Sentencia Social 297/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3412/2024 de 25 de marzo del 2026

PRIMERO.- 1.La cuestión casacional que se somete a la consideración de la Sala consiste en cuestionar la validez del alta médica emitida por el INSS el 13 de mayo de 2023 tras haber permanecido la actora en incapacidad temporal por enfermedad común (esclerosis múltiple) desde noviembre de 2021 y después de agotar el plazo máximo de 547 días. La recurrente sostiene que no procede el alta, y que debería haberse procedido a la apertura de un expediente de incapacidad permanente de oficio por la entidad gestora porque sus dolencias y secuelas son definitivas y le impiden desarrollar actividad laboral.

2.La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 6 de Bilbao desestimó la demanda en la que se solicitaba la anulación del alta médica emitida por el INSS, en la que se alegaba que continuaba padeciendo la sintomatología que motivo la apertura del proceso de incapacidad temporal. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 16 de abril de 2024 -Rec. 2375/2023- confirmó la sentencia argumentando que la trabajadora llevaba desde 2007 sin brotes, con estabilidad clínica en las sucesivas resonancias y con secuelas crónicas ya consolidadas. Añadió que, conforme al artículo 174.2 LGSS una vez agotados los 18 meses no cabe prórroga de la IT procediendo el alta médica sin perjuicio de que la incapacidad permanente se tramite por el cauce correspondiente, pero sin obligación de apertura de oficio por parte del INSS.

Consta que la trabajadora, autónoma integrada en el RETA, inició un proceso de incapacidad temporal el 15 de noviembre de 2021 por esclerosis múltiple. Tras 547 días de baja, el INSS, a propuesta del EVI, emitió el alta médica el 13 de mayo de 2023 considerando agotado el período máximo legal de IT. La actora impugnó el alta alegando que sus secuelas eran definitivas y solicitando que se mantuviera la IT o, en su defecto, que se iniciara de oficio un expediente de incapacidad permanente.

3.Recurre la actora en casación unificadora, invocando de contraste la sentencia de la Sal de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, de 10 de marzo de 2010 -Rec. 159/2010-. La Sala ha admitido a trámite el recurso a los efectos de pronunciarse sobre su propia competencia funcional en razón de que la sentencia de instancia pudiera no ser recurrible en suplicación. Al efecto, se abrió trámite de audiencia en el que por la actora se mantuvo que la sentencia de instancia era recurrible. Por la Mutua demandada se sostuvo la falta de competencia funcional de la Sala como consecuencia de la irrecurribilidad de la sentencia del Juzgado de lo Social; posición que también manifestó el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe.

SEGUNDO.- 1.Sin necesidad de entrar a examinar la existencia de la contradicción exigida en el art. 219 LRJS, procede abordar el análisis de la competencia funcional, al tratarse de una cuestión de orden público procesal que puede y debe ser examinada de oficio por la Sala (por todas: SSTS 174/2021, de 1 de marzo, Rcud. 2021/2015; 1070/2020, de 2 de diciembre, Rcud. 1256/2018; 287/2021, de 10 de marzo, Rcud. 740/2019 y 1146/2021 de 23 de noviembre, Rcud. 2621/2019; entre muchas otras), lo que conduciría, caso de prosperar, a declarar la nulidad de la sentencia impugnada que no debió examinar la cuestión de fondo planteada y, por tanto, declarar la irrecurribilidad de la sentencia de instancia.

2.En efecto, de la lectura detenida de las actuaciones se desprende, sin género de dudas, que la demanda de la actora impugnó el alta médica emitida por el INSS el 13 de mayo de 2023, solicitando -con carácter principal- su anulación. El proceso se tramitó a través de la modalidad procesal de Seguridad Social y, en concreto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 140 LRJS sobre impugnación de altas médicas. La fundamentación de la sentencia recurrida refiere que, a la vista de las resoluciones judiciales de instancia, en conexión con la papeleta de demanda del trabajador, se infiere, que en el mismo encabezamiento y en el suplico de aquella demanda se hace mención a una materia de impugnación de alta médica derivada de enfermedad común, que es lo que se resuelve en instancia, y se hace mención en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia. Por otro lado, el hecho de que, junto con la impugnación del alta médica solicitada se pretenda que la entidad gestora inicie de oficio expediente de incapacidad permanente resulta irrelevante en atención a que tal inicio no resulta ni necesario ni imprescindible, habida cuenta de que lo puede realizar la propia persona interesada. Es más, en los hechos probados de la sentencia se da cuenta de que «la parte actora ha promovido una solicitud de IP, actualmente en trámite administrativo».

3.El apartado g) del artículo 191 LRJS declara irrecurribles en suplicación, las sentencias dictadas en procesos de impugnación de alta médica cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador. Esta previsión es coherente con lo dispuesto en el artículo 140.3 d) LRJS que prohíbe que al proceso de impugnación de alta médica se acumulen otras acciones «ni siquiera la reclamación de diferencias de prestación económica por incapacidad temporal».

TERCERO.-Las precedentes consideraciones nos llevan a concluir, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal, que el recurso de suplicación no debió admitirse ni tramitarse, y que la Sala de suplicación carecía de competencia funcional para conocer del mismo, lo que conduce a anular la sentencia impugnada, así como las actuaciones posteriores a la sentencia de instancia, cuya firmeza declaramos. No procede la imposición de costas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 235 LRJS.