Sentencia Social 159/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5804/2022 de 27 de febrero del 2025

PRIMERO. Cuestión planteada y sentencia recurrida.

1.La cuestión que se plantea en el presente recurso es si corresponde a la actora -ahora recurrente en casación unificadora- el derecho de opción en caso de concurrencia entre las prestaciones de incapacidad temporal e incapacidad permanente total.

2.La actora, cuya profesión habitual era la de limpiadora, fue intervenida quirúrgicamente en 2012 y tenía diversas lesiones.

Fue dada de baja el 20 de abril de 2015 y percibió la prestación de incapacidad temporal hasta el 15 de octubre de 2016, fecha en que llegó a su duración máxima y en la que el INSS resolvió iniciar un expediente de incapacidad permanente que fue denegado.

La resolución administrativa denegatoria fue impugnada por la actora. La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Burgos de 7 de febrero de 2018 (autos 484/2017) desestimó la demanda.

La actora interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Burgos, siendo estimado el recurso por la sentencia de la sala de lo social del TSJ de Castilla-León, sede de Burgos, de 24 de mayo de 2018 (rec. 253/2018). La sentencia declaró a la actora en situación de incapacidad permanente total con derecho a una prestación del 75 por ciento de la base reguladora de 617,07 euros con fecha de efectos de 10 de abril de 2017.

La actora percibió por la incapacidad permanente total en un único pago la suma de 8.227,05 euros por el periodo 10 de abril de 2017 a 31 de julio de 2018.

3.Con fecha 30 de mayo de 2017 la actora había causado nueva baja médica por algias generalizadas en los ciento ochenta días siguientes a la resolución denegatoria de la incapacidad permanente que se ha mencionado, por la misma o similar patología que el proceso anterior ya agotado, por lo que en fecha 13 de junio de 2017 el INSS resolvió dejar sin efectos económicos la citada baja médica.

La resolución del INSS fue impugnada por la actora. La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Burgos de 19 de diciembre de 2017 (autos 578/2017) desestimó la demanda.

La actora interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Burgos, siendo desestimado el recurso por la sentencia de la sala de lo social del TSJ de Castilla-León, sede de Burgos, de 19 de julio de 2018 (rec. 496/2018).

La actora interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina contra esta sentencia de la sala de Burgos de 19 de julio de 2018 (rec. 496/2018).

La sentencia de esta sala IV del Tribunal Supremo núm. 1143/2021, de 23 de noviembre (rcud 87/2019), estimó el recurso, casó y anuló la sentencia de la sala de Burgos, revocó la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Burgos y estimó la demanda de la actora, reconociéndole las prestaciones de incapacidad temporal que reglamentariamente correspondan.

4.La actora instó la ejecución de la STS 1143/2021, de 23 de noviembre (rcud 87/2019), por el periodo de incapacidad temporal de 30 de mayo de 2017 a 30 de mayo de 2018.

El auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Burgos 34/2022, de 22 de abril (autos 13/2022), desestimó la demanda de ejecución. El auto argumenta que la actora tenía reconocida una prestación de incapacidad permanente total con fecha de efectos de 10 de abril de 2017, fecha esta anterior a la fecha de efectos de la baja médica de 30 de mayo de 2017.

La actora interpuso recurso de suplicación contra el auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Burgos. La sentencia de la sala de lo social del TSJ de Castilla-León, sede de Burgos, 729/2022, de 28 de octubre (rec. 610/2022), desestimó el recurso de suplicación. El TSJ argumenta que el subsidio de incapacidad temporal perece en el momento en que se retrotraen los efectos de la incapacidad permanente total.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina, su impugnación, el informe del Ministerio Fiscal y la existencia de contradicción.

1.La actora ha recurrido en casación para la unificación de doctrina la sentencia de la sala de lo social del TSJ de Castilla-León, sede de Burgos, 729/2022, de 28 de octubre (rec. 610/2022).

El recurso invoca de contraste la STS de 22 de mayo de 2001 (rcud 2613/2000) y denuncia la infracción de los artículos 163 y 174.5 LGSS.

