Sentencia Social 1097/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1896/2024 de 18 de noviembre del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión que se suscita en el presente recurso de casación unificadora se centra en decidir si se debe compartir la responsabilidad del pago de la prestación de incapacidad permanente total (IPT) derivada de enfermedad profesional (EP), reconocida a un trabajador que estuvo dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) con anterioridad al 1 de enero de 2004 que no optó por mejorar la cobertura de prestaciones por enfermedad profesional y que posteriormente pasó a proteger esa contingencia con la mutua.

2.La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cartagena, tras estimar la demanda del actor, fijó la responsabilidad del INSS en el 92,73% del porcentaje de pensión, repartiendo el resto entre las mutuas aseguradoras de otras empresas. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 27 de junio de 2023 -rec. sup. 33/23- discrepa de que el Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales no recibiese cotización alguna por contingencias profesionales, porque se nutría de los diferentes recursos establecidos en el art. 20 de las normas reglamentarias para la aplicación del Decreto 792/1961 aprobadas por la Orden de 9 de mayo de 1962. Y el argumento de que hasta el 31 de diciembre de 2003 no era asegurable el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los autónomos, la sentencia no lo considera totalmente cierto ya que el INSS y la TGSS asumían la cobertura de la incapacidad permanente como si fuera enfermedad común, por lo que resulta indudable la cobertura del INSS desde la fecha del alta en el RETA hasta el 31 de diciembre de 2003. A partir del 1 de enero de 2004, con la nueva redacción dada al art. 47 del reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos por el RD 1273/2003 el trabajador pudo asegurar el riesgo y no lo hizo durante su permanencia en el RETA, siendo precisamente esa falta de aseguramiento la que no permite extender la responsabilidad al INSS desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de enero de 2016 en que causó baja en aquel Régimen. El fallo de la sentencia imputa al INSS la responsabilidad por los días de trabajo en el RGSS (12/11/1974 a 20/4/1992) y los días de afiliación al RETA hasta el 31 de diciembre de 2003, resultando un porcentaje del 89,465%.

3.Recurre el INSS en casación unificadora alegando infracción de diversos preceptos con relación a jurisprudencia que señala. El recurso ha sido impugnado por el Trabajador y por la Mutua Asepeyo y ha sido informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar su procedencia.

SEGUNDO.- 1.Se invoca como sentencia de contraste la STS 462/2023 de 29 de junio (rcud. 2301/2020), en la que se plantea la misma cuestión que en la sentencia recurrida, es decir la responsabilidad que corresponde al INSS en una prestación derivada de enfermedad profesional. El trabajador en este caso había prestado servicios como cantero, en concreto desde agosto de 1991 a enero de 2017 afiliado al RETA sin constancia de que posteriormente optara por prestación de incapacidad temporal o por contingencias profesionales. Fue declarado en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, siendo el objeto de debate el porcentaje de responsabilidad imputable al INSS y a la mutua codemandada. La Sala Cuarta hace un recorrido por la jurisprudencia y normativa reguladora hasta la Ley 51/2007 de 28 de diciembre y llega a la conclusión de que en el periodo anterior al 1 de enero de 2004 el INSS no tenía que atender las contingencias profesionales de los trabajadores autónomos cuando el Fondo Compensador no se nutría de cotización o prima alguna por parte de dichos trabajadores, que entonces carecían de una protección específica de las contingencias profesionales. Por tanto, el periodo anterior al 1 de enero de 2004 no puede integrar el reparto de responsabilidades que puedan tener las entidades responsables de las contingencias profesionales.

2.Concurren los requisitos exigidos por el artículo 219 LRJS ya que se trata, en efecto, de supuestos sustancialmente iguales pues en los dos se cuestiona si la entidad gestora es responsable del pago de una pensión de IPT por EP en relación con el periodo en que no hubo cobertura de la referida contingencia profesional, por estar el trabajador dado de alta en el RETA y no haber optado tampoco cuando pudo -a partir del 1 de enero de 2004- por su cobertura voluntaria. La recurrida en la actualidad excluye el periodo discutido para el reparto de responsabilidades, alcanzando así un fallo contrapuesto al de la sentencia comparada.

