Sentencia Social 510/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 483/2025 de 27 de mayo del 2026

PRIMERO.- 1.-La cuestión que ahora se somete a nuestra consideración, consiste en determinar el dies ad quem(día final) del devengo de los intereses del 20% a los que se refiere el art. 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y, en particular, si los mismos se generan hasta la fecha de la consignación realizada por la compañía aseguradora en cumplimiento del art. 230.1 de la LRJS, como requisito para alzarse en suplicación, o bien hasta la firmeza de la sentencia recurrida, o hasta el efectivo abono del principal al acreedor, una vez firme la resolución judicial que ha sido recurrida y con respecto a la cual se ha producido la indicada consignación.

2.-En el caso de la sentencia recurrida, y tal como se deriva de las actuaciones, el interesado presento demanda en reclamación de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, que resultó estimada en parte mediante sentencia de 17 de diciembre de 2013 que condenó solidariamente a la empresa y a la aseguradora al abono de la cantidad de 76.573,03 €, y a la aseguradora al abono de un interés por mora del 20% anual desde la fecha del acto de conciliación.

Presentados contra la anterior sendos recursos de suplicación, los mismos fueron resueltos por sentencia de TSJ de Andalucía/Sevilla de 21 e febrero de 2018, que revocó en parte la resolución de instancia para fijar la cantidad en concepto de indemnización en 10.7651,98 €, de cuyo pago respondía la empresa empleadora, y la aseguradora de manera solidaria hasta el límite de 90.151,82 €, debiendo esta última abonar igualmente el interés por mora del 20% anual desde la fecha del acto de conciliación.

Despachada ejecución y previa la celebración de la oportuna comparecencia, mediante auto del competente juzgado de lo social de 12 de enero de 2022 se estimó en parte la oposición de la compañía aseguradora, fijando a tal efecto la cantidad por principal y, por lo que ahora interesa, la de 2.762,73 € de intereses y costas, computando intereses al 20% desde la fecha de la conciliación, el 10 de enero de 2011, hasta el de la consignación el 7 de febrero de 2014. Presentado recurso de reposición, el mismo fue desestimado por el posterior auto de 10 de febrero de 2022.

3.-Contra la decisión del juzgado de instancia se presentó recurso de suplicación, que fue desestimado mediante sentencia del TSJ de Andalucía/Sevilla de 31 de octubre de 2024 -rec. 3478/2022-, que confirmó el criterio de instancia por entender, en lo sustancial, que «la consignación efectuada al amparo de lo establecido en el articulo 230.1 LRJS determina la fecha final de devengo de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Así, en efecto, aun cuando la consignación de la cantidad objeto de condena es un requisito indispensable que se ha de acreditar al anunciar el recurso de suplicación, dicha consignación, en cuanto constituye una garantía de pago de la cantidad objeto de la condena, produce, desde que se efectúa, los efectos del pago, por lo que tiene una cualidad enervatoria de los intereses».

4.-Frente a esta última resolución del TSJ andaluz, se ha presentado, a su vez, recurso de casación para unificación de doctrina por el demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la STSJ de Baleares de 15 de noviembre de 2021 -rec. 256/2021-; como núcleo de contradicción si los intereses del art. 20 de la LCS se devengan hasta la consignación realizada para recurrir, o hasta la firmeza de la sentencia que se recurre; y como normativa infringida los arts. 1.176 y ss del C.Cv.

5.-En la referenciada sentencia de contraste, se valoraba un caso en el que el juzgado de lo social nº 1 de Ibiza había dictado sentencia de 22 de marzo de 2019 por la que, en relación con lo que ahora interesa, se condenaba a la compañía aseguradora al abono de 28.000 € más los intereses del art. 20 de la LCS. Dicha resolución fue confirmada por la posterior sentencia del TSJ de Baleares de 3 de diciembre de 2019.

Resulta relevante hacer notar que el importe de la indicada indemnización se consignó por la aseguradora el 4 de abril de 2019 como requisito para presentar recurso de suplicación. Y que de dicha cantidad se abonó al demandante la cantidad de 14.000 € el 10 de julio de 2019 en el seno de una ejecución provisional, y los otros 14.000 € el 18 de febrero de 2020, una vez firme la sentencia de instancia.

Despachada ejecución, se dictó auto de 4 de marzo de 2020 fijando en 5.243,28 € la cuantía de los intereses moratorios. Presentado recurso de reposición este se estimó parcialmente, dictándose nuevo auto cuya fecha no consta, en el que se fijaba la cantidad a ejecutar en concepto de intereses del art. 20 de la LCS en 2.416,44 € .

6.-Es contra esta decisión del juzgado de instancia que se presentó recurso de suplicación resuelto por la sentencia de contraste ya reseñada, que estimó el mismo y revocó la resolución combatida fijando la cantidad objeto de ejecución por intereses en 5243,28 €.

A tal efecto, la Sala balear concluyó que los intereses del art. 20 de la LCS se devengaron, de un lado, hasta la entrega de la primera cantidad de 14.000 € en sede de ejecución provisional y, de otro, hasta el pago completo después de adquirir firmeza la sentencia recurrida. Entendía a tal efecto que «el artículo 230 LRJS no constituye una forma de pago de la obligación sino un simple aseguramiento o garantía de pago de las cantidades objeto de condena como requisito para recurrir», de manera que no se trata de «un ofrecimiento de pago, ni ante la puesta a disposición del acreedor de la cantidad adeuda».

7.-El descrito recurso de casación unificadora ha sido impugnado por la compañía aseguradora que, tras plantear dos reparos formales, ha negado la existencia de contradicción, para luego afirmar la falta de fundamentación y motivación de la infracción legal cometida del recurso considerado.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha presentado informe en el que considera que la buena doctrina se contiene en la sentencia de contraste, interesando por ello la estimación de la casación presentada.

SEGUNDO.- 1.-Nos corresponde ahora determinar si concurre la contradicción exigida por el art. 219.1 de la LRJS (en la redacción anterior a la modificación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuestión, por lo demás, irrelevante en el caso) para fundar la casación unificadora que ahora resolvemos.

Debemos recordar en este punto la constante doctrina de este tribunal, en el sentido la contradicción exigida precisa que las sentencias comparadas contengan pronunciamientos distintos sobre la misma cuestión, esto es, que se hayan generado respuestas judiciales diversas ante debates o controversias sustancialmente iguales. Por otro lado, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado que, se hubieran alcanzado decisiones contradictorias entre sí «respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación», y «en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales».

Conviene también recordar que, como regla general, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo casos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado.

Y, finalmente, que si bien la labor valorativa para apreciar la existencia de contradicción «comporta un previo juicio de valor abstracto acerca de la cuestión debatida, hay supuestos en los que la determinación acerca de la igualdad o desigualdad de los presupuestos fácticos requiere simultánea definición sobre el fondo de la cuestión debatida, porque la diversidad o identidad sustancial únicamente se alcanza a determinar si se pone en relación directa con la norma a aplicar, con necesidad de expresar de manera frontal la interpretación que se atribuye a la disposición -legal o convencional-de que se trata» ( SSTS 367/2019 de 14 de mayo -rec. 3957/2016 y 646/2022 de 12 de julio -rec. 1367/2019-, entre otras).

2.El caso que ahora se decide la comparación entre las sentencias valoradas pone de manifiesto la existencia de una patente contradicción. En efecto:

-En ambos casos se trata de supuestos en los que las respectivas compañías aseguradoras consignaron en su día las cantidades a cuyo pago fueron condenadas, como presupuesto necesario a la vista del art. 230.1 de la LRJS para poder recurrir en suplicación las previas resoluciones judiciales con las que no estaban conformes.

-En ambos casos se despachó luego ejecución y se liquidaron los correspondientes intereses, referidos al art. 20 de la LCS al afectar a sendas compañías aseguradoras.

-Pero, mientras en el caso de la sentencia recurrida se entendía que el dies ad quemdebía fijarse en el momento en el que se había producido aquella consignación, la sentencia de contraste afirmaba por el contrario que el devengo de intereses solo cesaba al momento del efectivo abono del principal consignado.

Al margen de esta primaria constatación, es cierto que entre ambas resoluciones comparadas pudieran existir potencialmente dos diferencias.

3.-La primera de ellas se refiere a la forma en la que cada una de las sentencias comparadas describe el debate planteado, en cuanto en el caso de la sentencia recurrida la alternativa sobre la fecha en que cesaba el devengo de intereses, tal como se planteaba por la parte recurrente en suplicación, se producía entre la fecha de la consignación y la de firmeza de la sentencia recurrida; mientras que en el caso de la de contraste, el término de comparación no se refiere de manera expresa a la fecha de la firmeza de la sentencia recurrida, sino que se dice que la obligación de pago de intereses solo cesa «con el pago o puesta a disposición de las cantidades objeto de condena».

Como puede observarse, esta eventual diferencia parece referirse más bien a una cierta imprecisión o insuficiencia de las proposiciones lingüísticas utilizadas que, en todo caso, no impide la apreciación de la necesaria contradicción, y ello por dos causas.

De un lado porque, aunque se considerara que ambas resoluciones se están refiriendo a momentos distintos para poner fin al devengo de los intereses considerados lo cual, como se acaba de decir, es dudoso, lo cierto es que nos encontraríamos ante una contradicción a fortiori,ya que la sentencia de comparación habría ido "más allá" que la recurrida, en cuanto estaba situando el término del devengo de intereses en un momento posterior al de la combatida. En este punto conviene señalar que, si bien la contradicción a fortioriexige en su formulación más básica y primaria que las afirmaciones fácticas de la sentencia de contraste sean de inferior apoyo para la pretensión, este mismo Tribunal ha apreciado el indicado tipo de contradicción en supuestos en los que no había, como es el caso, una diferencia apreciable entre los hechos considerados, sino más bien en el debate tal como se planteaba y las razones para decidir en cada caso (entre otras, SSTS de 20 de diciembre de 2001 -rec. 1661/2001- o 22 de septiembre de 2006 -rec. 1289/2005-).

Por lo demás, resulta igualmente claro que la sentencia recurrida no ha tenido oportunidad de concretar el momento en el que cesaría el devengo de los intereses considerados más allá del momento de consignación, precisamente porque ha concluido que este último es el término final de su generación.

