Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. - Boletín Oficial del Estado de 22-04-1986

  • Ámbito: Estatal
  • Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 02 de Octubre de 2016
  • Fecha de entrada en vigor: 12/05/1986
  • Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 96
  • Fecha de Publicación: 22/04/1986
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Preambulo

La disposición final primera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, autorizó al Gobierno de la Nación para refundir en un solo texto las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, de acuerdo con lo dispuesto en su disposición derogatoria, en cuanto no se opongan, contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones de dicha Ley.

En cumplimiento de tal autorización, se ha procedido a redactar el Texto Refundido, adecuando los preceptos no derogados de la legislación anterior, con las aclaraciones y armonizaciones procedentes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración Territorial y, además, en cuanto al título VIII, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de abril de 1986,

DISPONGO:


Artículo único.

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que se inserta a continuación.

Dado en Madrid a 18 de abril de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administración Territorial,

FELIX PONS IRAZAZABAL


TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN MATERIA DE REGIMEN LOCAL

TITULO PRIMERO. Disposiciones generales

Artículo 1.

1. Para el cumplimiento de sus fines, los Ayuntamientos, en representación de los Municipios, las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo, en representación de las Provincias, y los Consejos y Cabildos, en representación de las Islas, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

2. La misma capacidad jurídica tendrán los órganos correspondientes en representación de las respectivas Entidades de ámbito territorial inferior al municipal.

3. Los Municipios, las Provincias, las Islas y las otras Entidades locales territoriales estarán exentos de impuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los términos de la Ley.


TITULO II. El Municipio

CAPITULO PRIMERO. Territorio y población

Art. 2.

Cada Municipio pertenecerá a una sola provincia.


Art. 3.

1. La alteración de términos municipales podrá producirse:

a) Por incorporación de uno o más Municipios a otro u otros limítrofes.

b) Por fusión de dos o más Municipios limítrofes.

c) Por segregación de parte del territorio de uno o varios Municipios para constituir otro independiente.

d) Por segregación de parte del territorio de un Municipio para agregarlo a otro limítrofe.

2. En ningún caso la alteración de términos municipales podrá suponer modificación de los límites provinciales.


Art. 4.

La incorporación de uno o más Municipios a otro u otros limítrofes solamente podrá acordarse cuando se den notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.


Art. 5.

La fusión de Municipios limítrofes a fin de constituir uno solo podrá realizarse:

a) Cuando separadamente carezcan de recursos suficientes para atender los servicios mínimos exigidos por la Ley.

b) Cuando se confundan sus núcleos urbanos como consecuencia del desarrollo urbanístico.

c) Cuando existan notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.


Art. 6.

La segregación de parte del territorio de uno o varios Municipios para constituir otro independiente podrá realizarse cuando existan motivos permanentes de interés público, relacionados con la colonización interior, explotación de minas, instalación de nuevas industrias, creación de regadíos, obras públicas u otras análogas.


Art. 7.

La segregación de parte del territorio de un Municipio para agregarlo a otro limítrofe, podrá realizarse cuando concurra alguna de las causas señaladas en los apartados b) y c) del artículo 5.


Art. 8.

1. No podrá segregarse parte de un Municipio si con ello se privara a éste de las condiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Tampoco podrá segregarse ningún núcleo de población de un término municipal cuando se halle unido por calle o zona urbana a otro del Municipio originario.

2. En los supuestos de segregación parcial de un término municipal, conjuntamente con la división del territorio se hará la de los bienes, derechos y acciones, así como la de las deudas y cargas, en función del número de habitantes y de la riqueza imponible del núcleo que se trate de segregar.


Art. 9.

1. El procedimiento para la alteración de los términos municipales en los supuestos previstos por los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, se iniciará de oficio por la correspondiente Comunidad Autónoma o a instancia del Ayuntamiento interesado, de la respectiva Diputación o de la Administración del Estado. En todo caso, será preceptiva la audiencia de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos interesados.

2. En los supuestos de fusión o de incorporación voluntaria de Municipios limítrofes, el procedimiento se promoverá por acuerdo de los respectivos Ayuntamientos, adoptado con el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Los acuerdos se someterán a información pública, y las alegaciones y reclamaciones que puedan formularse serán resueltas por los mismos Ayuntamientos con idéntica mayoría.

3. En los casos de segregación parcial de carácter voluntario se cumplirán los mismos requisitos del número anterior, salvo que haya mediado previamente petición escrita de la mayoría de los vecinos residentes en la porción que haya de segregarse, en cuyo caso el expediente se elevará al órgano competente para su resolución definitiva, aun cuando los acuerdos municipales no hubieran sido favorables.

4. En todos los casos de alteración de términos municipales será necesario el previo dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado. Simultánea-mente a la petición del dictamen se dará conocimiento del expediente a la Administración del Estado.

5. La resolución definitiva del procedimiento se hará por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, del que se dará traslado a la Administración del Estado a efectos de lo previsto en el artículo 14.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.


Art. 10.

Las cuestiones que se susciten entre Municipios sobre deslinde de sus términos municipales serán resueltas por la correspondiente Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.


Art. 11.

1. La alteración del nombre y capitalidad de los Municipios podrá llevarse a efecto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Ayuntamiento e informe de la Diputación Provincial respectiva.

2. El acuerdo corporativo deberá ser adoptado con la mayoría prevista en el artículo 47.2.d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. De la resolución que adopte el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma deberá darse traslado a la Administración del Estado a los efectos previstos en el artículo 14.1 de la citada Ley.


Art. 12.

(DEROGADO)


Art. 13.

(DEROGADO.)


Art. 14.

(DEROGADO)


Art. 15.

(DEROGADO)


Art. 16.

(DEROGADO)


Art. 17.

Para cuanto se refiere a la administración económica local y al régimen de derechos y obligaciones que de ella emanen para los residentes, los propietarios ausentes tendrán obligación de comunicar a la Alcaldía el nombre de la persona que los represente. Faltando esta comunicación, tendrán la consideración de representantes de los propietarios por las fincas que labren, ocupen o administren:

1.° Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios forasteros.

2.° En defecto de los anteriores, los colonos, arrendatarios o aparceros de las fincas rústicas cuando sus propietarios o administradores no residieran en el término municipal.

3.° Los inquilinos de fincas urbanas cuando cada una de ellas estuviere arrendada a una sola persona o no residiere en la localidad el dueño, administrador o encargado.


CAPITULO II. Organización

Art. 18.

Antes de comenzar el ejercicio de sus funciones, el Alcalde deberá jurar o prometer el cargo ante el Ayuntamiento Pleno.


Art. 19.

Los Alcaldes de Madrid y Barcelona tendrán tratamiento de Excelencia: los de las demás capitales de provincia, tratamiento de Ilustrísima; y los de los Municipios restantes, tratamiento de Señoría. Se respetan, no obstante, los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales.


Art. 20.

1. En cada uno de los poblados y barriadas separados del casco urbano y que no constituyan Entidad local, el Alcalde podrá nombrar un representante personal entre los vecinos residentes en el mismo.

2. También podrá nombrar el Alcalde dichos representantes en aquellas ciudades en que el desenvolvimiento de los servicios así lo aconseje. El representante habrá de estar avecindado en el propio núcleo en el que ejerza sus funciones.

3. Lo dispuesto en los dos números anteriores sólo será de aplicación en los términos que disponga el Reglamento orgánico propio de la Corporación.


Art. 21.

Cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas sin haber conferido la delegación, o cuando por una causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá el Teniente de Alcalde a quien corresponda, quien deberá dar cuenta de ello al resto de la Corporación.


Art. 22.

En los Municipios con Comisión de Gobierno, el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de miembros de aquélla. En aquellos otros en que no exista tal Comisión, el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del tercio del número legal de los miembros de la Corporación.


Art. 23.

