Sentencia Social 810/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 213/2023 de 23 de septiembre del 2025

PRIMERO.- 1.-Por el sindicato CCOO Andalucía se presentó con fecha 25 de abril de 2023 demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (sede Granada) contra la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), impugnando la convocatoria interna de 21 de enero de 2022 para la selección de responsables de programa y unidad. En el suplico de la demanda se solicitaba la nulidad de esa convocatoria por vulnerar la normativa convencional y constitucional vigente en procesos de provisión de plazas.

2.-Se da la circunstancia de que previamente se había formulado demanda de conciliación ante el SERCLA (el 9 de febrero de 2022) y posterior demanda judicial (el 23 de marzo de 2022) con idéntico contenido ante el Juzgado de lo Social n.º 5 de Córdoba, que fue estimada en primera instancia, pero revocada por el TSJ de Andalucía en su sentencia de 9 de febrero de 2023 al entender que la competencia objetiva recaía en la Sala de lo Social del TSJ, por lo que hubo que reproducir dicha demanda, ahora ya ante el TSJ, que es la demanda rectora de este procedimiento.

3.-La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en su sentencia nº 1494/23 de 17 de julio (Procedimiento 13/2023) estimó íntegramente la demanda y declaró la nulidad de la convocatoria interna de 21 de enero de 2022 para cubrir plazas de Responsable de Programa y de Unidad.

4.-Recurre en casación ordinaria FAISEM articulando tres motivos, el primero al amparo de la letra b) del art. 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) reiterando su excepción de inadecuación de procedimiento y la carencia sobrevenida de objeto. En su segundo motivo, por la vía de la letra d) de la LRJS propone la adición de un nuevo hecho probado (HP) para acreditar que existían ya adjudicaciones en el momento de interponerse la demanda, y finalmente, en su tercer motivo de recurso (por la vía de la letra e) del art 207 LRJS) se reprocha a la sentencia una incorrecta interpretación de los artículos 15 y 18 del Convenio Colectivo de FAISEM, en relación con el EBEP y la legislación autonómica.

5.-Por los sindicatos CCOO, UGT y USO se procedió a impugnar el recurso de casación con una argumentación sustancialmente coincidente, solicitando el rechazo de las excepciones planteadas y la confirmación de la sentencia del TSJ.

6.-El Ministerio Fiscal interesó la estimación del recurso en su tercer motivo.

SEGUNDO.- 1.-En la medida que el recurso plantea como primer motivo la excepción de inadecuación de procedimiento vinculada con la pérdida sobrevenida de objeto del recurso, dados los términos en que se argumenta, debemos proceder en primer lugar al análisis del motivo segundo sobre modificación fáctica. En efecto, para sostener la inadecuación de procedimiento de conflicto colectivo para impugnar la convocatoria de plazas de Responsables de Programa y de Unidad en Córdoba, afirma que la razón radica en que al haber sido adjudicadas las plazas antes de la demanda, existen situaciones individuales consolidadas que no pueden revisarse mediante proceso colectivo. Y en su motivo segundo, la recurrente defiende una corrección de la relación fáctica, añadiendo un HP Quinto bis en el que se haga constar lo siguiente:

«La adjudicación de la plaza de Responsable de Programa de FAISEM en la Provincia de Córdoba tuvo lugar mediante Resolución de la citada Fundación, de fecha 21 de marzo de 2022. Las dos plazas de Responsable de Unidad de FAISEM en la Provincia de Córdoba fueron adjudicadas mediante Resolución de FAISEM de fecha 19 de febrero de 2022.»

Para ello se apoya en los documentos aportados como número 2 y 3, que en efecto, demuestran la realidad de esa afirmación (folios 132 y ss y 140 y ss. de los autos).

2.-Respecto de las modificaciones fácticas, es conocida y reiterada la doctrina de esta Sala. Hemos establecido de forma constante que para que prospere una modificación fáctica es necesario -en esencia- que la petición reúna los requisitos de claridad y precisión en su planteamiento, el alejamiento de valoraciones jurídicas, la concreción de la redacción pretendida y la trascendencia para el fallo de la modificación defendida. Como recuerda, entre otras muchas, la STS 172/2020 de 26 de febrero (Rec. 160/2019) es imprescindible para que un motivo de revisión fáctica pueda prosperar, "la conjunta concurrencia de todos y cada uno de los siguientes requisitos: 1º) Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado, lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse; 2º) Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica; 3º) Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados , sino que se delimite con exactitud en qué discrepa; 4º) Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada). No cabe apreciarlo si ello comporta repulsa de las facultades valorativas de la prueba, privativas del Tribunal de instancia, cuando estas atribuciones se ejercitan conforme a la sana crítica, porque no es aceptable que la parte haga un juicio de evaluación personal, en sustitución del más objetivo hecho por el Juzgador de instancia; 5º) Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte» encuentra fundamento para las modificaciones propuestas; 6º) Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; 7º) Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo; 8º) Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento; 9º) Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte."

3.-En el presente caso, es verdad que las plazas de esta convocatoria fueron adjudicadas en las fechas aludidas según se ve de forma clara e indiscutible en los documentos reseñados. Afirma el Ministerio Fiscal y también los impugnantes, que tal adición fáctica es intrascendente para el fallo, puesto que la solución que habremos de dar a la inadecuación de procedimiento y a la consiguiente pérdida sobrevenida del objeto de recurso, no depende de que esa adjudicación se haya ya producido efectivamente. No podemos aceptar esta apreciación y debemos acoger la modificación fáctica planteada.