TERCERO.- 1.La cuestión concretamente suscitada en el recurso ha sido resuelta por esta Sala en SSTS 462/2023, de 29 de junio (rcud. 2301/2020); 697/2024, de 21 de mayo (rcud. 3346/2021); 1006/2024, de 10 de julio (rcud. 2077/2021), a cuya doctrina hay que estar en mérito al principio de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley.

En ellas sostuvimos que la Sala ha establecido una doctrina consolidada (por todas, STS 20 de diciembre de 2022, rcud. 3169/2019, y las que en ella se citan, figurando la STS 22 de julio de 2020, rcud. 102/2018, que utiliza la recurrida en apoyo de su decisión), mayoritariamente respecto del encuadramiento en el régimen general, en orden a la determinación de la entidad responsable de las prestaciones derivadas de EP cuando ha existido una sucesión en el aseguramiento, entre el INSS y las mutuas que cubrieron el riesgo a partir del 1 de enero de 2008 (fecha de entrada en vigor de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre), estableciendo el reparto de responsabilidad entre las mismas debido al tiempo respectivo de exposición al riesgo.

La reforma provocada por la invocada DF 8ª Ley 51/2007 en los arts. 68, 87, 200 y 201 de la LGSS en orden a la posible asunción por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo de la cobertura de las prestaciones de incapacidad permanente por EP entró en vigor el 1 de enero de 2008, por lo que en el lapso anterior operaba la del Fondo de Compensación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales ( art. 19 de la Orden de 9 de mayo de 1962), integrado en el INSS ( DF 1ª y DT 1ª del Real Decreto-Ley 36/1978), en los términos que indicaremos más adelante.

La STS IV de fecha 29 de junio de 2023, rcud. 2301/2020, alude al régimen jurídico de los trabajadores autónomos: así el Decreto 1167/1960, de 23 de junio aplica los beneficios del Mutualismo Laboral a los trabajadores independientes, la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, y la promulgación de la Ley de Seguridad Social de 21 de abril de 1966, cuando reconoce expresamente el derecho de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social, mediante la creación dentro del sistema, de un régimen especial para los trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA), regulándose por el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto y la Orden de 24 de septiembre de 1970 que lo desarrolla, recogiendo el entonces vigente art. 14 el tipo de cotización -de carácter único para todo el ámbito de cobertura de ese régimen- y el art. 27 y siguientes del Decreto la acción protectora que se les otorgaba, siendo encomendada la gestión de todas las contingencias y situaciones que comprende a las Mutualidades Laborales.

En la misma resolución se expone la evolución normativa en la materia: RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social en el que hace referencia a los porcentajes para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los regímenes de la Seguridad social en los que se deba cotizar de forma específica por dichas contingencias, identificando estas aportaciones como exclusivas de las empresas y sin perjuicio de lo que corresponda por estas contingencias a los trabajadores por cuenta propia que disponga dicho reglamento (art. 11, en relación con el art. 36, referido al Régimen especial agrario de trabajadores por cuenta propia), previsión que no se extendió al RETA ( art. 43 y ss.). Otras reformas posteriores que afectaron a la estructura del citado Mutualismo Laboral (como el Real Decreto 2564/1977, de 6 de octubre, sobre nueva estructura de gestión en el Mutualismo laboral y racionalización de la competencia de algunos regímenes especiales de la Seguridad Social y la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo), manteniéndose el RETA como régimen especial que, según la doctrina constitucional y la jurisprudencia, venía a ser una regulación que no presentaba trato desigual. Así se dijo que «No puede abrigarse duda alguna que, en una comparación global de los dos sistemas, las diferencias de regulación que la Ley establece entre situaciones sometidas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y otras similares o semejantes comprendidas en el Régimen General responden a diferencias reales entre ambos colectivos que justifican esa distinta regulación legal y, por consiguiente, no suponen lesión del principio de igualdad, pues así lo ha declarado reiteradamente la doctrina constitucional, que ha consagrado la regla general de que las diferencias entre trabajadores autónomos y por cuenta ajena no son discriminatorias ( AATC 78/1984, 122/1984, 460/1984 y 724/1984), en razón a que los distintos regímenes de Seguridad Social a que vienen respectivamente sometidos responden a "peculiaridades socio-económicas, laborales, productivas y de otra índole diferenciadora" ( ATC 460/1984), habiendo incluso hecho declaraciones, sobre el tema más concreto de la cotización que satisfacen una y otra clase de trabajadores que permiten, a contrario senso, afirmar aquí que la igualdad de cobertura del seguro social no es elemento suficiente para exigir igualdad en la cuota de cotización ( SSTC 68/1982, 103/1983 y 121/1983)». Doctrina reflejada en resoluciones posteriores, como las SSTC 39/1992 y 231/1993, vinieron a señalar que «Aunque existe una tendencia a la equiparación de los distintos Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo llevar a cabo la culminación de este proceso (aquí materializada a través de la Disposición Adicional Decimotercera del Real Decreto 9/1991, de 11 de enero), en el que el Tribunal Constitucional no debe interferir con decisiones singularizadas susceptibles de alterar el equilibrio económico financiero del conjunto del sistema, salvo que la diferencia de tratamiento controvertida esté desprovista de toda justificación objetiva y razonable».