El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida, que se declare que la STS 1143/2021, de 23 de noviembre (rcud 87/2019) no se encuentra ejecutada y, reconociendo el derecho de la recurrente a optar por el subsidio de incapacidad temporal, se acuerde seguir con su ejecución.

2.El recurso ha sido impugnado por el INSS, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

3.Partiendo de la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso.

4.Apreciamos, en coincidencia con lo informado por el Ministerio Fiscal, la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la invocada de contraste, la STS de 22 de mayo de 2001 (rcud 2613/2000).

En efecto, también en la sentencia referencial la cuestión debatida estribaba en determinar si, en el caso de concurrencia de una prestación por incapacidad temporal con la derivada de incapacidad permanente total declarada con efectos retroactivos, el allí actor conservaba el derecho a percibir la primera o, por el contrario, debía percibir la segunda.

En el presente supuesto, el recurso de suplicación interpuesto por la actora frente al auto del juzgado de lo social denunciaba la infracción de los artículos 163 y 174 LGSS. Y son precisamente los artículos 122 y 131 bis LGSS de 1994, de redacción idéntica, en lo que aquí importa, a los vigentes artículos 163 y 174 LGSS, los que se examinan en la STS de 22 de mayo de 2001 (rcud 2613/2000).

Y, con estas semejanzas, así como la sentencia recurrida rechaza que se conserve el derecho a la prestación de incapacidad temporal, la sentencia de contraste declara que el beneficiario puede optar por la percepción de esta prestación si le es más favorable que la prestación por incapacidad permanente total, sin que en tal caso se abone esta última prestación durante el periodo de concurrencia de prestaciones.

TERCERO. Concurrencia de prestaciones de incapacidad temporal e incapacidad permanente total

1.La doctrina correcta es la de la sentencia de contraste, la STS 22 de mayo de 2001 (rcud 2613/2000), que a su vez reproduce la anterior STS 19 de diciembre de 2000 (rcud 4635/1999).

La doctrina sentada por las referidas sentencias de esta sala IV puede sintetizarse así:

a) Se trata de una concurrencia de prestaciones que se produce al margen de la sucesión normal entre una incapacidad temporal y la incapacidad permanente.

b) La concurrencia debe resolverse de acuerdo con la general regla de incompatibilidad, porque en nuestro ordenamiento la pérdida de una renta profesional no puede protegerse a la vez con dos prestaciones que tengan la misma finalidad de sustitución, porque en ese caso la renta de sustitución podría ser superior a la sustituida.

c) Aunque la concurrencia citada, al afectar a una pensión y a un subsidio, no está exactamente comprendida en el artículo 163 LGSS ( artículo 122 LGSS de 1994), sobre «incompatibilidad de pensiones», la laguna ha de integrarse con la aplicación del propio artículo 163 LGSS ( artículo 122 LGSS de 1994), que permite la opción del beneficiario por la prestación que le sea más favorable, sin que la selección de la prestación tenga que realizarse por la entidad gestora aplicando la prestación de cuantía inferior.

El razonamiento completo de las SSTS 19 de diciembre de 2000 (rcud 4635/1999) y 22 de mayo de 2001 (rcud 2613/2000) es el siguiente:

«De lo que se trata es de una concurrencia de prestaciones que se produce al margen de la sucesión normal entre una incapacidad temporal y la permanente. Es cierto que esta concurrencia, al afectar a una pensión y a un subsidio, no está comprendida en el artículo 122 de la Ley General de la Seguridad Social que establece la incompatibilidad de pensiones. Pero esto no significa que no estemos ante una concurrencia que deba resolverse de acuerdo una regla de incompatibilidad, que puede integrarse con las normas del artículo 122 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el artículo 131.bis.3 de la misma Ley. Hay incompatibilidad, como reconocen las dos partes, porque en nuestro ordenamiento la pérdida de una renta profesional no puede protegerse a la vez con dos prestaciones que tengan la misma finalidad de sustitución, porque en ese caso la renta de sustitución podría ser superior a la sustituida. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 131.bis.3 de la Ley General de la Seguridad Social, aunque la solución sería distinta si la incapacidad temporal cubriera la pérdida de una renta profesional derivada de una profesión no comprendida en la declaración de incapacidad permanente total ( sentencia de 29 de septiembre de 1995). Ahora bien, si hay incompatibilidad y si falta una regla específica que regule la selección entre las dos prestaciones incompatibles, no puede entenderse que esa selección tenga que realizarse por la entidad gestora aplicando la prestación de cuantía inferior. La laguna ha de integrarse con la norma del artículo 122, que permite la opción del beneficiario, lo que en la práctica coincide con el criterio de la prestación más favorable para el beneficiario que recoge el artículo 131.bis.3 de la Ley General de la Seguridad Social. »

