Sentencia Social 133/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 409/2022 de 26 de febrero del 2025

PRIMERO.- 1.-La cuestión debatida consiste en determinar si la acción interpuesta por la viuda solicitando el recargo de prestaciones de su propia pensión de viudedad está prescrita, en un supuesto en el que la acción del titular de la incapacidad permanente se presentó fuera de plazo y se declaró prescrita; esto es, si es posible que una vez que el derecho ha prescrito se pueda reabrir con ocasión del reconocimiento de otra prestación derivada de la misma contingencia.

2.-La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona, desestimó la demanda formulada por la actora. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 22 de septiembre de 2021, R. 2344/2021, anuló dicha resolución al considerar que la acción no está prescrita con arreglo a la doctrina que cita, porque aunque la prescripción concurriera respecto del recargo de prestaciones solicitado por el causante que sufrió y falleció por la enfermedad profesional, no sucede lo mismo en el caso de la viuda que ejercitó la acción dentro de plazo de acuerdo con el art. 1969 CC, ya que no pudo hacerlo hasta que le fue reconocida la pensión de viudedad.

Consta que el causante fue declarado en situación de incapacidad permanente absoluta (IPA) derivada de enfermedad profesional (asbestosis) por resolución de 13/07/2000 y por resolución de 23/05/2013 le fue declarada una gran invalidez derivada de la misma enfermedad por agravación. El INSS declaró la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad y la procedencia de un recargo de prestaciones del 30% a cargo de la empresa COEMAC (antes Uralita) por resolución de 10/12/2015. El causante impugnó dicha resolución reclamando el 50% del recargo, falleciendo el 15/12/2017 por asbestosis. La viuda sucedió al litigante en el procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Social y solicitó la pensión de viudedad que le fue reconocida por resolución de 15/02/2017, con efectos de 1 de febrero. La actora solicitó el recargo de prestaciones que le fue denegada por resolución del INSS 23/05/2017, planteando la demanda el 13/11/2017. La actora desistió de la reclamación de recargo de prestaciones de la IP del fallecido y mantuvo la referida al recargo de prestaciones de muerte y supervivencia. Por sentencia de 22/02/2019 se declaró prescrita la acción de reclamación del repetido recargo por haberse solicitado transcurridos más de 5 años desde que fue declarada la IPA.

3.-Recurre la empresa demandada denunciando infracción de los artículos 43 y 123, así como transitoria primera de la LGSS, en relación como los artículos 1101, 1969 y 1973 CC, así como 9.3 y 24 CE. El recurso ha sido impugnado por la actora, así como por el INSS, solicitando ambas impugnaciones la confirmación de la sentencia recurrida. El Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe, aboga por la improcedencia del recurso.

SEGUNDO.- 1.-La recurrente invoca como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 22 de octubre de 2019, R. 3801/2019, que desestimó el recurso interpuesto por la viuda y confirmó la sentencia recurrida que había desestimado el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. El trabajador fue reconocido en octubre 1977 en IPT por asbestosis con recargo del 40%; impugnado el recargo fue revocado por la comisión técnica calificadora central. En 2007 se reconoció la IPA también derivada de la misma enfermedad profesional, tras una serie de procesos se condena a la empresa por daños y perjuicios en 2009, se emite informe de ITSS con propuesta de recargo en 2010 del 50%, recargo que posteriormente fue revocado por STSJ de Cataluña de 27/02/2013, por prescripción de la acción para su reclamación. Por resolución de 2013, pero con efectos de mayo de 2011, se declaró al trabajador el grado de gran invalidez derivada de enfermedad profesional, y finalmente falleció en febrero de 2014. En marzo de 2014 se reconoció a la viuda una pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional, y en abril de 2016 se reconoció una indemnización a tanto alzado a la viuda. En agosto de 2015 se presentó reclamación sobre recargo sobre las prestaciones de muerte y supervivencia, y en abril de 2016 se condena a la empresa al abono de una indemnización por fallecimiento. El INSS en mayo de 2017 denegó la declaración de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad como consecuencia del fallecimiento del trabajador por haber trascurrido el plazo de prescripción legalmente previsto. La sentencia señala que el dies a quopara la prescripción del derecho al recargo coincide con aquel en que devino firme la sentencia que declaró la IPT derivada de enfermedad profesional por asbestosis, se confirmó por el TSJ y no fue impugnada, por ello ya hacía tiempo que había prescrito su derecho al recargo por haber trascurrido en exceso el plazo de 5 años.

