Sentencia Social 1278/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4122/2024 de 17 de diciembre del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión controvertida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se refiere a la fecha de efectos de la jubilación parcial. Específicamente, se trata de determinar si la fecha de efectos debe fijarse en el momento en la fecha que la trabajadora fijó en su solicitud de jubilación parcial o si, por el contrario, debe diferirse al momento en que se formalizó el contrato de relevo por la entidad empleadora.

2.La beneficiaria demandó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (entidad empleadora). Se había jubilado parcialmente al 50% y reclamó que la fecha de efectos económicos de su pensión de jubilación parcial fuese el 12 de septiembre de 2021, fecha de su solicitud. El Juzgado de lo Social n.º 2 de Palencia dictó sentencia desestimatoria de la demanda, diciendo que la fecha de efectos económicos debía ser la de la firma del contrato de relevo, y no la fecha de solicitud de la jubilación.

3.La sentencia fue recurrida en suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, dictó sentencia el 15 de julio de 2024 (recurso 1265/2023), que es la aquí recurrida, que desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia. El Tribunal Superior de Justicia razonó que no existe un derecho absoluto a la jubilación parcial sino que el artículo 86 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos lo regula como un derecho condicionado a una serie de requisitos y trámites. Afirma que la pensión de jubilación es incompatible con los salarios y que por tanto, dado que los mismos se devengan hasta el momento en que se produce el cese en el trabajo (en este caso la reducción efectiva de la jornada), no cabe reconocer efectos retroactivos a la pensión. Según el Tribunal Superior de Justicia la fecha de efectos de la pensión solamente puede llevarse a la de la formalización del contrato de relevo requerido.

4.La parte actora recurre en casación unificadora invocando un único motivo de la letra e del artículo 207 LRJS, en el que alega la infracción del artículo 86 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos en relación con el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 215.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Sostiene la recurrente que cumplía los requisitos de edad y cotización para acceder a la jubilación parcial al 50% el 12 de septiembre de 2021, cuando presentó su solicitud. Dice que hay que distinguir entre dos fechas de efectos. Una es la fecha de efectos para la entidad gestora de la Seguridad Social, que solamente tiene la obligación de abono de la pensión desde que se suscribe el contrato de relevo que constituye requisito legal para el acceso a la jubilación parcial. Pero otra distinta es la aplicable a la entidad empleadora, para la cual en virtud del convenio la fecha de efectos debe ser aquella en que la actora, cumpliendo los requisitos exigibles, solicitó el acceso a la jubilación parcial. Según la recurrente entender lo contrario dejaría al arbitrio de la Junta de Castilla y León la decisión sobre cuándo suscribir el contrato de relevo y permitir el acceso de la solicitante a la jubilación parcial, dejando sin contenido temporalmente el derecho reconocido en el convenio colectivo. Por eso lo que se pide es que se declare como fecha de efectos el 12 de septiembre de 2021, pero condenando solamente a la entidad empleadora, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

5.Tanto el INSS como la Junta de Castilla y León impugnan el recurso.

La entidad gestora insiste en la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo a jornada completa que se mantuvo y dice que el incumplimiento del empleador no puede dar lugar a la responsabilidad del INSS en orden a las prestaciones, sino que en todo caso la prestación habría de imputarse a la empleadora. La demandante no en su demanda inicial no esgrimió ninguna pretensión contra la entidad gestora, que no aparecía como parte demandada, lo que ocurrió posteriormente por vía de ampliación de la demanda. Sin embargo ya en su recurso de suplicación abandonó la pretensión de condena contra la entidad gestora, limitándola solamente la a la entidad empleadora, lo que igualmente ocurre, como no puede ser de otra manera, en este recurso de casación unificadora. Observamos por ello que la impugnación del recurso por la entidad gestora carece de objeto procesal.

Queda por tanto la impugnación de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, entidad empleadora, que sostiene que el recurso debe ser desestimado ya que el derecho a la jubilación parcial no es un derecho subjetivo perfecto, sino que requiere el acuerdo recíproco entre empresa y trabajador y la formalización simultánea de un contrato de relevo y por ello la fecha de efectos debe ser la de la firma del contrato de relevo, invocando la doctrina dimanante de las sentencias de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2022 y 29 de marzo de 2023.