Según puede comprobarse, la doctrina de esta sala IV expresada en las sentencias referidas permite que, en caso de concurrencia entre el subsidio de incapacidad temporal y la prestación de incapacidad permanente total, sea el beneficiario quien opte por la que le sea más favorable y no la entidad gestora por la de prestación de cuantía inferior. Con la consecuencia de que, si durante el periodo de concurrencia se aplica el subsidio de incapacidad temporal al ser más beneficioso, no se abona durante dicho periodo la prestación de incapacidad permanente total.

Las SSTS 19 de diciembre de 2000 (rcud 4635/1999) y 22 de mayo de 2001 (rcud 2613/2000) son citadas, a su vez, por la STS 607/2019, de 10 de septiembre (rcud 404/2017). Pero esta sentencia resuelve un problema distinto al que aquí estamos examinando. La STS 607/2019 aborda la cuestión de un subsidio de incapacidad temporal abonado por una mutua que concurre con el periodo al que posteriormente se retrotrae la fecha de efectos económicos de la incapacidad permanente a cargo del INSS, concluyendo que debe reintegrarse a la mutua la cantidad pagada al trabajador, si la entidad gestora ya la ha descontado al hacer efectiva la incapacidad permanente. La doctrina de la STS 607/2019 ha sido reiterada por la STS 206/2023, de 21 de marzo (rcud 1025/2020), recurso en el que la sentencia referencial era precisamente la citada STS 607/2019.

2.La aplicación de cuanto antecede al presente supuesto supone que la actora tiene derecho a percibir el subsidio de incapacidad temporal por el periodo de 30 de mayo de 2017 a 30 de mayo de 2018, descontándose lo percibido por la prestación de incapacidad permanente total en ese periodo temporal.

Esta es la doctrina que se deriva de la STS 22 de mayo de 2001 (rcud 2613/2000), que es la sentencia invocada de contraste y cuya doctrina califica de correcta el recurso de casación unificadora.

Debemos recordar, por lo demás, que la STS 1143/2021, de 23 de noviembre (rcud 87/2019), reconoció el derecho de la actora del presente recurso a la prestación de incapacidad temporal que reglamentariamente corresponda, estimando así su demanda y casando y anulando la sentencia que no le había reconocido esa prestación. Como señala el Ministerio Fiscal, la interpretación realizada por el auto del juzgado de lo social, y que confirma la sentencia recurrida en el presente recurso, priva de toda consecuencia real al derecho reconocido por la STS 1143/2021, cuya ejecución abordan precisamente las resoluciones judiciales referidas.

3.Las consideraciones hasta aquí realizadas conducen directamente a la estimación del presente recurso de casación unificadora.

CUARTO. La estimación del recurso.

1.En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede: estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina; casar y anular la sentencia recurrida; y resolver el debate de suplicación en el sentido de estimar el recurso de tal clase interpuesto por la actora, revocar el auto del juzgado de lo social, ordenando proseguir la ejecución instada y reconociendo el derecho de la actora a optar por la prestación de incapacidad temporal por el periodo de 30 de mayo de 2017 a 30 de mayo de 2018, descontándose lo percibido por la prestación de incapacidad permanente total en ese periodo temporal.

2.Sin costas ( artículo 235.1 LRJS) .