Sentencia Social 508/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4852/2024 de 27 de mayo del 2026

PRIMERO.- 1.La cuestión suscitada en unificación por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía consiste en determinar si la retribución de la parte actora es conforme a la prestación de servicios, tanto en número de horas semanales -que, al ser de 25 horas, sería parcial- como la carencia de aquella por falta de prestación de servicios en los meses de julio y agosto.

2.La sentencia que recurre -dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) en fecha 18 de julio de 2024- precisa que la trabajadora viene a reclamar un periodo de actividad desempeñado como indefinida no fija a tiempo completo en los términos en los que fue establecida su relación laboral por una resolución judicial firme. Y en debida aplicación del Convenio aplicable al resto del personal de la Consejería demandada, durante el periodo comprendido entre abril de 2021 y marzo de 2023, estima el recurso interpuesto por la actora, con revocación parcial de la sentencia de instancia y condena final al abono de los importes adeudados a la misma debido al carácter de trabajadora a tiempo completo reconocido por sentencia firme, en la que ya se recogía una condena cuantitativa respecto de un periodo anterior.

3.El Letrado de la Junta de Andalucía sostiene que la sentencia impugnada incurre en infracción del art. 222.4 de la LEC en relación con los arts. 26.1 y 43.4 del ET y con el art. 2 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, regulador del calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios (Boja de 20 julio 2009). Y concluye que el reconocimiento del derecho del salario de la jornada completa y a las mensualidades de julio y agosto, cuando no se ha prestado efectivamente, implicaría un tratamiento discriminatorio a favor de la parte actora en detrimento del personal propio de la Administración, generándose, por ende, un enriquecimiento injusto al retribuirse periodos en los que no hubo prestación.

4.El Fiscal, en el trámite del art. 226.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) informa la desestimación del recurso por carencia del presupuesto de contradicción, destacando al efecto que la referencial no tiene por objeto la aplicación de la cosa juzgada porque la sentencia anterior no contiene condena a diferencias salariales con respecto a las que se pudiera aplicar la cosa juzgada. Las referencias a la cosa juzgada que se contienen en la sentencia de contraste se refieren a pronunciamientos judiciales posteriores recogidos en los hechos probados.

En el escrito de impugnación al recurso, el Letrado de la parte actora alega la falta de la necesaria identidad con la sentencia invocada como referencial. Seguidamente reseña que lo pretendido por la recurrente es volver a discutir el carácter de la relación laboral de la actora, y eso ya está amparado por el efecto positivo de la cosa juzgada. Que la sentencia precedente ya había estimado que la relación laboral había sido fraudulenta, y, por tanto, su jornada debió y debía ser completa con antigüedad desde el 13 de septiembre de 2009, por los argumentos que se dieron en su momento. Y que el art 43.4 ET establece que los derechos y obligaciones del trabajador de la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, es decir, jornada completa y continua (año académico).

SEGUNDO.- 1.Para dar cumplimiento al requisito de contradicción diseñado en el art. 219 LRJS, se cita la STSJ Andalucía (Málaga) 1130/2020, de 1 de julio (R. Supl. 2322/2019).

Esa resolución estimó la demanda de la actora frente a la Delegación de la Junta de Andalucía y otros; y declaró que era Personal Laboral Indefinido de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Junta de Andalucía), como Personal Técnico de Integración Social, con efectos de 18/05/2009. La actora prestaba servicios en un Instituto de Educación Secundaria de un pueblo de Málaga. Se dice que su jornada era de 30 hs./semana (80%) y que durante los meses de julio y agosto no prestaba servicios. Reclamaba diferencias salariales, pues había existido cesión ilegal, y que debió ser retribuida conforme al Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.

En instancia se estimó parcialmente la demanda, condenando a la Junta de Andalucía al abono de la suma de 8.587,31 €, por el periodo septiembre 2015-noviembre 2016. La Sala de Suplicación desestima el recurso, confirmando la sentencia de instancia estimatoria de la excepción de pluspetición invocada por la Consejería, atendiendo a la jornada de trabajo prestada (80%), pues, durante el periodo reclamado, la trabajadora no prestaba servicios a jornada completa sino a jornada parcial, lo que determina que la retribución salarial deba ser proporcional a la jornada efectiva de la actora. Igualmente, deben excluirse los meses de julio y agosto, pues no prestó servicios.

