Sentencia Social 1288/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 326/2025 de 29 de diciembre del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión suscitada en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar la competencia -social o contencioso administrativa- para examinar y decidir sobre la impugnación del cese que el Ayuntamiento demandado ha llevado a cabo respecto del actor que ostentaba la condición de personal eventual de confianza como consecuencia de sucesivos nombramientos desde el año 1996 y que había prestado servicios desde entonces sin solución de continuidad como "Encargado de actividades deportivas".

2.La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 2 de Santander desestimó la demanda del actor. La sentencia aquí recurrida, núm. 969/2024, de 4 de diciembre de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (rec. 834/2024) desestimó el recurso de suplicación, confirmó la sentencia de instancia y remitió al actor para que formulase impugnación ante los órganos correspondientes del orden contencioso administrativo.

Consta que desde el año 1996 el actor ha sido objeto de distintos nombramientos de naturaleza administrativa como personal eventual de confianza como coordinador o encargado de actividades deportivas, prestando servicios sin solución de continuidad. Los nombramientos se efectuaron por alcaldes de distinto signo político y por su condición de atleta y deportista. El último nombramiento fue el 1 de julio de 2019, siendo cesado el 16 de julio de 2023 coincidiendo con las elecciones locales. El puesto desempeñado por el actor estaba previsto en la RTP municipal y era retribuido con cargo a los presupuestos municipales. Sus labores consistían, según el nombramiento, en coordinar las actividades y eventos deportivos, asesorando a los diferentes concejales del área de deportes. El actor no tenía un correo electrónico personal, pero utilizaba una cuenta genérica denominada deportes@piélagos.es y, aunque, no fichaba ni estaba sometido a control horario, desempeñaba sus funciones en horario de mañana de 9.00 a 15.00 y por las tardes visitaba pabellones deportivos. El servicio de deportes del Ayuntamiento estaba integrado por el coordinador de deportes (el actor) un auxiliar administrativo y cinco operarios de instalaciones deportivas.

Con los datos expuestos la sentencia recurrida declara inexistente una relación laboral y remite a las partes a la jurisdicción contencioso-administrativa para formular la oportuna pretensión.

3.Recurre el actor en casación unificadora y denuncia infracción de los artículos 1.1 y 8.1 ET, con relación con diversos preceptos de la Ley de medidas de reforma de la función pública; artículo 17 EBEP; así como jurisprudencia que cita. El recurso ha sido impugnado por el Ayuntamiento demandado. El Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe, aboga por la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.El recurrente invoca como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 20 de mayo de 2020 (rec. 232/2020), dictada en el procedimiento de despido instado por la empleada de un ayuntamiento al que estuvo vinculada mediante sucesivos contratos como personal eventual para ocupar puesto de trabajo de confianza. Sus funciones eran, entre otras, llevar la agenda del alcalde, dar citas y gestionar los emails, atención al público personal y telefónicamente, recoger la prensa y elaborar el dossier diario, así como entre otras coordinar las reparaciones en las distintas instalaciones municipales. enviando a los operarios correspondientes según demanda del centro, ya sean colegios, guardería, ludoteca. Tramitar siniestros con las compañías de seguros enviando la documentación necesaria para indemnizaciones y coordinación con peritos. Control de los recibos de los distintos seguros del ayuntamiento (vehículos, edificios) y gestión de siniestros propios.

La sentencia de contraste declara que hay relación laboral porque las funciones de la actora no se limitaban a las de confianza o asesoramiento, sino que consistían en tareas de carácter administrativo, idénticas a las de los demás administrativos, con el mismo horario que las funcionarias del ayuntamiento. Por consiguiente, tratándose de una contratación en fraude de ley que en realidad era laboral como indefinida no fija, el cese equivale a un despido improcedente del que conoce la jurisdicción laboral.

