Sentencia Social 56/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5054/2024 de 21 de enero del 2026

PRIMERO.- 1.La cuestión que se plantea en este recurso es si la subvención pública obtenida en el ejercicio 2021 por la actora para la reparación del inmueble en el que ella tiene una vivienda debe ser tenida en cuenta como renta para determinar la capacidad económica de la solicitante a efectos del derecho a percibir el ingreso mínimo vital.

2.El 17 de mayo de 2021 la recurrente solicitó el Ingreso Mínimo Vital, que le fue reconocido por resolución de la entidad gestora de 24 de junio de 2021 con efectos del 01 de junio de 2021 en la cuantía mensual de 265,08 euros.

En el mes de noviembre de 2022 el INSS dejó de abonar a la recurrente la prestación en la cuantía fijada, pasando a pagarle desde dicho mes únicamente la cantidad de 57 euros mensuales por el concepto de complemento de ayuda para la infancia, que le había reconocido por resolución de 7 de febrero de 2022 con efectos del 01 de junio de 2021. Posteriormente la entidad gestora, tras la reclamación de la beneficiaria, dictó resolución el 30 de marzo de 2023 en la que indica que al efectuarse la actualización de la prestación el día 1 de enero del 2022 se había comprobado que tomando como referencia los ingresos del ejercicio 2021, los ingresos de la demandante fueron de 15.800,34 euros, al incluirse en el cómputo de rentas las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio por la cuantía que se integra en la base imponible del impuesto del IRFF, superando por ello el límite de rentas previsto para tener derecho al ingreso mínimo vital. Dicha superación viene determinada por cuanto en el ejercicio 2021 la comunidad de propietarios en la que reside la recurrente percibió una subvención de la Comunidad Autónoma para rehabilitación de fachada, correspondiéndole a la hoy demandante por el coeficiente de participación de su vivienda habitual una imputación de 12.108,89 euros, importe que aparece en sus datos fiscales del IRPF de dicho ejercicio como ganancia patrimonial.

Presentada demanda por la beneficiaria, el Juzgado de lo Social número 34 de Madrid dictó sentencia el 25 de septiembre de 2023 estimando parcialmente la demanda. La fundamentación de la sentencia dice, por una parte, que la cuota parte correspondiente a la beneficiaria de la subvención percibida por la comunidad de propietarios debe ser computada como ingreso, pero sin embargo sí debe sin embargo estimarse parcialmente la demanda por razón de la tramitación efectuada por el organismo demandado, ya que no existió ninguna resolución por la cual se procediera a la extinción o suspensión del derecho reconocido a la demandante y aplicando los preceptos de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, en primer lugar, en virtud de lo establecido en el art. 17.1. a) debe estimarse que se trató de una suspensión temporal por "pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento", ya que no obra en el expediente dato alguno relativo a los ingresos posteriores del año 2022 de la demandante, tratándose la subvención de una percepción puntual en el ejercicio 2021. Al no existir resolución de extinción ni suspensión superior a un año debería haberse actualizado la prestación de la beneficiaria para pasar a percibirla desde 1 de enero de 2023, al no tener ya ingresos superiores al límite en el ejercicio 2022. Por ello declara el derecho de la demandante a la reanudación y actualización desde el 1 de enero de 2023 de la prestación del ingreso mínimo vital que tenía reconocido, siempre y cuando siguiese cumpliendo todos los requisitos legalmente exigibles y a percibirla en la cuantía que legalmente corresponda en cada momento teniendo en cuenta sus ingresos computables, condenando al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social a estar y pasar por tal declaración con las consecuencias legales inherentes.

