Sentencia Social 174/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 196/2025 de 18 de febrero del 2026

PRIMERO.- 1.El litigio versa sobre la impugnación de una decisión empresarial de externalización y subrogación colectiva de trabajadores llevada a cabo por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. La controversia consiste en determinar si dicha operación constituye una sucesión de empresa lícita al amparo del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o si, por el contrario, se trata de un despido colectivo de hecho realizado en fraude de ley, eludiendo el procedimiento previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y ocultando una posible cesión ilegal de trabajadores.

Presentó la demanda de impugnación de despido colectivo por el cauce procesal del artículo 124 LRJS la Sección Sindical Estatal del sindicato Consejo Sindical Obrero (CSO) contra Carbó Collbatallé, S.L.U. y contra Transfrired, S.L., Novotransur, S.L., Transportes Eugenio Ortiz Novillo, S.L., Transportes Franadi S.L., Transportes Gijón Martín S.L., Transportes Juaror S.L., Goldfrio Logística S.L., Carmona Logística de la Alimentación, S.L. Transportes Moncayo S.L. y Dronas 2000 S.L. En la demanda se pide que se declare la nulidad del despido colectivo argumentando que la empresa ocultó su voluntad extintiva bajo la apariencia de una sucesión empresarial para evitar el coste de las indemnizaciones y el procedimiento de consultas del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Sostiene que por el contrario no hubo transmisión de una unidad productiva autónoma sino que se fraccionó la plantilla entre diez empresas, quebrando la unidad organizativa, no hubo transmisión de elementos patrimoniales esenciales, ya que la posesión de los camiones derivaba de un contrato de renting y además el personal de gestión de flotas permaneció en la cedente. Por ello solicita que se reconozca el derecho de los trabajadores al reingreso en la plantilla de la demandada Carbó Collbatallé, manteniendo las condiciones laborales previas, ya que se dice que Carbó Collbatallé sigue siendo el empleador real que organiza el trabajo, las rutas y gestiona a los clientes, instrumentalizando a las cesionarias como sociedades interpuestas, de manera que estaríamos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores.

Posteriormente se presentaron demandas con la misma pretensión por el comité de empresa de Madrid, por el comité de empresa de Barcelona y por el delegado de personal de Sevilla de la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U., que se acumularon a la primera de ellas. En el acto del juicio se adhirieron a las pretensiones de las demandas la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT) y la Federación Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO).

2.La sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, desestimó la demanda. La Audiencia Nacional razona que las subrogaciones operadas no pueden ser calificadas como extinciones contractuales, sino que estamos ante una subrogación, esto es, una novación subjetiva producida en virtud del artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores, que no extingue la relación laboral y que además fue aceptada de forma tácita por la mayoría de los trabajadores, que continuó prestando servicios para las nuevas empresas. No existiendo por tanto extinciones de contratos no puede decirse que exista un despido colectivo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores.

3.El sindicato CSO ha interpuesto recurso de casación contra la anterior sentencia, al que se ha adherido el sindicato FESMC-UGT. El recuso contiene dos primeros al amparo de la letra d del artículo 207 LRJS para revisar los hechos probados y otros cinco motivos al amparo de la letra e del mismo artículo, denunciando diversas infracciones jurídicas.

4.Han presentado escritos de impugnación del recurso de casación, oponiéndose a la estimación del mismo, Carbó Collbatallé, S.L.U., Transfrired S.L., Novotransur, S.L., Transportes Gijón Martín S.L., Transportes Juaror S.L., Goldfrio Logística S.L., Carmona Logística de la Alimentación, S.L., Transportes Moncayo S.L. y Dronas 2002, S.L.

5.La Fiscalía del Tribunal Supremo en su informe se expresa en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.-Con carácter previo debemos resolver sobre los dos documentos presentados junto con el recurso de casación al amparo del artículo 233 de la Jurisdicción Social. Dicho precepto permite presentar documentos nuevos en el trámite del recurso de casación de forma muy limitada, puesto que no cabe olvidar la naturaleza extraordinaria de este recurso y la configuración del proceso social como procedimiento de instancia única. Los supuestos previstos en dicho artículo son los siguientes:

a) Sentencias o resoluciones judiciales o administrativas firmes, debiendo haber sido dictadas, notificadas o conocidas en fecha posterior al momento en que se pudieron alegar en el juicio laboral de instancia;

b) Documentos decisivos para la resolución del recurso que la parte no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables;

c) Documentos de aquéllos que pudieran dar lugar a posterior recurso de revisión conforme al artículo 236 de la Ley 36/2011 y al artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

d) Documentos necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental.

No estamos ante ninguno de los supuestos. Se trata en ambos casos de cartas de comunicación a dos distintos trabajadores de Transfired de modificaciones sustanciales en sus condiciones de trabajo originadas por la decisión de la empresa Carbó Collbatallé de rescindir el contrato con Transfired para la realización de determinadas rutas de transporte con posterioridad a la sucesión controvertida. Aunque ambas cartas son de fecha posterior a la vista en el litigio de instancia, el único de los epígrafes anteriores en los que podría ampararse su admisión sería el segundo, pero en este caso no se trata en modo alguno de documentos decisivos para la resolución del recurso, porque el hecho que pueden acreditar no es en modo alguno contradictorio con lo declarado probado, ni desvirtúa los fundamentos de la sentencia de instancia que se combaten en el recurso ni guarda estricta relación con lo debatido en el litigio, siendo lo que se acredita vicisitudes posteriores ajenas a este proceso.

TERCERO.- 1.Debemos resolver ahora los dos motivos con pretensiones de revisión fáctica esgrimidos por la parte recurrente en su recurso de casación.

La primera de ellas (motivo primero) consiste en adicionar al ordinal decimoquinto de los hechos probados el siguiente texto:

"Asimismo, el programa software de gestión de las mercancías que sigue la operativa de transporte) es la propia de Carbó Collbatallé SLU y que usan las empresas cesionarias. Carbó Collbatallé sigue manteniendo como centros propios de distribución de mercancías el centro de explotación de salida y el de recepción de mercancías, a las que posteriormente derivan a los clientes que siguen permaneciendo en la cartera de clientes de Carbó Collbatallé SLU. Para ello, la cedente y las cesionarias celebran, al amparo de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, los contratos de carta de porte, en las que el cesionario (cargador) entrega físicamente las mercancías al porteador para su transporte. El porteador es el cesionario con quien se contrata el transporte, y que asume la obligación de llevarlo a cabo en nombre propio"

Lo primero que ha de decirse es que el recurrente invoca una pluralidad de documentos para apoyar su pretensión revisoria sin fundamentar uno a uno los distintos extremos fácticos que pretende introducir y refiriendo para cada uno de ellos los concretos documentos que la apoyan, lo que es por sí solo sería una causa de desestimación del motivo. En todo caso lo cierto es que los hechos que se pretenden introducir, dejando aparte cualquier asomo de valoración jurídica (en concreto el uso de los términos "cedente" y "cesionario" en cuanto puedan predeterminar la conclusión jurídica sobre la relación entre las empresas), se vienen a admitir como ciertos por las empresas impugnantes. Así el hecho relativo a la conservación de centros logísticos de Carbó Collbatallé no puede considerarse que sea controvertido, puesto que los recurridos admiten que Carbó Collbatallé sigue teniendo centros de distribución aunque haya externalizado las operaciones de transporte, siendo precisamente la unidad productiva constituida por los medios de transporte lo que ha sido objeto de transmisión entre empresas y de sucesión laboral según su posición. El hecho de que diversas empresas utilizan el mismo software para gestionar las mercancías también se admite en la impugnación de Carbó Collbatallé, por lo que se puede tener por acreditado al menos a efectos dialécticos, sin prejuzgar su relevancia en orden al fallo.

2.La segunda modificación fáctica pretendida (motivo segundo) consiste en adicionar un nuevo hecho probado del siguiente tenor:

"La empresa Transfrired SL ha comunicado por sendos escritos de fecha 14 de junio de 2025 a dos trabajadores del centro de trabajo de Sevilla, previamente subrogados de la plantilla de Carbó el 01 de enero de 2025, D. Octavio y D. Jesús Carlos una modificación sustancial de condiciones de trabajo con fecha de efectos de 01 de julio de 2025, debido a que Carbó Collbatallé SLU que sigue siendo propietario de las Rutas de transporte de mercancías ha decidido prescindir de este cesionario (Transfrired) a favor de otro proveedor elegido por Carbó, debido a que ha ofrecido mejores precios al cargador, lo que supone la necesidad de aplicar la Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo por cambio del horario según la nueva Ruta asignada y con probable cambio de domicilio"

Modificación que se rechaza por ampararse en los dos documentos presentados al amparo del artículo 233 LRJS que han sido rechazados por la Sala en el anterior fundamento jurídico.

3.Se desestiman por tanto todos los motivos de revisión fáctica.

CUARTO.- 1.El tercer motivo de casación, amparado, según se dice, en la letra e del artículo 207 LRJS, denuncia la vulneración de los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 97.2 de la LRJS y 34.1 de la Constitución, porque se afirma que se ha producido una incongruencia omisiva en la sentencia de la Audiencia Nacional al no haberse pronunciado sobre lo pedido en la demanda en relación con el carácter no ajustado a Derecho de la subrogación contractual producida. Efectivamente en el suplico de la demanda se pide:

- Que la sucesión de empresa invocada por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. no es ajustada a derecho.

- Que se declare el derecho del colectivo afectado a permanecer en la plantilla o reingreso a la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U.

- Que se declaren nulos los despidos realizados con fecha de efectos del 31 de diciembre de 2024 por esta causa, que se dejen sin efecto las subrogaciones operadas el 01 de enero de 2025 con las empresas subcontratistas codemandadas, y por ello, se reconozca el derecho de los trabajadores despedidos a permanecer en la plantilla y a reanudar sus relaciones laborales con Carbó Collbatallé, S.L.U., siendo reingresados, readmitidos en sus mismos puestos de trabajo, con efectos desde el día de efectos de la finalización de la relaciones laborales, condenado a las empresas demandadas a estar y pasar por dicha declaración.

2.Estamos en un proceso de impugnación de despido colectivo del artículo 124 LRJS en el que las únicas pretensiones que pueden esgrimirse son las relativas a la calificación del despido colectivo como ajustado a Derecho, no ajustado o Derecho, o nulo, con las consecuencias inherentes a dichos pronunciamientos ( sentencias de esta Sala Cuarta 687/2016 de 20 julio, rec. 303/2014; 615/2017 de 12 julio, rec. 20/2017; 879/2018 de 2 octubre, rec. 155/2017 ó 7/2019 de 9 de enero, rec. 108/2018). Por tanto no cabe acumular ni ejercer a través de este procedimiento una pretensión de impugnación de una subrogación contractual por entender la misma no amparada en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Ocurre que la sentencia de la Audiencia Nacional no ha admitido una acumulación de las indicadas acciones, que sería indebida, sino que, como expresa en el fundamento de Derecho cuarto de su sentencia, entiende que se ejercita una única acción (la de despido colectivo), para cuya decisión es preciso resolver una cuestión previa (la sucesión), de manera que aborda esa cuestión de manera limitada, solamente en tanto en cuanto es necesario su examen con carácter prejudicial para determinar la resolución de la impugnación del despido colectivo.