2.Tal como informa el Ministerio Fiscal, a juicio de la Sala concurre la contradicción en los términos exigidos en el artículo 219 LRJS. En efecto, partiendo de que la identidad de pretensiones y fundamentos es total, la comparación de los hechos revela una igualdad sustancial entre los incorporados en ambas sentencias, con independencia de diferencias de detalle que no alteran la identidad fáctica reconocida. Así, en los dos supuestos comparados nos encontramos con personas que han venido desempeñando funciones en sus respectivos ayuntamientos durante un largo período de tiempo (13 años en la sentencia de contraste; 27 años en la sentencia recurrida), bajo la cobertura formal de personal eventual de confianza del alcalde, como consecuencia en los dos casos de sucesivos nombramientos administrativos que no han impedido que el desempeño de las funciones que realizaban se haya efectuado sin solución de continuidad. El análisis comparativo de las funciones realizadas -al margen de sus evidentes diferencias al ser responsables de áreas distintas- revela que las tareas laborales podían exceder de las que razonablemente pueden corresponderse con las de asesoramiento o realización de gestiones de confianza del cargo público que las nombraba. Es más, a fortiori, consta en la recurrida que el puesto de trabajo ocupado por el actor estaba previsto en la RPT de la entidad municipal demandada.

Sin embargo, las sentencias han llegado a conclusiones diametralmente opuestas ya que mientras la sentencia recurrida entiende que la relación del actor con el Ayuntamiento demandado non tiene carácter laboral y declara la incompetencia de jurisdicción; la de contraste califica la relación como laboral y se declara competente para resolver la impugnación del cese efectuado por la entidad demandada.

TERCERO.- 1.Constituyen normas relevantes para la resolución del presente recurso las siguientes:

- El art. 8.2 del EBEP: «Los empleados públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera. b) Funcionarios interinos. c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. d) Personal eventual.»

- El art.12 del EBEP: «1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin [...]. 3. Su nombramiento y cese serán libres 5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera»

-El art. 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL): « El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial».

- El art. 104.2 de la LRBRL: «El nombramiento y cese de estos funcionarios (el personal eventual) es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento».

- El art. 1.3.a) del ET: «Se excluyen del ámbito regulado por esta ley: a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias».

2.El personal eventual es un empleado público que, mediante un nombramiento libre de un órgano político, sin necesidad de motivación y sin cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público ( art. 12.3 del EBEP) , se incorpora a una Administración para ocupar un puesto de trabajo con carácter temporal con la finalidad de desempeñar funciones de confianza o asesoramiento especial. No son plazas que salgan a oferta pública. Por ello, el art. 12.3 del EBEP establece que «[l]a condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna». El personal eventual tiene una relación de naturaleza administrativa con la Administración pública. Se trata de un empleado público cualificado que cumple funciones de asesoramiento especial y de apoyo de confianza a los cargos electivos, lo que descarga a los funcionarios públicos de tareas que podrían comprometer su objetividad. Mantiene un vínculo estrecho con los cargos políticos. No se le aplica el sistema de acceso, ni el de carrera profesional, ni la evaluación del desempeño previstos en el EBEP. El personal eventual no suscribe ningún contrato, sino que presta servicios en virtud de un nombramiento con carácter no permanente.

La sentencia de la Sala Contencioso-administrativo del TS 712/2020, de 9 de junio (recurso 1195/2018) expone que el personal eventual está llamado a desempeñar funciones de estricta confianza de la autoridad que le designa, en especial de asesoramiento, que puede libremente cesarle sin dar especial razón y eso sin olvidar que la suerte de ese funcionario eventual va ligada a la de quien le nombró, arguye la Sala de lo contenciosos administrativo de este Tribunal que «el personal eventual no accede al desempeño de una función siguiendo los trámites competitivos que son característicos de los funcionarios de carrera, respecto de los cuales rige con especial intensidad el derecho fundamental de igualdad en el acceso a las funciones y los cargos públicos ( artículo 23.2 CE) en aras de salvaguardar su neutralidad y objetividad en el ejercicio de la función pública ( artículo 103.3 CE) . Precisamente porque el desempeño de los puestos de trabajo por personal eventual no está basado en estas prescripciones constitucionales tiene, como sostiene la demanda, carácter excepcional [...] precisamente por esa razón, no es posible la transformación en indefinida que pretende la recurrente de una plaza de staff o asesoramiento de marcado carácter temporal, pues lo contrario hubiera comportado una clara actuación en fraude de ley.» [ STS/III de 19 de octubre de 2012 (recursos 320/2011 y 359/2011) y 1595/2019, de 15 de noviembre (recurso 42/2018)].