6.El Ministerio Fiscal informa en contra de la estimación del recurso. Aunque considera que concurre el presupuesto de contradicción doctrinal entre la sentencia recurrida y la de contraste, opta por considerar correcta la doctrina contenida en la sentencia recurrida, por ser acorde con la establecida por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (citando, entre otras, la STS de 29 de marzo de 2023, rcud 2322/20). Dice que, dado que el artículo 86 del Convenio Colectivo se remite a la normativa vigente sin mayores precisiones, no se puede considerar que el acceso a la jubilación parcial constituya un verdadero y perfecto derecho exigible, sino que es necesario el acuerdo entre las partes, que no se perfecciona hasta que, terminada la tramitación necesaria, la entidad empleadora formaliza el contrato de relevo.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada, dictada por la propia Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 27 de noviembre de 2023 en el recurso 2331/2022. El presupuesto procesal de contradicción establecido en el artículo 219.1 LRJS no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En la sentencia recurrida la demandante prestaba servicios como personal laboral de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, gerencia territorial de Palencia, y solicitó el acceso a la jubilación parcial el 12 de agosto de 2021 con reducción de jornada del 50% y fecha de efectos de 12 de septiembre de 2021. La Gerencia de Castilla y León inició una tramitación destinada a formalizar un contrato de relevo que viabilizara el acceso por la trabajadora a la pensión de jubilación parcial, contratando finalmente a un trabajador relevista, por lo cual la trabajadora pasó finalmente a situación de jubilación parcial con la consiguiente reducción de jornada y percibiendo la pensión a cargo de la entidad gestora el 20 de junio de 2022. En su demanda pretendía que la Gerencia de Servicios Sociales le abonase la pensión de jubilación parcial desde el 12 de septiembre de 2021, lo que le fue denegado por la sentencia del Juzgado de lo Social. Recurrida la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia, éste desestima el recurso y confirma la fecha de efectos declarada por el Juzgado.

3.En la sentencia de contraste, dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 27 de noviembre de 2023 en el recurso 2331/2022, la demandante prestaba servicios como personal laboral de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, gerencia territorial de Palencia, y solicitó el acceso a la jubilación parcial el 4 de marzo de 2021 con reducción de jornada del 50% y fecha de efectos de 24 de mayo de 2021. La Gerencia de Castilla y León no inició tramitación alguna destinada a formalizar un contrato de relevo que viabilizara el acceso por la trabajadora a la pensión de jubilación parcial que reclamaba, sino que el 7 de julio de 2021 el Gerente de Servicios Sociales denegó a la actora su solicitud de acceso a la jubilación parcial, argumentando que por la actual carga de trabajo no se podía prescindir de parte alguna de su jornada, no existiendo por tanto acuerdo entre empresa y trabajadora. Presentó demanda reclamando su derecho a la jubilación parcial, obteniendo sentencia favorable del Juzgado de lo Social, que no obstante fijó como fecha de efectos "aquella en la que la demandada decida formalizar el contrato de relevo". Recurrió en suplicación la beneficiaria pidiendo que se fijase como fecha de efectos la solicitada en la demanda, el 24 de mayo de 2021, siendo su recurso estimado por la Sala de suplicación.

4.En la sentencia recurrida la Junta de Castilla y León aceptó la solicitud de la trabajadora y puso en marcha la cobertura mediante un contrato de relevo para la sustitución de la jornada que dejaba vacante. Una vez que formalizó el contrato de relevo se inició la percepción de la pensión y la consiguiente reducción de jornada. Por tanto hubo acuerdo entre empresa y trabajadora en el acceso a la jubilación parcial que se perfeccionó con la suscripción por la empleadora del contrato de relevo y lo que se trata de determinar es si, más allá de ese acuerdo, la trabajadora tenía el derecho incondicionado a la jubilación parcial, en cuyo caso la entidad empleadora habría desconocido el mismo durante varios meses, por lo cual debería plantearse la forma de reparar dicha vulneración, solicitando la recurrente que tal reparación se haga retrotrayendo los efectos económicos de la pensión a la fecha solicitada a cargo de la entidad empleadora.