Ese criterio es conforme con la doctrina de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia de pleno 829/2017, de 24 de octubre, rec 107/2017 ( precedida por otras como la de 18 de febrero de 2014, rec. 108/2013), en la cual se dice que "ciertamente, el objeto del proceso especial de impugnación de los despidos colectivos regulado por el art. 124 LRJS no permite que se acumulen otras acciones al mismo ( art. 26.1 LRJS) ", pero distingue la acumulación de acciones en sentido estricto (de despido colectivo y de subrogación empresarial), con el ejercicio de una única acción de despido colectivo para cuya resolución ha de resolverse previamente si se ha producido o no una sucesión de empresas.

Este mismo criterio lo ha seguido esta Sala Cuarta en sus sentencias 431/2019, de 31 de mayo, rec. 235/2018, 167/2020, de 21 de febrero, rec. 144/2019 ó 721/2024, de 22 de mayo, rec. 145/2023, en las que hemos venido a admitir que la cuestión de la sucesión de empresas o subrogación convencional sea analizada dentro del proceso de despido colectivo, pero solamente en su condición de cuestión previa de necesaria resolución para la decisión sobre la calificación del despido colectivo impugnado, cuando para ello "debe examinarse todo lo acaecido con anterioridad al despido, pero también los actos coetáneos e inmediatamente posteriores si en ellos aparece indiciariamente el fraude". Y en esa línea por ejemplo la sentencia de esta Sala Cuarta 174/2025, de 5 de marzo (rec 4728/2023), sin cuestionarse la acumulación indebida de acciones por considerar que estamos ante una mera cuestión previa, califica un despido colectivo en base a la inaplicación de las normas que imponen la sucesión de empresas, diciendo:

"A tal efecto, aunque nuestra jurisprudencia viene declarando el carácter constitutivo del despido y que produce la extinción del contrato desde su fecha y ha interpretado que se trataría de una resolución contractual extrajudicial de suerte que la referida extinción del contrato se produce en el momento del despido, y no cuando se dicta la sentencia que resuelva sobre su calificación jurídica [ SSTS de 27 de febrero de 2009 (Rcud. 1715/2008); de 10 de junio de 2009 (Rcud. 3098/2007); de 17 de mayo de 2000 (Rcud. 1791/1999) y de 21 de octubre de 2004 (Rcud. 4966/2002); entre otras] de tal doctrina, como regla, no puede derivarse la interpretación de que el referido carácter constitutivo del despido genere la extinción automática de las acciones que el trabajador despedido tenga y pueda y deba ejercitar oportunamente para acreditar, en su caso, que no debía haber sido despedido sino que tenía derecho a continuar prestando servicios en otra empresa que por sucesión, subrogación convencional o por otras causas, estuviera obligada a subrogarse en los contratos laborales de la anterior. De entenderse lo contrario, sería muy fácil eludir la subrogación convencional en los supuestos de sucesión de contratas si la empresa saliente despide a un trabajador momentos antes de cesar en la contrata y el trabajador que tuviera derecho a ser subrogado por el mero hecho de estar despedido, expresa o tácitamente, ya no pudiera dirigir también la demanda de despido contra la empresa entrante y pretender la subrogación convencional".

3.Por tanto no se produce incongruencia omisiva cuando la Audiencia Nacional resuelve lo relativo a la sucesión empresarial con el contenido estrictamente necesario para decidir sobre el despido colectivo que constituye el objeto del proceso. Si lo que pretende el recurrente es que se considere que ha acumulado dos acciones distintas, una de impugnación de despido colectivo y otra de impugnación de subrogación contractual, entonces esa acumulación sería inadmisible y debería haberse rechazado. Solamente en cuanto se ha interpretado su pretensión en el sentido indicado se ha analizado lo relativo a la subrogación, por lo que no puede pretenderse que debía haberse analizado plenamente, obviando la prohibición de acumulación.

4.En este caso la lógica es la inversa de la que subyace a las sentencias de esta Sala Cuarta anteriormente citadas, es decir, no se afirma la existencia de sucesión empresarial para cuestionar en base a la misma la licitud del despido colectivo, sino que se sostiene, bien al contrario, que la sucesión empresarial afirmada por las demandadas no es tal y por tanto debe considerarse inexistente, de manera que los trabajadores que han sido subrogados por las supuestas sucesoras deben computarse como parte del despido colectivo de la transmitente. La Audiencia Nacional ha rechazado tal argumentación razonando que los contratos de los trabajadores subrogados siguen vigentes y no se han extinguido, de manera que en ningún caso pueden computarse como extinciones a efectos del despido colectivo impugnado. Deja así en efecto imprejuzgada la cuestión relativa a la legalidad de esa subrogación, puesto que ha resuelto lo planteado solamente en la medida necesaria para decidir la cuestión previa a efectos de resolver sobre el despido colectivo impugnado y tal decisión procesal es correcta, sin prejuzgar aquí su corrección de fondo.

QUINTO.- 1.El cuarto motivo de casación, amparado en la letra e del artículo 207 LRJS, denuncia la infracción de los artículos 44 y 51 del Estatuto de los Trabajadores y 1205 del Código Civil, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencias de 18 de marzo de 1986, Spijkens, 24/85; de 11 de marzo de 1997, Süzen, C-13/95; de 20 de noviembre de 2003, Abler y otros, C-340/01, de 15 de diciembre de 2005, Guney-Gorres, C.232/04 y 233/04, sentencia de 19 de septiembre de 19956, Rygaard, C-4888/94 y sentencia de 6 de septiembre de 2011, Scattolon, C-108/10) y de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( sentencia de 19-06-2002, rec. 4225/2000).

Como explica el sindicato recurrente, "el tema de fondo se centra en la impugnación de una sucesión empresarial colectiva en el sector del transporte de mercancías por carretera, en la que la parte actora sostiene que no ha existido una transmisión de unidad productiva autónoma (UPA) conforme al art. 44 del ET, ya que la empresa cedente (Carbó) ha externalizado el servicio de transporte de mercancías, transmitiendo varias Rutas de transporte de forma compartida a distintas empresas subcontratistas (las diez codemandadas), afectando a las relaciones laborales de más de 72 trabajadores que ven como les cambian de empleador, sin haber acreditado una sola transmisión de una Unidad Productiva Autónoma".

Es decir, el recurrente insiste en la vía de impugnar dentro de este procedimiento de impugnación de despido colectivo la existencia de la sucesión empresarial que las empresas demandadas sostienen que se ha producido.

2.Dicha pretensión no puede ser ni siquiera analizada en este recurso, porque implicaría admitir una acumulación indebida de acciones, como ya hemos expuesto. La cuestión de la subrogación contractual solamente puede ser analizada en este procedimiento como cuestión previa para decidir sobre la existencia y calificación del despido colectivo impugnado, no de forma autónoma. La sentencia de la Audiencia Nacional, al limitarse a razonar que la vigencia de los contratos de los trabajadores objeto de subrogación excluía su cómputo como parte de un despido colectivo dio una respuesta adecuada y suficiente a la cuestión, que además implica dejar imprejuzgada la licitud de la subrogación convencional para que pueda se planteada, como pretensión autónoma, en un procedimiento separado individual o colectivo.

El sindicato recurrente, con este planteamiento, omite cuestionar la ratio decidendi de la sentencia de la Audiencia Nacional en este punto. La Audiencia Nacional no se pronuncia sobre la licitud de la subrogación y si estamos ante un supuesto de sucesión de empresas en el que la mutación subjetiva del contrato de trabajo opere ope legis, sino que deja esa cuestión imprejuzgada y se limita a decir que en todo caso no se ha producido una extinción contractual computable a efectos de un despido colectivo. Y ese pronunciamiento no se cuestiona en este motivo con argumentos específicamente dirigidos al mismo por el sindicato recurrente.

SEXTO.- 1.El quinto motivo de casación, amparado en la letra e del artículo 207 LRJS, no denuncia la vulneración de ninguna norma concreta ni de jurisprudencia, sino que se acoge al criterio formulado por un voto particular a la sentencia de 30 de abril de 2002, rec. 3007/2000, en el que se impugnó la subrogación impuesta a los trabajadores de una empresa cuando no concurría un supuesto determinante de la sucesión de empresas. Dice que en aquel voto particular se vino a establecer que "una cesión de contrato con la oposición del trabajador es un despido improcedente" y "de una novación subjetiva del contrato de trabajo sólo podría hablarse si se aceptara la existencia de una sucesión de empresa en los términos del artículo 44 de los Estatuto de los Trabajadores". Aunque el recurrente habla de "la Jurisprudencia contenida en dicho voto particular en sus fundamentos TERCERO y CUARTO", lo cierto es que la fundamentación de un voto particular no constituye doctrina jurisprudencial invocable.

Ello determina la ineludible desestimación del motivo de recurso por su falta de fundamentación en norma o jurisprudencia.

2.No obstante y en aras a aclarar la doctrina de la Sala, podemos recordar lo resuelto por esta Sala en su sentencia 120/2025, de 19 de febrero (rec. 185/2024). En aquel caso se presentó una demanda de impugnación colectiva de un despido colectivo sosteniendo que existía sucesión de empresas en el caso de finalización de una contrata, de manera que la empresa principal debía subrogarse en los contratos de 176 trabajadores de la contratista. Al no haberse subrogado se ejercía acción colectiva de impugnación del despido colectivo por la vía del art 124 LRJS, pero resultaba que la relación laboral de los trabajadores adscritos a la contrata finalizada no se había extinguido, sino que, pese a la finalización de la contrata, se mantenía con la empresa contratista y seguían dados de alta en la misma (aunque algunos en situación de suspensión por ERTE y otros con modificaciones sustanciales en sus condiciones laborales). Esta Sala entendió que la modalidad procesal de despido colectivo no podía aplicarse porque no se había producido una extinción de los contratos de trabajo y la negativa de la empresa principal a subrogarse no implicó la finalización de los contratos. Por tanto no había un despido colectivo, ni siquiera de manera tácita. Por ello la Sala estimó que se producía una inadecuación del procedimiento elegido, lo que dejaba imprejuzgada la cuestión de fondo sobre la existencia o no de sucesión de empresas y la eventual subrogación por parte de la empresa principal, de manera que los trabajadores conservaban su derecho a reclamar por los cauces procesales adecuados, colectivos o individuales.

En concreto dice aquella sentencia:

"Aunque el tenor literal del artículo 124 LRJS no lo diga con la necesaria claridad, resulta obvio que el objeto del proceso de impugnación colectiva por parte de los representantes de los trabajadores no es otro que la impugnación de una decisión extintiva empresarial que afecte a un número de trabajadores que supere los umbrales del artículo 51 ET.