Y, de otro lado porque, en todo caso, y como hemos señalado, entre otras, en nuestras SSTS 577/2022 de 23 de junio -rec. 1014/2021- o 1015/2024 de 11 de julio -rec. 3671/2021-, con cita de nuestros propios precedentes:

Este Tribunal «limitarse a examinar las infracciones legales denunciadas, siendo imposible extender la decisión a la eventual corrección de las no invocadas, al tratarse de un recurso extraordinario. Este Tribunal no puede, de oficio, sustituir al recurrente en la fundamentación de las causas de impugnación de la sentencia recurrida. Pero cuando no coincidamos exactamente con la tesis mantenida en las sentencias contrastadas, es posible que apliquemos la doctrina correcta, pues "superado el requisito de la contradicción, es evidente que esta Sala no queda obligada a aceptar una de las dos doctrinas formuladas por las sentencias comparadas", sino que "debe pronunciarse sobre la solución más ajustada a Derecho para el caso controvertido, que [...] establezca como doctrina unificada".

Esta interpretación del papel que nos corresponde al resolver el recurso de casación unificadora ha sido considerada correcta por el Tribunal Constitucional, al destacar que tal proceder en manera alguna supone incongruencia, dada la naturaleza peculiar del recurso de casación para la unificación de doctrina. "Resulta claro que el Tribunal Supremo no tiene la carga de tener que optar por una de las dos opciones contrarias, pudiendo recrear una doctrina propia totalmente diferente de las mantenidas por los Tribunales inferiores", siempre que resuelva "el debate planteado en suplicación" ( STC 172/1994, de 7/Junio, FJ 3)».

Esto es, nada impide que, en aras a resolver la evidente discrepancia entre las resoluciones comparadas, este Tribunal despeje cualquier duda relativa al alcance de la doctrina que se considere correcta, dotándola por ello de pleno sentido en aras a su efectividad.

4.-La segunda diferencia, esta sí materialmente real y no relacionada con ambigüedades lingüísticas, se refiere al hecho de que en la sentencia de contradicción se hubiera producido una ejecución provisional en cuya virtud se procedió a abonar al interesado la mitad de la cantidad consignada como principal por la compañía aseguradora, circunstancia que no se da en la sentencia recurrida.

Aquí volvemos a situarnos en el ámbito de la contradicción a fortiori,si bien en su sentido más ortodoxo, ya que si se entiende que el devengo de intereses debe extenderse hasta un último momento posterior a la consignación (ya veremos cuál, en su caso), entonces con mayor motivo deberá fijarse o más bien convalidarse si existen causas de interrupción del devengo previas al último momento posible.

En definitiva, nada impide la decisión del recurso formalizado, al concurrir una sustancial discrepancia entre las soluciones adoptadas, obviándose con ello la observación contenida sobre este extremo en el escrito de impugnación de la aseguradora.

TERCERO.- 1.-Antes de la decisión propiamente dicha del recurso planteado, debemos aludir todavía a dos reparos planteados igualmente en el escrito de impugnación de la aseguradora.

2.-En el primero de ellos la parte impugnante recrimina a la recurrente que no hubiera solicitado en su momento la reforma de hechos probados para incluir una mención a que la consignación realizada en su día se produjo en cumplimiento del art. 230 de la LRJS, de donde deriva la impugnante que «las cantidades se entregaron tanto para recurrir como para pagar».

No realizaremos en este punto mayores desarrollos, por ser innecesarios. En efecto, que la consignación en cuestión se produjo en cumplimiento del art. 230 de la LRJS es un hecho incontrovertido, y expresamente afirmado en la sentencia recurrida, tanto por referencia a las alegaciones de las partes, como al desarrollar sus argumentos («... en efecto, aun cuando la consignación de la cantidad objeto de condena es un requisito indispensable que se ha de acreditar al anunciar el recurso de suplicación... »).

En tales condiciones, intentar en esta alzada y ante este Tribunal, cuestionar la naturaleza de la consignación realizada en su día por la aseguradora, no solo rebasa las posibilidades técnicas permitidas en un escrito de impugnación, sino que coloca a la parte impugnante en los límites de la buena fe procesal.

3.-En segundo lugar, se dice igualmente que la parte recurrente ha introducido en esta sede casacional «nuevos planteamientos respecto de la demanda de ejecución y de lo que fue objeto de discusión en el procedimiento y vista de oposición a la ejecución».

Tampoco parece necesario realizar mayores consideraciones sobre esta afirmación, en cuanto de las actuaciones se deriva con toda claridad y de manera contundente, que lo debatido a lo largo de toda la fase ejecutiva, y tal como se hacía constar en las sucesivas resoluciones dictadas hasta llegar a este momento procesal ( autos del juzgado de lo social de 12 de enero de 2022 y de 10 de febrero de 2022 así como sentencia del TSJ de 31 de octubre de 2024), si el devengo de intereses del art. 20 de la LCS debía extenderse hasta el momento de la consignación del art. 230 de la LRJS, o hasta el posterior momento de la firmeza de la resolución recurrida, o el pago del principal.

Frente a esta evidencia, la alusión a las pretendidas alegaciones o liquidaciones de la parte ejecutante en ciertos momentos procesales, con transcripción de partes seleccionadas de pretendidos escritos de la contraparte, merecen iguales consideraciones que las ya realizadas en el anterior apartado sobre los límites de la impugnación.

CUARTO.- 1.-En el único motivo del recurso que ahora resolvemos, se invoca de manera expresa la infracción de los arts. 1176 y ss del CCv, aunque de la previa consideración de la contradicción concurrente, el recurso se refiere igualmente a los arts. 20 de la LCS y 230.1 de la LRJS, siendo en todo caso reconocible la discrepancia jurídica planteada, por lo que también en este punto ceden los reparos contenidos, de nuevo, en el escrito de impugnación.

Lo que ahora interesa hacer notar es que, como ya tenemos enunciado, lo discutido en el caso es el momento hasta el cual se devengan los intereses del art. 20 de la LCS, cuando media una consignación a los efectos de acceder al recurso de suplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 230.1 de la LRJS.

Para resolver esta cuestión debemos incidir sobre dos aspectos conceptualmente diferenciados.

2.-En primer lugar, procede dilucidar la naturaleza de la consignación exigida por el art. 230.1 del texto procesal que, como es bien sabido, se configura como un presupuesto imprescindible para poder recurrir en suplicación o casación.

Conviene advertir que, si bien no hemos decidido hasta el momento este aspecto en relación con el devengo de los intereses del art. 20 de la LCS, sí lo hemos hecho por lo que respecta a la generación de los intereses procesales del art. 576 de la LECv. En efecto, como dijimos, entre otras, en nuestra STS 1147/2024 de 17 de septiembre de 2024 -rec 4041/2023-:

«Se puede plantear en estos casos la duda acerca de si la consignación del importe de la condena impide la entrada en juego de la previsión contenida en el art. 576 de la LEC y, en consecuencia, del devengo de intereses de la cantidad objeto de condena en la sentencia recurrida durante la tramitación del recurso. La respuesta es negativa ya que el fundamento de ambas instituciones es distinto (aunque coincida en ellas la finalidad añadida de disuadir de la interposición de recursos meramente dilatorios). La necesidad de efectuar consignaciones para recurrir trata fundamentalmente de asegurar la futura ejecución de la sentencia, de evitar el "periculum in mora", es decir, el riesgo de que durante la sustanciación del recurso el demandado se coloque en situación de insolvencia, de tal modo que impida la futura ejecución; por el contrario, el devengo de intereses procesales tiene, como se ha dicho, un fundamento primordialmente indemnizatorio, tratando de resarcir al acreedor los perjuicios derivados de la demora en el cumplimiento de la obligación del deudor al pago de cantidades líquidas objeto de condena en la sentencia recurrida, posteriormente confirmada».

Pues bien, aunque se trate de diferentes tipos de intereses, no objetivamos razón alguna que permita o aconseje un cambio de criterio para el supuesto que ahora nos ocupa, ya que la naturaleza de la consignación para recurrir se proyecta de igual modo sobre la dinámica de los dos tipos de intereses. En efecto, la del art. 230.1 de la LRJS es una consignación con funciones de garantía, de forma tal que se preserve el derecho del que ya tiene una sentencia en su favor, pendiente de revisión, propiciando con ello la seriedad del recurso devolutivo presentado, a la vez que se preserva el crédito que, aun provisionalmente y de manera no perfecta, ostenta el demandante.

Esto es, como ya dijo la STC 109/1983 de 29 de noviembre, y recordábamos en nuestra STS de 5 de mayo de 2014 -rec. 1680/2013, con la consignación para recurrir del art. 230 de la LRJS:

«... se trata de proteger al trabajador, parte más débil de la relación de trabajo, no disminuyendo su tutela y derecho al percibo de lo debido, con el fácil acceso a recursos dilatorios de la contraparte, más aún cuando la consignación es una medida cautelar que, procurando el equilibrio de intereses contrapuestos, cumple las funciones protegibles y legítimas de garantizar la ejecución de la sentencia de condena en favor del trabajador, y a evitar presiones sobre éste que por su situación de necesidad le conduzcan a renunciar derechos judicialmente reconocidos, así como a evitar la eventual desaparición de los medios de pago y a dejar gravitando sobre aquél el periculum morae».

3.-Las consecuencias de lo anterior parecen claras al menos en tres sentidos relevantes para lo que ahora nos ocupa:

- En primer lugar, la consignación para recurrir no permite su disposición por parte del que se muestra como su beneficiario, salvo en los supuestos de ejecución provisional de 289 y ss de la LRJS que, precisamente por su propia naturaleza, impone la devolución por el trabajador de lo percibido caso de revocación de la resolución recurrida. En este punto conviene recordar que el aseguramiento para recurrir del art. 230 de la LRJS, incluye también la posibilidad de constituir aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, lo cual pone de manifiesto, aun si cabe con mayor claridad, la naturaleza de la consignación y sus condicionamientos a los efectos que ahora nos ocupan.

- Por ello, no puede aplicarse el régimen de la consignación regulada en los arts. 1176 y ss del C.Cv, por cuanto la cantidad consignada no queda a disposición del juzgado para su entrega al que fuera ya acreedor en sentido propio y estricto sino, como se viene diciendo, con simples funciones de garantía del crédito en trámite de constitución.

