Sentencia Social 156/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1607/2022 de 27 de febrero del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión objeto de unificación que plantea la representación de la parte actora consiste en determinar el dies a quopara la prescripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales respecto de un despido que ha sido declarado nulo. En concreto, el debate se centra en precisar si el plazo de prescripción de un año inicia su cómputo en la fecha del despido o desde la fecha en que ganó firmeza la sentencia que declara la nulidad del despido.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social de 8 de enero de 2019 declaró la improcedencia del despido, siendo revocada por la sala de lo social del TSJ de Galicia el 11 de marzo de 2020 que calificó el despido nulo por razón de discriminación por discapacidad.

El demandante interpuso en fecha 9 de febrero de 2021 demanda contra la empresa sobre tutela de derechos fundamentales recayendo sentencia en la instancia declarando la existencia de vulneración de derechos fundamentales, condenando a la empresa a adaptar el puesto de trabajo del actor a sus necesidades o circunstancias tributarias de discapacidad para poder conciliar su vida laboral, familiar y personal, y a reparar las consecuencias de la vulneración indemnizando al actor en la suma de 75.000 euros, por daños morales y psicofísicos ocasionados con la quiebra del principio de no discriminación por discapacidad.

Recurrida por la empresa en suplicación, la Sala de ese TSJ estima el recurso apreciando la prescripción de la acción de reparación del daño. Razona que el dies a quodel plazo de un año para el ejercicio de tutela de derechos fundamentales debe situarse en el momento del despido del actor (8 de enero de 2019). Y atendido que la demanda pidiendo la reparación de daños derivados de dicho despido se interpuso cuando habían transcurrido casi dos años, opera la excepción de prescripción. En la precedente demanda por despido la parte tuvo la posibilidad de acumular la pretensión de la indemnización de daños y perjuicios derivada de la vulneración de derechos fundamentales.

3.El recurso unificador denuncia que la sentencia impugnada infringe el artículo 24 CE, así como los artículos 1969 y 1971 Código Civil; el artículo. 59.2 ET; así como los arts. 26.2 y 184 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) y el art. 222.4 de la LEC. , en relación con la D.F. Cuarta de la LRJS. Interesa se fije el establecimiento del dies a quopara el cómputo de la prescripción de la acción de tutela de derechos fundamentales ( arts. 177 y siguientes de la LRJS) cuando deviene firme la resolución dictada previamente en el proceso por despido que declara la nulidad por vulneración de derechos fundamentales del trabajador, cuando ambas acciones se han ejercitado separadamente.

4.El Fiscal en el trámite del art. 226.3 de la LRJS argumenta la desestimación del recurso. Señala que las sentencias comparadas resultan contradictorias en los términos de identidad que exige el art. 219 de la LRJS, debiendo prevalecer la tesis de la recurrida, dado que desde el momento mismo del despido el actor pudo acumular su acción de reclamación de daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales. Cita al efecto doctrina de la Sala IV y lo previsto en los arts. 1969 del Código Civil, 177.2 de la LRJS y art. 59 del ET que establece un plazo de prescripción general de 1 año.

El Letrado de la empresa Indipunt S.L. en su impugnación al recurso cuestiona la concurrencia del presupuesto de contradicción. En su defecto indica que el art. 59.2 del ET dispone ese plazo de un año que ha de computarse desde el día en que la acción pudiera ejercitarse, reiterando así el régimen general contemplado en el art. 1969 del CC, y que la acción se encuentra prescrita por haber transcurrido más de dos años desde que la acción de reparación del daño pudo ejercitarse, sin que el actor formulase ninguna reclamación con virtualidad interruptiva de la prescripción para evitar el decaimiento de la acción.

SEGUNDO.- 1.En orden a examinar el cuestionado presupuesto de identidad del art. 219 de la LRJS, la parte recurrente invoca de contraste la sentencia del TSJ de Galicia de 09/10/19 (R. 3093/19) en la que se analizó la prescripción del ejercicio separado de la acción de daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales tras un proceso de despido.

