Sentencia Social 439/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4535/2024 de 22 de abril del 2026

PRIMERO. Cuestión planteada y sentencia recurrida.

1.La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Barcelona (Estibarna), como sucesora de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), debe responder de la indemnización de daños y perjuicios derivada de la enfermedad profesional que contrajo el fallecido esposo y padre de los actores, por haber participado, con exposición a la inhalación de fibras de amianto, como estibador portuario en la descarga de buques en el puerto de Barcelona.

Debemos mencionar desde el primer momento que la cuestión suscitada en el presente asunto ha sido resuelta por esta Sala IV, entre otras, en las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023), en las que se invocaba la misma sentencia de contraste que ahora igualmente se esgrime. Además, el presente escrito de interposición del recurso es sustancialmente similar al interpuesto en aquellas sentencias, por lo que la presente sentencia reproducirá esencialmente lo que en ellas dijimos.

Las SSTS 692 y 693/2024 son expresamente citadas por el recurso.

2.La sentencia ahora recurrida (la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 2342/2024, de 19 de abril, rec. 6774/2023): desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora (viuda e hijos del trabajador fallecido); estimó el recurso de suplicación interpuesto por Estibarna; y revocó parcialmente la sentencia de instancia (la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 28 de Barcelona 309/2022, de 10 de agosto, autos 338/2013), para absolver a dicha empresa de la demanda, confirmando el resto de sus pronunciamientos.

La sentencia de instancia había estimado parcialmente la demanda interpuesta por los actores y, en lo que aquí importa referir, había condenado solidariamente por todos los conceptos a Estibarna, a Estibadores de Barcelona Reunidos y a Hijos de Ramon Macià, S. A., a abonarles las cantidades que constan en su fallo, como herederos del trabajador.

Los actores son la viuda y los hijos de un trabajador que prestó servicios como estibador portuario dado de alta en el censo de la OTP desde el 1 de abril de 1963. A partir del 27 de octubre de 1982, el causante pasó a prestar servicios para Marítima Layetana, S. A. y el 15 de marzo de 1988 el causante firmó contrato de trabajo con Estibarna.

El Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio público de estiba y desestiba de barcos, sustituyó a la OTP, integrada y dependiente del Ministerio de Trabajo, por el modelo de sociedades de estiba, y pasó a ser, en lo que aquí importa mencionar, la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Barcelona (Estibarna, S. A.), convirtiéndose por la Ley 48/2003 en Estibarna, A. P. I. E. Por la Ley 33/2020, las sociedades A.P.I.E. se transformaron en sociedades S. A. G. E. P.

Durante el periodo 1960-1980, en la empresa Estibarna (antes OTP) se realizaron tareas de carga y descarga de sacos con amianto y de materiales con amianto, lo que implica la posibilidad de inhalación de fibras de amianto de los trabajadores que hacían estas operaciones.

Los informes médicos del trabajador constataron su patología pulmonar por exposición al amianto: asbestosis pulmonar con alteración ventilatoria grave. Falleció el 30 de marzo de 2011.

Por resolución del INSS de 26 de julio de 2011 se declaró al trabajador en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta, derivada de enfermedad profesional.

El trabajo de carga y descarga de los materiales de amianto en el puerto de Barcelona se realizaba durante los años mencionados sin ningún tipo de protección ni medida de seguridad que imposibilitase la inhalación de partículas. No constan reconocimientos médicos del causante, anteriores a 1985, ni de impartición de formación e información sobre el riesgo, y sí de contacto de él con el amianto desde 1963.

3.En suplicación recurrieron tanto la parte actora como Estibarna.

Los actores alegaban que no podía absolverse de su responsabilidad a la extinta OTP, representada por el Ministerio de Trabajo que la creó y extinguió en favor de la creación de otras sociedades de gestión de los estibadores.

La sentencia ahora recurrida en casación desestima el recurso de la parte actora, remitiéndose al criterio ya establecido por la propia sala catalana en diversas resoluciones en las que se descarta la responsabilidad pretendida.

En cuanto al recurso de Estibarna, en el que se sostenía que la responsabilidad legal y exclusiva en la adopción de las medidas de prevención y seguridad de los estibadores portuarios era de las empresas estibadoras, la sala catalana se remite igualmente al criterio establecido con anterioridad por la propia sala, en la que consideró responsables de las reclamaciones de daños y perjuicios a las empresas estibadoras y no a la sociedad encargada de la gestión portuaria.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina, sus impugnaciones, el informe del Ministerio Fiscal y el examen de la contradicción.

1.Los actores han recurrido en casación unificadora la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 2342/2024, de 19 de abril (rec. 6774/2023).

El recurso se estructura en dos motivos. En primer lugar, el atinente al establecimiento de la responsabilidad de la antigua OTP; el segundo, para fijar la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional, que la anterior trasmite a Estibarna, su sucesora por mor de la DT 2.2 del RD-ley 2/1986.

Denuncia en el primero que la sentencia de suplicación ha infringido los siguientes preceptos: «arts. 12, 14 y 15 de la Ordenanza de trabajo de los Estibadores Portuarios, de 29/03/1974; y, en fin, de los arts. 4 y 13 de la Orden de 6/02/1971 (Reglamento de Seguridad, Higiene y Bienestar de los Estibadores); así como de la DT 2ª.2 y arts. 18 y 19 del RD Ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio de estiba y desestiba. Todos ellos en relación a los arts. 1101 y 1902 del Código Civil, así como la jurisprudencia del TS en materia de responsabilidad empresarial por daños sufridos en la exposición al amianto que se reflejan en la sentencia del Alto Tribunal de 24 de enero de 2012, dictada en un supuesto de reclamación de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la exposición al amianto, y en la que se expone la normativa anterior a la fecha en que se vio sometido el trabajador al contacto con dicho elemento, así como las SSTS/IV 18-mayo-2011 (rcud 2621/2010) y 16-enero-2012 (rcud 4142/2010). Y en relación con el art. 96.2 LRJS y la STS 30/06/2010 (Pleno) que configura la responsabilidad cuasi objetiva en materia de responsabilidad empresarial por accidente de trabajo y enfermedad profesional»; y en el segundo que ha aplicado incorrectamente «lo dispuesto en la DT 2º 2 del RDL 2/1986, en relación con el artículo 167 LGSS y la doctrina del TS, y en concreto la STS 1924/2015, de 23/03/2015, Pleno.»

El recurso cita las SSTS 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022), y 693/2024, de 14 de mayo (rcud 887/2023). Y solicita la revocación de la sentencia recurrida y el mantenimiento de la sentencia de instancia.

2.El recurso ha sido impugnado por Estibarna y por el Abogado del Estado.

3.Partiendo de la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso. El informe cita la STS 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023).

4.Debemos examinar el requisito de la contradicción exigido por el artículo 219.1 LRJS en relación con la sentencia de contraste, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 2203/2028, de 16 de abril (rec. 184/2018).

Ya hemos adelantado que en las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023), se invocó la misma sentencia de contraste que ahora igualmente se esgrime. Pues bien, en las cuatro sentencias hemos apreciado la concurrencia del requisito de la contradicción, como igualmente hacemos ahora. Reproducimos lo dicho en la STS 464/2025.