No obstante lo anterior, es verdad que la sentencia recurrida, según consta en el FD Segundo, da por cierto ese extremo de la adjudicación de las plazas, solo que a la vista de las fechas de la presentación de la papeleta de conciliación y de la demanda ante el Juzgado de lo Social que fueron anteriores a la adjudicación de las plazas (al menos la demanda de conciliación), interpreta que ello habilita la posterior demanda de conflicto colectivo, por existir un interés real y efectivo y porque no estaban aún adjudicadas las plazas al tiempo de iniciarse el primer pleito de conflicto colectivo. Aceptada, en todo caso, la modificación fáctica, abordaremos luego qué relevancia pudo tener esa demanda que terminó rechazada por incompetencia objetiva.

TERCERO.- 1.-Analizaremos ahora el primer motivo de recurso, que pretende como hemos ya advertido que el conflicto colectivo no es procedimiento adecuado por cuanto ya no existe interés real y efectivo y actual desde el momento en que al tiempo de resolver la sala de lo Social del TSJ ya estaban adjudicadas las plazas, lo que en definitiva, viene a conectar con la aparente falta de acción para interponer la demanda de conflicto colectivo.

Conviene recordar que, en el marco de las acciones de conflicto colectivo y respecto de la falta de acción hemos establecido en varias de nuestras sentencias «que la figura carece de contornos precisos pero lo mismo abarca supuestos de falta de jurisdicción (normalmente por ausencia de un conflicto real y actual) como de deficientes presupuestos procesales (falta de legitimación activa, radical inadecuación de procedimiento) o pretensiones vacuas (por falta de fundamento). De este modo, puede surgir cuando concurra:

- Desajuste subjetivo entre la acción y su titular.

- Inadecuación objetiva del proceso elegido en relación con la pretensión ejercitada.

- Ausencia de un interés litigioso actual y real, de modo especial cuando se ejercitan acciones declarativas.

- Falta de fundamentación de la pretensión ejercitada.

Carece de legitimación para litigar y recurrir quien sólo tiene un interés preventivo o cautelar, no efectivo ni actual y que ello equivale a la falta de acción. "No se descubre el interés que puede tener el recurrente en obtener una declaración judicial, que ni en el presente ni en el futuro, se va a traducir en nada útil a sus derechos, derivados de la situación sobre la que ha versado la presente controversia" ( STS 5 diciembre 2006, rec. 2286/2005 ).

[...] La aplicación práctica de esa figura ha de llevarse a cabo en concordancia con nuestra doctrina sobre licitud de las acciones declarativas, pues vienen a ser diversas caras de un mismo poliedro conceptual.

Como hemos manifestado muy reiteradamente, son lícitas las acciones declarativas cuando posean contenido propio y específico, y respondan a un interés real y actual del actor, no a un mero interés preventivo o cautelar. En tal sentido, entre otras muchas, pueden verse las SSTS 10 julio 2000 (rec. 3843/1998); 18 julio 2000 (rec. 3742/1999); 23 mayo 2001 (rec. 1642/2000); 18 julio 2002 (rec. 1289/2001); 30 enero 2006 (rec. 183/2005). Ello concuerda con la doctrina constitucional conforme a la que las acciones meramente declarativas son admisibles en los procesos laborales cuando el interés del actor se satisface con esta protección jurisdiccional ( STC 71/1991, de 8 abril) pues la exclusión de tales acciones significaría una injustificada limitación del derecho a la tutela judicial efectiva ( STC 20/1993, de 18 enero).

La propia jurisprudencia constitucional ha subrayado que a través del recurso de amparo no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades fundamentales por razón de los cuales se formuló, condición con base en la cual se han rechazado, con carácter general, las pretensiones puramente declarativas desvinculadas de una lesión real y efectiva del derecho invocado ( STC 131/ 1998, de 16 de junio ...» ( STS 1 de diciembre de 2015 - rec. 60/2015, entre otras muchas).

2.-Por otro lado, hemos afirmado reiteradamente al respecto del proceso de conflicto colectivo: «el tenor del art. 153 LRJS, norma que disciplina este procedimiento especial, y que dispone: "1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley. Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley".

Con relación al objeto del procedimiento de conflicto colectivo, la sentencia de esta Sala IV 280/2024, de 13 de febrero, rec 206/2023, recordaba sus requisitos: "la jurisprudencia viene concluyendo que el objeto de los procesos de conflicto colectivo queda acotado por la concurrencia de tres requisitos acumulativos: la trascendencia colectiva del conflicto, su naturaleza jurídica, y su carácter real y actual [ SSTS 426/2020, de 10 de junio (Rec. 230/2018) y 929/2020, de 20 de octubre (Rec. 95/2019)]. (...) la trascendencia colectiva del conflicto; esto es, que el conflicto alcance a un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo susceptible de determinación individual y que afecte a intereses generales del colectivo o grupo.