Combatir la decisión extintiva empresarial de carácter colectivo, habiendo mediado o no el acuerdo con los representantes de los trabajadores constituye, por tanto, el objeto principal de la modalidad procesal que regula el artículo 124 LRJS. Ahora bien, hay ocasiones en que, por diversas circunstancias, la decisión empresarial no aparece manifestada en el acuerdo o de forma independiente. Se trata de supuestos en los que el despido se manifiesta a través del cierre de la empresa o habiendo prescindido absolutamente del procedimiento, o de manera fraudulenta en períodos sucesivos de noventa días. Son casos en los que estamos en presencia de despidos colectivos irregulares que se producen al margen de este procedimiento - prescindiendo, por ejemplo, del periodo de consultas- o incluso ocultando su carácter colectivo. Tales despidos también deben ser impugnados a través del artículo 124 LRJS. Tal como establece la STS de 25 de noviembre de 2013 (Rec. 52/2013) en el primer caso, estaríamos ante un despido colectivo irregular y en el segundo ante un "despido colectivo de hecho", que también podría calificarse en determinados casos como un despido fraudulento. La decisión extintiva colectiva podría manifestarse, al igual que sucede con la individual, como un "despido tácito" -el mero cierre de la empresa, por ejemplo- que, por lo demás, no deja de ser una manifestación del despido de hecho. Por ello, el despido colectivo irregular por omisión del periodo de consultas puede ser impugnado a través de la modalidad del art. 124, pues expresamente se menciona tal supuesto como causa de esta impugnación en el apartado b) del número 2 del artículo citado.

2.- Ahora bien, presupuesto inexcusable para que cualquier pretensión pueda ser canalizada a través del procedimiento del artículo 124 LRJS resulta ser, sin duda, que se hayan producido extinciones del contrato de trabajo, ya que sin ellas no puede apreciarse que estemos en presencia de despido alguno. A tal cuestión tuvimos ocasión de referirnos en la STS 1188/2023, de 19 de diciembre (Rcud. 1155/2022) en la que afirmamos con rotundidad que el despido requiere voluntad extintiva que exige una decisión del empresario, expresa o tácita de dar por extinguido el contrato de trabajo y, a falta de esta -a la que no puede asimilarse el hecho de que, tras la pérdida de una contrata la empresa empleadora haya procedido a tramitar una reducción de jornada-, la modalidad procesal de despido no es la adecuada para el examen de dicha situación. Añadiendo que la conducta empresarial no puede equipararse a un despido tácito puesto que resulta evidente la voluntad de mantener la prestación de servicios.

Lo mismo ocurre en el supuesto que examinamos en el que no se ha constatado ruptura de vínculo contractual ninguno. KONECTA ha seguido manteniendo en alta a todos los trabajadores afectados, y ha seguido garantizando el intercambio de prestación de servicios y salarios. No existe, por tanto, despido de clase alguna. La demandante equipara la negativa de la TGSS a la subrogación de los trabajadores adscritos a la contrata a un despido colectivo de hecho. Tal razonamiento podría ser aceptado si la empresa saliente hubiese procedido a la extinción de los contratos expresa o tácitamente; pero tal circunstancia no ha ocurrido porque los trabajadores afectados siguen prestando servicios en su empresa empleadora. La pretensión actora podría ser entendida como la petición de que se declare el derecho de los trabajadores que prestaban servicios en la contrata a ser subrogados por la TGSS. Esta pretensión legítima -sin perjuicio de las cuestiones relativas a la legitimación actora, de su fundamentación jurídica y, en consecuencia, de su éxito o fracaso-, debería canalizarse a través del procedimiento ordinario; en cuyo caso, la competencia no sería de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, sino de los Juzgados de lo Social; pero no puede ser examinada en un proceso de despido colectivo porque, como se reitera, falta el elemento esencial y básico de la colectiva extinción contractual que no se ha producido".

3.Es cierto que a priori la negativa de una concreta empresa a reconocer la vigencia de su relación laboral con un trabajador puede considerarse una extinción. Esta Sala incluso ha aceptado en su momento la existencia de un despido en supuestos de sucesión de empresas por el hecho de que la empresa sucesora se niegue a reconocer la existencia de sucesión, pese a mantener contratado al trabajador en virtud de un nuevo contrato que considera distinto al anterior a la sucesión ( sentencias de esta Sala Cuarta de 28 de abril de 2009, rcud 4614/2007, 23 de octubre de 2009, rcud 2684/2008, ó 7 de diciembre de 2009, rcud 2686/2008).

Sin embargo en esos casos existe una negativa de la empresa a reconocer la vigencia de un determinado contrato de trabajo, lo que aquí no sucede. Lo que ocurre en este caso, al igual que en el resuelto por esta Sala en su sentencia 120/2025, de 19 de febrero (rec. 185/2024), es que las empresas demandadas no niegan la vigencia del mismo vínculo preexistente, sino que la controversia se ciñe exclusivamente a determinar con qué empleador debe entenderse trabado el mismo. De esta manera, si no existe negativa empresarial a reconocer la vigencia del mismo contrato y solamente se cuestiona la determinación del sujeto que debe ocupar la posición de empleador, no estamos ante una extinción del contrato. Ello implica por un lado que dicha situación no computa a efectos del artículo 51 ET, ni queda comprendido en el perímetro del despido colectivo para su tratamiento conjunto. Por otra parte, al no encontrarnos ante un despido colectivo, la acción colectiva no puede ser ejercitada por el cauce procesal del artículo 124 LRJS, que es inadecuado para ello.

SÉPTIMO.- 1.El sexto motivo de casación, amparado en la letra e del artículo 207 LRJS, denuncia la infracción del artículos 44.9 del Estatuto de los Trabajadores, alegando igualmente la vulneración del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Se dice aquí que la empresa Carbó Collbatallé debió haber abierto un periodo de consultas y negociación con la representación de los trabajadores tanto si estamos en el ámbito del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores como si estamos en el ámbito del artículo 44 de dicha norma legal, por cuanto el artículo 44.9 ET dice:

"El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la transmisión, medidas laborales en relación con sus trabajadores vendrá obligado a iniciar un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores sobre las medidas previstas y sus consecuencias para los trabajadores. Dicho periodo de consultas habrá de celebrarse con la suficiente antelación, antes de que las medidas se lleven a efecto. Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Cuando las medidas previstas consistieren en traslados colectivos o en modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, el procedimiento del periodo de consultas al que se refiere el párrafo anterior se ajustará a lo establecido en los artículos 40.2 y 41.4"

Ocurre que si no estamos ante un despido colectivo (o el despido colectivo no incluye a los trabajadores cuyo contrato no se ha extinguido) la cuestión de fondo relativa a la sucesión de empresas no ha quedado resuelta ni se podía resolver en el proceso de instancia, quedando imprejuzgada y abierta para, en su caso, ser planteada en un proceso adecuadamente instrumentado. Y esa falta de resolución comprende la decisión sobre si estamos ante un supuesto de sucesión empresarial que tuviera efectos ope legiso ante un supuesto de imposición de la subrogación sin amparo normativo para ello, pero también, aún en caso de que se apreciase que concurre un supuesto de sucesión de empresas, sobre si se han respetado las exigencias procedimentales de la misma acerca de la información y consulta de los trabajadores y los efectos que un eventual incumplimiento pudiera tener sobre la validez de dicha sucesión.

No es este el procedimiento en que tales extremos se puedan discutir y resolver, como ya se ha explicado.

OCTAVO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, conduce a desestimar el recurso de casación.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

PRIMERO.- 1.El litigio versa sobre la impugnación de una decisión empresarial de externalización y subrogación colectiva de trabajadores llevada a cabo por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. La controversia consiste en determinar si dicha operación constituye una sucesión de empresa lícita al amparo del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o si, por el contrario, se trata de un despido colectivo de hecho realizado en fraude de ley, eludiendo el procedimiento previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y ocultando una posible cesión ilegal de trabajadores.

Presentó la demanda de impugnación de despido colectivo por el cauce procesal del artículo 124 LRJS la Sección Sindical Estatal del sindicato Consejo Sindical Obrero (CSO) contra Carbó Collbatallé, S.L.U. y contra Transfrired, S.L., Novotransur, S.L., Transportes Eugenio Ortiz Novillo, S.L., Transportes Franadi S.L., Transportes Gijón Martín S.L., Transportes Juaror S.L., Goldfrio Logística S.L., Carmona Logística de la Alimentación, S.L. Transportes Moncayo S.L. y Dronas 2000 S.L. En la demanda se pide que se declare la nulidad del despido colectivo argumentando que la empresa ocultó su voluntad extintiva bajo la apariencia de una sucesión empresarial para evitar el coste de las indemnizaciones y el procedimiento de consultas del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Sostiene que por el contrario no hubo transmisión de una unidad productiva autónoma sino que se fraccionó la plantilla entre diez empresas, quebrando la unidad organizativa, no hubo transmisión de elementos patrimoniales esenciales, ya que la posesión de los camiones derivaba de un contrato de renting y además el personal de gestión de flotas permaneció en la cedente. Por ello solicita que se reconozca el derecho de los trabajadores al reingreso en la plantilla de la demandada Carbó Collbatallé, manteniendo las condiciones laborales previas, ya que se dice que Carbó Collbatallé sigue siendo el empleador real que organiza el trabajo, las rutas y gestiona a los clientes, instrumentalizando a las cesionarias como sociedades interpuestas, de manera que estaríamos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores.

Posteriormente se presentaron demandas con la misma pretensión por el comité de empresa de Madrid, por el comité de empresa de Barcelona y por el delegado de personal de Sevilla de la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U., que se acumularon a la primera de ellas. En el acto del juicio se adhirieron a las pretensiones de las demandas la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT) y la Federación Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO).

2.La sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, desestimó la demanda. La Audiencia Nacional razona que las subrogaciones operadas no pueden ser calificadas como extinciones contractuales, sino que estamos ante una subrogación, esto es, una novación subjetiva producida en virtud del artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores, que no extingue la relación laboral y que además fue aceptada de forma tácita por la mayoría de los trabajadores, que continuó prestando servicios para las nuevas empresas. No existiendo por tanto extinciones de contratos no puede decirse que exista un despido colectivo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores.

3.El sindicato CSO ha interpuesto recurso de casación contra la anterior sentencia, al que se ha adherido el sindicato FESMC-UGT. El recuso contiene dos primeros al amparo de la letra d del artículo 207 LRJS para revisar los hechos probados y otros cinco motivos al amparo de la letra e del mismo artículo, denunciando diversas infracciones jurídicas.

4.Han presentado escritos de impugnación del recurso de casación, oponiéndose a la estimación del mismo, Carbó Collbatallé, S.L.U., Transfrired S.L., Novotransur, S.L., Transportes Gijón Martín S.L., Transportes Juaror S.L., Goldfrio Logística S.L., Carmona Logística de la Alimentación, S.L., Transportes Moncayo S.L. y Dronas 2002, S.L.

