de condena, las de despido colectivo con petición de nulidad presentan un contenido de condena directamente identificable en cuanto a los sujetos, fácilmente determinable en su cuantía y cuyos elementos clave son factores manejados por la empresa y los representantes de los trabajadores desde el primer momento de la negociación ordenada por la ley, en tanto que en ese ámbito es necesario tener presentes los datos de antigüedad y salario de los trabajadores afectados por el despido así como el lugar de prestación de servicios y categoría profesional para poder determinar las consecuencias del despido colectivo y el régimen de ofertas y contraofertas propias de todas negociación, siendo esos los datos claves de toda demanda de despido para poder proceder a completar los pronunciamientos que sobre la calificación del despido ordena la Ley;

3) La falta de cuantificación de los salarios de tramitación no es argumento a tomar en cuenta, puesto que en las sentencias de despido individual declarado nulo nunca han resultado cuantificados exactamente por el órgano judicial, y ello no ha sido impedimento para aceptar su ejecución;

4) Además, y en todo caso, el art. 247 de la LRJS regula un proceso incidental para la ejecución que pone de manifiesto, en lo que a condenas dinerarias se refiere, que la ejecutada tiene la obligación de que "tratándose de ejecución pecuniaria, en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relación a cada uno de los trabajadores en cuya representación se inste la ejecución, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una fórmula de pago". Corresponde pues a la empresa, en atención a esos parámetros (salario mensual, antigüedad, categoría y puesto de trabajo de cada trabajador), conocidos por ella perfectamente, efectuar los cálculos del importe de esos salarios para proceder a su consignación para recurrir, sin perjuicio de que en una posterior ejecución se pueda matizar, discutir y cuantificar con mayor precisión si fuera necesario dicho importe.

Conclusión de todo lo expuesto, es que en los despidos colectivos en los que la sentencia de instancia declara la nulidad del despido, la empresa recurrente debe consignar el importe de los salarios de tramitación, consignación que garantizará la ejecución futura.

3.Por otra parte hay que recordar que la omisión completa del requisito de consignación del importe de la condena es insubsanable. Como señalamos en la sentencia de esta Sala Cuarta 1346/2024, de 11 de diciembre, rcud 1465/2024, con cita de la sentencia de esta Sala de 17 de febrero de 1999, rcud 741/1998, hay que distinguir entre errores de cálculo en la carga de consignar la cantidad objeto de condena, de aquellas conductas manifiestas de no querer dar cumplimiento a lo legalmente establecido, eludiendo la consignación o constituyendo depósitos manifiestamente insuficientes, de manera que la posibilidad de subsanación no se aplica cuando estemos ante conductas negligentes y que obedezcan a un incumplimiento imputable a la parte, máxime cuando se acude al proceso con asistencia de letrado. Lo que es subsanable es el error de cálculo de la cantidad a consignar o la determinación de las bases para ello, pero no la plena omisión de la consignación o la consignación de una cantidad manifiestamente insuficiente, supuestos en los que el incumplimiento de los deberes de consignación trae su causa en la negligencia de la parte o en otro motivo imputable enteramente a su comportamiento, especialmente cuando se acude al proceso con asistencia de letrado.

4.Todo lo anterior llevaría a la inadmisibilidad del recurso de casación en este caso si no se hubiera efectuado la consignación en tiempo oportuno de los salarios de tramitación, pero revisado el expediente electrónico resulta que con el escrito de preparación del recurso de casación la parte recurrente presentó acreditación de la consignación en la cuenta del Tribunal de instancia de la cantidad de 226.485,66 euros en concepto de salarios de tramitación, según detalle que se consigna en el escrito de preparación, sin que se cuestione la corrección de aquel cálculo, debiendo recordarse que, una vez efectuada la consignación, el error en la cuantía es defecto subsanable y en este caso tampoco se ha apreciado error alguno, ni así se manifiesta por la parte.

TERCERO.-Una segunda cuestión que se suscita en el escrito de impugnación del recurso y que no ha sido resuelta previamente en el procedimiento es la inadmisibilidad del documento aportado anexo al recurso de casación y consistente en informe de vida laboral de la empresa recurrente. Aparte de ese documento la empresa aportó otros dos, el primero consistente en alta en el convenio especial por expediente de regulación de empleo de la trabajadora Dª Belinda y escrito presentado en su momento a la Xunta de Galicia aportando documentación; y el segundo consistente en una autorización de ampliación de plazos del periodo de consultas del despido colectivo por la Xunta de Galicia. Todos estos documentos se hallan fuera de los supuestos del artículo 233 LRJS, dado que se trata de documentos que por su fecha y la de los actos que acreditan pudieron presentarse en el acto de la vista. Por tanto se rechazan.

