Sentencia Social 205/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3316/2023 de 25 de marzo del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si tiene derecho a la pensión de viudedad una pareja de hecho que convivía como tal sin haber documentado públicamente o inscrito esa unión en los registros de pareja de hecho.

Se discute si, a efectos de reconocer la prestación de viudedad, puede acreditarse la constitución de la pareja de hecho por cualquier medio admitido en derecho, o exclusivamente por los medios previstos en el art. 221.2.2 de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) , esto es mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público.

2.Ya desde este primer momento debemos dejar constancia de que el presente asunto ha sido resuelto por esta Sala en SSTS 697/2016, de 20 de julio (rcud 2988/2014); 1042/2016, de 7 de diciembre (rcud 3765/2014); y en especial las dictadas por el Pleno de la Sala Social del TS el 22 de septiembre de 2014 (recursos 759/2012, 1098/2012, 1752/2012, 1958/2012, 1980/2012 y 2563/2012) y recientemente por STS 1262/2023, de 21 de diciembre de 2023 (rcud. 2234/2022).

3.La sentencia de instancia desestimó la demanda.

La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de mayo de 2023 estimó el recurso de suplicación interpuesto por la actora.

Consta que la demandante Doña Trinidad y Don Lorenzo habían venido manteniendo una convivencia análoga al matrimonio de forma ininterrumpida desde el año 2005 y hasta la fecha del fallecimiento de este último el 11 de junio de 2020, teniendo dos hijos en común Gabino y Juan Alberto nacidos respectivamente el NUM000 de 2018 y el NUM001 de 2007.

D.ª Trinidad y Don Lorenzo figuraban empadronados desde el 5 de diciembre de 2008 en un domicilio común sito en la DIRECCION000. no habiendo inscrito su unión de hecho en los registros que existen específicamente para ello, iniciando expediente de matrimonio civil ante el Registro Civil de Madrid ,teniendo señalada cita para la celebración del matrimonio el 1 de abril de 2020 ante la Junta Municipal de Tetuán; dicha cita fue suspendida por el Covid-19.

Concluye que debe efectuarse una interpretación tuitiva, finalista y flexible de las normas de la Seguridad Social que permite reconocer a la actora la pensión de viudedad reclamada.

4.Contra dicha sentencia se ha interpuesto por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social recurso de casación para unificación de doctrina aportando como sentencia de contraste la dictada por esta Sala de Pleno de 22 de octubre de 2014, recurso 1025/2012.

El recurso ha sido impugnado por la parte recurrida.

Por el Ministerio Fiscal se emitió Informe en el sentido de considerar que el recurso debe ser estimado.

SEGUNDO.- 1.Al igual que en los precedentes que hemos mencionado, la recurrente aporta como sentencia de contraste la dictada por esta Sala de Pleno de 22 de octubre de 2014, recurso 1025/2012.

En ella concurrían las siguientes circunstancias:

a) El causante de la pensión y la demandante convivieron ininterrumpidamente desde, al menos, mayo de 1996 hasta el fallecimiento del primero en marzo de 2010. Fueron padres de dos hijos nacidos en los años 1973 y 1975.

b) El causante de la pensión de viudedad estaba divorciado de su primera mujer.

c) La demandante solicitó pensión de viudedad. Esta pretensión fue desestimada en vía administrativa por no haber quedado acreditada la inscripción como pareja de hecho.

d) La sentencia de suplicación del TSJ de Madrid revoca la sentencia desestimatoria de instancia y reconoce el derecho de la demandante a percibir la prestación de viudedad.

La sentencia referencial estima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto. El TS concluyó que el acceso a la pensión pretendida exige la concurrencia simultánea de los requisitos: de un lado la convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años, y de otro la publicidad de la situación de convivencia more uxorio (convivencia de hecho) con una antelación mínima de dos años antes al hecho causante, imponiendo con carácter constitutivo la inscripción en el correspondiente registro de parejas de hecho o en documento público.

2.Concurre el presupuesto procesal de contradicción. En ambas sentencias se trata del derecho a la pensión de viudedad de supérstites de parejas de hecho que no acreditan su inscripción en registro o la existencia de documento público en el que conste su constitución. Ante tal sustancial identidad, los fallos son contradictorios ya que la sentencia recurrida la reconoce mientras que la referencial la deniega.

En fin, en lo que interesa y en los hechos, fundamentos y pretensiones de las partes, existe la identidad del artículo 219 de la LRJS.

TERCERO.- 1.La parte recurrente, la Administración de la Seguridad Social denuncia la infracción del art. 221.2 de la LGSS. Según la recurrente la doctrina correcta se halla en la sentencia referencial.

2.La controversia litigiosa se abordó en SSTS 697/2016, de 20 de julio (rcud 2988/2014); 1042/2016, de 7 de diciembre (rcud 3765/2014); y en especial las dictadas por el Pleno de la Sala Social del TS el 22 de septiembre de 2014 (recursos 759/2012, 1098/2012, 1752/2012, 1958/2012, 1980/2012 y 2563/2012) y recientemente por STS 1262/2023, de 21 de diciembre de 2023 (rcud. 2234/2022).

