Sentencia Social 1165/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 115/2024 de 02 de diciembre del 2025

PRIMERO.- 1.La representación letrada de la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALLEGA (CIG) ha formulado el presente recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 27 de octubre de 2023 (CC- 21/2023) que estimó la excepción procesal de inadecuación de procedimiento, absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas en la demanda. En ella se solicitaba que, en el ámbito del conflicto -las empresas del grupo EROSKI de la provincia de A Coruña-, el convenio sectorial de referencia a los efectos del art. 1.9 y de la Disposición Transitoria 6ª del RD Ley 32/2021, de 28 de diciembre, debe ser el convenio colectivo del comercio de alimentación de la provincia de Coruña, y que la parte empresarial debe aplicar, con efectos del 01 de enero de 2023, los conceptos económicos de dicho convenio provincial con carácter de derecho mínimo necesario, así como que se declare que el nivel mínimo salarial debe ser el nivel retributivo del grupo III de dicho convenio que corresponda en función del tiempo de antigüedad en la empresa.

2.El recurso se articula a través de un único motivo, al amparo del apartado b) del artículo 207 LRJS en el que la recurrente entiende que se ha estimado indebidamente la excepción de inadecuación de procedimiento infringiendo con ello los artículos 153 LRJS, 411 LEC y 24 CE; todos ellos con relación a la STS 219/2021, de 23 de febrero (rec. 149/2019). Argumenta que la demanda de conflicto colectivo se interpuso el 06/06/2023 y el acuerdo de modificación del convenio colectivo del Grupo Eroski que estableció como marco sectorial de referencia a los efectos del RD ley 32/2021 el convenio colectivo del sector de grandes almacenes es de 30/06/2023, publicándose en el mes de septiembre; por lo que, a fecha de interponerse la demanda, no había otra modalidad procesal distinta del conflicto colectivo, pues dicha modificación aún no existía. Sostiene, igualmente, que -en todo caso- el convenio de referencia sería el solicitado en la demanda.

3.El recurso ha sido impugnado de contrario argumentando que en la demanda se pretende la aplicación del convenio colectivo del sector de comercio de alimentación de la provincia de Coruña, impugnando directamente la validez del acuerdo que se estaba negociando en el seno de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo de supermercados del Grupo Eroski, que cristalizó en el establecimiento como convenio colectivo sectorial de referencia a los efectos del RD Ley 32/2021 el de grandes almacenes. Pero dicho acuerdo no se alcanzó hasta el 30/06/2023, por lo que a fecha de la presentación de la demanda no existía conflicto colectivo alguno. A lo que debe unirse que dicho acuerdo, en cuanto a la referencia sectorial al convenio colectivo de grandes almacenes, tiene una dimensión necesariamente estatal, no pudiendo limitar el ámbito objetivo de un posible conflicto colectivo derivado de su aplicación a una provincia o comunidad autónoma, toda vez que el ámbito real e inherente de la cuestión debatida excede del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe, aboga por la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.La sentencia recurrida estima la excepción de inadecuación de procedimiento, con el argumento que no se trata de un litigio sobre la aplicación o interpretación de un convenio colectivo, sino de la puesta en cuestión de la validez de un convenio colectivo, en concreto de la Disposición Adicional 1ª del Convenio Colectivo del Grupo Eroski, con relación a los artículos 1.9 y Disposición Transitoria 6ª del RDL 32/2021.

A tales efectos importa recordar tanto la petición contenida en el suplico de la demanda, así como la literalidad de las normas a las que hace referencia dicha pretensión. Así, los demandantes solicitan que en el ámbito del conflicto -las empresas del grupo EROSKI de la provincia de A Coruña-, el convenio sectorial de referencia a los efectos del art. 1.9 y de la Disposición Transitoria 6ª del RD Ley 32/2021, de 28 de diciembre, debe ser el convenio colectivo del comercio de alimentación de la provincia de Coruña, reclamando, al efecto, las consecuencias que de ello se derivarían.