CUARTO.- 1.El primer motivo del recurso se formula al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS y denuncia la infracción del artículo 56.3 LRJS y del artículo 24 CE, en relación con los artículos 124.9 y 10 de la misma Ley. La empresa recurrente sostiene que el decreto de por el que se admitió a trámite la demanda y se señaló la vista del juicio, junto con la cédula de notificación y el requerimiento de aportación de documentación, no le fueron debidamente notificados, impidiendo así su comparecencia en el acto del juicio. Es cierto que existen acuses de correo de la entrega del decreto y las cédulas de citación a la empresa recurrente y a las codemandadas, pero señala que en el acuse de recibo no consta la identificación completa (segundo apellido, domicilio y relación con el destinatario) de la persona que recogió los sobres, identificada únicamente como Dª Adelaida, quien, según la recurrente, no era empleada de la empresa ni estaba autorizada para recibir documentación en su nombre.

2.La parte impugnante se opone al motivo señalando que la recurrente sí fue notificada en su domicilio social ante persona que no manifestó objeción alguna a la notificación, de conformidad con el artículo 55 LRJS en relación con el artículo 155.2 LEC, y que la incomparecencia al acto de juicio obedece a una decisión u omisión deliberada, habiendo ocasionado también una falta de colaboración procesal por la falta de remisión de la información y documentación que le había sido requerida por el órgano judicial.

El Ministerio Fiscal entiende que la recurrente introduce una cuestión nueva no suscitada ante la Sala de instancia, lo que resulta contrario a la doctrina de la Sala Cuarta cuando exige que no se introduzcan en casación cuestiones no debatidas en la instancia. Considera que al conocer la sentencia la recurrente tuvo que plantear un incidente de nulidad de actuaciones en defensa de su pretensión y no lo efectuó.

3.En el expediente electrónico y como acontecimiento 23 figuran los acuses de correo de las notificaciones del decreto de admisión de la demanda y señalamiento del acto del juicio. Se puede observar cómo se entregaron el citado decreto y las cédulas de citación en la misma dirección, que era la señalada en la demanda de forma común para todos los codemandados ( DIRECCION000 de Madrid). La entrega se hizo de manera simultánea el 19 de julio de 2024 a las 10:28 horas a las empresas Avenir Conseil SAS, Alten Delivery Center Marco Blu, Avenir Conseil Formation España S.L., Creation Davenir Conseil Formación S.L. Todos los acuses de recibo son firmados por la misma persona, Adelaida (no consta el segundo apellido), figurando el mismo DNI en todos ellos, NUM001, sin constar en los diferentes acuses de recibo la relación que tenía con ninguna de las empresas demandadas.

No es cierto por tanto que falte la completa identificación de la persona que recogió las notificaciones, dado que consta el nombre y el primer apellido y el número de DNI, de manera que a priori la identificación es más que suficiente para determinar quién llevó a cabo el acto de recepción de las comunicaciones, resultando que el artículo 56.3 LRJS solamente exige que, cuando no se trate del propio interesado, se consigne "su nombre, documento de identificación, domicilio y su relación con el destinatario". No exige por tanto que consten todos los apellidos y por ello la omisión de alguno de ellos solamente podrá considerarse relevante cuando esa falta suscite dudas sobre la correcta identificación de la concreta persona, lo que ordinariamente no ocurre si al mismo tiempo del nombre y un apellido figura el número de su DNI.

Ahora bien, el dato que no consta en los acuses de recibo y que la Ley exige es la relación que tenía la persona que recogió las notificaciones con las empresas notificadas, cuestión sobre la que ninguna aclaración existe en autos ni se proporciona. La recurrente, que es la empleadora de los trabajadores, manifiesta ignorar de quién se trata esa persona, sin que la parte actora o cualquiera de las demás ni el Ministerio Fiscal hayan aportado ese dato. Esto además es especialmente relevante si tenemos en cuenta que ninguna de las empresas demandadas compareció en el acto del juicio.

4.La cuestión relativa a la ausencia en el acuse de recibo de cualquier mención a la relación entre la persona que firma el mismo con la persona que es destinataria del acto de comunicación judicial ya ha sido resuelta por esta Sala en sentencias anteriores, en particular en la 626/2020, de 9 de julio, rec. 4119/2017, en la que dijimos:

"1. La Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta misma cuestión en aquella STS 21/2/2018, rcud. 920/2016 , que hemos citado anteriormente, que resuelve un asunto idéntico al presente en el que no se hizo constar en el acuse de recibo de la citación para juicio la relación que tenía con la empresa la persona que la ha recibido.

La plena identidad del presente asunto impone la aplicación en este caso del mismo criterio que hemos seguido en ese precedente.

2. El punto de partida no puede ser otro que la propia dicción literal del art. 56 LRJS, que regula el régimen jurídico aplicable a las comunicaciones que se realicen fuera de la oficina judicial.

Admite el precepto que ese tipo de comunicaciones puedan practicarse por correo certificado con acuse de recibo, y seguidamente desgrana los requisitos que en ese caso deben cumplimentarse para que puedan considerarse válidamente efectuadas.

