Sentencia Social 605/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2422/2023 de 24 de junio del 2025

PRIMERO.- 1.La controversia litigiosa radica en determinar si debe reintegrar la prestación indebidamente percibida el beneficiario de una pensión de incapacidad permanente total (en adelante IPT) que percibió una prestación cuya cuantía era más elevada de la que le correspondía debido a que el INSS cometió un error aritmético al calcular la cuantía de su pensión.

2.El Juzgado de lo Social desestimó la demanda en la que el beneficiario de la pensión de IPT había impugnado la resolución del INSS que había declarado indebidamente percibida la prestación.

El actor interpuso recurso de suplicación que fue estimado por la sentencia dictada por el TSJ del País Vasco 450/2023, de 21 de febrero (recurso 2310/2022).

3.El INSS interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 1 del Protocolo Adicional del Convenio Europeo de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas en la interpretación dada por la STEDH de 26 de abril de 2018 (proceso 48921/2013, caso Cakarevic contra Croacia) en relación con el art. 55 de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) y con los arts. 1 y 4 del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero. Argumenta que la denominada doctrina Èakareviæ no es aplicable a esta litis y solicita que se desestime la demanda.

4.El actor presentó escrito de impugnación del recurso en el que niega que concurra el requisito de contradicción y argumenta que la sentencia recurrida es conforme a derecho.

El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no concurre el requisito de contradicción.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste, dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana 1596/2021, de 18 de mayo (recurso 216/2021).

El presupuesto procesal de contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, STS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En la sentencia recurrida concurren las siguientes circunstancias:

a) El INSS reconoció al actor una pensión de IPT derivada de accidente de trabajo con una base reguladora de 1.543,80 euros mensuales y fecha de efectos de 10 de octubre de 2019.

b) La Mutua Fremap solicitó la modificación de la base reguladora.

c) El INSS dictó resolución en fecha 6 de mayo de 2021 en la que declaró que había existido un error aritmético en la anterior resolución y que la base reguladora era de 921 euros mensuales.

d) La resolución del INSS de fecha 14 de julio de 2021 declaró la percepción indebida de la prestación de IPT durante el periodo del 10 de octubre de 2019 al 30 de abril de 2021 y reclamó al beneficiario la suma de 6.569,67 euros. La Mutua Fremap solicitó el reintegro de prestaciones.

e) El Juzgado de lo Social desestimó la demanda.

f) El demandante interpuso recurso de suplicación en el que denuncia la infracción del art. 55 de la LGSS; del art. 84 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre; y de los arts. 38, 39 y concordantes de la Ley 39/2015. Argumenta que la resolución administrativa que había modificado la base reguladora no implica la existencia de un ingreso indebido porque la resolución modificada despliega efectos pero no implica la existencia de ingresos indebidos como ocurre con las modificaciones judiciales de las prestaciones de incapacidad permanente o incapacidad temporal, en las que la obligación de asumir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas le corresponde a la Entidad gestora a través de la TGSS.

g) El Letrado de la Administración de la Seguridad Social presentó escrito de impugnación del recurso de suplicación en el que niega que sea aplicable el art. 71 del Real Decreto 1415/2004.

h) La sentencia recurrida, dictada por el TSJ del País Vasco, argumenta que debe aplicarse analógicamente el art. 71 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Considera que ese precepto regula los supuestos de reducción de la responsabilidad de las mutuas, por lo que es aplicable analógicamente a ese pleito, en el que el INSS redujo el importe de la base reguladora de la pensión de la que era responsable la mutua.

A continuación, «a mayor abundamiento», el TSJ aplica la denominada doctrina Èakareviæ y declara que no existe cobro indebido.

3.En la sentencia de contraste, los datos esenciales son los siguientes:

a) La demandada solicitó en fecha 19 de septiembre de 2018 el alta inicial en el programa de renta activa de inserción (en adelante RAI) como desempleada de larga duración.

b) El SEPE le reconoció la RAI, con 330 días de derecho, una cuantía diaria inicial de 14,34 euros y fecha de inicio de 20 de septiembre de 2018.

c) Desde que le fue reconocido el derecho hasta el 19 de agosto de 2019 (330 días) la demandada ha percibido la cantidad total de 4.732,96 euros.