A través del artículo 1.9 del RDL 32/2021, se modificó la literalidad del artículo 84.2 ET que quedó redactado, en la versión vigente ahora, en los siguientes términos: «La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias: a) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos. b) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones. c) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de las personas trabajadoras. d) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los convenios de empresa. e) Las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. f) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2».

Por su parte, la Disposición Transitoria sexta del reiterado RDL 32/2021 dispuso lo siguiente: «1. Sin perjuicio de la preferencia aplicativa dispuesta en el artículo 84.1, la modificación operada en el apartado 2 de dicho precepto por el presente real decreto-ley resultará de aplicación a aquellos convenios colectivos suscritos y presentados a registro o publicados con anterioridad a su entrada en vigor una vez que estos pierdan su vigencia expresa y, como máximo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. 2. Las modificaciones operadas en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores no podrán tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras. 3. Los textos convencionales deberán adaptarse a las modificaciones operadas en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores por la presente norma en el plazo de seis meses desde que estas resulten de aplicación al ámbito convencional concreto, de conformidad con lo previsto en el apartado primero de esta disposición. Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1. Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado».

2.Tal como señala la STS 219/2021, de 23 de febrero (rec. 149/2019), la inadecuación de procedimiento es un defecto procesal consistente en la infracción de la norma imperativa determinante de la clase de procedimiento a seguir. El artículo 102.2 LRJS establece que «si en cualquier momento desde la presentación de la demanda se advirtiere la inadecuación del procedimiento seguido, se procederá a dar al asunto la tramitación que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas». Por tanto, la inadecuación de procedimiento supone que otra modalidad procesal es adecuada para examinar la pretensión ejercitada en ese pleito. La consecuencia es que el tribunal deberá tramitar el procedimiento conforme a la modalidad procesal idónea, si ello es posible. En caso contrario, se estima la excepción de inadecuación de procedimiento y la parte actora podrá interponer una segunda demanda por el cauce procesal adecuado, reclamando el mismo derecho. Es decir, no produce el efecto de cosa juzgada porque deja imprejuzgado el fondo del asunto.

La diferencia entre las modalidades procesales cuya aplicación aquí se controvierte consiste en que, mientras que en la modalidad de impugnación de convenios la pretensión cuestiona que la norma convencional sea conforme a derecho o bien que provoque un efecto pernicioso para terceros -impugnación por ilegalidad o por lesividad respectivamente-; en el proceso de conflictos colectivos no se cuestiona la validez de la norma sino que lo que se impugna es la interpretación o la aplicación que de la misma efectúa la contraparte. A través del proceso de conflictos colectivos se tramitarán -tal como establece expresamente el artículo 153.1 LRJS, las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores, o de un colectivo susceptible de determinación individual que versen sobre la aplicación o interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa o una decisión individual de efectos colectivos. Mientras que en aquel proceso especial lo que se impugna es la legalidad del convenio; en la modalidad seguida por la parte demandante lo que se pretende es una interpretación o una aplicación diferente de una norma o normas cuya validez no se pone en cuestión.

3.En el asunto que nos ocupa, la parte actora sostiene con fundamento en una afirmación de esta Sala según la que, desde el punto de vista de la jerarquía normativa, todos los convenios tienen el mismo rango independientemente de su ámbito de aplicación ( STS -pleno- de 22 de diciembre de 2014, rec. 264/2014), que estando vigente el Convenio Colectivo del grupo EROSKI en la provincia de A Coruña y no existiendo un convenio sectorial de supermercados no puede establecerse como convenio referente, a efectos de dirimir las preferencias aplicativas y la concurrencia de convenios, otra normativa convencional de un ámbito más extenso (en, concreto, el Convenio Colectivo de grandes almacenes), toda vez que existen convenios colectivos sectoriales de ámbitos provinciales que tienen un encaje funcional perfecto con el convenio del reseñado grupo empresarial (en el caso, el convenio colectivo del sector de comercio de alimentación de la provincia de A Coruña).