2.En la referencial figura que el actor fue cesado el 20/02/14. El demandante demandó por despido dando lugar a sentencia del Juzgado de lo Social que desestimó su pretensión; recurrida en suplicación por el trabajador, la Sala del TSJ de Galicia dictó sentencia de fecha 14 de abril de 2015 estimando dicho recurso y declarando la nulidad del cese, disponiendo la inmediata readmisión en su puesto de trabajo. Dicha sentencia fue recurrida en casación para unificación de doctrina, y la Sala 4ª del TS dictó sentencia en fecha 13 de diciembre de 2016 confirmando la dictada en suplicación que había declarado la nulidad del cese del actor por vulneración de la garantía de indemnidad del acto extintivo.

Razonaba la Sala que la fecha de partida para el cómputo del plazo del año es aquella en que se dictó la sentencia por el Tribunal Supremo, que es cuando de un modo firme y definitivo quedó establecido que existió vulneración del derecho fundamental.

3.Las circunstancias de ambos trabajadores se evidencian similares en lo esencial: son despedidos, impugnan el cese, en instancia no se acoge su pretensión de nulidad del despido que sin embargo es estimada en suplicación, y posteriormente ejercitan de forma separada la acción del art. 184 LRJS de reclamación de daños y perjuicios derivados de la vulneración del derecho fundamental que dio lugar a la declaración de nulidad del despido, aludiendo también los dos a circunstancias posteriores al despido (en el actual sobre las consecuencias psicofísicas).

El núcleo controvertido resulta coincidente en los dos supuestos: si el plazo de un año debe computarse desde la fecha del despido o desde la fecha en que la sentencia del proceso por despido devino firme. Sin embargo, en el caso de autos la sentencia considera que el dies a quodebe situarse en la fecha del despido (porque cuando se interpuso la primera demanda por despido se podía ya haber acumulado la otra acción), y, por el contrario, en el supuesto de referencia se concluye que ha de ubicarse en la fecha en que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo confirmando la de suplicación, por ser cuando de modo definitivo queda establecido que existió vulneración del derecho fundamental.

No desvirtúa la conclusión de identidad la naturaleza de las entidades que acordaron el cese en uno u otro caso, ni el eventual alcance de la reparación. Y respecto de la diferencia también observada -en el supuesto de referencia la sentencia de suplicación fue recurrida en casación, mientras que en el caso de autos no- cabe señalar su irrelevancia a efectos del núcleo de contradicción planteado; incluso de hecho provoca una contradicción a fortiori,ya que si se hubiera tenido en cuenta la fecha de la sentencia de suplicación -en el caso de contraste-, la acción dice la Sala que estaría prescrita porque ya había transcurrido un año desde dicha sentencia cuando se interpone la demanda, acudiendo por tanto a la fecha de la sentencia del Tribunal Supremo; esto es, no solo la contradicción resulta de que la sentencia de contraste no considera que deba estarse a la fecha del despido, sino que tampoco entiende que deba atenderse a la de la primera sentencia que reconoce el derecho, sino a nuestra STS, que es en la que se confirma aquella.

TERCERO.- 1.En orden al enjuiciamiento de la cuestión suscitada en la litis,que pivota esencialmente sobre el inicio del cómputo del instituto de prescripción, hemos de partir de la normativa reguladora y jurisprudencia que la interpreta.

El art. 179 LRJS, incluido en el capítulo sobre la modalidad procesal «De la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas», en su número 2 establece: «La demanda habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental o libertad pública».

El art. 59 ET por su parte, dispone: «1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación».

2.En STS IV 450/2024, de 8 de marzo, rec 103/2022, acudimos a la recopilación de criterios jurisprudenciales contenida en STS 108/2021, de 27 de enero, rec 101/2019, con reseña de la doctrina constitucional, todo ello en relación con la prescriptibilidad de las acciones sobre derechos fundamentales [ SSTS 26 enero 2005 (rec. 35/2003); 320/2016 de 21 abril ( rcud 3448/2014); 412/2016 de 11 mayo ( rec. 156/2015); 729/2018 de 10 julio ( rcud 3269/2016); 950/2018, de 7 noviembre ( rec. 179/2017); y 106/2019 ( rec. 175/2018)].

Se tomaba como epicentro la STS Pleno de 26 de enero de 2005 (rec. 35/2003) para la aplicación del plazo de prescripción de un año del art. 59.1 del ET en orden al ejercicio de las acciones que nacieran con ocasión del contrato de trabajo.