En su apartado 3, expresamente dispone que: "En el documento de acuse de recibo se hará constar la fecha de la entrega, y será firmado por el empleado de Correos y el receptor. En el caso de que éste no fuera el interesado se consignará su nombre, documento de identificación, domicilio y su relación con el destinatario".

Ya hemos dicho que en este caso se trata de determinar cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de tales requisitos, cuando el interesado no comparece al acto de juicio y denuncia que no había recibido la oportuna citación al efecto, en un supuesto como el presente, en el que no se ha dejado constancia de la relación que tenía con la empresa la persona que aparece como receptora de la misma.

3. Conforme decimos en nuestra precitada sentencia "El derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24-1 de la Constitución Española exige la necesidad de respetar plenamente el derecho de todos los ciudadanos a defenderse en cualquier proceso judicial en que sean parte, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Pero para que este derecho a la defensa se haga efectivo en cada caso resulta preciso que tengan noticia de la existencia del litigio y de los distintos aconteceres procesales que en él se van produciendo; de ahí "la especial trascendencia de los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, pues en tal caso el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses cuestionados", como ha manifestado el Tribunal Constitucional en sus SSTC 36/1987, de 25 marzo y 110/1989, de 12 junio . Por ello, ha precisado que con estos actos de comunicación se trata de garantizar la defensa de las partes de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión, que es lesiva del derecho fundamental citado ( SSTC 1/1983, de 13 marzo , 22/1987, de 20 febrero), 205/1988 de 7 noviembre, 110/1989, de 12 junio y 141/1989, de 20 julio , entre otras); de lo que se desprende, que todos estos actos de comunicación y en especial, el emplazamiento y la citación a juicio, han de ser realizados por el órgano judicial con todo el cuidado y respeto de las normas procesales que regulan dichos actos de comunicación, como deber específico integrado en el de la tutela judicial efectiva ( SSTC 157/1987, de 15 octubre y 110/1989, de 12 junio y 141/1989 de 20 julio), toda vez que tales actos no son un formalismo, sino una garantía para las partes en el procedimiento integrante del contenido esencial del derecho consagrado en el art. 24 de la Constitución ( sentencias del mismo Tribunal 37/1984, de 14 marzo , 110/1989, de 12 junio).

Siendo incuestionable la plena licitud y constitucionalidad de las citaciones y demás actos de comunicación procesal efectuados mediante correo certificado, resulta, también, obvio que para la validez y eficacia de esta clase de actos es de todo punto necesario que quede en los autos constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma; circunstancias esenciales que, en virtud de lo dispuesto por el legislador, son -según establece literalmente el artículo 56.3 LRJS- las circunstancias personales de quien recibió la notificación -nombre, documento de identificación y domicilio- así como su relación con el destinatario interesado. Estas exigencias son comunes, sea cual sea el destinatario y su forma jurídica, y no pueden ser obviadas, so pena de que se incumpla la norma y se pongan en peligro los derechos de defensa del destinatario".

4. La aplicación de esa misma doctrina al caso de autos obliga a concluir que es la sentencia de contraste la que contiene la buena doctrina, al exigir que en el acuse de recibo consten todas y cada una de las diferentes circunstancias que la ley establece, de manera especial, la relación del receptor con el destinatario, que ni es obvia ni aparece acreditada de ninguna manera, y cuya ausencia hace dudar legítimamente de que la citación hubiere llegado finalmente a la empresa destinataria de la misma, sin que aparezca el menor indicio del que quepa deducir lo contrario y pudiere resultar evidente que se trate de un mero y simple alegato utilitario de indefensión puramente formal por parte de la empresa"

Esa doctrina resulta aplicable en este caso si tenemos en cuenta que se trata de una empresa real y con actividad, que ha desarrollado meticulosamente toda la tramitación del expediente de despido colectivo y que la falta de comparecencia en el acto de la vista, en idénticas circunstancias, afecta a todos los codemandados citados en la misma dirección y de la misma manera.

5.Frente a esta realidad no podemos atender los argumentos contenidos en el escrito de impugnación ni en el informe del Ministerio Fiscal.

El hecho de que la persona que consta en los acuses de recibo no manifestara objeción alguna a recoger la documentación entregada por el servicio de correos (o al menos que no conste tal objeción en los acuses de recibo) no permite trasladar su actuación a la esfera jurídica de la empresa recurrente si no existe constancia de que esa persona de alguna manera actuara por cuenta de la misma, para lo cual sería imprescindible conocer cuál es la relación que guarda con esa empresa, que es precisamente el dato omitido. Por otra parte la afirmación de que "la incomparecencia al acto de juicio obedece a una decisión u omisión deliberada" es una mera afirmación de la parte impugnante carente del más mínimo soporte probatorio.