- Por la misma causa, no puede atribuirse a dicha consignación los efectos del pago, que es la única situación que enervaría el devengo de intereses del art. 20 de la LCS que se generan, no se olvide, por la mora en la que incurre el asegurador, y hasta que no se produce el pago (o la reparación o reposición del objeto siniestrado, posibilidad que no interesa en este momento)

- Y, como corolario de todo lo dicho, es claro que la consignación de la cantidad objeto de condena para poder recurrir, no puede tener los efectos de la consignación de los arts. 1176 y ss del C.Cv. como medio alternativo y asimilado al pago ni, por tanto, puede situarse en su realización, el término final del devengo de los intereses del art. 20 de la LCS.

En definitiva, si la aseguradora ha optado por el debate judicial sobre la existencia de su deuda por entender que existe incertidumbre sobre dicho extremo, en lugar de proceder al abono de la correspondiente indemnización, deberá asumir las consecuencias naturales de su opción.

4.-Hecha esta primera observación, la siguiente cuestión a decidir se refiere al momento en que debe situarse el término final de los intereses considerados. En este punto y como ocurría en el anterior, no tenemos decido el debate por directa relación con los intereses del art. 20 de la LCS pero si, de nuevo, por lo que se refiere a los intereses procesales, con criterios que resultan igualmente aplicables al caso que ahora nos ocupa.

En efecto, existe una cierta continuidad terminológica al referir el término final del devengo de intereses procesales, bien al momento del «abono del principal o con su equivalente la consignación judicial», con la salvedad ya expresada de que no puede producir tal efecto «el aval bancario que se había constituido para recurrir», al ser distinta la consignación como medio extintivo de la obligación de la «consignación aseguratoria» de la condena como requisito para recurrir ( STS de 5 de mayo de 2014 -rec. 1680/2013-). Bien al momento en que la sentencia en cuestión «fuera totalmente ejecutada» ( SSTS sala 1ª de 27 de febrero de 1999 -rec. 2751/1994-, y esta misma sala en nuestra STS de 6 de octubre de 2000 -rec. 49/2000-)

Ahora bien, qué debe entenderse por "abono del principal" o "completa ejecución de la sentencia" no constituye un concepto inequívoco en su sentido y alcance, en cuanto no parece posible que pueda hacerse coincidir de manera directa y automática con el efectivo abono al que, tras la firmeza de la sentencia, se ha configurado ya de manera definitiva como acreedor de la cantidad que fue en su momento objeto de consignación para recurrir.

5.-Hemos abordado esta cuestión, de nuevo en relación con los intereses procesales (y para un supuesto en el que había existido una consignación para pago y no para recurrir a los efectos de la ya derogado art. 56.2 en la redacción dada por la Ley 45/2002) en nuestra STS de 11 de marzo de 2009 -rec. 886/2008-, en la que, para un caso en el que se discutía «si los intereses procesales debían calcularse hasta ese día de la consignación para pago o, por el contrario, hasta aquél en el que se hubiera hecho efectivo pago al acreedor de la cantidad consignada», llegamos a la conclusión de que no «era esta última la que había que tener en cuenta, sino que situaron el día final o día en que la sentencia se entendía "totalmente ejecutada" en el día en que la consignación de la cantidad adeudada para pago tuvo lugar», precisando luego:

«... esta interpretación tiene su sentido si se parte de la base de que cuando se habla de mora en cualquiera de sus acepciones se está partiendo de la existencia de un retraso en el pago imputable al acreedor, de conformidad con lo que puede deducirse de la regla general que al respecto se contiene en elart. 1101 del Código Civil. Ese retraso imputable al acreedor, determinante de la mora no podrá alcanzar más allá del momento en el que paga o consigna debidamente lo adeudado en la ejecutoria o desde que esa cantidad resulta disponible en la propia ejecutoria pues desde ese momento debe estimarse ejecutada la sentencia - el contenido de la sentencia - y por ello libre de responsabilidad el deudor conforme a la disposición expresa del art. 1176 del mismo Código en relación con la "mora civil". Lo contrario supondría atribuir al deudor un retraso a él no imputable, sino en su caso al Juzgado u otras circunstancias ajenas a la voluntad del condenado a pagar la deuda, incluída la posible demora del acreedor en reclamar el abono de aquellas cantidades cuando desde el momento en que el Juzgado tiene a su disposición el montante económico de lo adeudado el acreedor tiene derecho a reclamar el pago de la cantidad adeudada».

6.-El caso que ahora nos sirve de precedente, presentaba indudables similitudes con el ahora considerado, en cuanto en aquel, la consignación «efectuada en un primer momento para enervar el pago de los salarios de tramitación», sirvió luego «como consignación cautelar para poder recurrir la empresa la sentencia de instancia, y al final, una vez firme la sentencia de suplicación sirvió para efectuar el pago», pasando por tanto la cantidad a cumplir la misma función de presupuesto para recurrir y garantía a tal efecto, que en el supuesto que ahora valoramos.

Y, por ello, la solución debe ser ahora la misma. En efecto, el "abono del principal" o la "completa ejecución de la sentencia", son conceptos que deben entenderse referidos al momento en que se libera la cantidad consignada para recurrir tras adquirir firmeza la sentencia recurrida, y por lo tanto quien se ha constituido ya como acreedor de manera definitiva tiene la plena disponibilidad de dicha cantidad, cuyo abono depende ya solo de su propia actividad e iniciativa.

Somos conscientes de que, aun estando ya disponible la tan citada cantidad para el acreedor, puede existir una cierta demora debida tanto al propio interesado, como a la actuación del órgano judicial. Pero tal potencia situación no se debería ya a la mora del deudor, sino a circunstancias ajenas a su voluntad, sin que en tales condiciones pudiera imputarse a dicho deudor las consecuencias del retraso.

7.-En fin, la conclusión de cuanto se lleva dicho, es que cuando existe una consignación para recurrir de la cantidad inicialmente objeto de condena, los intereses del art. 20 de la LCS se devengan hasta el momento en que adquiere firmeza la sentencia recurrida, de forma tal que aquella cantidad queda ya disponible para el acreedor, que puede instar lo necesario para su entrega.

QUINTO.-En consecuencia, la doctrina correcta se encuentra en la sentencia de contraste en la que, como ya vimos, llegó precisamente a tal solución, con la salvedad de limitar también el devengo de los intereses en cuestión en relación con la parte de la cantidad consignada que fue entregada en el seno de la ejecución provisional, cuestión que no alcanza por obvias razones al presente pronunciamiento pero que, de acuerdo con nuestros precedentes criterios, se muestra igualmente ajustada a derecho.

Por ello, y tal como tiene interesado el Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso de casación unificadora presentado, anulando la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, estimar el de tal tipo para declarar que, en efecto y como se lleva dicho, los intereses del art. 20 de la LCS deben liquidarse hasta el momento en que adquirió firmeza la sentencia que luego se convirtió en título ejecutivo.

Sin declaración en cuanto a las costas a tenor del art. 235.1 de la LRJS.

PRIMERO.- 1.-La cuestión que ahora se somete a nuestra consideración, consiste en determinar el dies ad quem(día final) del devengo de los intereses del 20% a los que se refiere el art. 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y, en particular, si los mismos se generan hasta la fecha de la consignación realizada por la compañía aseguradora en cumplimiento del art. 230.1 de la LRJS, como requisito para alzarse en suplicación, o bien hasta la firmeza de la sentencia recurrida, o hasta el efectivo abono del principal al acreedor, una vez firme la resolución judicial que ha sido recurrida y con respecto a la cual se ha producido la indicada consignación.

2.-En el caso de la sentencia recurrida, y tal como se deriva de las actuaciones, el interesado presento demanda en reclamación de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, que resultó estimada en parte mediante sentencia de 17 de diciembre de 2013 que condenó solidariamente a la empresa y a la aseguradora al abono de la cantidad de 76.573,03 €, y a la aseguradora al abono de un interés por mora del 20% anual desde la fecha del acto de conciliación.

Presentados contra la anterior sendos recursos de suplicación, los mismos fueron resueltos por sentencia de TSJ de Andalucía/Sevilla de 21 e febrero de 2018, que revocó en parte la resolución de instancia para fijar la cantidad en concepto de indemnización en 10.7651,98 €, de cuyo pago respondía la empresa empleadora, y la aseguradora de manera solidaria hasta el límite de 90.151,82 €, debiendo esta última abonar igualmente el interés por mora del 20% anual desde la fecha del acto de conciliación.

Despachada ejecución y previa la celebración de la oportuna comparecencia, mediante auto del competente juzgado de lo social de 12 de enero de 2022 se estimó en parte la oposición de la compañía aseguradora, fijando a tal efecto la cantidad por principal y, por lo que ahora interesa, la de 2.762,73 € de intereses y costas, computando intereses al 20% desde la fecha de la conciliación, el 10 de enero de 2011, hasta el de la consignación el 7 de febrero de 2014. Presentado recurso de reposición, el mismo fue desestimado por el posterior auto de 10 de febrero de 2022.

3.-Contra la decisión del juzgado de instancia se presentó recurso de suplicación, que fue desestimado mediante sentencia del TSJ de Andalucía/Sevilla de 31 de octubre de 2024 -rec. 3478/2022-, que confirmó el criterio de instancia por entender, en lo sustancial, que «la consignación efectuada al amparo de lo establecido en el articulo 230.1 LRJS determina la fecha final de devengo de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Así, en efecto, aun cuando la consignación de la cantidad objeto de condena es un requisito indispensable que se ha de acreditar al anunciar el recurso de suplicación, dicha consignación, en cuanto constituye una garantía de pago de la cantidad objeto de la condena, produce, desde que se efectúa, los efectos del pago, por lo que tiene una cualidad enervatoria de los intereses».

4.-Frente a esta última resolución del TSJ andaluz, se ha presentado, a su vez, recurso de casación para unificación de doctrina por el demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la STSJ de Baleares de 15 de noviembre de 2021 -rec. 256/2021-; como núcleo de contradicción si los intereses del art. 20 de la LCS se devengan hasta la consignación realizada para recurrir, o hasta la firmeza de la sentencia que se recurre; y como normativa infringida los arts. 1.176 y ss del C.Cv.