3.La sentencia fue recurrida en suplicación por la demandante, considerando que los ingresos computados eran meramente teóricos y no estaban a disposición de la beneficiaria, por lo que la interpretación realizada de la norma reguladora era contraria a la finalidad de la prestación tal y como está configurada la situación de necesidad que pretende cubrir, finalidad que debe guiar la interpretación de la misma conforme a las normas constitucionales e internacionales que invoca. El recurso fue desestimado por la sentencia aquí recurrida, dictada el 24 de julio de 2024 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 38/2024. El Tribunal Superior de Justicia considera que la remisión de la norma a la legislación tributaria obliga a considerar la indicada subvención de la comunidad de propietarios como ganancia patrimonial de la beneficiaria en la cuota parte que le corresponde y esa renta no está incluida en ninguna de las excepciones previstas en la normativa del ingreso mínimo vital sobre ingresos que no deban ser tenidos en cuenta para determinar la capacidad económica de la solicitante.

4.La demandante recurre en casación unificadora invocando un único motivo de la letra e del artículo 207 LRJS, en el que alega la infracción del artículo 18 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que exceptúa del concepto de rentas las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.

5.La entidad gestora impugna el recurso de casación unificadora, incluyendo en primer lugar un motivo de inadmisión del recurso por cuanto argumenta que no existe contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste que se invoca. En cuanto al fondo, para el caso de apreciarse la contradicción, considera que estamos ante una ganancia patrimonial a efectos del IRPF, integrada en la base imponible del impuesto y que no está excluida de cómputo por el artículo 18.3 del Real Decreto-ley 20/2020, ya que no consta que la subvención obedeciera a una actuación de rehabilitación energética realizada al amparo del Real Decreto 691/2021 de 3 de agosto, único supuesto en el que la Ley 35/2006 en su disposición adicional quinta de la Ley 35/2006 determina la no integración en la base imponible de las ayudas percibidas por ese concepto.

6.El Ministerio Fiscal informa favorablemente la estimación del recurso. Entiende que concurre el requisito de contradicción exigido por el artículo 219 LRJS y en cuanto al fondo dice que tema a debatir ya se encuentra resuelto por esa esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sentencia -entre otras-, de 12 de diciembre de 2023 (rec. 1073/2021) sobre una subvención también para rehabilitar fachada, con la única diferencia de que se trata de que en aquel caso se proyecta sobre el complemento a mínimos de una pensión de jubilación y no de un ingreso mínimo vital como en el presente caso, aunque considera que la doctrina expuesta en la resolución es aplicable para ambos casos.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, el 6 de febrero de 2024 en el recurso 50/2022. El presupuesto procesal de contradicción establecido en el artículo 219.1 LRJS no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En la sentencia recurrida la actora, beneficiaria del ingreso mínimo vital que solicitó el 17 de mayo de 2021, ve suspendido el mismo por cuanto se considera que ha excedido el límite de rentas al computar como renta la subvención pública recibida para reforma de la fachada del edificio de la comunidad de propietarios en la que se encuentra la vivienda que constituye su domicilio, imputándosele como renta una parte de la subvención proporcional a su cuota de participación en la comunidad.

3.En la sentencia de contraste la actora, solicitante del ingreso mínimo vital el 13 de julio de 2021, constituye una unidad de convivencia con su marido y es éste quien recibe una subvención del Instituto Canario de Vivienda que es computada como ganancia patrimonial. El Tribunal Superior de Justicia admite una revisión fáctica que nos aclara que la indicada subvención es una ayuda para el fomento de alquiler de vivienda.

4.En ambos casos tenemos dos prestaciones de ingreso mínimo vital que se rigen por la misma norma, el artículo 18 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. De acuerdo con dicho precepto (artículo 18.1.b) las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio se computan por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa foral correspondiente según la normativa vigente en cada período.

De acuerdo con la Ley 35/2006, reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se consideran rentas, en concepto de ganancia patrimonial, tanto las subvenciones y ayudas públicas al alquiler de vivienda como las relativas a la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual. Por tanto en este punto ambas subvenciones entran en principio dentro del concepto de renta del artículo 18.1.b del Real Decreto-ley 20/2020.

Ocurre sin embargo que en el propio artículo 18 del Real Decreto-ley 20/2020 se regulan excepciones a esa regla general y el punto 2º de la letra e del número 1 del precepto dice que se exceptúan del cómputo de rentas "las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como (...) ayudas por vivienda (...)".