5.La Fiscalía del Tribunal Supremo en su informe se expresa en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.-Con carácter previo debemos resolver sobre los dos documentos presentados junto con el recurso de casación al amparo del artículo 233 de la Jurisdicción Social. Dicho precepto permite presentar documentos nuevos en el trámite del recurso de casación de forma muy limitada, puesto que no cabe olvidar la naturaleza extraordinaria de este recurso y la configuración del proceso social como procedimiento de instancia única. Los supuestos previstos en dicho artículo son los siguientes:

a) Sentencias o resoluciones judiciales o administrativas firmes, debiendo haber sido dictadas, notificadas o conocidas en fecha posterior al momento en que se pudieron alegar en el juicio laboral de instancia;

b) Documentos decisivos para la resolución del recurso que la parte no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables;

c) Documentos de aquéllos que pudieran dar lugar a posterior recurso de revisión conforme al artículo 236 de la Ley 36/2011 y al artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

d) Documentos necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental.

No estamos ante ninguno de los supuestos. Se trata en ambos casos de cartas de comunicación a dos distintos trabajadores de Transfired de modificaciones sustanciales en sus condiciones de trabajo originadas por la decisión de la empresa Carbó Collbatallé de rescindir el contrato con Transfired para la realización de determinadas rutas de transporte con posterioridad a la sucesión controvertida. Aunque ambas cartas son de fecha posterior a la vista en el litigio de instancia, el único de los epígrafes anteriores en los que podría ampararse su admisión sería el segundo, pero en este caso no se trata en modo alguno de documentos decisivos para la resolución del recurso, porque el hecho que pueden acreditar no es en modo alguno contradictorio con lo declarado probado, ni desvirtúa los fundamentos de la sentencia de instancia que se combaten en el recurso ni guarda estricta relación con lo debatido en el litigio, siendo lo que se acredita vicisitudes posteriores ajenas a este proceso.

TERCERO.- 1.Debemos resolver ahora los dos motivos con pretensiones de revisión fáctica esgrimidos por la parte recurrente en su recurso de casación.

La primera de ellas (motivo primero) consiste en adicionar al ordinal decimoquinto de los hechos probados el siguiente texto:

"Asimismo, el programa software de gestión de las mercancías que sigue la operativa de transporte) es la propia de Carbó Collbatallé SLU y que usan las empresas cesionarias. Carbó Collbatallé sigue manteniendo como centros propios de distribución de mercancías el centro de explotación de salida y el de recepción de mercancías, a las que posteriormente derivan a los clientes que siguen permaneciendo en la cartera de clientes de Carbó Collbatallé SLU. Para ello, la cedente y las cesionarias celebran, al amparo de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, los contratos de carta de porte, en las que el cesionario (cargador) entrega físicamente las mercancías al porteador para su transporte. El porteador es el cesionario con quien se contrata el transporte, y que asume la obligación de llevarlo a cabo en nombre propio"

Lo primero que ha de decirse es que el recurrente invoca una pluralidad de documentos para apoyar su pretensión revisoria sin fundamentar uno a uno los distintos extremos fácticos que pretende introducir y refiriendo para cada uno de ellos los concretos documentos que la apoyan, lo que es por sí solo sería una causa de desestimación del motivo. En todo caso lo cierto es que los hechos que se pretenden introducir, dejando aparte cualquier asomo de valoración jurídica (en concreto el uso de los términos "cedente" y "cesionario" en cuanto puedan predeterminar la conclusión jurídica sobre la relación entre las empresas), se vienen a admitir como ciertos por las empresas impugnantes. Así el hecho relativo a la conservación de centros logísticos de Carbó Collbatallé no puede considerarse que sea controvertido, puesto que los recurridos admiten que Carbó Collbatallé sigue teniendo centros de distribución aunque haya externalizado las operaciones de transporte, siendo precisamente la unidad productiva constituida por los medios de transporte lo que ha sido objeto de transmisión entre empresas y de sucesión laboral según su posición. El hecho de que diversas empresas utilizan el mismo software para gestionar las mercancías también se admite en la impugnación de Carbó Collbatallé, por lo que se puede tener por acreditado al menos a efectos dialécticos, sin prejuzgar su relevancia en orden al fallo.

2.La segunda modificación fáctica pretendida (motivo segundo) consiste en adicionar un nuevo hecho probado del siguiente tenor:

"La empresa Transfrired SL ha comunicado por sendos escritos de fecha 14 de junio de 2025 a dos trabajadores del centro de trabajo de Sevilla, previamente subrogados de la plantilla de Carbó el 01 de enero de 2025, D. Octavio y D. Jesús Carlos una modificación sustancial de condiciones de trabajo con fecha de efectos de 01 de julio de 2025, debido a que Carbó Collbatallé SLU que sigue siendo propietario de las Rutas de transporte de mercancías ha decidido prescindir de este cesionario (Transfrired) a favor de otro proveedor elegido por Carbó, debido a que ha ofrecido mejores precios al cargador, lo que supone la necesidad de aplicar la Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo por cambio del horario según la nueva Ruta asignada y con probable cambio de domicilio"

Modificación que se rechaza por ampararse en los dos documentos presentados al amparo del artículo 233 LRJS que han sido rechazados por la Sala en el anterior fundamento jurídico.

3.Se desestiman por tanto todos los motivos de revisión fáctica.

CUARTO.- 1.El tercer motivo de casación, amparado, según se dice, en la letra e del artículo 207 LRJS, denuncia la vulneración de los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 97.2 de la LRJS y 34.1 de la Constitución, porque se afirma que se ha producido una incongruencia omisiva en la sentencia de la Audiencia Nacional al no haberse pronunciado sobre lo pedido en la demanda en relación con el carácter no ajustado a Derecho de la subrogación contractual producida. Efectivamente en el suplico de la demanda se pide:

- Que la sucesión de empresa invocada por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. no es ajustada a derecho.

- Que se declare el derecho del colectivo afectado a permanecer en la plantilla o reingreso a la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U.

- Que se declaren nulos los despidos realizados con fecha de efectos del 31 de diciembre de 2024 por esta causa, que se dejen sin efecto las subrogaciones operadas el 01 de enero de 2025 con las empresas subcontratistas codemandadas, y por ello, se reconozca el derecho de los trabajadores despedidos a permanecer en la plantilla y a reanudar sus relaciones laborales con Carbó Collbatallé, S.L.U., siendo reingresados, readmitidos en sus mismos puestos de trabajo, con efectos desde el día de efectos de la finalización de la relaciones laborales, condenado a las empresas demandadas a estar y pasar por dicha declaración.

2.Estamos en un proceso de impugnación de despido colectivo del artículo 124 LRJS en el que las únicas pretensiones que pueden esgrimirse son las relativas a la calificación del despido colectivo como ajustado a Derecho, no ajustado o Derecho, o nulo, con las consecuencias inherentes a dichos pronunciamientos ( sentencias de esta Sala Cuarta 687/2016 de 20 julio, rec. 303/2014; 615/2017 de 12 julio, rec. 20/2017; 879/2018 de 2 octubre, rec. 155/2017 ó 7/2019 de 9 de enero, rec. 108/2018). Por tanto no cabe acumular ni ejercer a través de este procedimiento una pretensión de impugnación de una subrogación contractual por entender la misma no amparada en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Ocurre que la sentencia de la Audiencia Nacional no ha admitido una acumulación de las indicadas acciones, que sería indebida, sino que, como expresa en el fundamento de Derecho cuarto de su sentencia, entiende que se ejercita una única acción (la de despido colectivo), para cuya decisión es preciso resolver una cuestión previa (la sucesión), de manera que aborda esa cuestión de manera limitada, solamente en tanto en cuanto es necesario su examen con carácter prejudicial para determinar la resolución de la impugnación del despido colectivo.

Ese criterio es conforme con la doctrina de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia de pleno 829/2017, de 24 de octubre, rec 107/2017 ( precedida por otras como la de 18 de febrero de 2014, rec. 108/2013), en la cual se dice que "ciertamente, el objeto del proceso especial de impugnación de los despidos colectivos regulado por el art. 124 LRJS no permite que se acumulen otras acciones al mismo ( art. 26.1 LRJS) ", pero distingue la acumulación de acciones en sentido estricto (de despido colectivo y de subrogación empresarial), con el ejercicio de una única acción de despido colectivo para cuya resolución ha de resolverse previamente si se ha producido o no una sucesión de empresas.

Este mismo criterio lo ha seguido esta Sala Cuarta en sus sentencias 431/2019, de 31 de mayo, rec. 235/2018, 167/2020, de 21 de febrero, rec. 144/2019 ó 721/2024, de 22 de mayo, rec. 145/2023, en las que hemos venido a admitir que la cuestión de la sucesión de empresas o subrogación convencional sea analizada dentro del proceso de despido colectivo, pero solamente en su condición de cuestión previa de necesaria resolución para la decisión sobre la calificación del despido colectivo impugnado, cuando para ello "debe examinarse todo lo acaecido con anterioridad al despido, pero también los actos coetáneos e inmediatamente posteriores si en ellos aparece indiciariamente el fraude". Y en esa línea por ejemplo la sentencia de esta Sala Cuarta 174/2025, de 5 de marzo (rec 4728/2023), sin cuestionarse la acumulación indebida de acciones por considerar que estamos ante una mera cuestión previa, califica un despido colectivo en base a la inaplicación de las normas que imponen la sucesión de empresas, diciendo:

"A tal efecto, aunque nuestra jurisprudencia viene declarando el carácter constitutivo del despido y que produce la extinción del contrato desde su fecha y ha interpretado que se trataría de una resolución contractual extrajudicial de suerte que la referida extinción del contrato se produce en el momento del despido, y no cuando se dicta la sentencia que resuelva sobre su calificación jurídica [ SSTS de 27 de febrero de 2009 (Rcud. 1715/2008); de 10 de junio de 2009 (Rcud. 3098/2007); de 17 de mayo de 2000 (Rcud. 1791/1999) y de 21 de octubre de 2004 (Rcud. 4966/2002); entre otras] de tal doctrina, como regla, no puede derivarse la interpretación de que el referido carácter constitutivo del despido genere la extinción automática de las acciones que el trabajador despedido tenga y pueda y deba ejercitar oportunamente para acreditar, en su caso, que no debía haber sido despedido sino que tenía derecho a continuar prestando servicios en otra empresa que por sucesión, subrogación convencional o por otras causas, estuviera obligada a subrogarse en los contratos laborales de la anterior. De entenderse lo contrario, sería muy fácil eludir la subrogación convencional en los supuestos de sucesión de contratas si la empresa saliente despide a un trabajador momentos antes de cesar en la contrata y el trabajador que tuviera derecho a ser subrogado por el mero hecho de estar despedido, expresa o tácitamente, ya no pudiera dirigir también la demanda de despido contra la empresa entrante y pretender la subrogación convencional".