La sentencia de la Sala de lo Social del TJS de Cataluña 2203/2028, de 16 de abril (rec. 184/2018), desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y confirmó la de instancia, que había estimado en parte la demanda del actor.

Destacamos los siguientes hechos: el trabajador había sido declarado en situación de incapacidad permanente absoluta en agosto de 2000, falleciendo en diciembre de 2015. La prestación de servicios había abarcado desde julio de 1959 a julio de 1986, en la OTP; desde agosto 1986 a enero de 1991, en la Gerencia Marítima Frutera, S.A. y, finalmente, desde enero de 1991 a mayo de 1993, en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios.

La sala de suplicación recuerda que, si bien es cierto que la normativa vigente entre 1959 y 1987 diseñaba un sistema de responsabilidad por infracción de la normativa de prevención en que se atribuía la misma a las empresas estibadoras, cesionarias de los servicios de los estibadores cedidos por la OTP, de quienes son empleados, también acaece que la OTP tenía obligaciones en materia de vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención, perfectamente definidas por la normativa entonces vigente, citando, en concreto, el art. 4.4 del Reglamento de Seguridad, Higiene y Bienestar de los Estibadores de 6 de febrero de 1971, el art.12 Orden de 29 de marzo de 1974 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de los Estibadores portuarios y la Orden de 29 de marzo de 1974 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de los Estibadores portuarios. De todo ello, deriva que hubo infracciones de la normativa expuesta, tanto por parte de las empresas estibadoras condenadas, como de la OTP, puesto que ésta incumplió con absoluta claridad su deber de vigilancia, así como el de facilitación de medios. Además, estima que la responsabilidad civil dimanante de las infracciones de la normativa de prevención imputables a la OTP, desde su creación en 1968 hasta su extinción en 1986, fueron transmitidas por vía de sucesión ex legea las sociedades estatales. Confirma así la condena a Estibarna, de forma solidaria con las empresas estibadoras, al abono de una cantidad en concepto de daños y perjuicios.

De lo expuesto se deduce la identidad de las sentencias contrastadas.

En ambos procedimientos se aborda el reconocimiento de responsabilidad empresarial en materia de daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional (por inhalación de fibras de amianto); en los dos casos los actores prestaron servicios como estibadores del puerto de Barcelona durante periodos de tiempo similares, realizando actividades de estiba y desestiba de buques y estando expuestos al amianto emanado de sacos de polvo o derivados, cuya manipulación realizaban sin contar con mecanismos o medios de protección. En ambos asuntos se aborda el debate de si la OTP, como empleadora de los trabajadores hasta 1982 y 1986, respectivamente, infringió la normativa de prevención de riesgos laborales, generándose, por tanto, una responsabilidad y, en ese caso, si hubiese sido transmitida a Estibarna en virtud de la disposición transitoria del Real Decreto-ley 2/1986.

Los fallos, sin embargo, son contradictorios por cuanto la sentencia recurrida considera que Estibarna no tiene ninguna responsabilidad en relación con los riesgos laborales, que sería exclusivamente de las empresas empleadoras, mientras que la referencial considera que existe responsabilidad de dicha empresa, en su condición de sucesora de OTP, por cuanto incumplió su deber de vigilancia y facilitación de medios de seguridad.

Superado el requisito de contradicción deviene abierto el trámite unificador.

TERCERO. Las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021 ); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022 ); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023 ); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023 ).

1.Hemos anticipado desde el primer momento que la cuestión suscitada en el presente asunto ha sido resuelta por esta Sala IV, entre otras, en las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023), en las que se invocaba la misma sentencia de contraste que ahora igualmente se esgrime. Y hemos mencionado asimismo que el presente escrito de interposición del recurso es sustancialmente similar al interpuesto en aquellas sentencias, por lo que ya anunciábamos que la presente sentencia iba a reiterar lo que en ellas dijimos.

Reproducimos a continuación la STS 464/2025.

2.Dada la interacción entre los dos motivos del recurso de casación unificadora, la respuesta va a ser conjunta.

Entre los pronunciamientos dictados en esta materia podemos citar la 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021), que conoce de un supuesto similar.

Allí desestimamos el recurso del actor al no haber combatido el expreso pronunciamiento de la sentencia recurrida que motivadamente descartaba la existencia de responsabilidad de la extinta OTP, y no habiéndose generado por ello la obligación de indemnizar al trabajador, consideró que no cabía, en consecuencia, que Estibarna se subrogase como nueva empleadora en una obligación inexistente.

3.Por su parte, en la STS 562/2024, de 17 de abril (rcud 2229/2021), se dilucidó el debate consistente en el supuesto de determinar si la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de la Bahía de Cádiz SAGEP debía abonar una indemnización de daños y perjuicios por la enfermedad sufrida por un estibador portuario causada por la exposición al amianto cuando prestó servicios para la OTP.

Tras efectuar un amplio recorrido normativo por la regulación de la OPT, cita la STS de 8 de julio de 1987 que recogía su finalidad primordial: «ordenar el trabajo de los estibadores portuarios, abonarles sus salarios, ejercer sobre los mismos facultades disciplinarias, desarrollar su formación profesional, instalando y sosteniendo servicios de prevención de accidentes y organizando y aplicando la Seguridad Social de dichos trabajadores [...] teniendo el carácter de empresa de los estibadores portuarios [...] a los que facilita la efectividad del trabajo, la garantía de percepción del salario y de prestaciones de la Seguridad Social, otorgando una protección que no es la de mera agencia de colocaciones, sino de contratación de servicios a través de persona u organismo interpuesto», así como de los preceptos de cobertura de la Ordenanza del Trabajo de Estibadores Portuarios, del Reglamento de Seguridad, Higiene y Bienestar de los Estibadores Portuarios, del Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio de estiba y desestiba y del Real Decreto 371/1987, de 13 de marzo, expone que en 1986 entró en vigor el Real Decreto-ley 2/1986, que atribuía a las empresas estibadoras la responsabilidad por los incumplimientos e infracciones de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. Posteriormente, la Ley 33/2010 reformó la Ley 48/2003 y dispuso que «la empresa usuaria será responsable de garantizar la efectividad del derecho de los trabajadores a la protección en materia de seguridad y salud laboral en el trabajo, así como del recargo de prestaciones [...] ejerciendo todas las demás responsabilidades que se atribuyen a las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada, en el artículo 28 de la Ley 31/1995.» Ese precepto fue derogado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, cuyo art. 151.7 tenía el mismo contenido. Esta última norma fue derogada por el Real Decreto-ley 8/2017.

Seguidamente argumenta la Sala que durante la exposición del trabajador al amianto (desde 1970 a 1987), la normativa reglamentaria (Orden de 18 de mayo de 1962, Orden de 5 de diciembre de 1969, Orden de 6 de febrero de 1971 y Orden de 29 de marzo de 1974), imputaba la responsabilidad por la infracción de la normativa de prevención a las empresas estibadoras.