Reiterados pronunciamientos de la Sala Contencioso-administrativa del TS [STS/III de 4 de julio de 2007 (recurso 3492/2002) y 6 de octubre de 2008 (recursos 2987/2005, 2966/2005, 2996/2005 y 3008/2005), entre otras] han negado que las funciones de confianza y asesoramiento del personal eventual puedan identificarse con los cometidos que «encarnan tareas de carácter permanente dentro de la organización administrativa del Ayuntamiento».

3.Como ha expuesto nuestra sentencia, deliberada también por el pleno en esta misma fecha, dictada en el rcud. 43/2025, la Sala Social del TS ha declarado que los puestos reservados a personal eventual son excepcionales y su validez está condicionada a que sus cometidos se circunscriban a esas funciones de confianza y asesoramiento especial [por todas, STS/IV 70/2022, de 26 de enero (rcud 2346/2019); 245/2022, de 22 de marzo (rcud 1275/2020); y 305/2023, de 25 de abril (rcud 966/2022)]. En principio, el cese de personal eventual es un acto administrativo sujeto al Derecho administrativo que debe ser impugnado ante el orden contencioso-administrativo.

Los pronunciamientos de esta Sala acerca de cuál es el orden jurisdiccional competente para conocer de las irregularidades del personal eventual han estado condicionados por las concretas circunstancias de cada caso enjuiciado:

A) La sentencia de la Sala Social del TS de 20 de octubre de 2011 (rcud 4340/2010) examinó el caso de una litigante que había prestado servicios para un Ayuntamiento en virtud de una pluralidad de contratos laborales temporales hasta que fue nombrada secretaria de urbanismo como personal eventual, sin que sus servicios se vieran alterados por el nombramiento como personal eventual. Se declaró la competencia del orden jurisdiccional social porque las funciones encomendadas a la actora carecían de las notas propias de los puestos de confianza o asesoramiento especial. Por el contrario, las funciones efectivamente realizadas estaban relacionadas con las que había venido desarrollando con anterioridad como personal laboral, enmarcadas en el área de juventud y sin las connotaciones propias del personal eventual.

B) La sentencia de la Sala Social del TS 306/2016, de 20 de abril (rcud 336/2014) argumentó que, en principio, correspondía al orden contencioso-administrativo la competencia para conocer de los litigios afectantes al personal eventual de las Administraciones locales. Sin embargo, de los inalterados hechos declarados de la sentencia recurrida (en los que ni siquiera existe un formal nombramiento de personal eventual, sino un denominado contrato laboral especial de alta dirección), se deducía que estábamos ante un contrato de trabajo, por lo que declaró la competencia del orden social.

C) Las sentencias de la Sala Social del TS 70/2022, de 26 de enero (rcud 2346/2019); 245/2022, de 22 de marzo (rcud 1275/2020); y 305/2023, de 25 de abril (rcud 966/2022); explican que, salvo los citados supuestos excepcionales, la impugnación de los nombramientos eventuales es competencia del orden contencioso-administrativo. Esta Sala declaró la incompetencia del orden social para conocer del cese de dos Técnicos de Documentación y de un Técnico en Ciencias de la Información de la Junta de Andalucía.

Nuestra aludida sentencia argumenta que, con carácter general u ordinario, la competencia sobre el cese de un personal eventual corresponde al orden contencioso administrativo, salvo supuestos excepcionales.

La controversia surge cuando el actor alega que se ha producido un fraude de ley porque el nombramiento eventual encubre una prestación de servicios en la que concurren todos los requisitos definitorios de una relación laboral e interpone para impugnar su cese una demanda de despido ante un Juzgado de lo Social. En estos casos, corresponderá al órgano judicial averiguar si se está o no en presencia de una situación excepcional -ligada indisolublemente a un fraude de ley- para determinar si se asume o no la competencia.