5.-En la referenciada sentencia de contraste, se valoraba un caso en el que el juzgado de lo social nº 1 de Ibiza había dictado sentencia de 22 de marzo de 2019 por la que, en relación con lo que ahora interesa, se condenaba a la compañía aseguradora al abono de 28.000 € más los intereses del art. 20 de la LCS. Dicha resolución fue confirmada por la posterior sentencia del TSJ de Baleares de 3 de diciembre de 2019.

Resulta relevante hacer notar que el importe de la indicada indemnización se consignó por la aseguradora el 4 de abril de 2019 como requisito para presentar recurso de suplicación. Y que de dicha cantidad se abonó al demandante la cantidad de 14.000 € el 10 de julio de 2019 en el seno de una ejecución provisional, y los otros 14.000 € el 18 de febrero de 2020, una vez firme la sentencia de instancia.

Despachada ejecución, se dictó auto de 4 de marzo de 2020 fijando en 5.243,28 € la cuantía de los intereses moratorios. Presentado recurso de reposición este se estimó parcialmente, dictándose nuevo auto cuya fecha no consta, en el que se fijaba la cantidad a ejecutar en concepto de intereses del art. 20 de la LCS en 2.416,44 € .

6.-Es contra esta decisión del juzgado de instancia que se presentó recurso de suplicación resuelto por la sentencia de contraste ya reseñada, que estimó el mismo y revocó la resolución combatida fijando la cantidad objeto de ejecución por intereses en 5243,28 €.

A tal efecto, la Sala balear concluyó que los intereses del art. 20 de la LCS se devengaron, de un lado, hasta la entrega de la primera cantidad de 14.000 € en sede de ejecución provisional y, de otro, hasta el pago completo después de adquirir firmeza la sentencia recurrida. Entendía a tal efecto que «el artículo 230 LRJS no constituye una forma de pago de la obligación sino un simple aseguramiento o garantía de pago de las cantidades objeto de condena como requisito para recurrir», de manera que no se trata de «un ofrecimiento de pago, ni ante la puesta a disposición del acreedor de la cantidad adeuda».

7.-El descrito recurso de casación unificadora ha sido impugnado por la compañía aseguradora que, tras plantear dos reparos formales, ha negado la existencia de contradicción, para luego afirmar la falta de fundamentación y motivación de la infracción legal cometida del recurso considerado.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha presentado informe en el que considera que la buena doctrina se contiene en la sentencia de contraste, interesando por ello la estimación de la casación presentada.

SEGUNDO.- 1.-Nos corresponde ahora determinar si concurre la contradicción exigida por el art. 219.1 de la LRJS (en la redacción anterior a la modificación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuestión, por lo demás, irrelevante en el caso) para fundar la casación unificadora que ahora resolvemos.

Debemos recordar en este punto la constante doctrina de este tribunal, en el sentido la contradicción exigida precisa que las sentencias comparadas contengan pronunciamientos distintos sobre la misma cuestión, esto es, que se hayan generado respuestas judiciales diversas ante debates o controversias sustancialmente iguales. Por otro lado, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado que, se hubieran alcanzado decisiones contradictorias entre sí «respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación», y «en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales».

Conviene también recordar que, como regla general, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo casos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado.

Y, finalmente, que si bien la labor valorativa para apreciar la existencia de contradicción «comporta un previo juicio de valor abstracto acerca de la cuestión debatida, hay supuestos en los que la determinación acerca de la igualdad o desigualdad de los presupuestos fácticos requiere simultánea definición sobre el fondo de la cuestión debatida, porque la diversidad o identidad sustancial únicamente se alcanza a determinar si se pone en relación directa con la norma a aplicar, con necesidad de expresar de manera frontal la interpretación que se atribuye a la disposición -legal o convencional-de que se trata» ( SSTS 367/2019 de 14 de mayo -rec. 3957/2016 y 646/2022 de 12 de julio -rec. 1367/2019-, entre otras).

2.El caso que ahora se decide la comparación entre las sentencias valoradas pone de manifiesto la existencia de una patente contradicción. En efecto:

-En ambos casos se trata de supuestos en los que las respectivas compañías aseguradoras consignaron en su día las cantidades a cuyo pago fueron condenadas, como presupuesto necesario a la vista del art. 230.1 de la LRJS para poder recurrir en suplicación las previas resoluciones judiciales con las que no estaban conformes.

-En ambos casos se despachó luego ejecución y se liquidaron los correspondientes intereses, referidos al art. 20 de la LCS al afectar a sendas compañías aseguradoras.

-Pero, mientras en el caso de la sentencia recurrida se entendía que el dies ad quemdebía fijarse en el momento en el que se había producido aquella consignación, la sentencia de contraste afirmaba por el contrario que el devengo de intereses solo cesaba al momento del efectivo abono del principal consignado.

Al margen de esta primaria constatación, es cierto que entre ambas resoluciones comparadas pudieran existir potencialmente dos diferencias.

3.-La primera de ellas se refiere a la forma en la que cada una de las sentencias comparadas describe el debate planteado, en cuanto en el caso de la sentencia recurrida la alternativa sobre la fecha en que cesaba el devengo de intereses, tal como se planteaba por la parte recurrente en suplicación, se producía entre la fecha de la consignación y la de firmeza de la sentencia recurrida; mientras que en el caso de la de contraste, el término de comparación no se refiere de manera expresa a la fecha de la firmeza de la sentencia recurrida, sino que se dice que la obligación de pago de intereses solo cesa «con el pago o puesta a disposición de las cantidades objeto de condena».

Como puede observarse, esta eventual diferencia parece referirse más bien a una cierta imprecisión o insuficiencia de las proposiciones lingüísticas utilizadas que, en todo caso, no impide la apreciación de la necesaria contradicción, y ello por dos causas.

De un lado porque, aunque se considerara que ambas resoluciones se están refiriendo a momentos distintos para poner fin al devengo de los intereses considerados lo cual, como se acaba de decir, es dudoso, lo cierto es que nos encontraríamos ante una contradicción a fortiori,ya que la sentencia de comparación habría ido "más allá" que la recurrida, en cuanto estaba situando el término del devengo de intereses en un momento posterior al de la combatida. En este punto conviene señalar que, si bien la contradicción a fortioriexige en su formulación más básica y primaria que las afirmaciones fácticas de la sentencia de contraste sean de inferior apoyo para la pretensión, este mismo Tribunal ha apreciado el indicado tipo de contradicción en supuestos en los que no había, como es el caso, una diferencia apreciable entre los hechos considerados, sino más bien en el debate tal como se planteaba y las razones para decidir en cada caso (entre otras, SSTS de 20 de diciembre de 2001 -rec. 1661/2001- o 22 de septiembre de 2006 -rec. 1289/2005-).

Por lo demás, resulta igualmente claro que la sentencia recurrida no ha tenido oportunidad de concretar el momento en el que cesaría el devengo de los intereses considerados más allá del momento de consignación, precisamente porque ha concluido que este último es el término final de su generación.

Y, de otro lado porque, en todo caso, y como hemos señalado, entre otras, en nuestras SSTS 577/2022 de 23 de junio -rec. 1014/2021- o 1015/2024 de 11 de julio -rec. 3671/2021-, con cita de nuestros propios precedentes:

Este Tribunal «limitarse a examinar las infracciones legales denunciadas, siendo imposible extender la decisión a la eventual corrección de las no invocadas, al tratarse de un recurso extraordinario. Este Tribunal no puede, de oficio, sustituir al recurrente en la fundamentación de las causas de impugnación de la sentencia recurrida. Pero cuando no coincidamos exactamente con la tesis mantenida en las sentencias contrastadas, es posible que apliquemos la doctrina correcta, pues "superado el requisito de la contradicción, es evidente que esta Sala no queda obligada a aceptar una de las dos doctrinas formuladas por las sentencias comparadas", sino que "debe pronunciarse sobre la solución más ajustada a Derecho para el caso controvertido, que [...] establezca como doctrina unificada".

Esta interpretación del papel que nos corresponde al resolver el recurso de casación unificadora ha sido considerada correcta por el Tribunal Constitucional, al destacar que tal proceder en manera alguna supone incongruencia, dada la naturaleza peculiar del recurso de casación para la unificación de doctrina. "Resulta claro que el Tribunal Supremo no tiene la carga de tener que optar por una de las dos opciones contrarias, pudiendo recrear una doctrina propia totalmente diferente de las mantenidas por los Tribunales inferiores", siempre que resuelva "el debate planteado en suplicación" ( STC 172/1994, de 7/Junio, FJ 3)».

Esto es, nada impide que, en aras a resolver la evidente discrepancia entre las resoluciones comparadas, este Tribunal despeje cualquier duda relativa al alcance de la doctrina que se considere correcta, dotándola por ello de pleno sentido en aras a su efectividad.

4.-La segunda diferencia, esta sí materialmente real y no relacionada con ambigüedades lingüísticas, se refiere al hecho de que en la sentencia de contradicción se hubiera producido una ejecución provisional en cuya virtud se procedió a abonar al interesado la mitad de la cantidad consignada como principal por la compañía aseguradora, circunstancia que no se da en la sentencia recurrida.

Aquí volvemos a situarnos en el ámbito de la contradicción a fortiori,si bien en su sentido más ortodoxo, ya que si se entiende que el devengo de intereses debe extenderse hasta un último momento posterior a la consignación (ya veremos cuál, en su caso), entonces con mayor motivo deberá fijarse o más bien convalidarse si existen causas de interrupción del devengo previas al último momento posible.

En definitiva, nada impide la decisión del recurso formalizado, al concurrir una sustancial discrepancia entre las soluciones adoptadas, obviándose con ello la observación contenida sobre este extremo en el escrito de impugnación de la aseguradora.

TERCERO.- 1.-Antes de la decisión propiamente dicha del recurso planteado, debemos aludir todavía a dos reparos planteados igualmente en el escrito de impugnación de la aseguradora.

2.-En el primero de ellos la parte impugnante recrimina a la recurrente que no hubiera solicitado en su momento la reforma de hechos probados para incluir una mención a que la consignación realizada en su día se produjo en cumplimiento del art. 230 de la LRJS, de donde deriva la impugnante que «las cantidades se entregaron tanto para recurrir como para pagar».