Con esta argumentación y fundamentación jurídica la pretensión ejercitada a través del conflicto colectivo es la reiteradamente reseñada en esta resolución derivada de la literalidad de la demanda: que, a diferencia de lo que entienden las demandadas, el marco convencional de referencia a los efectos del nuevo artículo 84.2 ET y de la Disposición Transitoria 6ª del RDL 32/2021 (concurrencia y preferencia aplicativa de convenios) se el Convenio colectivo de comercio de alimentación de la Provincia de A Coruña y no el Convenio Colectivo estatal de grandes almacenes. De ello se deriva con claridad que -en contra de lo que sostiene la sentencia recurrida- los actores no cuestionen la validez de ninguno de los convenios implicados. Lo que pretende la demanda es que, por el órgano judicial competente, se determine cual resulta ser el convenio de aplicación en el ámbito del conflicto de conformidad con las previsiones del artículo 84.2 ET y de la DT 6ª del RDL 32/2021.

La consecuencia de todo ello resulta ser que la modalidad elegida era la correcta por lo que el procedimiento seguido resulta ser el adecuado lo que determina que la excepción de inadecuación de procedimiento nunca debió ser estimada y que la sentencia recurrida debió entrar y resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda, sobre las que la Sala no puede entrar al haberse limitado el debate en casación a la única cuestión de la adecuación o no del procedimiento.

CUARTO.-Procede, por tanto, tal como interesa el informe del Ministerio Fiscal, la estimación del recurso y la consiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida, con devolución de las actuaciones al Tribunal de procedencia para que -con plena libertad de criterio- dicte sentencia en la que resuelva las pretensiones contenidas en la demanda. Sin que la Sala, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 235 LRJS, deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.

PRIMERO.- 1.La representación letrada de la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALLEGA (CIG) ha formulado el presente recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 27 de octubre de 2023 (CC- 21/2023) que estimó la excepción procesal de inadecuación de procedimiento, absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas en la demanda. En ella se solicitaba que, en el ámbito del conflicto -las empresas del grupo EROSKI de la provincia de A Coruña-, el convenio sectorial de referencia a los efectos del art. 1.9 y de la Disposición Transitoria 6ª del RD Ley 32/2021, de 28 de diciembre, debe ser el convenio colectivo del comercio de alimentación de la provincia de Coruña, y que la parte empresarial debe aplicar, con efectos del 01 de enero de 2023, los conceptos económicos de dicho convenio provincial con carácter de derecho mínimo necesario, así como que se declare que el nivel mínimo salarial debe ser el nivel retributivo del grupo III de dicho convenio que corresponda en función del tiempo de antigüedad en la empresa.

2.El recurso se articula a través de un único motivo, al amparo del apartado b) del artículo 207 LRJS en el que la recurrente entiende que se ha estimado indebidamente la excepción de inadecuación de procedimiento infringiendo con ello los artículos 153 LRJS, 411 LEC y 24 CE; todos ellos con relación a la STS 219/2021, de 23 de febrero (rec. 149/2019). Argumenta que la demanda de conflicto colectivo se interpuso el 06/06/2023 y el acuerdo de modificación del convenio colectivo del Grupo Eroski que estableció como marco sectorial de referencia a los efectos del RD ley 32/2021 el convenio colectivo del sector de grandes almacenes es de 30/06/2023, publicándose en el mes de septiembre; por lo que, a fecha de interponerse la demanda, no había otra modalidad procesal distinta del conflicto colectivo, pues dicha modificación aún no existía. Sostiene, igualmente, que -en todo caso- el convenio de referencia sería el solicitado en la demanda.

3.El recurso ha sido impugnado de contrario argumentando que en la demanda se pretende la aplicación del convenio colectivo del sector de comercio de alimentación de la provincia de Coruña, impugnando directamente la validez del acuerdo que se estaba negociando en el seno de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo de supermercados del Grupo Eroski, que cristalizó en el establecimiento como convenio colectivo sectorial de referencia a los efectos del RD Ley 32/2021 el de grandes almacenes. Pero dicho acuerdo no se alcanzó hasta el 30/06/2023, por lo que a fecha de la presentación de la demanda no existía conflicto colectivo alguno. A lo que debe unirse que dicho acuerdo, en cuanto a la referencia sectorial al convenio colectivo de grandes almacenes, tiene una dimensión necesariamente estatal, no pudiendo limitar el ámbito objetivo de un posible conflicto colectivo derivado de su aplicación a una provincia o comunidad autónoma, toda vez que el ámbito real e inherente de la cuestión debatida excede del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe, aboga por la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.La sentencia recurrida estima la excepción de inadecuación de procedimiento, con el argumento que no se trata de un litigio sobre la aplicación o interpretación de un convenio colectivo, sino de la puesta en cuestión de la validez de un convenio colectivo, en concreto de la Disposición Adicional 1ª del Convenio Colectivo del Grupo Eroski, con relación a los artículos 1.9 y Disposición Transitoria 6ª del RDL 32/2021.