CUARTO.- 1.De cuanto se lleva expuesto, se concluye, naturalmente que -en palabras de nuestra STS 245/2022, de 22 de marzo (rcud 1275/2020)- los puestos reservados a personal eventual son excepcionales y su validez está condicionada a que sus cometidos se circunscriban a esas funciones de «confianza y asesoramiento especial» que legalmente delimitan esta específica clase de personal público.- Y la consecuencia paralela que también se extrae es que deben quedar vedadas a ese personal eventual las actuaciones de colaboración profesional que se proyecten en las funciones normales de la Administración pública, bien en las externas de prestación y policía frente a la ciudadanía, bien en las internas de pura organización administrativa. Estas actuaciones profesionales, por la directa conexión que tienen con los principios constitucionales de objetividad y eficacia administrativa, deben ser asignadas al personal público seleccionado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, concluyendo, en interpretación del art. 90.2 LBRL que «Esta norma dispone que las Corporaciones Locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica de la función pública. Pero la formación debe acomodarse a los preceptos del ordenamiento jurídico que son de obligada observancia, entre los que se encuentra el no poder crear puestos de carácter eventual para la realización de tareas permanentes de colaboración profesional en típicas actividades administrativas».

2.En el presente recurso, a los efectos de comprobar si las funciones del actor se correspondían adecuadamente a las de confianza y asesoramiento especial, que son las únicas que podrían justificar el recurso a la contratación eventual, resultan -a juicio de la Sala- relevantes las siguientes circunstancias:

a) Se trata de una persona que ha venido desempeñando sus funciones durante un larguísimo período de tiempo -27 años- en virtud de sucesivos nombramientos de personal eventual efectuados por los diversos alcaldes de distinto signo político que lo han sido en ese extenso espacio temporal, al punto de que los sucesivos nombramientos y ceses -en virtud de su continuidad en el tiempo- conforman una prolongada prestación de servicios sin solución de continuidad que se inició en el año 1996. Tal como expresa la norma, es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. La necesidad de que el trabajo sea no permanente resulta enfatizada en la propia Ley de la Función Pública de Cantabria -obviamente no aplicable al caso al no referirse a los entes locales- que en su articulado considera personal eventual a quienes, en virtud de libre nombramiento, no sujeto a término o plazo, «desempeñen puestos de trabajo en régimen no permanente». Consecuentemente, difícilmente puede sostenerse que un puesto de trabajo que se ocupa durante 27 años pueda ser considerado «no permanente» como exige el EBEP.

b) El puesto de trabajo que ocupaba el actor se contempla en la RPT municipal con dicha condición y se encuentra retribuido en el presupuesto municipal previsto para el personal incluido en la citada relación de puestos de trabajo. Conviene recordar que la figura de la relación de puestos de trabajo fue introducida por la LMRFP como un instrumento de ordenación de los recursos humanos a través del cual se pretende organizar de forma global la gestión del personal y la estructura organizativa de una Administración. El art. 15 LMRFP, las define como «el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios», recoge, además, una serie de previsiones obligatorias con relación a su contenido. A los presentes efectos señala que en las RPT deberá contemplarse, tanto el número y características de los puestos de trabajo que puede desempeñar el personal laboral, como la categoría profesional y régimen jurídico aplicable a dichos puestos; asimismo, el referido artículo añade dos exigencias más: por un lado, señala que la creación, modificación, refundición, y supresión de puestos de trabajo se realizará necesariamente a través de las relaciones de puestos de trabajo; y, por otro, que la provisión de puestos de trabajo a desempeñar por el personal laboral fijo requerirá que éstos figuren detallados en las respectivas relaciones. El artículo 74 EBEP, por su parte, establece que: «Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos». Por su parte, el artículo 90 LBRL distingue entre plantillas y RPT: las primeras se confeccionarán anualmente y comprenden todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual; en cambio, las RPT conforman la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública; que, en todo caso -como dijimos en nuestra precitada sentencia 245/2022, de 22 de marzo- debe acomodarse a los preceptos del ordenamiento jurídico que son de obligada observancia, entre los que se encuentra el no poder crear puestos de carácter eventual para la realización de tareas permanentes de colaboración profesional en típicas actividades administrativas.