No realizaremos en este punto mayores desarrollos, por ser innecesarios. En efecto, que la consignación en cuestión se produjo en cumplimiento del art. 230 de la LRJS es un hecho incontrovertido, y expresamente afirmado en la sentencia recurrida, tanto por referencia a las alegaciones de las partes, como al desarrollar sus argumentos («... en efecto, aun cuando la consignación de la cantidad objeto de condena es un requisito indispensable que se ha de acreditar al anunciar el recurso de suplicación... »).

En tales condiciones, intentar en esta alzada y ante este Tribunal, cuestionar la naturaleza de la consignación realizada en su día por la aseguradora, no solo rebasa las posibilidades técnicas permitidas en un escrito de impugnación, sino que coloca a la parte impugnante en los límites de la buena fe procesal.

3.-En segundo lugar, se dice igualmente que la parte recurrente ha introducido en esta sede casacional «nuevos planteamientos respecto de la demanda de ejecución y de lo que fue objeto de discusión en el procedimiento y vista de oposición a la ejecución».

Tampoco parece necesario realizar mayores consideraciones sobre esta afirmación, en cuanto de las actuaciones se deriva con toda claridad y de manera contundente, que lo debatido a lo largo de toda la fase ejecutiva, y tal como se hacía constar en las sucesivas resoluciones dictadas hasta llegar a este momento procesal ( autos del juzgado de lo social de 12 de enero de 2022 y de 10 de febrero de 2022 así como sentencia del TSJ de 31 de octubre de 2024), si el devengo de intereses del art. 20 de la LCS debía extenderse hasta el momento de la consignación del art. 230 de la LRJS, o hasta el posterior momento de la firmeza de la resolución recurrida, o el pago del principal.

Frente a esta evidencia, la alusión a las pretendidas alegaciones o liquidaciones de la parte ejecutante en ciertos momentos procesales, con transcripción de partes seleccionadas de pretendidos escritos de la contraparte, merecen iguales consideraciones que las ya realizadas en el anterior apartado sobre los límites de la impugnación.

CUARTO.- 1.-En el único motivo del recurso que ahora resolvemos, se invoca de manera expresa la infracción de los arts. 1176 y ss del CCv, aunque de la previa consideración de la contradicción concurrente, el recurso se refiere igualmente a los arts. 20 de la LCS y 230.1 de la LRJS, siendo en todo caso reconocible la discrepancia jurídica planteada, por lo que también en este punto ceden los reparos contenidos, de nuevo, en el escrito de impugnación.

Lo que ahora interesa hacer notar es que, como ya tenemos enunciado, lo discutido en el caso es el momento hasta el cual se devengan los intereses del art. 20 de la LCS, cuando media una consignación a los efectos de acceder al recurso de suplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 230.1 de la LRJS.

Para resolver esta cuestión debemos incidir sobre dos aspectos conceptualmente diferenciados.

2.-En primer lugar, procede dilucidar la naturaleza de la consignación exigida por el art. 230.1 del texto procesal que, como es bien sabido, se configura como un presupuesto imprescindible para poder recurrir en suplicación o casación.

Conviene advertir que, si bien no hemos decidido hasta el momento este aspecto en relación con el devengo de los intereses del art. 20 de la LCS, sí lo hemos hecho por lo que respecta a la generación de los intereses procesales del art. 576 de la LECv. En efecto, como dijimos, entre otras, en nuestra STS 1147/2024 de 17 de septiembre de 2024 -rec 4041/2023-:

«Se puede plantear en estos casos la duda acerca de si la consignación del importe de la condena impide la entrada en juego de la previsión contenida en el art. 576 de la LEC y, en consecuencia, del devengo de intereses de la cantidad objeto de condena en la sentencia recurrida durante la tramitación del recurso. La respuesta es negativa ya que el fundamento de ambas instituciones es distinto (aunque coincida en ellas la finalidad añadida de disuadir de la interposición de recursos meramente dilatorios). La necesidad de efectuar consignaciones para recurrir trata fundamentalmente de asegurar la futura ejecución de la sentencia, de evitar el "periculum in mora", es decir, el riesgo de que durante la sustanciación del recurso el demandado se coloque en situación de insolvencia, de tal modo que impida la futura ejecución; por el contrario, el devengo de intereses procesales tiene, como se ha dicho, un fundamento primordialmente indemnizatorio, tratando de resarcir al acreedor los perjuicios derivados de la demora en el cumplimiento de la obligación del deudor al pago de cantidades líquidas objeto de condena en la sentencia recurrida, posteriormente confirmada».

Pues bien, aunque se trate de diferentes tipos de intereses, no objetivamos razón alguna que permita o aconseje un cambio de criterio para el supuesto que ahora nos ocupa, ya que la naturaleza de la consignación para recurrir se proyecta de igual modo sobre la dinámica de los dos tipos de intereses. En efecto, la del art. 230.1 de la LRJS es una consignación con funciones de garantía, de forma tal que se preserve el derecho del que ya tiene una sentencia en su favor, pendiente de revisión, propiciando con ello la seriedad del recurso devolutivo presentado, a la vez que se preserva el crédito que, aun provisionalmente y de manera no perfecta, ostenta el demandante.

Esto es, como ya dijo la STC 109/1983 de 29 de noviembre, y recordábamos en nuestra STS de 5 de mayo de 2014 -rec. 1680/2013, con la consignación para recurrir del art. 230 de la LRJS:

«... se trata de proteger al trabajador, parte más débil de la relación de trabajo, no disminuyendo su tutela y derecho al percibo de lo debido, con el fácil acceso a recursos dilatorios de la contraparte, más aún cuando la consignación es una medida cautelar que, procurando el equilibrio de intereses contrapuestos, cumple las funciones protegibles y legítimas de garantizar la ejecución de la sentencia de condena en favor del trabajador, y a evitar presiones sobre éste que por su situación de necesidad le conduzcan a renunciar derechos judicialmente reconocidos, así como a evitar la eventual desaparición de los medios de pago y a dejar gravitando sobre aquél el periculum morae».

3.-Las consecuencias de lo anterior parecen claras al menos en tres sentidos relevantes para lo que ahora nos ocupa:

- En primer lugar, la consignación para recurrir no permite su disposición por parte del que se muestra como su beneficiario, salvo en los supuestos de ejecución provisional de 289 y ss de la LRJS que, precisamente por su propia naturaleza, impone la devolución por el trabajador de lo percibido caso de revocación de la resolución recurrida. En este punto conviene recordar que el aseguramiento para recurrir del art. 230 de la LRJS, incluye también la posibilidad de constituir aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, lo cual pone de manifiesto, aun si cabe con mayor claridad, la naturaleza de la consignación y sus condicionamientos a los efectos que ahora nos ocupan.

- Por ello, no puede aplicarse el régimen de la consignación regulada en los arts. 1176 y ss del C.Cv, por cuanto la cantidad consignada no queda a disposición del juzgado para su entrega al que fuera ya acreedor en sentido propio y estricto sino, como se viene diciendo, con simples funciones de garantía del crédito en trámite de constitución.

- Por la misma causa, no puede atribuirse a dicha consignación los efectos del pago, que es la única situación que enervaría el devengo de intereses del art. 20 de la LCS que se generan, no se olvide, por la mora en la que incurre el asegurador, y hasta que no se produce el pago (o la reparación o reposición del objeto siniestrado, posibilidad que no interesa en este momento)

- Y, como corolario de todo lo dicho, es claro que la consignación de la cantidad objeto de condena para poder recurrir, no puede tener los efectos de la consignación de los arts. 1176 y ss del C.Cv. como medio alternativo y asimilado al pago ni, por tanto, puede situarse en su realización, el término final del devengo de los intereses del art. 20 de la LCS.

En definitiva, si la aseguradora ha optado por el debate judicial sobre la existencia de su deuda por entender que existe incertidumbre sobre dicho extremo, en lugar de proceder al abono de la correspondiente indemnización, deberá asumir las consecuencias naturales de su opción.

4.-Hecha esta primera observación, la siguiente cuestión a decidir se refiere al momento en que debe situarse el término final de los intereses considerados. En este punto y como ocurría en el anterior, no tenemos decido el debate por directa relación con los intereses del art. 20 de la LCS pero si, de nuevo, por lo que se refiere a los intereses procesales, con criterios que resultan igualmente aplicables al caso que ahora nos ocupa.

En efecto, existe una cierta continuidad terminológica al referir el término final del devengo de intereses procesales, bien al momento del «abono del principal o con su equivalente la consignación judicial», con la salvedad ya expresada de que no puede producir tal efecto «el aval bancario que se había constituido para recurrir», al ser distinta la consignación como medio extintivo de la obligación de la «consignación aseguratoria» de la condena como requisito para recurrir ( STS de 5 de mayo de 2014 -rec. 1680/2013-). Bien al momento en que la sentencia en cuestión «fuera totalmente ejecutada» ( SSTS sala 1ª de 27 de febrero de 1999 -rec. 2751/1994-, y esta misma sala en nuestra STS de 6 de octubre de 2000 -rec. 49/2000-)

Ahora bien, qué debe entenderse por "abono del principal" o "completa ejecución de la sentencia" no constituye un concepto inequívoco en su sentido y alcance, en cuanto no parece posible que pueda hacerse coincidir de manera directa y automática con el efectivo abono al que, tras la firmeza de la sentencia, se ha configurado ya de manera definitiva como acreedor de la cantidad que fue en su momento objeto de consignación para recurrir.

5.-Hemos abordado esta cuestión, de nuevo en relación con los intereses procesales (y para un supuesto en el que había existido una consignación para pago y no para recurrir a los efectos de la ya derogado art. 56.2 en la redacción dada por la Ley 45/2002) en nuestra STS de 11 de marzo de 2009 -rec. 886/2008-, en la que, para un caso en el que se discutía «si los intereses procesales debían calcularse hasta ese día de la consignación para pago o, por el contrario, hasta aquél en el que se hubiera hecho efectivo pago al acreedor de la cantidad consignada», llegamos a la conclusión de que no «era esta última la que había que tener en cuenta, sino que situaron el día final o día en que la sentencia se entendía "totalmente ejecutada" en el día en que la consignación de la cantidad adeudada para pago tuvo lugar», precisando luego:

«... esta interpretación tiene su sentido si se parte de la base de que cuando se habla de mora en cualquiera de sus acepciones se está partiendo de la existencia de un retraso en el pago imputable al acreedor, de conformidad con lo que puede deducirse de la regla general que al respecto se contiene en elart. 1101 del Código Civil. Ese retraso imputable al acreedor, determinante de la mora no podrá alcanzar más allá del momento en el que paga o consigna debidamente lo adeudado en la ejecutoria o desde que esa cantidad resulta disponible en la propia ejecutoria pues desde ese momento debe estimarse ejecutada la sentencia - el contenido de la sentencia - y por ello libre de responsabilidad el deudor conforme a la disposición expresa del art. 1176 del mismo Código en relación con la "mora civil". Lo contrario supondría atribuir al deudor un retraso a él no imputable, sino en su caso al Juzgado u otras circunstancias ajenas a la voluntad del condenado a pagar la deuda, incluída la posible demora del acreedor en reclamar el abono de aquellas cantidades cuando desde el momento en que el Juzgado tiene a su disposición el montante económico de lo adeudado el acreedor tiene derecho a reclamar el pago de la cantidad adeudada».