El citado precepto no distingue entre las ayudas para el alquiler de vivienda y las ayudas para la adquisición de la propiedad o rehabilitación de la vivienda, por lo que tampoco nosotros debemos distinguir. Y a título ilustrativo el artículo 20 de la Ley 19/2021, de 19 de diciembre, que sustituyó al Real Decreto-ley 20/2020 con posterioridad, especifica que se eximen de cómputo "las ayudas de vivienda, tanto por alquiler como para adquisición". Por tanto, no cuestionándose que la actora tuviera su vivienda habitual formando parte de la comunidad de propietarios que recibió la ayuda para la rehabilitación de la fachada, hemos de entender que se trata también de una ayuda de vivienda, en este caso para la rehabilitación. Si bien la Ley 19/2021 solamente habla de alquiler o adquisición la legislación tributaria, que constituye el marco interpretativo del precepto, viene equiparando las inversiones en la adquisición de la vivienda habitual a las inversiones para su construcción o rehabilitación. En todo caso el artículo 18 del Real Decreto-ley 20/2020 solamente hacía referencia a ayudas de vivienda, sin excluir ni el alquiler, ni la adquisición, ni la reforma o rehabilitación, por lo que, como hemos dicho, donde la ley no distingue nosotros tampoco debemos distinguir.

Por tanto no apreciamos diferencia sustancial entre ambos supuestos, dado que en ambos casos estamos ante ayudas de vivienda. Por lo demás las diferencias entre ambos supuestos no son esenciales, porque no es relevante que en un caso estuviéramos ante el cómputo para no renovar la prestación y en otro caso para no concederla inicialmente, ni que en un caso el titular de la ayuda fuera la beneficiaria (realmente la comunidad de propietarios, aunque se le imputa a ella por su cuota) y en el otro caso el cónyuge de la beneficiaria, ya que en ambos casos las reglas de cómputo son las mismas.

Por tanto apreciamos la contradicción requerida para la admisión del recurso, debiendo por tanto proceder a resolver los correspondientes motivos de casación.

TERCERO.- 1.La beneficiaria recurre en casación unificadora invocando un único motivo de la letra e del artículo 207 LRJS, en el que alega la infracción del artículo 18 del Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, que, bajo la rúbrica "cómputo de los ingresos y patrimonio", en el apartado e) 2° del párrafo 1 dispone que: "Se exceptuarán del cómputo de rentas: 2° Las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares". Sostiene la recurrente que la subvención/ayuda para rehabilitación de fachada de la vivienda debe encuadrarse en este apartado al margen de su consideración fiscal como ganancia patrimonial.

Pues bien, como hemos visto es cierto que las subvenciones públicas no vinculadas al ejercicio de actividad económica deben considerarse como ganancias patrimoniales en el IRPF, salvo que su normativa las declare exentas o las excepcione de algún modo y ello conforme al artículo 18 del Real Decreto-ley 20/2020 determina a priori su cómputo como ingreso, tanto si es propio de la beneficiaria como si lo fuese de otro miembro de su unidad de convivencia. Ahora bien, esa norma viene excepcionada por el propio artículo 18, como dice correctamente la recurrente, cuando exime de cómputo las ayudas a la vivienda, sin diferenciar entre si se trata de ayudas para el arrendamiento o de ayudas para el acceso a la propiedad o la rehabilitación. Solamente a partir de la Ley 19/2021 podría cuestionarse si queda o no incluida la rehabilitación cuando en su literalidad se refiere a la adquisición. Pero esa no es la norma aplicable al caso ratione temporis.

Como en este caso no se cuestiona que el inmueble cuya fachada fue rehabilitada con la ayuda pública incluyese la vivienda habitual de la beneficiaria, debemos considerar que se trata de una ayuda a la vivienda y por tanto exenta de cómputo.