En cambio en la sentencia de contraste la entidad empleadora denegó la jubilación parcial y, recurrida aquella decisión, la sentencia del Juzgado de lo Social declaró el derecho de la trabajadora a la misma. La Gerencia de Servicios Sociales no recurrió esa sentencia, dejando firme la misma en lo que a ella concernía, de manera que solamente recurrió la trabajadora en relación con la fecha de efectos que correspondía aplicar. La Sala de suplicación resolvió sobre esa fecha de efectos partiendo de la premisa, que había sido fijada en la sentencia de instancia, que no había sido recurrida por la entidad empleadora y que por tanto era firme en ese extremo, de que la trabajadora tenía derecho incondicionado a la jubilación parcial cuando la solicitó.

Por tanto los términos de los dos asuntos sobre los que resuelve la Sala son diferentes, ya que aquella premisa de la que debía partir en la sentencia de contraste (el derecho incondicionado de la trabajadora a la jubilación parcial que solicitó) no existía en el caso de la sentencia recurrida y por eso precisamente su resolución se fundamenta en la falta de aquel derecho incondicionado. No existe controversia doctrinal susceptible de unificación por esta Sala.

Por todo ello a juicio de esta Sala no concurre la contradicción entre ambas sentencias, lo que impide la admisión del recurso, de manera que en esta fase procesal procede su desestimación.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, lleva a desestimar el recurso presentado.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

PRIMERO.- 1.La cuestión controvertida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se refiere a la fecha de efectos de la jubilación parcial. Específicamente, se trata de determinar si la fecha de efectos debe fijarse en el momento en la fecha que la trabajadora fijó en su solicitud de jubilación parcial o si, por el contrario, debe diferirse al momento en que se formalizó el contrato de relevo por la entidad empleadora.

2.La beneficiaria demandó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (entidad empleadora). Se había jubilado parcialmente al 50% y reclamó que la fecha de efectos económicos de su pensión de jubilación parcial fuese el 12 de septiembre de 2021, fecha de su solicitud. El Juzgado de lo Social n.º 2 de Palencia dictó sentencia desestimatoria de la demanda, diciendo que la fecha de efectos económicos debía ser la de la firma del contrato de relevo, y no la fecha de solicitud de la jubilación.

3.La sentencia fue recurrida en suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, dictó sentencia el 15 de julio de 2024 (recurso 1265/2023), que es la aquí recurrida, que desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia. El Tribunal Superior de Justicia razonó que no existe un derecho absoluto a la jubilación parcial sino que el artículo 86 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos lo regula como un derecho condicionado a una serie de requisitos y trámites. Afirma que la pensión de jubilación es incompatible con los salarios y que por tanto, dado que los mismos se devengan hasta el momento en que se produce el cese en el trabajo (en este caso la reducción efectiva de la jornada), no cabe reconocer efectos retroactivos a la pensión. Según el Tribunal Superior de Justicia la fecha de efectos de la pensión solamente puede llevarse a la de la formalización del contrato de relevo requerido.

4.La parte actora recurre en casación unificadora invocando un único motivo de la letra e del artículo 207 LRJS, en el que alega la infracción del artículo 86 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos en relación con el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 215.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Sostiene la recurrente que cumplía los requisitos de edad y cotización para acceder a la jubilación parcial al 50% el 12 de septiembre de 2021, cuando presentó su solicitud. Dice que hay que distinguir entre dos fechas de efectos. Una es la fecha de efectos para la entidad gestora de la Seguridad Social, que solamente tiene la obligación de abono de la pensión desde que se suscribe el contrato de relevo que constituye requisito legal para el acceso a la jubilación parcial. Pero otra distinta es la aplicable a la entidad empleadora, para la cual en virtud del convenio la fecha de efectos debe ser aquella en que la actora, cumpliendo los requisitos exigibles, solicitó el acceso a la jubilación parcial. Según la recurrente entender lo contrario dejaría al arbitrio de la Junta de Castilla y León la decisión sobre cuándo suscribir el contrato de relevo y permitir el acceso de la solicitante a la jubilación parcial, dejando sin contenido temporalmente el derecho reconocido en el convenio colectivo. Por eso lo que se pide es que se declare como fecha de efectos el 12 de septiembre de 2021, pero condenando solamente a la entidad empleadora, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

5.Tanto el INSS como la Junta de Castilla y León impugnan el recurso.

