Sentencia Social 228/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4467/2024 de 02 de marzo del 2026

PRIMERO.- Cuestión controvertida

1.-La cuestión planteada está centrada en determinar si en una familia monoparental la única progenitora que disfrutó de la prestación por nacimiento y cuidado del menor tiene derecho, además, a la prestación que le hubiera correspondido al otro progenitor de haber existido.

2.-Como hemos dicho en nuestra STS 50/2026 de 20 de enero (rcud 4438/2024) se trata de cuestión repetidamente examinada. Elementales razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación del Derecho nos llevan a trasladar al presente asunto los argumentos y solución desplegados por la STS 118/2025 (rcud. 878/2022 ), dictada por el Pleno de esta Sala y seguida por otras muchas como las SSTS 479/2025 de 27 mayo (rcud 4736/2023 ) y 610/2025 de 24 junio (rcud 89/2024 ); 1020/2025, de 22 de octubre (rcud 2993/2024 ); 1023/2025, de 22 de octubre (rcud 3306/2024 ); 1024/2025, de 22 de octubre (rcud 3423/2024 ) y las que en ellas se citan.

SEGUNDO.- Resumen de antecedentes

1.-La cuestión suscitada posee estricta dimensión jurídica, por lo que no son necesarios demasiados datos para comprender su alcance.

2.-La demandante en el presente procedimiento tuvo un hijo nacido el NUM000 de 2023.

El INSS le reconoció la prestación por nacimiento y cuidado el menor mediante resolución de fecha 12 de mayo de 2023, sobre una base reguladora diaria 149,85 porcentaje del 100% y por el periodo comprendido desde el NUM000 de 2023 a 22 de agosto 2023.

Frente a la anterior resolución se ha interpuesto reclamación previa solicitando fuese ampliada a 16 semanas más que fue desestimada por silencia administrativo.

3.-La sentencia 15/2024 de 19 de enero dictada por el Juzgado de lo Social nº23 de Madrid (autos 1252/2023) desestimó la demanda, por entender que carece de amparo normativo lo pretendido.

4.-Recurrida en suplicación dicha sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante sentencia 738/2024 de 19 de julio (rec 273/2024) , desestima el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, basándose en los mismos argumentos que la del Juzgado y en la doctrina unificada por la STS 169/2023 de 2 de marzo (rcud 3972/2020 ), cuya fundamentación reproduce.

5.-La representación y defensa letrada de la trabajadora demandante formaliza recurso de casación para la unificación de la doctrina interesando que se anule la sentencia de la indicada sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, por entender que quebranta la unidad de doctrina debiendo declarar existente el derecho a disfrutar del permiso ampliado.

Considera vulnerados principalmente los arts. 10.2, 14 y 39 de la Constitución. Invoca varias Directivas de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, diversos textos internacionales, y varios artículos del Código civil y legislación nacional especial sobre atención y protección de la infancia y adolescencia, e igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre otras, así como los 177 a 180 LGSS y como el 48.4 ET, entre otras normas.

6.-Ha presentado escrito de impugnación al recurso de casación para la unificación de la doctrina la Letrada de la Administración de la Seguridad Social alegando que conoce la STC de 6 noviembre 2024 , reconociendo el derecho a diez semanas adicionales, por lo que, si prospera, el recurso debería ser la ampliación máxima concedida.

7.-El Ministerio Fiscal, ha emitido el informe contemplado en el artículo 226.3 LRJS , considerando que concurre contradicción e inclinándose a favor de la estimación del recurso ante la doctrina acuñada por el Tribunal Constitucional ( STC 140/2024), seguida por esta Sala Cuarta en numerosas ocasiones, procediendo el reconocimiento de un permiso adicional de diez semanas.

TERCERO. - Análisis de la contradicción.

1.-Tanto por constituir un requisito de orden público, cuya concurrencia debemos controlar en todo caso, cuanto por haberse cuestionado en la impugnación al recurso, debemos comprobar si concurre la preceptiva contradicción entre las sentencias contrastadas.

Según la redacción aplicable al caso, el artículo 219 LRJS exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales".

La contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

2.-El recurso ha elegido como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de octubre de 2021 -rec. 620/2021 -.

El Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid había estimado la demanda de la actora, madre de una niña dentro de una familia monoparental que solicitó el reconocimiento de la prestación por nacimiento y cuidado de menor durante el periodo de 28 semanas en lugar de las 16 inicialmente reconocidas por la entidad gestora, desestimando la Sala el recurso de suplicación interpuesto por el INSS, argumentando que debe prevalecer el superior interés del menor de conformidad con lo establecido en el artículo 39 CE .

El criterio de la sentencia se fundamenta en el antecedente de una decisión del CGPJ avalando que una progenitora única acumule los permisos por nacimiento que la ley prevé para las familias biparentales y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 6 de octubre de 2020 dictada en un supuesto idéntico al enjuiciado. Concluye afirmando que prevaleciendo el interés del menor no puede ser tratado como de peor condición por el hecho de haber nacido en una familia monoparental.