Pero también atribuía a la OTP competencias en materia de seguridad e higiene en el trabajo:

«a) Cuidar del cumplimiento de las normas reglamentarias sobre la materia: seguridad, higiene y bienestar de los estibadores portuarios (art. 4.4 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

b) Promover la divulgación, instrucción y perfeccionamiento en materia de prevención, higiene y socorrismo (art. 4.5 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

c) Dotar a todos los trabajadores de plantilla, en forma individual, de los elementos y medios de protección personal que se consideren indispensables y de uso constante, y dispondrá lo conveniente sobre equipos especiales para determinadas operaciones ocasionales (art. 4.7 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

d) Formar a los estibadores en materia de seguridad (art. 37 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

e) Adquirir los elementos de protección personal (art.180 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

f) Proveer en cuantas incidencias surjan respecto a la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo (art. 12 de la Orden de 29 de mayo de 1974).

g) Formar y perfeccionar al personal dedicado a las faenas portuarias, en las técnicas de prevención de accidentes, seguridad, higiene del trabajo y socorrismo, dotando a dicho personal de los elementos y medios de protección adecuados, de conformidad con el Reglamento especial de Seguridad, Higiene y Bienestar [art. 159 e) de la Orden de 29 de marzo de 1974].

h) Realizar las tareas formativas y de perfeccionamiento a que se refiere el Reglamento de Formación Profesional de los Estibadores Portuarios [art. 159 f) de la Orden de 29 de marzo de 1974].»

Se observa de esta manera una pluralidad de obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo encomendadas a la OTP, aun cuando resulta cierto que se trataba de un empleador con una naturaleza específica, puesto que cedía a los estibadores portuarios a las empresas estibadoras.

Recordamos también el contenido del art. 1101 del Código Civil: «Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.»

Y que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales se fundamenta en los siguientes principios [ STS 1039/2018, de 11 diciembre (rcud 1653/2016)]:

«b) el Estatuto de los Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador "a su integridad física" (artículo 4.2.d) y a "una protección eficaz en materia de seguridad e higiene" ( artículo 19.1). Obligación que más específicamente y con mayor rigor de exigencia desarrolla la LPRL cuyos rotundos mandatos contenidos en los artículos 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL- determinaron que se afirmase que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado y que deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran ( STS de 8 de octubre de 2001 -rcud 4403/00).

c) Existiendo una deuda de seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual y del art. 1101 CC, que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que "en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas."»

4.Acaece, como en aquel supuesto, que la grave enfermedad del trabajador, que causó finalmente su fallecimiento, derivó de la inhalación de partículas de amianto en suspensión.

En su prestación de servicios como estibador en el puerto de Barcelona el trabajo de carga y descarga de los materiales de amianto se realizaba durante los años mencionados en la sentencia recurrida sin ningún tipo de protección ni medida de seguridad que imposibilitase la inhalación de partículas.

La OTP debió haber cuidado del cumplimiento de las normas reglamentarias sobre seguridad de los estibadores portuarios. Debió haber instruido al trabajador en materia de prevención y seguridad y debió haber adquirido y haberle dotado de los elementos y medios de protección personal para evitar la inhalación de amianto. Al no haberlo hecho, se produjo la inhalación de esa sustancia tóxica que causó la enfermedad y posterior muerte del trabajador. Es decir, si la OTP hubiera cumplido sus obligaciones en materia de prevención establecidas por la normativa vigente a la sazón, se hubiera podido evitar la inhalación de amianto y la consiguiente enfermedad.

De forma semejante hemos de colegir que la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados debe atribuirse a quien incurrió en una vulneración de su deuda de seguridad que causó el resultado lesivo: la asbestosis pulmonar con alteración ventilatoria grave, al concurrir un nexo de causalidad entre el incumplimiento de aquellas obligaciones por parte de la OTP y la enfermedad profesional. Si la OTP hubiera proporcionado al trabajador unos elementos de protección personal adecuados, no hubiera padecido esa enfermedad, por lo que, por aplicación del art. 1101 del Código Civil, procede declarar la responsabilidad civil de la OTP.

Y, derivadamente, producida la integración de los estibadores de la OTP en la plantilla de Estibarna y su subrogación en sus derechos y obligaciones laborales, ha de afirmarse la responsabilidad civil correlativa por mor de las previsiones de la citada disposición transitoria segunda.2 del Real Decreto-ley 2/1986: «Los trabajadores que a la entrada en vigor de la presente norma se encuentren incluidos en los censos gestionados por la Organización de Trabajos Portuarios, pasarán a integrarse en las plantillas de las correspondientes Sociedades estatales, que se subrogarán en todos los derechos y obligaciones laborales que respecto de aquéllos se encuentren legalmente reconocidas [...]»-, pues con claridad fijó la amplitud de la subrogación respecto de los trabajadores incluidos en los censos gestionados por la OTP al ser integrados en las plantillas de las correspondientes sociedades estatales.

CUARTO. La estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina

1.De acuerdo con lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede: estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina; casar y anular la sentencia recurrida; y, resolviendo el debate de suplicación, desestimar el recurso de tal clase interpuesto por la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Barcelona y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia del juzgado de lo social.

2.Sin costas ( artículo 235.1 LRJS) .

PRIMERO. Cuestión planteada y sentencia recurrida.

1.La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Barcelona (Estibarna), como sucesora de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), debe responder de la indemnización de daños y perjuicios derivada de la enfermedad profesional que contrajo el fallecido esposo y padre de los actores, por haber participado, con exposición a la inhalación de fibras de amianto, como estibador portuario en la descarga de buques en el puerto de Barcelona.

Debemos mencionar desde el primer momento que la cuestión suscitada en el presente asunto ha sido resuelta por esta Sala IV, entre otras, en las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023), en las que se invocaba la misma sentencia de contraste que ahora igualmente se esgrime. Además, el presente escrito de interposición del recurso es sustancialmente similar al interpuesto en aquellas sentencias, por lo que la presente sentencia reproducirá esencialmente lo que en ellas dijimos.

Las SSTS 692 y 693/2024 son expresamente citadas por el recurso.

2.La sentencia ahora recurrida (la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 2342/2024, de 19 de abril, rec. 6774/2023): desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora (viuda e hijos del trabajador fallecido); estimó el recurso de suplicación interpuesto por Estibarna; y revocó parcialmente la sentencia de instancia (la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 28 de Barcelona 309/2022, de 10 de agosto, autos 338/2013), para absolver a dicha empresa de la demanda, confirmando el resto de sus pronunciamientos.

La sentencia de instancia había estimado parcialmente la demanda interpuesta por los actores y, en lo que aquí importa referir, había condenado solidariamente por todos los conceptos a Estibarna, a Estibadores de Barcelona Reunidos y a Hijos de Ramon Macià, S. A., a abonarles las cantidades que constan en su fallo, como herederos del trabajador.

Los actores son la viuda y los hijos de un trabajador que prestó servicios como estibador portuario dado de alta en el censo de la OTP desde el 1 de abril de 1963. A partir del 27 de octubre de 1982, el causante pasó a prestar servicios para Marítima Layetana, S. A. y el 15 de marzo de 1988 el causante firmó contrato de trabajo con Estibarna.

El Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio público de estiba y desestiba de barcos, sustituyó a la OTP, integrada y dependiente del Ministerio de Trabajo, por el modelo de sociedades de estiba, y pasó a ser, en lo que aquí importa mencionar, la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Barcelona (Estibarna, S. A.), convirtiéndose por la Ley 48/2003 en Estibarna, A. P. I. E. Por la Ley 33/2020, las sociedades A.P.I.E. se transformaron en sociedades S. A. G. E. P.

