Sentencia Social 40/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 118/2024 de 20 de enero del 2026

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación y planteamiento del debate casacional

1.El objeto del presente recurso de casación se centra en determinar si es de caducidad o de prescripción, el plazo para la interposición de la demanda de impugnación de la resolución de la autoridad laboral denegatoria de la solicitud del expediente temporal de regulación de empleo de suspensión colectiva de relaciones laborales por fuerza mayor.

2.La Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 15/2024, de 8 de febrero (procedimiento 310/2023) apreció la caducidad de la acción, desestimando la demanda y absolviendo al Ministerio demandado de las pretensiones deducidas en su contra.

Considera la sentencia recurrida que el plazo para interponer la demanda de impugnación de la resolución denegatoria de la solicitud de suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor es de caducidad y, por ende, que, -aunque se vio suspendido durante la tramitación del procedimiento anteriormente instruido con el mismo objeto, por la empresa demandante, que finalizó por auto de desistimiento por la incomparecencia de la parte actora al acto del juicio-, en el momento de la interposición de la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, había transcurrido en exceso el plazo de dos meses previsto en el artículo 69.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

3.El recurso de casación formulado por la empresa demandante Neo Travel World SL se funda en un único motivo, en el que, con amparo procesal en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se invoca la infracción de los artículos 69, 73, 83.2, 151.7 y disposición final cuarta de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y, de los artículos 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1973 del Código Civil.

La parte recurrente alega que el plazo de dos meses del artículo 69.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social es de prescripción y que, por lo tanto, quedó interrumpido durante la tramitación del precedente procedimiento, iniciándose de nuevo el plazo, tras el auto de desistimiento, por lo que la demanda fue presentada dentro de plazo.

4.El Ministerio Fiscal informó en favor de la desestimación del recurso de casación, sosteniendo que el plazo para la interposición de la demanda es de caducidad y no de prescripción.

5.El Abogado del Estado se opuso al recurso de casación, solicitando su desestimación, con base, de un lado, en la premisa jurídica de que los derechos prescriben y las acciones caducan, reseñando reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo; y, de otro, por la aplicación supletoria de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al amparo del artículo 151 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en la que los plazos para el ejercicio de las acciones son de caducidad.

Los trabajadores demandados presentaron escrito de impugnación del recurso en el que alegan que el plazo es de caducidad y que, aunque se entendiera que durante la tramitación del procedimiento anterior instado por la empresa demandante ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que finalizó con el auto de desistimiento, se suspendió este plazo, dado que la primera demanda se interpuso el último día del plazo de dos meses, en la fecha de la interposición de la demanda origen de este litigio, ya había transcurrido en exceso el plazo de caducidad.

SEGUNDO.- Hechos relevantes y normativa aplicable

1.La parte recurrente invoca, como único motivo del recurso de casación, al amparo del artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la infracción de los artículos 69, 73, 83.2, 151.7 y disposición final cuarta de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y, de los artículos 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1973 del Código Civil.

2.La empresa demandante presentó la solicitud de suspensión de 65 contratos de trabajo de los 68 trabajadores que integraban su plantilla, por causa de fuerza mayor, con efectos desde el 1 de enero de 2023 al 31 de mayo de 2024.

Por la resolución de la Dirección General de Trabajo de 17 de mayo de 2023, notificada a la empresa actora el 18 de mayo de 2023, se desestimó la indicada solicitud, por no concurrir fuerza mayor.

La resolución de la ministra de Trabajo y Economía Social de 27 de julio de 2023, notificada a la empresa demandante el 4 de agosto de 2023, desestimó el recurso de alzada, confirmando la resolución indicada anteriormente.

El 4 de octubre de 2023 se impugnó judicialmente esta resolución, tramitándose el procedimiento 73/2023 en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que finalizó por el auto de 16 de noviembre de 2023, por el que se tuvo por desistida de la acción a la parte actora, ante la incomparecencia al acto del juicio.

El 11 de diciembre de 2023 se presentó la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, en la que la parte actora impugna la misma resolución que en el procedimiento precedente.