Igualmente, se señalaba que esa conclusión no resultaba alterada por pronunciamientos posteriores en los que se declaraba a la actora como personal laboral indefinido de la Consejería demandada.

2.Recordemos aquí que en el actual litigio consta acreditado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 13 de enero de 2022 vino a establecer que se declaraba la existencia de cesión ilegal respecto de la actora, reconociéndole la condición de trabajadora indefinida no fijo a tiempo completo con antigüedad desde el 13 de septiembre de 2009 con categoría profesional de personal técnico de integración social, condenando a la Consejería demandada a estar y pasar por tal declaración, además del abono de las diferencias salariales devengadas entre diciembre de 2018 y enero de 2021, y el 10% de interés anual en concepto de mora.

3.De lo hasta aquí expresado se infiere que, en la sentencia alegada de contraste, se estima que la trabajadora tiene la condición de indefinida no fija discontinua, con jornada parcial, y que no trabajó en los meses de julio y agosto de 2016, lo que lleva a entender que la retribución salarial deber ser proporcional a la jornada efectiva de la trabajadora, sin que procediese el abono de retribución por períodos en que no se prestaron servicios.

Sin embargo, en el caso de autos, la Sala de Suplicación recepciona una sentencia dictada por el TSJ que había reconocido la existencia cesión ilegal y la condición de indefinida no fija a tiempo completo de la actora, desprendiéndose la condición de continua de la relación y la retribución de la actora de acuerdo con el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la administración de la Junta de Andalucía, como el resto del personal que trabaja en los centros educativos dependientes de la referida Consejería, además de las correlativas percepciones salariales sin descuento de los meses de julio y agosto. Así lo declaraba en su fallo ese precedente. Por ello, atendido que aquel personal cobra su salario durante todo el año, a pesar de no prestar servicios durante los meses de julio y agosto, se concluye ahora que no existe razón alguna para hacer de peor condición a la trabajadora del actual litigio.

4.En puridad, las sentencias comparadas no serían contradictorias desde dicha perspectiva, pero ha de cohonestarse con la necesidad de examinar de oficio la procedencia de aplicar la cosa juzgada en la vertiente positiva regulada en el art. 222.4 LEC, pues la Sala está vinculada por dicha institución a la hora de decidir sobre el fondo del asunto si en ese momento aprecia la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos (entre otras, SSTS 25/05/11, rec. 1582/10; 05/06/12, rec. 2255/11; 11/02/13, rec. 1143/12; 12/02/14, rec. 482/13, y 20/10/14, rec. 2358/13). El efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada «se configura como una especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, y, en virtud de la cual, lo decidido por la resolución dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en la segunda cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda. Los elementos necesarios para el efecto positivo de la cosa juzgada son la identidad subjetiva entre de las partes de los dos procesos y la conexión existente entre los pronunciamientos». Hemos mantenido el mismo criterio en reiterados pronunciamientos, por todos STS 20-07-2018, rcud. 2335/17; 22-02-2019, rcud. 226/2017 y 26-02-2019, rcud. 185/17.

TERCERO.- 1.Abundando en dicho instituto y como así viene argumentando la Sala, la decisión en el segundo proceso deviene supeditada al primigenio, que actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial.

En consecuencia, siendo conteste el derecho a percibir las cantidades diferenciales entre lo percibido por la demandante y lo que debió percibir en la Junta hasta el momento final postulado, en tanto que derivadas del pronunciamiento firme de cesión, declarando expresamente la condición e trabajadora indefinida no fija a tiempo completo y el derecho a las retribuciones parangonables en un periodo precedente al actual, la concreción de este resulta tributaria de la repetida naturaleza de la relación que también se aseveraba (completa), atendida la afectación por el art. 400 de la LEC. No deviene posible en el actual litigio volver a cuestionar la calificación ya otorgada por aquella sentencia que ha alcanzado firmeza.