Durante el periodo 1960-1980, en la empresa Estibarna (antes OTP) se realizaron tareas de carga y descarga de sacos con amianto y de materiales con amianto, lo que implica la posibilidad de inhalación de fibras de amianto de los trabajadores que hacían estas operaciones.

Los informes médicos del trabajador constataron su patología pulmonar por exposición al amianto: asbestosis pulmonar con alteración ventilatoria grave. Falleció el 30 de marzo de 2011.

Por resolución del INSS de 26 de julio de 2011 se declaró al trabajador en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta, derivada de enfermedad profesional.

El trabajo de carga y descarga de los materiales de amianto en el puerto de Barcelona se realizaba durante los años mencionados sin ningún tipo de protección ni medida de seguridad que imposibilitase la inhalación de partículas. No constan reconocimientos médicos del causante, anteriores a 1985, ni de impartición de formación e información sobre el riesgo, y sí de contacto de él con el amianto desde 1963.

3.En suplicación recurrieron tanto la parte actora como Estibarna.

Los actores alegaban que no podía absolverse de su responsabilidad a la extinta OTP, representada por el Ministerio de Trabajo que la creó y extinguió en favor de la creación de otras sociedades de gestión de los estibadores.

La sentencia ahora recurrida en casación desestima el recurso de la parte actora, remitiéndose al criterio ya establecido por la propia sala catalana en diversas resoluciones en las que se descarta la responsabilidad pretendida.

En cuanto al recurso de Estibarna, en el que se sostenía que la responsabilidad legal y exclusiva en la adopción de las medidas de prevención y seguridad de los estibadores portuarios era de las empresas estibadoras, la sala catalana se remite igualmente al criterio establecido con anterioridad por la propia sala, en la que consideró responsables de las reclamaciones de daños y perjuicios a las empresas estibadoras y no a la sociedad encargada de la gestión portuaria.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina, sus impugnaciones, el informe del Ministerio Fiscal y el examen de la contradicción.

1.Los actores han recurrido en casación unificadora la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 2342/2024, de 19 de abril (rec. 6774/2023).

El recurso se estructura en dos motivos. En primer lugar, el atinente al establecimiento de la responsabilidad de la antigua OTP; el segundo, para fijar la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional, que la anterior trasmite a Estibarna, su sucesora por mor de la DT 2.2 del RD-ley 2/1986.

Denuncia en el primero que la sentencia de suplicación ha infringido los siguientes preceptos: «arts. 12, 14 y 15 de la Ordenanza de trabajo de los Estibadores Portuarios, de 29/03/1974; y, en fin, de los arts. 4 y 13 de la Orden de 6/02/1971 (Reglamento de Seguridad, Higiene y Bienestar de los Estibadores); así como de la DT 2ª.2 y arts. 18 y 19 del RD Ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio de estiba y desestiba. Todos ellos en relación a los arts. 1101 y 1902 del Código Civil, así como la jurisprudencia del TS en materia de responsabilidad empresarial por daños sufridos en la exposición al amianto que se reflejan en la sentencia del Alto Tribunal de 24 de enero de 2012, dictada en un supuesto de reclamación de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la exposición al amianto, y en la que se expone la normativa anterior a la fecha en que se vio sometido el trabajador al contacto con dicho elemento, así como las SSTS/IV 18-mayo-2011 (rcud 2621/2010) y 16-enero-2012 (rcud 4142/2010). Y en relación con el art. 96.2 LRJS y la STS 30/06/2010 (Pleno) que configura la responsabilidad cuasi objetiva en materia de responsabilidad empresarial por accidente de trabajo y enfermedad profesional»; y en el segundo que ha aplicado incorrectamente «lo dispuesto en la DT 2º 2 del RDL 2/1986, en relación con el artículo 167 LGSS y la doctrina del TS, y en concreto la STS 1924/2015, de 23/03/2015, Pleno.»

El recurso cita las SSTS 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022), y 693/2024, de 14 de mayo (rcud 887/2023). Y solicita la revocación de la sentencia recurrida y el mantenimiento de la sentencia de instancia.

2.El recurso ha sido impugnado por Estibarna y por el Abogado del Estado.

3.Partiendo de la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso. El informe cita la STS 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023).

4.Debemos examinar el requisito de la contradicción exigido por el artículo 219.1 LRJS en relación con la sentencia de contraste, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 2203/2028, de 16 de abril (rec. 184/2018).

Ya hemos adelantado que en las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023), se invocó la misma sentencia de contraste que ahora igualmente se esgrime. Pues bien, en las cuatro sentencias hemos apreciado la concurrencia del requisito de la contradicción, como igualmente hacemos ahora. Reproducimos lo dicho en la STS 464/2025.

La sentencia de la Sala de lo Social del TJS de Cataluña 2203/2028, de 16 de abril (rec. 184/2018), desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y confirmó la de instancia, que había estimado en parte la demanda del actor.

Destacamos los siguientes hechos: el trabajador había sido declarado en situación de incapacidad permanente absoluta en agosto de 2000, falleciendo en diciembre de 2015. La prestación de servicios había abarcado desde julio de 1959 a julio de 1986, en la OTP; desde agosto 1986 a enero de 1991, en la Gerencia Marítima Frutera, S.A. y, finalmente, desde enero de 1991 a mayo de 1993, en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios.

La sala de suplicación recuerda que, si bien es cierto que la normativa vigente entre 1959 y 1987 diseñaba un sistema de responsabilidad por infracción de la normativa de prevención en que se atribuía la misma a las empresas estibadoras, cesionarias de los servicios de los estibadores cedidos por la OTP, de quienes son empleados, también acaece que la OTP tenía obligaciones en materia de vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención, perfectamente definidas por la normativa entonces vigente, citando, en concreto, el art. 4.4 del Reglamento de Seguridad, Higiene y Bienestar de los Estibadores de 6 de febrero de 1971, el art.12 Orden de 29 de marzo de 1974 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de los Estibadores portuarios y la Orden de 29 de marzo de 1974 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de los Estibadores portuarios. De todo ello, deriva que hubo infracciones de la normativa expuesta, tanto por parte de las empresas estibadoras condenadas, como de la OTP, puesto que ésta incumplió con absoluta claridad su deber de vigilancia, así como el de facilitación de medios. Además, estima que la responsabilidad civil dimanante de las infracciones de la normativa de prevención imputables a la OTP, desde su creación en 1968 hasta su extinción en 1986, fueron transmitidas por vía de sucesión ex legea las sociedades estatales. Confirma así la condena a Estibarna, de forma solidaria con las empresas estibadoras, al abono de una cantidad en concepto de daños y perjuicios.

De lo expuesto se deduce la identidad de las sentencias contrastadas.

En ambos procedimientos se aborda el reconocimiento de responsabilidad empresarial en materia de daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional (por inhalación de fibras de amianto); en los dos casos los actores prestaron servicios como estibadores del puerto de Barcelona durante periodos de tiempo similares, realizando actividades de estiba y desestiba de buques y estando expuestos al amianto emanado de sacos de polvo o derivados, cuya manipulación realizaban sin contar con mecanismos o medios de protección. En ambos asuntos se aborda el debate de si la OTP, como empleadora de los trabajadores hasta 1982 y 1986, respectivamente, infringió la normativa de prevención de riesgos laborales, generándose, por tanto, una responsabilidad y, en ese caso, si hubiese sido transmitida a Estibarna en virtud de la disposición transitoria del Real Decreto-ley 2/1986.

