Sentencia Social 77/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4/2025 de 27 de enero del 2026

PRIMERO.- 1.Con fecha 1 de abril de 2025 se presentó por la representación letrada de D. Bernardo demanda de error judicial frente a la providencia de 5 de marzo de 2025, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 24 de Madrid. La demanda rectora de este procedimiento suplica que: «... se reconozca el derecho a la indemnización prevista en el art. 292 LOPJ " evaluable económicamente e individualizado" en la cuantía de 57.158,07 euros tal como se describe en nuestro escrito de fecha 11-2-2025 (DOCUMENTO N3), y ello como consecuencia de que se acuerde la Declaración de Error Judicial de la Providencia del Juzgado de fecha 5-3-2025 y por consiguiente se estimase nuestro referido escrito de 11-2-2025 de acuerdo con diversas doctrinas del TS según se expone en el Fundamento de Derecho Tercero de la presente Demanda de Error Judicial».

Fundamenta el demandante su demanda en las siguientes alegaciones: En primer lugar, dedica el fundamento de derecho quinto de la demanda a dejar constancia de cuatro errores procesales insubsanables de los que, a su juicio, se deriva que opción por la readmisión no puede tenerse por válida. En síntesis, se alega que la opción por la indemnización no puede tenerse por válidamente realizada; en primer lugar porque el escrito de 18 de febrero de 2016 fue presentado prematuramente, pues se tuvo lugar con anterioridad al dictado del auto aclaratorio de la sentencia y, en segundo término, porque no puede tenerse por hecha la opción en el escrito de preparación del recurso de suplicación de la empresa pues, a pesar de mencionarlo en el cuerpo del escrito, no se solicitó expresamente en el suplico, no se proveyó en tal sentido. De todo lo anterior extrae el recurrente la consecuencia de que al no haber sido efectuada la opción por la indemnización en tiempo y forma, lo que procede es la readmisión en virtud de lo dispuesto en el artículo 56.3 del ET.

En segundo lugar, se invoca la existencia de un nuevo error judicial en la providencia de 5 de marzo de 2025, en el que se fundamenta la demanda. Esta providencia denegó la tramitación de un recurso de reposición frente a la anterior providencia de 17 de julio de 2024, bajo la consideración de haber sido presentado fuera del plazo legal. Pues bien, considera el demandante que el plazo no ha sido correctamente determinado porque el dies a quo fijado por el Juzgado (fecha de notificación de la providencia recurrida: 18 de julio de 2024) no es correcto. Ampara su postura en la alegación de que la providencia recurrida no fue notificada en la fecha indicada, sino que la fecha correcta fue la del 29 de octubre de 2024, por lo que la presentación el día 31 siguiente, con efectos del 4 de noviembre, estaba dentro del plazo señalado. Al respecto, señala el recurrente que no tuvo noticia de la providencia de 17 de julio hasta el 29 de octubre de 2024, fecha en la que se le notificó una diligencia de ordenación de 25 de octubre en la que se habla por primera vez de la supuesta notificación de la providencia de 17 de julio anterior. Alega, asimismo, el recurrente que la carga de la prueba de la fecha de notificación de la providencia de 17 de julio de 2024, la tiene el juzgado ex art. 217.2 de la LEC, por lo que, si el juzgado no puede acreditarlo, se demostraría el error judicial, que causa indefensión por cuanto cierra el paso a la suplicación por el cauce principal del artículo 239.5 de la LRJS para conseguir la pretensión de cobrar, en su caso, los 57.158,09 euros reclamados en cumplimiento de diversa doctrina del TS.

2.La primera de las alegaciones, relativa a que la opción por la readmisión no puede tenerse por válida, ya fue desestimada mediante nuestra STS 740/2024, de 28 de mayo (error 3/2022) en la que tras afirmar que en dicho procedimiento «se discute, en esencia, que se haya dado validez a la opción ejercitada el 18 de febrero de 2016 por la FIAPP a favor de la indemnización», concluyó que «que el error denunciado no concurre en los rigurosos términos exigidos por la jurisprudencia. Las decisiones adoptadas por el TSJ, no compartidas por la parte actora, que puede discrepar legítimamente de ellas, no reúnen los requisitos jurisprudenciales exigidos para la declaración del error judicial».

3.El Magistrado del Juzgado de lo Social núm. 24 de Madrid ha emitido informe del siguiente tenor literal: «En virtud de lo dispuesto en el artículo 293.1.d de la LOPJ, se emite el correspondiente informe: En fecha 17 de julio de 2024 se dictó providencia frente a la que no cabía ningún recurso y que se notificó a la parte en fecha 18 de julio de 2024. Mediante escrito presentado en fecha 4 de noviembre de 2024 se interpuso recurso de reposición contra la anterior providencia. Mediante providencia de fecha 5 de marzo de 2025 se inadmitió el recurso de reposición. Esta providencia fue notificada a la parte el 7 de marzo de 2025».