A tales efectos importa recordar tanto la petición contenida en el suplico de la demanda, así como la literalidad de las normas a las que hace referencia dicha pretensión. Así, los demandantes solicitan que en el ámbito del conflicto -las empresas del grupo EROSKI de la provincia de A Coruña-, el convenio sectorial de referencia a los efectos del art. 1.9 y de la Disposición Transitoria 6ª del RD Ley 32/2021, de 28 de diciembre, debe ser el convenio colectivo del comercio de alimentación de la provincia de Coruña, reclamando, al efecto, las consecuencias que de ello se derivarían.

A través del artículo 1.9 del RDL 32/2021, se modificó la literalidad del artículo 84.2 ET que quedó redactado, en la versión vigente ahora, en los siguientes términos: «La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias: a) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos. b) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones. c) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de las personas trabajadoras. d) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los convenios de empresa. e) Las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. f) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2».

Por su parte, la Disposición Transitoria sexta del reiterado RDL 32/2021 dispuso lo siguiente: «1. Sin perjuicio de la preferencia aplicativa dispuesta en el artículo 84.1, la modificación operada en el apartado 2 de dicho precepto por el presente real decreto-ley resultará de aplicación a aquellos convenios colectivos suscritos y presentados a registro o publicados con anterioridad a su entrada en vigor una vez que estos pierdan su vigencia expresa y, como máximo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. 2. Las modificaciones operadas en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores no podrán tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras. 3. Los textos convencionales deberán adaptarse a las modificaciones operadas en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores por la presente norma en el plazo de seis meses desde que estas resulten de aplicación al ámbito convencional concreto, de conformidad con lo previsto en el apartado primero de esta disposición. Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1. Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado».

2.Tal como señala la STS 219/2021, de 23 de febrero (rec. 149/2019), la inadecuación de procedimiento es un defecto procesal consistente en la infracción de la norma imperativa determinante de la clase de procedimiento a seguir. El artículo 102.2 LRJS establece que «si en cualquier momento desde la presentación de la demanda se advirtiere la inadecuación del procedimiento seguido, se procederá a dar al asunto la tramitación que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas». Por tanto, la inadecuación de procedimiento supone que otra modalidad procesal es adecuada para examinar la pretensión ejercitada en ese pleito. La consecuencia es que el tribunal deberá tramitar el procedimiento conforme a la modalidad procesal idónea, si ello es posible. En caso contrario, se estima la excepción de inadecuación de procedimiento y la parte actora podrá interponer una segunda demanda por el cauce procesal adecuado, reclamando el mismo derecho. Es decir, no produce el efecto de cosa juzgada porque deja imprejuzgado el fondo del asunto.

La diferencia entre las modalidades procesales cuya aplicación aquí se controvierte consiste en que, mientras que en la modalidad de impugnación de convenios la pretensión cuestiona que la norma convencional sea conforme a derecho o bien que provoque un efecto pernicioso para terceros -impugnación por ilegalidad o por lesividad respectivamente-; en el proceso de conflictos colectivos no se cuestiona la validez de la norma sino que lo que se impugna es la interpretación o la aplicación que de la misma efectúa la contraparte. A través del proceso de conflictos colectivos se tramitarán -tal como establece expresamente el artículo 153.1 LRJS, las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores, o de un colectivo susceptible de determinación individual que versen sobre la aplicación o interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa o una decisión individual de efectos colectivos. Mientras que en aquel proceso especial lo que se impugna es la legalidad del convenio; en la modalidad seguida por la parte demandante lo que se pretende es una interpretación o una aplicación diferente de una norma o normas cuya validez no se pone en cuestión.