Explicamos que, en esencia, el legislador (tanto en la redacción del art. 221.2 de la LGSS de 2015 como en la redacción precedente del art. 174.3 de la LGSS de 1994) establece «la exigencia de dos simultáneos requisitos para que el miembro supérstite de la "pareja de hecho" pueda obtener la pensión de viudedad: a) de un lado, la convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años; y b) de otro la publicidad de la situación de convivencia more uxorio, imponiendo -con carácter constitutivo y antelación mínima de dos años al fallecimiento- la inscripción en el registro de parejas de hecho (en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia) o la constancia de su constitución como tal pareja en documento público.

La solución por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo, tal y como pudiera deducirse de la confusa redacción del precepto, sino que los dos mandatos legales van referidos a otras tantas exigencias diferentes:

a) la material, de convivencia como estable pareja de hecho durante el mínimo de cinco años;

y b) la formal - ad solemnitatem - de su verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y dotada de "análoga relación de afectividad a la conyugal", con dos años de antelación al hecho causante (en forma muy similar a la que se produce en el matrimonio)».

Continuamos explicando que así llegamos a la conclusión de que «la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas "de hecho" con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho "registradas" cuando menos dos años antes [o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales] y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las "parejas de derecho" y no a las genuinas "parejas de hecho".»

También, por ello, sostuvimos que «aunque la acreditación de la convivencia puede realizarse por cualquier medio de prueba que tenga fuerza suficiente para procurar convicción al respecto, sin que necesariamente haya de serlo por el certificado de empadronamiento, la existencia de la pareja de hecho debe acreditarse en los concretos términos establecidos en la norma, no teniendo validez a esos efectos otro tipo de documentos, como la tarjeta sanitaria en la que la demandante figura como beneficiaria del causante, emitida por el INSS ( STS 1-6- 16, rcud.207/15); el certificado de empadronamiento ( STS 07-12-16. rcud.3765/14) como es nuestro caso; el Libro de Familia ( STS 03/05/11, rcud.2170/10; 23/01/12, rcud.1929/11, 23/02/16, rcud.3271/14-); el testamento nombrando heredera a la persona con la que se convive ( STS 26-11-12, rcud.4072/11); las disposiciones testamentarias de los convivientes en las que, además de legar una cuota del 30% de su herencia al otro, manifiestan que ambos convivían maritalmente ( STS 9-10-12, rciud.3600/11); el certificado municipal de la reserva para la ceremonia nupcial ( STS 23-6-15, rcud.2578/14 ; o la condición de beneficiaria del Plan Pensiones del causante ( STS 17-12-15, rcud.2882/14)».

Por lo tanto, la doctrina de la Sala Social del TS ha sido constante en el sentido de que el legislador exige dos requisitos diferentes, que han de concurrir de forma simultánea, y que se concretan en «la existencia de la pareja de hecho» (requisito formal) y en «la convivencia estable o notoria» (requisito material).

Además, las reglas de acreditación de uno y otro son diferentes y ello porque mientras la convivencia análoga a la conyugal se puede acreditar por múltiples medios de prueba, el requisito relativo a la existencia de la pareja de hecho (el formal), solo se puede acreditar mediante inscripción como tal pareja o bien mediante documento público en el que conste la constitución de la pareja, lo que refleja la voluntad de la ley de limitar la atribución de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas.

3.La sentencia del TC 1/2021, de 25 de enero (recurso 1343/2018), interpretando la redacción del art. 173.4 LGSS de 1994 recordó que «es doctrina de este tribunal que la inscripción en el registro administrativo de parejas de hecho o la formalización mediante escritura pública es un requisito constitutivo de dicha situación jurídica ( SSTC 40/2014, de 11 de marzo; 45/2014, de 7 de abril, y 60/2014, de 5 de mayo)» y que tal exigencia «no vulnera el art. 14 CE. Y la exigencia de la constitución formal, ad solemnitatem, de la pareja de hecho con la antelación mínima a la fecha del fallecimiento del causante de la pensión exigida en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS no carece de una finalidad constitucionalmente legítima, porque busca atender a través de un medio idóneo, necesario y proporcionado, el compromiso de convivencia entre los miembros de una pareja de hecho, permitiendo al legislador identificar una concreta situación de necesidad merecedora de protección a través de la pensión de viudedad del sistema de seguridad social».

CUARTO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, permite concluir en el sentido de entender que el recurso debe ser estimado, casar y anular la sentencia recurrida y resolver el recurso de suplicación interpuesto por la actora en el sentido de desestimar el mismo y confirmar la sentencia de instancia.

2.Todo ello sin imposición de imposición de costas ni en suplicación ni en casación, a tenor del artículo 235 de la LRJS.