En cuanto al argumento contenido en el informe del Ministerio Fiscal según el cual la recurrente tuvo que plantear un incidente de nulidad de actuaciones en defensa de su pretensión y no lo efectuó, el mismo tampoco puede ser acogido por esta Sala. La viabilidad del incidente de nulidad de actuaciones, conforme los artículos 241.1 LOPJ y 228.1 LEC, exige que la sentencia ya no sea "susceptible de recurso ordinario ni extraordinario", lo que ocurriría si hubiese adquirido firmeza, para lo cual debiera haberse producido finalmente la comunicación de dicha sentencia, incluso por vía edictal ( art. 59 LRJS) , habiendo precluido los plazos de recurso. Pero si, como aquí ocurre, la empresa ha tenido conocimiento de la sentencia dictada en su ausencia, derivada de una ausencia de notificación de la citación al acto del juicio, a tiempo de interponer el recurso que corresponde, lo que debe hacer es seguir esta vía de recurso, como ha hecho, y no la de la nulidad de actuaciones. Cuestión distinta hubiera sido que no concurriese causa alguna de nulidad, sino que, habiéndose efectuado correctamente la notificación, concurriera alguna causa justificativa de la incomparecencia, en cuyo caso al no concurrir causa de nulidad de actuaciones la vía a seguir sería inexcusablemente la audiencia al demandado rebelde del art 185 LRJS en los supuestos del art. 501 LEC, pero este no es el caso.

QUINTO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, conduce a estimar el recurso de casación para decretar la nulidad de actuaciones, debiendo retrotraerse las mismas al momento de señalamiento del acto de la vista y reclamación de documentación, lo que en este caso podrá comunicarse ya a la demandada a través de su representación legal ya comparecida en el procedimiento.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas. Se ordena la devolución del depósito constituido para recurrir y de los aseguramientos prestados en garantía del cumplimiento de la condena.

PRIMERO.- 1.El presente recurso de casación es relativo a una sentencia dictada en procedimiento de despido colectivo y, además de varias cuestiones procesales y de revisión de hechos probados, en cuanto al fondo se trata de determinar si la empresa incumplió la obligación de negociar de buena fe durante el período de consultas.

2.La única delegada de personal, representante unitaria de los trabajadores de la empresa, presentó demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra las empresas Avenir Conseil Formation España, S.L., Creation Davenir Conseil Formación, S.L., Avenir Conseil Sas Y Alten Delivey Center Maroc, S.L.U., solicitando que se declarase la nulidad de pleno derecho del despido colectivo llevado a cabo por las mercantiles demandadas. Habiendo sido las mismas citadas para el acto de la vista mediante comunicación cursada a través del servicio de Correos, constando acuses de recibo en la dirección señalada en la demanda (común para todas ellas) firmadas por una persona identificada con su nombre, primer apellido y DNI, ninguna de las empresas demandadas compareció al acto del juicio.

3.La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó la demanda y declaró la nulidad de la decisión de despido colectivo adoptada por las empresas demandadas y las condenó a la reincorporación de los trabajadores afectados a sus puestos de trabajo, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la efectiva readmisión. La Sala de instancia consideró que la empresa no cumplió la obligación de negociar de buena fe al no haber entregado información y documentación suficiente sobre la justificación de las causas organizativas y productivas, y al haber mantenido desde el inicio una posición inamovible en materia de indemnización, ofreciendo únicamente un incremento de 1 ó 2 días de salario por año de servicio sobre la indemnización legal, pese a que la representación de los trabajadores redujo su pretensión inicial de 33 días a 30 días por año de servicio.

4.Contra la citada sentencia ha interpuesto recurso de casación Avenir Conseil Formation España, S.L. en el cual instrumenta los siguientes motivos:

a) Motivo primero: al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS, denunciando infracción del artículo 56.3 LRJS y del artículo 24 CE, en relación con los artículos 124.9 y 10 LRJS, por no haber sido debidamente notificada la recurrente del Decreto de admisión de la demanda ni citada al acto de juicio.

b) Motivo segundo: al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS, denunciando infracción del artículo 97.2 LRJS y del artículo 24 CE, por incongruencia y falta de motivación de la sentencia en cuanto a la condena solidaria de todas las empresas codemandadas.

c) Motivo tercero: al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS, denunciando infracción de los artículos 91.2 y 94.2 LRJS y del artículo 24 CE, en relación con el artículo 304 LEC, por improcedente aplicación de la presunción de ficta confessio y de la ficta documentatio.

d) Motivos cuarto, quinto y sexto: al amparo de la letra d del artículo 207 LRJS, para revisar los hechos probados.

e) Motivo séptimo: al amparo de la letra e del artículo 207 LRJS, denunciando infracción de los artículos 51.2 ET y 5 y 7.1 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

5.El recurso de casación ha sido impugnado por la delegada de personal. En primer lugar pide la inadmisión del recurso por no haberse acreditado la consignación o abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la efectiva reincorporación. Con carácter subsidiario, se opone a todos y cada uno de los motivos del recurso y pide la desestimación del mismo.