Del análisis conjunto de las referidas normas, así como del resto de preceptos del EBEP atinentes a la cuestión, resulta absolutamente extraño e ilógico, por incompatible con la propia naturaleza de personal eventual -de libre creación y supresión por los responsables políticos en cada momento- que las funciones del actor figuren en un instrumento estable cual es la RPT del municipio con carácter permanente, tal como ha venido sosteniendo la Sala 3ª (SSTS 12/02/2012, Rec. núm. 3414/2010 y de 8/10/2012 Rec. núm. 4584/2011): «Es correcto también lo que sostiene, con base en la sentencia de esta Sala de 26 de mayo de 2008 (Casación 662/2004), que, por la propia naturaleza que según dicho régimen legal especial corresponde al personal eventual, no es exigible a la RPT que precise los requisitos de quienes pueden ser libremente nombrados y cesados como personal eventual». Con ello no se pretende negar la posibilidad de que diversas administraciones públicas incluyan en su respectiva RPT al personal eventual -incluso, que sea frecuente que se haga-; lo que se quiere enfatizar es no solo que la obligación, para los entes locales, no existe; sino, especialmente, que resulta anómalo que se incluyan en las mismas los puestos de trabajo de carácter no permanente cuya creación o existencia dependen -exclusivamente- de una autoridad pública -el Alcalde- para su asesoramiento o el de los concejales -no para el asesoramiento de la institución-. En definitiva, que la inclusión del puesto de trabajo del actor en la RPT del Ayuntamiento demandado constituye un indicio más a sumar en la comprensión del carácter permanente de las actividades realizadas.

c) El trabajo del actor consistía en ser el "encargado de actividades deportivas" y sus labores han consistido en la coordinación de actividades y eventos deportivos en el Ayuntamiento demandado. Sin embargo, la sentencia recurrida no da cuenta de ninguna actividad o evento que precisase un asesoramiento especial, ni explica porqué la realización de sus tareas implicase la necesidad de esa confianza que distingue al personal eventual. Más bien lo que se deduce es que sus labores consistían en coordinar y dirigir los centros y actividades deportivas del municipio, lo que, unido a la estructura de personal del servicio de deportes del ayuntamiento que analizaremos de inmediato, revela la realización de tareas ordinarias del ayuntamiento en cuestión para las que, en modo alguno, era precisa la confianza especial -esencial- en el personal eventual. En palabras de la STS -3ª- 173/2005 «No se trata, desde luego, de puestos de trabajo que los cargos políticos deseen reservar a personas de confianza, sino que las funciones que se ejerzan puedan ser calificadas como de confianza o asesoramiento especial». Enfatizando, la STS -3ª- de fecha de 2 septiembre del 2004 (rec. 3489/1999) señaló que «no puedan ser identificadas con aquellas funciones de confianza y asesoramiento los cometidos que, como ocurre en el puesto litigioso, encarnan tareas de carácter permanente dentro de la organización administrativa del Ayuntamiento».

d) Además, la sentencia recurrida da cuenta de que, aunque no fichaba, mantenía una actividad constante en un horario fijo de 9 a 15 horas, dedicando alguna tarde a visitar los pabellones deportivos. Ocurre, también, que, en el departamento de deportes del ayuntamiento, junto al actor -encargado de deportes- trabajaban también un auxiliar administrativo y 5 operarios de instalaciones deportivas. Son circunstancias que indican la prestación de servicios de carácter permanente y absolutamente integrada en la estructura de la prestación ordinaria de servicios del Ayuntamiento demandado; ya que la realización del trabajo se enmarca en la normalidad de una ordinaria prestación de servicios por cuenta ajena en régimen de subordinación en el ámbito de dirección del empleador. Igualmente, la estructura de la actividad municipal en la que se incardinaba el actor no corresponde a funciones de asesoramiento especial o de confianza, al contrario, dirigía un equipo de trabajo al que pertenecían una auxiliar administrativa y cuatro operarios de instalaciones deportivas, lo que implica -sin género de dudas- que el actor realizaba labores propias de quien resulta ser el encargado de las actividades deportivas de un ayuntamiento.

