Sentencia Social 328/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2581/2024 de 27 de marzo del 2026

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina y planteamiento del debate casacional

1.La controversia suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si la viuda que percibió la pensión como derivada de accidente de trabajo y, por tanto, le fue abonada por la mutua también una indemnización a tanto alzado, tiene que reintegrar el importe de esta indemnización, en el caso en el que se declare judicialmente que la contingencia de la que derivó el fallecimiento del causante fue enfermedad común.

2.La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 34 de los de Barcelona de 3 de abril de 2023 (autos 31/2022) desestimó la excepción de incompetencia de jurisdicción y la demanda.

3.Frente a esta sentencia se formuló recurso de suplicación por la parte demandante, que fue estimado en parte por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 589/2024, de 6 de febrero (Rec 3968/2023), la cual, partiendo de que la percepción de la indemnización a tanto alzado fue indebida, revocó la obligación de reintegro de la indemnización a tanto alzado requerida por la mutua.

Esta sentencia desestimó la excepción de incompetencia de jurisdicción, al considerar que el reintegro de la indemnización a tanto alzado no era un acto de gestión recaudatoria. También desestimó el motivo encaminado a que se declarara la nulidad de la sentencia de instancia por falta de motivación y por incongruencia omisiva. Declaró que la mutua no tenía que haber acudido al cauce del artículo 146 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y, no apreció la infracción del artículo 71 del Reglamento General de Recaudación.

4.En el recurso de casación para la unificación de la doctrina formulado por Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, se alega que la sentencia recurrida es contradictoria con la doctrina sentada por la STSJ de Cataluña 7466/2013, de 15 de noviembre (Rec 7717/2012). Y, se invoca, con base en el artículo 224.1 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, el quebranto en la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia por la infracción por la sentencia recurrida de los artículos 71 del Real Decreto 1415/2004 y 55 de la Ley General de la Seguridad Social.

5.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina por falta de contradicción y, en cuanto al fondo, estimar el recurso, ya que la doctrina correcta la contiene la sentencia de contraste.

6.La actora presentó escrito de impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que alega, de un lado, la falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia invocada de contraste y, de otro lado, se opone en cuanto al fondo, solicitando la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina.

La Seguridad Social codemandada también impugnó el recurso y la empresa demandada no presentó escrito de impugnación.

SEGUNDO.- El presupuesto de contradicción

1.Debemos examinar, en primer lugar, la concurrencia del requisito de contradicción exigido en el recurso de casación para la unificación de doctrina por el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, que es la STSJ de Cataluña 7466/2013, de 15 de noviembre (Rec 7717/2012).

Es aplicable al caso de autos, el artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en la redacción anterior a la reforma operada por el apartado doce del artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia pues, aunque esta última norma entró en vigor el 3 de abril de 2025, de conformidad con el párrafo octavo de la disposición transitoria novena de la misma, la nueva regulación de los recursos de casación social será de aplicación a los recursos que se formulen contra las resoluciones dictadas a partir de su entrada en vigor y, la sentencia recurrida data de fecha anterior.

A tenor, por tanto, del artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en su redacción originaria:

«El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos».

La contradicción se produce cuando existen pronunciamientos diferentes en procedimientos con hechos, fundamentos y pretensiones entre las que existe una igualdad sustancial, respecto de los mismos litigantes o entre litigantes distintos que se encuentren en idéntica situación. No se exige una identidad absoluta, bastando la diversidad de las decisiones, a pesar de ser los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

Consiguientemente, como declararon, entre otras, las SSTS 705/2025, de 4 de julio (Rcud 2339/2024), 567/2025, de 11 de junio (Rcud 3719/2023), 533/2025, de 4 de junio de 2025 (Rcud 4793/2023), 424/2025. de 9 de mayo de 2025 (Rcud 1062/2023), 1161/2023, de 14 de diciembre (rcud 861/2021), 968/2022, de 20 diciembre (rcud 2984/2021), 893/2022, de 10 noviembre (rcud 2882/2021) y, 861/2022, de 26 octubre (rcud 4665/2019), para apreciar la concurrencia de la necesaria contradicción, ha de llevarse a cabo una comparación entre los pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, no siendo admisible el mero examen abstracto de doctrinas al margen de la identidad de las controversias.

2.En las presentes actuaciones, el esposo fallecido de la actora permaneció en situación de incapacidad temporal, habiendo sido declarado el proceso por la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 15 de diciembre de 2015 derivado de accidente de trabajo. Impugnada en vía judicial esta resolución por la Mutua, se desestimó la demanda por la sentencia del Juzgado de lo Social, que fue revocada por la STSJ de Cataluña 3543/2019, de 4 de julio, (Rec1244/2019) que, estimando el recurso de suplicación, estimó la demanda de la mutua y declaró que el proceso de incapacidad temporal derivaba de enfermedad común. Por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2020 se inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina.