2.-Resulta apreciable la contradicción en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS, ya que existe identidad sustancial de hechos, pretensiones y fundamentos. En efecto, los hechos -tal como figuran en ambas sentencias- que han quedado extractados en el apartado anterior de esta resolución son muy similares ya que en ambos se produce la misma situación que da origen a la controversia: la existencia de un potencial derecho al recargo de prestaciones por parte del causante derivado de enfermedad profesional respecto de una incapacidad permanente, cuya solicitud de recargo se estima prescrita; y la posterior solicitud del recargo por parte de la viuda en relación a su propia prestación de viudedad; siendo las pretensiones idénticas, así como los fundamentos de las mismas. Sin embargo, las sentencias comparadas llegan a soluciones distintas y contrarias ya que, mientras la recurrida, estima el recargo para la prestación de viudedad, la referencial lo deniega; evidenciándose doctrinas diferentes sobre los efectos de la prescripción del recargo de la prestación del causante respecto del reconocimiento de otra prestación posterior derivada de la misma contingencia.

TERCERO.- 1.-Una cuestión muy similar ya fue resuelta por la STS -pleno- de 18 de diciembre de 2015 (Rcud. 2720/2014) en la que se rechazó que el derecho al recargo pudiera renacer por hechos posteriores a su extinción por la prescripción, en ese caso, por el reconocimiento de otro grado de IP por agravación. Para fundamentar esa decisión, la Sala argumentó, en primer lugar, que el plazo de prescripción para la reclamación del recargo es de 5 años contados desde el hecho causante, y que dicho plazo se agotó sin que ningún hecho interrumpiera su curso ni ampliara su duración, según el art. 43 LGSS/1994 (de la misma redacción que el art. 53 LGSS/2015). En segundo lugar, que el derecho ya fenecido no puede renacer, salvo disposición legal expresa en contrario, que en el presente caso no existe. La tercera argumentación se basó en que la doctrina de la Sala (SSTS de 10 de diciembre de 1998, R. 4078/97; del Pleno, 12 de febrero de 1999, R. 1494/98; 9 de febrero de 2006, R. 4100/2004; entre otras) se fundamenta en esta materia en los principios de unicidad del daño derivado de una misma contingencia profesional, así como de sus consecuencia jurídicas con una visión global y armónica de todo nuestro ordenamiento jurídico, pues el recargo es único y se impone por la falta de medidas de seguridad que dio lugar a la contingencia profesional objeto de protección en su momento, sin que quepa el reconocimiento de sucesivos recargos, al ser contrario a la seguridad jurídica que se puedan generar nuevos debates sobre su procedencia y cuantía. En tal sentido añadió que el carácter híbrido del recargo no puede llevar a soluciones que en la práctica favorezcan su imprescriptibilidad, máxime cuando esta Sala viene señalando reiteradamente que, como prestación, está sujeto al plazo prescriptivo de cinco años, plazo más ventajoso que el de un año que sería aplicable si se estimara que tiene naturaleza indemnizatoria. En cuarto lugar, argumentó que esta solución la impone el principio de seguridad jurídica que establece el artículo 9-3 de la Constitución, norma de la que se deriva que la inactividad del titular de un derecho crea la apariencia de inexistencia del mismo, situación que de prolongarse en el tiempo acaba produciendo su extinción, sin que pueda revivir transcurridos los plazos que marca la ley por imponerlo la seguridad jurídica, ni en favor de quien lo dejó prescribir, ni en el de los que traen causa de él. Por último, otra solución sería contraria al principio de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución del que deriva el derecho a defenderse, derecho difícilmente ejercitable si, pasados más de diez o veinte años, se obligase al patrono a probar que respetó las normas de seguridad entonces existentes.