La primera exigencia imprescindible es que ese colectivo o grupo de trabajadores tenga un carácter genérico; es decir que tenga un rasgo o nexo común entre ellos de suficiente entidad para que pueda ser titular del segundo elemento: el interés general. Por ello, el grupo o colectivo afectado ha de ser, "no la mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente considerados", sino "un conjunto estructurado a partir de un elemento de homogeneidad", de modo que "constituya una unidad por poseer un elemento común que confiere un perfil unitario al grupo" [por todas, SSTS de 21 de octubre de 1997 y 449/2020, de 15 de junio ( Rec. 167/2018)]. Ahora bien, lo dicho no significa que el conflicto en sí mismo no pueda tener un interés individualizable, pues tienen cabida en este proceso los litigios en que la decisión colectiva puede posteriormente ser objeto de concreción en cuanto a sus efectos respecto a cada uno de los trabajadores afectados. Y es que, como afirmamos en nuestra STS 801/2016, de 4 de octubre (Rec. 232/2015) tras la nueva regulación dada por la LRJS no parece que esta caracterización general del proceso de conflicto colectivo deba modificarse. En efecto, el hecho de que ahora el art. 153.1 LRJS remita también a este proceso las demandas que afecten "a un colectivo genérico susceptible de determinación individual", sin hacer referencia a la naturaleza del interés afectado, no significa excluir la necesaria presencia de un interés "general" en juego, pues en otro caso se desvirtuaría la esencia de este proceso especial; aunque el tenor legal empleado permite incorporar a la norma la idea ya puesta previamente de relieve por este Tribunal de que el proceso de conflicto colectivo resulta compatible con la posibilidad de efectuar la identificación individual de los componentes del grupo: "El hecho, evidente, de que puedan identificarse individualmente cada uno de los trabajadores afectados, no desvirtúa ni su condición de integrante del grupo, ni el carácter homogéneo de éste pues, de ser así, no sería posible el planteamiento de ningún conflicto colectivo de empresa ya que siempre pueden identificarse fácilmente, todos y cada uno de los que integran su plantilla" [ SSTS de 3 de mayo de 2010 (Rec. 185/2007) o de 18 de enero de 2011 (Rec. 66/2010)]".

Respecto del segundo de los elementos necesarios para conformar un verdadero conflicto colectivo, esto es, que las pretensiones afecten a intereses generales del grupo genérico de trabajadores o del colectivo susceptible de determinación individual, señalábamos que "lo que exige, como expresan nuestras SSTS de 11 de junio de 2001 (Rec. 4037/2000) y 209/2020, de 4 de marzo ( Rec. 133/2018) es que tales intereses pertenezcan indivisiblemente al grupo de trabajadores en su conjunto y sin posibilidad de fraccionamiento entre sus miembros. En este sentido, la clave de la diferenciación está en atender al tipo de valoraciones, más o menos concretas, que el examen y resolución de la cuestión planteada requieren [ SSTS 801/2016, de 4 de octubre (Rec. 232/2015); de 2016; 178/2019, de 6 de marzo (Rec. 8/2018) y 292/2021, de 10 de marzo (Rec. 139/2019)]; de tal manera que, si la pretensión formulada afecta al interés del grupo de forma indiferenciada y puede resolverse de forma abstracta, sin atender a situaciones particulares de cada trabajador, habrá que considerar adecuada la vía del proceso de conflicto colectivo, sin perjuicio de que, con posterioridad, sí pueda ser necesaria la atención a las circunstancias individuales a efectos de ejecución de sentencia [ SSTS de 22 de marzo de 2007 (Rec. 114/2005) o 930/2020, de 20 de octubre ( Rec. 110/2019)]; por el contrario, cuando estemos ante demandas cuya solución exija tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los sujetos afectados, entonces la tramitación habrá de realizarse por la vía del proceso ordinario [ STS 454/2017, de 30 de mayo (Rec. 139/2016)]".» ( SSTS 953/2024, de 26 de junio- rec. 155/2022, y 383/2025 de 6 de mayo -rec.149/2023 entre muchas otras).

3.-En el presente caso no hay duda ninguna de que la pretensión articulada en su demanda por el sindicato recoge - en principio- una petición que tiene perfecto encaje en el procedimiento de conflicto colectivo: la impugnación de una convocatoria para cubrir unas concretas y específicas plazas, a las que podrían concurrir potencialmente un grupo genérico de trabajadores de la recurrente FAISEM, por considerar que estamos ante una decisión empresarial de carácter colectivo, dirigida a todos los empleados, y que incurre a juicio del sindicato demandante en grave contravención de lo pactado en el convenio en sus art. 15 y 18 del Convenio colectivo (convenio colectivo de la Fundación Pública Andaluza para Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, publicado en el BOJA núm. 229, de 27 de noviembre de 2006).

Ahora bien, aquí concurre el problema de que cuando se interpone la demanda rectora de los presentes autos, las plazas convocadas ya habían sido adjudicadas.

Por eso la recurrente defiende que el procedimiento de conflicto colectivo es inadecuado para impugnar la convocatoria de plazas de Responsables de Programa y de Unidad en Córdoba, ya que, al haber sido adjudicadas las plazas antes de la segunda demanda, existen situaciones individuales consolidadas que no pueden revisarse mediante proceso colectivo. Se alega por ello la carencia sobrevenida de objeto que sustentaría la inadecuación de procedimiento invocada y se aduce que la demanda ante el órgano competente (TSJ de Andalucía) se interpuso más de un año después de la adjudicación, por lo que no es relevante la fecha de presentación de la primera demanda, que fue ante órgano incompetente. En apoyo de su tesis invoca la STS de 25 de mayo de 2006, sin mayor concreción, pero es obvio que se refiere a la STS del rec. 86/2005 recaída en un supuesto semejante afectando a una impugnación de convocatoria para cubrir plazas en RENFE.