1. Además de las señaladas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponden al Pleno, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, las siguientes atribuciones:

a) (derogado)

b) La regulación del aprovechamiento de los bienes comunales en los términos previstos en la legislación aplicable.

c) (derogado)

d) La aprobación de los proyectos de obras cuando la contratación de su ejecución sea de su competencia, conforme al apartado anterior.

e) El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones de crédito o concesión de quita y espera.

f) La defensa en los procedimientos incoados contra el Ayuntamiento,

2. El ejercicio de las atribuciones establecidas en el número anterior será delegable, salvo en los supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.


Art. 24.

Además de las previstas en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Alcalde ejercerá las siguientes atribuciones:

a) Decidir los empates con voto de calidad.

b) La organización de los servicios administrativos de la Corporación, en el marco del Reglamento orgánico.

c) (derogado)

d) Todas las atribuciones en materia de personal que no competan al Pleno.

e) La concesión de licencias, salvo que las Ordenanzas o las Leyes sectoriales la atribuyan expresamente al Pleno o a la Comisión de Gobierno.

f) El desarrollo de la gestión económica conforme al presupuesto aprobado.

g) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.

h) Presidir las subastas y concursos para ventas, arrendamientos, suministros y toda clase de adjudicaciones de servicios y obras municipales.


TITULO III. La provincia

CAPITULO PRIMERO. Disposiciones generales

Art. 25.

1. El Territorio de la Nación española se divide en cincuenta provincias con los límites, denominación y capitales que tienen actualmente.

2. Sólo mediante Ley aprobada por las Cortes Generales puede modificarse la denominación y capitalidad de las provincias. Cualquier alteración de sus límites requerirá Ley Orgánica.


CAPITULO II. Organización

Art. 26.

Antes de comenzar el ejercicio de sus funciones, el Presidente de la Diputación deberá jurar o prometer el cargo ante el Pleno de la misma.


Art. 27.

Los Presidentes de las Diputaciones provinciales tendrán el tratamiento de Ilustrísima, salvo el de la de Barcelona, que tendrá el de Excelencia. Se respetan, no obstante, los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales.




Art. 28.

1. Además de las señaladas en el artículo 33.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponden al Pleno de la Diputación, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, las siguientes funciones:

a) La creación, modificación y disolución de organismos y establecimientos provinciales.

b) Informar en los expedientes de fusión, agregación o segregación de Municipios de su territorio.

c) (derogado)

d) (derogado)

e) La provincialización de servicios.

f) La aprobación de planes generales de carreteras y el establecimiento de servicios de comunicaciones provinciales y de suministro de energía eléctrica.

2. El ejercicio de las atribuciones establecidas en el número anterior será delegable, salvo las de los apartados a), b), e) y f).


Art. 29.

Además de las establecidas en el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponden al Presidente de la Diputación las siguientes atribuciones:

a) Todas las facultades en materia de personal que no tenga atribuidas el Pleno.

b) (derogado)

c) El desarrollo de la gestión económica conforme al presupuesto aprobado.

d) Rendir cuentas de las operaciones efectuadas en cada ejercicio económico.

e) El cumplimiento de las cargas que impongan las Leyes a la Administración Provincial.


CAPITULO III Competencias.

Art. 30.

1. La Diputación cooperará a la efectividad de los servicios municipales, preferentemente de los obligatorios, aplicando a tal fin:

a) Los medios económicos propios de la misma que se asignen.

b) Las subvenciones o ayudas financieras que concedan el Estado o la Comunidad Autónoma.

c) Las subvenciones o ayudas de cualquier otra procedencia.

d) El producto de operaciones de crédito.

2. La cooperación podrá ser total o parcial, según aconsejen las circunstancias económicas de los Municipios interesados.

3. Los servicios a que debe alcanzar la cooperación serán, en todo caso, los relacionados como mínimos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

4. La preferencia entre los distintos servicios mínimos a que alude el número anterior, se determinará sobre la base de los objetivos a que se refiere el artículo 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, atendiendo a las circunstancias de cada Municipio y con respeto de las prioridades sectoriales que se determinan en la forma establecida en el artículo 59 de dicha Ley.

5. También cooperará la Diputación en la elaboración de planes territoriales y urbanísticos, redacción de proyectos, dirección de obras o instalaciones, informes técnicos previos al otorgamiento de licencias y gestión tributaria, construcción y conservación de caminos y vías rurales y demás obras y servicios de la competencia municipal.

6. Las formas de cooperación serán:

a) La asistencia administrativa en el ejercicio de las funciones públicas necesarias.

b) El asesoramiento jurídico, económico y técnico.

c) Ayudas de igual carácter en la redacción de estudios y proyectos.

d) Subvenciones a fondo perdido.

e) Ejecución de obras e instalación de servicios.

f) La concesión de créditos y la creación de Cajas de Crédito para facilitar a los Ayuntamientos operaciones de este tipo,

g) La creación de consorcios u otras formas asociativas legalmente autorizadas.

h) La suscripción de convenios administrativos.

i) Cualesquiera otras que establezca la Diputación con arreglo a la Ley.


Art. 31.

La aportación de los Municipios para el establecimiento de servicios por el sistema de cooperación, se fijará en cada caso con arreglo a su capacidad económica, pudiendo hacerse efectiva con cargo a sus propios ingresos o por créditos de la Diputación provincial. En este último supuesto, y sin perjuicio de cualesquiera otras garantías, los ingresos que produzca el servicio establecido quedarán afectos preceptivamente al reintegro de los mismos hasta su total extinción.


Art. 32.

1. Para el desarrollo de la cooperación, las Diputaciones, con participación de los Ayuntamientos, redactarán los planes provinciales establecidos en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. Su contenido podrá diferenciarse por servicios o zonas.

3.Dichos planes se insertarán en el "Boletín Oficial de la Provincia" para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones sobre los mismos durante un plazo de diez días.

4. Los planes de cooperación serán aprobados por las Diputaciones después de haber dado participación a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, y previo informe de la Comisión Provincial de Colaboración con las Corporaciones Locales.

5. Aprobados definitivamente los planes, cualquier modificación requerirá el cumplimiento de los mismos trámites prevenidos en este artículo.


Art. 33.

En la formación y ejecución de los planes se observarán las siguientes reglas:

1.ª La subvención estatal para su financiación se librará a las Diputaciones.

2.ª La ejecución corresponde a la Diputación sin perjuicio de la posibilidad de que la asuman los Municipios afectados, siempre que así lo soliciten

3.ª Las obras y adquisiciones se efectuarán por los procedimientos señalados en la legislación sobre contratación de las Entidades locales, pudiendo agrupar los proyectos por servicios o zonas, a fin de obtener ventajas económicas y facilitar la concurrencia de licitadores de reconocida solvencia.

4.ª Efectuada la recepción definitiva de las obras que se ejecuten por las Diputaciones, se entregarán las mismas a la Entidad local que corresponda, a cuyo cargo correrá su conservación y mantenimiento.


Art. 34.

Con independencia de las cuentas generales que hayan de remitir las Diputaciones, enviarán al Ministerio de Administración Territorial, con la periodicidad que reglamentariamente se establezca, un estado comprensivo del desarrollo económico de los créditos destinados a cooperación, así como una Memoria detallada de las realizaciones conseguidas en el año anterior.


TITULO IV. Otras Entidades Locales

Art. 35.

1. Para que los Municipios se mancomunen no será indispensable que pertenezcan a la misma provincia ni que exista entre ellos continuidad territorial, si ésta no es requerida por la naturaleza de los fines de la Mancomunidad.

2. Las Mancomunidades no podrán asumir la totalidad de las competencias asignadas a los respectivos Municipios.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.3 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los acuerdos aprobatorios de la constitución y Estatutos de la Mancomunidad deberán adoptarse por cada Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, previa información pública por plazo de un mes. Cuando se trate de Municipios que sean de distintas Provincias habrá de darse audiencia a las Diputaciones Provinciales respectivas.

4. El órgano de gobierno de la mancomunidad estará integrado por representantes de los Municipios mancomunados en la forma que determinen los correspondientes Estatutos.