2.Por otra parte y a mayor abundamiento, en relación con el mismo supuesto ahora planteado (ayudas a la rehabilitación de fachadas de comunidades de propietarios que incluyen la vivienda habitual del beneficiario), aunque refiriéndonos al complemento a mínimos de las pensiones, la sentencia del pleno de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo 1146/2023, de 12 de diciembre (rcud 1073/2021), seguida de otras como las 156/2024, de 26 de enero (rcud 639/2021), 172/2024, de 29 de enero (rcud 1285/2022), 245/2024, de 8 de febrero (rcud 4077/2021), 259/2024, de 9 de febrero (rcud 2752/2021), 384/2024, de 26 de febrero (rcud 709/2021), 390/2024, de 26 de febrero (rcud 1059/2022), 394/2024, de 26 de febrero (rcud 5853/2022), 395/2024, de 26 de febrero (rcud 305/2023), 686/2024, de 8 de mayo (rcud 932/2023) ó 862/2024, de 4 de junio (rcud 3463/2021), ha establecido que esa subvención pública (en la proporción correspondiente a la participación de la vivienda del propietario en la comunidad) no es computable como renta. En concreto dijimos lo siguiente:

"Así, con carácter general, hemos recordado que el art. 41 de la Constitución Española ( CE), dentro de los principios rectores de la política social y económica, dispone que "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres". Así como que el art. 53.3 de dicho texto dispone que "El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen".

En relación con el complemento para pensiones inferiores a la mínima citamos el art. 1 el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS 1994) en el que ya se recogía el derecho de los españoles a la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto constitucionalmente, así como que la configuración de la acción protectora se fundamentaba en los principios de universalidad e igualdad, entre otros ( art. 2.1) debiendo el Estado garantizar por dicha vía una protección adecuada frente a las contingencias y situaciones que en dicha ley se recogían (art. 2.2). Bajo estas premisas e integrando el complemento a mínimos de las pensiones de la Seguridad Social en el sistema como prestación de naturaleza no contributiva (art. 86.2 b), el art. 50 regulaba el complemento para pensiones inferiores a la mínima, disponiendo que "Los beneficiarios de pensiones del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, que no perciban rentas de capital o trabajo personal o que, percibiéndolas, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen.

A los solos efectos de garantía de complementos por mínimos, se equipararán a rentas de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social". Este régimen jurídico fue objeto de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en lo relativo a su importe (indicando que no podría ser superior al de las prestaciones no contributivas vigentes en cada momento, con determinas excepciones) y requisito de residencia, lo que llevó a la modificación del art. 50. Junto a ello, trae a colación la Disposición adicional 62ª de la citada LGSS de 1994 que, referida al "Cómputo de ingresos a efectos del reconocimiento o mantenimiento del derecho a prestaciones", disponía lo siguiente: "Se considerarán como ingresos los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales, en los mismos términos en que son computados en el apartado 1 del artículo 50 de esta Ley para el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones, cuando para el acceso o el mantenimiento del derecho a prestaciones comprendidas en el ámbito de la acción protectora de esta Ley, distintas de las pensiones no contributivas y de las prestaciones por desempleo, se exija, legal o reglamentariamente, la no superación de un determinado límite de ingresos".

La vigente regulación se contiene en el art. 59 de la LGSS, bajo los mismos principios y naturaleza respecto al complemento por pensiones inferiores a la mínima y que se ve complementada por los diferentes Reales Decreto sorbe revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, que en el año en cuestión, sería el RD 1079/2017, de 29 de diciembre.

Junto a ello y a la hora de interpretar las normas aplicables, como recoge la STS 1146/2023, de 12 de diciembre (rcud 1073/2021), ha de tenerse en consideración el RD-Ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del plan de recuperación, transformación y resiliencia (tácitamente sustituido por la Ley 10/2022, de 14 de junio), que, aunque no se encontraba vigente al momento de la percepción de la subvención que aquí nos ocupa, incluyó medidas en el ámbito de la fiscalidad y mejoras en el régimen de las comunidades de propietarios, y otras sobre la financiación a las actuaciones de rehabilitación. Especialmente, lo que indicaba, en orden a los incentivos fiscales, al decir que no se tendrían en cuenta en el IRPF ayudas públicas para realizar rehabilitaciones, y contemplaba deducciones para realizar obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas.