4.-Hemos de destacar que, en efecto, cuando la materia que se encauza a través del conflicto colectivo es una impugnación de una convocatoria de plazas en una empresa, el panorama puede cambiar sustancialmente si al tiempo de demandar ya se habían adjudicado esas plazas.

Repasemos la jurisprudencia de esta sala al respecto, que podría resumirse en las siguientes apreciaciones:

a) el conflicto colectivo es adecuado si se interpone antes de que el interés general se individualice por existir ya una relación de participantes o adjudicatarios de las plazas, pues en caso contrario debe utilizarse el procedimiento ordinario o acciones individuales;

b) impugnar las bases de una convocatoria tiene una inevitable proyección general y futura siempre que se discuta una cuestión normativa, sin embargo cuando ya se han adjudicado las plazas la nulidad pretendida afecta a un acto consumado y con efectos individuales.

c) cuando existen adjudicatarios de esas plazas, la anulación de la convocatoria incidirá directamente en sus derechos; en tal caso es ineludible su presencia en el litigio para evitar indefensión, y el aparente conflicto colectivo se transformaría en realidad en una contienda de intereses individualizados, vedada al proceso colectivo.

Los pronunciamientos de esta sala más relevantes en esta materia, entre otros (como el invocado por la Fundación), son los siguientes:

A).- La STS de 4 de julio de 2002 (rec. 1269/2001), que afirmó que «se ha dicho con reiteración que los concursos convocados por las empresas para la cobertura de plazas vacantes, tienen sin duda carácter colectivo al está capacitado para concursar un grupo indeterminado de trabajadores; cabe asimismo la impugnación de tales concursos, pero solamente mientras se encuentren en las fases anteriores a su resolución, pudiendo impugnarse por el cauce del conflicto colectivo las bases del concurso, pero no las adjudicaciones de las plazas, porque entonces ya no es el grupo el afectado y directamente interesado en el concurso, sino los adjudicatarios de las plazas, hasta el punto de que si la acción de nulidad llegara a tener éxito, alguno o todos los adjudicatarios de las vacantes se verían privados de ellas, sin la oportunidad de hacerse oír sobre este asunto.»

B).- La STS de 17 de junio de 2004 (rec. 149/2003) estableció que el proceso de conflicto colectivo no era adecuado desde el momento en que se había producido ya la adjudicación provisional de las plazas, destacando que «al momento de plantearse la demanda de Conflicto Colectivo, el 28 de enero de 2003, ya había unos determinados trabajadores a los que se les había adjudicado, si bien provisionalmente, una plaza, por lo que eran portadores de un interés jurídico necesitado de tutela judicial a la que, ciertamente, no podrían acceder a través del procedimiento de índole colectivo planteado. Y no puede enervar esta apreciación jurídica el argumento propuesto por la parte recurrente de que el actual Conflicto Colectivo fue precedido de una conciliación intentada sin efecto ante el Organismo de Mediación y Conciliación correspondiente del que se solicitó su intervención con anterioridad a la fecha de la adjudicación provisional de plazas en el concurso cuya convocatoria se pretende anular. Y es que, como ya se deja enunciado, la presentación y la celebración de esa conciliación previa resulta totalmente irrelevante a los fines de planteamiento del Conflicto Colectivo frente a una empresa que ostenta carácter público, como es RENFE. Al ser, por tanto, totalmente innecesaria esa conciliación, es lo cierto que, la misma, se erige en un acto totalmente neutro a los fines de planteamiento del ulterior Conflicto Colectivo cuya fecha de arranque ha de ser, en consecuencia, la de la presentación de la demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, lo que se produjo en fecha 28 de enero del año 2003, es decir, con posterioridad a las adjudicaciones de plazas llevadas a cabo como consecuencia de la convocatoria del concurso cuya nulidad, ahora se pretende.»

C).- La STS de 27 de julio de 2010 (rec. 88/2009) reiterando doctrina, estableció que «nuestra doctrina jurisprudencial sobre la impugnación de los actos de convocatoria de plazas vacantes establece distinciones entre convocatorias según el momento de la tramitación de las mismas, y en particular según la existencia o inexistencia de trabajadores individuales afectados in actu por la resolución judicial pretendida. A tal efecto se ha dicho y reiterado, respecto de la propia empresa demandada: 1) que la impugnación de las convocatorias de plazas vacantes en RENFE "se dirimen en conflicto colectivo si se plantean antes de que el interés general del grupo genérico aparezca individualizado por una relación de participantes o adjudicatarios" ( STS 17-6-2004, rco. 149/2003, entre otras muchas), 2) que la valoración del dato anterior ha de hacerse "en el momento de interponer la demanda" (ibídem), y 3) que la naturaleza del acuerdo de convocatoria "es con toda evidencia la de una decisión o práctica de empresa relativa a la administración o gestión ordinaria de personal y no la de una regulación general de condiciones de empleo y trabajo ... que es lo propio y específico de los acuerdos o convenios colectivos" ( STS 9-7-2002, STS 5-11-2008, citada).»