El beneficiario de la incapacidad temporal falleció el 3 de noviembre de 2016. Por Resolución de la Mutua de 17 de enero de 2017 se le reconoció a la actora en las presentes actuaciones la pensión de viudedad derivada de accidente de trabajo, el derecho a la indemnización a tanto alzado por el accidente de trabajo en cuantía de 14.108,94 euros y el auxilio por defunción por importe de 46,50 euros.

El 27 de enero de 2020, la viuda interpuso demanda para la determinación de la contingencia de la pensión de viudedad, que fue desestimada por la sentencia del Juzgado de lo Social que estimó la excepción de cosa juzgada.

Al haber sido declarada en vía judicial que la incapacidad temporal del causante derivó de enfermedad común, la mutua le requirió el 16 de agosto de 2021 a la actora el reintegro del importe de la indemnización a tanto alzado y del auxilio por defunción indebidamente percibidos. Formulada reclamación previa, fue desestimada por silencio y la actora presentó la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones el 13 de enero de 2022.

Por la Sentencia del Juzgado de lo Social se desestimó la excepción de incompetencia de jurisdicción y la demanda.

La sentencia recurrida estimó en parte el recurso de suplicación formulado por la actora y partiendo de que se trataba de prestaciones indebidas, estimó en parte la demanda, revocando la obligación del reintegro de la indemnización a tanto alzado.

3.La STSJ de Cataluña 7466/2013, de 15 de noviembre (Rec 7717/2012) es la sentencia de contraste invocada por la parte recurrente.

Por la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 22 de julio de 2007 le fue reconocida a la esposa del causante una pensión de viudedad derivada de accidente no laboral y al hijo, la pensión de orfandad. Por sentencia del Juzgado de lo Social se declaró que el óbito derivó de accidente de trabajo. Esta sentencia fue revocada por la STSJ de Cataluña de 23 de junio de 2009 que declaró que el fallecimiento derivó de enfermedad común. Por el Auto de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2010 se inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina. El 12 de junio de 2008 la viuda presentó escrito ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitando la revisión de las pensiones de viudedad y de orfandad.

Por otro lado, el 18 de abril de 2011, la mutua solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social la devolución del importe del capital coste que había ingresado en concepto de indemnización a tanto alzado derivada del fallecimiento del causante por accidente de trabajo, lo que le fue desestimado por Resolución de 26 de abril de 2011, que fue impugnada por la mutua en vía judicial.

La sentencia del Juzgado de lo Social estimó la demanda de la mutua y condenó al Instituto Nacional de la Seguridad Social a reintegrarle a la mutua actora el importe de la indemnización a tanto alzado y del auxilio por defunción, que había ingresado en la Seguridad Social en concepto de capital coste.

Recurrida en suplicación, la sentencia de contraste estima en parte el recurso formulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social revoca la sentencia del Juzgado de lo Social en cuanto a la devolución del capital coste por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y lo absuelve. La viuda y el hijo del causante no fueron parte en este procedimiento.

4.Sentado lo anterior, procede, a continuación, realizar el juicio de contradicción. Y, efectivamente, en ambas sentencias, en la recurrida y en la de contraste se trata de un supuesto en el que el óbito del causante se considera que deriva de accidente de trabajo y, después este pronunciamiento queda sin efecto, al declararse que deriva de enfermedad común.

La mutua, en el supuesto de la sentencia recurrida, le había pagado a la viuda el importe de la indemnización a tanto alzado y el auxilio por defunción. Y, en el caso de la sentencia de contraste, había ingresado en la Seguridad Social el importe del capital coste de la indemnización a tanto alzado y del auxilio por defunción.

Cuando se declaró que la contingencia de la que derivó el óbito de causante fue la de enfermedad común, la mutua, en el supuesto de la sentencia recurrida, le requirió el reintegro a la beneficiaria. Y, en el caso de la sentencia de contraste, le requirió a la Seguridad Social el reintegro del capital coste.

En el supuesto de la sentencia recurrida la viuda es la demandante y en el caso de la sentencia de contraste, la viuda ni siquiera es parte en el procedimiento. Consiguientemente, mientras que, en el supuesto de la sentencia recurrida, se enjuicia la relación entre la mutua y la beneficiaria, en el caso de la sentencia de contraste, el objeto del litigio versa sobre la relación entre la entidad gestora y la mutua como entidad colaboradora de la Seguridad Social.

Estamos en presencia de hechos en los que no se produce una identidad sustancial y, ante dos sentencias cuyos pronunciamientos no son contradictorios sino diferentes, por lo que se ha de colegir que no concurre el presupuesto de acceso al recurso de casación para la unificación de doctrina, lo que supone la desestimación del recurso.

TERCERO.- Desestimación del recurso por falta de contradicción

1.Al no apreciar contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, debemos resolver conforme a las previsiones legales para los casos de desestimación del recurso.

Por lo tanto, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede la desestimación del recurso de casación para la unificación de la doctrina formulado por Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 y, declarar la firmeza de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 589/2024, de 6 de febrero (Rec 3968/2023).

2.La mutua recurrente es condenada al abono de 1.500 euros en concepto de costas y pierde el depósito efectuado para recurrir. Dése a la consignación el destino legal.