Sentencia Social 283/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 249/2024 de 24 de marzo del 2026

PRIMERO. Objeto de los recursos y sentencia recurrida.

1.La cuestión que tenemos que resolver es si la sentencia recurrida, que declaró la nulidad del I Convenio colectivo del Grupo Vecttor en las provincias de Sevilla y Málaga por haberse excluido de su negociación, estando legitimado, al Sindicato Libre de Transporte, incurrió en las infracciones que los recursos de casación denuncian de variación sustancial de la demanda, incongruencia e inadecuación de procedimiento.

2.El 4 de julio de 2023 la empresa Grupo Vecttor convocó a UGT y a CCOO a la reunión de constitución de la comisión negociadora del Convenio de grupo de empresas para las empresas del grupo Vecttor, que tiene presencia en la provincia de Sevilla.

El 7 de agosto de 2023 se levantó acta de aprobación del convenio colectivo.

El 20 de septiembre de 2023 se presentó la documentación ante la dirección general competente para el registro y publicación del convenio colectivo.

El 23 de octubre de 2023, la dirección general competente puso en conocimiento de las partes que se habían detectado algunas deficiencias; en concreto, y en lo que aquí importa, que en el artículo 1 del convenio se hacía constar que había sido negociado por la parte social, por la «representación legal de los trabajadores», mencionándose la existencia de centros de trabajo en la provincia de Sevilla (sin hablarse de centros de trabajo en la de Málaga), y, sin embargo, los sujetos legitimados para negociar un convenio colectivo de grupo de empresa son los sindicatos mencionados en el artículo 87.2 ET y no la representación legal de las personas trabajadoras.

El 31 de octubre de 2023 se levantó acta de subsanación y aprobación del convenio, modificándose el artículo 1, en lo que se refiere a los partes firmantes por la parte social, pasándose a decir que lo firmaban «los sindicatos CCOO y UGT.»

El Convenio colectivo del Grupo Vecttor se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 5 de diciembre de 2023.

El 17 de octubre de 2023, el Sindicato Libre de Transporte presentó escrito ante la autoridad laboral instándole a que se dirigiera de oficio a la jurisdicción social por ilegalidad del convenio colectivo.

La autoridad laboral no dio contestación en el plazo de 15 días, y el Sindicato Libre de Transporte presentó demanda de impugnación del I Convenio colectivo del Grupo Vecttor en las provincias de Sevilla y de Málaga.

Se recogen en hechos probados certificados de la autoridad laboral de 12 de mayo y de 6 de septiembre de 2023, de conformidad con los cuales en la actividad «alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros» en todas las provincias de la comunidad autónoma de Andalucía el Sindicato Libre de Transporte es el que tiene, en el periodo de tiempo que interesa, la mayor audiencia electoral (entre el 44,64 y el 55,77 por ciento), seguido de UGT (entre el 26,92 y el 28,57 por ciento) y de CCOO (entre el 9,62 y el 19,64 por ciento).

3.La demanda del Sindicato Libre de Transporte de impugnación del I Convenio colectivo del Grupo Vecttor en las provincias de Sevilla y de Málaga, con entrada en el TSJ el 13 de diciembre de 2023, solicitaba con carácter principal la nulidad del convenio colectivo por incumplir el artículo 87.1 y 2 ET, así como el artículo 88 y concordantes ET.

Y, subsidiariamente, que se declarara la existencia de una situación de concurrencia conflictiva e ilegal entre el I Convenio colectivo del Grupo Vecttor en las provincias de Sevilla y de Málaga y el I Convenio colectivo de transporte de pasajeros en turismos por arrendamiento con licencia VTC de la provincia de Málaga, cuya consecuencia habría de ser la inaplicación de gran parte del contenido del primero de ellos en las relaciones laborales de la empresa Serviautos Cenachero con sus trabajadores de su centro de trabajo de Málaga.

El 19 de febrero de 2024 se presentó escrito por el Sindicato Libre de Transporte en el que advertía que, una vez publicado el convenio colectivo y atendiendo a la redacción del artículo 1 tras su publicación, ad cautelamy sin prejuzgar la defensa que pudiera articular en su momento en relación con el objeto del procedimiento, solicitaba la ampliación de la demanda frente a UGT y CCOO.