6.La Fiscalía del Tribunal Supremo informa en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.Con carácter previo al examen de los motivos de casación, procede resolver la causa de inadmisión del recurso planteada por la delegada de personal en su escrito de impugnación, basada en la falta de consignación de los salarios de tramitación devengados como consecuencia de la nulidad del despido colectivo declarada en la sentencia recurrida.

2.La cuestión de la consignación de los salarios de tramitación para la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia cuando resuelven en instancia impugnaciones colectivas de despidos colectivos y declaran la nulidad del despido fue tratada y resuelta en la sentencia de esta Sala de 20 de abril de 2015, recurso 354/2014 (fundamento séptimo).

De acuerdo con el criterio establecido, cuando se trata de sentencias que en instancia declaran la nulidad de un despido colectivo en el procedimiento del art 124 LRJS, tras la reforma de dicho precepto por la Ley 3/2012 y la reforma del apartado 2 del art. 247 LRJS por el Real Decreto-ley 11/2013 y la Ley 1/2014, el pronunciamiento de nulidad y la inherente condena a la readmisión lleva aparejada la condena al abono de los salarios de tramitación, lo que inexcusablemente ha de conducir a la necesidad de consignarlos al tiempo de recurrir la sentencia por parte de la empresa condenada.

Esto es así aunque en la sentencia no figure la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los trabajadores afectados y beneficiados por la condena, puesto que la regulación del número 2 del art. 247 LRJS difiere sustancialmente de la contenida en el número 1 para la ejecución de sentencias dictadas en procedimiento de conflicto colectivo. En los procedimientos de conflicto colectivo la Ley obliga a que en la demanda ( art. 160 .3 LRJS) se concreten los datos, características y requisitos precisos para la posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena, además de especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Sin embargo en las demandas de despido colectivo ninguna de estas exigencias se establecen en el art. 124 LRJS, seguramente porque en estos casos está en manos de la empresa determinar no solo las personas que resultarán afectadas por la medida colectiva de extinción, sino también los datos relevantes para el cálculo de la indemnización o de los salarios de tramitación, muchas veces recogidos o especificados en consignados en la propia documentación que se aporta en el periodo de consultas. Por ello, la ausencia de tales parámetros de cuantificación en la sentencia que declara nulo el despido colectivo y la obligación de readmisión y abono de salarios no genera la imposibilidad de su ejecución y la inexigibilidad de la consignación de los salarios de tramitación, y ello por cuanto:

1) La previsión de ejecución contemplada en el art. 247 LRJS in fine no ha ido seguida de una modificación correlativa y directa de las exigencias de la demanda de despido colectivo, lo que podría significar que el legislador no ha considerado indispensable hacer plenamente extensiva la previsión del art. 160.3 de la LRJS a las demandas del 124;

2) Muy probablemente la razón de ello es que, a diferencia de las demandas de conflicto colectivo con pretensión de condena, las de despido colectivo con petición de nulidad presentan un contenido de condena directamente identificable en cuanto a los sujetos, fácilmente determinable en su cuantía y cuyos elementos clave son factores manejados por la empresa y los representantes de los trabajadores desde el primer momento de la negociación ordenada por la ley, en tanto que en ese ámbito es necesario tener presentes los datos de antigüedad y salario de los trabajadores afectados por el despido así como el lugar de prestación de servicios y categoría profesional para poder determinar las consecuencias del despido colectivo y el régimen de ofertas y contraofertas propias de todas negociación, siendo esos los datos claves de toda demanda de despido para poder proceder a completar los pronunciamientos que sobre la calificación del despido ordena la Ley;

3) La falta de cuantificación de los salarios de tramitación no es argumento a tomar en cuenta, puesto que en las sentencias de despido individual declarado nulo nunca han resultado cuantificados exactamente por el órgano judicial, y ello no ha sido impedimento para aceptar su ejecución;

4) Además, y en todo caso, el art. 247 de la LRJS regula un proceso incidental para la ejecución que pone de manifiesto, en lo que a condenas dinerarias se refiere, que la ejecutada tiene la obligación de que "tratándose de ejecución pecuniaria, en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relación a cada uno de los trabajadores en cuya representación se inste la ejecución, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una fórmula de pago". Corresponde pues a la empresa, en atención a esos parámetros (salario mensual, antigüedad, categoría y puesto de trabajo de cada trabajador), conocidos por ella perfectamente, efectuar los cálculos del importe de esos salarios para proceder a su consignación para recurrir, sin perjuicio de que en una posterior ejecución se pueda matizar, discutir y cuantificar con mayor precisión si fuera necesario dicho importe.