La sentencia recurrida de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional apreció la caducidad de la acción, al haber transcurrido en exceso el plazo de dos meses desde la resolución impugnada.

3.En las presentes actuaciones, se impugna la resolución administrativa que desestimó la solicitud de suspensión colectiva de contratos de trabajo, al apreciar que no concurría fuerza mayor, que se ha tramitado, por tanto, por la modalidad procesal especial de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los prestacionales, cuyo régimen jurídico está contemplado en los artículos 151 y 152 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Concretamente, el artículo 151.7 del citado texto procesal dispone lo siguiente:

«El plazo de interposición de la demanda será el previsto en los artículos 69 y 70 o el expresamente señalado, en su caso, según la modalidad procesal aplicable, siendo de aplicación a este respecto, lo previsto en el artículo 73 de esta Ley».

Es de aplicación al caso de autos el artículo 69 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que regula el agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social, pues el artículo 70 contempla las excepciones al mismo, referidas a la tutela de derechos fundamentales y, el artículo 73, los efectos de la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social. Por lo tanto, como declaró esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la Sentencia 682/2022, de 20 de julio (Rec 63/2022), el plazo para interponer la demanda de impugnación de la denegación de la solicitud del expediente temporal de regulación de empleo de suspensión colectiva de contratos de trabajo por fuerza mayor es de dos meses.

Efectivamente, con carácter general, el artículo 69.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social prevé lo siguiente:

«Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos será requisito necesario haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable.

En todo caso, la Administración pública deberá notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el párrafo anterior mantendrán suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción y únicamente surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda».

A estos efectos, el artículo 69.2 de la norma procesal laboral concreta que:

«Desde que se deba entender agotada la vía administrativa el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente. A la demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la interposición o resolución del recurso administrativo, según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada».

Y el párrafo tercero del artículo 69 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social obedece al siguiente tenor:

«En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos».

4.Pues bien, en el presente supuesto, como se ha indicado, la empresa actora solicitó ante la autoridad laboral la suspensión colectiva de sesenta y cinco contratos de trabajo, por causa de fuerza mayor, siguiéndose el trámite previsto en los artículos 31 a 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, lo que fue desestimado por la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 17 de mayo de 2023, al apreciar que no concurría la causa de fuerza mayor invocada.

El artículo 33.7 del Real Decreto 1483/2012 dispone lo siguiente:

«De conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las resoluciones de la autoridad laboral podrán ser objeto de recurso de alzada por los interesados ante el órgano superior jerárquico del que las haya dictado, cuya resolución podrá ser impugnada ante la jurisdicción social».

Con base en este precepto, la empresa demandante interpuso recurso de alzada frente a la resolución desestimatoria referenciada, que fue desestimado por la Resolución de la ministra de Trabajo y Economía Social de 27 de julio de 2023, notificada a la recurrente el 4 de agosto de 2023.

La empresa actora, con base en el artículo 69.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, una vez agotada la vía administrativa, presentó la demanda dentro del plazo de dos meses ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a saber, el 4 de octubre de 2023, incoándose el procedimiento 73/2023, en el que se le tuvo por desistida por el auto de 16 de noviembre de 2023, ante su incomparecencia al acto del juicio.

Ante esta situación, el 11 de diciembre de 2023 presentó nueva demanda con el mismo objeto, impugnando la resolución denegatoria de la suspensión colectiva por fuerza mayor solicitada.

5.La controversia suscitada se centra en determinar si el plazo de dos meses para la interposición de la demanda de impugnación de la resolución de la autoridad laboral es de prescripción o de caducidad. De este modo, si se considera que el plazo es de prescripción, durante la tramitación del procedimiento 73/2023 ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, es decir, desde la presentación de la demanda el 4 de octubre de 2023 hasta el auto de desistimiento de 16 de noviembre de 2023, estuvo interrumpido, reanudándose el cómputo del plazo completo de dos meses, a partir del día siguiente a esta fecha, por lo que el 11 de diciembre de 2023, la acción no había prescrito.