Art. 36.

Los Estatutos de las Mancomunidades municipales habrán de expresar al menos:

1.º Los Municipios que comprenden.

2.° El lugar en que radiquen sus órganos de gobierno y administración.

3.° El número y forma de designación de los representantes de los Ayuntamientos que han de integrar los órganos de gobierno de la Mancomunidad.

4.° Los fines de ésta.

5.° Los recursos económicos.

6.° El plazo de vigencia.

7.º El procedimiento para modificar los Estatutos, y

8.º Las causas de disolución.


Art. 37.

Las Entidades conocidas con las denominaciones de Mancomunidades o Comunidades de Tierra o de Villa y Tierra, o de Ciudad y Tierra, Asocios, Reales Señoríos, Universidades, Comunidades de Pastos, Leñas, Aguas, y otras análogas, continuarán rigiéndose por sus normas consuetudinarias o tradicionales y, sin perjuicio de la autonomía de que disfrutan, deberán ajustar su régimen económico a lo prescrito en la legislación de régimen local sobre formación de presupuestos y rendición de cuentas, liquidaciones, inventarios y balances.


Art. 38.

Las Entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal tendrán las siguientes competencias:

a) La construcción, conservación y reparación de fuentes, lavaderos y abrevaderos.

b) La policía de caminos rurales, montes, fuentes y ríos.

c) La limpieza de calles.

d) La mera administración y conservación de su patrimonio, incluido el forestal, y la regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales.

e) La ejecución de obras y la prestación de servicios comprendidos en la competencia municipal y de exclusivo interés de la Entidad, cuando no esté a cargo del respectivo Municipio.


Art. 39.

El Alcalde pedáneo, órgano unipersonal ejecutivo de la Entidad local, preside la Junta Vecinal   y es elegido conforme a la Ley Electoral.


Art. 40.

El Alcalde pedáneo tendrá las atribuciones que la Ley señale al Alcalde, circunscritas a la administración de su Entidad, y en particular las siguientes:

a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta o Asamblea vecinal, dirigir sus deliberaciones y decidir los empates con voto de calidad.

b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta o Asamblea vecinal.

c) Aplicar el Presupuesto de la Entidad, ordenando pagos con cargo al mismo, y rendir cuentas de su gestión.

d) Vigilar la conservación de caminos rurales, fuentes públicas y montes, así como los servicios de policía urbana y de subsistencias.

e) Todas las demás facultades de administración de la Entidad no reservadas expresamente a la Junta o Asamblea vecinal.


Art 41.

1. La Junta o Asamblea vecinal tendrá las siguientes atribuciones:

a) La aprobación de Presupuestos y Ordenanzas de exacciones, la censura de cuentas y el reconocimiento de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.

b) La administración y conservación de bienes y derechos propios de la Entidad y la regulación del aprovechamiento de bienes comunales.

c) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas.

d) En general, cuantas atribuciones se asignan por la Ley al Ayuntamiento Pleno con respecto a la administración del Municipio, en el ámbito de la Entidad.

2. Los acuerdos de la Junta o Asamblea vecinal sobre disposiciones de bienes y operaciones de crédito y expropiación forzosa deberán ser ratificados por el Ayuntamiento respectivo.


Art. 42.

1. La constitución de nuevas Entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Petición escrita de la mayoría de los vecinos residentes en el territorio que haya de ser base de la Entidad, o alternativamente acuerdo del Ayuntamiento.

b) Información pública vecinal.

c) Informe del Ayuntamiento, y

d) Resolución definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

2. No podrá constituirse en Entidad local de ámbito territorial inferior al Municipio el núcleo territorial en que resida el Ayuntamiento.


Art. 43.

1. Una vez constituida la Entidad se establecerán sus límites territoriales y se hará la separación patrimonial.

2. Los acuerdos municipales en esta materia requerirán la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma, que se entenderá otorgada si no resolviere en el término de tres meses.


Art. 44.

La modificación y supresión de Entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal podrá llevarse a efecto:

a) A petición de la propia Entidad cumpliendo los requisitos consignados en el artículo 42.

b) Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma adoptado previa audiencia de las Entidades y Ayuntamientos interesados, con informe del órgano consultivo superior de aquél, donde existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado y conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.


Art. 45.

Para que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma acuerde la supresión de Entidades Locales de ámbito territorial inferior al municipal, será necesario instruir el oportuno expediente en el que se demuestre la insuficiencia de recursos para sostener los servicios mínimos que le estén atribuidos, o se aprecien notorios motivos de necesidad económica o administrativa.


TITULO V. Disposiciones comunes a las Entidades Locales

CAPITULO PRIMERO. Régimen de funcionamiento

Art. 46.

Las Comisiones Municipales y Provinciales de Gobierno celebrarán sesión ordinaria con la periodicidad que establezca el Reglamento orgánico de la Corporación.

Corresponde al Presidente de cada Comisión fijar el día en que deba celebrarse la sesión.


Art. 47.

1. Las Corporaciones locales podrán establecer ellas mismas su régimen de sesiones. Los días de las reuniones ordinarias serán fijados previamente por acuerdo de la Corporación.

2. Salvo en casos de urgencia, no se tratarán más asuntos que los señalados en el orden del día de cada sesión, que formará el Presidente y se distribuirá a los miembros de la Corporación con antelación mínima de dos días hábiles.


Art. 48.

1. Cuando la cuarta parte de los miembros que legalmente integran la Corporación solicite la celebración de sesión extraordinaria del Pleno, el Presidente vendrá obligado a convocarla dentro de los cuatro días siguientes al de la solicitud.

2. La convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno de las Corporaciones locales habrá de hacerse, al menos, con dos días de antelación al de su celebración, salvo en supuestos de urgencia debidamente motivada y con expresión de los asuntos a que se han de circunscribir las deliberaciones y acuerdos, sin que puedan tratarse otros distintos.


Art. 49.

Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial o en el Palacio Provincial que constituya la sede de la respectiva Corporación. En los casos de fuerza mayor, podrán celebrarse en edificio habilitado al efecto.


Art. 50.

De cada sesión se extenderá acta por el Secretario de la Corporación o, en su caso, del órgano correspondiente, haciendo constar, como mínimo, la fecha y hora de comienzo y fin; los nombres del Presidente y demás asistentes; los asuntos tratados; el resultado de los votos emitidos y los acuerdos adoptados. En las sesiones plenarias deberán recogerse sucintamente las opiniones emitidas.


Art. 51.

Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.


Art. 52.

1. El libro de actas tiene la consideración de instrumento público solemne, y deberá llevar en todas sus hojas, debidamente foliadas, la rúbrica del Presidente y el sello de la Corporación.

2. No serán válidos los acuerdos no reflejados en el correspondiente libro de actas que reúna los requisitos expresados en el apartado anterior.


Art. 53.

Las Juntas o Asambleas vecinales de las Entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal ajustarán, también, su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos anteriores, que se aplicarán, asimismo, para las Asambleas vecinales en el régimen de Concejo abierto en todo aquello que no sea específico de este régimen ni se oponga a los usos, costumbres o tradiciones locales. Los acuerdos se adoptarán siempre por mayoría de votos.


Art. 54.

1. Será necesario el informe previo del Secretario, y, además, en su caso, del Interventor o de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes acuerdos:

a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren de tratarse.

b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.

2. Los informes que se emitan deberán señalar la legislación, en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto.

3. Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado.

4. En cuanto a la representación y defensa en juicio de las Entidades locales, se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Art. 55.

En la esfera de su competencia, las Entidades locales podrán aprobar Ordenanzas y Reglamentos, y los Alcaldes dictar Bandos. En ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes.


Art. 56.

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Para la modificación de las Ordenanzas y Reglamentos deberán observarse los mismos trámites que para su aprobación.


Art. 57.