Los fallos, sin embargo, son contradictorios por cuanto la sentencia recurrida considera que Estibarna no tiene ninguna responsabilidad en relación con los riesgos laborales, que sería exclusivamente de las empresas empleadoras, mientras que la referencial considera que existe responsabilidad de dicha empresa, en su condición de sucesora de OTP, por cuanto incumplió su deber de vigilancia y facilitación de medios de seguridad.

Superado el requisito de contradicción deviene abierto el trámite unificador.

TERCERO. Las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021 ); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022 ); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023 ); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023 ).

1.Hemos anticipado desde el primer momento que la cuestión suscitada en el presente asunto ha sido resuelta por esta Sala IV, entre otras, en las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023), en las que se invocaba la misma sentencia de contraste que ahora igualmente se esgrime. Y hemos mencionado asimismo que el presente escrito de interposición del recurso es sustancialmente similar al interpuesto en aquellas sentencias, por lo que ya anunciábamos que la presente sentencia iba a reiterar lo que en ellas dijimos.

Reproducimos a continuación la STS 464/2025.

2.Dada la interacción entre los dos motivos del recurso de casación unificadora, la respuesta va a ser conjunta.

Entre los pronunciamientos dictados en esta materia podemos citar la 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021), que conoce de un supuesto similar.

Allí desestimamos el recurso del actor al no haber combatido el expreso pronunciamiento de la sentencia recurrida que motivadamente descartaba la existencia de responsabilidad de la extinta OTP, y no habiéndose generado por ello la obligación de indemnizar al trabajador, consideró que no cabía, en consecuencia, que Estibarna se subrogase como nueva empleadora en una obligación inexistente.

3.Por su parte, en la STS 562/2024, de 17 de abril (rcud 2229/2021), se dilucidó el debate consistente en el supuesto de determinar si la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de la Bahía de Cádiz SAGEP debía abonar una indemnización de daños y perjuicios por la enfermedad sufrida por un estibador portuario causada por la exposición al amianto cuando prestó servicios para la OTP.

Tras efectuar un amplio recorrido normativo por la regulación de la OPT, cita la STS de 8 de julio de 1987 que recogía su finalidad primordial: «ordenar el trabajo de los estibadores portuarios, abonarles sus salarios, ejercer sobre los mismos facultades disciplinarias, desarrollar su formación profesional, instalando y sosteniendo servicios de prevención de accidentes y organizando y aplicando la Seguridad Social de dichos trabajadores [...] teniendo el carácter de empresa de los estibadores portuarios [...] a los que facilita la efectividad del trabajo, la garantía de percepción del salario y de prestaciones de la Seguridad Social, otorgando una protección que no es la de mera agencia de colocaciones, sino de contratación de servicios a través de persona u organismo interpuesto», así como de los preceptos de cobertura de la Ordenanza del Trabajo de Estibadores Portuarios, del Reglamento de Seguridad, Higiene y Bienestar de los Estibadores Portuarios, del Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio de estiba y desestiba y del Real Decreto 371/1987, de 13 de marzo, expone que en 1986 entró en vigor el Real Decreto-ley 2/1986, que atribuía a las empresas estibadoras la responsabilidad por los incumplimientos e infracciones de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. Posteriormente, la Ley 33/2010 reformó la Ley 48/2003 y dispuso que «la empresa usuaria será responsable de garantizar la efectividad del derecho de los trabajadores a la protección en materia de seguridad y salud laboral en el trabajo, así como del recargo de prestaciones [...] ejerciendo todas las demás responsabilidades que se atribuyen a las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada, en el artículo 28 de la Ley 31/1995.» Ese precepto fue derogado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, cuyo art. 151.7 tenía el mismo contenido. Esta última norma fue derogada por el Real Decreto-ley 8/2017.

Seguidamente argumenta la Sala que durante la exposición del trabajador al amianto (desde 1970 a 1987), la normativa reglamentaria (Orden de 18 de mayo de 1962, Orden de 5 de diciembre de 1969, Orden de 6 de febrero de 1971 y Orden de 29 de marzo de 1974), imputaba la responsabilidad por la infracción de la normativa de prevención a las empresas estibadoras.

Pero también atribuía a la OTP competencias en materia de seguridad e higiene en el trabajo:

«a) Cuidar del cumplimiento de las normas reglamentarias sobre la materia: seguridad, higiene y bienestar de los estibadores portuarios (art. 4.4 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

b) Promover la divulgación, instrucción y perfeccionamiento en materia de prevención, higiene y socorrismo (art. 4.5 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

c) Dotar a todos los trabajadores de plantilla, en forma individual, de los elementos y medios de protección personal que se consideren indispensables y de uso constante, y dispondrá lo conveniente sobre equipos especiales para determinadas operaciones ocasionales (art. 4.7 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

d) Formar a los estibadores en materia de seguridad (art. 37 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

e) Adquirir los elementos de protección personal (art.180 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

f) Proveer en cuantas incidencias surjan respecto a la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo (art. 12 de la Orden de 29 de mayo de 1974).

g) Formar y perfeccionar al personal dedicado a las faenas portuarias, en las técnicas de prevención de accidentes, seguridad, higiene del trabajo y socorrismo, dotando a dicho personal de los elementos y medios de protección adecuados, de conformidad con el Reglamento especial de Seguridad, Higiene y Bienestar [art. 159 e) de la Orden de 29 de marzo de 1974].

h) Realizar las tareas formativas y de perfeccionamiento a que se refiere el Reglamento de Formación Profesional de los Estibadores Portuarios [art. 159 f) de la Orden de 29 de marzo de 1974].»

Se observa de esta manera una pluralidad de obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo encomendadas a la OTP, aun cuando resulta cierto que se trataba de un empleador con una naturaleza específica, puesto que cedía a los estibadores portuarios a las empresas estibadoras.

Recordamos también el contenido del art. 1101 del Código Civil: «Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.»

Y que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales se fundamenta en los siguientes principios [ STS 1039/2018, de 11 diciembre (rcud 1653/2016)]:

«b) el Estatuto de los Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador "a su integridad física" (artículo 4.2.d) y a "una protección eficaz en materia de seguridad e higiene" ( artículo 19.1). Obligación que más específicamente y con mayor rigor de exigencia desarrolla la LPRL cuyos rotundos mandatos contenidos en los artículos 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL- determinaron que se afirmase que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado y que deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran ( STS de 8 de octubre de 2001 -rcud 4403/00).

c) Existiendo una deuda de seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual y del art. 1101 CC, que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que "en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas."»

4.Acaece, como en aquel supuesto, que la grave enfermedad del trabajador, que causó finalmente su fallecimiento, derivó de la inhalación de partículas de amianto en suspensión.

En su prestación de servicios como estibador en el puerto de Barcelona el trabajo de carga y descarga de los materiales de amianto se realizaba durante los años mencionados en la sentencia recurrida sin ningún tipo de protección ni medida de seguridad que imposibilitase la inhalación de partículas.

