Sentencia Social 229/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2/2025 de 02 de marzo del 2026

PRIMERO.- 1.La demanda de error judicial se dirige frente a la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Jerez de la Frontera que estimó la demanda de solicitud de extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador fundada en incumplimientos empresariales y condenó a las demandadas al abono de la indemnización por extinción de la relación laboral, así como de una cantidad en concepto de indemnización por daños.

La cantidad referida a la indemnización por extinción de la relación laboral se fijó en 159.026,36 euros, conforme a antigüedad no discutida y salario de 3.838,93 euros mensuales. La justificación de la cuantía de la indemnización por extinción se desprende de los hechos probados y fundamentos de la sentencia, en concreto de los siguientes extremos:

-Hecho probado primero, segundo párrafo: «El actor desde 8 de febrero de 2015 está sujeto a un contrato de trabajo de jubilación parcial, realizando un 25% de la jornada, percibiendo 8.746,41 e brutos al año o 728,86 € brutos al mes con prorrata de pagas extras. En la cláusula adicional 2ª del contrato de jubilación parcial se establece que "las partes acuerdan que, en caso de despido durante el periodo de jubilación parcial, el salario a efectos de cálculo de la indemnización será correspondiente al periodo anterior a la situación de jubilación parcial, es decir 3.838,93 € brutos mensuales"».

-Fundamento jurídico séptimo: «Dada la antigüedad del trabajador la indemnización se encuentra topada y asciende a 159.026,36 euros».

-Fundamento jurídico décimo: «El actor en juicio corrige el salario, dice que el salario mensual es de 3.838`93 €, ya que, conforme a la cláusula adicional segunda del contrato de jubilación, ese es el salario a efectos de despido, misma cuantía que de aplicarse en caso de extinción del artículo 50 ET».

El 27 de septiembre de 2024 el demandante solicitó la aclaración de la sentencia, lo que fue desestimado por auto de 2 de diciembre de 2024 que consideró que no existía error u omisión que tuviera que ser subsanado.

2.La sentencia fue recurrida únicamente por las empresas condenadas. La Sala de lo Social del TSJA dictó sentencia estimando en parte el recurso en el sentido de rechazar que el salario regulador a efectos de extinción de la relación laboral fuera el que se había fijado para caso de despido, y declaro que debía tomarse el salario realmente percibido que es el que constaba en la sentencia de instancia y que no fue discutido, fijado en 728,86 euros mensuales; en consecuencia fijó la indemnización por extinción de la relación laboral en la cantidad de 30.189,60 euros y la de indemnización por daños morales 8.746,41 euros.

La demanda se dirige frente a la sentencia de instancia. En el fundamento de derecho VI se dice que la sentencia del Juzgado incurrió en un evidente error al fijar el salario del actor en la cuantía de 728'86, al margen de toda prueba practicada, y sin motivar su decisión, cuando la prueba aportada por ambas partes al respecto es coincidente en el sentido de que el salario ascendía a la cantidad de 1.402,34 euros. No se discute por el demandante la decisión de la sentencia del TSJ que estimó que no procedía tomar el salario que en su día se había fijado para el caso de despido, sino que lo que pretende es que se considere que existe un error en la cuantía del salario que percibía el demandante que ha de tomarse como regulador a efectos de indemnización y que consta en el hecho probado primero de la sentencia de instancia. A tal fin menciona la existencia de documental de la que, a su juicio, se desprende que el salario regulador era de 1.402,34 euros, de lo que se deduce que la cuantía de la indemnización debió fijarse en 58.091,45 euros y la indemnización por daños morales en 16.828,08.