Iniciado el acto del juicio, el Sindicato Libre de Transporte se ratificó en la demanda presentada y en relación con el primer motivo de su demanda, mantuvo que en el acta de constitución de la mesa negociadora estaban CCOO y UGT como sindicatos más representativos y que el Sindicato Libre de Transporte debió ser llamado y que no fue llamado porque hay un interés manifiesto de que el sindicato más representativo no esté dentro de la comisión negociadora. Y que ello debe llevar a la nulidad solicitada con carácter principal. Subsidiariamente, que existe una situación de concurrencia conflictiva e ilegal entre el denominado I Convenio colectivo del grupo Vecttor en las provincias de Sevilla y de Málaga y el I Convenio Colectivo de transporte de pasajeros en turismos por arrendamiento con licencia VTC de la provincia de Málaga, cuya consecuencia ha de ser la inaplicación de gran parte del contenido del primero de ellos en las relaciones laborales de la empresa Serviautos Cenachero con sus trabajadores de su centro de trabajo de Málaga.

En su oposición a la demanda de impugnación del convenio colectivo, tanto el grupo Vecttor, como UGT, opusieron la excepción de variación sustancial de la demanda y UGT, además, inadecuación de procedimiento.

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, sede de Sevilla, 1065/2024, de 4 de abril (proc. 1/2024), desestimó las excepciones de inadecuación de procedimiento y de variación sustancial de la demanda, y estimó la pretensión principal de la demanda del Sindicato Libre de Transporte, declarando la nulidad del I Convenio colectivo del Grupo Vecttor en las provincias de Sevilla y Málaga.

La sentencia del TSJ se publicó en el BOJA de 8 de enero de 2025.

SEGUNDO. Los recursos de casación, sus impugnaciones y el informe del Ministerio Fiscal.

1.Tanto Vecttor como UGT han interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede de Sevilla, 1065/2024, de 4 de abril (proc. 1/2024).

El recurso de casación de Vecttor tiene un único motivo, formulado al amparo del artículo 207 c) LRJS, en el que se denuncia la infracción de los artículos 24.1 y 120.3 CE, 218 y 219 LEC y 248.3 LOPJ, en relación con los artículos 80.1 c), 87.1, 90.1 y 97.2 LRJS. El recurso alega, en esencia, que en el acto del juicio el sindicato demandante realizó una variación sustancial de la demanda, toda vez que en esta se denunciaba que el convenio colectivo se había llevado con los comités de empresa de Sevilla, sin haberse invitado a los comités de Málaga, y, sin embargo, en el acto del juicio, se alegó que el Sindicato Libre de Transporte no había sido llamado a la negociación de dicho convenio.

El recurso solicita, con carácter principal, la casación y anulación de la sentencia recurrida y la devolución de las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ para que dicte nueva sentencia en la que se omita cualquier pronunciamiento sobre el nuevo elemento introducido por el Sindicato Libre de Transporte en el acto del juicio (no haber sido llamado ese sindicato a la negociación del convenio colectivo), limitándose a tener en cuenta única y exclusivamente las pretensiones debidamente planteadas en el escrito de demanda. Y, con carácter subsidiario, la casación y anulación de la sentencia recurrida y la desestimación de la demanda sindical.

El recurso de casación de UGT tiene dos motivos. En el primero, formulado al amparo del artículo 207 c) LRJS, se denuncia la infracción de los artículos 24.1 y 120.3 CE, 87.1, 90.1 y 97.2 LRJS, 218 y 219 LEC y 248.3 LOPJ. Y, en el segundo, formulado al amparo del artículo 207 e) LRJS, se denuncia la infracción de los artículos 63, 80, 85.1, 156 y 163 LRJS. El recurso alega, en esencia, que en el acto del juicio el sindicato demandante realizó una variación sustancial de la demanda, toda vez que fue en el acto del juicio cuando alegó, por vez primera, que el Sindicato Libre de Transporte no había sido llamado a la negociación del convenio colectivo, cuando hasta entonces había alegado que los trabajadores de Málaga no estuvieron representados en la negociación de dicho convenio. El recurso alega, adicionalmente, inadecuación de procedimiento.