3.Por tanto no se produce incongruencia omisiva cuando la Audiencia Nacional resuelve lo relativo a la sucesión empresarial con el contenido estrictamente necesario para decidir sobre el despido colectivo que constituye el objeto del proceso. Si lo que pretende el recurrente es que se considere que ha acumulado dos acciones distintas, una de impugnación de despido colectivo y otra de impugnación de subrogación contractual, entonces esa acumulación sería inadmisible y debería haberse rechazado. Solamente en cuanto se ha interpretado su pretensión en el sentido indicado se ha analizado lo relativo a la subrogación, por lo que no puede pretenderse que debía haberse analizado plenamente, obviando la prohibición de acumulación.

4.En este caso la lógica es la inversa de la que subyace a las sentencias de esta Sala Cuarta anteriormente citadas, es decir, no se afirma la existencia de sucesión empresarial para cuestionar en base a la misma la licitud del despido colectivo, sino que se sostiene, bien al contrario, que la sucesión empresarial afirmada por las demandadas no es tal y por tanto debe considerarse inexistente, de manera que los trabajadores que han sido subrogados por las supuestas sucesoras deben computarse como parte del despido colectivo de la transmitente. La Audiencia Nacional ha rechazado tal argumentación razonando que los contratos de los trabajadores subrogados siguen vigentes y no se han extinguido, de manera que en ningún caso pueden computarse como extinciones a efectos del despido colectivo impugnado. Deja así en efecto imprejuzgada la cuestión relativa a la legalidad de esa subrogación, puesto que ha resuelto lo planteado solamente en la medida necesaria para decidir la cuestión previa a efectos de resolver sobre el despido colectivo impugnado y tal decisión procesal es correcta, sin prejuzgar aquí su corrección de fondo.

QUINTO.- 1.El cuarto motivo de casación, amparado en la letra e del artículo 207 LRJS, denuncia la infracción de los artículos 44 y 51 del Estatuto de los Trabajadores y 1205 del Código Civil, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencias de 18 de marzo de 1986, Spijkens, 24/85; de 11 de marzo de 1997, Süzen, C-13/95; de 20 de noviembre de 2003, Abler y otros, C-340/01, de 15 de diciembre de 2005, Guney-Gorres, C.232/04 y 233/04, sentencia de 19 de septiembre de 19956, Rygaard, C-4888/94 y sentencia de 6 de septiembre de 2011, Scattolon, C-108/10) y de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( sentencia de 19-06-2002, rec. 4225/2000).

Como explica el sindicato recurrente, "el tema de fondo se centra en la impugnación de una sucesión empresarial colectiva en el sector del transporte de mercancías por carretera, en la que la parte actora sostiene que no ha existido una transmisión de unidad productiva autónoma (UPA) conforme al art. 44 del ET, ya que la empresa cedente (Carbó) ha externalizado el servicio de transporte de mercancías, transmitiendo varias Rutas de transporte de forma compartida a distintas empresas subcontratistas (las diez codemandadas), afectando a las relaciones laborales de más de 72 trabajadores que ven como les cambian de empleador, sin haber acreditado una sola transmisión de una Unidad Productiva Autónoma".

Es decir, el recurrente insiste en la vía de impugnar dentro de este procedimiento de impugnación de despido colectivo la existencia de la sucesión empresarial que las empresas demandadas sostienen que se ha producido.

2.Dicha pretensión no puede ser ni siquiera analizada en este recurso, porque implicaría admitir una acumulación indebida de acciones, como ya hemos expuesto. La cuestión de la subrogación contractual solamente puede ser analizada en este procedimiento como cuestión previa para decidir sobre la existencia y calificación del despido colectivo impugnado, no de forma autónoma. La sentencia de la Audiencia Nacional, al limitarse a razonar que la vigencia de los contratos de los trabajadores objeto de subrogación excluía su cómputo como parte de un despido colectivo dio una respuesta adecuada y suficiente a la cuestión, que además implica dejar imprejuzgada la licitud de la subrogación convencional para que pueda se planteada, como pretensión autónoma, en un procedimiento separado individual o colectivo.

El sindicato recurrente, con este planteamiento, omite cuestionar la ratio decidendi de la sentencia de la Audiencia Nacional en este punto. La Audiencia Nacional no se pronuncia sobre la licitud de la subrogación y si estamos ante un supuesto de sucesión de empresas en el que la mutación subjetiva del contrato de trabajo opere ope legis, sino que deja esa cuestión imprejuzgada y se limita a decir que en todo caso no se ha producido una extinción contractual computable a efectos de un despido colectivo. Y ese pronunciamiento no se cuestiona en este motivo con argumentos específicamente dirigidos al mismo por el sindicato recurrente.

SEXTO.- 1.El quinto motivo de casación, amparado en la letra e del artículo 207 LRJS, no denuncia la vulneración de ninguna norma concreta ni de jurisprudencia, sino que se acoge al criterio formulado por un voto particular a la sentencia de 30 de abril de 2002, rec. 3007/2000, en el que se impugnó la subrogación impuesta a los trabajadores de una empresa cuando no concurría un supuesto determinante de la sucesión de empresas. Dice que en aquel voto particular se vino a establecer que "una cesión de contrato con la oposición del trabajador es un despido improcedente" y "de una novación subjetiva del contrato de trabajo sólo podría hablarse si se aceptara la existencia de una sucesión de empresa en los términos del artículo 44 de los Estatuto de los Trabajadores". Aunque el recurrente habla de "la Jurisprudencia contenida en dicho voto particular en sus fundamentos TERCERO y CUARTO", lo cierto es que la fundamentación de un voto particular no constituye doctrina jurisprudencial invocable.

Ello determina la ineludible desestimación del motivo de recurso por su falta de fundamentación en norma o jurisprudencia.

2.No obstante y en aras a aclarar la doctrina de la Sala, podemos recordar lo resuelto por esta Sala en su sentencia 120/2025, de 19 de febrero (rec. 185/2024). En aquel caso se presentó una demanda de impugnación colectiva de un despido colectivo sosteniendo que existía sucesión de empresas en el caso de finalización de una contrata, de manera que la empresa principal debía subrogarse en los contratos de 176 trabajadores de la contratista. Al no haberse subrogado se ejercía acción colectiva de impugnación del despido colectivo por la vía del art 124 LRJS, pero resultaba que la relación laboral de los trabajadores adscritos a la contrata finalizada no se había extinguido, sino que, pese a la finalización de la contrata, se mantenía con la empresa contratista y seguían dados de alta en la misma (aunque algunos en situación de suspensión por ERTE y otros con modificaciones sustanciales en sus condiciones laborales). Esta Sala entendió que la modalidad procesal de despido colectivo no podía aplicarse porque no se había producido una extinción de los contratos de trabajo y la negativa de la empresa principal a subrogarse no implicó la finalización de los contratos. Por tanto no había un despido colectivo, ni siquiera de manera tácita. Por ello la Sala estimó que se producía una inadecuación del procedimiento elegido, lo que dejaba imprejuzgada la cuestión de fondo sobre la existencia o no de sucesión de empresas y la eventual subrogación por parte de la empresa principal, de manera que los trabajadores conservaban su derecho a reclamar por los cauces procesales adecuados, colectivos o individuales.

En concreto dice aquella sentencia:

"Aunque el tenor literal del artículo 124 LRJS no lo diga con la necesaria claridad, resulta obvio que el objeto del proceso de impugnación colectiva por parte de los representantes de los trabajadores no es otro que la impugnación de una decisión extintiva empresarial que afecte a un número de trabajadores que supere los umbrales del artículo 51 ET.

Combatir la decisión extintiva empresarial de carácter colectivo, habiendo mediado o no el acuerdo con los representantes de los trabajadores constituye, por tanto, el objeto principal de la modalidad procesal que regula el artículo 124 LRJS. Ahora bien, hay ocasiones en que, por diversas circunstancias, la decisión empresarial no aparece manifestada en el acuerdo o de forma independiente. Se trata de supuestos en los que el despido se manifiesta a través del cierre de la empresa o habiendo prescindido absolutamente del procedimiento, o de manera fraudulenta en períodos sucesivos de noventa días. Son casos en los que estamos en presencia de despidos colectivos irregulares que se producen al margen de este procedimiento - prescindiendo, por ejemplo, del periodo de consultas- o incluso ocultando su carácter colectivo. Tales despidos también deben ser impugnados a través del artículo 124 LRJS. Tal como establece la STS de 25 de noviembre de 2013 (Rec. 52/2013) en el primer caso, estaríamos ante un despido colectivo irregular y en el segundo ante un "despido colectivo de hecho", que también podría calificarse en determinados casos como un despido fraudulento. La decisión extintiva colectiva podría manifestarse, al igual que sucede con la individual, como un "despido tácito" -el mero cierre de la empresa, por ejemplo- que, por lo demás, no deja de ser una manifestación del despido de hecho. Por ello, el despido colectivo irregular por omisión del periodo de consultas puede ser impugnado a través de la modalidad del art. 124, pues expresamente se menciona tal supuesto como causa de esta impugnación en el apartado b) del número 2 del artículo citado.

2.- Ahora bien, presupuesto inexcusable para que cualquier pretensión pueda ser canalizada a través del procedimiento del artículo 124 LRJS resulta ser, sin duda, que se hayan producido extinciones del contrato de trabajo, ya que sin ellas no puede apreciarse que estemos en presencia de despido alguno. A tal cuestión tuvimos ocasión de referirnos en la STS 1188/2023, de 19 de diciembre (Rcud. 1155/2022) en la que afirmamos con rotundidad que el despido requiere voluntad extintiva que exige una decisión del empresario, expresa o tácita de dar por extinguido el contrato de trabajo y, a falta de esta -a la que no puede asimilarse el hecho de que, tras la pérdida de una contrata la empresa empleadora haya procedido a tramitar una reducción de jornada-, la modalidad procesal de despido no es la adecuada para el examen de dicha situación. Añadiendo que la conducta empresarial no puede equipararse a un despido tácito puesto que resulta evidente la voluntad de mantener la prestación de servicios.

Lo mismo ocurre en el supuesto que examinamos en el que no se ha constatado ruptura de vínculo contractual ninguno. KONECTA ha seguido manteniendo en alta a todos los trabajadores afectados, y ha seguido garantizando el intercambio de prestación de servicios y salarios. No existe, por tanto, despido de clase alguna. La demandante equipara la negativa de la TGSS a la subrogación de los trabajadores adscritos a la contrata a un despido colectivo de hecho. Tal razonamiento podría ser aceptado si la empresa saliente hubiese procedido a la extinción de los contratos expresa o tácitamente; pero tal circunstancia no ha ocurrido porque los trabajadores afectados siguen prestando servicios en su empresa empleadora. La pretensión actora podría ser entendida como la petición de que se declare el derecho de los trabajadores que prestaban servicios en la contrata a ser subrogados por la TGSS. Esta pretensión legítima -sin perjuicio de las cuestiones relativas a la legitimación actora, de su fundamentación jurídica y, en consecuencia, de su éxito o fracaso-, debería canalizarse a través del procedimiento ordinario; en cuyo caso, la competencia no sería de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, sino de los Juzgados de lo Social; pero no puede ser examinada en un proceso de despido colectivo porque, como se reitera, falta el elemento esencial y básico de la colectiva extinción contractual que no se ha producido".

