Sentencia Social 1124/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4776/2024 de 25 de noviembre del 2025

PRIMERO.- 1.Se trata de decidir la cuantía de la indemnización que haya de fijarse en favor del varón que es beneficiario de una prestación de seguridad social y se ve obligado a acudir a la vía judicial para reclamar el complemento de maternidad que le ha sido denegado en vía administrativa, pero que le es posteriormente reconocido por el INSS tras la interposición de la demanda y antes de que haya dictado sentencia el juzgado de lo social.

2.En esas circunstancias, la sentencia del juzgado fija en 600 euros el importe de la indemnización.

La de la Sala Social del TSJ de Madrid 857/2024, de 26 de septiembre, rec. 374/2024, desestima el recurso de suplicación del demandante.

Se acoge al criterio establecido en la STS 977/2023, de 15 de noviembre, rcud. 5547/2022, y confirma la de instancia.

Razona que debe minorarse la cuantía de 1.800 euros establecida con carácter general como indemnización en la antedicha STS, porque el INSS ha reconocido finalmente el complemento de maternidad antes de que se hubiere dictado la sentencia de instancia.

3.El Ministerio Fiscal informa que la cuantía de la indemnización debe ajustarse en todo caso a la suma de 1.800 euros, conforme a la doctrina establecida en la STS 977/2023, de 15 de noviembre, rcud. 5547/2022. El recurso de impugnación del INSS sostiene que debe mantenerse la indemnización de 600 euros fijada en la sentencia recurrida, porque el complemento de maternidad ya ha sido reconocido en la sentencia de instancia, sin que fuere por lo tanto necesario que el actor hubiere debido recurrir a instancias superiores.

SEGUNDO. 1.Debemos examinar si concurre el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste, dictada por la Sala Social del TSJ de Andalucía/Granada 1028/2024, de 2 de mayo, rec. 934/2024.

2.En el caso de la sentencia referencial el INSS denegó en vía administrativa el complemento de maternidad solicitado por el demandante, que sin embargo reconoce en una resolución dictada con posterioridad a la interposición de la demanda y antes de que recayera la sentencia de instancia.

En ese contexto el juzgado de lo social dicta sentencia en la que acoge la excepción de satisfacción extraprocesal del objeto del litigio opuesta por la entidad gestora. Motivo por el que fija en 600 euros el importe de la indemnización.

La sentencia de suplicación estima el recurso del demandante y eleva a 1.800 euros la indemnización, en aplicación de la doctrina establecida en la STS 977/2023, de 15 de noviembre, rcud. 5547/2022.

3.Los asuntos son sustancialmente idénticos y la contradicción es evidente.

Se trata de discernir si la cuantía de la indemnización fijada en la precitada sentencia de esta Sala IV puede verse minorada, cuando el INSS ha denegado en vía administrativa el complemento de maternidad a un varón, pero lo reconoce sin embargo tras la interposición de la demanda y antes de que se hubiere llegado a dictar la sentencia de instancia.

TERCERO. 1.La cuestión ya ha quedado resuelta en la reciente STS 889/2025, de 14 de octubre, rcud. 5568/2023, que conoce de un asunto idéntico al presente, en el que el INSS desestimó inicialmente por silencio administrativo la solicitud del complemento de maternidad en vía previa, pero igualmente lo reconoce sin embargo en resolución dictada con posterioridad a la demanda interpuesta por el trabajador en reclamación de dicho complemento y de la indemnización acumulada.

Como de la precitada sentencia se desprende, en esa situación jurídica debe aplicarse el mismo criterio establecido en la STS 977/2023 de 15 de noviembre, rcud. 5547/2022, sin que haya razones para minorar la cuantía de la indemnización de 1.800 euros por el hecho de que la entidad gestora pudiere haber reconocido el complemento de maternidad al varón una vez que ya se ha iniciado el proceso judicial.

En ella recordamos que la STS 977/2023 viene en asumir la doctrina sentada por la STJUE de 14 de septiembre de 2023 (asunto C-113/22), que obliga al órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda presentada frente a una resolución denegatoria del complemento de maternidad al varón posterior a la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (asunto C-450/18), no solo a conceder al interesado el complemento de pensión solicitado, sino también a la imposición de una indemnización que permita compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial, en caso de que la resolución denegatoria se haya adoptado de conformidad con una práctica administrativa consistente en continuar aplicando la referida norma a pesar de esta última sentencia, obligando así al interesado a hacer valer su derecho al complemento en vía judicial.

Decisión que adopta el TJUE ante la evidencia de que, una vez dictada su STJUE de 12 de diciembre de 2019, el INSS no sólo siguió aplicando una norma nacional contraria a la Directiva 79/7, sino que también mantuvo una práctica administrativa recogida en el Criterio de Gestión 1/2020, que se publicó a raíz de esa sentencia, en cuya virtud continuó concediendo el complemento de pensión litigioso únicamente a las mujeres que cumplían los requisitos exigidos en este último precepto, a la espera de la adaptación del art. 60 LGSS.

Añade el TJUE que dicha práctica implica, únicamente para los hombres, la necesidad de hacer valer por vía judicial su derecho al complemento, lo que, en particular, los expone a un plazo más largo para la obtención del complemento y, en su caso, a gastos adicionales.