El Abogado del Estado, en nombre y representación de la demandada, presentó escrito de contestación a la demanda el 23 de junio de 2025, en el que se solicita la desestimación, se alega la existencia de temeridad y se pide la condena en costas. Tras dejar constancia de los antecedentes, estima que la pretensión que subyace, consistente en que no puede tenerse por realizada en tiempo y forma la opción por la indemnización, ya ha sido desestimada varias veces de forma clara, siendo así que la demanda de error judicial no es una nueva vía de recurso. Sostiene, por otra parte, que no existe error claro y manifiesto alguno.

El Ministerio Fiscal, en su informe, solicita que se desestime la demanda. Alega que del informe emitido por el magistrado juez del Juzgado de lo Social núm. 24 se deriva que la providencia de 17 de julio de 2024 fue notificada a la parte el 18 siguiente y que el recurso de reposición no se planteó hasta el 4 de noviembre de 2024, de forma que no se cumplió el plazo para recurrir en reposición.

SEGUNDO.- 1.El art. 121 de la Constitución (CE) consagra el derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley, por los daños causados por error judicial. La LOPJ desarrolla los requisitos para el reconocimiento de tal derecho en su art. 293. La demanda de error judicial da lugar a un procedimiento que tiene por objeto conseguir la declaración de la existencia de tal error a fin de percibir del Estado la correspondiente indemnización por los daños derivados del mal funcionamiento de la Administración de Justicia. El artículo 236.2 de la LRJS, por su parte, establece: «El proceso de error judicial, destinado a reparar el daño producido por una resolución firme errónea que carece de posibilidad de rectificación por la vía normal de los recursos, cuando sea competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se seguirá por los trámites y requisitos establecidos para la declaración de error judicial en los artículos 292 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las especialidades sobre depósitos, vista y costas establecidas para la revisión y sin que la apreciación del error pueda fundamentarse en pruebas distintas de las practicadas en las actuaciones procesales origen del mismo presunto error».

2.En este sentido, las SSTS de 28 de mayo de 2024 (sentencia 740/2024), 9 de enero de 2024 ( error 2/2022) y 21 de marzo de 2023, citan la STS de 2 de febrero de 2022 (Error 10/2020), en la que se dice:

«a) El error judicial no puede confundirse con cualquier equivocación o discrepancia en el establecimiento de los hechos y de la interpretación del Derecho. Por consiguiente, no toda posible equivocación en el establecimiento de los hechos o en la aplicación del Derecho es susceptible de calificarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especialmente cualificados.

b) Es necesario establecer la frontera entre una interpretación posible, pero errónea, de la ley y un error judicial. Por ello, las meras interpretaciones erróneas son susceptibles de corregirse exclusivamente mediante los recursos ordinarios y extraordinarios.

c) El concepto de error judicial, contemplado en el art. 121 de la Constitución y desarrollado en los arts. 292 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha de dimanar de una resolución judicial firme, injusta o equivocada, viciada de un error patente, indubitado e incontestable, o que incluso, haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas e irracionales.

d) En todo caso, es preciso que tales errores hayan sido relevantes para la solución final dada a la contienda.

e) Este proceso especial no es una nueva instancia en la que el recurrente insista en su criterio y petición que ya le fueron rechazados judicialmente con anterioridad.

f) El error judicial sólo cabe en el supuesto de que se advierta una desatención del Juzgador a datos de carácter indiscutible por contradecir lo evidente o por incurrir en una aplicación del Derecho fundada en normas inexistentes o entendidas, de modo palmario, fuera de su sentido o alcance».

La STS de 27 de marzo de 2015 (error 3/2014), reproducida por la de 28/5/2024, antes citada, subraya que el concepto de error judicial contemplado en el art. 121 de la Constitución y desarrollado en los arts. 292 y siguientes de la LOPJ ha de dimanar de una resolución judicial firme, injusta o equivocada, viciada de un error patente, indubitado e incontestable o que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas e irracionales; y que «sólo un error craso, evidente e injustificado puede dar lugar a la declaración de error judicial, no siendo este proceso especial una nueva instancia en la que el recurrente insista en su criterio y petición que ya le fueron rechazados judicialmente con anterioridad, pues esta figura no se establece como un claudicante recurso de casación en el que vuelvan a cuestionarse la valoración de la prueba y la interpretación realizada por el juzgador de una norma jurídica, siempre que ésta, acertada o equivocada, obedezca a un proceso lógico». Criterio restrictivo expresivo de que el error judicial solo se configura en el supuesto de que «se advierte una desatención del Juzgador a datos de carácter indiscutible por contradecir lo evidente o por incurrir en una aplicación del Derecho fundada en normas inexistentes o entendidas, de modo palmario, fuera de su sentido o alcance».