3.La empresa demandada, HEREDEROS DE ARGÜESO SA se opone a la demanda. En primer lugar, alega el incumplimiento del requisito procesal de agotamiento de los recursos procedentes, dado que no se recurrió en suplicación la sentencia de instancia. En segundo término, invoca la extemporaneidad de la demanda por haberse presentado más de tres meses después del momento en que pudo ejercitarse, asimismo alega que el incidente de nulidad tuvo un carácter meramente dilatorio y manifiestamente improcedente. En cuanto al fondo del asunto, estima que, al constar las nóminas y el contrato de trabajo, no puede considerarse que no se hubiera realizado análisis alguno de la prueba practicada.

El Abogado del Estado en su informe se opone a la demanda, en síntesis, por entender que no se agotaron los recursos procedentes frente a la sentencia y, que el demandante se aquietó al salario fijado. En cuanto al fondo del asunto, estima que la sentencia contiene en el fundamento de derecho séptimo la valoración del salario que percibía el demandante y que se fija en el hecho probado primero, a lo que se aquietó el demandante, que no solo no presentó recurso de suplicación, sino que tampoco hizo alegaciones al respecto en su escrito de impugnación del recurso.

El Ministerio Fiscal se opone a la demanda. Alega, en primer lugar, la falta de agotamiento de los recursos procedentes. En cuanto al fondo del asunto, estima que la sentencia no contiene error alguno, sino que lo que se pretende es una distinta interpretación jurídica.

SEGUNDO.- 1.El art. 121 de la Constitución (CE) consagra el derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley, por los daños causados por error judicial. La LOPJ desarrolla los requisitos para el reconocimiento de tal derecho en su art. 293. La demanda de error judicial da lugar a un procedimiento que tiene por objeto conseguir la declaración de la existencia de tal error a fin de percibir del Estado la correspondiente indemnización por los daños derivados del mal funcionamiento de la Administración de Justicia. El artículo 236.2 de la LRJS, por su parte, establece: «El proceso de error judicial, destinado a reparar el daño producido por una resolución firme errónea que carece de posibilidad de rectificación por la vía normal de los recursos, cuando sea competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se seguirá por los trámites y requisitos establecidos para la declaración de error judicial en los artículos 292 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las especialidades sobre depósitos, vista y costas establecidas para la revisión y sin que la apreciación del error pueda fundamentarse en pruebas distintas de las practicadas en las actuaciones procesales origen del mismo presunto error».

2.El artículo 293.1, a) de la LOPJ indica lo siguiente respecto del plazo de interposición de la demanda de reconocimiento de error judicial: «a) La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses, a partir del día en que pudo ejercitarse». La demanda ha sido presentada fuera del plazo de tres meses que se establece en el artículo 512 de la LEC por cuanto no cabe duda de que el dies a quo, en este caso, ha de fijarse a la fecha de la sentencia que se impugna (17 de noviembre de 2021), dado que el error que se imputa consta en su hecho probado primero y su fundamento décimo. Habiendo sido presentada la demanda de error judicial el día 4 de marzo de 2025, se incumple el plazo legal.

Por otro lado, la válida interposición de la demanda de revisión impone, no sólo que la sentencia sea firme en los términos previstos en los artículos. 207.2 LEC y 245.3 LOPJ, sino que además se hayan agotado previamente los recursos jurisdiccionales que la Ley prevé para que la sentencia pueda considerarse firme a efectos revisorios; único medio de garantizar la subsidiariedad del recurso de revisión. El artículo 293. 1, f) de la LOPJ establece: «f) No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento». En el caso que nos ocupa, la sentencia impugnada no fue recurrida en suplicación, así como tampoco lo fue en casación para la unificación de doctrina la dictada por la Sala de lo Social del TSJA. No puede acogerse los argumentos que se vierten en la demanda sobre el incumplimiento de ese requisito en cuanto a la suplicación porque el recurso de esta clase presentado por la empresa contenía la impugnación del salario regulador, de forma que es obvio que su estimación podría dar lugar a la aplicación del salario alternativo, por lo que la parte, para la defensa de su tesis, debería haber impugnado el hecho probado concreto en que tal salario se fijaba, lo que no hizo.