La sentencia referencial confirma la sentencia de instancia, que había revocado la resolución del SEPE que reconocía el derecho a percibir la RAI y había condenado a la beneficiaria a reintegrar al SEPE la citada cantidad percibida indebidamente. Argumenta que la denominada doctrina Èakareviæ se adoptó en un proceso de ejecución civil y no es aplicable a un proceso declarativo de condena.

4.Esta Sala ha explicado reiteradamente que la identidad exigida por el art. 219.1 de la LRJS no se refiere a los fundamentos de las sentencias comparadas sino a los argumentos de las partes [por todas, STS 73/2022, de 26 enero (rcud 1053/2021); 448/2022, de 17 mayo (rcud 98/2021); y 275/2025, de 2 de abril (rcud 4235/2023)]. Es decir, lo relevante es que el debate litigioso sea sustancialmente igual [ STS 59/2024, de 16 de enero (rcud 5654/2022)].

En la sentencia recurrida se reconoció una pensión de IPT derivada de accidente de trabajo. El INSS cometió un error aritmético al calcular la cuantía de la pensión de la Seguridad Social, que era superior a la que le correspondía. El pago de la pensión se prolongó durante un año y seis meses. La mutua solicitó la modificación de la base reguladora. El INSS estimó su pretensión. La mutua solicitó el reintegro de prestaciones por la cantidad de 6.569,67 euros. El TSJ aplica analógicamente el art. 71 del Real Decreto 1415/2004 y, además, argumenta que no había existido mala fe del beneficiario, el error era imputable únicamente a la Administración, la prestación quería paliar sus necesidades y el reintegro supondría una carga desproporcionada.

En la sentencia referencial, se había reconocido el derecho a percibir la RAI durante 330 días. La sentencia de contraste aplicó la doctrina Èakareviæ, dejó sin efecto el reconocimiento de la prestación y condenó a la beneficiaria a reintegrar su importe: 4.732,96 euros.

5.En ambos pleitos, el INSS o el SEPE cometieron sendos errores al reconocer una prestación de la Seguridad Social, que se abonó indebidamente. Se discute si procede el reintegro de la cantidad abonada indebidamente. Sin embargo, en la sentencia recurrida fue una mutua la que abonó la prestación y solicitó el reintegro de prestaciones respecto de una pensión derivada de accidente de trabajo. El debate suscitado por la parte recurrente en el recurso de suplicación radicaba en determinar si debía aplicarse al supuesto enjuiciado la normativa que regula las modificaciones judiciales de las prestaciones de incapacidad permanente o incapacidad temporal, en las que la obligación de asumir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas le corresponde a la Entidad gestora a través de la TGSS. El recurso de suplicación omite cualquier mención a la STEDH de 26 de abril de 2018 (proceso 48921/2013, caso Èakareviæ contra Croacia).

Por el contrario, en la sentencia de contraste el SEPE reclama las prestaciones de desempleo y el debate suplicacional gira exclusivamente en torno a la denominada doctrina Èakareviæ: el recurso de suplicación imputa a la sentencia de instancia la inaplicación de la STEDH de 26 de abril de 2018 (proceso 48921/2013, caso Èakareviæ contra Croacia). La sentencia referencial argumenta que la decisión del TEDH se adoptó en un proceso de ejecución civil, por lo que no es aplicable a ese litigio. De conformidad, con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que entre la sentencia recurrida y la referencial no concurre la identidad sustancial de hechos y fundamentos exigida por el art. 219.1 de la LRJS. Los debates litigiosos son distintos.

TERCERO.- 1.Esta causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación del recurso de casación unificadora [ sentencias del TS 620/2022, de 6 de julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 de septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021), entre otras muchas].