2.En aplicación de la doctrina del TJUE y en cumplimiento de la labor unificadora y conformadora de la jurisprudencia que corresponde a esta Sala IV del Tribunal Supremo, nuestra STS 977/2023 se pronunció sobre la cuantificación de la referida indemnización, de suerte que permita a los distintos órganos judiciales del orden social operar al respecto con homogeneidad, aportando seguridad jurídica y evitando la multiplicación de los litigios sobre la cuestión.

Toda vez que la actuación del INSS que genera ese perjuicio es una y la misma para todos los afectados, entendimos que lo razonable era fijar igualmente idéntica cuantía indemnizatoria para todos ellos, sin dar lugar a agravios comparativos derivados de posibles soluciones dispares de los distintos órganos judiciales que pudieren generar una desigualdad difícilmente justificable. Y puesto que la finalidad de la indemnización es la de compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial, resulta objetivamente irrazonable considerar que en ese ámbito puedan presentarse diferencias relevantes en la valoración de esos perjuicios.

Valorando esas consideraciones y teniendo en cuenta otras circunstancias expuestas en aquella sentencia, la Sala entendió que debe ser fijada en la cantidad de 1.800 euros la indemnización adecuada, para compensar los daños derivados de la discriminación adicional generada por la denegación del complemento de maternidad a los varones por parte del INSS, cuando ya había sido establecido por el TJUE el carácter discriminatorio y contrario al derecho de la Unión de la regulación que reservaba exclusivamente dicho complemento a las mujeres.

Estimamos que esa suma es la que mejor se adecúa a la exigencia de reparación del daño sufrido en los términos que se derivan de la reiterada sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2023 y de la normativa interna y doctrina jurisprudencial sobre la materia, debiendo por tanto ser aplicada por los órganos judiciales en todos aquellos supuestos en los que exista controversia sobre la cuantía de la referida indemnización.

Tuvimos para ello en cuenta que esa cantidad permite una reparación integral del perjuicio sufrido.

Dijimos expresamente en tal sentido, que "La eventual zozobra moral o las molestias materiales derivadas de ese acudimiento a los órganos de la jurisdicción social quedan englobadas en tal reparación a tanto alzado".

A lo que además añadimos "Y lo mismo cabe advertir respecto de si se ha presentado la demanda con asistencia de profesionales (de Abogacía o colegiados como Graduados Sociales)".

Con la específica advertencia de que al fijar este criterio "Seguimos, de conformidad con lo apuntado por la repetida STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113-22) , las pautas habituales en nuestro ordenamiento".

Y con la expresa observación, de que "esta Sala no viene estableciendo el importe de la condena en costas a la vista de la mayor o menor profundidad de la actuación procesal desempeñada por la parte recurrida sino de su existencia o inexistencia (personación, impugnación)".

Para concluir definitivamente, que "esta compensación procede siempre que haya sido menester que el varón discriminado por una resolución del INSS posterior a la STJUE 19 diciembre 2019 haya precisado del acudimiento a la jurisdicción social para conseguir el abono del complemento en cuestión".

3.Como es de ver, en nuestra STS no vinculamos esa cuantía de la indemnización a la mayor o menor complejidad del proceso judicial que se ha visto obligado a entablar el peticionario, ni tampoco la condicionamos a que hubiere conseguido el reconocimiento de su petición en una u otra instancia, sino que la fijamos únicamente en razón a que la actuación el INSS ha supuesto la infracción adicional de un derecho fundamental al ignorar lo resuelto en la STJUE de 12 de diciembre de 2019, ha generado en el beneficiario la lógica incertidumbre y zozobra provocada por la resistencia de la entidad gestora a reconocer el derecho en los términos ya resueltos en dicha sentencia, lo que le ha obligado a acudir a la vía judicial para evitar la vulneración de un derecho de carácter fundamental.

Pretendemos fijar de esta forma un criterio uniforme que evite agravios comparativos y desigualdades constitucionalmente insostenibles, bajo el presupuesto de que todos los afectados se encuentran en la misma situación jurídica y se han visto abocados a acudir a la vía judicial en defensa de sus derechos en los términos que ha delimitado aquella STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113/22).

De forma que el importe de esa indemnización de 1.800 euros no puede vincularse a la mayor o menor actividad judicial que ha debido desplegar el beneficiario, en función del momento o el grado jurisdiccional en el que pudiere haberse estimado su pretensión de reconocimiento de complemento.

Como explicamos en la STS 977/2023, esa cuantía de la indemnización tiene como finalidad la de resarcir todos los daños sufridos por el peticionario que se ha visto en la necesidad de iniciar un procedimiento judicial.

Este es el perjuicio que la indemnización compensa, con independencia del concreto momento en el que pudiere haber obtenido la satisfacción del derecho en razón del mayor o menor éxito de su pretensión en cada una de las instancias, ya fuere como resultado de la decisión judicial o a consecuencia de una actuación de la propia entidad gestora posterior a la interposición de la demanda en reconocimiento del derecho una vez iniciado el proceso judicial.

CUARTO.Conforme a lo razonado y de acuerdo con el Ministerio Fiscal, la buena doctrina se encuentra en la sentencia de contraste, lo que obliga a estimar el recurso, casar y anular la sentencia recurrida, y resolver el debate de suplicación en el sentido de estimar el recurso de tal clase interpuesto por el demandante para fijar en 1.800 euros el importe de la indemnización a pagar por el INSS, con íntegra estimación de la demanda y revocación en parte de la sentencia de instancia. Sin costas.