La STS 536/2024, de 9 de abril recuerda que tanto la Sala Cuarta del TS, como la Sala del art. 61 LOPJ, ha declarado que: «Para que un error judicial sea el error judicial a que se refiere el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, en consecuencia, deba ser declarado (expresamente reconocido, según la dicción del siguiente artículo 293), es preciso que reúna determinadas características. En los mencionados artículos, el legislador ha dispuesto un recurso excepcional -excepcional porque se dirige contra una resolución con autoridad de cosa juzgada- para hacer posible la reparación de los daños causados por esa resolución siempre que de forma incuestionable sea errónea, es decir, haya sido dictada con base en un error inexcusable. Una decisión y sus razones pueden ser discutibles. Las partes pueden discrepar oponiendo las suyas. Pero no por ello se está en presencia de un error. En lo que aquí interesa, no por ello una decisión judicial es errónea. Cabe discrepar -la discrepancia es natural en el ámbito de la aplicación del derecho-, pero las opiniones que se enfrentan (la que se convierte en decisión judicial y la que mantiene la parte) pueden ser razonables. La discrepancia con una decisión judicial no permite afirmar que esta sea errónea. Para que lo sea es necesario que la decisión resulte indefendible, que se base en un error que no admite justificación (en palabras de la sentencia de esta Sala de 7 de marzo de 2012, en "un error indisculpable y exento de toda lógica"). Ha de tratarse, como señala esta Sala en su sentencia de 19 de noviembre de 1998, que recoge las de 22 de febrero y 1 de marzo de 1996, de "una decisión judicial fuera del margen normal de divergencia en el juicio por implicar una desatención del juzgador a datos de carácter indiscutible". De otro lado, es también imprescindible que ese error fundamente la decisión. El error descrito y la decisión judicial han de estar unidos causalmente: ese error ha de ser determinante, ha de ser el fundamento de la decisión. Sin esta relación causal, nada importa a los efectos de los artículos 292 y 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la existencia del error».

TERCERO.- 1.En el presente procedimiento de error judicial se alega la existencia de un error en la providencia de 5 de marzo de 2025 en relación con el cómputo del plazo para la interposición del recurso de reposición frente a la providencia de 17 de julio de 2024. En síntesis, se dice que el dies a quo para el inicio del cómputo del plazo para recurrir en reposición no comenzó el 16 de septiembre de 2024, como estima el juzgado de procedencia, puesto que, alega, no existe prueba alguna en el juzgado que así lo acredite, sino que se sostiene que no tuvo conocimiento de dicha providencia hasta el 29 de octubre de 2024, razón por la cual no habría transcurrido el plazo para recurrir en reposición. Alega el demandante que el error provoca indefensión por cuanto cierra la puerta al recurso de suplicación en relación con la cuestión que subyace, que no es otra que la determinación de si puede tenerse por hecha la opción por la indemnización en tiempo y forma o si, por el contrario, como sostiene, no ha tenido lugar la válida opción y procede la readmisión.

Consta en el informe del magistrado emitido en cumplimiento del artículo 293.1, d) de la LOPJ que la providencia de 17 de julio de 2024, por la cual se inadmitió el recurso de reposición, fue notificada al letrado del demandante el 18 de julio de 2024, de forma que, presentado el escrito de reposición el 4 de noviembre siguiente, el plazo legal había transcurrido con creces.

Sostiene el demandante que no existe constancia en los autos de esa notificación y que "la carga de la prueba" de la fecha de notificación corresponde al órgano judicial. Pues bien, sin perjuicio del rotundo rechazo que nos merece la alegación de que el órgano judicial tiene la obligación de "probar" sus actuaciones, lo cierto es que, en este caso, no solo consta la fecha de notificación en el informe del magistrado, sino que, además, al folio 1082 de las actuaciones figura un reporte de notificación de Lexnet al letrado del demandante, de fecha 18 de julio de 2024, hora 16:36, en el que expresamente se dice que uno de los documentos adjuntos es, precisamente, la providencia que resuelve sobre la reposición e incidente, a lo que se suma, como documento comprimido, el auto de reposición dictado ese mismo día y, como documentos externos: "Escrito al Juzgado para cumplir la D.O. firme de 18-4-2018. pdf" y "Recurso de reposición frente a la D.O. de 1-7-2024. pdf". Es cierto que en el apartado "resolución notificada" consta únicamente el auto de reposición, pero ello no es suficiente para dejar sin efecto el hecho cierto de que se notificaron tanto el auto como la providencia a la que se refiere el reporte.

2.A la vista de todo lo anterior, tal como informa el Ministerio Fiscal, el recurso de reposición presentado el 4 de noviembre de 2024 frente a la providencia de 17 de julio de 2024 no cumplía el plazo que, para la presentación del recurso de reposición, establece el artículo 187.1 de la LRJS. la demanda debe ser desestimada por cuanto la posterior providencia de 5 de noviembre que inadmitió a trámite la reposición por haber sido presentada fuera de plazo, no incurre en el error que se imputa en la demanda.

El art. 293.1.e) LOPJ dispone que "si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario". El artículo 235.1 LRJS prescribe que "La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita" y, aunque va referido a recursos de suplicación y casación, alberga unos principios que venimos aplicando en materia de costas procesales y que el artículo 20.4 LRJS confirma. De este modo, dada la condición del demandante, no debemos imponerle las costas. El art. 293.1.d) LOPJ dispone que la sentencia resolviendo la demanda por error judicial es definitiva, sin ulterior recurso.