3.En el asunto que nos ocupa, la parte actora sostiene con fundamento en una afirmación de esta Sala según la que, desde el punto de vista de la jerarquía normativa, todos los convenios tienen el mismo rango independientemente de su ámbito de aplicación ( STS -pleno- de 22 de diciembre de 2014, rec. 264/2014), que estando vigente el Convenio Colectivo del grupo EROSKI en la provincia de A Coruña y no existiendo un convenio sectorial de supermercados no puede establecerse como convenio referente, a efectos de dirimir las preferencias aplicativas y la concurrencia de convenios, otra normativa convencional de un ámbito más extenso (en, concreto, el Convenio Colectivo de grandes almacenes), toda vez que existen convenios colectivos sectoriales de ámbitos provinciales que tienen un encaje funcional perfecto con el convenio del reseñado grupo empresarial (en el caso, el convenio colectivo del sector de comercio de alimentación de la provincia de A Coruña).

Con esta argumentación y fundamentación jurídica la pretensión ejercitada a través del conflicto colectivo es la reiteradamente reseñada en esta resolución derivada de la literalidad de la demanda: que, a diferencia de lo que entienden las demandadas, el marco convencional de referencia a los efectos del nuevo artículo 84.2 ET y de la Disposición Transitoria 6ª del RDL 32/2021 (concurrencia y preferencia aplicativa de convenios) se el Convenio colectivo de comercio de alimentación de la Provincia de A Coruña y no el Convenio Colectivo estatal de grandes almacenes. De ello se deriva con claridad que -en contra de lo que sostiene la sentencia recurrida- los actores no cuestionen la validez de ninguno de los convenios implicados. Lo que pretende la demanda es que, por el órgano judicial competente, se determine cual resulta ser el convenio de aplicación en el ámbito del conflicto de conformidad con las previsiones del artículo 84.2 ET y de la DT 6ª del RDL 32/2021.

La consecuencia de todo ello resulta ser que la modalidad elegida era la correcta por lo que el procedimiento seguido resulta ser el adecuado lo que determina que la excepción de inadecuación de procedimiento nunca debió ser estimada y que la sentencia recurrida debió entrar y resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda, sobre las que la Sala no puede entrar al haberse limitado el debate en casación a la única cuestión de la adecuación o no del procedimiento.

CUARTO.-Procede, por tanto, tal como interesa el informe del Ministerio Fiscal, la estimación del recurso y la consiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida, con devolución de las actuaciones al Tribunal de procedencia para que -con plena libertad de criterio- dicte sentencia en la que resuelva las pretensiones contenidas en la demanda. Sin que la Sala, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 235 LRJS, deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.

PRIMERO.- 1.La representación letrada de la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALLEGA (CIG) ha formulado el presente recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 27 de octubre de 2023 (CC- 21/2023) que estimó la excepción procesal de inadecuación de procedimiento, absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas en la demanda. En ella se solicitaba que, en el ámbito del conflicto -las empresas del grupo EROSKI de la provincia de A Coruña-, el convenio sectorial de referencia a los efectos del art. 1.9 y de la Disposición Transitoria 6ª del RD Ley 32/2021, de 28 de diciembre, debe ser el convenio colectivo del comercio de alimentación de la provincia de Coruña, y que la parte empresarial debe aplicar, con efectos del 01 de enero de 2023, los conceptos económicos de dicho convenio provincial con carácter de derecho mínimo necesario, así como que se declare que el nivel mínimo salarial debe ser el nivel retributivo del grupo III de dicho convenio que corresponda en función del tiempo de antigüedad en la empresa.