6.-El caso que ahora nos sirve de precedente, presentaba indudables similitudes con el ahora considerado, en cuanto en aquel, la consignación «efectuada en un primer momento para enervar el pago de los salarios de tramitación», sirvió luego «como consignación cautelar para poder recurrir la empresa la sentencia de instancia, y al final, una vez firme la sentencia de suplicación sirvió para efectuar el pago», pasando por tanto la cantidad a cumplir la misma función de presupuesto para recurrir y garantía a tal efecto, que en el supuesto que ahora valoramos.

Y, por ello, la solución debe ser ahora la misma. En efecto, el "abono del principal" o la "completa ejecución de la sentencia", son conceptos que deben entenderse referidos al momento en que se libera la cantidad consignada para recurrir tras adquirir firmeza la sentencia recurrida, y por lo tanto quien se ha constituido ya como acreedor de manera definitiva tiene la plena disponibilidad de dicha cantidad, cuyo abono depende ya solo de su propia actividad e iniciativa.

Somos conscientes de que, aun estando ya disponible la tan citada cantidad para el acreedor, puede existir una cierta demora debida tanto al propio interesado, como a la actuación del órgano judicial. Pero tal potencia situación no se debería ya a la mora del deudor, sino a circunstancias ajenas a su voluntad, sin que en tales condiciones pudiera imputarse a dicho deudor las consecuencias del retraso.

7.-En fin, la conclusión de cuanto se lleva dicho, es que cuando existe una consignación para recurrir de la cantidad inicialmente objeto de condena, los intereses del art. 20 de la LCS se devengan hasta el momento en que adquiere firmeza la sentencia recurrida, de forma tal que aquella cantidad queda ya disponible para el acreedor, que puede instar lo necesario para su entrega.

QUINTO.-En consecuencia, la doctrina correcta se encuentra en la sentencia de contraste en la que, como ya vimos, llegó precisamente a tal solución, con la salvedad de limitar también el devengo de los intereses en cuestión en relación con la parte de la cantidad consignada que fue entregada en el seno de la ejecución provisional, cuestión que no alcanza por obvias razones al presente pronunciamiento pero que, de acuerdo con nuestros precedentes criterios, se muestra igualmente ajustada a derecho.

Por ello, y tal como tiene interesado el Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso de casación unificadora presentado, anulando la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, estimar el de tal tipo para declarar que, en efecto y como se lleva dicho, los intereses del art. 20 de la LCS deben liquidarse hasta el momento en que adquirió firmeza la sentencia que luego se convirtió en título ejecutivo.

Sin declaración en cuanto a las costas a tenor del art. 235.1 de la LRJS.

PRIMERO.- 1.-La cuestión que ahora se somete a nuestra consideración, consiste en determinar el dies ad quem(día final) del devengo de los intereses del 20% a los que se refiere el art. 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y, en particular, si los mismos se generan hasta la fecha de la consignación realizada por la compañía aseguradora en cumplimiento del art. 230.1 de la LRJS, como requisito para alzarse en suplicación, o bien hasta la firmeza de la sentencia recurrida, o hasta el efectivo abono del principal al acreedor, una vez firme la resolución judicial que ha sido recurrida y con respecto a la cual se ha producido la indicada consignación.

2.-En el caso de la sentencia recurrida, y tal como se deriva de las actuaciones, el interesado presento demanda en reclamación de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, que resultó estimada en parte mediante sentencia de 17 de diciembre de 2013 que condenó solidariamente a la empresa y a la aseguradora al abono de la cantidad de 76.573,03 €, y a la aseguradora al abono de un interés por mora del 20% anual desde la fecha del acto de conciliación.

Presentados contra la anterior sendos recursos de suplicación, los mismos fueron resueltos por sentencia de TSJ de Andalucía/Sevilla de 21 e febrero de 2018, que revocó en parte la resolución de instancia para fijar la cantidad en concepto de indemnización en 10.7651,98 €, de cuyo pago respondía la empresa empleadora, y la aseguradora de manera solidaria hasta el límite de 90.151,82 €, debiendo esta última abonar igualmente el interés por mora del 20% anual desde la fecha del acto de conciliación.

Despachada ejecución y previa la celebración de la oportuna comparecencia, mediante auto del competente juzgado de lo social de 12 de enero de 2022 se estimó en parte la oposición de la compañía aseguradora, fijando a tal efecto la cantidad por principal y, por lo que ahora interesa, la de 2.762,73 € de intereses y costas, computando intereses al 20% desde la fecha de la conciliación, el 10 de enero de 2011, hasta el de la consignación el 7 de febrero de 2014. Presentado recurso de reposición, el mismo fue desestimado por el posterior auto de 10 de febrero de 2022.

3.-Contra la decisión del juzgado de instancia se presentó recurso de suplicación, que fue desestimado mediante sentencia del TSJ de Andalucía/Sevilla de 31 de octubre de 2024 -rec. 3478/2022-, que confirmó el criterio de instancia por entender, en lo sustancial, que «la consignación efectuada al amparo de lo establecido en el articulo 230.1 LRJS determina la fecha final de devengo de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Así, en efecto, aun cuando la consignación de la cantidad objeto de condena es un requisito indispensable que se ha de acreditar al anunciar el recurso de suplicación, dicha consignación, en cuanto constituye una garantía de pago de la cantidad objeto de la condena, produce, desde que se efectúa, los efectos del pago, por lo que tiene una cualidad enervatoria de los intereses».

4.-Frente a esta última resolución del TSJ andaluz, se ha presentado, a su vez, recurso de casación para unificación de doctrina por el demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la STSJ de Baleares de 15 de noviembre de 2021 -rec. 256/2021-; como núcleo de contradicción si los intereses del art. 20 de la LCS se devengan hasta la consignación realizada para recurrir, o hasta la firmeza de la sentencia que se recurre; y como normativa infringida los arts. 1.176 y ss del C.Cv.

5.-En la referenciada sentencia de contraste, se valoraba un caso en el que el juzgado de lo social nº 1 de Ibiza había dictado sentencia de 22 de marzo de 2019 por la que, en relación con lo que ahora interesa, se condenaba a la compañía aseguradora al abono de 28.000 € más los intereses del art. 20 de la LCS. Dicha resolución fue confirmada por la posterior sentencia del TSJ de Baleares de 3 de diciembre de 2019.

Resulta relevante hacer notar que el importe de la indicada indemnización se consignó por la aseguradora el 4 de abril de 2019 como requisito para presentar recurso de suplicación. Y que de dicha cantidad se abonó al demandante la cantidad de 14.000 € el 10 de julio de 2019 en el seno de una ejecución provisional, y los otros 14.000 € el 18 de febrero de 2020, una vez firme la sentencia de instancia.

Despachada ejecución, se dictó auto de 4 de marzo de 2020 fijando en 5.243,28 € la cuantía de los intereses moratorios. Presentado recurso de reposición este se estimó parcialmente, dictándose nuevo auto cuya fecha no consta, en el que se fijaba la cantidad a ejecutar en concepto de intereses del art. 20 de la LCS en 2.416,44 € .

6.-Es contra esta decisión del juzgado de instancia que se presentó recurso de suplicación resuelto por la sentencia de contraste ya reseñada, que estimó el mismo y revocó la resolución combatida fijando la cantidad objeto de ejecución por intereses en 5243,28 €.

A tal efecto, la Sala balear concluyó que los intereses del art. 20 de la LCS se devengaron, de un lado, hasta la entrega de la primera cantidad de 14.000 € en sede de ejecución provisional y, de otro, hasta el pago completo después de adquirir firmeza la sentencia recurrida. Entendía a tal efecto que «el artículo 230 LRJS no constituye una forma de pago de la obligación sino un simple aseguramiento o garantía de pago de las cantidades objeto de condena como requisito para recurrir», de manera que no se trata de «un ofrecimiento de pago, ni ante la puesta a disposición del acreedor de la cantidad adeuda».

7.-El descrito recurso de casación unificadora ha sido impugnado por la compañía aseguradora que, tras plantear dos reparos formales, ha negado la existencia de contradicción, para luego afirmar la falta de fundamentación y motivación de la infracción legal cometida del recurso considerado.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha presentado informe en el que considera que la buena doctrina se contiene en la sentencia de contraste, interesando por ello la estimación de la casación presentada.

SEGUNDO.- 1.-Nos corresponde ahora determinar si concurre la contradicción exigida por el art. 219.1 de la LRJS (en la redacción anterior a la modificación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuestión, por lo demás, irrelevante en el caso) para fundar la casación unificadora que ahora resolvemos.

Debemos recordar en este punto la constante doctrina de este tribunal, en el sentido la contradicción exigida precisa que las sentencias comparadas contengan pronunciamientos distintos sobre la misma cuestión, esto es, que se hayan generado respuestas judiciales diversas ante debates o controversias sustancialmente iguales. Por otro lado, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado que, se hubieran alcanzado decisiones contradictorias entre sí «respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación», y «en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales».

Conviene también recordar que, como regla general, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo casos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado.

Y, finalmente, que si bien la labor valorativa para apreciar la existencia de contradicción «comporta un previo juicio de valor abstracto acerca de la cuestión debatida, hay supuestos en los que la determinación acerca de la igualdad o desigualdad de los presupuestos fácticos requiere simultánea definición sobre el fondo de la cuestión debatida, porque la diversidad o identidad sustancial únicamente se alcanza a determinar si se pone en relación directa con la norma a aplicar, con necesidad de expresar de manera frontal la interpretación que se atribuye a la disposición -legal o convencional-de que se trata» ( SSTS 367/2019 de 14 de mayo -rec. 3957/2016 y 646/2022 de 12 de julio -rec. 1367/2019-, entre otras).

