Sentencia Social 357/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 66/2023 de 23 de abril del 2025

PRIMERO.- 1.Nos encontramos ante una demanda de tutela de derechos fundamentales por lesión del derecho a la libertad sindical, interpuesta por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) contra Supermercados Dani S.L. y la Unión General de Trabajadores (UGT). La demanda pide que se declare la nulidad radical la conducta que dice que han llevado a cabo por las demandadas. En concreto alega que se produce una situación de hostigamiento, coacciones y boicot a los candidatos de CCOO a las elecciones sindicales por parte de las demandadas desde la publicación de su candidatura. Se hace referencia a llamadas y mensajes a un candidato de CCOO para que desistiera de su candidatura con promesa de mejoras laborales y económicas, así como la anulación del contrato de otra candidata. También alega conductas de presión a otro candidato y trato de favor por parte de la empresa a la candidatura de UGT. Por ello pide también que se condene a las demandadas al cese inmediato de estas conductas y una indemnización por los daños producidos al sindicato demandante por la lesión del derecho fundamental en cuantía de 30.000 euros.

2.La sentencia desestima la demanda y absuelve a las demandadas de las pretensiones deducidas en su contra. La sentencia razona que, tras analizar los hechos alegados por el sindicato actor como motivadores de la vulneración de derechos fundamentales, estos fueron desvirtuados por el sindicato demandado y la empresa. En cuanto a la conversación grabada entre una miembro del sindicato demandado con un candidato del sindicato demandante, la Sala hizo su valoración probatoria y consideró que era una conversación entre compañeros sin que la trabajadora del sindicato demandado tuviera capacidad real para modificar las condiciones laborales. Respecto a la otra candidata, no se consideró acreditado el motivo de la anulación del contrato. Por todo ello la Sala de instancia no declaró probados hechos constitutivos de una conducta antisindical desestimó la demanda en todas sus pretensiones.

Se trata por tanto de una sentencia cuyo núcleo fundamental consiste en la valoración de la prueba practicada y la fijación de hechos probados, determinante del sentido del fallo.

3.El recurso de casación formulado por el sindicato actor tiene los siguientes motivos:

a) Al amparo del artículo 207 d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por error en la apreciación de la prueba, se solicitan modificaciones fácticas en los hechos probados tercero, cuarto y séptimo de la sentencia. En relación con el hecho tercero se alega que la Sala de instancia ha realizado una errónea valoración de la conversación telefónica con un candidato, sosteniendo que el motivo real no era preocuparse por su salud o el nacimiento de su hijo, sino convencerle de que abandonara la candidatura de CCOO a cambio de mejoras laborales y económicas. Se basa en el audio aportado como documento 13 y la declaración testifical de Urbano. En relación con el hecho cuarto se viene a discrepar de la valoración de otra prueba de grabación de audio de otra conversación entre el responsable de Recursos Humanos de la empresa y otra candidata de CCOO. Se basa en el documento 3 del ramo de prueba de la demandante y la misma declaración testifical. Finalmente en relación con el hecho probado séptimo la modificación viene fundamentada en una pretensión de valoración discrepante de declaraciones testificales.

b) El segundo motivo casacional se ampara en el artículo 207 e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alegando infracción del artículo 28.1 de la Constitución en relación con el artículo 2.1 d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la jurisprudencia que se invoca del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Se reitera que ha quedado acreditada la vulneración del derecho a la libertad sindical por las conductas manifestadas en la demanda, basándose en los hechos recogidos en el primer motivo del recurso (intentos de "comprar" voluntades, anulación de contrato por no renunciar a la candidatura, trato de favor) y se invoca la vulneración igualmente del artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social relativo a la carga de la prueba en casos de vulneración de derechos fundamentales.

4.Supermercados Dani S.L. y UGT presentan escritos de impugnación del recurso de casación, oponiéndose a los motivos del mismo y solicitando su desestimación.