El recurso de UGT solicita, con carácter principal, la casación y anulación de la sentencia recurrida y la devolución de las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ para que dicte nueva sentencia en la que se elimine cualquier pronunciamiento sobre el elemento novedoso introducido por el Sindicato Libre de Transporte en el acto del plenario (la exclusión de ese sindicato de la negociación del convenio colectivo), limitándose a tener en cuenta única y exclusivamente las pretensiones debidamente planteadas en el escrito de demanda. Y, con carácter subsidiario, la casación y anulación de la sentencia recurrida y la desestimación de la demanda sindical.

2.El Sindicato Libre de Transporte ha impugnado los recursos de Vecttor y de UGT, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

3.El Ministerio Fiscal interesa en su informe la desestimación de los recursos de casación.

TERCERO. La denunciada variación sustancial de la demanda y las demás infracciones alegadas.

1.Según hemos anticipado, lo que tenemos que resolver es si la sentencia recurrida, que declaró la nulidad del I Convenio colectivo del Grupo Vecttor en las provincias de Sevilla y Málaga por haberse excluido de su negociación al Sindicato Libre de Transporte, estando legitimado para ello, incurrió en las infracciones que los recursos de casación denuncian de variación sustancial de la demanda, incongruencia e inadecuación de procedimiento.

2.Los dos recursos de casación alegan que en el acto del juicio tuvo lugar una variación sustancial de la demanda, causante de indefensión, toda vez que en la demanda de impugnación de convenio colectivo se solicitaba la anulación del I Convenio colectivo del Grupo Vecttor en las provincias de Sevilla y Málaga por la razón de estar únicamente representados por sus comités de empresa los trabajadores de Sevilla, pero no los de Málaga, y, sin embargo, en el acto del juicio la solicitud de declaración de nulidad del convenio se justificó en que el Sindicato Libre de Transporte (en adelante, SLT) no había sido llamado a negociar el convenio estando legitimado para hacerlo.

Consta en la sentencia recurrida que el convenio colectivo impugnado se firmó sin conocimiento de SLT. Y, sin embargo, de conformidad con la audiencia electoral con la que cuenta dicho sindicato reflejada en los hechos probados décimo sexto y décimo séptimo (entre el 44,64 y el 55,77 por ciento), y de acuerdo con el artículo 87.2 c) ET, es claro que el SLT tenía legitimación para negociar el convenio colectivo impugnado. Así lo ha entendido la sentencia recurrida y por ello ha declarado la nulidad del convenio colectivo impugnado.

3.En el primer texto del convenio colectivo presentado ante la autoridad laboral constaba que el convenio se negociaba, por la parte social, por «la representación legal de los trabajadores pertenecientes al grupo mercantil Vecttor Ronda, con centros de trabajo sitos en la provincia de Sevilla.» La autoridad laboral hizo constar que, tratándose de un convenio colectivo de grupo de empresas, y de conformidad con los artículos 87.1 y 2 ET, la legitimación para negociarlo la tienen los sindicatos mencionados en el artículo 87.2 ET y no la representación legal de las personas trabajadoras.

Las partes firmantes subsanaron la deficiencia y presentaron un nuevo texto de convenio colectivo ante la autoridad laboral en el que constaba que lo negociaban, por la parte social, los sindicatos CCOO y UGT. Y así es como apareció el convenio colectivo en el BOJA de 5 de diciembre de 2023.

Consta en la sentencia recurrida que el sindicato SLT tuvo conocimiento en el mes de septiembre de 2023 que se había firmado el convenio colectivo del grupo Vecttor en las provincias de Sevilla y Málaga. Y figura asimismo que, al no constar que el convenio colectivo estuviera registrado ni publicado, SLT presentó escrito ante la autoridad laboral para que, si estimase que conculcaba la legalidad vigente, se dirigiese de oficio a la jurisdicción laboral. La autoridad laboral no dio respuesta en el plazo de 15 días ( artículo 163.3 LRJS) , por lo que el SLT presentó demanda de impugnación del convenio colectivo.