Conclusión de todo lo expuesto, es que en los despidos colectivos en los que la sentencia de instancia declara la nulidad del despido, la empresa recurrente debe consignar el importe de los salarios de tramitación, consignación que garantizará la ejecución futura.

3.Por otra parte hay que recordar que la omisión completa del requisito de consignación del importe de la condena es insubsanable. Como señalamos en la sentencia de esta Sala Cuarta 1346/2024, de 11 de diciembre, rcud 1465/2024, con cita de la sentencia de esta Sala de 17 de febrero de 1999, rcud 741/1998, hay que distinguir entre errores de cálculo en la carga de consignar la cantidad objeto de condena, de aquellas conductas manifiestas de no querer dar cumplimiento a lo legalmente establecido, eludiendo la consignación o constituyendo depósitos manifiestamente insuficientes, de manera que la posibilidad de subsanación no se aplica cuando estemos ante conductas negligentes y que obedezcan a un incumplimiento imputable a la parte, máxime cuando se acude al proceso con asistencia de letrado. Lo que es subsanable es el error de cálculo de la cantidad a consignar o la determinación de las bases para ello, pero no la plena omisión de la consignación o la consignación de una cantidad manifiestamente insuficiente, supuestos en los que el incumplimiento de los deberes de consignación trae su causa en la negligencia de la parte o en otro motivo imputable enteramente a su comportamiento, especialmente cuando se acude al proceso con asistencia de letrado.

4.Todo lo anterior llevaría a la inadmisibilidad del recurso de casación en este caso si no se hubiera efectuado la consignación en tiempo oportuno de los salarios de tramitación, pero revisado el expediente electrónico resulta que con el escrito de preparación del recurso de casación la parte recurrente presentó acreditación de la consignación en la cuenta del Tribunal de instancia de la cantidad de 226.485,66 euros en concepto de salarios de tramitación, según detalle que se consigna en el escrito de preparación, sin que se cuestione la corrección de aquel cálculo, debiendo recordarse que, una vez efectuada la consignación, el error en la cuantía es defecto subsanable y en este caso tampoco se ha apreciado error alguno, ni así se manifiesta por la parte.

TERCERO.-Una segunda cuestión que se suscita en el escrito de impugnación del recurso y que no ha sido resuelta previamente en el procedimiento es la inadmisibilidad del documento aportado anexo al recurso de casación y consistente en informe de vida laboral de la empresa recurrente. Aparte de ese documento la empresa aportó otros dos, el primero consistente en alta en el convenio especial por expediente de regulación de empleo de la trabajadora Dª Belinda y escrito presentado en su momento a la Xunta de Galicia aportando documentación; y el segundo consistente en una autorización de ampliación de plazos del periodo de consultas del despido colectivo por la Xunta de Galicia. Todos estos documentos se hallan fuera de los supuestos del artículo 233 LRJS, dado que se trata de documentos que por su fecha y la de los actos que acreditan pudieron presentarse en el acto de la vista. Por tanto se rechazan.

CUARTO.- 1.El primer motivo del recurso se formula al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS y denuncia la infracción del artículo 56.3 LRJS y del artículo 24 CE, en relación con los artículos 124.9 y 10 de la misma Ley. La empresa recurrente sostiene que el decreto de por el que se admitió a trámite la demanda y se señaló la vista del juicio, junto con la cédula de notificación y el requerimiento de aportación de documentación, no le fueron debidamente notificados, impidiendo así su comparecencia en el acto del juicio. Es cierto que existen acuses de correo de la entrega del decreto y las cédulas de citación a la empresa recurrente y a las codemandadas, pero señala que en el acuse de recibo no consta la identificación completa (segundo apellido, domicilio y relación con el destinatario) de la persona que recogió los sobres, identificada únicamente como Dª Adelaida, quien, según la recurrente, no era empleada de la empresa ni estaba autorizada para recibir documentación en su nombre.

2.La parte impugnante se opone al motivo señalando que la recurrente sí fue notificada en su domicilio social ante persona que no manifestó objeción alguna a la notificación, de conformidad con el artículo 55 LRJS en relación con el artículo 155.2 LEC, y que la incomparecencia al acto de juicio obedece a una decisión u omisión deliberada, habiendo ocasionado también una falta de colaboración procesal por la falta de remisión de la información y documentación que le había sido requerida por el órgano judicial.

El Ministerio Fiscal entiende que la recurrente introduce una cuestión nueva no suscitada ante la Sala de instancia, lo que resulta contrario a la doctrina de la Sala Cuarta cuando exige que no se introduzcan en casación cuestiones no debatidas en la instancia. Considera que al conocer la sentencia la recurrente tuvo que plantear un incidente de nulidad de actuaciones en defensa de su pretensión y no lo efectuó.