3.A la vista de lo razonado, resulta patente que la demanda incurre en defectos procesales que constituyen motivo de inadmisión. Recordemos que cualquier causa que pudiese motivar en su momento la inadmisión, una vez que se llega a la fase de sentencia queda transformada en causa de desestimación [por todas, STS 176/2025, de 11 de marzo (revisión 98/2024); 728/2024, de 22 de mayo (revisión 35/2023); 24/2024, de 9 de enero (revisión 2/2022)].

TERCERO.- 1.Los defectos procesales advertidos son motivo suficiente para la desestimación de la demanda. No obstante, en orden a agotar la respuesta al postulado de la demanda y garantizar la tutela judicial efectiva, debe partirse de la doctrina acuñada por la Sala relativa a los requisitos exigidos para que se aprecie la concurrencia de error judicial.

En este sentido, la sentencia antes citada, de 21 de marzo de 2023, que cita la STS de 2 de febrero de 2022 (Error 10/2020), en la que se dice: «Nuestra STS 9 julio 2015 (rec. 12/2014) ha recopilado la doctrina acerca del significado del error judicial en los siguientes términos: a) El error judicial no puede confundirse con cualquier equivocación o discrepancia en el establecimiento de los hechos y de la interpretación del Derecho. Por consiguiente, no toda posible equivocación en el establecimiento de los hechos o en la aplicación del Derecho es susceptible de calificarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especialmente cualificados. b) Es necesario establecer la frontera entre una interpretación posible, pero errónea, de la ley y un error judicial. Por ello, las meras interpretaciones erróneas son susceptibles de corregirse exclusivamente mediante los recursos ordinarios y extraordinarios. c) El concepto de error judicial, contemplado en el art. 121 de la Constitución y desarrollado en los arts. 292 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha de dimanar de una resolución judicial firme, injusta o equivocada, viciada de un error patente, indubitado e incontestable, o que incluso, haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas e irracionales. d) En todo caso, es preciso que tales errores hayan sido relevantes para la solución final dada a la contienda. e) Este proceso especial no es una nueva instancia en la que el recurrente insista en su criterio y petición que ya le fueron rechazados judicialmente con anterioridad. f) El error judicial sólo cabe en el supuesto de que se advierta una desatención del Juzgador a datos de carácter indiscutible por contradecir lo evidente o por incurrir en una aplicación del Derecho fundada en normas inexistentes o entendidas, de modo palmario, fuera de su sentido o alcance.

Asimismo, la STS 27 marzo 2015 (rec. 3/2014) subraya que «el concepto de error judicial contemplado en el art. 121 de la Constitución y desarrollado en los arts. 292 y siguientes de la LOPJ ha de dimanar de una resolución judicial firme, injusta o equivocada, viciada de un error patente, indubitado e incontestable, o que incluso, haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas e irracionales; y que "sólo un error craso, evidente e injustificado puede dar lugar a la declaración de error judicial, no siendo este proceso especial una nueva instancia en la que el recurrente insista en su criterio y petición que ya le fueron rechazados judicialmente con anterioridad, pues esta figura no se establece como un claudicante recurso de casación en el que vuelvan a cuestionarse la valoración de la prueba y la interpretación realizada por el juzgador de una norma jurídica, siempre que ésta, acertada o equivocada, obedezca a un proceso lógico". Criterio restrictivo expresivo de que el error judicial sólo se configura en el supuesto de que "se advierte una desatención del Juzgador a datos de carácter indiscutible por contradecir lo evidente o por incurrir en una aplicación del Derecho fundada en normas inexistentes o entendidas, de modo palmario, fuera de su sentido o alcance».