2.De acuerdo con lo razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235.1 de la LRJS) .

PRIMERO.- 1.La controversia litigiosa radica en determinar si debe reintegrar la prestación indebidamente percibida el beneficiario de una pensión de incapacidad permanente total (en adelante IPT) que percibió una prestación cuya cuantía era más elevada de la que le correspondía debido a que el INSS cometió un error aritmético al calcular la cuantía de su pensión.

2.El Juzgado de lo Social desestimó la demanda en la que el beneficiario de la pensión de IPT había impugnado la resolución del INSS que había declarado indebidamente percibida la prestación.

El actor interpuso recurso de suplicación que fue estimado por la sentencia dictada por el TSJ del País Vasco 450/2023, de 21 de febrero (recurso 2310/2022).

3.El INSS interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 1 del Protocolo Adicional del Convenio Europeo de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas en la interpretación dada por la STEDH de 26 de abril de 2018 (proceso 48921/2013, caso Cakarevic contra Croacia) en relación con el art. 55 de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) y con los arts. 1 y 4 del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero. Argumenta que la denominada doctrina Èakareviæ no es aplicable a esta litis y solicita que se desestime la demanda.

4.El actor presentó escrito de impugnación del recurso en el que niega que concurra el requisito de contradicción y argumenta que la sentencia recurrida es conforme a derecho.

El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no concurre el requisito de contradicción.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste, dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana 1596/2021, de 18 de mayo (recurso 216/2021).

El presupuesto procesal de contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, STS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En la sentencia recurrida concurren las siguientes circunstancias:

a) El INSS reconoció al actor una pensión de IPT derivada de accidente de trabajo con una base reguladora de 1.543,80 euros mensuales y fecha de efectos de 10 de octubre de 2019.

b) La Mutua Fremap solicitó la modificación de la base reguladora.

c) El INSS dictó resolución en fecha 6 de mayo de 2021 en la que declaró que había existido un error aritmético en la anterior resolución y que la base reguladora era de 921 euros mensuales.

d) La resolución del INSS de fecha 14 de julio de 2021 declaró la percepción indebida de la prestación de IPT durante el periodo del 10 de octubre de 2019 al 30 de abril de 2021 y reclamó al beneficiario la suma de 6.569,67 euros. La Mutua Fremap solicitó el reintegro de prestaciones.

e) El Juzgado de lo Social desestimó la demanda.

f) El demandante interpuso recurso de suplicación en el que denuncia la infracción del art. 55 de la LGSS; del art. 84 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre; y de los arts. 38, 39 y concordantes de la Ley 39/2015. Argumenta que la resolución administrativa que había modificado la base reguladora no implica la existencia de un ingreso indebido porque la resolución modificada despliega efectos pero no implica la existencia de ingresos indebidos como ocurre con las modificaciones judiciales de las prestaciones de incapacidad permanente o incapacidad temporal, en las que la obligación de asumir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas le corresponde a la Entidad gestora a través de la TGSS.

g) El Letrado de la Administración de la Seguridad Social presentó escrito de impugnación del recurso de suplicación en el que niega que sea aplicable el art. 71 del Real Decreto 1415/2004.

h) La sentencia recurrida, dictada por el TSJ del País Vasco, argumenta que debe aplicarse analógicamente el art. 71 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Considera que ese precepto regula los supuestos de reducción de la responsabilidad de las mutuas, por lo que es aplicable analógicamente a ese pleito, en el que el INSS redujo el importe de la base reguladora de la pensión de la que era responsable la mutua.

A continuación, «a mayor abundamiento», el TSJ aplica la denominada doctrina Èakareviæ y declara que no existe cobro indebido.

3.En la sentencia de contraste, los datos esenciales son los siguientes:

a) La demandada solicitó en fecha 19 de septiembre de 2018 el alta inicial en el programa de renta activa de inserción (en adelante RAI) como desempleada de larga duración.

b) El SEPE le reconoció la RAI, con 330 días de derecho, una cuantía diaria inicial de 14,34 euros y fecha de inicio de 20 de septiembre de 2018.

c) Desde que le fue reconocido el derecho hasta el 19 de agosto de 2019 (330 días) la demandada ha percibido la cantidad total de 4.732,96 euros.

