Sentencia Social 358/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 102/2023 de 23 de abril del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión suscitada en el presente recurso de casación es la relativa a si resultan de aplicación las tablas salariales y la jornada anual (1592 horas) al objeto de determinar el precio hora con el que debe ser retribuido el salario, establecidas en el convenio colectivo sectorial de intervención social de la provincia de Guipúzcoa con prioridad al convenio colectivo de la empresa Cruz Roja, una vez este ha sido denunciado y ha perdido su vigencia expresa, siendo el mismo anterior a la entrada en vigor del RDL 32/2021, conforme dispone su DT 6ª.

2.La Sala de lo Social del TSJ de País Vasco dictó sentencia, estimando la demanda interpuesta por los Sindicatos ELA y CCOO frente a la empresa CRUZ ROJA GIPUZKOA y, declaró la aplicación del Convenio de intervención social de Gipuzkoa en las materias salariales y de jornada (al objeto de determinar el precio hora con el que debe ser retribuido el salario), a partir de 2022, por cuanto así lo exige el art. 84.2 ET en relación al art. 86 del ET y, teniendo en cuenta las Disposiciones Transitorias Sexta y Séptima del Real Decreto Ley 32/2021, condenando a la empresarial a estar y pasar por tal declaración con sus consecuencias legales y económicas.

3.Contra dicha sentencia recurre la empresa, Cruz Roja SA, en base a dos motivos de recurso (aunque aluda en su escrito de formalización a que son tres los motivos) y, ello en base a los apartados c) y e) del art. 207 de la LRJS.

4.El recurso ha sido impugnado por los sindicatos demandantes, CCOO y ELA, oponiéndose a los mismos en los términos que se dirá con ocasión de la resolución de cada uno de los motivos.

5.El Ministerio Fiscal informa en el sentido de que el recurso debe ser desestimado y, alega que la recurrente centra el motivo impugnatorio en afirmar la vigencia del convenio de empresa, dando a entender que la sentencia impugnada ha negado tal circunstancia. Sin embargo, la sentencia recurrida declara la vigencia del convenio de empresa aplicando correctamente la Disposición Transitoria séptima del RD Ley 32/2021, y lo que hace es resolver la concurrencia entre el convenio de empresa y el sectorial aplicando el art. 84.2 ET, cuestión sobre la que la Cruz Roja guarda silencio.

SEGUNDO. - 1.En su primer motivo, la empresa Cruz Roja, con amparo del art. 207.c) de la LRJS, denuncia infracción del art. 85.1 LRJS, al haberse producido una modificación sustancial de la demanda rectora de las actuaciones, lo que se ha trasladado al fallo, habiendo estimado la sentencia la aplicación del convenio sectorial también en relación con la jornada cuando dicha pretensión no se dedujo en demanda.

2.El motivo debe ser desestimado toda vez que, en la demanda se solicitaba la declaración de la aplicación de las tablas salariales establecidas en el Convenio de intervención social de Gipuzkoa, así como la jornada anual prevista en el art. 26 del referido Convenio (1592 horas), al objeto de determinar el precio hora con el que debe ser retribuido el salario, siendo que, del tenor literal del suplico, no cabe otra interpretación que la que efectúa la sentencia recurrida, esto es, que la pretensión abarcaba tanto el salario como la jornada, pero a esos efectos.

3.Además, para apreciar variación sustancial de la demanda, los términos de comparación son la demanda y lo pedido en la vista oral, no entre lo que se solicitó en demanda y lo que se decide en la sentencia, ya que, en ese caso, de conceder la sentencia más o distinto a lo pedido en demanda, estaríamos ante una incongruencia extra petitao por error, lo que no se ha aducido.

En definitiva, lo que se pidió en demanda y ratificó en el acto de la vista, esto es, la aplicación de las tablas salariales y de la jornada anual prevista en el art. 26 del Convenio (1592 horas) a los efectos de calcular el precio hora es lo que se acoge en la sentencia, sin que haya existido ni variación entre demanda y lo que se pidió en el acto del juicio ni entre lo pedido en demanda (y juicio) y la sentencia y, si la parte recurrente considera que el fallo no recoge dicho suplico, sino que concede más de lo pedido, entonces tendría que haber alegado una incongruencia extrapetita,lo que no ha hecho.

En todo caso, debemos añadir que, en materia de jornada, siempre ha gozado de prioridad aplicativa el convenio sectorial y, en línea con ello, la consideración de la jornada del convenio colectivo sectorial lo ha sido a los solos efectos de fijar el precio hora, esto es, a los meros efectos retributivos.