D).- En la STS 737/2019 de 28 de octubre (rec. 148/2018) se planteó también el problema de la adecuación del procedimiento de conflicto colectivo respecto de una convocatoria para cubrir unas plazas, y se concluyó que la vía de conflicto colectivo no podía ser más perfecta porque lo que la parte demandante solicitaba era en definitiva la nulidad de un acto de la empleadora que, por sus características, afectaba a un número indeterminado de trabajadores. Éste era el objeto del litigio en el momento de constituirse la relación jurídico-procesal y, por consiguiente, sobre el que habría que ofrecer la respuesta judicial. Y a continuación hacía repaso de otros pronunciamientos de esta sala, que conviene recordar:

«En la STS/4ª de 26 febrero 2013 (rcud. 785/2012) que la sentencia recurrida cita, afirmábamos que el conflicto colectivo resulta el adecuado para solicitar la nulidad de las bases de la convocatoria de un concurso para cubrir vacantes. Recordamos allí doctrina anterior en la que ya habíamos señalado que "... los concursos convocados por las empresas para la cobertura de plazas vacantes tienen sin duda carácter colectivo al estar capacitados para concursar un grupo indeterminado de trabajadores..." ( STS/4ª de 24 julio 2002 -rec. 1269/2001-).

De ahí que hayamos afirmado que es posible la impugnación de las bases de la convocatoria mediante demanda de conflicto colectivo, porque en ese momento no se han individualizado las consecuencias del resultado del concurso, ni hay trabajadores que puedan verse afectados personalmente, a título individual, en su derechos o intereses. Mas tal doctrina se sienta para discernir entre este tipo de pretensión y aquella otra consistente en la declaración de nulidad de la adjudicación de plazas: supuesto de la indicada STS/4ª de 24 julio 2002 -rec. 1269/2001-, así como de la STS/4ª de 23 enero 2003 -rec. 86/2002-.

Precisamente, la STS/4ª de 23 enero 2003 pone de relieve ese matiz al señalar que si la sentencia de la Sala de fecha 24 de julio de 2002 mantuvo la inadecuación de procedimiento y la falta de litisconsorcio pasivo necesario "ello fue debido a que en la demanda origen de la misma no solamente se pedía la nulidad de la convocatoria de un concurso, sino también la nulidad de la adjudicación de plazas que se hizo al resolver el concurso". Por ello, se rechaza la excepción de inadecuación de procedimiento, ya que solamente se solicita la nulidad de la convocatoria y la demanda se había presentado cuando el concurso se encontraba en fase anterior a su resolución.

Con esa misma doctrina la STS/4ª de 11 diciembre 2008 (rec. 7/2008) rechazó la adecuación del conflicto colectivo en un supuesto en que se pedía la nulidad de una convocatoria mediante demanda interpuesta después de que se hubieran publicado ya la listas de candidatos declarados aptos para la cobertura de las vacantes, siendo "palmario (...) que la declaración de nulidad postulada afecta directamente a dichos trabajadores, alcanzándoles de lleno los efectos y consecuencias de la decisión que se pronuncie en este juicio, pues pueden verse despojados de los derechos obtenidos como consecuencia de haber sido declarados aptos para la cobertura de las mencionadas vacantes, sin haber tenido la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa, lo que pone de manifiesto la falta de idoneidad de la vía del conflicto colectivo elegida en el presente caso por el sindicato demandante". En idéntico sentido nos pronunciábamos en la STS/4ª de 5 junio 2013 (rec. 2/2012) también en un caso en que se impugnaba la convocatoria después de que las plazas hubieran sido adjudicadas.

En la STS/4ª de 17 junio 2004 -rec. 149/2003- se daba también la circunstancia de ya se había producido la adjudicación de las plazas, por más que ésta fuera provisional. Por ello sostuvimos que "si se diese viabilidad al Conflicto Colectivo una vez que las plazas ya habían sido adjudicadas, aunque fuese con carácter provisional, quedarían en manifiesta indefensión los intereses individuales de los trabajadores que habían resultado beneficiados por tales adjudicaciones de plazas, razón por la que, la inadecuación del procedimiento y la consiguiente incompetencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, resultan perfectamente ajustadas a derecho, de acuerdo no solo con la regulación propia del Conflicto Colectivo, sino también, con la reiterada jurisprudencia de esta Sala, que viene a mantener el criterio de que en aquellos casos en los que existen unos derecho individuales del trabajador que merecen una protección judicial, no cabe ya plantear el Conflicto Colectivo y debe irse, en cambio, al procedimiento ordinario correspondiente a través de las demandas singulares o plurales que puedan presentarse ante el Juzgado de lo Social que resulte competente".»

E).- En la STS 64/2020 de 28 de enero (rec 215/2018) se dejó claro que para resolver la inadecuación de procedimiento en estos casos ha de estarse, por un lado, a la fase en la que se encuentra la convocatoria, y, sobre ello, ver cuál era el que aquella presentaba al momento procesal de interposición de la demanda y no acudir a la situación existente al momento del acto de juicio, lo que llevó a la sala en ese supuesto, dado que sólo se habían individualizado determinados trabajadores en la fecha del acto de juicio, pero no al tiempo de interponer la demanda, a concluir que en ningún caso ello convierte en inadecuado el proceso de conflicto colectivo, siempre que la controversia afectase a un grupo indiferenciado de los trabajadores y el interés general no aparezca individualizado por una relación de participantes o adjudicatarios en el momento de interposición de la demanda.