Por el contrario, si se concluye que el plazo de dos meses para la interposición de la demanda es de caducidad, durante la tramitación del procedimiento ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional no estuvo interrumpido sino suspendido, reanudándose al día siguiente del auto de desistimiento, sólo el periodo de tiempo que restara del plazo.

TERCERO.- El plazo de dos meses para la interposición de la demanda de impugnación de la resolución de la autoridad laboral que resuelve un procedimiento de regulación de empleo por fuerza mayor es un plazo de caducidad

1.Alega la parte recurrente que la referencia concreta contemplada en el artículo 69.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social a las acciones con plazo de caducidad, diferenciadas de las del párrafo segundo del precepto, permite interpretar que las reguladas en este último son las sometidas a plazo de prescripción. Sin embargo, lo cierto es que, de la hermenéutica gramatical de la norma, primera pauta interpretativa de conformidad con el artículo 3.1 del Código Civil, no se extrae lo pretendido, pues el artículo 69.2 anteriormente transcrito no contiene mención alguna a la naturaleza del plazo de dos meses para la interposición de la demanda.

2.En este sentido, precisamente, conviene tener presente que el artículo 151.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social contiene una regla de supletoriedad en los siguientes términos:

«De no existir regulación especial, el procedimiento iniciado por demanda en impugnación de los actos administrativos en materia laboral dirigida contra el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales u otras Administraciones u Organismos públicos se regirá por los principios y reglas del proceso ordinario laboral, con las especialidades contenidas en esta Sección. En lo no expresamente previsto serán de aplicación las normas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto sean compatibles con los principios del proceso social».

Como se ha expuesto anteriormente, la demanda de impugnación de la resolución denegatoria de la suspensión colectiva de las relaciones laborales ha de presentarse en el plazo de dos meses desde que deba entenderse agotada la vía administrativa, a tenor del artículo 69.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Este plazo de dos meses coincide con el previsto en el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que establece lo siguiente:

«El plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso».

El artículo 46.4 del citado texto procesal dispone que:

«El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado».

Por lo tanto, el dies a quo(día de inicio del plazo) también se regula de igual forma en el artículo 69.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y en el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No cabe aplicar, con carácter supletorio, el artículo 46 de la norma reseñada, en cuanto a la naturaleza jurídica de este plazo, con base en el artículo 151.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, pues tampoco se pronuncia expresamente la norma sobre esta cuestión, pero debe resaltarse que la jurisprudencia consolidada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sentada entre otras, en la STS, sección 6ª, de 20 de julio de 2004 (Rec 5555/2004) ha declarado que el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo de dos meses es un plazo de caducidad.

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que la incidencia de la regulación contenida en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el régimen previsto en el artículo 151 y, por remisión, en el artículo 69.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con el plazo de dos meses para la interposición de la demanda de impugnación de la resolución administrativa que resuelve la solicitud de un expediente temporal de regulación de empleo, es evidente, por las razones que se exponen a continuación.

3.Con carácter previo, conviene recordar que el artículo 3.1 del Código Civil, en sede de teoría general del derecho, dispone lo siguiente:

«Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas».

Pues bien, en la presente materia, los antecedentes legislativos adquieren una especial relevancia para resolver la cuestión sometida a nuestra consideración.

La Ley reguladora de la Jurisdicción Social supuso un cambio sustancial en el régimen de impugnación de las resoluciones administrativas dictadas en los expedientes y en los expedientes temporales de regulación de empleo. Antes de la entrada en vigor de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la competencia para el conocimiento de las acciones de impugnación de las resoluciones de la autoridad laboral que resolvían sobre la entonces preceptiva autorización al empresario para acordar las medidas correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Pues bien, la Ley reguladora de la Jurisdicción Social atribuyó esta competencia a la jurisdicción social. De este modo, el artículo 2 n) de la citada norma, en su redacción originaria, reconocía que los órganos jurisdiccionales del orden social conocerían de las cuestiones litigiosas que se promovieran:

«En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral en procedimientos de suspensión temporal de relaciones laborales, reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los artículos 47 y 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo».