TERCERO. - 1.En el segundo motivo de recurso, al amparo del art. 207 e) de la LRJS se alega la infracción de la DT 7ª del RDL 32/2021, de 28 de diciembre en relación con el art. 86.3 del ET. Señala que el Convenio colectivo de empresa fue denunciado el 11 de diciembre de 2020, de modo que, por aplicación de la DT 7ª del RDL 32/2021, el mismo mantiene su vigencia, en tanto dure la negociación, sin que el hecho de que la parte social haya decidido suspender la negociación colectiva, impida la aplicación de este.

2.La parte recurrida, Confederación Sindical de CCOO, al impugnar el recurso, alega que la Sala ha aplicado de forma correcta los preceptos que se denuncian como infringidos y, añade, que hay que ponerlo todo ello en relación con la DT 6ª del RDL 32/2021 y la modificación del art. 84.2 del ET.

3.El Real Decreto-ley 32/2021 entró en vigor el 31 de diciembre de 2021 y, entre otras cuestiones, en su art. 1.9 modificó el art. 84.2 del ET, con el siguiente contenido:

«2. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias:

a) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.

b) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones.

c) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de las personas trabajadoras.

d) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los convenios de empresa.

e) Las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

f) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2.

Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1.

Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado».

4.La Disposición transitoria séptima del RDL 32/2021, de 28 de diciembre, sobre "Régimen aplicable a los convenios colectivos denunciados a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley" establece que: «Los convenios colectivos denunciados a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, y en tanto no se adopte un nuevo convenio, mantendrán su vigencia en los términos establecidos en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores en la redacción dada por el presente real decreto-ley»

5.-La disposición transitoria sexta de ese Real Decreto-ley 32/2021 dispuso que, en los convenios colectivos suscritos y presentados a registro o publicados antes de su entrada en vigor, la nueva redacción del art. 84.2 del ET se aplicaría cuando la norma colectiva perdiera su vigencia y, como plazo máximo, cuando transcurriera un año desde su entrada en vigor: el 31 de diciembre de 2022. Su tenor literal es el que sigue:

«1. Sin perjuicio de la preferencia aplicativa dispuesta en el artículo 84.1, la modificación operada en el apartado 2 de dicho precepto por el presente real decreto-ley resultará de aplicación a aquellos convenios colectivos suscritos y presentados a registro o publicados con anterioridad a su entrada en vigor una vez que estos pierdan su vigencia expresa y, como máximo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.

2. Las modificaciones operadas en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores no podrán tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras.

3. Los textos convencionales deberán adaptarse a las modificaciones operadas en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores por la presente norma en el plazo de seis meses desde que estas resulten de aplicación al ámbito convencional concreto, de conformidad con lo previsto en el apartado primero de esta disposición».

6.Esta DT 6. 1ª RDL 32/2021 constituye una norma para resolver cuestiones de concurrencia de convenios en el sentido de establecer, como primera regla, el carácter preferente de la aplicación del art. 84.1 ET, esto es, la regla de la prioridad aplicativa por razones cronológicas.

Asimismo, como dijimos en nuestra sentencia 59/2025, de 29 de enero (rc. 202/2024): «La disposición transitoria sexta de ese Real Decreto-ley 32/2021 dispuso que, en los convenios colectivos suscritos y presentados a registro o publicados antes de su entrada en vigor, la nueva redacción del art. 84.2 del ET se aplicaría cuando la norma colectiva perdiera su vigencia y, como plazo máximo, cuando transcurriera un año desde su entrada en vigor: el 31 de diciembre de 2022».

7.Los hechos declarados probados, en lo que aquí interesa, nos informan de lo siguiente:

a) El Convenio Colectivo de la empresa Cruz Roja fue publicado en el BOG de 11 de junio de 2019, con vigencia temporal desde el año 2017 a 31 de diciembre de 2020 y, desde entonces se halla en ultraactividad. Dicho Convenio de empresa fue denunciado el 11 de diciembre de 2020.

b) El Convenio Colectivo de intervención social de la provincia de Guipúzcoa se publicó en el BOG el 15 de junio de 2021 con vigencia de los años 2019 a 2022. Se halla en ultraactividad desde el 31-12-2022.

8.De este modo, en primer lugar, de conformidad a la DT 7ª del RDL 32/2021, el convenio de empresa, pese a su denuncia, la cual es anterior a la entrada en vigor del RDL 32/2021, ha permanecido en ultractividad, pero en los términos del nuevo y reformado art. 86.3 del ET, según el cual: «3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio.

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen».

En segundo lugar, conforme a la DT 6ª de la misma norma, la aplicación prioritaria del convenio sectorial sobre el de empresa en materia de salario exige que se cumplan dos condiciones: una, que el convenio de empresa fuera suscrito y publicado antes de la entrada en vigor del RDL 32/2021 y, dos, que haya perdido su vigencia expresa. El convenio de empresa, en este caso, anterior a la entrada en vigor de la reforma laboral, fue denunciado el 11 de diciembre de 2020 y, por tanto, ha perdido su vigencia expresa, entendida esta como la que abarcaba hasta el 31 de diciembre de 2020, esto es, la duración ordinaria pactada por las partes, sin perjuicio de que haya permanecido un año en situación de ultraactividad, siendo pues aplicable la nueva redacción del art. 84.2 del ET, desde enero de 2022, esto es, tras la entrada en vigor, el 31 de diciembre de 2021, de la reforma laboral.