F).- En la STS 401/2024 de 27 de febrero (rec. 333/2021) se puso de manifiesto otra vez el criterio unificado que sin fisuras ha mantenido esta sala y que viene a sostener que es la fecha de interposición de la demanda el momento a tener en cuenta para observar si la convocatoria de un proceso selectivo para la obtención de plazas ha obtenido resultados (definitivos o provisionales) que individualicen el interés de personas concretas, de forma que si al tiempo de ser interpuesta aquélla esta situación de interés individualizado se da, el conflicto colectivo no es el procedimiento adecuado para viabilizar la acción. Esta doctrina la hemos reiterado recientemente en STS 686/2025 de 3 de julio ( rec. 124/2024).

CUARTO.- 1.-Sentado todo lo anterior, podemos concluir que en el presente caso habría que apreciar la inadecuación de procedimiento si al tiempo de interponerse la demanda ya se hubiesen adjudicado, siquiera fuera provisionalmente, las plazas correspondientes cuya convocatoria se discute. Hemos visto que se ha aceptado la modificación fáctica, que además la propia sentencia recurrida asumía como hecho cierto en su fundamentación jurídica, y queda probado que las plazas fueron adjudicadas casi un año antes de que se interpusiera la demanda rectora de este procedimiento.

Es indudable que al tiempo de la demanda las plazas ya estaban adjudicadas, y convergen los intereses individuales de los adjudicatarios, lo que impediría la resolución de este litigio por la vía del conflicto colectivo. Lo que pasa es que, en este caso, hubo una inicial demanda de conciliación que se interpuso antes de esa adjudicación de plazas, seguida de demanda judicial posterior a la adjudicación, sólo que se planteó ante un Juzgado de lo Social, y ese proceso terminó por sentencia de casi un año más tarde que declaró la incompetencia objetiva. Si se entendiese que esa inicial demanda de conciliación , planteada ante órgano jurisdiccional incompetente, en tanto tenía el mismo contenido que la actual, hizo nacer el pleito de conflicto colectivo antes de la adjudicación de las plazas sin que la interposición en órgano inadecuado y su terminación por sentencia del TSJ que desestima la demanda por declarar la incompetencia del Juzgado supusiera una ruptura de la situación litigiosa, cabría aceptar que esta segunda demanda fue solo la consecuencia inevitable de la anterior, sin solución de continuidad, y el hecho de la adjudicación de plazas posteriormente acontecida no impediría la resolución de este conflicto colectivo por este cauce, pues ya hemos destacado que lo que ocurra a ese respecto después de interpuesta la demanda no sería relevante.

Hemos de analizar el efecto que tuvo esa demanda que terminó con la declaración de incompetencia objetiva, para concluir si su existencia habilita y sana la adecuación del procedimiento en este caso. Y la respuesta ha de ser negativa.

2.-En efecto, conviene recordar que como estableció la STS 64/2020 ya citada planteándose la cuestión relativa a qué momento es el determinante para considerar el estado en que se encuentra la convocatoria impugnada, lo fijó en el momento de interposición de la demanda, que es cuando se produce el efecto de la denominada "perpetuatio jurisdictionis".Mediante esa expresión se hace referencia al principio jurídico que establece que la competencia de un tribunal para conocer de un asunto, una vez que ha sido válidamente establecida al inicio del proceso, se mantiene inalterada -así como el cauce procesal elegido- a lo largo de todo el procedimiento, incluso si las circunstancias que determinaron inicialmente esa competencia cambian durante el curso del litigio.

El art. 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), bajo el rótulo "Perpetuación de la jurisdicción" establece que «Las alteraciones que una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del juicio no modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia.»

En tal sentido en esa sentencia 64/2020 afirmamos que:

«Esta Sala al examinar el efecto que la presentación de la demanda puede tener sobre la pretensión y las circunstancias sobrevenidas que, al celebrarse el acto de juicio, pueden incidir en aquella y que se identifica con los efectos procesales conocidos como perpetuatio iurisdiccionis, ya dijo que había de estar a la situación controvertida existente al momento de presentarse la demanda. Así ha señalado que "la presentación de la demanda produce los efectos conocidos como perpetuatio iurisdiccionis, perpetuatio legitimationis, e inmodificabilidad del objeto del proceso. Y, en virtud de este último, la sentencia ha de resolver la situación legal existente en el momento de presentación de la demanda, y contemplada en dicho documento, sin que las alteraciones posteriores del objeto puedan tener relevancia en orden al sentido del fallo, ya que la relación jurídico procesal quedó fijada en los términos expuestos en la demanda", puesto que, como se ha indicado, existía ya afectación singular de trabajadores concretos en el momento de presentación de la demanda, lo que pudiera no haber acontecido si la parte recurrente hubiera interpuesto aquélla en el momento de la convocatoria del concurso-oposición y hubiera solicitado y obtenido, en su caso, las oportunas medidas cautelares suspensivas de su efectividad, lo que no efectuó" [ STS de 28 de marzo de 2000, rec., 3050/1999). Doctrina que reitera la STS que hemos citado anteriormente, de 28 de octubre de 2019, con cita de otras precedentes, diciendo "Entender que el conflicto colectivo pierde sus características por circunstancias ulteriores que no impliquen la satisfacción sobrevenida del objeto afectaría al derecho de tutela de los demandantes y, al mismo tiempo, vaciaría de contenido la salvaguarda del interés general que esta modalidad procesal persigue. La existencia de la acción se delimita en el momento de su ejercicio cuando frente a ella no quepa invocar la excepción de prescripción y, por consiguiente, aquel interés, que la acción de carácter colectivo encierra, no queda enervado por posteriores avatares producidos en relación con situaciones individuales que, como tales, resultan ajenas al núcleo del objeto del pleito.»