La sentencia referencial confirma la sentencia de instancia, que había revocado la resolución del SEPE que reconocía el derecho a percibir la RAI y había condenado a la beneficiaria a reintegrar al SEPE la citada cantidad percibida indebidamente. Argumenta que la denominada doctrina Èakareviæ se adoptó en un proceso de ejecución civil y no es aplicable a un proceso declarativo de condena.

4.Esta Sala ha explicado reiteradamente que la identidad exigida por el art. 219.1 de la LRJS no se refiere a los fundamentos de las sentencias comparadas sino a los argumentos de las partes [por todas, STS 73/2022, de 26 enero (rcud 1053/2021); 448/2022, de 17 mayo (rcud 98/2021); y 275/2025, de 2 de abril (rcud 4235/2023)]. Es decir, lo relevante es que el debate litigioso sea sustancialmente igual [ STS 59/2024, de 16 de enero (rcud 5654/2022)].

En la sentencia recurrida se reconoció una pensión de IPT derivada de accidente de trabajo. El INSS cometió un error aritmético al calcular la cuantía de la pensión de la Seguridad Social, que era superior a la que le correspondía. El pago de la pensión se prolongó durante un año y seis meses. La mutua solicitó la modificación de la base reguladora. El INSS estimó su pretensión. La mutua solicitó el reintegro de prestaciones por la cantidad de 6.569,67 euros. El TSJ aplica analógicamente el art. 71 del Real Decreto 1415/2004 y, además, argumenta que no había existido mala fe del beneficiario, el error era imputable únicamente a la Administración, la prestación quería paliar sus necesidades y el reintegro supondría una carga desproporcionada.

En la sentencia referencial, se había reconocido el derecho a percibir la RAI durante 330 días. La sentencia de contraste aplicó la doctrina Èakareviæ, dejó sin efecto el reconocimiento de la prestación y condenó a la beneficiaria a reintegrar su importe: 4.732,96 euros.

5.En ambos pleitos, el INSS o el SEPE cometieron sendos errores al reconocer una prestación de la Seguridad Social, que se abonó indebidamente. Se discute si procede el reintegro de la cantidad abonada indebidamente. Sin embargo, en la sentencia recurrida fue una mutua la que abonó la prestación y solicitó el reintegro de prestaciones respecto de una pensión derivada de accidente de trabajo. El debate suscitado por la parte recurrente en el recurso de suplicación radicaba en determinar si debía aplicarse al supuesto enjuiciado la normativa que regula las modificaciones judiciales de las prestaciones de incapacidad permanente o incapacidad temporal, en las que la obligación de asumir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas le corresponde a la Entidad gestora a través de la TGSS. El recurso de suplicación omite cualquier mención a la STEDH de 26 de abril de 2018 (proceso 48921/2013, caso Èakareviæ contra Croacia).

Por el contrario, en la sentencia de contraste el SEPE reclama las prestaciones de desempleo y el debate suplicacional gira exclusivamente en torno a la denominada doctrina Èakareviæ: el recurso de suplicación imputa a la sentencia de instancia la inaplicación de la STEDH de 26 de abril de 2018 (proceso 48921/2013, caso Èakareviæ contra Croacia). La sentencia referencial argumenta que la decisión del TEDH se adoptó en un proceso de ejecución civil, por lo que no es aplicable a ese litigio. De conformidad, con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que entre la sentencia recurrida y la referencial no concurre la identidad sustancial de hechos y fundamentos exigida por el art. 219.1 de la LRJS. Los debates litigiosos son distintos.

TERCERO.- 1.Esta causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación del recurso de casación unificadora [ sentencias del TS 620/2022, de 6 de julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 de septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021), entre otras muchas].

2.De acuerdo con lo razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235.1 de la LRJS) .

