Sentencia Social 664/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 207/2023 de 02 de julio del 2025

PRIMERO.- 1.El litigio versa sobre la decisión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E SA (SEITTSA) de suprimir una póliza colectiva de seguro de vida que venían disfrutando determinados trabajadores, sustituyéndola por una póliza colectiva de accidentes para toda la plantilla. La cuestión principal es determinar si esta supresión constituye una modificación sustancial colectiva de condiciones de trabajo y, en consecuencia, si la empresa debería haber seguido el procedimiento establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para la indicada sustitución.

2.La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO.) demandó a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E SA (SEITTSA), habiéndose adherido a la demanda la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (UGT). En el suplico de la demanda se pide que se declare nula o, subsidiariamente, injustificada la decisión de la empresa demandada de suprimir el seguro de vida del personal de las autopistas de peaje R4, AP36 y AP41, pertenecientes al denominado "grupo de riesgo núm. 1" y que se condene a la demandada a reintegrar a los trabajadores/as a sus anteriores condiciones de trabajo, volviendo a suscribir las pólizas de sus seguros de vida para el año 2023.

La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional desestimó las excepciones de inadecuación de procedimiento y de incompetencia elevadas por la empresa demandada y, en relación con el fondo del asunto dijo:

Respecto a los trabajadores de la AP41 la Audiencia Nacional no consideró acreditado que este colectivo disfrutara de una póliza de seguro de vida, sino solo de una póliza colectiva de accidentes, que fue sustituida por una póliza general para toda la plantilla, sin que ni siquiera se considerase probado que las coberturas de la nueva póliza fueran inferiores, por lo que no consideró que se hubiera producido ninguna modificación sustancial y desestimó parcialmente la demanda en relación con este grupo de trabajadores.

Por el contrario, en relación con los trabajadores de las autopistas R4 y AP36 (colectivo conocido como "grupo de riesgo núm. 1"), la Audiencia Nacional declaró probado que venían disfrutando de una póliza de seguro de vida antes de la subrogación en sus contratos por SEITTSA en 2018 y que esta póliza se había renovado hasta finales de 2022, considerando que su supresión unilateral por la empresa, al no alegarse causa alguna para fundar aquella decisión, estaba injustificada, condenando a la demandada a reintegrar a este colectivo de trabajadores en las coberturas de la póliza referida.

3.SEITTSA recurre en casación ante esta Sala alegando los siguientes motivos:

a) Al amparo de la letra b del artículo 207 LRJS alega incompetencia e inadecuación de procedimiento.

b) Al amparo de la letra c del artículo 207 LRJS alega quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24.1 de la Constitución, por entender que se ha producido una "incongruencia extra petita" en la sentencia.

c) Al amparo de la letra d del artículo 207 LRJS instrumenta dos motivos de revisión de hechos probados.

d) Al amparo de la letra e del artículo 207 LRJS denuncia infracción del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

4.La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO.) presenta escrito de impugnación del recurso, oponiéndose a su estimación.

5.El Ministerio Fiscal informó en sentido contrario a la estimación del recurso de SEITTSA.

SEGUNDO.- 1.El primer motivo de casación, amparado en la letra b del artículo 207 LRJS, alega "incompetencia e inadecuación de procedimiento". El motivo no cita ninguna norma procesal reguladora del procedimiento o de la competencia que puedan haberse infringido y únicamente cita dos sentencias de Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia, que no constituyen jurisprudencia. El artículo 210.2 LRJS dice que en el escrito de interposición del recurso se expresarán por separado, con el necesario rigor y claridad, cada uno de los motivos de casación, por el orden señalado en el artículo 207, y que se debe mencionar "el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, así como, en el caso de invocación de quebranto de doctrina jurisprudencial, de las concretas resoluciones que establezcan la doctrina invocada". Estos requisitos no se cumplen en el motivo ahora analizado, lo que determina su ineludible desestimación.

Por otra parte lo que se argumenta en el mismo es que no estamos ante materia propia de conflicto colectivo porque "no hay nada que identifique a los trabajadores como un colectivo homogéneo de trabajadores, básicamente porque no todos venían subrogados con dicho seguro de vida, uno de los trabajadores que lo ostentaba no había sido subrogado con él, y el seguro de vida no era igual para todos sin que existiera un criterio para saber las coberturas de unos y otros". Lo cierto es que la pretensión de la demanda va referida a tres colectivos de trabajadores que se identifican por criterios homogéneos que los configuran como un grupo y no como una mera suma de individuos. La demanda identifica a dos de los grupos, que son los trabajadores adscritos a las concesiones de las autopistas R-4 y AP-36 incluidos en el ámbito de las sucesivas pólizas de seguro de vida que se identifican. Después en el folio 8 de la demanda se incluye sorpresivamente una mención a que "también se tiene conocimiento de que se verían afectadas algunas personas trabajadoras de la A41, si bien estos tienen reconocido este derecho en nómina" y en base a esa escueta afirmación después se incluye en el suplico de forma genérica al personal de la autopista AP41. Lo cierto es que ese tercer colectivo también se define de forma genérica mediante un elemento común abstracto que aglutina a los afectados, independientemente de que la inexistencia de hechos justificativos de la pretensión haya llevado a desestimar la demanda en relación con ese colectivo. En cualquier caso estamos ante un conflicto configurado adecuadamente como colectivo en base a criterios generales que identifican al grupo de trabajadores afectados (realmente a tres grupos distintos) de manera que la pretensión se proyecta de forma abstracta sobre esos grupos y no sobre una mera suma de personas individuales, todo ello independientemente de que por razones de fondo la demanda se estime o desestime.