5.El Ministerio Fiscal informó en sentido contrario a la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.El núcleo del recurso de casación que analizamos lo constituye la discrepancia con la fijación de los hechos probados en la sentencia de instancia, la cual se combate desde dos planos, en primer lugar con el cuestionamiento de la valoración de la prueba practicada en el proceso por la Sala del Tribunal Superior mediante un motivo de la letra d del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y en segundo lugar desde el punto de vista de la vulneración jurídica de lo dispuesto en el artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social sobre la carga de la prueba en materia de tutela de derechos fundamentales. Es importante subrayar esto porque, como veremos, si no se alteran los hechos declarados probados, la formulación del motivo casacional relativo a la vulneración del derecho fundamental pierde todo su sustento fáctico, determinando su ineludible desestimación.

2.El proceso ante el orden jurisdiccional social se fundamenta tradicionalmente sobre el principio de única instancia, de manera que los recursos contra la sentencia dictada en dicha instancia tienen naturaleza extraordinaria y no constituyen una apelación, de manera que ni el recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ni menos todavía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pueda convertirse en una nueva instancia jurisdiccional. Ello impone severas restricciones a la revisión de hechos probados en vía de recurso y aunque exista previsión legal que permite la misma, se trata de una vía ciertamente limitada, que solamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas y desde luego excluye la valoración de otro tipo de pruebas distintas a la documental y por supuesto una nueva valoración global por la Sala casacional del conjunto de la prueba practicada en la instancia. Por eso es reiterada la jurisprudencia, de la que a título de ejemplo podemos citar las sentencias de esta Sala de 28 mayo 2013 (rec. 5/20112), 3 julio 2013 (rec. 88/2012), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015) ó, mucho más recientemente, 5 de febrero de 2025 (rec. 58/2023), que exige como requisitos de prosperabilidad del motivo de revisión fáctica en casación los siguientes:

1. La parte no puede limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que debe delimitar con exactitud en qué discrepa y para ello ha de señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado, indicando el texto que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

2. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas, puesto que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo deben situarse en la fundamentación jurídica.

3. El error en la valoración de la prueba que se imputa a la instancia se debe acreditar de forma clara, directa y patente a partir de prueba documental practicada en la instancia y obrante en autos, debiendo indicarse con precisión cuál o cuáles de los documentos que forman parte del ramo de prueba de las diferentes partes evidencian el error, no siendo suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada.

4. No se puede basar la pretensión de modificación fáctica en prueba testifical ni pericial ni de cualquier otra tipología diferente a la documental.

5. El error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados. No puede admitirse la revisión de hechos probados cuando la prueba documental invocada admita diversas valoraciones y la parte únicamente manifieste discrepancia con la decisión valorativa del órgano judicial de instancia si dicha decisión no vulnera los parámetros de lógica y razonabilidad exigibles. Tampoco puede admitirse la revisión cuando la prueba documental invocada haya sido valorada por el órgano judicial de instancia en conjunción con pruebas de otra naturaleza, de manera que la fijación de hechos probados dependa de diversos medios probatorios y no solamente de la documental que fundamenta el recurso.

6. Los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo.

7. Que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo.

3.Partiendo de los indicados parámetros resulta que el conjunto de las pretensiones de revisión fáctica del recurso que aquí examinamos han de ser rechazadas.

La primera, referida al ordinal tercero de los hechos probados, porque se apoya parcialmente en prueba no apta para obtener la revisión de hechos probados en recurso de suplicación, ya que se trata de grabaciones de audio de una determinada conversación que no tienen el carácter de prueba documental, además de prueba testifical. Debemos recordar que conforme a la doctrina de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sentencias de 16 de junio de 2011, rcud 3983/2010, 26 de noviembre de 2012, rcud 786/2012 , 20 de julio de 2016, rec. 22/2016, 15 de enero de 2020, rec. 166/2018 ó 6 de abril de 2022, rcud 1370/2020, el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al enumerar los medios de prueba de que se puede hacer uso en juicio, diferencia en su primer apartado al interrogatorio de las partes, documentos públicos, documentos privados, dictamen de peritos, reconocimiento judicial e interrogatorio de testigos, en el apartado segundo dispone que también se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, por lo que, a diferencia de lo que sucedía en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, confiere un tratamiento autónomo a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, diferenciándolos de la prueba documental, de manera que la grabación de imágenes y/o sonidos no es prueba documental a efectos revisorios. Como señalamos en la sentencia de 6 de abril de 2022, rcud 1370/2020 la consideración de prueba documental no puede incluir una grabación de audio de una conversación entre dos personas, porque en sí misma tal conversación no tiene el carácter de documento que se incorpora a un soporte electrónico, sino que se trata de un medio de reproducción de la palabra reconocido como medio de prueba en el artículo 90 LRJS, pero que no es hábil a efectos revisorios.