PRIMERO.- 1.La controversia litigiosa radica en determinar si debe reintegrar la prestación indebidamente percibida el beneficiario de una pensión de incapacidad permanente total (en adelante IPT) que percibió una prestación cuya cuantía era más elevada de la que le correspondía debido a que el INSS cometió un error aritmético al calcular la cuantía de su pensión.

2.El Juzgado de lo Social desestimó la demanda en la que el beneficiario de la pensión de IPT había impugnado la resolución del INSS que había declarado indebidamente percibida la prestación.

El actor interpuso recurso de suplicación que fue estimado por la sentencia dictada por el TSJ del País Vasco 450/2023, de 21 de febrero (recurso 2310/2022).

3.El INSS interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 1 del Protocolo Adicional del Convenio Europeo de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas en la interpretación dada por la STEDH de 26 de abril de 2018 (proceso 48921/2013, caso Cakarevic contra Croacia) en relación con el art. 55 de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) y con los arts. 1 y 4 del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero. Argumenta que la denominada doctrina Èakareviæ no es aplicable a esta litis y solicita que se desestime la demanda.

4.El actor presentó escrito de impugnación del recurso en el que niega que concurra el requisito de contradicción y argumenta que la sentencia recurrida es conforme a derecho.

El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no concurre el requisito de contradicción.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste, dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana 1596/2021, de 18 de mayo (recurso 216/2021).

El presupuesto procesal de contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, STS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En la sentencia recurrida concurren las siguientes circunstancias:

a) El INSS reconoció al actor una pensión de IPT derivada de accidente de trabajo con una base reguladora de 1.543,80 euros mensuales y fecha de efectos de 10 de octubre de 2019.

b) La Mutua Fremap solicitó la modificación de la base reguladora.

c) El INSS dictó resolución en fecha 6 de mayo de 2021 en la que declaró que había existido un error aritmético en la anterior resolución y que la base reguladora era de 921 euros mensuales.

d) La resolución del INSS de fecha 14 de julio de 2021 declaró la percepción indebida de la prestación de IPT durante el periodo del 10 de octubre de 2019 al 30 de abril de 2021 y reclamó al beneficiario la suma de 6.569,67 euros. La Mutua Fremap solicitó el reintegro de prestaciones.

e) El Juzgado de lo Social desestimó la demanda.

f) El demandante interpuso recurso de suplicación en el que denuncia la infracción del art. 55 de la LGSS; del art. 84 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre; y de los arts. 38, 39 y concordantes de la Ley 39/2015. Argumenta que la resolución administrativa que había modificado la base reguladora no implica la existencia de un ingreso indebido porque la resolución modificada despliega efectos pero no implica la existencia de ingresos indebidos como ocurre con las modificaciones judiciales de las prestaciones de incapacidad permanente o incapacidad temporal, en las que la obligación de asumir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas le corresponde a la Entidad gestora a través de la TGSS.

g) El Letrado de la Administración de la Seguridad Social presentó escrito de impugnación del recurso de suplicación en el que niega que sea aplicable el art. 71 del Real Decreto 1415/2004.

h) La sentencia recurrida, dictada por el TSJ del País Vasco, argumenta que debe aplicarse analógicamente el art. 71 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Considera que ese precepto regula los supuestos de reducción de la responsabilidad de las mutuas, por lo que es aplicable analógicamente a ese pleito, en el que el INSS redujo el importe de la base reguladora de la pensión de la que era responsable la mutua.

A continuación, «a mayor abundamiento», el TSJ aplica la denominada doctrina Èakareviæ y declara que no existe cobro indebido.

3.En la sentencia de contraste, los datos esenciales son los siguientes:

a) La demandada solicitó en fecha 19 de septiembre de 2018 el alta inicial en el programa de renta activa de inserción (en adelante RAI) como desempleada de larga duración.

b) El SEPE le reconoció la RAI, con 330 días de derecho, una cuantía diaria inicial de 14,34 euros y fecha de inicio de 20 de septiembre de 2018.

c) Desde que le fue reconocido el derecho hasta el 19 de agosto de 2019 (330 días) la demandada ha percibido la cantidad total de 4.732,96 euros.