Obsérvese que la demanda de conciliación - insistimos- se interpuso antes de la adjudicación , pero la demanda judicial tuvo lugar cuando ya había plazas adjudicadas (según los HP, la demanda ante el SERCLA fue interpuesta los días 9 y 10 de febrero, celebrándose el acto de conciliación el 21 de marzo, y la adjudicación primera de plazas tuvo lugar el 19 de febrero de 2022). Siendo la demanda judicial la que determina el efecto de la perpetuatio, podría concluirse ya que en tanto se interpuso una vez adjudicadas las plazas, la inadecuación de procedimiento era ya patente en el primer litigio.

Aunque aceptásemos -hipotéticamente- que la demanda de conciliación inicialmente planteada ante el juzgado de lo social produjo ese efecto de la perpetuatio jurisdictionis,ese efecto terminó cuando la sentencia del TSJ que resolvió aquella demanda estimó el recurso de la Fundación y declaró la incompetencia del Juzgado de lo Social para resolver esa litis, debiendo plantear la demanda ante el TSJ, que es lo que finalmente se hizo, cuando las plazas habían sido mucho antes adjudicadas. La segunda demanda era otra y tenía lugar su presentación en momento temporal y fáctico distinto. No cabe desatender esa circunstancia y hacer la ficción de que las dos demandas mantuvieron vigente la acción y la jurisdicción perpetuada.

En todo caso, la perpetuatio jurisdictionis,al fin y a la postre, es uno de los efectos de la litispendencia, e implica que una vez que se ha determinado la competencia y/o jurisdicción de un órgano jurisdiccional conforme a los hechos y normas existentes en el momento de la presentación de la demanda, las posibles variaciones posteriores de esos hechos o normas no tendrán influencia ninguna sobre el proceso iniciado y lo solicitado en la demanda. Naturalmente es preciso que el órgano jurisdiccional admita su competencia para conocer de esa demanda y que la demanda sea admitida. El art. 410 de la LEC señala que: «La litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde la interposición de la demanda, si después es admitida.»

La perpetuatiopresupone la fijación de la relación jurídico-procesal ante el tribunal competente; en cambio, una demanda ante órgano incompetente que es inadmitida o archivada sin entrar en el fondo, no produce finalmente los efectos procesales de "congelación" del objeto ni consolidación de la competencia. En suma podemos afirmar que no puede invocarse la perpetuatio iurisdictionisa partir de una demanda mal planteada o planteada ante órgano incompetente para mantener vivo el conflicto colectivo.

En el caso que analizamos, si bien en la fecha de esa primera demanda de conciliación aún no se habían adjudicado las plazas, dicha actuación procesalmente defectuosa no garantizó la conservación de ese estado de cosas de cara a una posterior demanda correcta. Cuando finalmente se presenta la nueva demanda ante el TSJ (órgano competente) tras haber sido archivada la inicial, habrá que estar de nuevo a las circunstancias vigentes en el momento de esta segunda interposición, momento en el cual -según el escenario acreditado- las plazas ya han sido adjudicadas.

La segunda demanda podría aparentar dar continuidad a la primera pretensión (pidiendo igualmente la nulidad de la convocatoria por las mismas razones), pero materialmente el contexto había cambiado. Ya no se discute en un vacío colectivo o de generalidad, sino frente a un acto consumado con sujetos determinados. Esto supone, conforme a la jurisprudencia que hemos mencionado, que el conflicto colectivo deviene improcedente al existir ya desde el inicio intereses individualizados en juego.

Dicho de otro modo, la oportunidad de sostener la acción colectiva se perdió al no haberse encauzado correctamente la primera demanda antes de la consumación de las adjudicaciones, y, en cualquier caso, se produjo la ineludible desconexión entre la primera y segunda demanda por la no aceptación de la competencia de la inicial, lo que impone tener que atender exclusivamente al estado de la convocatoria de las plazas al momento de la interposición de la segunda demanda. Estando ya adjudicadas las plazas un año antes de esa segunda demanda, el proceso de conflicto colectivo es inadecuado y debemos estimar por ello este primer motivo del recurso: permitir un conflicto colectivo una vez que las plazas ya habían sido adjudicadas dejaría en manifiesta indefensión los intereses individuales de los trabajadores beneficiados. En tales casos, la pretensión debe ejercitarse mediante demandas individuales o plurales en procedimiento ordinario ante el Juzgado de lo Social competente, y no mediante un proceso colectivo. Asistimos por ello a una inadecuación de procedimiento palmaria, que en tanto impide el encauzamiento de la pretensión entre las mismas partes por otro procedimiento que sea adecuado, incide en la práctica en una pérdida sobrevenida del objeto del recurso como ahora expondremos.

3.-El acogimiento de la excepción de inadecuación de procedimiento nos lleva ahora - como hemos anticipado- al dilema de la posible acomodación del procedimiento mal encauzado.