3.Lo expuesto hasta aquí lleva a la conclusión de que los sucesivos nombramientos como personal eventual efectuados por los respectivos alcaldes de distinto signo político, a lo largo de un extensísimo período de tiempo, en realidad no eran más que el instrumento formal que enmascaraba la innegable realidad -que no era la de un trabajo no permanente de asesoramiento especial o confianza- sino que consistía en un verdadero trabajo ordinario de carácter permanente en el que se realizaban funciones propias de los servicios que ordinariamente prestaba al ayuntamiento demandado. En definitiva, al no estar reservado dicho puesto de trabajo a personal funcionario, hay que entender que los nombramientos de personal eventual constituyeron fraude de ley y encubrieron una verdadera relación laboral; por lo que el cese controvertido resulta ser competencia de la jurisdicción social.

En efecto, reiterando la excepcionalidad del supuesto que contemplamos, no cabe duda de que al caso examinado le resulta de aplicación la consolidada doctrina de esta Sala según la que ha «debe admitirse la competencia del orden social cuando se aprecia la irregularidad de la contratación, pues las administraciones públicas no están exentas de la posibilidad de actuar como empleadoras sometidas a la legislación laboral y no pueden, por la vía de tales irregularidades, eludir las disposiciones de ese marco normativo. En este sentido, en lasSTS de 22 de enero de 2008 (Rcud. 4282/2006) y14 de octubre de 2008 (Rcud. 614/2007) si bien para un caso en que se trataba de analizar la legalidad de la contratación administrativa para servicios específicos, se entendió que, pese la contratación efectuada bajo la formalidad administrativa, el contenido de la relación era propio de una contratación laboral y no de una contratación administrativa de conformidad con la definición de contrato de trabajo que se contiene en elartículo 1.1 ET » ( STS 49/2024, de 11 de enero -rcud. 1673/2022-; entre otras), porque en palabras de esta sentencia cuando se aprecia una grave irregularidad en la contratación administrativa al punto de que a través de la aplicación de las normas administrativas se eluden las disposiciones laborales y se enmascara u oculta la verdadera naturaleza del vínculo contractual laboral, la competencia del orden social es indiscutible e irrenunciable. [Por todas: SSTS 278/2025, de 2 de abril (rcud. 2453/2024) y STS 388/2022, de 27 de abril (rcud. 1065/2020)].

QUINTO.- 1.-La sentencia recurrida no contiene la doctrina correcta que se encuentra en la de contraste, ya que las circunstancias descritas llevan a la conclusión de que estamos en presencia de una larga sucesión de nombramientos como personal eventual de un ayuntamiento para la supuesta realización de funciones de confianza y asesoramiento especial, cuando -en realidad- tales nombramientos encubren una prestación de servicios en la que concurren todos los requisitos definitorios de una relación laboral ya que responden los trabajos y tareas desempeñadas a la actividad ordinaria y normal de una entidad municipal, tal como se desprende sin dificultad de lo anteriormente referido y sin que se haya acreditado una dedicación continuada a las labores de asesoramiento o de realización de encomiendas de confianza propias del personal eventual. Estamos, por tanto, ante un supuesto excepcional derivado de la realidad acreditada y de su calificación jurídica como fraudulenta por querer encubrir un verdadero contrato de trabajo a través de sucesivos nombramientos administrativos incumpliendo la ley.

2.Procede en consecuencia, tal como interesa el completo informe del Ministerio Fiscal, la estimación del recurso y la consiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida; resolviendo el debate en suplicación estimando el de tal clase formulado por el actor, anulando la sentencia de instancia y ordenando la devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia para que partiendo de la competencia del orden social de la jurisdicción, resuelva con plena libertad de criterio la demanda formulada en las presentes actuaciones. Sin que la Sala, por imperativo del artículo 235 LRJS, deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.