La sentencia referencial confirma la sentencia de instancia, que había revocado la resolución del SEPE que reconocía el derecho a percibir la RAI y había condenado a la beneficiaria a reintegrar al SEPE la citada cantidad percibida indebidamente. Argumenta que la denominada doctrina Èakareviæ se adoptó en un proceso de ejecución civil y no es aplicable a un proceso declarativo de condena.

4.Esta Sala ha explicado reiteradamente que la identidad exigida por el art. 219.1 de la LRJS no se refiere a los fundamentos de las sentencias comparadas sino a los argumentos de las partes [por todas, STS 73/2022, de 26 enero (rcud 1053/2021); 448/2022, de 17 mayo (rcud 98/2021); y 275/2025, de 2 de abril (rcud 4235/2023)]. Es decir, lo relevante es que el debate litigioso sea sustancialmente igual [ STS 59/2024, de 16 de enero (rcud 5654/2022)].

En la sentencia recurrida se reconoció una pensión de IPT derivada de accidente de trabajo. El INSS cometió un error aritmético al calcular la cuantía de la pensión de la Seguridad Social, que era superior a la que le correspondía. El pago de la pensión se prolongó durante un año y seis meses. La mutua solicitó la modificación de la base reguladora. El INSS estimó su pretensión. La mutua solicitó el reintegro de prestaciones por la cantidad de 6.569,67 euros. El TSJ aplica analógicamente el art. 71 del Real Decreto 1415/2004 y, además, argumenta que no había existido mala fe del beneficiario, el error era imputable únicamente a la Administración, la prestación quería paliar sus necesidades y el reintegro supondría una carga desproporcionada.

En la sentencia referencial, se había reconocido el derecho a percibir la RAI durante 330 días. La sentencia de contraste aplicó la doctrina Èakareviæ, dejó sin efecto el reconocimiento de la prestación y condenó a la beneficiaria a reintegrar su importe: 4.732,96 euros.

5.En ambos pleitos, el INSS o el SEPE cometieron sendos errores al reconocer una prestación de la Seguridad Social, que se abonó indebidamente. Se discute si procede el reintegro de la cantidad abonada indebidamente. Sin embargo, en la sentencia recurrida fue una mutua la que abonó la prestación y solicitó el reintegro de prestaciones respecto de una pensión derivada de accidente de trabajo. El debate suscitado por la parte recurrente en el recurso de suplicación radicaba en determinar si debía aplicarse al supuesto enjuiciado la normativa que regula las modificaciones judiciales de las prestaciones de incapacidad permanente o incapacidad temporal, en las que la obligación de asumir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas le corresponde a la Entidad gestora a través de la TGSS. El recurso de suplicación omite cualquier mención a la STEDH de 26 de abril de 2018 (proceso 48921/2013, caso Èakareviæ contra Croacia).

Por el contrario, en la sentencia de contraste el SEPE reclama las prestaciones de desempleo y el debate suplicacional gira exclusivamente en torno a la denominada doctrina Èakareviæ: el recurso de suplicación imputa a la sentencia de instancia la inaplicación de la STEDH de 26 de abril de 2018 (proceso 48921/2013, caso Èakareviæ contra Croacia). La sentencia referencial argumenta que la decisión del TEDH se adoptó en un proceso de ejecución civil, por lo que no es aplicable a ese litigio. De conformidad, con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que entre la sentencia recurrida y la referencial no concurre la identidad sustancial de hechos y fundamentos exigida por el art. 219.1 de la LRJS. Los debates litigiosos son distintos.

TERCERO.- 1.Esta causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación del recurso de casación unificadora [ sentencias del TS 620/2022, de 6 de julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 de septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021), entre otras muchas].

2.De acuerdo con lo razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235.1 de la LRJS) .