3.-Tal y como ha informado el Ministerio Fiscal, consideramos concurrente la preceptiva contradicción, cumpliéndose las exigencias de los artículos 219 y 221 LRJS .

En ambos supuestos se trata de progenitoras de familias monoparentales que solicitan el reconocimiento del permiso por nacimiento y cuidado de menor con una extensión adicional a la inicialmente reconocida por la entidad gestora. Mientras que en la recurrida lo deniega, la de contraste lo reconoce; no siendo relevante a estos efectos los argumentos y fundamentos manejados por ambas resoluciones para justificar su decisión, pues la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

CUARTO.- Doctrina abandonada. Nueva doctrina con fundamento en la STC 140/2024, de 6 de noviembre (rec. 6694/2023 ).

1.-La sentencia de suplicación recurrida, de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, se ha basado en doctrina unificada de esta Sala Cuarta.

2.-La STS de Pleno 169/2023, de 2 de marzo (rcud 3972/2020 ) sostuvo que la solución que pueda darse a tal cuestión no sólo afecta al ámbito de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, sino que también producirá efectos en el ámbito de su relación contractual con el empleador, dado que para el disfrute de la prestación solicitada resultaría ineludible la ampliación de la duración de la suspensión del contrato de trabajo. Lo que nos llevó a razonar que la ampliación del permiso en las familias monoparentales, mediante la acumulación a la única progenitora existente de la totalidad o de una parte del periodo correspondiente al otro progenitor, implicaría varias consecuencias que interferirían sensiblemente en el vigente orden normativo establecido en los arts. 48.4 ET y 177 LGSS .

En primer lugar, porque supondría crear una prestación contributiva nueva en favor de los progenitores de familias monoparentales que, además, quedaría estrictamente limitada a la duplicación de la duración de esta, sin modificar los condicionantes específicos en materia de período de cotización previa o del régimen jurídico de su propia concesión o subsistencia, alterando la configuración diseñada por el legislador.

En segundo lugar, necesariamente, deberíamos modificar el régimen jurídico de la suspensión contractual por causa de nacimiento y cuidado de hijo que tan prolijamente establece el apartado 4 del artículo 48 ET , lo que, sin duda de clase alguna, afectaría al otro sujeto de la relación contractual que se vería obligado a soportar una duración mayor de la suspensión contractual prevista expresamente en la ley, lo que le afectaría en sus previsiones de sustitución o de reorganización de la empresa y que, a salvo de una intervención normativa ulterior, no le eximiría del cumplimiento de las obligaciones de cotización en materia de Seguridad Social.

Por ello concluía que una intervención de tal calibre dista mucho de lo que la organización constitucional del Estado encomienda a los jueces y tribunales. Su función es la aplicación e interpretación de la norma, pero no la creación del derecho. La intervención en el ordenamiento jurídico que exige una pretensión como la que se sostiene en el presente procedimiento sólo le corresponde al legislador, sin que la misma pueda ser suplida a través de resoluciones judiciales que vayan más allá de sus propias funciones jurisdiccionales, entre las que no se encuentran, desde luego, la modificación del régimen prestacional de la Seguridad Social, ni la modificación de la organización de la suspensión del contrato de trabajo por causas previstas en la ley, a través de la aplicación de criterios interpretativos concretos previstos legalmente que no se circunscriben a la aplicación de la norma en supuestos fácticos que, razonablemente, no parecen claramente delimitados en el ámbito de afectación de la norma interpretada.

3.-Con posterioridad a la antedicha sentencia del Pleno de esta Sala, la STC 140/2024, de 6 de noviembre ha declarado la inconstitucionalidad de los arts. 48.4 ET y 177 LGSS en cuanto impiden extender el permiso de nacimiento y cuidado de menor en supuestos de familia monoparental, con lo que ha venido a remover los obstáculos legales en los que se sustentaba la doctrina de esta Sala IV. Otras muchas sentencias constitucionales han reiterado esa conclusión.

Una vez declarada la inconstitucionalidad de tales preceptos legales estamos obligados a sentar una nueva doctrina en la materia, y resolver el presente asunto con base a lo establecido por el Tribunal Constitucional en su precitada sentencia, de conformidad con el criterio que en su ulterior aplicación ha plasmado en las posteriores SSTC 147/2024 , 149/2024 , 150/2024 , 151/2024 de 2 de septiembre ; 155/2024, de 16 de diciembre ; etc.

Como en estas últimas se explica, «pese al amplio margen de libertad en la configuración del sistema de Seguridad Social que nuestra Constitución reconoce al legislador, sin embargo, "una vez configurada una determinada herramienta de protección de las madres y los hijos ( art. 39 CE ), en este caso el permiso y la correspondiente prestación económica por nacimiento y cuidado de menor previstos, respectivamente, en los arts. 48.4 LET y 177 LGSS , su articulación concreta debe respetar las exigencias que se derivan del art. 14 CE y, por lo que se refiere a la cuestión suscitada, las derivadas de la prohibición de discriminación por razón de nacimiento expresamente prohibida por el art. 14 CE . Y es esto lo que el legislador no hace, al introducir -mediante su omisión- una diferencia de trato por razón del nacimiento entre niños y niñas nacidos en familias monoparentales y biparentales que no supera el canon más estricto de razonabilidad y proporcionalidad aplicable en estos casos, al obviar por completo las consecuencias negativas que produce tal medida en los niños y niñas nacidos en familias monoparentales.»