2.El caso que ahora se decide la comparación entre las sentencias valoradas pone de manifiesto la existencia de una patente contradicción. En efecto:

-En ambos casos se trata de supuestos en los que las respectivas compañías aseguradoras consignaron en su día las cantidades a cuyo pago fueron condenadas, como presupuesto necesario a la vista del art. 230.1 de la LRJS para poder recurrir en suplicación las previas resoluciones judiciales con las que no estaban conformes.

-En ambos casos se despachó luego ejecución y se liquidaron los correspondientes intereses, referidos al art. 20 de la LCS al afectar a sendas compañías aseguradoras.

-Pero, mientras en el caso de la sentencia recurrida se entendía que el dies ad quemdebía fijarse en el momento en el que se había producido aquella consignación, la sentencia de contraste afirmaba por el contrario que el devengo de intereses solo cesaba al momento del efectivo abono del principal consignado.

Al margen de esta primaria constatación, es cierto que entre ambas resoluciones comparadas pudieran existir potencialmente dos diferencias.

3.-La primera de ellas se refiere a la forma en la que cada una de las sentencias comparadas describe el debate planteado, en cuanto en el caso de la sentencia recurrida la alternativa sobre la fecha en que cesaba el devengo de intereses, tal como se planteaba por la parte recurrente en suplicación, se producía entre la fecha de la consignación y la de firmeza de la sentencia recurrida; mientras que en el caso de la de contraste, el término de comparación no se refiere de manera expresa a la fecha de la firmeza de la sentencia recurrida, sino que se dice que la obligación de pago de intereses solo cesa «con el pago o puesta a disposición de las cantidades objeto de condena».

Como puede observarse, esta eventual diferencia parece referirse más bien a una cierta imprecisión o insuficiencia de las proposiciones lingüísticas utilizadas que, en todo caso, no impide la apreciación de la necesaria contradicción, y ello por dos causas.

De un lado porque, aunque se considerara que ambas resoluciones se están refiriendo a momentos distintos para poner fin al devengo de los intereses considerados lo cual, como se acaba de decir, es dudoso, lo cierto es que nos encontraríamos ante una contradicción a fortiori,ya que la sentencia de comparación habría ido "más allá" que la recurrida, en cuanto estaba situando el término del devengo de intereses en un momento posterior al de la combatida. En este punto conviene señalar que, si bien la contradicción a fortioriexige en su formulación más básica y primaria que las afirmaciones fácticas de la sentencia de contraste sean de inferior apoyo para la pretensión, este mismo Tribunal ha apreciado el indicado tipo de contradicción en supuestos en los que no había, como es el caso, una diferencia apreciable entre los hechos considerados, sino más bien en el debate tal como se planteaba y las razones para decidir en cada caso (entre otras, SSTS de 20 de diciembre de 2001 -rec. 1661/2001- o 22 de septiembre de 2006 -rec. 1289/2005-).

Por lo demás, resulta igualmente claro que la sentencia recurrida no ha tenido oportunidad de concretar el momento en el que cesaría el devengo de los intereses considerados más allá del momento de consignación, precisamente porque ha concluido que este último es el término final de su generación.

Y, de otro lado porque, en todo caso, y como hemos señalado, entre otras, en nuestras SSTS 577/2022 de 23 de junio -rec. 1014/2021- o 1015/2024 de 11 de julio -rec. 3671/2021-, con cita de nuestros propios precedentes:

Este Tribunal «limitarse a examinar las infracciones legales denunciadas, siendo imposible extender la decisión a la eventual corrección de las no invocadas, al tratarse de un recurso extraordinario. Este Tribunal no puede, de oficio, sustituir al recurrente en la fundamentación de las causas de impugnación de la sentencia recurrida. Pero cuando no coincidamos exactamente con la tesis mantenida en las sentencias contrastadas, es posible que apliquemos la doctrina correcta, pues "superado el requisito de la contradicción, es evidente que esta Sala no queda obligada a aceptar una de las dos doctrinas formuladas por las sentencias comparadas", sino que "debe pronunciarse sobre la solución más ajustada a Derecho para el caso controvertido, que [...] establezca como doctrina unificada".

Esta interpretación del papel que nos corresponde al resolver el recurso de casación unificadora ha sido considerada correcta por el Tribunal Constitucional, al destacar que tal proceder en manera alguna supone incongruencia, dada la naturaleza peculiar del recurso de casación para la unificación de doctrina. "Resulta claro que el Tribunal Supremo no tiene la carga de tener que optar por una de las dos opciones contrarias, pudiendo recrear una doctrina propia totalmente diferente de las mantenidas por los Tribunales inferiores", siempre que resuelva "el debate planteado en suplicación" ( STC 172/1994, de 7/Junio, FJ 3)».

Esto es, nada impide que, en aras a resolver la evidente discrepancia entre las resoluciones comparadas, este Tribunal despeje cualquier duda relativa al alcance de la doctrina que se considere correcta, dotándola por ello de pleno sentido en aras a su efectividad.

4.-La segunda diferencia, esta sí materialmente real y no relacionada con ambigüedades lingüísticas, se refiere al hecho de que en la sentencia de contradicción se hubiera producido una ejecución provisional en cuya virtud se procedió a abonar al interesado la mitad de la cantidad consignada como principal por la compañía aseguradora, circunstancia que no se da en la sentencia recurrida.

Aquí volvemos a situarnos en el ámbito de la contradicción a fortiori,si bien en su sentido más ortodoxo, ya que si se entiende que el devengo de intereses debe extenderse hasta un último momento posterior a la consignación (ya veremos cuál, en su caso), entonces con mayor motivo deberá fijarse o más bien convalidarse si existen causas de interrupción del devengo previas al último momento posible.

En definitiva, nada impide la decisión del recurso formalizado, al concurrir una sustancial discrepancia entre las soluciones adoptadas, obviándose con ello la observación contenida sobre este extremo en el escrito de impugnación de la aseguradora.

TERCERO.- 1.-Antes de la decisión propiamente dicha del recurso planteado, debemos aludir todavía a dos reparos planteados igualmente en el escrito de impugnación de la aseguradora.

2.-En el primero de ellos la parte impugnante recrimina a la recurrente que no hubiera solicitado en su momento la reforma de hechos probados para incluir una mención a que la consignación realizada en su día se produjo en cumplimiento del art. 230 de la LRJS, de donde deriva la impugnante que «las cantidades se entregaron tanto para recurrir como para pagar».

No realizaremos en este punto mayores desarrollos, por ser innecesarios. En efecto, que la consignación en cuestión se produjo en cumplimiento del art. 230 de la LRJS es un hecho incontrovertido, y expresamente afirmado en la sentencia recurrida, tanto por referencia a las alegaciones de las partes, como al desarrollar sus argumentos («... en efecto, aun cuando la consignación de la cantidad objeto de condena es un requisito indispensable que se ha de acreditar al anunciar el recurso de suplicación... »).

En tales condiciones, intentar en esta alzada y ante este Tribunal, cuestionar la naturaleza de la consignación realizada en su día por la aseguradora, no solo rebasa las posibilidades técnicas permitidas en un escrito de impugnación, sino que coloca a la parte impugnante en los límites de la buena fe procesal.

3.-En segundo lugar, se dice igualmente que la parte recurrente ha introducido en esta sede casacional «nuevos planteamientos respecto de la demanda de ejecución y de lo que fue objeto de discusión en el procedimiento y vista de oposición a la ejecución».

Tampoco parece necesario realizar mayores consideraciones sobre esta afirmación, en cuanto de las actuaciones se deriva con toda claridad y de manera contundente, que lo debatido a lo largo de toda la fase ejecutiva, y tal como se hacía constar en las sucesivas resoluciones dictadas hasta llegar a este momento procesal ( autos del juzgado de lo social de 12 de enero de 2022 y de 10 de febrero de 2022 así como sentencia del TSJ de 31 de octubre de 2024), si el devengo de intereses del art. 20 de la LCS debía extenderse hasta el momento de la consignación del art. 230 de la LRJS, o hasta el posterior momento de la firmeza de la resolución recurrida, o el pago del principal.

Frente a esta evidencia, la alusión a las pretendidas alegaciones o liquidaciones de la parte ejecutante en ciertos momentos procesales, con transcripción de partes seleccionadas de pretendidos escritos de la contraparte, merecen iguales consideraciones que las ya realizadas en el anterior apartado sobre los límites de la impugnación.

CUARTO.- 1.-En el único motivo del recurso que ahora resolvemos, se invoca de manera expresa la infracción de los arts. 1176 y ss del CCv, aunque de la previa consideración de la contradicción concurrente, el recurso se refiere igualmente a los arts. 20 de la LCS y 230.1 de la LRJS, siendo en todo caso reconocible la discrepancia jurídica planteada, por lo que también en este punto ceden los reparos contenidos, de nuevo, en el escrito de impugnación.

Lo que ahora interesa hacer notar es que, como ya tenemos enunciado, lo discutido en el caso es el momento hasta el cual se devengan los intereses del art. 20 de la LCS, cuando media una consignación a los efectos de acceder al recurso de suplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 230.1 de la LRJS.

Para resolver esta cuestión debemos incidir sobre dos aspectos conceptualmente diferenciados.

2.-En primer lugar, procede dilucidar la naturaleza de la consignación exigida por el art. 230.1 del texto procesal que, como es bien sabido, se configura como un presupuesto imprescindible para poder recurrir en suplicación o casación.