Serán de aplicación a las infracciones de las Ordenanzas, Reglamentos y Bandos los plazos de prescripción que establece el Código Penal para las faltas, sin perjuicio de lo que, en cada caso, establezcan las leyes.


Art. 58.

Para la exacción de multas por infracción de Ordenanzas, en defecto de pago voluntario, se seguirá el procedimiento administrativo de apremio.


Art. 59.

Las multas por infracción de Ordenanzas no podrán exceder, salvo previsión legal distinta, de 25.000 pesetas en Municipios de más de 500.000 habitantes; de 15.000 pesetas en los de 50.001 a 500.000; de 10.000 pesetas en los de 20.001 a 50.000; de 5.000 pesetas en los de 5.001 a 20.000, y de 500 pesetas en los demás Municipios.


Art. 60.

Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que, por dolo o culpa o negligencia, adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones legales, estarán obligados a indemnizar a la Corporación Local los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquéllos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.


CAPITULO II. Relaciones interadministrativas

Art. 61.

La Administración del Estado colaborará con las Entidades locales en los términos y para los fines previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril.


Art. 62.

La asistencia técnica consistirá en cualquier ayuda prevista por las leyes, y, en especial, la elaboración de estudios y proyectos relativos a la ejecución de obras, prestación de servicios o cualquier otra actividad propia de las Entidades locales o de interés común.


Art. 63.

1. La ayuda financiera se llevará a cabo mediante subvenciones incluidas en los Presupuestos Generales del Estado o en los de otros Organismos estatales.

2. Serán condiciones indispensables para la concesión de subvenciones:

a) Que tengan por objeto la realización de obras o prestación de servicios cuyos efectos sociales o administrativos se contraigan al territorio de la Entidad local subvencionada.

b) Que tales obras o servicios sean gestionados por las Corporaciones locales, según las formas determinadas en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.


Art. 64.

La constitución con las Entidades locales de entes de gestión de carácter público o privado se regirá por la legislación de régimen local.


Art. 65.

La colaboración de la Administración del Estado será objeto de especial consideración cuando se trate de municipios que se encuentren en alguna de las circunstancias objetivas siguientes:

a) Los de reconocido valor histórico-artístico.

b) Los de marcado interés turístico.

c) Los que, por el emplazamiento o forma de asentamiento de su población, experimenten un mayor costo en los servicios considerados esenciales.

d) Los que presenten un índice de expansión extraordinario en el aspecto industrial o urbano, y

e) Los que hayan sufrido las consecuencias de fenómenos catastróficos que, por la magnitud de los daños, volumen de la población afectada y carencia de recursos locales, exijan asistencia especial temporal.


Art. 66.

El Estado y las Comunidades Autónomas podrán delegar en las Entidades Locales la realización de obras, ejecución de servicios y, en general, el ejercicio de actividades propias de su competencia. Los Municipios podrán recibir delegaciones de las otras Entidades locales.


Art. 67.

1. La delegación habrá de referirse a funciones en cuya gestión sea conveniente la participación de los representantes de los intereses locales. por razón de su trascendencia municipal o provincial.

2. Al acordarse la delegación, se determinarán las facultades de dirección y fiscalización que se reserve la Administración delegante, en los términos de los artículos 7.3 y 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. La delegación podrá acordarse en favor de una o de varias Entidades locales vinculadas entre sí, siempre que éstas cuenten con los medios técnicos y de gestión convenientes, y que les sean cedidos los necesarios medios financieros. La aceptación expresa de las Entidades delegadas será indispensable para que la delegación se produzca válidamente, salvo en lo dispuesto en el artículo 27 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

4. El ejercicio de las facultades delegadas se realizará conforme al ordenamiento estatal o autonómico, según de quien proceda la delegación, y sin perjuicio de que las Entidades locales se atengan al ordenamiento local para su ejecución.


Art. 68.

1. A petición de las Entidades locales Interesadas, el Gobierno o el Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán delegar en aquéllas la realización de funciones, obras o servicios. El acuerdo preverá la oportuna dotación económica con cargo a los Presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas.

2. Además de las facultades de dirección y fiscalización, la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma delegante, podrá reservarse potestades decisorias en mayor o menor grado, apreciadas las circunstancias de cada caso, y, especialmente, la trascendencia municipal o provincial de las funciones, la conveniencia de participación en su ejercicio de las Entidades locales, los medios técnicos y de gestión con que cuenten éstas y los recursos financieros que tengan o les sean cedidos.


Art. 69.

Las competencias compartidas o concurrentes podrán ser ejercidas conjuntamente por la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma y la Local, mediante la constitución de entes instrumentales de carácter público o privado, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de esta Ley.


Art. 70.

Mediante el correspondiente acuerdo, las Entidades locales podrán también asumir, o, en su caso, colaborar en la realización de obras o en la gestión de servicios del Estado, incluidos los de la Seguridad Social, a través de cualquiera de las formas de gestión previstas por las leyes, y, en todo caso, mediante consorcio o convenio.


Art. 71.

Sin perjuicio de los supuestos de financiación concurrentes previstos por Ley, las Corporaciones locales no costearán servicios del Estado o de las Comunidades Autónomas, salvo las fórmulas de colaboración voluntaria a la prestación de los mismos.


CAPITULO III. Estatuto de los miembros de las Corporaciones locales

Art. 72.

1. Los miembros de las Corporaciones locales están obligados a concurrir a todas las sesiones, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación necesaria al Presidente de la Corporación.

2. Las ausencias fuera del término municipal que excedan de ocho días deberán ser puestas en conocimiento de los respectivos Presidentes.


Art. 73.

Los límites de las sanciones que podrán imponer los Presidentes de las Corporaciones locales a los miembros de las mismas serán los establecidos en el artículo 59 de esta Ley sin perjuicio de lo que determinen las Leyes de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 78.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.


TITULO VI. Bienes, actividades y servicios y contratación

CAPITULO PRIMERO. Bienes

Art. 74.

1. Son bienes de uso público local los caminos y carreteras, plazas, calles. paseos, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad local.

2. Son bienes de servicio público los destinados al cumplimiento de  fines  públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general, edificios que sean sede de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, así como los montes catalogados de propiedad provincial.


Art. 75.

1. El aprovechamiento y disfrute de bienes comunales se efectuará preferentemente en régimen de explotación colectiva o comunal.

2. Cuando este aprovechamiento y disfrute general simultáneo de bienes comunales fuere impracticable, regirá la costumbre u Ordenanza local, al respecto y, en su defecto, se efectuarán adjudicaciones de lotes o suertes a los vecinos, en proporción directa al número de familiares a su cargo e inversa a su situación económica.

3. Si esta forma de aprovechamiento y disfrute fuere imposible, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá autorizar su adjudicación en pública subasta, mediante precio, dando preferencia en igualdad de condiciones a los postores que sean vecinos.

4. Los Ayuntamientos y Juntas vecinales que, de acuerdo con normas consuetudinarias u Ordenanzas locales tradicionalmente observadas, viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante concesiones periódicas de suertes o cortas de madera a los vecinos, podrán exigir a éstos, como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia, según costumbre local, siempre que tales condiciones y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean fijadas en Ordenanzas especiales, aprobadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquella, si existiere, o, en otro caso, del Consejo de Estado.


Art. 76.

Son bienes patrimoniales o de propios los que, siendo propiedad de la Entidad local, no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuente de ingresos para el erario de la Entidad.


Art. 77.

En casos extraordinarios, y previo acuerdo municipal, adoptado por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, podrá fijarse una cuota anual que deberán abonar los vecinos por la utilización de los lotes que se les adjudiquen, para compensar estrictamente los gastos que origine la custodia, conservación y administración de los bienes.


Art. 78.

1. Los bienes comunales que por su naturaleza intrínseca o por otras causas, no hubieren sido objeto de disfrute de esta índole durante más de diez años, aunque en alguno de ellos se haya producido acto aislado de aprovechamiento, podrán ser desprovistos de su carácter comunal mediante acuerdo de la Entidad local respectiva. Este acuerdo requerirá, previa información pública, el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y posterior aprobación de la Comunidad Autónoma.