La OTP debió haber cuidado del cumplimiento de las normas reglamentarias sobre seguridad de los estibadores portuarios. Debió haber instruido al trabajador en materia de prevención y seguridad y debió haber adquirido y haberle dotado de los elementos y medios de protección personal para evitar la inhalación de amianto. Al no haberlo hecho, se produjo la inhalación de esa sustancia tóxica que causó la enfermedad y posterior muerte del trabajador. Es decir, si la OTP hubiera cumplido sus obligaciones en materia de prevención establecidas por la normativa vigente a la sazón, se hubiera podido evitar la inhalación de amianto y la consiguiente enfermedad.

De forma semejante hemos de colegir que la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados debe atribuirse a quien incurrió en una vulneración de su deuda de seguridad que causó el resultado lesivo: la asbestosis pulmonar con alteración ventilatoria grave, al concurrir un nexo de causalidad entre el incumplimiento de aquellas obligaciones por parte de la OTP y la enfermedad profesional. Si la OTP hubiera proporcionado al trabajador unos elementos de protección personal adecuados, no hubiera padecido esa enfermedad, por lo que, por aplicación del art. 1101 del Código Civil, procede declarar la responsabilidad civil de la OTP.

Y, derivadamente, producida la integración de los estibadores de la OTP en la plantilla de Estibarna y su subrogación en sus derechos y obligaciones laborales, ha de afirmarse la responsabilidad civil correlativa por mor de las previsiones de la citada disposición transitoria segunda.2 del Real Decreto-ley 2/1986: «Los trabajadores que a la entrada en vigor de la presente norma se encuentren incluidos en los censos gestionados por la Organización de Trabajos Portuarios, pasarán a integrarse en las plantillas de las correspondientes Sociedades estatales, que se subrogarán en todos los derechos y obligaciones laborales que respecto de aquéllos se encuentren legalmente reconocidas [...]»-, pues con claridad fijó la amplitud de la subrogación respecto de los trabajadores incluidos en los censos gestionados por la OTP al ser integrados en las plantillas de las correspondientes sociedades estatales.

CUARTO. La estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina

1.De acuerdo con lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede: estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina; casar y anular la sentencia recurrida; y, resolviendo el debate de suplicación, desestimar el recurso de tal clase interpuesto por la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Barcelona y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia del juzgado de lo social.

2.Sin costas ( artículo 235.1 LRJS) .

PRIMERO. Cuestión planteada y sentencia recurrida.

1.La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Barcelona (Estibarna), como sucesora de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), debe responder de la indemnización de daños y perjuicios derivada de la enfermedad profesional que contrajo el fallecido esposo y padre de los actores, por haber participado, con exposición a la inhalación de fibras de amianto, como estibador portuario en la descarga de buques en el puerto de Barcelona.

Debemos mencionar desde el primer momento que la cuestión suscitada en el presente asunto ha sido resuelta por esta Sala IV, entre otras, en las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023), en las que se invocaba la misma sentencia de contraste que ahora igualmente se esgrime. Además, el presente escrito de interposición del recurso es sustancialmente similar al interpuesto en aquellas sentencias, por lo que la presente sentencia reproducirá esencialmente lo que en ellas dijimos.

Las SSTS 692 y 693/2024 son expresamente citadas por el recurso.

2.La sentencia ahora recurrida (la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 2342/2024, de 19 de abril, rec. 6774/2023): desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora (viuda e hijos del trabajador fallecido); estimó el recurso de suplicación interpuesto por Estibarna; y revocó parcialmente la sentencia de instancia (la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 28 de Barcelona 309/2022, de 10 de agosto, autos 338/2013), para absolver a dicha empresa de la demanda, confirmando el resto de sus pronunciamientos.

La sentencia de instancia había estimado parcialmente la demanda interpuesta por los actores y, en lo que aquí importa referir, había condenado solidariamente por todos los conceptos a Estibarna, a Estibadores de Barcelona Reunidos y a Hijos de Ramon Macià, S. A., a abonarles las cantidades que constan en su fallo, como herederos del trabajador.

Los actores son la viuda y los hijos de un trabajador que prestó servicios como estibador portuario dado de alta en el censo de la OTP desde el 1 de abril de 1963. A partir del 27 de octubre de 1982, el causante pasó a prestar servicios para Marítima Layetana, S. A. y el 15 de marzo de 1988 el causante firmó contrato de trabajo con Estibarna.

El Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio público de estiba y desestiba de barcos, sustituyó a la OTP, integrada y dependiente del Ministerio de Trabajo, por el modelo de sociedades de estiba, y pasó a ser, en lo que aquí importa mencionar, la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Barcelona (Estibarna, S. A.), convirtiéndose por la Ley 48/2003 en Estibarna, A. P. I. E. Por la Ley 33/2020, las sociedades A.P.I.E. se transformaron en sociedades S. A. G. E. P.

Durante el periodo 1960-1980, en la empresa Estibarna (antes OTP) se realizaron tareas de carga y descarga de sacos con amianto y de materiales con amianto, lo que implica la posibilidad de inhalación de fibras de amianto de los trabajadores que hacían estas operaciones.

Los informes médicos del trabajador constataron su patología pulmonar por exposición al amianto: asbestosis pulmonar con alteración ventilatoria grave. Falleció el 30 de marzo de 2011.

Por resolución del INSS de 26 de julio de 2011 se declaró al trabajador en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta, derivada de enfermedad profesional.

El trabajo de carga y descarga de los materiales de amianto en el puerto de Barcelona se realizaba durante los años mencionados sin ningún tipo de protección ni medida de seguridad que imposibilitase la inhalación de partículas. No constan reconocimientos médicos del causante, anteriores a 1985, ni de impartición de formación e información sobre el riesgo, y sí de contacto de él con el amianto desde 1963.

3.En suplicación recurrieron tanto la parte actora como Estibarna.

Los actores alegaban que no podía absolverse de su responsabilidad a la extinta OTP, representada por el Ministerio de Trabajo que la creó y extinguió en favor de la creación de otras sociedades de gestión de los estibadores.

La sentencia ahora recurrida en casación desestima el recurso de la parte actora, remitiéndose al criterio ya establecido por la propia sala catalana en diversas resoluciones en las que se descarta la responsabilidad pretendida.

En cuanto al recurso de Estibarna, en el que se sostenía que la responsabilidad legal y exclusiva en la adopción de las medidas de prevención y seguridad de los estibadores portuarios era de las empresas estibadoras, la sala catalana se remite igualmente al criterio establecido con anterioridad por la propia sala, en la que consideró responsables de las reclamaciones de daños y perjuicios a las empresas estibadoras y no a la sociedad encargada de la gestión portuaria.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina, sus impugnaciones, el informe del Ministerio Fiscal y el examen de la contradicción.

1.Los actores han recurrido en casación unificadora la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 2342/2024, de 19 de abril (rec. 6774/2023).

El recurso se estructura en dos motivos. En primer lugar, el atinente al establecimiento de la responsabilidad de la antigua OTP; el segundo, para fijar la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional, que la anterior trasmite a Estibarna, su sucesora por mor de la DT 2.2 del RD-ley 2/1986.