La entidad gestora insiste en la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo a jornada completa que se mantuvo y dice que el incumplimiento del empleador no puede dar lugar a la responsabilidad del INSS en orden a las prestaciones, sino que en todo caso la prestación habría de imputarse a la empleadora. La demandante no en su demanda inicial no esgrimió ninguna pretensión contra la entidad gestora, que no aparecía como parte demandada, lo que ocurrió posteriormente por vía de ampliación de la demanda. Sin embargo ya en su recurso de suplicación abandonó la pretensión de condena contra la entidad gestora, limitándola solamente la a la entidad empleadora, lo que igualmente ocurre, como no puede ser de otra manera, en este recurso de casación unificadora. Observamos por ello que la impugnación del recurso por la entidad gestora carece de objeto procesal.

Queda por tanto la impugnación de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, entidad empleadora, que sostiene que el recurso debe ser desestimado ya que el derecho a la jubilación parcial no es un derecho subjetivo perfecto, sino que requiere el acuerdo recíproco entre empresa y trabajador y la formalización simultánea de un contrato de relevo y por ello la fecha de efectos debe ser la de la firma del contrato de relevo, invocando la doctrina dimanante de las sentencias de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2022 y 29 de marzo de 2023.

6.El Ministerio Fiscal informa en contra de la estimación del recurso. Aunque considera que concurre el presupuesto de contradicción doctrinal entre la sentencia recurrida y la de contraste, opta por considerar correcta la doctrina contenida en la sentencia recurrida, por ser acorde con la establecida por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (citando, entre otras, la STS de 29 de marzo de 2023, rcud 2322/20). Dice que, dado que el artículo 86 del Convenio Colectivo se remite a la normativa vigente sin mayores precisiones, no se puede considerar que el acceso a la jubilación parcial constituya un verdadero y perfecto derecho exigible, sino que es necesario el acuerdo entre las partes, que no se perfecciona hasta que, terminada la tramitación necesaria, la entidad empleadora formaliza el contrato de relevo.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada, dictada por la propia Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 27 de noviembre de 2023 en el recurso 2331/2022. El presupuesto procesal de contradicción establecido en el artículo 219.1 LRJS no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En la sentencia recurrida la demandante prestaba servicios como personal laboral de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, gerencia territorial de Palencia, y solicitó el acceso a la jubilación parcial el 12 de agosto de 2021 con reducción de jornada del 50% y fecha de efectos de 12 de septiembre de 2021. La Gerencia de Castilla y León inició una tramitación destinada a formalizar un contrato de relevo que viabilizara el acceso por la trabajadora a la pensión de jubilación parcial, contratando finalmente a un trabajador relevista, por lo cual la trabajadora pasó finalmente a situación de jubilación parcial con la consiguiente reducción de jornada y percibiendo la pensión a cargo de la entidad gestora el 20 de junio de 2022. En su demanda pretendía que la Gerencia de Servicios Sociales le abonase la pensión de jubilación parcial desde el 12 de septiembre de 2021, lo que le fue denegado por la sentencia del Juzgado de lo Social. Recurrida la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia, éste desestima el recurso y confirma la fecha de efectos declarada por el Juzgado.

3.En la sentencia de contraste, dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 27 de noviembre de 2023 en el recurso 2331/2022, la demandante prestaba servicios como personal laboral de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, gerencia territorial de Palencia, y solicitó el acceso a la jubilación parcial el 4 de marzo de 2021 con reducción de jornada del 50% y fecha de efectos de 24 de mayo de 2021. La Gerencia de Castilla y León no inició tramitación alguna destinada a formalizar un contrato de relevo que viabilizara el acceso por la trabajadora a la pensión de jubilación parcial que reclamaba, sino que el 7 de julio de 2021 el Gerente de Servicios Sociales denegó a la actora su solicitud de acceso a la jubilación parcial, argumentando que por la actual carga de trabajo no se podía prescindir de parte alguna de su jornada, no existiendo por tanto acuerdo entre empresa y trabajadora. Presentó demanda reclamando su derecho a la jubilación parcial, obteniendo sentencia favorable del Juzgado de lo Social, que no obstante fijó como fecha de efectos "aquella en la que la demandada decida formalizar el contrato de relevo". Recurrió en suplicación la beneficiaria pidiendo que se fijase como fecha de efectos la solicitada en la demanda, el 24 de mayo de 2021, siendo su recurso estimado por la Sala de suplicación.