2.De esta manera, cabe mencionar, entre otras, la STS 86/2024, de 2 de enero, rcud. 2716/2022: según se desprende del art. 400.2 LEC, de aplicación supletoria - DF 4ª LRJS (RCL 2011, 1845)- en el proceso laboral, los efectos preclusivos de la cosa juzgada, igual que los de la litis pendencia, se extienden tanto a los hechos y fundamentos jurídicos aducidos en el proceso previo como a los que en él hubieran podido alegarse; así se deduce también de las SSTS de 7- 12-1990 ( RJ 1990, 9760), 3-1-1991 ( RJ 1991, 47), 25-2-1993, 12-4-1993 ( RJ 1993, 2922), 8-6-1998 ( RJ 1998, 5114), 21-9-1998 (RJ 1998, 7296) y 27-3-2000 (RJ 2000, 7401), igual que del ATS de 14-1-1999, resoluciones todas ellas citadas en la más reciente STS de 12-7-2006, R. 2048/05. Doctrina similar se contiene en la jurisprudencia de la Sala 1ª de este Tribunal: TS1ª, por todas, 6-5-2008, R. 594/01, 29-9-2010, R. 594/06 (RJ 2010, 8005), citadas ambas en la más reciente de 26-11-2011, R. 93/08, aunque en esta última el orden civil parece matizar que ha de tratarse de "una misma acción".

Se trata en definitiva del denominado "efecto positivo" de la cosa juzgada. En esta temática la Sala ha sostenido que se configura como una especial conexión que, en determinadas condiciones, acaece entre dos sentencias, en virtud de la cual, lo resuelto por la primeramente dictada con carácter firme vincula la decisión que ha de adoptarse en el segundo proceso cuando aquélla actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda. Por tanto, «lo importante es la conexión de las decisiones; no la identidad de objetos, que por definición no podría producirse» ( SSTS de 25 de mayo de 2011, rcud 1582/2010 y de 4 octubre 2012, rec. 273/2011).

En sentido análogo nos hemos pronunciado en STS de 17 enero de 2024, rec. 108/2022, reiterando la doctrina acuñada, también en aquellos pasajes que aseveraban que la cosa juzgada, en su manifestación positiva, cuando menos, puede y debe ser apreciada de oficio -en cuanto «ha entrado en el derecho público al obligar al Juzgador a reconocer su existencia en todas las resoluciones que adopte, de modo que ni siquiera se exige que sea excepcionada, sino que puede apreciarse de oficio. Igualmente, la Sala ha establecido que, también, puede estimarse el efecto positivo de la cosa juzgada en este caso...»-, que la sentencia que en el propio pleito desconoce otra anterior que adquirió firmeza, «vulnera los principios de tutela judicial efectiva ( art. 24 de la Constitución) y de seguridad jurídica (artículo 9.3). ya que el principio de la cosa juzgada material se integra en aquellos dos mandatos constitucionales...», y la relevancia de la conexión de las decisiones y no en la identidad de objetos, que «por definición no podría producirse».

Por su parte, la STS 496/2025, de 28 de mayo, rcud 1432/2023, atendía igualmente a la indisociable vinculación entre los dos procesos en liza: la anterior sentencia que declaró no solamente la existencia de la cesión ilegal, sino que se calificó la relación laboral, de forma que será correcta la decisión de desestimar la demanda por apreciar la excepción de cosa juzgada en su función positiva, toda vez que no se había producido ninguna modificación relevante de los elementos de hecho concurrentes en uno y otro procedimiento y, recuerda, además, que la parte en su día, pudiendo hacerlo, no impugnó la sentencia de ese primer proceso que calificaba la naturaleza del contrato.

También cabe precisar que el litigio ahora examinado se aparta del enjuiciado por STS 243/2024, de 8 de febrero, rcud. 617/2022, en el que la trabajadora había sido formalmente contratada, en atención al servicio que prestaban las adjudicatarias cedentes, como trabajadora fija discontinua y la sentencia que declara la cesión ilegal en ningún momento se pronunciaba de forma expresa sobre la cuestión relativa a si su integración en la Junta de Andalucía debía ser como indefinida no fija continua o como indefinida no fija discontinua.

La sentencia recurrida que aplica los efectos de la cosa juzgada positiva conforme a la jurisprudencia anteriormente desglosada contiene la doctrina correcta.

CUARTO.- 1.Las precedentes consideraciones van a determinar la desestimación del recurso interpuesto, en línea con el postulado del Ministerio Público, confirmando y declarando la firmeza de la sentencia que se combate.

2.Procede imponer las costas al recurrente en cuantía de 1.500 euros ( art. 235.1 LRJS) .