Denuncia en el primero que la sentencia de suplicación ha infringido los siguientes preceptos: «arts. 12, 14 y 15 de la Ordenanza de trabajo de los Estibadores Portuarios, de 29/03/1974; y, en fin, de los arts. 4 y 13 de la Orden de 6/02/1971 (Reglamento de Seguridad, Higiene y Bienestar de los Estibadores); así como de la DT 2ª.2 y arts. 18 y 19 del RD Ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio de estiba y desestiba. Todos ellos en relación a los arts. 1101 y 1902 del Código Civil, así como la jurisprudencia del TS en materia de responsabilidad empresarial por daños sufridos en la exposición al amianto que se reflejan en la sentencia del Alto Tribunal de 24 de enero de 2012, dictada en un supuesto de reclamación de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la exposición al amianto, y en la que se expone la normativa anterior a la fecha en que se vio sometido el trabajador al contacto con dicho elemento, así como las SSTS/IV 18-mayo-2011 (rcud 2621/2010) y 16-enero-2012 (rcud 4142/2010). Y en relación con el art. 96.2 LRJS y la STS 30/06/2010 (Pleno) que configura la responsabilidad cuasi objetiva en materia de responsabilidad empresarial por accidente de trabajo y enfermedad profesional»; y en el segundo que ha aplicado incorrectamente «lo dispuesto en la DT 2º 2 del RDL 2/1986, en relación con el artículo 167 LGSS y la doctrina del TS, y en concreto la STS 1924/2015, de 23/03/2015, Pleno.»

El recurso cita las SSTS 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022), y 693/2024, de 14 de mayo (rcud 887/2023). Y solicita la revocación de la sentencia recurrida y el mantenimiento de la sentencia de instancia.

2.El recurso ha sido impugnado por Estibarna y por el Abogado del Estado.

3.Partiendo de la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso. El informe cita la STS 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023).

4.Debemos examinar el requisito de la contradicción exigido por el artículo 219.1 LRJS en relación con la sentencia de contraste, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña 2203/2028, de 16 de abril (rec. 184/2018).

Ya hemos adelantado que en las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023), se invocó la misma sentencia de contraste que ahora igualmente se esgrime. Pues bien, en las cuatro sentencias hemos apreciado la concurrencia del requisito de la contradicción, como igualmente hacemos ahora. Reproducimos lo dicho en la STS 464/2025.

La sentencia de la Sala de lo Social del TJS de Cataluña 2203/2028, de 16 de abril (rec. 184/2018), desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y confirmó la de instancia, que había estimado en parte la demanda del actor.

Destacamos los siguientes hechos: el trabajador había sido declarado en situación de incapacidad permanente absoluta en agosto de 2000, falleciendo en diciembre de 2015. La prestación de servicios había abarcado desde julio de 1959 a julio de 1986, en la OTP; desde agosto 1986 a enero de 1991, en la Gerencia Marítima Frutera, S.A. y, finalmente, desde enero de 1991 a mayo de 1993, en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios.

La sala de suplicación recuerda que, si bien es cierto que la normativa vigente entre 1959 y 1987 diseñaba un sistema de responsabilidad por infracción de la normativa de prevención en que se atribuía la misma a las empresas estibadoras, cesionarias de los servicios de los estibadores cedidos por la OTP, de quienes son empleados, también acaece que la OTP tenía obligaciones en materia de vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención, perfectamente definidas por la normativa entonces vigente, citando, en concreto, el art. 4.4 del Reglamento de Seguridad, Higiene y Bienestar de los Estibadores de 6 de febrero de 1971, el art.12 Orden de 29 de marzo de 1974 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de los Estibadores portuarios y la Orden de 29 de marzo de 1974 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de los Estibadores portuarios. De todo ello, deriva que hubo infracciones de la normativa expuesta, tanto por parte de las empresas estibadoras condenadas, como de la OTP, puesto que ésta incumplió con absoluta claridad su deber de vigilancia, así como el de facilitación de medios. Además, estima que la responsabilidad civil dimanante de las infracciones de la normativa de prevención imputables a la OTP, desde su creación en 1968 hasta su extinción en 1986, fueron transmitidas por vía de sucesión ex legea las sociedades estatales. Confirma así la condena a Estibarna, de forma solidaria con las empresas estibadoras, al abono de una cantidad en concepto de daños y perjuicios.

De lo expuesto se deduce la identidad de las sentencias contrastadas.

En ambos procedimientos se aborda el reconocimiento de responsabilidad empresarial en materia de daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional (por inhalación de fibras de amianto); en los dos casos los actores prestaron servicios como estibadores del puerto de Barcelona durante periodos de tiempo similares, realizando actividades de estiba y desestiba de buques y estando expuestos al amianto emanado de sacos de polvo o derivados, cuya manipulación realizaban sin contar con mecanismos o medios de protección. En ambos asuntos se aborda el debate de si la OTP, como empleadora de los trabajadores hasta 1982 y 1986, respectivamente, infringió la normativa de prevención de riesgos laborales, generándose, por tanto, una responsabilidad y, en ese caso, si hubiese sido transmitida a Estibarna en virtud de la disposición transitoria del Real Decreto-ley 2/1986.

Los fallos, sin embargo, son contradictorios por cuanto la sentencia recurrida considera que Estibarna no tiene ninguna responsabilidad en relación con los riesgos laborales, que sería exclusivamente de las empresas empleadoras, mientras que la referencial considera que existe responsabilidad de dicha empresa, en su condición de sucesora de OTP, por cuanto incumplió su deber de vigilancia y facilitación de medios de seguridad.

Superado el requisito de contradicción deviene abierto el trámite unificador.

TERCERO. Las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021 ); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022 ); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023 ); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023 ).

1.Hemos anticipado desde el primer momento que la cuestión suscitada en el presente asunto ha sido resuelta por esta Sala IV, entre otras, en las SSTS 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021); 692/2024, de 14 de mayo (rcud 5011/2022); 693/2024, de 14 de mayo (rcud. 887/2023); y 464/2025, de 27 de mayo (rcud 567/2023), en las que se invocaba la misma sentencia de contraste que ahora igualmente se esgrime. Y hemos mencionado asimismo que el presente escrito de interposición del recurso es sustancialmente similar al interpuesto en aquellas sentencias, por lo que ya anunciábamos que la presente sentencia iba a reiterar lo que en ellas dijimos.

Reproducimos a continuación la STS 464/2025.

2.Dada la interacción entre los dos motivos del recurso de casación unificadora, la respuesta va a ser conjunta.

Entre los pronunciamientos dictados en esta materia podemos citar la 294/2024, de 14 de febrero (rcud 4054/2021), que conoce de un supuesto similar.

Allí desestimamos el recurso del actor al no haber combatido el expreso pronunciamiento de la sentencia recurrida que motivadamente descartaba la existencia de responsabilidad de la extinta OTP, y no habiéndose generado por ello la obligación de indemnizar al trabajador, consideró que no cabía, en consecuencia, que Estibarna se subrogase como nueva empleadora en una obligación inexistente.

3.Por su parte, en la STS 562/2024, de 17 de abril (rcud 2229/2021), se dilucidó el debate consistente en el supuesto de determinar si la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de la Bahía de Cádiz SAGEP debía abonar una indemnización de daños y perjuicios por la enfermedad sufrida por un estibador portuario causada por la exposición al amianto cuando prestó servicios para la OTP.