Conviene advertir que, si bien no hemos decidido hasta el momento este aspecto en relación con el devengo de los intereses del art. 20 de la LCS, sí lo hemos hecho por lo que respecta a la generación de los intereses procesales del art. 576 de la LECv. En efecto, como dijimos, entre otras, en nuestra STS 1147/2024 de 17 de septiembre de 2024 -rec 4041/2023-:

«Se puede plantear en estos casos la duda acerca de si la consignación del importe de la condena impide la entrada en juego de la previsión contenida en el art. 576 de la LEC y, en consecuencia, del devengo de intereses de la cantidad objeto de condena en la sentencia recurrida durante la tramitación del recurso. La respuesta es negativa ya que el fundamento de ambas instituciones es distinto (aunque coincida en ellas la finalidad añadida de disuadir de la interposición de recursos meramente dilatorios). La necesidad de efectuar consignaciones para recurrir trata fundamentalmente de asegurar la futura ejecución de la sentencia, de evitar el "periculum in mora", es decir, el riesgo de que durante la sustanciación del recurso el demandado se coloque en situación de insolvencia, de tal modo que impida la futura ejecución; por el contrario, el devengo de intereses procesales tiene, como se ha dicho, un fundamento primordialmente indemnizatorio, tratando de resarcir al acreedor los perjuicios derivados de la demora en el cumplimiento de la obligación del deudor al pago de cantidades líquidas objeto de condena en la sentencia recurrida, posteriormente confirmada».

Pues bien, aunque se trate de diferentes tipos de intereses, no objetivamos razón alguna que permita o aconseje un cambio de criterio para el supuesto que ahora nos ocupa, ya que la naturaleza de la consignación para recurrir se proyecta de igual modo sobre la dinámica de los dos tipos de intereses. En efecto, la del art. 230.1 de la LRJS es una consignación con funciones de garantía, de forma tal que se preserve el derecho del que ya tiene una sentencia en su favor, pendiente de revisión, propiciando con ello la seriedad del recurso devolutivo presentado, a la vez que se preserva el crédito que, aun provisionalmente y de manera no perfecta, ostenta el demandante.

Esto es, como ya dijo la STC 109/1983 de 29 de noviembre, y recordábamos en nuestra STS de 5 de mayo de 2014 -rec. 1680/2013, con la consignación para recurrir del art. 230 de la LRJS:

«... se trata de proteger al trabajador, parte más débil de la relación de trabajo, no disminuyendo su tutela y derecho al percibo de lo debido, con el fácil acceso a recursos dilatorios de la contraparte, más aún cuando la consignación es una medida cautelar que, procurando el equilibrio de intereses contrapuestos, cumple las funciones protegibles y legítimas de garantizar la ejecución de la sentencia de condena en favor del trabajador, y a evitar presiones sobre éste que por su situación de necesidad le conduzcan a renunciar derechos judicialmente reconocidos, así como a evitar la eventual desaparición de los medios de pago y a dejar gravitando sobre aquél el periculum morae».

3.-Las consecuencias de lo anterior parecen claras al menos en tres sentidos relevantes para lo que ahora nos ocupa:

- En primer lugar, la consignación para recurrir no permite su disposición por parte del que se muestra como su beneficiario, salvo en los supuestos de ejecución provisional de 289 y ss de la LRJS que, precisamente por su propia naturaleza, impone la devolución por el trabajador de lo percibido caso de revocación de la resolución recurrida. En este punto conviene recordar que el aseguramiento para recurrir del art. 230 de la LRJS, incluye también la posibilidad de constituir aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, lo cual pone de manifiesto, aun si cabe con mayor claridad, la naturaleza de la consignación y sus condicionamientos a los efectos que ahora nos ocupan.

- Por ello, no puede aplicarse el régimen de la consignación regulada en los arts. 1176 y ss del C.Cv, por cuanto la cantidad consignada no queda a disposición del juzgado para su entrega al que fuera ya acreedor en sentido propio y estricto sino, como se viene diciendo, con simples funciones de garantía del crédito en trámite de constitución.

- Por la misma causa, no puede atribuirse a dicha consignación los efectos del pago, que es la única situación que enervaría el devengo de intereses del art. 20 de la LCS que se generan, no se olvide, por la mora en la que incurre el asegurador, y hasta que no se produce el pago (o la reparación o reposición del objeto siniestrado, posibilidad que no interesa en este momento)

- Y, como corolario de todo lo dicho, es claro que la consignación de la cantidad objeto de condena para poder recurrir, no puede tener los efectos de la consignación de los arts. 1176 y ss del C.Cv. como medio alternativo y asimilado al pago ni, por tanto, puede situarse en su realización, el término final del devengo de los intereses del art. 20 de la LCS.

En definitiva, si la aseguradora ha optado por el debate judicial sobre la existencia de su deuda por entender que existe incertidumbre sobre dicho extremo, en lugar de proceder al abono de la correspondiente indemnización, deberá asumir las consecuencias naturales de su opción.

4.-Hecha esta primera observación, la siguiente cuestión a decidir se refiere al momento en que debe situarse el término final de los intereses considerados. En este punto y como ocurría en el anterior, no tenemos decido el debate por directa relación con los intereses del art. 20 de la LCS pero si, de nuevo, por lo que se refiere a los intereses procesales, con criterios que resultan igualmente aplicables al caso que ahora nos ocupa.

En efecto, existe una cierta continuidad terminológica al referir el término final del devengo de intereses procesales, bien al momento del «abono del principal o con su equivalente la consignación judicial», con la salvedad ya expresada de que no puede producir tal efecto «el aval bancario que se había constituido para recurrir», al ser distinta la consignación como medio extintivo de la obligación de la «consignación aseguratoria» de la condena como requisito para recurrir ( STS de 5 de mayo de 2014 -rec. 1680/2013-). Bien al momento en que la sentencia en cuestión «fuera totalmente ejecutada» ( SSTS sala 1ª de 27 de febrero de 1999 -rec. 2751/1994-, y esta misma sala en nuestra STS de 6 de octubre de 2000 -rec. 49/2000-)

Ahora bien, qué debe entenderse por "abono del principal" o "completa ejecución de la sentencia" no constituye un concepto inequívoco en su sentido y alcance, en cuanto no parece posible que pueda hacerse coincidir de manera directa y automática con el efectivo abono al que, tras la firmeza de la sentencia, se ha configurado ya de manera definitiva como acreedor de la cantidad que fue en su momento objeto de consignación para recurrir.

5.-Hemos abordado esta cuestión, de nuevo en relación con los intereses procesales (y para un supuesto en el que había existido una consignación para pago y no para recurrir a los efectos de la ya derogado art. 56.2 en la redacción dada por la Ley 45/2002) en nuestra STS de 11 de marzo de 2009 -rec. 886/2008-, en la que, para un caso en el que se discutía «si los intereses procesales debían calcularse hasta ese día de la consignación para pago o, por el contrario, hasta aquél en el que se hubiera hecho efectivo pago al acreedor de la cantidad consignada», llegamos a la conclusión de que no «era esta última la que había que tener en cuenta, sino que situaron el día final o día en que la sentencia se entendía "totalmente ejecutada" en el día en que la consignación de la cantidad adeudada para pago tuvo lugar», precisando luego:

«... esta interpretación tiene su sentido si se parte de la base de que cuando se habla de mora en cualquiera de sus acepciones se está partiendo de la existencia de un retraso en el pago imputable al acreedor, de conformidad con lo que puede deducirse de la regla general que al respecto se contiene en elart. 1101 del Código Civil. Ese retraso imputable al acreedor, determinante de la mora no podrá alcanzar más allá del momento en el que paga o consigna debidamente lo adeudado en la ejecutoria o desde que esa cantidad resulta disponible en la propia ejecutoria pues desde ese momento debe estimarse ejecutada la sentencia - el contenido de la sentencia - y por ello libre de responsabilidad el deudor conforme a la disposición expresa del art. 1176 del mismo Código en relación con la "mora civil". Lo contrario supondría atribuir al deudor un retraso a él no imputable, sino en su caso al Juzgado u otras circunstancias ajenas a la voluntad del condenado a pagar la deuda, incluída la posible demora del acreedor en reclamar el abono de aquellas cantidades cuando desde el momento en que el Juzgado tiene a su disposición el montante económico de lo adeudado el acreedor tiene derecho a reclamar el pago de la cantidad adeudada».

6.-El caso que ahora nos sirve de precedente, presentaba indudables similitudes con el ahora considerado, en cuanto en aquel, la consignación «efectuada en un primer momento para enervar el pago de los salarios de tramitación», sirvió luego «como consignación cautelar para poder recurrir la empresa la sentencia de instancia, y al final, una vez firme la sentencia de suplicación sirvió para efectuar el pago», pasando por tanto la cantidad a cumplir la misma función de presupuesto para recurrir y garantía a tal efecto, que en el supuesto que ahora valoramos.

Y, por ello, la solución debe ser ahora la misma. En efecto, el "abono del principal" o la "completa ejecución de la sentencia", son conceptos que deben entenderse referidos al momento en que se libera la cantidad consignada para recurrir tras adquirir firmeza la sentencia recurrida, y por lo tanto quien se ha constituido ya como acreedor de manera definitiva tiene la plena disponibilidad de dicha cantidad, cuyo abono depende ya solo de su propia actividad e iniciativa.

Somos conscientes de que, aun estando ya disponible la tan citada cantidad para el acreedor, puede existir una cierta demora debida tanto al propio interesado, como a la actuación del órgano judicial. Pero tal potencia situación no se debería ya a la mora del deudor, sino a circunstancias ajenas a su voluntad, sin que en tales condiciones pudiera imputarse a dicho deudor las consecuencias del retraso.

7.-En fin, la conclusión de cuanto se lleva dicho, es que cuando existe una consignación para recurrir de la cantidad inicialmente objeto de condena, los intereses del art. 20 de la LCS se devengan hasta el momento en que adquiere firmeza la sentencia recurrida, de forma tal que aquella cantidad queda ya disponible para el acreedor, que puede instar lo necesario para su entrega.

QUINTO.-En consecuencia, la doctrina correcta se encuentra en la sentencia de contraste en la que, como ya vimos, llegó precisamente a tal solución, con la salvedad de limitar también el devengo de los intereses en cuestión en relación con la parte de la cantidad consignada que fue entregada en el seno de la ejecución provisional, cuestión que no alcanza por obvias razones al presente pronunciamiento pero que, de acuerdo con nuestros precedentes criterios, se muestra igualmente ajustada a derecho.

Por ello, y tal como tiene interesado el Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso de casación unificadora presentado, anulando la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, estimar el de tal tipo para declarar que, en efecto y como se lleva dicho, los intereses del art. 20 de la LCS deben liquidarse hasta el momento en que adquirió firmeza la sentencia que luego se convirtió en título ejecutivo.

Sin declaración en cuanto a las costas a tenor del art. 235.1 de la LRJS.