Tras lo que seguidamente razonan «Los arts. 48.4 LET y 177 LGSS , al no prever la posibilidad de que, en circunstancias como las que concurren en el presente caso, "las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, puedan ampliar su permiso por nacimiento y cuidado de hijo más allá de dieciséis semanas, disfrutando del permiso (y también de la correspondiente prestación económica de la Seguridad Social) que se reconocería al otro progenitor, en caso de existir, generan ex silentio una discriminación por razón de nacimiento de los niños y niñas nacidos en familias monoparentales, que es contraria al art. 14 CE , en relación con el art. 39 CE , en tanto esos menores podrán disfrutar de un período de cuidado de sus progenitores significativamente inferior a los nacidos en familias biparentales».

Para concluir definitivamente «debe estimarse la demanda y otorgar el amparo solicitado, con nulidad de las resoluciones impugnadas y, como concretamos en la referida STC 140/2024 , FJ 7, en tanto el legislador no lleve a cabo la consiguiente reforma normativa, en las familias monoparentales el permiso a que hace referencia el art. 48.4 LET , y la prestación regulada en el art. 177 LGSS , ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso del primer párrafo para la madre biológica (dieciséis semanas), el previsto en el segundo para progenitor distinto (diez semanas, al excluirse las seis primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto)».

QUINTO.- Resolución y pronunciamientos accesorios

1.-A la vista de cuanto antecede, conforme a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, debemos estimar en parte el recurso de casación unificadora interpuesto la demandante en ese proceso.

2.-Cumpliendo la misión que constitucional y legalmente nos está reservada ( artículos 123 y 152.1 CE ; artículo 219 LRJS ) debemos unificar las discrepantes doctrinas enfrentadas en el presente caso. Por las razones que hemos expuesto, consideramos acertada la contenida en la sentencia referencial.

3.-Además, en la resolución del Tribunal Constitucional se ha fijado el alcance y las consecuencias jurídicas que se desprenden de la declaración de inconstitucionalidad. De este modo, en tanto el legislador no se pronunció al respecto, en las familias monoparentales el permiso a que hace referencia el art. 48.4 LET , y en relación con el art.177 LGSS , ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso del primer párrafo para la madre biológica (dieciséis semanas), el previsto en el segundo para progenitor distinto (diez semanas, al excluirse las seis primeras).

En el caso de autos, la accionante interesa la prestación por nacimiento y cuidado de menor, incrementada en dieciséis semanas adicionales que corresponderían al otro progenitor al tratarse de una familia monoparental.

La sentencia referencial reconoce, en cambio, doce semanas.

Pues bien, tal y como hemos indicado se debe ampliar el permiso a diez semanas puesto que se excluyen las seis primeras, ya que necesariamente deben disfrutarse de forma interrumpida e inmediatamente posterior al parto, como precisa el INSS en el escrito de impugnación y también puntualiza el Ministerio Fiscal en su informe, lo que guarda plena coherencia con lo que ya hemos resuelto en STS 970/2025 de 21 octubre (rcud 4114/2023 ) y otras muchas.

Resolvemos de ese modo porque la doctrina del Tribunal Constitucional vincula a todos los órganos judiciales ( art.5 LOPJ ), sin que de ello derive incongruencia al adoptar una decisión que no concuerda con ninguna de las sentencias opuestas; también, porque, en el ámbito de casación unificadora, cuando no coincidamos exactamente con la tesis mantenida en las sentencias contrastadas, es posible que apliquemos la doctrina correcta, pues «superado el requisito de la contradicción, es evidente que esta Sala no queda obligada a aceptar una de las dos doctrinas formuladas por las sentencias comparadas», sino que «debe pronunciarse sobre la solución más ajustada a Derecho para el caso controvertido, que [...] establezca como doctrina unificada» ( STS Pleno 23 junio 2014, rcud 1257/2013 , seguida por otras muchas). Esta interpretación del papel que nos corresponde al resolver el recurso de casación unificadora ha sido considerada correcta por el Tribunal Constitucional, al destacar que tal proceder en manera alguna supone incongruencia, dada la naturaleza peculiar del recurso de casación para la unificación de doctrina. «Resulta claro que el Tribunal Supremo no tiene la carga de tener que optar por una de las dos opciones contrarias, pudiendo recrear una doctrina propia totalmente diferente de las mantenidas por los Tribunales inferiores», siempre que resuelva «el debate planteado en suplicación» ( STC 172/1994, de 7 junio ).

4.-Las precedentes consideraciones, abocan, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, a la estimación parcial del recurso de casación unificadora, casando y anulando la sentencia recurrida.

5.-Los términos en que está redactado el artículo 235.1 LRJS abocan a que no debamos realizar pronunciamiento alguno imponiendo el abono de las costas procesales.