Por otro lado, la doctrina de esta Sala en orden al referido complemento por mínimos viene sosteniendo su clara autonomía respecto de la pensión contributiva que suplementa. Así se recuerda en la STS 875/2022, en la que se cita la de 11 de octubre de 2017, rcud 3911/2015, que vino a indicar que "Las razones para tal conclusión son, entre otras, las siguientes: a) el complemento a mínimos consiste en una cuantía que no responde al objetivo de la prestación mejorada de sustituir una renta, sino al asistencial de paliar una situación de necesidad; b) su reconocimiento no atiende a los requisitos de la pensión, sino exclusivamente a la falta de ingresos económicos; c) la propia denominación evidencia que no tienen sustantividad propia; d) conforme al art. 86.2.b) LGSS , tienen "naturaleza no contributiva" y se financian con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social; y e) la concurrencia de los requisitos no se exige en una exclusiva fecha, sino que han de acreditarse año tras año".

La primera de las sentencias de esta Sala, antes citada, STS 1146/2023, ha entendido que el concepto subvención recibida para la rehabilitación de un edificio en régimen de propiedad horizontal no es computable a los efectos del derecho al complemento por mínimos. Dicha sentencia, tomando en consideración otros pronunciamientos, como la STS de 21 de noviembre de 2019, rcud 116/2017, razona lo siguiente:

"En el actual litigio, la subvención obtenida del Ayuntamiento lo es respecto del domicilio de la beneficiaria. La comunidad de propietarios percibe la subvención para la rehabilitación de la fachada, y el ingreso que comporta se anuda a cada piso o local según la cuota de participación con relación al total del valor del bien inmueble y referida a centésimas del mismo (Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal); esa cuota sirve, a su vez, de módulo para concretar la participación en las cargas y beneficios por razón de la pertenencia a la comunidad.

Más sin ignorar que entre las obligaciones del beneficiario de la subvención está la de realizar la actividad o proyecto, o cumplir el fin o propósito que fundamenta la concesión de la subvención o ayuda, así como la justificación ante el órgano concedente de la realización de la actividad. Las Ordenanzas del Ayuntamiento también vienen determinando que el importe de la subvención o ayuda en ningún caso podría ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y de otros ingresos o recursos, superase el coste de la actividad o proyecto a desarrollar por el beneficiario.

De ello que se colige que ninguna partida cabría destinar a otros fines como el de revertir una posición por debajo del umbral de la pobreza. Ciertamente es el patrimonio del beneficiario final el que resulta mejorado con la ejecución de tales obras de rehabilitación subvencionadas, pero que aquí lo son, se insiste, respecto de la vivienda habitual de la parte actora".

Y añade, con base en otros preceptos del régimen de Seguridad Social, que "La remisión a la normativa tributaria del citado art. 59 LGSS, puesta en conexión con la interpretación que la Sala viene efectuando, permitirá por tanto trasladar aquí la salvedad que respecto de la vivienda habitual resulta del citado art. 275.4 del mismo texto legal, cuando de ganancia patrimonial se habla", con cita de la doctrina recogida en las SSTS de 16 de noviembre de 2010, rcud 1125/2010, y 14 de diciembre de 2001, rcud 2544/2001."

Hay que tener en cuenta que el complemento para pensiones inferiores a la mínima regulado en el artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social, el primer párrafo del número uno de dicho artículo dice:

"Los beneficiarios de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social que no perciban rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas, de régimen de atribución de rentas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o que, percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado...".

Es decir, existe una remisión a la legislación del impuesto sobre la renta de las personas físicas que no contempla la exclusión de las ayudas a la vivienda que sí contempla la normativa referenciada más arriba del ingreso mínimo vital, por lo que la aplicación del mismo criterio aparece aquí reforzada.

CUARTO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, lleva a estimar el recurso presentado.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.