Tras efectuar un amplio recorrido normativo por la regulación de la OPT, cita la STS de 8 de julio de 1987 que recogía su finalidad primordial: «ordenar el trabajo de los estibadores portuarios, abonarles sus salarios, ejercer sobre los mismos facultades disciplinarias, desarrollar su formación profesional, instalando y sosteniendo servicios de prevención de accidentes y organizando y aplicando la Seguridad Social de dichos trabajadores [...] teniendo el carácter de empresa de los estibadores portuarios [...] a los que facilita la efectividad del trabajo, la garantía de percepción del salario y de prestaciones de la Seguridad Social, otorgando una protección que no es la de mera agencia de colocaciones, sino de contratación de servicios a través de persona u organismo interpuesto», así como de los preceptos de cobertura de la Ordenanza del Trabajo de Estibadores Portuarios, del Reglamento de Seguridad, Higiene y Bienestar de los Estibadores Portuarios, del Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio de estiba y desestiba y del Real Decreto 371/1987, de 13 de marzo, expone que en 1986 entró en vigor el Real Decreto-ley 2/1986, que atribuía a las empresas estibadoras la responsabilidad por los incumplimientos e infracciones de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. Posteriormente, la Ley 33/2010 reformó la Ley 48/2003 y dispuso que «la empresa usuaria será responsable de garantizar la efectividad del derecho de los trabajadores a la protección en materia de seguridad y salud laboral en el trabajo, así como del recargo de prestaciones [...] ejerciendo todas las demás responsabilidades que se atribuyen a las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada, en el artículo 28 de la Ley 31/1995.» Ese precepto fue derogado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, cuyo art. 151.7 tenía el mismo contenido. Esta última norma fue derogada por el Real Decreto-ley 8/2017.

Seguidamente argumenta la Sala que durante la exposición del trabajador al amianto (desde 1970 a 1987), la normativa reglamentaria (Orden de 18 de mayo de 1962, Orden de 5 de diciembre de 1969, Orden de 6 de febrero de 1971 y Orden de 29 de marzo de 1974), imputaba la responsabilidad por la infracción de la normativa de prevención a las empresas estibadoras.

Pero también atribuía a la OTP competencias en materia de seguridad e higiene en el trabajo:

«a) Cuidar del cumplimiento de las normas reglamentarias sobre la materia: seguridad, higiene y bienestar de los estibadores portuarios (art. 4.4 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

b) Promover la divulgación, instrucción y perfeccionamiento en materia de prevención, higiene y socorrismo (art. 4.5 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

c) Dotar a todos los trabajadores de plantilla, en forma individual, de los elementos y medios de protección personal que se consideren indispensables y de uso constante, y dispondrá lo conveniente sobre equipos especiales para determinadas operaciones ocasionales (art. 4.7 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

d) Formar a los estibadores en materia de seguridad (art. 37 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

e) Adquirir los elementos de protección personal (art.180 de la Orden de 6 de febrero de 1971).

f) Proveer en cuantas incidencias surjan respecto a la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo (art. 12 de la Orden de 29 de mayo de 1974).

g) Formar y perfeccionar al personal dedicado a las faenas portuarias, en las técnicas de prevención de accidentes, seguridad, higiene del trabajo y socorrismo, dotando a dicho personal de los elementos y medios de protección adecuados, de conformidad con el Reglamento especial de Seguridad, Higiene y Bienestar [art. 159 e) de la Orden de 29 de marzo de 1974].

h) Realizar las tareas formativas y de perfeccionamiento a que se refiere el Reglamento de Formación Profesional de los Estibadores Portuarios [art. 159 f) de la Orden de 29 de marzo de 1974].»

Se observa de esta manera una pluralidad de obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo encomendadas a la OTP, aun cuando resulta cierto que se trataba de un empleador con una naturaleza específica, puesto que cedía a los estibadores portuarios a las empresas estibadoras.

Recordamos también el contenido del art. 1101 del Código Civil: «Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.»

Y que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales se fundamenta en los siguientes principios [ STS 1039/2018, de 11 diciembre (rcud 1653/2016)]:

«b) el Estatuto de los Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador "a su integridad física" (artículo 4.2.d) y a "una protección eficaz en materia de seguridad e higiene" ( artículo 19.1). Obligación que más específicamente y con mayor rigor de exigencia desarrolla la LPRL cuyos rotundos mandatos contenidos en los artículos 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL- determinaron que se afirmase que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado y que deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran ( STS de 8 de octubre de 2001 -rcud 4403/00).

c) Existiendo una deuda de seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual y del art. 1101 CC, que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que "en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas."»

4.Acaece, como en aquel supuesto, que la grave enfermedad del trabajador, que causó finalmente su fallecimiento, derivó de la inhalación de partículas de amianto en suspensión.

En su prestación de servicios como estibador en el puerto de Barcelona el trabajo de carga y descarga de los materiales de amianto se realizaba durante los años mencionados en la sentencia recurrida sin ningún tipo de protección ni medida de seguridad que imposibilitase la inhalación de partículas.

La OTP debió haber cuidado del cumplimiento de las normas reglamentarias sobre seguridad de los estibadores portuarios. Debió haber instruido al trabajador en materia de prevención y seguridad y debió haber adquirido y haberle dotado de los elementos y medios de protección personal para evitar la inhalación de amianto. Al no haberlo hecho, se produjo la inhalación de esa sustancia tóxica que causó la enfermedad y posterior muerte del trabajador. Es decir, si la OTP hubiera cumplido sus obligaciones en materia de prevención establecidas por la normativa vigente a la sazón, se hubiera podido evitar la inhalación de amianto y la consiguiente enfermedad.

De forma semejante hemos de colegir que la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados debe atribuirse a quien incurrió en una vulneración de su deuda de seguridad que causó el resultado lesivo: la asbestosis pulmonar con alteración ventilatoria grave, al concurrir un nexo de causalidad entre el incumplimiento de aquellas obligaciones por parte de la OTP y la enfermedad profesional. Si la OTP hubiera proporcionado al trabajador unos elementos de protección personal adecuados, no hubiera padecido esa enfermedad, por lo que, por aplicación del art. 1101 del Código Civil, procede declarar la responsabilidad civil de la OTP.

Y, derivadamente, producida la integración de los estibadores de la OTP en la plantilla de Estibarna y su subrogación en sus derechos y obligaciones laborales, ha de afirmarse la responsabilidad civil correlativa por mor de las previsiones de la citada disposición transitoria segunda.2 del Real Decreto-ley 2/1986: «Los trabajadores que a la entrada en vigor de la presente norma se encuentren incluidos en los censos gestionados por la Organización de Trabajos Portuarios, pasarán a integrarse en las plantillas de las correspondientes Sociedades estatales, que se subrogarán en todos los derechos y obligaciones laborales que respecto de aquéllos se encuentren legalmente reconocidas [...]»-, pues con claridad fijó la amplitud de la subrogación respecto de los trabajadores incluidos en los censos gestionados por la OTP al ser integrados en las plantillas de las correspondientes sociedades estatales.

CUARTO. La estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina

1.De acuerdo con lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede: estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina; casar y anular la sentencia recurrida; y, resolviendo el debate de suplicación, desestimar el recurso de tal clase interpuesto por la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Barcelona y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia del juzgado de lo social.

2.Sin costas ( artículo 235.1 LRJS) .