4.En la sentencia recurrida la Junta de Castilla y León aceptó la solicitud de la trabajadora y puso en marcha la cobertura mediante un contrato de relevo para la sustitución de la jornada que dejaba vacante. Una vez que formalizó el contrato de relevo se inició la percepción de la pensión y la consiguiente reducción de jornada. Por tanto hubo acuerdo entre empresa y trabajadora en el acceso a la jubilación parcial que se perfeccionó con la suscripción por la empleadora del contrato de relevo y lo que se trata de determinar es si, más allá de ese acuerdo, la trabajadora tenía el derecho incondicionado a la jubilación parcial, en cuyo caso la entidad empleadora habría desconocido el mismo durante varios meses, por lo cual debería plantearse la forma de reparar dicha vulneración, solicitando la recurrente que tal reparación se haga retrotrayendo los efectos económicos de la pensión a la fecha solicitada a cargo de la entidad empleadora.

En cambio en la sentencia de contraste la entidad empleadora denegó la jubilación parcial y, recurrida aquella decisión, la sentencia del Juzgado de lo Social declaró el derecho de la trabajadora a la misma. La Gerencia de Servicios Sociales no recurrió esa sentencia, dejando firme la misma en lo que a ella concernía, de manera que solamente recurrió la trabajadora en relación con la fecha de efectos que correspondía aplicar. La Sala de suplicación resolvió sobre esa fecha de efectos partiendo de la premisa, que había sido fijada en la sentencia de instancia, que no había sido recurrida por la entidad empleadora y que por tanto era firme en ese extremo, de que la trabajadora tenía derecho incondicionado a la jubilación parcial cuando la solicitó.

Por tanto los términos de los dos asuntos sobre los que resuelve la Sala son diferentes, ya que aquella premisa de la que debía partir en la sentencia de contraste (el derecho incondicionado de la trabajadora a la jubilación parcial que solicitó) no existía en el caso de la sentencia recurrida y por eso precisamente su resolución se fundamenta en la falta de aquel derecho incondicionado. No existe controversia doctrinal susceptible de unificación por esta Sala.

Por todo ello a juicio de esta Sala no concurre la contradicción entre ambas sentencias, lo que impide la admisión del recurso, de manera que en esta fase procesal procede su desestimación.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, lleva a desestimar el recurso presentado.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

PRIMERO.- 1.La cuestión controvertida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se refiere a la fecha de efectos de la jubilación parcial. Específicamente, se trata de determinar si la fecha de efectos debe fijarse en el momento en la fecha que la trabajadora fijó en su solicitud de jubilación parcial o si, por el contrario, debe diferirse al momento en que se formalizó el contrato de relevo por la entidad empleadora.

2.La beneficiaria demandó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (entidad empleadora). Se había jubilado parcialmente al 50% y reclamó que la fecha de efectos económicos de su pensión de jubilación parcial fuese el 12 de septiembre de 2021, fecha de su solicitud. El Juzgado de lo Social n.º 2 de Palencia dictó sentencia desestimatoria de la demanda, diciendo que la fecha de efectos económicos debía ser la de la firma del contrato de relevo, y no la fecha de solicitud de la jubilación.

3.La sentencia fue recurrida en suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, dictó sentencia el 15 de julio de 2024 (recurso 1265/2023), que es la aquí recurrida, que desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia. El Tribunal Superior de Justicia razonó que no existe un derecho absoluto a la jubilación parcial sino que el artículo 86 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos lo regula como un derecho condicionado a una serie de requisitos y trámites. Afirma que la pensión de jubilación es incompatible con los salarios y que por tanto, dado que los mismos se devengan hasta el momento en que se produce el cese en el trabajo (en este caso la reducción efectiva de la jornada), no cabe reconocer efectos retroactivos a la pensión. Según el Tribunal Superior de Justicia la fecha de efectos de la pensión solamente puede llevarse a la de la formalización del contrato de relevo requerido.