2.El recurso se articula a través de un único motivo, al amparo del apartado b) del artículo 207 LRJS en el que la recurrente entiende que se ha estimado indebidamente la excepción de inadecuación de procedimiento infringiendo con ello los artículos 153 LRJS, 411 LEC y 24 CE; todos ellos con relación a la STS 219/2021, de 23 de febrero (rec. 149/2019). Argumenta que la demanda de conflicto colectivo se interpuso el 06/06/2023 y el acuerdo de modificación del convenio colectivo del Grupo Eroski que estableció como marco sectorial de referencia a los efectos del RD ley 32/2021 el convenio colectivo del sector de grandes almacenes es de 30/06/2023, publicándose en el mes de septiembre; por lo que, a fecha de interponerse la demanda, no había otra modalidad procesal distinta del conflicto colectivo, pues dicha modificación aún no existía. Sostiene, igualmente, que -en todo caso- el convenio de referencia sería el solicitado en la demanda.

3.El recurso ha sido impugnado de contrario argumentando que en la demanda se pretende la aplicación del convenio colectivo del sector de comercio de alimentación de la provincia de Coruña, impugnando directamente la validez del acuerdo que se estaba negociando en el seno de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo de supermercados del Grupo Eroski, que cristalizó en el establecimiento como convenio colectivo sectorial de referencia a los efectos del RD Ley 32/2021 el de grandes almacenes. Pero dicho acuerdo no se alcanzó hasta el 30/06/2023, por lo que a fecha de la presentación de la demanda no existía conflicto colectivo alguno. A lo que debe unirse que dicho acuerdo, en cuanto a la referencia sectorial al convenio colectivo de grandes almacenes, tiene una dimensión necesariamente estatal, no pudiendo limitar el ámbito objetivo de un posible conflicto colectivo derivado de su aplicación a una provincia o comunidad autónoma, toda vez que el ámbito real e inherente de la cuestión debatida excede del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe, aboga por la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.La sentencia recurrida estima la excepción de inadecuación de procedimiento, con el argumento que no se trata de un litigio sobre la aplicación o interpretación de un convenio colectivo, sino de la puesta en cuestión de la validez de un convenio colectivo, en concreto de la Disposición Adicional 1ª del Convenio Colectivo del Grupo Eroski, con relación a los artículos 1.9 y Disposición Transitoria 6ª del RDL 32/2021.

A tales efectos importa recordar tanto la petición contenida en el suplico de la demanda, así como la literalidad de las normas a las que hace referencia dicha pretensión. Así, los demandantes solicitan que en el ámbito del conflicto -las empresas del grupo EROSKI de la provincia de A Coruña-, el convenio sectorial de referencia a los efectos del art. 1.9 y de la Disposición Transitoria 6ª del RD Ley 32/2021, de 28 de diciembre, debe ser el convenio colectivo del comercio de alimentación de la provincia de Coruña, reclamando, al efecto, las consecuencias que de ello se derivarían.

A través del artículo 1.9 del RDL 32/2021, se modificó la literalidad del artículo 84.2 ET que quedó redactado, en la versión vigente ahora, en los siguientes términos: «La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias: a) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos. b) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones. c) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de las personas trabajadoras. d) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los convenios de empresa. e) Las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. f) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2».

Por su parte, la Disposición Transitoria sexta del reiterado RDL 32/2021 dispuso lo siguiente: «1. Sin perjuicio de la preferencia aplicativa dispuesta en el artículo 84.1, la modificación operada en el apartado 2 de dicho precepto por el presente real decreto-ley resultará de aplicación a aquellos convenios colectivos suscritos y presentados a registro o publicados con anterioridad a su entrada en vigor una vez que estos pierdan su vigencia expresa y, como máximo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. 2. Las modificaciones operadas en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores no podrán tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras. 3. Los textos convencionales deberán adaptarse a las modificaciones operadas en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores por la presente norma en el plazo de seis meses desde que estas resulten de aplicación al ámbito convencional concreto, de conformidad con lo previsto en el apartado primero de esta disposición. Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1. Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado».