2.En lo que ahora interesa, fue la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social la que amplía la acción protectora de este colectivo, al extenderla a las contingencias profesionales «incorporando la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que, previa o simultáneamente, hayan optado por incluir, dentro de dicho ámbito, la prestación económica por incapacidad temporal», según indicaba su parte expositiva, para lo cual se agregó a la LGSS 1994 una nueva disposición adicional, la trigésimo cuarta, en la que se dispuso que «1. Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos podrán mejorar voluntariamente el ámbito de la acción protectora que dicho Régimen les dispensa, incorporando la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que los interesados, previa o simultáneamente, hayan optado por incluir, dentro de dicho ámbito, la prestación económica por incapacidad temporal. La mejora de la acción protectora señalada determinará la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones, en los términos previstos en el apartado 2.

2.- Se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de dicho Régimen Especial. Se entenderá, a idénticos efectos, por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia, que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades que se especifican en la lista de enfermedades profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces de producirlas, anexa al Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de Seguridad Social. Por las contingencias indicadas, se reconocerán las prestaciones que, por las mismas, se conceden a los trabajadores incluidos en el Régimen general, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los epígrafes específicos y los porcentajes que se determinen para su inclusión en la tarifa de primas, aprobada por el Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre. Los porcentajes se aplicarán sobre la base de cotización elegida por el interesado. A tales efectos, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aprobará la correspondiente clasificación de los trabajadores autónomos por actividades económicas y epígrafes aplicables para su inclusión en dicho Real Decreto.

3. La cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores por cuenta propia o autónomos se llevará a cabo con la misma Entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la incapacidad temporal.».

Seguimos expresando el desarrollo reglamentario articulado por el RD 1273/2003, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia, en cuyo art. 2 se introdujo una reforma al art. 44 del RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la seguridad social, fijando la cotización en los supuestos de mejora voluntaria por incapacidad temporal y contingencias profesionales, disponiendo su art. 3 las contingencias protegidas y el art. 8 el reconocimiento del derecho y pago por parte del INSS o Mutua de Accidentes con la que se haya formalizado la cobertura. Esa previsión se trasladó al art. 316 de la LGSS 2015 que regula la cobertura de las contingencias profesionales en el RETA, y que se vería modificado, en cuanto a la obligatoriedad de la cobertura, por el RDL 28/2018, de 28 de diciembre.

Además, la Ley 51/2007 de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, atribuyó la cobertura de la enfermedad profesional a las Mutuas, con efectos de 1 de enero de 2008, momento a partir del cual y según reiterada doctrina de esta Sala, la atribución de responsabilidad en el pago de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional, cuando se ha producido una cobertura sucesiva en el tiempo por diferentes entidades gestoras o colaboradoras, debe ser distribuida en atención al tiempo en que cada una de ellas eran responsables de la cobertura durante el tiempo de exposición lo que implica que en el periodo de exposición al riesgo en el que la cobertura de las prestaciones de incapacidad permanente tenía que establecerse en exclusiva con el Fondo de Compensación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales ( art. 19 de la Orden de 9 de mayo de 1962), integrado en el INSS ( disposición final 1ª y disposición transitoria 1ª del Real Decreto- Ley 36/1978), sería éste el que debiera correr con el porcentaje de responsabilidad que le corresponde, siendo a partir de 2008 el que se debe atribuir a las Mutuas a las que les corresponde la cobertura ( STS 964/2022, de 20 de diciembre, rcud 3169/2019, y las que en ella se citan).»