2. En el supuesto de que tales bienes resultasen calificados como patrimoniales y fueren susceptibles de aprovechamiento agrícola, deberán ser arrendados a quienes se comprometieren a su explotación, otorgándose preferencia a los vecinos del Municipio.


Art. 79.

1. Toda enajenación, gravamen o permuta de bienes inmuebles habrá de comunicarse al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Si su valor excediera del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación requerirá, además, autorización de aquél.

2. Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente salvo a Entidades o Instituciones públicas y para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro.


Art. 80.

Las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública. Se exceptúa el caso de enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario.


Art. 81.

Cuando se trate de enajenaciones o gravámenes que se refieran a monumentos, edificios u objetos de índole artística o histórica, será necesario el informe previo del órgano estatal o autonómico competente de acuerdo con la legislación sobre Patrimonio Histórico y Artístico.


Art. 82.

1. No implicarán enajenación ni gravamen las cesiones de parcelas de terrenos del patrimonio municipal a favor de vecinos braceros, aunque el disfrute de éstos haya de durar más de diez años, ni las que se otorguen a vecinos para plantar arbolado en terrenos del mismo patrimonio no catalogados como de utilidad pública.

2. Dichas cesiones habrán de ser acordadas por el Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

3. Los vecinos cesionarios se harán, en su caso, dueños del arbolado que cultiven, y durante los cinco años primeros podrán acotar las parcelas plantadas para preservarlas de los ganados. Si esta acotación perjudicara aprovechamientos comunales y hubiera reclamaciones de vecinos, quedará en suspenso la cesión hasta que sobre ella recaiga nuevamente acuerdo del Ayuntamiento Pleno.


Art. 83.

El arrendamiento de bienes patrimoniales de las Entidades locales se regirá, en todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación por las normas jurídico-públicas que regulen la contratación.


Art. 84.

1. Las Entidades locales tendrán la facultad de explotar los montes de su propiedad y realizarán el servicio de conservación y fomento de los mismos, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación específica sobre montes y aprovechamientos forestales.

2. Corresponde a las Entidades locales la repoblación forestal, ordenación y mejora de los montes de su pertenencia, estén o no declarados de utilidad pública, con intervención de la Administración del Estado o de !a Comunidad Autónoma en los planes y trabajos de acuerdo con la legislación de montes.

3. Si para el cumplimiento de tales fines precisaren aquellas Entidades auxilio o colaboración de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, podrán establecerse con éstas o con las Entidades públicas que ejerzan sus derechos forestales los acuerdos que crean convenientes.

4. Las Entidades locales poseedoras de montes, declarados o no de utilidad pública, despoblados en superficie igual o superior a cien hectáreas, deberán proceder con sus propios medios o con el auxilio o la colaboración antes mencionada a la repoblación de la cuarta parte de dicha superficie, conforme a las normas dictadas por la Administración competente en materia de agricultura.

5. Si no lo hiciesen, a pesar de la colaboración de las Administraciones del Estado o de la Comunidad Autónoma, éstas podrán efectuar por su cuenta la repoblación a que viene obligada la Entidad local, concediendo a la misma opción para adquirir la propiedad del monte formado, mediante el reintegro con o sin interés del capital invertido, deducción hecha, en su caso, de la parte concedida como subvención o reservándose una participación en las masas arbóreas creadas con arreglo al valor del suelo.


Art. 85.

Las Entidades locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, siendo suficiente a tal efecto la certificación que, con relación al inventario aprobado por la respectiva Corporación, expida el Secretario, con el visto bueno del Alcalde o Presidente y que producirá iguales efectos que una escritura pública.


Art. 86.

Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente, comprobándose siempre que se renueve la Corporación.


Art. 87.

Los valores mobiliarios podrán depositarse, por acuerdo plenario, en establecimientos bancarios en que exista intervención del Estado. Los resguardos de depósito se conservarán en la Caja de la Entidad local.


CAPITULO II. Actividades y servicios

Art. 88.

Tendrán la consideración de obras locales todas las de nueva planta, reforma, reparación o entretenimiento que ejecuten las Entidades locales, tanto con sus propios fondos como con auxilio de otras Entidades públicas o particulares, para la realización de servicios de su competencia.


Art. 89.

(Derogado)


Art. 90.

Todo proyecto de obra deberá constar de planos, presupuesto de realización y memoria en que se incluya relación detallada y valoración aproximada de terrenos y construcciones que hayan de ocuparse y, en su caso, expropiarse, así como condiciones económicas y facultativas, las cuales podrán ser ampliadas con anterioridad al anuncio de la subasta o concurso.


Art. 91.

Los planes de ordenación urbana, los proyectos de obras y de instalación de servicios, cuando los Ayuntamientos carezcan de personal técnico, estarán a cargo de la respectiva Diputación Provincial.


Art. 92.

Se estimarán expropiables los edificios respecto a los cuales el Municipio tenga adquirido compromiso firme de ceder en el momento oportuno al Estado, Provincia o Entidad pública, para destinarlos a fines que redunden en pro de los intereses de la comunidad municipal. La cesión habrá de ser autorizada, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.


Art. 93.

La aprobación de los proyectos de obras locales se ajustará al procedimiento legalmente establecido. En todo caso, las provinciales, una vez tomados en consideración los proyectos por la Diputación Provincial, serán sometidos a información pública con carácter previo a su resolución definitiva.


Art. 94.

Las obras comprendidas en los planes de obras y servicios locales, incluidos los planes provinciales de cooperación, llevarán aneja la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos comprendidos a efectos de su expropiación forzosa.


Art. 95.

1. Los servicios públicos locales, incluso los ejercidos en virtud de la iniciativa pública prevista en el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán ser gestionados directa o indirectamente. Sin embargo, los servicios que impliquen ejercicio de autoridad sólo podrán ser ejercidos por gestión directa.

2. (Derogado)


Art. 96.

La iniciativa de las Entidades locales para el ejercicio de actividades económicas, cuando lo sea en régimen de libre concurrencia, podrá recaer sobre cualquier tipo de actividad que sea de utilidad pública y se preste dentro del término municipal y en beneficio de sus habitantes.


Art. 97.

1. Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales se requiere:

a) Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una Comisión de estudio compuesta por miembros de la misma y por personal técnico.

b) Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de que se trate, en la que deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad. Asimismo, deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se tendrá en cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a las necesidades generales de la Entidad local como ingreso de su Presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones.

c) Exposición pública de la memoria después de ser tomada en consideración por la Corporación, y por plazo no inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular observaciones los particulares y Entidades, y

d) Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.

2. Para la ejecución efectiva en régimen de monopolio de las actividades reservadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se requerirá el cumplimiento de los trámites previstos en el número anterior referidos a la conveniencia del régimen de monopolio y se recabará informe de la autoridad de competencia correspondiente, si bien el acuerdo a que se refiere su apartado d) deberá ser optado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

Recaído acuerdo de la Corporación, se elevará el expediente completo al órgano competente de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno de * ésta deberá resolver sobre su aprobación en el plazo de tres meses.

Si se solicitase dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, donde existiese, no se computará el tiempo invertido en evacuar la consulta.

* (NOTA: Declarado inconstitucional y nulo el inciso en cursiva)


Art. 98.

Todo acuerdo por el que se disponga la efectiva ejecución en régimen de monopolio de alguna de las actividades a que se refiere el artículo 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, llevará aneja, cuando requiera la expropiación de empresas, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes afectos al servicio.


Art. 99.

1. En los casos en que se requiera la expropiación de empresas Industriales o comerciales o el rescate de concesiones, se dará aviso a los interesados con seis meses de anticipación, por lo menos.