2.Tal como señala la STS 219/2021, de 23 de febrero (rec. 149/2019), la inadecuación de procedimiento es un defecto procesal consistente en la infracción de la norma imperativa determinante de la clase de procedimiento a seguir. El artículo 102.2 LRJS establece que «si en cualquier momento desde la presentación de la demanda se advirtiere la inadecuación del procedimiento seguido, se procederá a dar al asunto la tramitación que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas». Por tanto, la inadecuación de procedimiento supone que otra modalidad procesal es adecuada para examinar la pretensión ejercitada en ese pleito. La consecuencia es que el tribunal deberá tramitar el procedimiento conforme a la modalidad procesal idónea, si ello es posible. En caso contrario, se estima la excepción de inadecuación de procedimiento y la parte actora podrá interponer una segunda demanda por el cauce procesal adecuado, reclamando el mismo derecho. Es decir, no produce el efecto de cosa juzgada porque deja imprejuzgado el fondo del asunto.

La diferencia entre las modalidades procesales cuya aplicación aquí se controvierte consiste en que, mientras que en la modalidad de impugnación de convenios la pretensión cuestiona que la norma convencional sea conforme a derecho o bien que provoque un efecto pernicioso para terceros -impugnación por ilegalidad o por lesividad respectivamente-; en el proceso de conflictos colectivos no se cuestiona la validez de la norma sino que lo que se impugna es la interpretación o la aplicación que de la misma efectúa la contraparte. A través del proceso de conflictos colectivos se tramitarán -tal como establece expresamente el artículo 153.1 LRJS, las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores, o de un colectivo susceptible de determinación individual que versen sobre la aplicación o interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa o una decisión individual de efectos colectivos. Mientras que en aquel proceso especial lo que se impugna es la legalidad del convenio; en la modalidad seguida por la parte demandante lo que se pretende es una interpretación o una aplicación diferente de una norma o normas cuya validez no se pone en cuestión.

3.En el asunto que nos ocupa, la parte actora sostiene con fundamento en una afirmación de esta Sala según la que, desde el punto de vista de la jerarquía normativa, todos los convenios tienen el mismo rango independientemente de su ámbito de aplicación ( STS -pleno- de 22 de diciembre de 2014, rec. 264/2014), que estando vigente el Convenio Colectivo del grupo EROSKI en la provincia de A Coruña y no existiendo un convenio sectorial de supermercados no puede establecerse como convenio referente, a efectos de dirimir las preferencias aplicativas y la concurrencia de convenios, otra normativa convencional de un ámbito más extenso (en, concreto, el Convenio Colectivo de grandes almacenes), toda vez que existen convenios colectivos sectoriales de ámbitos provinciales que tienen un encaje funcional perfecto con el convenio del reseñado grupo empresarial (en el caso, el convenio colectivo del sector de comercio de alimentación de la provincia de A Coruña).

Con esta argumentación y fundamentación jurídica la pretensión ejercitada a través del conflicto colectivo es la reiteradamente reseñada en esta resolución derivada de la literalidad de la demanda: que, a diferencia de lo que entienden las demandadas, el marco convencional de referencia a los efectos del nuevo artículo 84.2 ET y de la Disposición Transitoria 6ª del RDL 32/2021 (concurrencia y preferencia aplicativa de convenios) se el Convenio colectivo de comercio de alimentación de la Provincia de A Coruña y no el Convenio Colectivo estatal de grandes almacenes. De ello se deriva con claridad que -en contra de lo que sostiene la sentencia recurrida- los actores no cuestionen la validez de ninguno de los convenios implicados. Lo que pretende la demanda es que, por el órgano judicial competente, se determine cual resulta ser el convenio de aplicación en el ámbito del conflicto de conformidad con las previsiones del artículo 84.2 ET y de la DT 6ª del RDL 32/2021.

La consecuencia de todo ello resulta ser que la modalidad elegida era la correcta por lo que el procedimiento seguido resulta ser el adecuado lo que determina que la excepción de inadecuación de procedimiento nunca debió ser estimada y que la sentencia recurrida debió entrar y resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda, sobre las que la Sala no puede entrar al haberse limitado el debate en casación a la única cuestión de la adecuación o no del procedimiento.

CUARTO.-Procede, por tanto, tal como interesa el informe del Ministerio Fiscal, la estimación del recurso y la consiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida, con devolución de las actuaciones al Tribunal de procedencia para que -con plena libertad de criterio- dicte sentencia en la que resuelva las pretensiones contenidas en la demanda. Sin que la Sala, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 235 LRJS, deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.