9.En definitiva, por aplicación de las DDTT 6ª y 7ª del RDL 32/2021, la modificación operada en el apartado 2 del art. 84, que estableció que el convenio de empresa no tiene prioridad aplicativa en materia salarial sobre el convenio sectorial, determina que en esa concreta materia resulte aplicable el convenio colectivo sectorial, al tratarse el convenio de empresa de la Cruz Roja de un convenio publicado antes de la entrada en vigor del RDL 32/2021 (31-12-2021) y que ha perdido su vigencia expresa y, ello a partir de la entrada en vigor del RDL 32/2021, solución esta que es la alcanzada por la sentencia recurrida al haber declarado aplicable el convenio sectorial en esa materia a partir del año 2022.

10.Por último, no consta acreditado, como aduce la empresa, que la negociación está en marcha o que la misma fue suspendida con ocasión del presente conflicto colectivo, haciendo supuesto de la cuestión, defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida [por todas, sentencias del TS 943/2022, de 29 de noviembre (rec. 119/2022); 950/2022, de 30 de noviembre (rec. 156/2022); y 26/2023, de 11 de enero (rec 149/2021)], pero, en todo caso, la sentencia no ha determinado más que la aplicación preferente del convenio sectorial en materia de salario, aplicando el nuevo art. 84.2 ET, de conformidad a la DT 6ª del RDL 32/2021, sin que se haya cuestionado la vigencia del convenio de empresa o su unidad de negociación.

11.-Es cuestión nueva la relativa a la aplicación del convenio colectivo estatal de intervención social, ya que ello no fue pedido en la demanda ni, por ello, resuelto en la sentencia de instancia, la que tras aludir a la existencia del referido convenio estatal indica expresamente que "parece que (lo) omiten las contrapartes, que tan solo atienden a la aportación de doctrina jurisprudencial que refleja la materia de concurrencia de convenios de ultraactividad" (pág. 4) o más adelante al poner de manifiesto "sin que nadie aprecie el Convenio Colectivo Estatal aparentemente de 1 de abril de 2022 a 31 de diciembre de 2024" (pág. 7), de forma que todo lo relativo al mismo no ha formado parte del debate en la instancia y, de haberlo sido, la sentencia omite cualquier pronunciamiento sobre ello, lo que no ha sido denunciado por la recurrente quién nada indica sobre la existencia de una incongruencia omisiva en la sentencia y, pretende, sin más, la aplicación preferente del referido Convenio estatal a partir del 1 de abril de 2022.

Como indicamos en nuestra sentencia 483/2024, de 19 de marzo (rec. 38/2022): «[...], salvo en temas de orden público, apreciables de oficio, impera como criterio general la inadmisibilidad de "cuestiones nuevas" en todo recurso. No pueden plantearse válidamente cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas tienen que ser necesariamente rechazadas en ese recurso. Esta regla tiene su base, fundamento y justificación en el principio dispositivo o de justicia rogada que rige el proceso judicial español. Se recuerda que el epígrafe VI de la LEC precisa que "la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue inspirándose en el principio de justicia rogada o principio dispositivo, del que se extraen todas sus razonables consecuencias con la vista puesta, ... en que, como regla, los procesos civiles persiguen la tutela de derechos e intereses legítimos de determinados sujetos jurídicos, a los que corresponde la iniciativa procesal y la configuración del objeto del proceso"; y el art. 216 de este mismo cuerpo legal , que se intitula "principio de justicia rogada", dispone que "los Tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales".

Más en concreto ha de excluirse toda cuestión novedosa en el recurso de casación -bien sea ordinario o para la unificación de doctrina-, que ha de ceñirse a los errores de apreciación fáctica o a las infracciones de Derecho sustantivo o procesal en que haya podido incurrir la sentencia recurrida, en atención tanto a su carácter extraordinario como a las garantías de defensa de las partes recurridas, cuyos medios de oposición quedarían limitados ante un planteamiento nuevo, que desconocería -asimismo- los principios de audiencia bilateral y congruencia».

CUARTO.- - Los anteriores argumentos obligan, de conformidad al informe del Ministerio Fiscal, a desestimar el recurso de casación ordinario interpuesto por el Letrado D. Pablo Berriotxoa García, en nombre y representación de Cruz Roja Española. Todo ello sin condena al pago de costas conforme al art. 235.2 de la LRJS.