2. Para la determinación del justo precio se seguirán las reglas y el procedimiento establecidos en el Capítulo III del Título II de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, si bien en el Jurado provincial de expropiación el funcionario técnico a que se refiere el apartado b) del artículo 32 de la misma será designado por la Corporación local interesada


Art. 100.

Los servicios monopolizados en los términos del artículo 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán ser prestados por gestión directa a cargo de personal directamente dependiente en su actuación de los acuerdos y actos de los órganos de gobierno de la Corporación local.


Art. 101.

1. Cuando la gestión directa de los servicios se realice mediante una organización especializada, habrá de constituirse un Consejo de Administración que será presidido por un miembro de la Corporación.

2. A propuesta de dicho Consejo, el Alcalde o Presidente designará al Gerente.


Art. 102.

1. La organización especializada tendrá, dentro del presupuesto único previsto en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sección presupuestaria propia, constituida por las partidas consignadas a tal fin y nutrida por el producto de la prestación y por las subvenciones o auxilios que se recibiesen.

2. Los servicios prestados mediante una organización especializada llevarán, con independencia de la contabilidad general de la Entidad local, una contabilidad especial, debiendo publicarse los balances y las liquidaciones.

3. La liquidación o compensación de las pérdidas se hará en la forma prevista en el acuerdo de establecimiento. Con cargo a las ganancias se constituirán fondos de reserva en la cuantía que establezcan las Ordenanzas.


Art. 103.

1. En los casos en que el servicio o actividad se gestione directamente en forma de empresa privada, habrá de adoptarse una de las formas de Sociedad mercantil de responsabilidad limitada. La Sociedad se constituirá y actuará conforme a las disposiciones legales mercantiles, y en la escritura de constitución constará el capital, que deberá ser aportado íntegramente por la Entidad local, la forma de constituir el Consejo de Administración y la determinación de quienes tengan derecho a emitir voto representando al capital social.

2. Cuando las pérdidas excedan de la mitad del capital social, será obligatoria la disolución de la Sociedad, y la Corporación resolverá sobre la continuidad y forma de prestación del servicio.


Art. 104.

1. Para la gestión indirecta de los servicios podrán las Entidades locales utilizar las formas de Sociedad mercantil o cooperativa cuyo capital social sólo parcialmente pertenezca a la Entidad.

2. En el acuerdo constitutivo podrán establecerse las especialidades internas tanto estructurales como funcionales que, sin perjuicio de terceros, exceptúen la legislación societaria aplicable, en la medida necesaria para promover y desarrollar la empresa mixta de carácter mercantil o cooperativo.

En todo caso, deberá determinarse si la participación de los particulares ha de obtenerse únicamente por suscripción de acciones, participaciones o aportaciones de la empresa que se constituya o previo concurso en que los concursantes formulen propuestas respecto a la cooperación municipal y a la particular en la futura Sociedad, fijando el modo de constituir el capital social y la participación que se reserve la Entidad local en la dirección de la Sociedad y en sus posibles beneficios o pérdidas y demás particulares que figuren en la convocatoria.

3. Las Entidades locales podrán aportar exclusivamente la concesión, debidamente valorada a efectos de responsabilidad económica, u otra clase de derechos, así como instalaciones, equipamientos o numerario, siempre que tengan la condición de bienes patrimoniales. La escritura de constitución consignará, en todo caso, las facultades reservadas a quienes representen en la empresa a la Entidad local, así como los casos en que proceda la disolución.

4. En estas empresas podrán participar como socios, junto a la Entidad local, cualesquiera personas físicas o jurídicas, sea cual fuere la clase y el nivel o grado de la Sociedad resultante.


Art. 105.

En las Sociedades mercantiles o cooperativas a que se refiere el artículo anterior, la responsabilidad de la Entidad local se limitará a lo que expresamente conste en la escritura de constitución, sin que, en ningún caso, sea inferior al valor de los bienes o derechos aportados por aquélla.


Art. 106.

Los actos de gestión del servicio en sus relaciones con los usuarios estarán sometidos a las normas del propio servicio y, en su caso, a la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma que regule la materia.


Art. 107.

1. La determinación de las tarifas de los servicios que, con arreglo a la legislación sobre política general de precios, deban ser autorizadas por las Comunidades Autónomas u otra Administración competente, deberá ir precedida del oportuno estudio económico. Transcurridos tres meses desde la fecha de entrada del expediente en la Administración autorizante sin que haya recaído resolución, las tarifas se entenderán aprobadas.

2. Las tarifas deberán ser suficientes para la autofinanciación del servicio de que se trate. No obstante, cuando las circunstancias aconsejaren mantener la cuantía de las tarifas con módulos inferiores a los exigidos por la referida autofinanciación, la Comunidad Autónoma o Administración competente podrá acordarlo así, autorizando simultáneamente las compensaciones económicas pertinentes.


Art. 108.

En los casos de prestación indirecta de la actividad, con la única excepción de los servicios concedidos, regirán las siguientes normas:

A) Se fijará el término del convenio de acuerdo con las características del servicio, sin que en ningún caso pueda exceder de cincuenta años.

B) Se determinarán los precios de prestación del servicio, así como los plazos y condiciones de su revisión.

C) Se establecerán las garantías precisas para que, al término del convenio, las instalaciones, bienes y material integrante del servicio reviertan al patrimonio de la Entidad en condiciones normales de uso.

D) Se señalarán las condiciones de rescisión de los contratos y

E) Se fijará, en su caso, el canon anual que haya de satisfacerse a la Corporación, determinándose, además, la participación que la Entidad local tenga en la dirección de la empresa, así como en sus beneficios y pérdidas.

En cualquier caso, será necesario obtener la previa autorización de la Corporación para introducir mejoras en la prestación del servicio, sin perjuicio de que tales mejoras puedan ser impuestas por aquella Corporación mediante adecuada indemnización.


Art. 109.

Si el monopolio de un servicio afecta a varios términos municipales, deberán adoptar el acuerdo todos los Ayuntamientos respectivos, aun cuando el servicio haya de ser prestado a través de Mancomunidades u otras formas asociativas.


Art. 110.

 

(DEROGADO)


CAPITULO III. Contratación

Art. 111.

Las Entidades locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, en su caso, en favor de dichas Entidades.


Art. 112.

(Derogado)


Art. 113.

(Derogado)


Art. 114.

1. El órgano de la Entidad local competente para contratar según la Ley ostenta también la prerrogativa de interpretar tos contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar, por razón de interés público, los contratos celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados legalmente.

2. Las facultades establecidas en el número anterior se entienden sin perjuicio de la obligada audiencia del contratista y de las responsabilidades e indemnizaciones a que hubiere lugar.

3. Los acuerdos que, previo informe de la Secretaría y de la Intervención de la Corporación, dicte el órgano competente, en cuanto a la interpretación, modificación y resolución de los contratos serán inmediatamente ejecutivos. En los casos de interpretación y resolución, cuando el precio del contrato exceda de la cantidad fijada por la legislación estatal sobre contratación administrativa, y en los de modificación de estos últimos, cuando la cuantía de aquélla exceda del 20 por 100 del precio del contrato, será, además, preceptivo el dictamen del órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.


Art. 115.

(Derogado)


Art. 116.

(Derogado)


Art. 117.

1. Cuando las Entidades locales tengan que realizar obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia, a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, se estará al siguiente régimen excepcional:

1.° El Pleno de la Corporación podrá ordenar la directa ejecución de las obras, prestación de los servicios o realización de adquisiciones o suministros indispensables o contratarlos libremente, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales legalmente establecidos.

Podrá, igualmente, ejercer dicha facultad el Presidente de la Corporación local, debiendo dar conocimiento al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

2.° Simultáneamente, se autorizará el libramiento de los fondos precisos para hacer frente a los gastos con el carácter de a justificar, sin perjuicio de instruir el oportuno expediente de modificación de créditos, cuando fuere necesario.

2. El resto de las obras, servicios, suministros o adquisiciones que puedan ser necesarios se contratará de conformidad con los requisitos formales legalmente establecidos.