3.En el expediente electrónico y como acontecimiento 23 figuran los acuses de correo de las notificaciones del decreto de admisión de la demanda y señalamiento del acto del juicio. Se puede observar cómo se entregaron el citado decreto y las cédulas de citación en la misma dirección, que era la señalada en la demanda de forma común para todos los codemandados ( DIRECCION000 de Madrid). La entrega se hizo de manera simultánea el 19 de julio de 2024 a las 10:28 horas a las empresas Avenir Conseil SAS, Alten Delivery Center Marco Blu, Avenir Conseil Formation España S.L., Creation Davenir Conseil Formación S.L. Todos los acuses de recibo son firmados por la misma persona, Adelaida (no consta el segundo apellido), figurando el mismo DNI en todos ellos, NUM001, sin constar en los diferentes acuses de recibo la relación que tenía con ninguna de las empresas demandadas.

No es cierto por tanto que falte la completa identificación de la persona que recogió las notificaciones, dado que consta el nombre y el primer apellido y el número de DNI, de manera que a priori la identificación es más que suficiente para determinar quién llevó a cabo el acto de recepción de las comunicaciones, resultando que el artículo 56.3 LRJS solamente exige que, cuando no se trate del propio interesado, se consigne "su nombre, documento de identificación, domicilio y su relación con el destinatario". No exige por tanto que consten todos los apellidos y por ello la omisión de alguno de ellos solamente podrá considerarse relevante cuando esa falta suscite dudas sobre la correcta identificación de la concreta persona, lo que ordinariamente no ocurre si al mismo tiempo del nombre y un apellido figura el número de su DNI.

Ahora bien, el dato que no consta en los acuses de recibo y que la Ley exige es la relación que tenía la persona que recogió las notificaciones con las empresas notificadas, cuestión sobre la que ninguna aclaración existe en autos ni se proporciona. La recurrente, que es la empleadora de los trabajadores, manifiesta ignorar de quién se trata esa persona, sin que la parte actora o cualquiera de las demás ni el Ministerio Fiscal hayan aportado ese dato. Esto además es especialmente relevante si tenemos en cuenta que ninguna de las empresas demandadas compareció en el acto del juicio.

4.La cuestión relativa a la ausencia en el acuse de recibo de cualquier mención a la relación entre la persona que firma el mismo con la persona que es destinataria del acto de comunicación judicial ya ha sido resuelta por esta Sala en sentencias anteriores, en particular en la 626/2020, de 9 de julio, rec. 4119/2017, en la que dijimos:

"1. La Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta misma cuestión en aquella STS 21/2/2018, rcud. 920/2016 , que hemos citado anteriormente, que resuelve un asunto idéntico al presente en el que no se hizo constar en el acuse de recibo de la citación para juicio la relación que tenía con la empresa la persona que la ha recibido.

La plena identidad del presente asunto impone la aplicación en este caso del mismo criterio que hemos seguido en ese precedente.

2. El punto de partida no puede ser otro que la propia dicción literal del art. 56 LRJS, que regula el régimen jurídico aplicable a las comunicaciones que se realicen fuera de la oficina judicial.

Admite el precepto que ese tipo de comunicaciones puedan practicarse por correo certificado con acuse de recibo, y seguidamente desgrana los requisitos que en ese caso deben cumplimentarse para que puedan considerarse válidamente efectuadas.

En su apartado 3, expresamente dispone que: "En el documento de acuse de recibo se hará constar la fecha de la entrega, y será firmado por el empleado de Correos y el receptor. En el caso de que éste no fuera el interesado se consignará su nombre, documento de identificación, domicilio y su relación con el destinatario".

Ya hemos dicho que en este caso se trata de determinar cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de tales requisitos, cuando el interesado no comparece al acto de juicio y denuncia que no había recibido la oportuna citación al efecto, en un supuesto como el presente, en el que no se ha dejado constancia de la relación que tenía con la empresa la persona que aparece como receptora de la misma.

3. Conforme decimos en nuestra precitada sentencia "El derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24-1 de la Constitución Española exige la necesidad de respetar plenamente el derecho de todos los ciudadanos a defenderse en cualquier proceso judicial en que sean parte, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Pero para que este derecho a la defensa se haga efectivo en cada caso resulta preciso que tengan noticia de la existencia del litigio y de los distintos aconteceres procesales que en él se van produciendo; de ahí "la especial trascendencia de los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, pues en tal caso el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses cuestionados", como ha manifestado el Tribunal Constitucional en sus SSTC 36/1987, de 25 marzo y 110/1989, de 12 junio . Por ello, ha precisado que con estos actos de comunicación se trata de garantizar la defensa de las partes de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión, que es lesiva del derecho fundamental citado ( SSTC 1/1983, de 13 marzo , 22/1987, de 20 febrero), 205/1988 de 7 noviembre, 110/1989, de 12 junio y 141/1989, de 20 julio , entre otras); de lo que se desprende, que todos estos actos de comunicación y en especial, el emplazamiento y la citación a juicio, han de ser realizados por el órgano judicial con todo el cuidado y respeto de las normas procesales que regulan dichos actos de comunicación, como deber específico integrado en el de la tutela judicial efectiva ( SSTC 157/1987, de 15 octubre y 110/1989, de 12 junio y 141/1989 de 20 julio), toda vez que tales actos no son un formalismo, sino una garantía para las partes en el procedimiento integrante del contenido esencial del derecho consagrado en el art. 24 de la Constitución ( sentencias del mismo Tribunal 37/1984, de 14 marzo , 110/1989, de 12 junio).