Antes de ello es preciso detenerse brevemente en la alegación del recurrente que vincula la inadecuación de procedimiento con la pérdida sobrevenida de objeto del pleito. Este instituto también concurre. La pérdida sobrevenida presupone en principio la preexistencia de un procedimiento adecuado que por satisfacción extraprocesal o por otra causa ha perdido su virtualidad, su utilidad o la razón de su existencia. Como dijimos en nuestra reciente STS 318/2025 de 10 de abril (rec. 74/2023) recordando la STS 904/2024 de 11 de junio (rec. 340/2021):

«con cita de sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal de 14 de marzo de 2011 (rec. 511/2009), entendiendo que la pérdida sobrevenida de objeto se sustenta en el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece como forma de terminación del proceso, junto con la satisfacción extraprocesal, la carencia sobrevenida de objeto, es decir, "cuando por razón de circunstancias sobrevenidas se pone de manifiesto que ha dejado de haber un interés legítimo que justifique la necesidad de obtener la tutela judicial pretendida". "La pérdida sobrevenida de objeto del proceso se puede definir como aquella forma o modo de terminación del mismo que se fundamenta en la aparición de una realidad extraprocesal que priva o hace desaparecer el interés legítimo a obtener la tutela judicial pretendida. Es decir, se produce algún hecho o circunstancia que incide de forma relevante sobre la relación jurídica cuestionada y que determina que el proceso en curso ya no es necesario, en la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es susceptible de reportar la utilidad inicialmente pretendida, de suerte que no se justifica la existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos casos y a diferencia de lo que ocurre con la satisfacción extraprocesal de la pretensión de la parte actora, la razón de la desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las partes y obedece a las estrictas razones de orden público que justifican la existencia misma del proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones sustentadas en intereses legítimos, por lo que desaparecidos estos el proceso carece de sentido".

Hemos de recordar también como la sentencia del Tribunal Constitucional 102/2009, de 27 de abril, vino a decir que la condición de supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, supone que la terminación del proceso por pérdida sobrevenida de objeto "encuentra cobertura legal adecuada en el art. 22 LEC ... cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa". Y dice el Tribunal Constitucional que "el último inciso del precepto transcrito, cuando, sobrevenidamente a la demanda, "dejare de haber interés legítimo" en obtener la tutela judicial efectiva pretendida "por cualquier otra causa" distinta de la satisfacción extraprocesal, ampara sin necesidad de forzar en ningún modo el tenor literal de la Ley la decisión de archivo de un recurso contencioso-administrativo que, como la presente, se funda en la pérdida sobrevenida del objeto del proceso".

Ahora bien , la clara inadecuación de procedimiento, como hemos visto, en este concreto caso, conlleva o arrastra en el presente caso la pérdida sobrevenida de objeto del recurso, en tanto no es posible la acomodación ni el inicio de un proceso nuevo entre las mismas partes .

El art. 215. a) LRJS al regular el contenido de la sentencia dictada en el recurso de casación, establece que «De estimarse la falta de jurisdicción, la incompetencia o la inadecuación del procedimiento, se anulará la sentencia y se dejará a salvo el derecho de ejercitar las pretensiones ante quien corresponda o por el procedimiento adecuado».

En estos casos, no obstante, como dijimos en nuestra STS 973/2024 de 3 de julio (rec. 92/2022) la inadecuación del procedimiento seguido podría implicar la aplicación del art. 102.2 de la LRJS, es decir, la posibilidad de proceder de oficio a la subsanación o conversión procedimental para evitar declaraciones de inadecuación de procedimiento, lo que posibilita -con carácter general- el citado precepto al establecer que: «se procederá a dar al asunto la tramitación que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas, sin vinculación necesaria a la modalidad elegida por las partes y completando, en su caso, los trámites que fueren procedentes según la modalidad procesal adecuada, con aplicación del régimen de recursos que corresponda a la misma».

En nuestra sentencia 818/2022, de 7 de octubre de 2022 (Recurso: 293/2020) también dijimos que ese precepto de la LRJS establece una regla de subsanación de defectos procesales que tiene como finalidad evitar que se dicten pronunciamientos absolutorios por la elección de una inadecuada modalidad procesal, lo que obligaría a reiterar la misma acción, con la correspondiente demora. Por consiguiente, esa norma pretende conseguir que se dicte un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. La reconducción procedimental es obligada salvo que sea imposible o cuando la parte actora persista en la modalidad procesal inadecuada.

En la ya citada STS 973/2024 se argumentaba que para concluir si procedía o no la acomodación del procedimiento había que estar al contenido de la demanda y del suplico, así como a la actuación procesal de las partes y del propio órgano jurisdiccional.

Sin embargo, en este caso es imposible tal solución, dado que al utilizar el cauce de un procedimiento inadecuado no sólo se siguieron trámites del proceso no correspondiente, lo que -en principio- pudiera ser subsanado y acomodado, sino que se dejó fuera de la relación litisconsorcial a los sujetos directamente afectados por el pleito, con lo que lo procedente es aplicar la regla general, revocar la sentencia recurrida, y acoger la inadecuación de procedimiento dejando a la libertad de las partes el planteamiento de una nueva demanda por el cauce correspondiente (proceso ordinario) e incluyendo a los directamente afectados por la adjudicación de las plazas. Sin pronunciamiento en cuanto a las costas y con devolución del depósito constituido en su caso para recurrir ( art. 235.1 y 217.1 LRJS) .