La única prueba documental invocada en este punto es la transcripción de diálogo escrito por mensajería electrónica (Whatsapp). Esta Sala ya dijo en sentencia de 23 de julio de 2020, rec 239/2018, que la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene preceptos favorables al concepto amplio de prueba documental (arts. 326.3, 327, 333 y 812.1.1º) y dicho concepto amplio de documento comprende los documentos electrónicos, ya que el avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de los nuevos soportes electrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental, con las necesarias adaptaciones (por ejemplo, respecto de la prueba de autenticación). Pero ello no supone que todo documento electrónico sirva para acreditar un error fáctico de la sentencia de instancia para la estimación de un motivo de revisión de hechos probados, puesto que, al igual que sucede con los documentos privados, es necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique, si ha sido autenticado, en su caso y si goza de literosuficiencia. En base a un documento privado, como el que aquí nos ocupa, la revisión fáctica solamente procede cuando el documento en que se apoya tenga una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas. Y no es esto lo que ocurre en este caso, porque la conversación documentada electrónicamente mediante Whatsapp, desarrollada por tanto por escrito, admite diversas interpretaciones y ya ha sido valorada en la sentencia de instancia en conjunción con el resto de la prueba que se señala, de manera que la modificación que se pretende solamente pudiera ser hipotéticamente viable si la Sala casacional pudiera hacer una valoración ex novo del conjunto de dicha prueba, que comprende grabaciones de audio y declaraciones testificales, lo que es totalmente ajeno a la estructura procesal de nuestro orden jurisdiccional.

La segunda modificación instada, referida al ordinal cuarto, debe igualmente rechazarse porque lo que la parte pretende es revisar la resultancia fáctica de la instancia en base a grabación de audio y testifical, lo que como hemos dicho no es procesalmente admisible, además de que se trata de hacer una valoración global de la prueba para sustituir la realizada en la instancia por aquella otra que se acomoda al interés de la parte recurrente.

Y lo mismo puede decirse de la tercera modificación pretendida, referida al ordinal séptimo de los hechos probados, basada en una revisión de declaraciones testificales practicadas en el juicio de instancia y cuya valoración soberana solamente a ese órgano judicial de instancia compete.

4.La alteración del material fáctico de la sentencia de instancia se pretende igualmente en base a la alegación, contenida en el motivo de casación amparado en la letra e del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuando se denuncia la vulneración del artículo 181.2 de esta misma Ley, que dice:

"En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Dicho precepto impone efectivamente una inversión de la carga probatoria en perjuicio de quien ha adoptado una determinada medida que pueda sospecharse motivada por razones contrarias a los derechos fundamentales. Alude a la prueba de la finalidad o motivación de una conducta, de manera que cuando pueda existir duda sobre si la misma es contraria a un derecho fundamental, entonces la concurrencia de un panorama indiciario suficientemente expresivo de que pudiera serlo obliga al autor de la misma a justificar las causas de la misma, probado que son ajenas a tal finalidad o motivación antijurídica. Pero dicho precepto no impone la obligación del demandado de acreditar que no realizó una determinada conducta, ni permite que la mera afirmación de la existencia de esa conducta pueda ser prueba suficiente de la misma. La conducta a la que se imputa finalidad discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales debe ser acreditada por quien alega su existencia. La inversión de la carga de la prueba no opera en ese ámbito, sino solamente en el ámbito de la explicación causal o teleológica de la misma. Esa inversión tiene que ver en definitiva con la disponibilidad probatoria, puesto que si a la parte que pueda haber sido víctima de la discriminación o conducta contraria a sus derechos fundamentales se le exigiera acreditar la finalidad o motivación de la conducta, que puede permanecer en el fuero interno de quien la llevó a cabo, se le situaría en una posición de cuasi imposibilidad probatoria, mientras que quien llevó a cabo la conducta es quien estará en condiciones de explicar realmente la causa o finalidad de la misma y acreditar la veracidad de tal explicación, si es ajena a esa antijuridicidad presunta. Lo que la parte recurrente aduce aquí significaría una interpretación extensiva de dicho precepto que no podemos asumir, porque implicaría que la mera afirmación de la existencia de un hecho externo, como es la conducta discriminatoria o atentatoria contra el derecho fundamental, sería prueba suficiente del mismo, al cargar sobre la parte demandada la obligación de probar su inexistencia. Esa construcción jurídica no tiene amparo en nuestro Derecho y excede de la finalidad y lógica del precepto que se invoca.

5.Queda por tanto analizar la infracción, alegada al amparo de la letra e del artículo 207 LRJS, de infracción del artículo 28.1 de la Constitución relación con el artículo 2.1 d) de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical. Como ya anticipamos, la estimación de este motivo dependía por completo de la eventual estimación de las revisiones fácticas anteriormente pretendidas, porque sin los hechos que se pretenden introducir la vulneración denunciada carece de todo apoyo en lo declarado en la sentencia de instancia y desde luego el motivo no puede ser resuelto en base al relato fáctico que se hace en el mismo, sino exclusivamente en base a los inmodificados hechos probados de la sentencia recurrida.

Lo declarado en el ordinal tercero respecto a la conversación entre la candidata de UGT y el candidato de CC. OO. no permite establecer la existencia de conducta antisindical alguna, explicándose en la sentencia que se trataba de recabar su apoyo a la candidatura de UGT, no de la asunción de una representación informal de la empresa que pudiera implicar injerencia de la misma en la lucha electoral entre sindicatos. Tampoco nada resulta en orden a apreciar una conducta antisindical expresamente dirigida contra el sindicato demandante de lo declarado probado en el ordinal quinto, puesto que conforme consta probado únicamente obedece a la aplicación de una política empresarial de alcance general. Y esto igualmente puede decirse de lo declarado en los ordinales sexto y séptimo. Si hubiera algún elemento de duda basado en lo declarado probado solamente se proyectaría sobre el contrato indefinido a tiempo parcial que se había comunicado al Servicio Público de Empleo Estatal y fue anulado el día anterior a su entrada en vigor, sin que ello obstara al mantenimiento del contrato que tenía la trabajadora en la modalidad de contrato para la formación. La sentencia de instancia, asumiendo además las conclusiones de la Inspección de Trabajo, considera probado que se trató de la corrección de un error de gestión y desde luego ese mero hecho aislado es totalmente insuficiente para afirmar la existencia de una injerencia en el proceso electoral por parte de la empresa en apoyo de la candidatura de uno de los dos sindicatos en liza y que aquí actúa como codemandado.

En definitiva estamos ante un litigio en el cual el núcleo consistía en la valoración de la prueba y la fijación de los hechos probados, todo ello en base a grabaciones de audio de conversaciones, intercambios escritos por Whatsapp y muchas declaraciones testificales. Aunque la valoración probatoria de la Sala de instancia no fuera la única posible desde luego no excede los límites de la razonabilidad y proporcionalidad, ha sido llevada a cabo por el órgano competente para ello dentro de nuestro proceso social y no puede ser revisada en este procedimiento de recurso. Y sin tal revisión fáctica la denuncia jurídica que se hace en este motivo final carece de apoyo en los hechos probados.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso de casación presentado.

2.De conformidad con el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.