Siendo incuestionable la plena licitud y constitucionalidad de las citaciones y demás actos de comunicación procesal efectuados mediante correo certificado, resulta, también, obvio que para la validez y eficacia de esta clase de actos es de todo punto necesario que quede en los autos constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma; circunstancias esenciales que, en virtud de lo dispuesto por el legislador, son -según establece literalmente el artículo 56.3 LRJS- las circunstancias personales de quien recibió la notificación -nombre, documento de identificación y domicilio- así como su relación con el destinatario interesado. Estas exigencias son comunes, sea cual sea el destinatario y su forma jurídica, y no pueden ser obviadas, so pena de que se incumpla la norma y se pongan en peligro los derechos de defensa del destinatario".

4. La aplicación de esa misma doctrina al caso de autos obliga a concluir que es la sentencia de contraste la que contiene la buena doctrina, al exigir que en el acuse de recibo consten todas y cada una de las diferentes circunstancias que la ley establece, de manera especial, la relación del receptor con el destinatario, que ni es obvia ni aparece acreditada de ninguna manera, y cuya ausencia hace dudar legítimamente de que la citación hubiere llegado finalmente a la empresa destinataria de la misma, sin que aparezca el menor indicio del que quepa deducir lo contrario y pudiere resultar evidente que se trate de un mero y simple alegato utilitario de indefensión puramente formal por parte de la empresa"

Esa doctrina resulta aplicable en este caso si tenemos en cuenta que se trata de una empresa real y con actividad, que ha desarrollado meticulosamente toda la tramitación del expediente de despido colectivo y que la falta de comparecencia en el acto de la vista, en idénticas circunstancias, afecta a todos los codemandados citados en la misma dirección y de la misma manera.

5.Frente a esta realidad no podemos atender los argumentos contenidos en el escrito de impugnación ni en el informe del Ministerio Fiscal.

El hecho de que la persona que consta en los acuses de recibo no manifestara objeción alguna a recoger la documentación entregada por el servicio de correos (o al menos que no conste tal objeción en los acuses de recibo) no permite trasladar su actuación a la esfera jurídica de la empresa recurrente si no existe constancia de que esa persona de alguna manera actuara por cuenta de la misma, para lo cual sería imprescindible conocer cuál es la relación que guarda con esa empresa, que es precisamente el dato omitido. Por otra parte la afirmación de que "la incomparecencia al acto de juicio obedece a una decisión u omisión deliberada" es una mera afirmación de la parte impugnante carente del más mínimo soporte probatorio.

En cuanto al argumento contenido en el informe del Ministerio Fiscal según el cual la recurrente tuvo que plantear un incidente de nulidad de actuaciones en defensa de su pretensión y no lo efectuó, el mismo tampoco puede ser acogido por esta Sala. La viabilidad del incidente de nulidad de actuaciones, conforme los artículos 241.1 LOPJ y 228.1 LEC, exige que la sentencia ya no sea "susceptible de recurso ordinario ni extraordinario", lo que ocurriría si hubiese adquirido firmeza, para lo cual debiera haberse producido finalmente la comunicación de dicha sentencia, incluso por vía edictal ( art. 59 LRJS) , habiendo precluido los plazos de recurso. Pero si, como aquí ocurre, la empresa ha tenido conocimiento de la sentencia dictada en su ausencia, derivada de una ausencia de notificación de la citación al acto del juicio, a tiempo de interponer el recurso que corresponde, lo que debe hacer es seguir esta vía de recurso, como ha hecho, y no la de la nulidad de actuaciones. Cuestión distinta hubiera sido que no concurriese causa alguna de nulidad, sino que, habiéndose efectuado correctamente la notificación, concurriera alguna causa justificativa de la incomparecencia, en cuyo caso al no concurrir causa de nulidad de actuaciones la vía a seguir sería inexcusablemente la audiencia al demandado rebelde del art 185 LRJS en los supuestos del art. 501 LEC, pero este no es el caso.

QUINTO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, conduce a estimar el recurso de casación para decretar la nulidad de actuaciones, debiendo retrotraerse las mismas al momento de señalamiento del acto de la vista y reclamación de documentación, lo que en este caso podrá comunicarse ya a la demandada a través de su representación legal ya comparecida en el procedimiento.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas. Se ordena la devolución del depósito constituido para recurrir y de los aseguramientos prestados en garantía del cumplimiento de la condena.