2.El segundo motivo de casación, amparado en la letra b del artículo 207 LRJS, alega quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24.1 de la Constitución, por entender que se ha producido una "incongruencia extra petita" en la sentencia. Sostiene la parte recurrente que el tribunal de instancia se ha separado de la causa de pedir de la demanda, que consideraba que estamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo que, al no haber sido adoptada siguiendo las formalidades del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, debía ser declarada nula y sin embargo la sentencia considera que no estamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo y pese a ella la declara injustificada por no haberse acreditado los motivos que fundamentan la decisión empresarial, alterando así los términos del debate procesal y situando a la parte demandada en indefensión, porque no pudo defenderse de la alegación de falta de causa justificativa de la medida, ya que no se planteó en la demanda.

Esta Sala comprueba que la demanda rectora de los autos, después de una larga exposición de las vicisitudes de la subrogación de los trabajadores de las concesionarias de las autopistas R4 y AP36 (junto a la escueta mención que hemos visto a los de la autopista AP41) y de los seguros de vida y su evolución, termina en su parte de hechos diciendo que "la conducta de la empresa constituyó una modificación sustancial de condiciones de carácter colectivo, tal y como dispone el art. 41.2 ET". Después en los fundamentos de Derecho justifica jurídicamente su apreciación de que se trata de una modificación sustancial y termina diciendo que "al no haber seguido dicho procedimiento la decisión empresarial ha de ser declarada nula, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.7 de la LRJS". No obstante en el suplico de la demanda se pide que la decisión empresarial "se declare nula o subsidiariamente injustificada por no haberse alegado, ni acreditado la causa". Por tanto no es correcto sostener, como hace la empresa, que la falta de causa justificativa de la decisión no fue alegada en la demanda.

Por otra parte lo que dice la sentencia de instancia es que la posibilidad de amparar una decisión empresarial de esta índole en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores está condicionada a "la concurrencia de alguna causa objetiva que justifique su adopción", puesto que "las facultades atribuidas al empresario por el legislador para intervenir en la vida de los contratos de trabajo, lo son con el objetivo de adaptar las condiciones de trabajo y empleo a las circunstancias por las que atraviesa la empresa" y por ello si el empresario adopta una decisión de apartamiento de sus obligaciones contractuales sin alegar causa justificativa la ilicitud es más intensa, ya que se trata de un incumplimiento de obligaciones de mayor entidad, sin pretensión siquiera de amparo legal. En todo caso, más allá de la corrección de este razonamiento de fondo jurídico laboral, lo cierto es que la indefensión que se denuncia no se produce, puesto que como hemos visto en la demanda no solamente se denuncia la falta del exigible periodo de consultas, sino también la falta de causa justificativa de la medida empresarial y esta última causa de ilicitud es la que se estima en la sentencia recurrida, aplicando la consecuencia pretendida por la parte actora, por lo que la eventual discrepancia se centrará en todo caso en la fundamentación jurídica de la resolución, como después se plantea en el último motivo casacional, no apreciándose la incongruencia denunciada.

TERCERO.- 1.Desestimados los motivos anteriores hemos de resolver los relativos a la revisión de hechos probados para fijar el sustrato fáctico de la decisión. En primer lugar se quiere modificar el ordinal tercero para precisar que la póliza de seguro de vida G-W7-011.002.480, suscrita el 14 de febrero de 2022, tenía como asegurados a "los trabajadores indicados en el listado aportado por la demandada como documentos nº 12 y 13" y solamente "algunos de los trabajadores tenían dicha póliza por efectos de la subrogación de sus empresas anteriores". Lo cierto es que al respecto se pronuncia claramente la sentencia de instancia cuando dice que "tampoco suscitó controversia alguna, dado que nada alegó SEITTSA en el acto de juicio al respecto, que dicha póliza constituía una condición reconocida a los trabajadores afectados por la subrogación que debía respetarse por el actual adjudicatario de las autopistas conforme lo establecido en el art. 44.1 ET cuya aplicación al caso, reiteramos, no se ha cuestionado en ningún momento por la demandada", lo que implica que el hecho que ahora se quiere introducir no fue controvertido en la instancia y es cuestión nueva. En todo caso ha de advertirse que el fallo de la sentencia, en congruencia con el petitum de la demanda, declara injustificada la decisión empresarial "de suprimir el seguro de vida del personal de las autopistas de peaje R4 y AP36, pertenecientes al denominado grupo de riesgo núm.1, en número de 31 personas para Radial 4 y en número de 19 personas para la AP36, condenando a la demandada SEITT SME SA a reintegrar a este colectivo de trabajadores en las coberturas de la póliza referida en el HP 3º de esta demanda", es decir, no se limita a los trabajadores subrogados. Y si, como reconoce expresamente la empresa recurrente en la redacción propuesta, existía esa póliza que tenía como asegurados a "los trabajadores indicados en el listado aportado por la demandada como documentos nº 12 y 13", el fallo afecta a todos ellos, siendo indiferente que vinieran subrogados en su momento o no, puesto que la supresión de la póliza es para todos ellos una medida de modificación sustancial carente de explicación o justificación por la empresa.