El expediente o el expediente temporal de regulación de empleo que se tramitaba ante la autoridad laboral se encontraba regulado en el artículo 51 del entonces Estatuto de los Trabajadores de 1995 y en el Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprobó el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, que derogó el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero. La regulación fue fruto de la trasposición de la Directiva Comunitaria 75/126/CEE, de 17 de febrero, modificada por la Directiva 92/56/CEE, de 24 junio, que fueron codificadas en la Directiva 98/59/CEE, de 20 de julio. Este procedimiento se caracterizaba por la concurrencia de dos requisitos, la existencia de un periodo de consultas entre el empresario y los representantes de los trabajadores y la necesidad de la autorización de la medida por la autoridad laboral, que se haría efectiva después por el empresario autorizado. La intervención administrativa no derivaba de la transposición de la Directiva reseñada, ya que en otros países de la Unión Europea no se había acogido este sistema. Se trataba de una opción del legislador español que, por otra parte, no era contraria a la Directiva, ya que expresamente el artículo 5 de la misma facultaba para ello. Por el contrario, en la mayoría de los países de la Unión Europea, la intervención de la Administración se limitaba a controlar la regularidad del procedimiento, a formular propuestas de acuerdo en el periodo de consultas, o a determinar medidas de empleo y de protección social para los trabajadores afectados.

Los problemas se suscitaban en relación con la delimitación competencial entre el orden social y el orden contencioso administrativo de la jurisdicción pues, aunque, en principio, resultaba claro que la impugnación de la resolución de la autoridad laboral recaída en el expediente o el expediente temporal de regulación de empleo se llevaba a cabo ante la jurisdicción contenciosa, no obstante, la realidad superaba la norma, como en tantas otras ocasiones. El borrador de Proyecto de Real Decreto por el que se aprobaba el reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, en el artículo 20, atribuía la competencia para el conocimiento de la impugnación de la resolución de la autoridad laboral a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, en el texto definitivo del Real Decreto 801/2011, en el artículo 20 se facultaba a las partes, incluidos los trabajadores individualmente considerados a formular recurso de alzada frente a la resolución de la autoridad laboral dictada en el expediente o expediente temporal de regulación de empleo administrativo, y establecía el artículo 20.2 in fine del Real Decreto 801/2011 que las resoluciones de los recursos administrativos serían susceptibles de impugnación ante la jurisdicción competente. Y la jurisdicción competente, a partir de la entrada en vigor de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social es la jurisdicción social, como se contempló, desde la redacción originaria, en el artículo 2 n) de la misma.

Ciertamente, uno de los problemas que planteaba el expediente o el expediente temporal de regulación de empleo tramitado ante la autoridad laboral, era la impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo de la resolución de la autoridad laboral que estimaba o desestimaba la autorización al empresario para adoptar la medida. Muchos de los problemas prácticos que suscitaba esta atribución competencial podrían haberse solucionado si hubiese entrado en vigor el denominado por la doctrina non nato(no nacido) artículo 3.2 de la Ley de Procedimiento Laboral. Esta norma fue modificada por la Ley 29/1998 de 13 de julio, para atribuir al orden social la competencia para conocer de las resoluciones administrativas relativas a regulación de empleo. No obstante, no entró en vigor la reforma, pues la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, adicionó un nuevo párrafo al artículo 3 de la Ley de Procedimiento Laboral que establecía que en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno remitiría a las Cortes Generales un Proyecto de Ley para incorporar a la Ley de Procedimiento Laboral las modalidades y especialidades procesales correspondientes a los supuestos del anterior número dos. Esta ley determinaría la fecha de entrada en vigor de la atribución a la jurisdicción social de las materias comprendidas en el artículo 3.2. De esta forma se aplazó, definitivamente, la entrada en vigor de la atribución competencial al orden jurisdiccional social. Y así, la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para el conocimiento de la impugnación de la resolución de la autoridad laboral recaída en un expediente de regulación de empleo fue declarada en el Auto de la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2000 (proc 5/2000). Con posterioridad, a partir de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se suprimió la necesidad de autorización administrativa para que el empresario acordara medidas de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, quedando exclusivamente vigente el expediente y el expediente temporal de regulación de empleo, con la preceptiva autorización administrativa, sólo para los supuestos de fuerza mayor.