3.Es cierto que a priori la negativa de una concreta empresa a reconocer la vigencia de su relación laboral con un trabajador puede considerarse una extinción. Esta Sala incluso ha aceptado en su momento la existencia de un despido en supuestos de sucesión de empresas por el hecho de que la empresa sucesora se niegue a reconocer la existencia de sucesión, pese a mantener contratado al trabajador en virtud de un nuevo contrato que considera distinto al anterior a la sucesión ( sentencias de esta Sala Cuarta de 28 de abril de 2009, rcud 4614/2007, 23 de octubre de 2009, rcud 2684/2008, ó 7 de diciembre de 2009, rcud 2686/2008).

Sin embargo en esos casos existe una negativa de la empresa a reconocer la vigencia de un determinado contrato de trabajo, lo que aquí no sucede. Lo que ocurre en este caso, al igual que en el resuelto por esta Sala en su sentencia 120/2025, de 19 de febrero (rec. 185/2024), es que las empresas demandadas no niegan la vigencia del mismo vínculo preexistente, sino que la controversia se ciñe exclusivamente a determinar con qué empleador debe entenderse trabado el mismo. De esta manera, si no existe negativa empresarial a reconocer la vigencia del mismo contrato y solamente se cuestiona la determinación del sujeto que debe ocupar la posición de empleador, no estamos ante una extinción del contrato. Ello implica por un lado que dicha situación no computa a efectos del artículo 51 ET, ni queda comprendido en el perímetro del despido colectivo para su tratamiento conjunto. Por otra parte, al no encontrarnos ante un despido colectivo, la acción colectiva no puede ser ejercitada por el cauce procesal del artículo 124 LRJS, que es inadecuado para ello.

SÉPTIMO.- 1.El sexto motivo de casación, amparado en la letra e del artículo 207 LRJS, denuncia la infracción del artículos 44.9 del Estatuto de los Trabajadores, alegando igualmente la vulneración del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Se dice aquí que la empresa Carbó Collbatallé debió haber abierto un periodo de consultas y negociación con la representación de los trabajadores tanto si estamos en el ámbito del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores como si estamos en el ámbito del artículo 44 de dicha norma legal, por cuanto el artículo 44.9 ET dice:

"El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la transmisión, medidas laborales en relación con sus trabajadores vendrá obligado a iniciar un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores sobre las medidas previstas y sus consecuencias para los trabajadores. Dicho periodo de consultas habrá de celebrarse con la suficiente antelación, antes de que las medidas se lleven a efecto. Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Cuando las medidas previstas consistieren en traslados colectivos o en modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, el procedimiento del periodo de consultas al que se refiere el párrafo anterior se ajustará a lo establecido en los artículos 40.2 y 41.4"

Ocurre que si no estamos ante un despido colectivo (o el despido colectivo no incluye a los trabajadores cuyo contrato no se ha extinguido) la cuestión de fondo relativa a la sucesión de empresas no ha quedado resuelta ni se podía resolver en el proceso de instancia, quedando imprejuzgada y abierta para, en su caso, ser planteada en un proceso adecuadamente instrumentado. Y esa falta de resolución comprende la decisión sobre si estamos ante un supuesto de sucesión empresarial que tuviera efectos ope legiso ante un supuesto de imposición de la subrogación sin amparo normativo para ello, pero también, aún en caso de que se apreciase que concurre un supuesto de sucesión de empresas, sobre si se han respetado las exigencias procedimentales de la misma acerca de la información y consulta de los trabajadores y los efectos que un eventual incumplimiento pudiera tener sobre la validez de dicha sucesión.

No es este el procedimiento en que tales extremos se puedan discutir y resolver, como ya se ha explicado.

OCTAVO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, conduce a desestimar el recurso de casación.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

PRIMERO.- 1.El litigio versa sobre la impugnación de una decisión empresarial de externalización y subrogación colectiva de trabajadores llevada a cabo por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. La controversia consiste en determinar si dicha operación constituye una sucesión de empresa lícita al amparo del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o si, por el contrario, se trata de un despido colectivo de hecho realizado en fraude de ley, eludiendo el procedimiento previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y ocultando una posible cesión ilegal de trabajadores.

Presentó la demanda de impugnación de despido colectivo por el cauce procesal del artículo 124 LRJS la Sección Sindical Estatal del sindicato Consejo Sindical Obrero (CSO) contra Carbó Collbatallé, S.L.U. y contra Transfrired, S.L., Novotransur, S.L., Transportes Eugenio Ortiz Novillo, S.L., Transportes Franadi S.L., Transportes Gijón Martín S.L., Transportes Juaror S.L., Goldfrio Logística S.L., Carmona Logística de la Alimentación, S.L. Transportes Moncayo S.L. y Dronas 2000 S.L. En la demanda se pide que se declare la nulidad del despido colectivo argumentando que la empresa ocultó su voluntad extintiva bajo la apariencia de una sucesión empresarial para evitar el coste de las indemnizaciones y el procedimiento de consultas del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Sostiene que por el contrario no hubo transmisión de una unidad productiva autónoma sino que se fraccionó la plantilla entre diez empresas, quebrando la unidad organizativa, no hubo transmisión de elementos patrimoniales esenciales, ya que la posesión de los camiones derivaba de un contrato de renting y además el personal de gestión de flotas permaneció en la cedente. Por ello solicita que se reconozca el derecho de los trabajadores al reingreso en la plantilla de la demandada Carbó Collbatallé, manteniendo las condiciones laborales previas, ya que se dice que Carbó Collbatallé sigue siendo el empleador real que organiza el trabajo, las rutas y gestiona a los clientes, instrumentalizando a las cesionarias como sociedades interpuestas, de manera que estaríamos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores.

Posteriormente se presentaron demandas con la misma pretensión por el comité de empresa de Madrid, por el comité de empresa de Barcelona y por el delegado de personal de Sevilla de la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U., que se acumularon a la primera de ellas. En el acto del juicio se adhirieron a las pretensiones de las demandas la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT) y la Federación Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO).

2.La sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, desestimó la demanda. La Audiencia Nacional razona que las subrogaciones operadas no pueden ser calificadas como extinciones contractuales, sino que estamos ante una subrogación, esto es, una novación subjetiva producida en virtud del artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores, que no extingue la relación laboral y que además fue aceptada de forma tácita por la mayoría de los trabajadores, que continuó prestando servicios para las nuevas empresas. No existiendo por tanto extinciones de contratos no puede decirse que exista un despido colectivo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores.

3.El sindicato CSO ha interpuesto recurso de casación contra la anterior sentencia, al que se ha adherido el sindicato FESMC-UGT. El recuso contiene dos primeros al amparo de la letra d del artículo 207 LRJS para revisar los hechos probados y otros cinco motivos al amparo de la letra e del mismo artículo, denunciando diversas infracciones jurídicas.

4.Han presentado escritos de impugnación del recurso de casación, oponiéndose a la estimación del mismo, Carbó Collbatallé, S.L.U., Transfrired S.L., Novotransur, S.L., Transportes Gijón Martín S.L., Transportes Juaror S.L., Goldfrio Logística S.L., Carmona Logística de la Alimentación, S.L., Transportes Moncayo S.L. y Dronas 2002, S.L.

5.La Fiscalía del Tribunal Supremo en su informe se expresa en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.-Con carácter previo debemos resolver sobre los dos documentos presentados junto con el recurso de casación al amparo del artículo 233 de la Jurisdicción Social. Dicho precepto permite presentar documentos nuevos en el trámite del recurso de casación de forma muy limitada, puesto que no cabe olvidar la naturaleza extraordinaria de este recurso y la configuración del proceso social como procedimiento de instancia única. Los supuestos previstos en dicho artículo son los siguientes:

a) Sentencias o resoluciones judiciales o administrativas firmes, debiendo haber sido dictadas, notificadas o conocidas en fecha posterior al momento en que se pudieron alegar en el juicio laboral de instancia;

b) Documentos decisivos para la resolución del recurso que la parte no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables;

c) Documentos de aquéllos que pudieran dar lugar a posterior recurso de revisión conforme al artículo 236 de la Ley 36/2011 y al artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

d) Documentos necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental.

No estamos ante ninguno de los supuestos. Se trata en ambos casos de cartas de comunicación a dos distintos trabajadores de Transfired de modificaciones sustanciales en sus condiciones de trabajo originadas por la decisión de la empresa Carbó Collbatallé de rescindir el contrato con Transfired para la realización de determinadas rutas de transporte con posterioridad a la sucesión controvertida. Aunque ambas cartas son de fecha posterior a la vista en el litigio de instancia, el único de los epígrafes anteriores en los que podría ampararse su admisión sería el segundo, pero en este caso no se trata en modo alguno de documentos decisivos para la resolución del recurso, porque el hecho que pueden acreditar no es en modo alguno contradictorio con lo declarado probado, ni desvirtúa los fundamentos de la sentencia de instancia que se combaten en el recurso ni guarda estricta relación con lo debatido en el litigio, siendo lo que se acredita vicisitudes posteriores ajenas a este proceso.

TERCERO.- 1.Debemos resolver ahora los dos motivos con pretensiones de revisión fáctica esgrimidos por la parte recurrente en su recurso de casación.

La primera de ellas (motivo primero) consiste en adicionar al ordinal decimoquinto de los hechos probados el siguiente texto:

"Asimismo, el programa software de gestión de las mercancías que sigue la operativa de transporte) es la propia de Carbó Collbatallé SLU y que usan las empresas cesionarias. Carbó Collbatallé sigue manteniendo como centros propios de distribución de mercancías el centro de explotación de salida y el de recepción de mercancías, a las que posteriormente derivan a los clientes que siguen permaneciendo en la cartera de clientes de Carbó Collbatallé SLU. Para ello, la cedente y las cesionarias celebran, al amparo de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, los contratos de carta de porte, en las que el cesionario (cargador) entrega físicamente las mercancías al porteador para su transporte. El porteador es el cesionario con quien se contrata el transporte, y que asume la obligación de llevarlo a cabo en nombre propio"

Lo primero que ha de decirse es que el recurrente invoca una pluralidad de documentos para apoyar su pretensión revisoria sin fundamentar uno a uno los distintos extremos fácticos que pretende introducir y refiriendo para cada uno de ellos los concretos documentos que la apoyan, lo que es por sí solo sería una causa de desestimación del motivo. En todo caso lo cierto es que los hechos que se pretenden introducir, dejando aparte cualquier asomo de valoración jurídica (en concreto el uso de los términos "cedente" y "cesionario" en cuanto puedan predeterminar la conclusión jurídica sobre la relación entre las empresas), se vienen a admitir como ciertos por las empresas impugnantes. Así el hecho relativo a la conservación de centros logísticos de Carbó Collbatallé no puede considerarse que sea controvertido, puesto que los recurridos admiten que Carbó Collbatallé sigue teniendo centros de distribución aunque haya externalizado las operaciones de transporte, siendo precisamente la unidad productiva constituida por los medios de transporte lo que ha sido objeto de transmisión entre empresas y de sucesión laboral según su posición. El hecho de que diversas empresas utilizan el mismo software para gestionar las mercancías también se admite en la impugnación de Carbó Collbatallé, por lo que se puede tener por acreditado al menos a efectos dialécticos, sin prejuzgar su relevancia en orden al fallo.