Tanto esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo cuanto la del artículo 61 LOPJ tiene declarado en múltiples ocasiones (por todas, sentencia de 31 de mayo de 2013) lo que sigue: «Para que un error judicial sea el error judicial a que se refiere el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, en consecuencia, deba ser declarado (expresamente reconocido, según la dicción del siguiente artículo 293), es preciso que reúna determinadas características. En los mencionados artículos, el legislador ha dispuesto un recurso excepcional -excepcional porque se dirige contra una resolución con autoridad de cosa juzgada- para hacer posible la reparación de los daños causados por esa resolución siempre que de forma incuestionable sea errónea, es decir, haya sido dictada con base en un error inexcusable. Una decisión y sus razones pueden ser discutibles. Las partes pueden discrepar oponiendo las suyas. Pero no por ello se está en presencia de un error. En lo que aquí interesa, no por ello una decisión judicial es errónea. Cabe discrepar -la discrepancia es natural en el ámbito de la aplicación del derecho-, pero las opiniones que se enfrentan (la que se convierte en decisión judicial y la que mantiene la parte) pueden ser razonables. La discrepancia con una decisión judicial no permite afirmar que esta sea errónea. Para que lo sea es necesario que la decisión resulte indefendible, que se base en un error que no admite justificación (en palabras de la sentencia de esta Sala de 7 de marzo de 2012, en "un error indisculpable y exento de toda lógica"). Ha de tratarse, como señala esta Sala en su sentencia de 19 de noviembre de 1998, que recoge las de 22 de febrero y 1 de marzo de 1996, de "una decisión judicial fuera del margen normal de divergencia en el juicio por implicar una desatención del juzgador a datos de carácter indiscutible».

De otro lado, es también imprescindible que ese error fundamente la decisión. El error descrito y la decisión judicial han de estar unidos causalmente: ese error ha de ser determinante, ha de ser el fundamento de la decisión. Sin esta relación causal, nada importa a los efectos de los artículos 292 y 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la existencia del error. Establecidos, pues, el error y su relación causal con la decisión judicial, el error judicial debe ser expresamente reconocido, esto es, debe ser declarado por el órgano jurisdiccional competente, sin que ello esté condicionado por la forma en que el error haya sido descubierto. No importa si está desvelado o si es desvelado. No importa si se aprecia de modo inmediato por estar visible, o se descubre después de un análisis, siempre que este sea cuidadoso al máximo a fin de que el órgano judicial que lo realiza (el órgano jurisdiccional competente para conocer las demandas por error) no concluya que existe error cuando se está ante una opinión razonable [En este preciso sentido, entre otras muchas: SSTS de 2 de febrero de 2022 ( Error 8/2020), ( Error 14/2020), 14 de diciembre de 2021 ( Error 8/2019)].

2.La cuestión que se plantea en el presente recurso debe circunscribirse, de acuerdo con la doctrina citada, a la determinación de si la sentencia incurre en error en los términos que son acordes con la naturaleza de este proceso.

La demanda de error judicial sostiene que la sentencia ha cometido un error por cuanto ha fijado, como salario percibido por el trabajador, una cantidad que no es correcta. Pues bien, tal alegación no es más que una discrepancia con la valoración que la sentencia hace de las pruebas aportadas, siendo así que el fundamento de derecho décimo contiene un razonamiento expreso sobre la cuantía que se fija en el hecho probado primero.

Como hemos dicho, la discrepancia que la parte manifiesta respecto del concreto hecho probado no permite afirmar que sea errónea. La decisión adoptada por la sentencia impugnada, no compartida por la parte actora, que puede discrepar legítimamente de ella, se mueve dentro de la lógica y de la interpretación de las pruebas aportadas y se ha tomado con pleno conocimiento y tras una argumentación suficiente, contenida en concreto en los fundamentos de derecho, sin que pueda apreciarse de ningún modo la existencia de un error craso y evidente, lo que conduce irremisiblemente a la desestimación de la demanda.

CUARTO.-Todo lo anterior implica, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal, abogado del Estado y recurridos, que la demanda debe desestimarse. El art. 293.1.d) LOPJ dispone que la sentencia resolviendo la demanda por error judicial es "definitiva, sin ulterior recurso". Sin que la Sala deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.