Sentencia Social 319/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2439/2025 de 25 de marzo del 2026

PRIMERO. Cuestión planteada, la sentencia recurrida y el recurso de casación para la unificación de doctrina.

1.La controversia suscitada en este recurso de casación unificadora radica en determinar si el varón pensionista tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios, incluidas las costas y los honorarios de abogacía en que haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial instado, y en concreto en la cuantía de 1.800 euros, cuando el INSS deniega el complemento de maternidad por aportación demográfica del art. 60 LGSS, en el supuesto de que el complemento es reconocido por la entidad gestora después de presentar la demanda, pero antes del día del juicio. Son circunstancias modalizadoras del problema que el INSS basa su denegación en que el derecho había prescrito y que todo ello sucede una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE), en su sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18), ya había establecido que la denegación de dicho complemento al varón constituye una discriminación por razón de sexo, siendo contraria al Derecho de la Unión la norma que solo permitía el devengo del complemento por parte de las mujeres.

Elementales razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación del Derecho nos llevan a trasladar al presente asunto los argumentos y solución desplegados por las SSTS 735/2025, de 16 de julio (rcud 3146/2024), y 740/2025, de 17 de julio (rcud 3172/2024).

2.El actor -y ahora recurrente en casación unificadora- es pensionista de jubilación con fecha de efectos de 1 de julio de 2017. Es padre de tres hijos. El 20 de abril de 2023 solicitó el complemento de maternidad. La solicitud fue denegada por prescripción.

El actor demandó al INSS, solicitando una indemnización de 1.800 euros.

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 35 de Madrid 265/2024, de 18 de julio (autos 244/2024), estimó en parte la demanda y condenó al INSS a abonar al actor una indemnización de 1.800 euros.

3.El INSS interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo social, alegando la prescripción del derecho al complemento.

La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid 284/2025, de 20 de marzo (rec. 1021/2024), estimó en parte el recurso y revocó la sentencia del juzgado de lo social, reconociendo el derecho a una indemnización de 600 euros (no de 1.800 euros). Y ello porque, aunque el complemento le fue reconocido al actor después de presentar la demanda, lo fue antes del día del juicio.

4.El actor ha interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid 284/2025, de 20 de marzo (rec. 1021/2024).

El recurso invoca de contraste la sentencia de la de la Sala de lo Social del TSJ de Murcia 1110/2024, de 17 de octubre (rec. 469/2024), y denuncia la infracción de los arts. 14 CE, 60 LGSS, 183.2 LRJS y 6 de la Directiva 79/7/CEE y de la jurisprudencia de esta la Sala IV que cita.

El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida y que se declare el derecho del actor a percibir la indemnización de 1.800 euros.

5.El recurso ha sido impugnado por el INSS, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

6.Partiendo de la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso.

SEGUNDO. El examen de la contradicción.

1.Debemos examinar la concurrencia del requisito de contradicción exigido por el artículo 219.1 LRJS.

Según hemos avanzado, se invoca de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Murcia 1110/2024, de 17 de octubre (rec. 469/2024).

2.Apreciamos, en coincidencia con lo informado por el Ministerio Fiscal, que concurren la identidad y la contradicción que exige el art. 219.1 LRJS.

En efecto, en ambos casos se trata de pensionistas, padres, que ven denegada la solicitud del complemento de maternidad a su pensión de jubilación, invocando el INSS la prescripción. Igualmente en los dos supuestos, el INSS acabó reconociendo el derecho al complemento con posterioridad a la interposición demanda y antes del día del juicio.

Y, con estas semejanzas, así como la sentencia recurrida entiende que la indemnización debe ser de 600 euros, la sentencia de contraste considera, por el contrario, que la indemnización debe ser de 1.800 euros.

3.En consecuencia, la doctrina debe ser unificada.

TERCERO. El derecho a la indemnización de 1.800 euros.

1.Las SSTS 735/2025, de 16 de julio (rcud 3146/2024), y 740/2025, de 17 de julio (rcud 3172/2024), cuya doctrina, según hemos avanzado, debemos aplicar también en el presente supuesto por elementales razones de seguridad jurídica y de igualdad en aplicación de la ley, se detienen en la compleja evolución jurisprudencial que ha tenido el complemento por aportación demográfica.

Las SSTS 735/2025 y 740/2025 mencionan, así, las SSTJUE 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) y 14 de septiembre de 2023 y, entre otras, las SSTS 977/2023, de 15 de noviembre (rcud 547/2022), 322/2024, de 21 de febrero (rcud 862/2023) y 239/2025, de 25 de marzo (rcud 889/2024), subrayando, en lo que es de interés para el presente recurso, que «el plazo de prescripción para reclamar el complemento de pensión es de cinco años y comenzaba a correr desde que se dictó la STJUE de diciembre de 2019».

2.Las SSTS 735/2025 y 740/2025 concluyen que es claro que el derecho a percibir la indemnización de 1.800 euros compensatoria de los daños y perjuicios causados por la denegación del complemento de maternidad por parte del INSS no desaparece como consecuencia de que la entidad gestora basara la denegación del complemento en el transcurso del plazo de prescripción.

Adicionalmente, en el presente caso ha quedado acreditado que el complemento por maternidad es solicitado por el actor con fecha 20 de abril de 2023, menos de cinco años después de conocerse la STJUE que proclamó el carácter discriminatorio de la redacción legal (12 de diciembre de 2019).

La entidad gestora lo denegó por apreciar prescripción, impidiendo de ese modo el restablecimiento de la igualdad y en contra de la jurisprudencia unificada sobre cómo debía interpretarse esa objeción en el caso presente.

3.Si con carácter general la jurisprudencia de esta Sala IV había manifestado que la necesidad de acudir a los tribunales para obtener el complemento de pensión hace que surja el derecho a la compensación de daños y perjuicios (1.800 euros), las SSTS 735/2025 y 740/2025 clarifican que también es así cuando la causa de la desestimación invocada por el INSS es la prescripción del derecho, dándose la circunstancia de que el derecho solo podría prescribir a los cinco años de haberse dictado la STJUE de 2019 y ya se conocía también nuestra jurisprudencia sobre el modo de reparar la discriminación derivada de la ley.

4.En consecuencia, respecto del complemento por aportación demográfica solicitado por pensionista varón y denegado por el INSS por prescripción, obligando a reclamarlo judicialmente, también procede que el INSS abone la indemnización por vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo en la cuantía de 1.800 euros.

En el presente supuesto, la sentencia recurrida entiende que la cuantía de la indemnización debe ser de 600, y no de 1.800, euros, porque, aunque el complemento le fue reconocido al actor después de presentar la demanda, lo fue antes del día del juicio.

Pero, como recuerdan las SSTS 735/2025, de 16 de julio (rcud 3146/2024), y 740/2025, de 17 de julio (rcud 3172/2024), la STS 289/2025, de 7 abril (rcud 4716/20230), ha abordado las consecuencias de que el INSS abonara el complemento de pensión inicialmente denegado antes de la fecha señalada para juicio, reafirmando la conclusión de que la negativa del INSS y la consiguiente necesidad de reclamar judicialmente generan el derecho a la indemnización de daños y perjuicios en la cuantía de 1.800 euros.

CUARTO. La estimación del recurso de casación de unificación de doctrina.

1.De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina; casar y anular la sentencia recurrida; y resolver el debate de suplicación, en el sentido de desestimar el recurso de tal clase interpuesto por el INSS y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia del juzgado de lo social.

2.No procede imponer costas ( artículo 235.1 LRJS) .