4.Acorde con lo anterior, en la regulación de la nueva modalidad procesal de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los prestacionales, en el artículo 151.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, desde su redacción originaria, que ha permanecido inalterada, se prevé la aplicación de las normas reguladoras de la jurisdicción contencioso administrativa, en lo no expresamente previsto, en cuanto sean compatibles con los principios del proceso social.

Y también, en esta línea, el artículo 151.7 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, cuya redacción tampoco se ha visto modificada, establece que el plazo de interposición de la demanda será el previsto en el artículo 69 que es el de dos meses, al igual, como se indicó anteriormente, que el contemplado en el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que, según una consolidada jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, es un plazo de caducidad.

De ello se extrae que, por aplicación de las pautas hermenéuticas contenidas en el artículo 3.1 del Código Civil, conforme a los antecedentes legislativos expuestos y, atendiendo al espíritu y finalidad de los artículos 151.1 y 7 en relación con el artículo 69.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se ha de colegir que el plazo de dos meses para la interposición de la demanda de impugnación de la resolución de la autoridad laboral que resuelve un procedimiento de regulación de empleo por fuerza mayor es un plazo de caducidad.

CUARTO.- El cómputo del plazo

1.La resolución de la ministra de Trabajo y Economía Social de 27 de julio de 2023, que desestimó el recurso de alzada, confirmando la resolución denegatoria de la suspensión colectiva por fuerza mayor, fue notificada a la empresa demandante el 4 de agosto de 2023. Como se ha indicado, el plazo para la interposición de la demanda es de dos meses desde el día siguiente al de la notificación y, tiene la naturaleza de plazo de caducidad.

Por lo tanto, lo primero que ha de analizarse consiste en determinar si el mes de agosto fue hábil para el cómputo de este plazo. A estos efectos, el artículo 43.4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social establece lo siguiente:

«Los días del mes de agosto y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, serán inhábiles, salvo en las modalidades procesales de despido, extinción del contrato de trabajo de los artículos 50, 51 y 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del artículo 139, impugnación de altas médicas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, tanto en el proceso declarativo como en trámite de recurso o de ejecución».

Por lo tanto, para la impugnación de la resolución administrativa recaída en materia de suspensión colectiva de relaciones laborales por fuerza mayor, el mes de agosto es hábil, por lo que ha de computarse dentro del plazo para interponer la demanda.

2.El 4 de octubre de 2023, la empresa actora presentó la oportuna demanda, tramitándose el procedimiento 73/2023 en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que finalizó por el auto de 16 de noviembre de 2023, por el que se tuvo por desistida de la acción a la parte actora, ante la incomparecencia al acto del juicio.

Ha de tenerse en cuenta que, en los plazos fijados por meses, el cómputo se realiza de fecha a fecha, a tenor del artículo 5.1 del Código Civil, por lo que, desde el 5 de agosto de 2023 al 4 de octubre de 2023, habían transcurrido dos meses menos un día.

Desde el 4 de octubre de 2023 al 16 de noviembre de 2023, periodo de tramitación del procedimiento 73/2023 ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el plazo estuvo suspendido y, al ser un plazo de caducidad, se reanudó el cómputo del resto a partir del 17 de noviembre de 2023, día siguiente al auto por el que se tuvo por desistida a la empresa demandante del procedimiento indicado. Como sólo restaba por transcurrir del plazo de dos meses, un día, como se ha indicado, se ha de concluir que el 11 de diciembre de 2023, cuando la empresa presentó la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, la acción había caducado.

En consecuencia, procede la desestimación del único motivo del recurso de casación.

QUINTO: Desestimación del recurso de casación.

1.De acuerdo con lo anteriormente razonado y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación formulado por Neo Travel World SL frente a la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 15/2024, de 8 de febrero (procedimiento 310/2023) y declarar su firmeza.

2.La empresa recurrente es condenada en costas, de conformidad con el artículo 235.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y, pierde el depósito efectuado para recurrir.