Señalaba así que «...si bien son imprescriptibles los derechos fundamentales ello no impide que el instituto de la prescripción pueda operar respectos de las acciones con la que se pretende proteger su vulneración cuando ésta se imputa a una determinada y concreta conducta empresarial. "teniendo siempre en cuenta que dicha prescripción "en modo alguno puede extinguir el derecho fundamental de que se trate, que (...) podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura, sino que significará tan sólo que ha transcurrido el plazo dentro del cual el ordenamiento le permite reclamar jurisdiccionalmente ante una presunta y determinada violación" ( STC 7/1989, de 19/Enero) ( STS 20/06/00 -rec. 4140/99-). "[ STS de 7 de noviembre de 2018, R. 179/2017, las que en ella se citan].».

Tal plazo de un año proporciona una mayor certeza y agilidad en el desenvolvimiento de dichas relaciones que los plazos civiles supletorios de los arts. 1966 y 1967 CC; además, la aplicación del art. 59 del ET la impone su tenor literal que evidencia la intención del legislador de establecer ese plazo prescriptivo para todas las acciones que nazcan del contrato de trabajo, salvo disposición especial.

Concretamente, respecto del día inicial del cómputo del plazo de prescripción, se precisaba lo siguiente: «Junto a ello, debemos recordar que el dies a quopara el transcurso de la prescripción se inicia el día en el que la acción pudo ejercitarse, tal y como dispone el art. 1969 del CC y así ha reconocido nuestra doctrina, según recuerda la antes citada, de 28 de febrero de 2018 (...)" y así mismo "en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el "animus conservandi"por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de ésta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el "tempus praescriptionis".[ STS de 26 de junio de 2013, rcud 1161/2012]».

Igualmente hemos sentado que «la imprescriptibilidad de derechos no impediría, en todo caso, que las acciones por medio de las cuales se pretende hacer valer los mismos sean sometidas a un límite temporal, en atención al principio de seguridad jurídica y para garantizar los derechos ajenos, como sucede en materia de derechos fundamentales ( STS de 1 de febrero de 2017, rec. 78/2016).».

La también invocada STS 65/2023, de 25 de enero, rec. 3505/2019, fija efectivamente el día inicial del plazo para reclamar daños y perjuicios, en un caso de vulneración del derecho de huelga por haber prestado servicios mínimos al amparo de una resolución administrativa posteriormente declarada nula por la jurisdicción contenciosa. Se reitera doctrina sobre el plazo general de prescripción en materia de derechos fundamentales, el del art. 59.1 ET, pero se sitúa la fecha de inicio del cómputo en el momento en que ya es posible aquilatar lo acaecido, es decir, cuando se declara la firmeza de la sentencia de lo contencioso-administrativo. Interpretación que se consideró más conveniente para la protección de los derechos fundamentales de tutela judicial ( art. 24.1 CE) y de huelga ( art. 28.2 CE) ante ese supuesto específico en que la impugnación directa de la resolución administrativa no estaba abierta a las personas individualmente afectadas por la misma, y la lesión quedó aquilatada cuando se declaró la firmeza de la sentencia de lo contencioso-administrativo.

3.Si nos fijamos en los postulados ahora ejercitados por la parte actora -primeramente, la de despido y con posterioridad la de tutela de derechos fundamentales-, recordaremos el criterio doctrinal sobre la diferencia en el objeto de ambas pretensiones. La doctrina jurisprudencial mantiene que en los supuestos, «en que se invoca la vulneración de un derecho fundamental como causa extintiva del contrato de trabajo, el daño a resarcir no es uno sólo, sino que son dos: a) de un lado la pérdida del empleo, que ha de atribuirse al incumplimiento empresarial legitimador de la acción rescisoria y que tiene una indemnización legalmente tasada ...; y b) de otro, el daño moral que ha de producir -en términos generales- esa conculcación del derecho fundamental y que forzosamente ha de imputarse al infractor, a quien -además- le es exigible por tal consecuencia la indemnización prevista en el art. 1101 CC» (así, por ejemplo, SSTS 20/09/07 -rcud 3326/06 -; 16/01/09 -rcud 251/08 -; y la ya citada de 09/05/11 -rcud 4280/10 -).».