Art. 118.

(Derogado)


Art. 119.

(Derogado)


Art. 120.

(Derogado)


Art. 121.

(Derogado)


Art. 122.

(Derogado)


Art. 123.

(Derogado)


Art. 124.

(Derogado)


Art. 125.

(Derogado)


TITULO VII. Personal al servicio de las Entidades locales

CAPITULO PRIMERO. Disposiciones generales

Art. 126.

1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.

2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:

a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.

b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.

Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes especiales o coyunturales.

3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.

4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.


Art. 127.

Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia», junto con el resumen del Presupuesto.


Art. 128.

1. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas.

2. No podrá nombrarse personal interino para plazas que no se hayan incluido en la oferta de empleo público, salvo cuando se trate de vacantes realmente producidas con posterioridad a su aprobación.

El personal que ostentare la condición de interino cesará automáticamente al tomar posesión como funcionarios de carrera los aspirantes aprobados en la respectiva convocatoria. Sólo podrá procederse al nombramiento del nuevo personal interino para las plazas que continúen vacantes una vez concluidos los correspondientes procesos selectivos.


Art. 129.

1. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administración Territorial:

a) Establecer los límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias de los funcionarios de Administración Local.

b) Establecer límites de carácter general a los gastos de personal de las Entidades locales, sin perjuicio de los que puedan establecerse en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o en otras Leyes.

c) Establecer las normas básicas específicas de la carrera administrativa, especialmente en cuanto se refiere a la promoción y movilidad.

d) Aprobar los demás proyectos de normas básicas de aplicación a la función pública local que deban revestir la forma de Real Decreto.

2. Corresponde al Ministerio de Administración Territorial:

a) Establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse en las Entidades locales las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación.

b) En relación con los funcionarios con habilitación de carácter nacional:

1.° El desarrollo de su régimen legal general.

2.° La convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a los cursos para la obtención de la habilitación y la aprobación de las bases y programas correspondientes.

3.º La expedición de los títulos acreditativos de la habilitación de carácter nacional a quienes superen los cursos de formación.

4.° El establecimiento de las normas básicas de los concursos para la provisión de las plazas reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional, incluyendo los méritos generales de preceptiva valoración.

5.º  (Derogado).

6.° (Derogado).

7.º Las acumulaciones y comisiones de servicio de funcionarios con habilitación de carácter nacional, cuando excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.

8.º Acordar la destitución del cargo o la separación del servicio de los funcionarios con habilitación de carácter nacional previo expediente instruido al efecto en la forma prevista en los artículos 149 y 150 de esta Ley.

3. Corresponde a los órganos de la Corporación local, según la distribución de competencias prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, las restantes competencias en materia de personal a su servicio y, en particular, las siguientes:

a) La aprobación de plantillas y relaciones de puestos de trabajo y sus modificaciones.

b) El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos.

c) La determinación del procedimiento de ingreso en las Subescalas de Administración Especial.

Los acuerdos de las Corporaciones que versen sobre estas materias deberán ser comunicados al Ministerio de Administración Territorial, y al órgano competente en materia de régimen local de la Comunidad Autónoma, dentro del plazo de treinta días, a partir del siguiente a la fecha de su adopción, y sin perjuicio del deber general de comunicación de acuerdos a que se refiere el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.


CAPITULO II. Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera

Art. 130.

1. Son funcionarios de la Administración Local las personas simuladas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo.

2. Son funcionarios de carrera de la Administración Local los que, en virtud de nombramiento legal, desempeñen servicios de carácter permanente en una Entidad local, figuren en las correspondientes plantillas y perciban sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal del presupuesto de las Corporaciones.


Art. 131.

1. Los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional se integrarán en las escalas, subescalas, clases y categorías de cada Corporación, con arreglo a lo que se previene en la presente Ley.

2. Las subescalas, clases y categorías quedarán agrupadas conforme a la legislación básica del Estado en los grupos que ésta determine, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso.


Art. 132.

Corresponde a los funcionarios de carrera el desempeño de los puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones señaladas en el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como las que en su desarrollo y en orden a la clasificación de puestos, se determinen en las normas estatales sobre confección de las relaciones de puestos de trabajo y descripción de puestos de trabajo-tipo.


Art. 133.

El procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local se ajustará a la legislación básica del Estado sobre función pública, y se establecerá teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.


Art. 134.

1. Las convocatorias serán siempre libres. No obstante, podrán reservarse para promoción interna hasta un máximo del 50 por 100 de las plazas convocadas para funcionarios que reúnan la titulación y demás requisitos exigidos en la convocatoria.

2. Serán aplicables las normas de la presente Ley, y las que dicte el Estado en uso de las autorizaciones contenidas en los artículos 98.1 y 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; en lo no previsto en ellas, la reglamentación que para el ingreso en la función pública establezca la respectiva Comunidad Autónoma, y supletoriamente, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado.


Art. 135.

Para ser admitido a las pruebas para el acceso a la Función Pública local será necesario:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, en cada caso.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.


Art. 136.

1. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos, corresponderá al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal.

2. Será nulo el nombramiento como funcionario de la Entidad local de quienes estén incursos en causas de incapacidad específica, conforme a la normativa vigente. Idénticas reglas serán de aplicación al personal interino a que se refiere el artículo 128.2.


Art. 137.

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

a) Superar las pruebas de selección, y en su caso, los cursos de formación preceptivos.

b) Nombramiento conferido por la autoridad competente.

c) Prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida.

d) Tomar posesión dentro del plazo señalado reglamentariamente.


Art. 138.

1. La condición de funcionario de carrera de la Administración local se pierde en virtud de alguna de las causas siguientes:

a) Renuncia.

b) Pérdida de la nacionalidad española.

c) Sanción disciplinaria de separación del servicio.

d) Por imposición de la pena de inhabilitación absoluta o inhabilitación especial.

e) Por jubilación forzosa o voluntaria.

2. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para nuevo ingreso al servicio de la Administración local.

3. En el caso de recuperación de la nacionalidad española se podrá solicitar la rehabilitación de la cualidad de funcionario de la Administración local.

4. La pérdida de la condición de funcionario, prevista en los apartados c) y d) del número 1 tiene carácter definitivo, sin perjuicio de los supuestos de rehabilitación.

5. La relación funcionarial cesa durante el tiempo de la condena a la pena de suspensión de cargo público.


Art. 139.

1. La jubilación de los funcionarios tendrá lugar:

a) Forzosamente por cumplimiento de la edad.

b) De oficio o a petición del interesado, por incapacidad permanente para eI ejercicio de sus funciones.

c) A instancia del interesado, por haber cumplido sesenta años de edad y haber completado treinta años de servicios efectivos.

2. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad.

3. Los derechos pasivos de los funcionarios de Administración Local se regirán por su legislación específica, que deberá ser homologada a la normativa general de los funcionarios civiles del Estado. De igual forma, cuando se trate de funcionarios con jornada reducida, se aplicarán principios análogos a los establecidos para los funcionarios del Estado.


Art. 140.

1. Las situaciones en que pueden hallarse los funcionarios de carrera de la Administración local serán las siguientes:

a) Servicio activo.

b) Servicio en Comunidades Autónomas.

c) Excedencia forzosa o voluntaria.

d) Servicios especiales.

e) Suspensión.

2. Dichas situaciones se regularán por la normativa básica estatal, y por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local.


Art. 141.

1. Se asegura a los funcionarios de carrera en las Entidades locales el derecho al cargo, sin perjuicio de su adscripción a unos u otros puestos de trabajo, efectuada dentro de sus competencias respectivas por los distintos órganos competentes en materia de funcionarios públicos locales. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional gozarán, asimismo, del derecho a la inamovilidad en la residencia. También estarán asistidos del derecho de inamovilidad en la residencia los demás funcionarios, en cuanto el servicio lo consienta.