4.La parte actora recurre en casación unificadora invocando un único motivo de la letra e del artículo 207 LRJS, en el que alega la infracción del artículo 86 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos en relación con el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 215.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Sostiene la recurrente que cumplía los requisitos de edad y cotización para acceder a la jubilación parcial al 50% el 12 de septiembre de 2021, cuando presentó su solicitud. Dice que hay que distinguir entre dos fechas de efectos. Una es la fecha de efectos para la entidad gestora de la Seguridad Social, que solamente tiene la obligación de abono de la pensión desde que se suscribe el contrato de relevo que constituye requisito legal para el acceso a la jubilación parcial. Pero otra distinta es la aplicable a la entidad empleadora, para la cual en virtud del convenio la fecha de efectos debe ser aquella en que la actora, cumpliendo los requisitos exigibles, solicitó el acceso a la jubilación parcial. Según la recurrente entender lo contrario dejaría al arbitrio de la Junta de Castilla y León la decisión sobre cuándo suscribir el contrato de relevo y permitir el acceso de la solicitante a la jubilación parcial, dejando sin contenido temporalmente el derecho reconocido en el convenio colectivo. Por eso lo que se pide es que se declare como fecha de efectos el 12 de septiembre de 2021, pero condenando solamente a la entidad empleadora, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

5.Tanto el INSS como la Junta de Castilla y León impugnan el recurso.

La entidad gestora insiste en la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo a jornada completa que se mantuvo y dice que el incumplimiento del empleador no puede dar lugar a la responsabilidad del INSS en orden a las prestaciones, sino que en todo caso la prestación habría de imputarse a la empleadora. La demandante no en su demanda inicial no esgrimió ninguna pretensión contra la entidad gestora, que no aparecía como parte demandada, lo que ocurrió posteriormente por vía de ampliación de la demanda. Sin embargo ya en su recurso de suplicación abandonó la pretensión de condena contra la entidad gestora, limitándola solamente la a la entidad empleadora, lo que igualmente ocurre, como no puede ser de otra manera, en este recurso de casación unificadora. Observamos por ello que la impugnación del recurso por la entidad gestora carece de objeto procesal.

Queda por tanto la impugnación de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, entidad empleadora, que sostiene que el recurso debe ser desestimado ya que el derecho a la jubilación parcial no es un derecho subjetivo perfecto, sino que requiere el acuerdo recíproco entre empresa y trabajador y la formalización simultánea de un contrato de relevo y por ello la fecha de efectos debe ser la de la firma del contrato de relevo, invocando la doctrina dimanante de las sentencias de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2022 y 29 de marzo de 2023.

6.El Ministerio Fiscal informa en contra de la estimación del recurso. Aunque considera que concurre el presupuesto de contradicción doctrinal entre la sentencia recurrida y la de contraste, opta por considerar correcta la doctrina contenida en la sentencia recurrida, por ser acorde con la establecida por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (citando, entre otras, la STS de 29 de marzo de 2023, rcud 2322/20). Dice que, dado que el artículo 86 del Convenio Colectivo se remite a la normativa vigente sin mayores precisiones, no se puede considerar que el acceso a la jubilación parcial constituya un verdadero y perfecto derecho exigible, sino que es necesario el acuerdo entre las partes, que no se perfecciona hasta que, terminada la tramitación necesaria, la entidad empleadora formaliza el contrato de relevo.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada, dictada por la propia Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 27 de noviembre de 2023 en el recurso 2331/2022. El presupuesto procesal de contradicción establecido en el artículo 219.1 LRJS no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En la sentencia recurrida la demandante prestaba servicios como personal laboral de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, gerencia territorial de Palencia, y solicitó el acceso a la jubilación parcial el 12 de agosto de 2021 con reducción de jornada del 50% y fecha de efectos de 12 de septiembre de 2021. La Gerencia de Castilla y León inició una tramitación destinada a formalizar un contrato de relevo que viabilizara el acceso por la trabajadora a la pensión de jubilación parcial, contratando finalmente a un trabajador relevista, por lo cual la trabajadora pasó finalmente a situación de jubilación parcial con la consiguiente reducción de jornada y percibiendo la pensión a cargo de la entidad gestora el 20 de junio de 2022. En su demanda pretendía que la Gerencia de Servicios Sociales le abonase la pensión de jubilación parcial desde el 12 de septiembre de 2021, lo que le fue denegado por la sentencia del Juzgado de lo Social. Recurrida la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia, éste desestima el recurso y confirma la fecha de efectos declarada por el Juzgado.