2.La segunda modificación fáctica pretendida (motivo segundo) consiste en adicionar un nuevo hecho probado del siguiente tenor:

"La empresa Transfrired SL ha comunicado por sendos escritos de fecha 14 de junio de 2025 a dos trabajadores del centro de trabajo de Sevilla, previamente subrogados de la plantilla de Carbó el 01 de enero de 2025, D. Octavio y D. Jesús Carlos una modificación sustancial de condiciones de trabajo con fecha de efectos de 01 de julio de 2025, debido a que Carbó Collbatallé SLU que sigue siendo propietario de las Rutas de transporte de mercancías ha decidido prescindir de este cesionario (Transfrired) a favor de otro proveedor elegido por Carbó, debido a que ha ofrecido mejores precios al cargador, lo que supone la necesidad de aplicar la Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo por cambio del horario según la nueva Ruta asignada y con probable cambio de domicilio"

Modificación que se rechaza por ampararse en los dos documentos presentados al amparo del artículo 233 LRJS que han sido rechazados por la Sala en el anterior fundamento jurídico.

3.Se desestiman por tanto todos los motivos de revisión fáctica.

CUARTO.- 1.El tercer motivo de casación, amparado, según se dice, en la letra e del artículo 207 LRJS, denuncia la vulneración de los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 97.2 de la LRJS y 34.1 de la Constitución, porque se afirma que se ha producido una incongruencia omisiva en la sentencia de la Audiencia Nacional al no haberse pronunciado sobre lo pedido en la demanda en relación con el carácter no ajustado a Derecho de la subrogación contractual producida. Efectivamente en el suplico de la demanda se pide:

- Que la sucesión de empresa invocada por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. no es ajustada a derecho.

- Que se declare el derecho del colectivo afectado a permanecer en la plantilla o reingreso a la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U.

- Que se declaren nulos los despidos realizados con fecha de efectos del 31 de diciembre de 2024 por esta causa, que se dejen sin efecto las subrogaciones operadas el 01 de enero de 2025 con las empresas subcontratistas codemandadas, y por ello, se reconozca el derecho de los trabajadores despedidos a permanecer en la plantilla y a reanudar sus relaciones laborales con Carbó Collbatallé, S.L.U., siendo reingresados, readmitidos en sus mismos puestos de trabajo, con efectos desde el día de efectos de la finalización de la relaciones laborales, condenado a las empresas demandadas a estar y pasar por dicha declaración.

2.Estamos en un proceso de impugnación de despido colectivo del artículo 124 LRJS en el que las únicas pretensiones que pueden esgrimirse son las relativas a la calificación del despido colectivo como ajustado a Derecho, no ajustado o Derecho, o nulo, con las consecuencias inherentes a dichos pronunciamientos ( sentencias de esta Sala Cuarta 687/2016 de 20 julio, rec. 303/2014; 615/2017 de 12 julio, rec. 20/2017; 879/2018 de 2 octubre, rec. 155/2017 ó 7/2019 de 9 de enero, rec. 108/2018). Por tanto no cabe acumular ni ejercer a través de este procedimiento una pretensión de impugnación de una subrogación contractual por entender la misma no amparada en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Ocurre que la sentencia de la Audiencia Nacional no ha admitido una acumulación de las indicadas acciones, que sería indebida, sino que, como expresa en el fundamento de Derecho cuarto de su sentencia, entiende que se ejercita una única acción (la de despido colectivo), para cuya decisión es preciso resolver una cuestión previa (la sucesión), de manera que aborda esa cuestión de manera limitada, solamente en tanto en cuanto es necesario su examen con carácter prejudicial para determinar la resolución de la impugnación del despido colectivo.

Ese criterio es conforme con la doctrina de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia de pleno 829/2017, de 24 de octubre, rec 107/2017 ( precedida por otras como la de 18 de febrero de 2014, rec. 108/2013), en la cual se dice que "ciertamente, el objeto del proceso especial de impugnación de los despidos colectivos regulado por el art. 124 LRJS no permite que se acumulen otras acciones al mismo ( art. 26.1 LRJS) ", pero distingue la acumulación de acciones en sentido estricto (de despido colectivo y de subrogación empresarial), con el ejercicio de una única acción de despido colectivo para cuya resolución ha de resolverse previamente si se ha producido o no una sucesión de empresas.

Este mismo criterio lo ha seguido esta Sala Cuarta en sus sentencias 431/2019, de 31 de mayo, rec. 235/2018, 167/2020, de 21 de febrero, rec. 144/2019 ó 721/2024, de 22 de mayo, rec. 145/2023, en las que hemos venido a admitir que la cuestión de la sucesión de empresas o subrogación convencional sea analizada dentro del proceso de despido colectivo, pero solamente en su condición de cuestión previa de necesaria resolución para la decisión sobre la calificación del despido colectivo impugnado, cuando para ello "debe examinarse todo lo acaecido con anterioridad al despido, pero también los actos coetáneos e inmediatamente posteriores si en ellos aparece indiciariamente el fraude". Y en esa línea por ejemplo la sentencia de esta Sala Cuarta 174/2025, de 5 de marzo (rec 4728/2023), sin cuestionarse la acumulación indebida de acciones por considerar que estamos ante una mera cuestión previa, califica un despido colectivo en base a la inaplicación de las normas que imponen la sucesión de empresas, diciendo:

"A tal efecto, aunque nuestra jurisprudencia viene declarando el carácter constitutivo del despido y que produce la extinción del contrato desde su fecha y ha interpretado que se trataría de una resolución contractual extrajudicial de suerte que la referida extinción del contrato se produce en el momento del despido, y no cuando se dicta la sentencia que resuelva sobre su calificación jurídica [ SSTS de 27 de febrero de 2009 (Rcud. 1715/2008); de 10 de junio de 2009 (Rcud. 3098/2007); de 17 de mayo de 2000 (Rcud. 1791/1999) y de 21 de octubre de 2004 (Rcud. 4966/2002); entre otras] de tal doctrina, como regla, no puede derivarse la interpretación de que el referido carácter constitutivo del despido genere la extinción automática de las acciones que el trabajador despedido tenga y pueda y deba ejercitar oportunamente para acreditar, en su caso, que no debía haber sido despedido sino que tenía derecho a continuar prestando servicios en otra empresa que por sucesión, subrogación convencional o por otras causas, estuviera obligada a subrogarse en los contratos laborales de la anterior. De entenderse lo contrario, sería muy fácil eludir la subrogación convencional en los supuestos de sucesión de contratas si la empresa saliente despide a un trabajador momentos antes de cesar en la contrata y el trabajador que tuviera derecho a ser subrogado por el mero hecho de estar despedido, expresa o tácitamente, ya no pudiera dirigir también la demanda de despido contra la empresa entrante y pretender la subrogación convencional".

3.Por tanto no se produce incongruencia omisiva cuando la Audiencia Nacional resuelve lo relativo a la sucesión empresarial con el contenido estrictamente necesario para decidir sobre el despido colectivo que constituye el objeto del proceso. Si lo que pretende el recurrente es que se considere que ha acumulado dos acciones distintas, una de impugnación de despido colectivo y otra de impugnación de subrogación contractual, entonces esa acumulación sería inadmisible y debería haberse rechazado. Solamente en cuanto se ha interpretado su pretensión en el sentido indicado se ha analizado lo relativo a la subrogación, por lo que no puede pretenderse que debía haberse analizado plenamente, obviando la prohibición de acumulación.

4.En este caso la lógica es la inversa de la que subyace a las sentencias de esta Sala Cuarta anteriormente citadas, es decir, no se afirma la existencia de sucesión empresarial para cuestionar en base a la misma la licitud del despido colectivo, sino que se sostiene, bien al contrario, que la sucesión empresarial afirmada por las demandadas no es tal y por tanto debe considerarse inexistente, de manera que los trabajadores que han sido subrogados por las supuestas sucesoras deben computarse como parte del despido colectivo de la transmitente. La Audiencia Nacional ha rechazado tal argumentación razonando que los contratos de los trabajadores subrogados siguen vigentes y no se han extinguido, de manera que en ningún caso pueden computarse como extinciones a efectos del despido colectivo impugnado. Deja así en efecto imprejuzgada la cuestión relativa a la legalidad de esa subrogación, puesto que ha resuelto lo planteado solamente en la medida necesaria para decidir la cuestión previa a efectos de resolver sobre el despido colectivo impugnado y tal decisión procesal es correcta, sin prejuzgar aquí su corrección de fondo.

QUINTO.- 1.El cuarto motivo de casación, amparado en la letra e del artículo 207 LRJS, denuncia la infracción de los artículos 44 y 51 del Estatuto de los Trabajadores y 1205 del Código Civil, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencias de 18 de marzo de 1986, Spijkens, 24/85; de 11 de marzo de 1997, Süzen, C-13/95; de 20 de noviembre de 2003, Abler y otros, C-340/01, de 15 de diciembre de 2005, Guney-Gorres, C.232/04 y 233/04, sentencia de 19 de septiembre de 19956, Rygaard, C-4888/94 y sentencia de 6 de septiembre de 2011, Scattolon, C-108/10) y de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( sentencia de 19-06-2002, rec. 4225/2000).

Como explica el sindicato recurrente, "el tema de fondo se centra en la impugnación de una sucesión empresarial colectiva en el sector del transporte de mercancías por carretera, en la que la parte actora sostiene que no ha existido una transmisión de unidad productiva autónoma (UPA) conforme al art. 44 del ET, ya que la empresa cedente (Carbó) ha externalizado el servicio de transporte de mercancías, transmitiendo varias Rutas de transporte de forma compartida a distintas empresas subcontratistas (las diez codemandadas), afectando a las relaciones laborales de más de 72 trabajadores que ven como les cambian de empleador, sin haber acreditado una sola transmisión de una Unidad Productiva Autónoma".

Es decir, el recurrente insiste en la vía de impugnar dentro de este procedimiento de impugnación de despido colectivo la existencia de la sucesión empresarial que las empresas demandadas sostienen que se ha producido.

2.Dicha pretensión no puede ser ni siquiera analizada en este recurso, porque implicaría admitir una acumulación indebida de acciones, como ya hemos expuesto. La cuestión de la subrogación contractual solamente puede ser analizada en este procedimiento como cuestión previa para decidir sobre la existencia y calificación del despido colectivo impugnado, no de forma autónoma. La sentencia de la Audiencia Nacional, al limitarse a razonar que la vigencia de los contratos de los trabajadores objeto de subrogación excluía su cómputo como parte de un despido colectivo dio una respuesta adecuada y suficiente a la cuestión, que además implica dejar imprejuzgada la licitud de la subrogación convencional para que pueda se planteada, como pretensión autónoma, en un procedimiento separado individual o colectivo.