Concluyó, por tanto, declarando que el dies a quopara la prescripción del recargo coincide con aquel en el que por primera vez recae resolución judicial o administrativa firme reconociendo la existencia de una contingencia profesional como causante de una prestación permanente. Reconocido el derecho al recargo, las prestaciones que se reconozcan en el futuro por la misma contingencia llevarán anudado el derecho al mismo.

2.-A partir de la sentencia reseñada, la Sala se ha pronunciado en varias ocasiones. Así, la STS 318/2020, de 13 de mayo (Rcud. 3724/2017) que, según la sentencia aquí recurrida habría cambiado el criterio establecido en la referida STS del pleno de 18 de diciembre de 2015, no estableció doctrina de ninguna clase ya que desestimó el recurso por falta de contradicción.

La STS 753/2016, de 20 de septiembre (Rcud. 3346/2015) insiste en el plazo de prescripción de 5 años, y precisa que la fecha de efectos del recargo deberá fijarse con una retroactividad de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud del interesado cuando su declaración sea posterior a la prestación a la que se refiere y sobre la que inciden sus efectos, de acuerdo con el art. 43.1 LGSS/94 ( 53.1 LGSS vigente). En el mismo sentido, se pronuncia la STS 743/2016 15/09/2016 (Rcud. 3272/2015), con una recopilación de la doctrina de la Sala sobre naturaleza y prescripción del recargo de prestaciones que además fijan el dies aquo en la fecha en que la ITSS inició las actuaciones determinantes del recargo.

La STS -pleno- 114/2024, de 25 de enero (Rcud. 3251/2020) afronto el problema de determinar si el aumento de la cuantía de las pensiones de viudedad por una reforma legal conlleva que los recargos de las pensiones anteriores a esa reforma deban incrementarse también y la sentencia da una respuesta positiva, de modo que el recargo debe incrementarse con arreglo al nuevo porcentaje de la base reguladora. Razona que hay que diferenciar entre las finalidades sancionadora-preventiva e indemnizatoria del recargo, y la forma en que se cumplen esas finalidades, que es prestacional. En este sentido, argumenta que el incremento de las pensiones de viudedad responde al objetivo de evitar la discriminación por razón de sexo y que eso obliga a interpretar el art. 123 de la LGSS de 1994 ( art. 164 de la vigente LGSS de 2015) con perspectiva de género, de suerte que el recargo de prestaciones económicas de la Seguridad Social debe incrementarse cuando una reforma legal aumenta la cuantía de la pensión de viudedad. La sentencia añade que este pronunciamiento judicial no deja sin efecto el principio de unicidad del daño y del accidente que se sigue aplicando para determinar si el recargo de prestaciones ha prescrito. Pero si el recargo no ha prescrito porque se instó dentro de plazo, el posterior aumento de la cuantía de la pensión de viudedad debido a la aprobación de una reforma legislativa conlleva el correlativo incremento de la cuantía del recargo.

3.-De la doctrina expuesta debe concluirse que la actora no tiene derecho al recargo reclamado, porque si este ha prescrito para el causante, como se declara en el caso concreto que examinamos por sentencia firme, no cabe que el derecho pueda revivir para su viuda, porque el recargo -según se desprende de la doctrina de la Sala- tiene su razón de ser y su finalidad en su doble naturaleza sancionadora e indemnizatoria del daño causado por el incumplimiento empresarial de las medidas de seguridad, pero, además, como prestación de Seguridad Social tiene sustantividad propia y está sujeto a la prescripción, y de la misma manera que no renace por el posterior reconocimiento de otro grado de incapacidad permanente con base en una agravación de las dolencias, hay que entender que tampoco lo hace por el posterior reconocimiento de una prestación de viudedad. De lo contrario se pondría en juego el principio de unicidad daño-accidente y el principio de seguridad jurídica, conforme viene razonando la Sala, y conforme establece la sentencia referencial que contiene la doctrina correcta.

CUARTO.-Procede en consecuencia, oído el informe del Ministerio Fiscal, estimar el recurso de casación para la unificación de la doctrina y casar y anular la sentencia recurrida, para resolver el debate en suplicación desestimando el de tal clase, confirmando la sentencia de instancia. Con devolución del depósito constituido para recurrir ( artículo 228. 2 LRJS) y sin que la Sala deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas ( artículo 235 LRJS) .