A la vista de toda la regulación expuesta, concluimos que no se puede decir que en el periodo anterior a 1 de enero de 2004, momento en que acaece la ampliación de la acción protectora del RETA con las contingencias profesionales, el Fondo Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, tuviera que atender las contingencias profesionales de los trabajadores autónomos cuando dicho fondo no se nutría de cotización o prima alguna por parte de dichos trabajadores que, entonces, carecían de una específica protección de contingencias profesionales que tuviera que ser cubierta por aquel.

En consecuencia, tampoco en este caso el periodo objeto de debate anterior al 1 de enero de 2004, en el que los trabajadores autónomos carecían de una específica protección de contingencias profesionales, puede integrarse en el reparto de responsabilidades que puedan tener las entidades que deben responder de las contingencias profesionales.

3.Recordaremos también que el carácter profesional de la IPT no resulta cuestionado en sede casacional y que al tratarse de EP, el hecho causante no acaece en un momento concreto y determinado, «sino que va gestándose a lo largo del tiempo hasta que se exteriorizan las dolencias», de manera que «la responsabilidad derivada de las prestaciones que por contingencia de enfermedad profesional le han sido reconocidas al trabajador, ha de ser imputada a ambas entidades, en proporción al tiempo de exposición del trabajador a los citados riesgos» ( STS IV de 20 de diciembre de 2022 rcud. 3169/2019).

En el periodo anterior a 1 de enero de 2004, el Fondo Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales no tenía que atender las contingencias profesionales de los trabajadores autónomos porque dicho fondo no percibía cotización o prima alguna por parte de dichos trabajadores que, entonces, carecían de una específica protección de contingencias profesionales que tuviera que ser cubierta por aquel Fondo. En consecuencia, ese periodo no puede integrar el reparto de responsabilidades que puedan tener las entidades que deben responder de las contingencias profesionales.

CUARTO.- 1.En el presente asunto, la demanda solicitaba el reconocimiento de una incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional que el INSS en vía administrativa le había denegado. La sentencia de instancia declaró al demandante en tal situación con derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 75% de su base reguladora mensual de 1.481,78 euros con efectos del 26 de enero de 2001. En ella se fijó el reparto de responsabilidades entre el INSS y la TGSS y las Mutuas codemandadas (IBERMUTUA, ASEPEYO y FRATERNIDAD-MUPRESPA), según consta en el antecedente primero de esta resolución. Conta dicha sentencia interpuso el INSS recurso de suplicación interesando la revocación de la declaración de incapacidad y, subsidiariamente, la fijación de un nuevo reparto de responsabilidades. El recurso fue desestimado en cuanto a su petición principal; pero se estimó parcialmente en materia de porcentaje de responsabilidades fijándose un nuevo reparto, que consta en el antecedente segundo de esta sentencia. En esta sede, la declaración de incapacidad ya quedó firme, limitándose el recurso a la cuestión del reparto de responsabilidades.

En su recurso el INSS se fija en la cantidad de 6.246 días el período en el que habría que calcular el reparto de responsabilidades entre el INSS y las Mutuas, en proporción al tiempo de aseguramiento de la enfermedad profesional; lo que arroja un 82,70% para el INSS; un 14,60% para Ibermutua, un 2,37% para Asepeyo y un 0,33% para Fraternidad.

2.Lo razonado conduce, tal como interesa el Ministerio Fiscal a la estimación del recurso en los términos interesados por el INSS y, por tanto, a la correspondiente anulación y casación de la sentencia recurrida, para resolver el debate en suplicación estimando parcialmente el de tal clase en la cuestión relativa a las responsabilidades en el pago de la prestación reconocida que se fijan, respecto de los 6.246 días aludidos, en las siguientes proporciones: 82,70% para el INSS; 14,60% para Ibermutua, 2,37% para Asepeyo y 0,33% para Fraternidad. Sin que la Sala deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas ( artículo 235 LRJS) .