El sindicato recurrente, con este planteamiento, omite cuestionar la ratio decidendi de la sentencia de la Audiencia Nacional en este punto. La Audiencia Nacional no se pronuncia sobre la licitud de la subrogación y si estamos ante un supuesto de sucesión de empresas en el que la mutación subjetiva del contrato de trabajo opere ope legis, sino que deja esa cuestión imprejuzgada y se limita a decir que en todo caso no se ha producido una extinción contractual computable a efectos de un despido colectivo. Y ese pronunciamiento no se cuestiona en este motivo con argumentos específicamente dirigidos al mismo por el sindicato recurrente.

SEXTO.- 1.El quinto motivo de casación, amparado en la letra e del artículo 207 LRJS, no denuncia la vulneración de ninguna norma concreta ni de jurisprudencia, sino que se acoge al criterio formulado por un voto particular a la sentencia de 30 de abril de 2002, rec. 3007/2000, en el que se impugnó la subrogación impuesta a los trabajadores de una empresa cuando no concurría un supuesto determinante de la sucesión de empresas. Dice que en aquel voto particular se vino a establecer que "una cesión de contrato con la oposición del trabajador es un despido improcedente" y "de una novación subjetiva del contrato de trabajo sólo podría hablarse si se aceptara la existencia de una sucesión de empresa en los términos del artículo 44 de los Estatuto de los Trabajadores". Aunque el recurrente habla de "la Jurisprudencia contenida en dicho voto particular en sus fundamentos TERCERO y CUARTO", lo cierto es que la fundamentación de un voto particular no constituye doctrina jurisprudencial invocable.

Ello determina la ineludible desestimación del motivo de recurso por su falta de fundamentación en norma o jurisprudencia.

2.No obstante y en aras a aclarar la doctrina de la Sala, podemos recordar lo resuelto por esta Sala en su sentencia 120/2025, de 19 de febrero (rec. 185/2024). En aquel caso se presentó una demanda de impugnación colectiva de un despido colectivo sosteniendo que existía sucesión de empresas en el caso de finalización de una contrata, de manera que la empresa principal debía subrogarse en los contratos de 176 trabajadores de la contratista. Al no haberse subrogado se ejercía acción colectiva de impugnación del despido colectivo por la vía del art 124 LRJS, pero resultaba que la relación laboral de los trabajadores adscritos a la contrata finalizada no se había extinguido, sino que, pese a la finalización de la contrata, se mantenía con la empresa contratista y seguían dados de alta en la misma (aunque algunos en situación de suspensión por ERTE y otros con modificaciones sustanciales en sus condiciones laborales). Esta Sala entendió que la modalidad procesal de despido colectivo no podía aplicarse porque no se había producido una extinción de los contratos de trabajo y la negativa de la empresa principal a subrogarse no implicó la finalización de los contratos. Por tanto no había un despido colectivo, ni siquiera de manera tácita. Por ello la Sala estimó que se producía una inadecuación del procedimiento elegido, lo que dejaba imprejuzgada la cuestión de fondo sobre la existencia o no de sucesión de empresas y la eventual subrogación por parte de la empresa principal, de manera que los trabajadores conservaban su derecho a reclamar por los cauces procesales adecuados, colectivos o individuales.

En concreto dice aquella sentencia:

"Aunque el tenor literal del artículo 124 LRJS no lo diga con la necesaria claridad, resulta obvio que el objeto del proceso de impugnación colectiva por parte de los representantes de los trabajadores no es otro que la impugnación de una decisión extintiva empresarial que afecte a un número de trabajadores que supere los umbrales del artículo 51 ET.

Combatir la decisión extintiva empresarial de carácter colectivo, habiendo mediado o no el acuerdo con los representantes de los trabajadores constituye, por tanto, el objeto principal de la modalidad procesal que regula el artículo 124 LRJS. Ahora bien, hay ocasiones en que, por diversas circunstancias, la decisión empresarial no aparece manifestada en el acuerdo o de forma independiente. Se trata de supuestos en los que el despido se manifiesta a través del cierre de la empresa o habiendo prescindido absolutamente del procedimiento, o de manera fraudulenta en períodos sucesivos de noventa días. Son casos en los que estamos en presencia de despidos colectivos irregulares que se producen al margen de este procedimiento - prescindiendo, por ejemplo, del periodo de consultas- o incluso ocultando su carácter colectivo. Tales despidos también deben ser impugnados a través del artículo 124 LRJS. Tal como establece la STS de 25 de noviembre de 2013 (Rec. 52/2013) en el primer caso, estaríamos ante un despido colectivo irregular y en el segundo ante un "despido colectivo de hecho", que también podría calificarse en determinados casos como un despido fraudulento. La decisión extintiva colectiva podría manifestarse, al igual que sucede con la individual, como un "despido tácito" -el mero cierre de la empresa, por ejemplo- que, por lo demás, no deja de ser una manifestación del despido de hecho. Por ello, el despido colectivo irregular por omisión del periodo de consultas puede ser impugnado a través de la modalidad del art. 124, pues expresamente se menciona tal supuesto como causa de esta impugnación en el apartado b) del número 2 del artículo citado.

2.- Ahora bien, presupuesto inexcusable para que cualquier pretensión pueda ser canalizada a través del procedimiento del artículo 124 LRJS resulta ser, sin duda, que se hayan producido extinciones del contrato de trabajo, ya que sin ellas no puede apreciarse que estemos en presencia de despido alguno. A tal cuestión tuvimos ocasión de referirnos en la STS 1188/2023, de 19 de diciembre (Rcud. 1155/2022) en la que afirmamos con rotundidad que el despido requiere voluntad extintiva que exige una decisión del empresario, expresa o tácita de dar por extinguido el contrato de trabajo y, a falta de esta -a la que no puede asimilarse el hecho de que, tras la pérdida de una contrata la empresa empleadora haya procedido a tramitar una reducción de jornada-, la modalidad procesal de despido no es la adecuada para el examen de dicha situación. Añadiendo que la conducta empresarial no puede equipararse a un despido tácito puesto que resulta evidente la voluntad de mantener la prestación de servicios.

Lo mismo ocurre en el supuesto que examinamos en el que no se ha constatado ruptura de vínculo contractual ninguno. KONECTA ha seguido manteniendo en alta a todos los trabajadores afectados, y ha seguido garantizando el intercambio de prestación de servicios y salarios. No existe, por tanto, despido de clase alguna. La demandante equipara la negativa de la TGSS a la subrogación de los trabajadores adscritos a la contrata a un despido colectivo de hecho. Tal razonamiento podría ser aceptado si la empresa saliente hubiese procedido a la extinción de los contratos expresa o tácitamente; pero tal circunstancia no ha ocurrido porque los trabajadores afectados siguen prestando servicios en su empresa empleadora. La pretensión actora podría ser entendida como la petición de que se declare el derecho de los trabajadores que prestaban servicios en la contrata a ser subrogados por la TGSS. Esta pretensión legítima -sin perjuicio de las cuestiones relativas a la legitimación actora, de su fundamentación jurídica y, en consecuencia, de su éxito o fracaso-, debería canalizarse a través del procedimiento ordinario; en cuyo caso, la competencia no sería de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, sino de los Juzgados de lo Social; pero no puede ser examinada en un proceso de despido colectivo porque, como se reitera, falta el elemento esencial y básico de la colectiva extinción contractual que no se ha producido".

3.Es cierto que a priori la negativa de una concreta empresa a reconocer la vigencia de su relación laboral con un trabajador puede considerarse una extinción. Esta Sala incluso ha aceptado en su momento la existencia de un despido en supuestos de sucesión de empresas por el hecho de que la empresa sucesora se niegue a reconocer la existencia de sucesión, pese a mantener contratado al trabajador en virtud de un nuevo contrato que considera distinto al anterior a la sucesión ( sentencias de esta Sala Cuarta de 28 de abril de 2009, rcud 4614/2007, 23 de octubre de 2009, rcud 2684/2008, ó 7 de diciembre de 2009, rcud 2686/2008).

Sin embargo en esos casos existe una negativa de la empresa a reconocer la vigencia de un determinado contrato de trabajo, lo que aquí no sucede. Lo que ocurre en este caso, al igual que en el resuelto por esta Sala en su sentencia 120/2025, de 19 de febrero (rec. 185/2024), es que las empresas demandadas no niegan la vigencia del mismo vínculo preexistente, sino que la controversia se ciñe exclusivamente a determinar con qué empleador debe entenderse trabado el mismo. De esta manera, si no existe negativa empresarial a reconocer la vigencia del mismo contrato y solamente se cuestiona la determinación del sujeto que debe ocupar la posición de empleador, no estamos ante una extinción del contrato. Ello implica por un lado que dicha situación no computa a efectos del artículo 51 ET, ni queda comprendido en el perímetro del despido colectivo para su tratamiento conjunto. Por otra parte, al no encontrarnos ante un despido colectivo, la acción colectiva no puede ser ejercitada por el cauce procesal del artículo 124 LRJS, que es inadecuado para ello.

SÉPTIMO.- 1.El sexto motivo de casación, amparado en la letra e del artículo 207 LRJS, denuncia la infracción del artículos 44.9 del Estatuto de los Trabajadores, alegando igualmente la vulneración del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Se dice aquí que la empresa Carbó Collbatallé debió haber abierto un periodo de consultas y negociación con la representación de los trabajadores tanto si estamos en el ámbito del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores como si estamos en el ámbito del artículo 44 de dicha norma legal, por cuanto el artículo 44.9 ET dice:

"El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la transmisión, medidas laborales en relación con sus trabajadores vendrá obligado a iniciar un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores sobre las medidas previstas y sus consecuencias para los trabajadores. Dicho periodo de consultas habrá de celebrarse con la suficiente antelación, antes de que las medidas se lleven a efecto. Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Cuando las medidas previstas consistieren en traslados colectivos o en modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, el procedimiento del periodo de consultas al que se refiere el párrafo anterior se ajustará a lo establecido en los artículos 40.2 y 41.4"

Ocurre que si no estamos ante un despido colectivo (o el despido colectivo no incluye a los trabajadores cuyo contrato no se ha extinguido) la cuestión de fondo relativa a la sucesión de empresas no ha quedado resuelta ni se podía resolver en el proceso de instancia, quedando imprejuzgada y abierta para, en su caso, ser planteada en un proceso adecuadamente instrumentado. Y esa falta de resolución comprende la decisión sobre si estamos ante un supuesto de sucesión empresarial que tuviera efectos ope legiso ante un supuesto de imposición de la subrogación sin amparo normativo para ello, pero también, aún en caso de que se apreciase que concurre un supuesto de sucesión de empresas, sobre si se han respetado las exigencias procedimentales de la misma acerca de la información y consulta de los trabajadores y los efectos que un eventual incumplimiento pudiera tener sobre la validez de dicha sucesión.

No es este el procedimiento en que tales extremos se puedan discutir y resolver, como ya se ha explicado.

OCTAVO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, conduce a desestimar el recurso de casación.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.