A lo que se añadía que la frase «se tramitarán inexcusablemente» venía referida en exclusiva a la concreción de la modalidad procesal que ha de seguirse cuando se pretenda la nulidad de un despido en base a la alegada vulneración de derecho fundamental, y que ha de ser la del despido, «pero en forma alguna puede entenderse la expresión legal en el sentido de que mediando despido la indemnización atribuible a la lesión del derecho fundamental necesariamente -"inexcusablemente", al decir de la norma- haya de pretenderse en el proceso por despido [recordemos nuevamente el carácter potestativo de la acumulación de acciones].» ( STS 13 de junio de 2011, rcud 2590/2010).

También ha de tomarse en consideración el postulado de la segunda de las demandas formuladas por el actor -la primera ya se ha reiterado, fue la de despido declarado nulo por razón de discriminación por discapacidad- consistente en que se declare la existencia de vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, concretamente del derecho a no ser discriminado por causa de discapacidad, con ocasión del despido, y la condena de la mercantil a estar y pasar por ello, así como a adaptar el puesto de trabajo del trabajador a sus concretas circunstancias tributarias de su discapacidad con vistas a poder seguir desarrollando sus funciones, y a poder conciliar su vida laboral y familiar, así como a reparar las consecuencias de la vulneración ocasionada, indemnizándole en la suma de 75.000 euros, con arreglo a las bases que señala.

Esta demanda, acogida en la instancia, fue rechazada en fase de suplicación por mor del obstáculo prescriptivo opuesto por la mercantil empleadora.

El iter procedimental acaecido revela que la sentencia que resolvió el despido en la instancia declaró su improcedencia, no apreciándose la concurrencia de vulneración de derecho fundamental alguno. Es en sede de suplicación cuando el despido se califica de nulo por quiebra de un derecho fundamental -a no ser discriminado por motivo de discapacidad-. Esta resolución dilucidaba la pretensión formulada por el actor sobre despido, pero no la indemnizatoria aparejada a la vulneración del derecho fundamental que, en este caso, se ha ejercitado de forma separada. Recurrida la sentencia de segundo grado por la empresa Indipunt SL, en casación para unificación de doctrina, esta Sala IV del TS inadmite a trámite el recurso por Auto de fecha 23 de marzo de 2021.

Sin embargo, no esta última la fecha a tomar en consideración para la concreción del día inicial del cómputo del plazo prescriptivo de un año para ejercitar la acción indemnizatoria por vulneración de un derecho fundamental que ahora se dilucida.

Dicho momento se ubica inexorablemente en el día en el que la acción pudo ser ejercitada (ex art. 1969 Código Civil) , que en este caso fue el del despido. La propia demanda de reclamación de daños y perjuicios peticiona la declaración de existencia de quiebra del derecho fundamental con ocasión del despido, y éste se llevó a cabo el 8 de enero de 2019, mientras que la demanda de la que dimanan las presentes actuaciones se formula el 9 de febrero de 2021, es decir, transcurridos más de dos años desde la fecha en la que se estima producida aquella infracción.

En esta forma lo contempla la sentencia recurrida que igualmente estima que en ese lapso el actor no ha prestado actividad laboral ninguna para la empresa, ni ha reclamado extrajudicialmente la reparación por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, cuando pudo haberlo efectuado en la misma demanda de despido -acciones acumuladas- o en el ínterin del año de prescripción fijado para su ejercicio. Cabe citar al efecto igualmente la STS 108/2021, de 27 de enero, rec. 101/2019, que analizaba la prescriptibilidad de las acciones sobre derechos fundamentales, así como la virtualidad del plazo de un año del art. 59 ET a todo supuesto de reclamación de daños por violación de derechos fundamentales.

Las precedentes circunstancias abocan al entendimiento de que el dies a quoha de establecerse en el momento del despido mismo. Es entonces cuando la acción pudo ejercitarse ( arts. 1969 CC en relación con el también citado art. 179.2 LRJS) .

La sentencia recurrida contiene la doctrina correcta.

CUARTO.- 1.Las consideraciones antedichas conllevan que dicha resolución deba confirmarse, conforme el postulado del Ministerio Fiscal, previa la desestimación del recurso unificador.

2.No se imponen costas ( art. 235.1 LRJS) .