Por su parte lo relativo a los trabajadores de la AP41 que se quiere modificar es irrelevante, puesto que en relación a los mismos la demanda se ha desestimado por la sentencia recurrida.

2.La otra revisión fáctica pretendida consiste en introducir un inciso en el ordinal tercero que diga: "Los trabajadores incluidos en dicha póliza tenían cada uno las coberturas que constan en la póliza que se da por reproducida, con importes que variaban entre los 33.050Ž61 Euros y los 93.151Ž82 Euros.". La modificación pretendida es por completo irrelevante, porque la cuantía asegurada carece de toda incidencia en la resolución del litigio. Ni impide la necesaria homogeneidad del colectivo a efectos de calificar la licitud de la medida empresarial de supresión de la póliza, ni afecta a lo declarado en el fallo, que no expresa cuantías concretas de cada asegurado.

CUARTO.-Finalmente el último motivo de recurso, amparado en la letra e del artículo 207 LRJS y atinente al fondo jurídico del asunto, expresa como todo contenido lo siguiente:

"Para el caso de que se considere que la resolución no supone incongruencia extra petita, no deja a esta parte en indefensión, sino que se centra en la resolución del fondo del asunto, reiteramos nuestros argumentos vertidos en los primeros motivos de recurso, pero en sede de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico, y concretamente en relación con la incorrecta aplicación del artículo 41 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ya que, como argumentábamos en nuestras alegaciones y mencionamos en los citados motivos, no hay modificación sustancial de condiciones, y sin haber modificación sustancial de condiciones, no puede declararse la misma injustificada, sino que declarada la ausencia de tal carácter sustancial de la modificación, debe desestimarse la demanda. Es por ello que, por infracción del artículo 41, entendemos".

Motivo que ha de ser desestimado. La empresa recurrente ha suprimido unilateralmente una póliza de seguro de vida en favor de un colectivo de trabajadores y que tiene la condición de mejora voluntaria de la acción protectora de la Seguridad Social. La jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha interpretado que, pese a que las mejoras voluntarias no aparecen mencionadas en el listado del artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores (siendo la única diferencia textual con el listado contenido en el artículo 83.2 del mismo texto legal), han de entenderse incluidas en el mismo tácitamente. En la sentencia de esta Sala Cuarta de 18 de noviembre de 2015, recurso 19/2015, se dijo que "el artículo 41 ET contiene un listado abierto de las condiciones o materias susceptibles de modificación, sin que el legislador haya excluido en modo alguno las obligaciones empresariales consistentes en realizar aportaciones periódicas a Planes de Pensiones", esto es, se incluyeron dentro del ámbito de las condiciones de trabajo cuya modificación sustancial se regula en ese artículo las mejoras de prestaciones de Seguridad Social, recordando expresamente que "la obligación empresarial derivada del acuerdo colectivo o del contrato de trabajo puede alterarse con arreglo a la regulación de tal índole" y que ese es "el principio subyacente a las SSTS de 16 julio 2003 (rec. 862/2002 ) y 18 julio 2003 (rec. 3064/2003) que cita la recurrida: la mejora de prestaciones ya causadas en virtud de las previsiones de un convenio colectivo podía ser reducida o dejada sin efecto por un convenio colectivo posterior". Es decir, la supresión unilateral de las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social, en su caso instrumentadas mediante contratos de seguro, queda incluida en el ámbito de aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. La alteración sustancial de las mismas o su supresión, por tanto, es posible cuando concurran causas justificativas y se sigan los procesos negociadores y formales previstos en ese precepto, lo que correlativamente implica que cuando no concurran causas justificativas de la decisión empresarial la misma debe declararse injustificada, que es a la postre la decisión contenida en el fallo de la sentencia recurrida y que, aunque sus razonamientos jurídicos puedan no compartirse por esta Sala, debe ser confirmada.

QUINTO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso presentado.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia. Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.