En la demanda se hacía constar la existencia de un convenio colectivo aplicable en la provincia de Málaga (al que se refiere el hecho probado décimo) y se hacía constar, asimismo, que la legitimación para negociar un convenio colectivo de grupo de empresas no la tiene la representación legal de los trabajadores, sino, de conformidad con el artículo 87.1 ET, los sindicatos mencionados en el artículo 87.2 ET. En este sentido, la demanda mencionaba la vulneración, entre otros preceptos, del citado artículo 87.1 y 2 ET, así como de los artículos 88 y 89 ET y solicitaba como petición principal la declaración de nulidad del convenio colectivo.

Sea como fuera, una vez publicado el convenio colectivo y constatando que en el texto publicado aparecían como firmantes, por la parte social, CCOO y UGT, el sindicato SLT amplió la demanda demandando, precisamente, a CCOO y UGT, como nuevos codemandados, adjuntando copias de la demanda para su traslado a esos nuevos codemandados.

UGT compareció, en efecto, al acto del juicio. Y el sindicato SLT presentó certificados emitidos por la autoridad laboral en donde consta que la audiencia electoral de SLT en el ámbito del convenio colectivo está entre el 44,64 y el 55,77 por ciento (hechos probados décimo sexto y décimo séptimo). Por su parte, el Grupo Vecttor presentó certificados de audiencia electoral en todos los sectores de la actividad económica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (hechos probados décimo octavo y décimo noveno), entendiendo la sentencia recurrida que los que eran útiles, a los efectos del proceso, eran los primeros (los de audiencia en el específico sector) y no los segundos (los de audiencia en toda Andalucía).

4.En este contexto, estando claro: que las reglas de legitimación son las del artículo 87.2 ET, que la atribuyen, no a la representación legal de las personas trabajadoras, sino a los sindicatos más representativos y a los representativos (como es el caso de SLT); que ello ya se indicaba en la inicial demanda de SLT, que denunciaba la infracción precisamente de los artículos 87.1 y 2 ET, y también la del artículo 89 ET; que SLT amplió la demanda contra CCOO y UGT al publicarse en el BOJA que el convenio impugnado había sido negociado por estos sindicatos y no por la representación legal de las personas trabajadoras; y, en fin, que tanto SLT como el Grupo Vecttor presentaron certificados de audiencia electoral sindical emitidos por la autoridad laboral; estando claro todo lo anterior -decimos- es igualmente claro que no ha habido variación sustancial de la demanda y que, en todo caso, no se ha causado indefensión a Vecttor ni a UGT.

Desde el primer momento, el debate ha estado centrado en que la legitimación para negociar un convenio colectivo de grupo de empresas la tienen, de conformidad con los artículos 87.1 y 2 ET, los sindicatos más representativos y representativos, y no la representación legal de las personas trabajadoras. Así se ponía de manifiesto ya en la demanda inicial del SLT. Y la demanda se amplió contra CCOO y UGT cuando aparecieron en el BOJA como firmantes del convenio colectivo.

Así las cosas, no es razonable argumentar que se causó indefensión a Vecttor y a UGT cuando en el acto del juicio se alegó que el convenio colectivo era nulo porque se había excluido de la comisión negociadora a SLT, quien tenía una inequívoca y clara legitimación para negociarlo al amparo del artículo 87.2 c) ET. SLT presentó certificados de la autoridad laboral en donde constaba su importante audiencia electoral en el ámbito del convenio colectivo (entre el 44,64 y el 55,77 por ciento; hechos probados décimo sexto y décimo séptimo), por lo que no cabe hablar de indefensión, máxime cuando el Grupo Vecttor presentó igualmente certificados de la autoridad laboral de la audiencia electoral en la Comunidad Autónoma de Andalucía (hechos probados décimo octavo y décimo noveno), que la sentencia recurrida no consideró de utilidad porque lo relevante era la audiencia en el ámbito del convenio y no en toda Andalucía. Lo anterior revela, precisamente, que las partes acudían al acto del juicio con pruebas para acreditar los datos de representatividad que les interesaban y que el debate estaba centrado, así, en quienes eran los sindicatos legitimados para negociar el convenio colectivo impugnado.