3.En la sentencia de contraste, dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 27 de noviembre de 2023 en el recurso 2331/2022, la demandante prestaba servicios como personal laboral de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, gerencia territorial de Palencia, y solicitó el acceso a la jubilación parcial el 4 de marzo de 2021 con reducción de jornada del 50% y fecha de efectos de 24 de mayo de 2021. La Gerencia de Castilla y León no inició tramitación alguna destinada a formalizar un contrato de relevo que viabilizara el acceso por la trabajadora a la pensión de jubilación parcial que reclamaba, sino que el 7 de julio de 2021 el Gerente de Servicios Sociales denegó a la actora su solicitud de acceso a la jubilación parcial, argumentando que por la actual carga de trabajo no se podía prescindir de parte alguna de su jornada, no existiendo por tanto acuerdo entre empresa y trabajadora. Presentó demanda reclamando su derecho a la jubilación parcial, obteniendo sentencia favorable del Juzgado de lo Social, que no obstante fijó como fecha de efectos "aquella en la que la demandada decida formalizar el contrato de relevo". Recurrió en suplicación la beneficiaria pidiendo que se fijase como fecha de efectos la solicitada en la demanda, el 24 de mayo de 2021, siendo su recurso estimado por la Sala de suplicación.

4.En la sentencia recurrida la Junta de Castilla y León aceptó la solicitud de la trabajadora y puso en marcha la cobertura mediante un contrato de relevo para la sustitución de la jornada que dejaba vacante. Una vez que formalizó el contrato de relevo se inició la percepción de la pensión y la consiguiente reducción de jornada. Por tanto hubo acuerdo entre empresa y trabajadora en el acceso a la jubilación parcial que se perfeccionó con la suscripción por la empleadora del contrato de relevo y lo que se trata de determinar es si, más allá de ese acuerdo, la trabajadora tenía el derecho incondicionado a la jubilación parcial, en cuyo caso la entidad empleadora habría desconocido el mismo durante varios meses, por lo cual debería plantearse la forma de reparar dicha vulneración, solicitando la recurrente que tal reparación se haga retrotrayendo los efectos económicos de la pensión a la fecha solicitada a cargo de la entidad empleadora.

En cambio en la sentencia de contraste la entidad empleadora denegó la jubilación parcial y, recurrida aquella decisión, la sentencia del Juzgado de lo Social declaró el derecho de la trabajadora a la misma. La Gerencia de Servicios Sociales no recurrió esa sentencia, dejando firme la misma en lo que a ella concernía, de manera que solamente recurrió la trabajadora en relación con la fecha de efectos que correspondía aplicar. La Sala de suplicación resolvió sobre esa fecha de efectos partiendo de la premisa, que había sido fijada en la sentencia de instancia, que no había sido recurrida por la entidad empleadora y que por tanto era firme en ese extremo, de que la trabajadora tenía derecho incondicionado a la jubilación parcial cuando la solicitó.

Por tanto los términos de los dos asuntos sobre los que resuelve la Sala son diferentes, ya que aquella premisa de la que debía partir en la sentencia de contraste (el derecho incondicionado de la trabajadora a la jubilación parcial que solicitó) no existía en el caso de la sentencia recurrida y por eso precisamente su resolución se fundamenta en la falta de aquel derecho incondicionado. No existe controversia doctrinal susceptible de unificación por esta Sala.

Por todo ello a juicio de esta Sala no concurre la contradicción entre ambas sentencias, lo que impide la admisión del recurso, de manera que en esta fase procesal procede su desestimación.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, lleva a desestimar el recurso presentado.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.