En todo caso, como recordamos, por ejemplo, en la STS 386/2025, de 7 de mayo (rec. 44/2023), corresponde a quien promueve la negociación de un convenio colectivo acreditar que se cumplen los requisitos de legitimación para negociar dicho convenio colectivo. Y, como bien razona la sentencia recurrida, recaía sobre las partes negociadoras acreditar el cumplimiento del artículo 87 ET, lo que obviamente no hicieron desde el momento en que excluyeron de la negociación al SLT, que tenía una clara legitimación para negociar el convenio colectivo impugnado.

La conclusión de cuanto antecede es que no existió variación sustancial de la demanda -sobre tal concepto remitimos, por todas, a la STS 758/2024, de 29 de mayo (rcud 3869/2022)-, sin que, en todo caso, se causara indefensión a Vecttor ni a UGT. Al menos desde que se amplió la demanda contra CCOO y UGT, estaba claro que el debate consistía, precisamente, en si el convenio colectivo impugnado podía ser firmado en solitario por CCOO y UGT.

Debemos recordar finalmente que, como dijera tempranamente la STC 73/1984, de 27 de junio, citada por la sentencia recurrida, «las reglas relativas a la legitimación constituyen un presupuesto de la negociación colectiva que escapa al poder de disposición de las partes negociadoras.»

5.Los recursos de casación denuncian que se ha incurrido en una incongruencia extra petita.La alegación se conecta estrechamente en los propios recursos con la denunciada variación sustancial de la demanda. Al haberse rechazado que se haya producido esa variación sustancial, debemos rechazar igualmente la incongruencia alegada.

Es claro, en todo caso, que no hay incongruencia alguna. La demanda, ampliada contra CCOO y UGT, solicitaba con carácter principal la declaración de nulidad del convenio colectivo impugnado y esa nulidad es la que precisamente declara la sentencia recurrida. Y ya se ha visto, por lo demás, que en todo momento lo que se ha debatido es si CCOO y UGT podían negociar y suscribir en solitario el convenio colectivo impugnado.

6.El recurso de UGT insiste, finalmente, en la inadecuación de procedimiento, ya alegada -y rechazada- por la sentencia recurrida.

El recurso entiende que el procedimiento adecuado es el de conflicto colectivo ( artículos 153 a 162 LRJS) y no el de impugnación de convenios colectivos ( artículos 163 a 166 LRJS) . Pero, con independencia ahora de los artículos 102.2 y 163.4 LRJS, lo cierto es que si se impugna el convenio colectivo por conculcar la legalidad vigente (concretamente, entre otros preceptos, los artículos 87.1 y 2 y 89 ET) , el procedimiento por el que debe canalizarse la demanda es, precisamente, el de impugnación de convenios colectivos, por lo que nada puede reprocharse al sindicato demandante por haberlo hecho así.

El recurso parte del error de que, como el convenio colectivo ya estaba publicado cuando se impugnó, debía haberse acudido a la modalidad de conflicto colectivo. Pero el caso es que el artículo 163.3 LRJS establece expresamente que «si la autoridad laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el apartado anterior en el plazo de quince días, la desestimara o el convenio colectivo ya hubiere sido registrado, la impugnación de éstos podrá instarse directamente por los legitimados para ello por los trámites del proceso de conflicto colectivo, mientras subsista la vigencia de la correspondiente norma convencional.»

La mención a los «trámites del proceso de conflicto colectivo», que también hace el artículo 165.1 LRJS, no significa que se deje de estar en el ámbito de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos.

CUARTO. La desestimación de los recursos de casación.

1.Por todo lo razonado, procede, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, desestimar el recurso de casación y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida.

2.Procede la imposición de costas a la entidad Vecttor Ronda Teleport SLU en la cuantía de 1.500 euros en favor del Sindicato Libre de Transporte ( artículo 235.1 LRJS) . Con pérdida del depósito constituido para recurrir ( artículo 228.3 LRJS) .