2. Las Corporaciones locales dispensarán a sus funcionarios la protección que requiere el ejercicio de sus cargos, y les otorgarán los tratamientos y consideraciones sociales debidos a su rango y a la dignidad de la función pública.


Art. 142.

Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.


Art. 143.

Las Entidades locales, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional de esta Ley y disposiciones dictadas en su desarrollo, estarán obligadas en los términos de la legislación vigente a facilitar a sus funcionarios una adecuada asistencia médico-farmacéutica, que incluirá la quirúrgica y de especialidades.


Art. 144.

Los funcionarios de Administración local tienen las obligaciones determinadas por la legislación sobre función pública de la correspondiente Comunidad Autónoma y, en todo caso, las previstas en la legislación básica del Estado sobre función pública.


Art. 145.

El régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Administración local es el establecido con carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado para su aplicación a los funcionarios de la Administración local.


Art. 146.

1. Las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración local en el ejercicio de sus cargos serán calificadas de leves, graves y muy graves.

2. Las faltas leves prescribirán al mes; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los seis años.

3. Reglamentariamente se determinará la forma de computar dichos plazos de prescripción.


Art. 147.

1. Las faltas muy graves serán las tipificadas por la legislación básica de la función pública.

2. Las faltas graves y leves serán las establecidas en la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y supletoriamente en la legislación de funcionarios civiles del Estado.


Art. 148.

1. Por razón de las faltas a que se refiere el artículo anterior podrán imponerse las sanciones siguientes:

a) Apercibimiento.

b) Deducción proporcional de las retribuciones.

c) Suspensión de funciones.

d) Destitución del cargo.

e) Separación del servicio.

2. Las faltas leves sólo podrán corregirse con las sanciones que se señalan en los apartados a) y b) del número 1 de este artículo.

Las faltas de puntualidad y las de asistencia, cuando constituyan faltas leves, se sancionarán con la deducción proporcional de las retribuciones.

3. Las sanciones de los apartados b), c) y d) de dicho número se impondrán por la comisión de faltas graves.

4. Las faltas muy graves se corregirán con las sanciones de los apartados c), d) y e) del mismo número.

5. La sanción del apartado d) sólo será de aplicación a los funcionarios con habilitación de carácter nacional. No se les aplicará, en cambio, la suspensión de funciones por más de un año, que será sustituida por la destitución del cargo, con prohibición de obtener nuevo destino en el plazo que se fije, con el máximo de tres años.

6. La suspensión firme determina la pérdida del puesto de trabajo, que será cubierto reglamentariamente sin perjuicio de lo establecido en el número anterior para los funcionarios con habilitación de carácter nacional.

7. No se entenderá como sanción la facultad de las Corporaciones para adscribir y remover de los distintos puestos de trabajo a los funcionarios sin habilitación de carácter nacional.


Art. 149.

1. No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves sino en virtud de expediente instruido al efecto con audiencia del interesado. La tramitación del expediente se regirá por las disposiciones reglamentarias correspondientes.

2. Las faltas leves podrán ser corregidas sin necesidad de instruir expediente, dando audiencia, en todo caso, al interesado.


Art. 150.

1. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a las funcionarios de la Administración local los siguientes:

a) El Presidente de la Corporación, en todo caso, o el miembro de ésta que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa del personal.

b) La Dirección General de Administración Local, cuando se trate de funcionarios con habilitación de carácter nacional, por faltas cometidas en Corporación distinta de aquélla en la que se encuentren prestando servicios, o cuando, por la gravedad de los hechos denunciados, pudiera dar lugar a sanción de destitución o separación del servicio.

2. El órgano competente para acordar la incoación del expediente, lo será también para nombrar Instructor del mismo y decretar o alzar la suspensión provisional del expedientado, así como para instruir diligencias previas antes de decidir sobre tal incoación.

3. En cualquier caso, decretada por el Presidente de la Corporación la instrucción de expediente disciplinario a funcionario con habilitación de carácter nacional, aquél podrá solicitar de la Dirección General de Administración Local la instrucción del mismo si la Corporación careciera de medios personales para su tramitación.

4. La tramitación del expediente se ajustará a lo que establezca la legislación de la Comunidad Autónoma respectiva y supletoriamente el Reglamento disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado.


Art. 151.

Son órganos competentes para la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves al resolver el expediente disciplinario:

a) El Ministro de Administraciones Públicas, cuando se trate de imponer sanciones que supongan la destitución del cargo o la separación del servicio de funcionarios con habilitación de carácter nacional. También lo será para imponer la sanción de suspensión de funciones a los funcionarios con habilitación de carácter nacional cuando la falta se hubiera cometido en Corporación distinta de la que se encuentren actualmente prestando servicios.»

b) El Pleno de la Corporación, cuando se trate de sanciones a funcionarios con habilitación de carácter nacional no comprendidas en el párrafo anterior o de la separación del servicio de otros funcionarios cuyo nombramiento esté atribuido a la Corporación.


Art. 152.

1. Las sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios se anotarán en sus hojas de servicios y, en todo caso, en el Registro de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación se regirá por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y supletoriamente por la legislación de funcionarios civiles del Estado.

2. Los funcionarios de Administración local podrán ser rehabilitados cuando hayan sido separados del servicio por sanción disciplinaria, acreditando la cancelación de antecedentes penales, en su caso, el cumplimiento de las responsabilidades en que hubieran incurrido y que observen conducta que les haga acreedores a dicho beneficio a juicio de la autoridad que deba decidir.


Art. 153.

1. Los funcionarios de Administración local sólo serán remunerados por las Corporaciones respectivas, por los conceptos establecidos en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. En su virtud, no podrán participar en la distribución de fondos de ninguna clase ni percibir remuneraciones distintas a las comprendidas en dicha Ley ni, incluso, por confección de proyectos, o dirección o inspección de obras, o presupuestos, asesorías o emisión de dictámenes e informes.

Las cantidades procedentes de los indicados fondos se incluirán en el presupuesto de ingresos de las Corporaciones.

3. La estructura, criterios de valoración objetiva, en su caso, y cuantías de las diversas retribuciones de los funcionarios de Administración local, se regirán por lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.


Art. 154.

1. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año fijará los límites al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las Corporaciones locales.

Cuando tales límites hagan referencia a la cuantía global de las retribuciones de los funcionarios, se entenderán sin perjuicio de las ampliaciones de plantillas que puedan efectuarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.2 y 3 de esta Ley.

2. Lo dispuesto en el párrafo segundo del número anterior no obstará a que, por la Ley de Presupuestos o por otras leyes especiales o coyunturales, puedan establecerse reglas específicas para ciertos casos o limitaciones a la cuantía de las retribuciones individuales.

3. La ordenación del pago de gastos de personal tendrá preferencia sobre cualquier otro que deba realizarse con cargo a los fondos de la respectiva Entidad. Reglamentariamente se regulará el procedimiento sustitutivo para el percibo por los interesados de las cantidades que indebidamente hayan dejado de satisfacerse.


Art. 155.

1. En el caso de que un funcionario preste sus servicios sucesivamente en distintos cuerpos o, en su caso, subescalas, clases o categorías, tendrá derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los anteriores.

2. Cuando un funcionario cambie de cuerpo o, en su caso, de subescala, clase o categoría, antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicio prestado en el nuevo a que pase a pertenecer.


Art. 156.

El disfrute de las retribuciones complementarias no creará derechos adquiridos en favor de los funcionarios, salvo lo establecido legalmente respecto del grado consolidado en relación con el nivel de complemento de destino.


Art. 157.

La ayuda familiar, las indemnizaciones por razón del servicio o por residencia en ciertos lugares del territorio nacional del personal al servicio de las Corporaciones locales que tengan derecho a ellas, serán las mismas que correspondan al personal al servicio de la Administración del Estado. En ningún caso, habrá derecho a percibir indemnización por casa-habitación.


CAPITULO III. Disposiciones específicas para los funcionarios con habilitación de carácter nacional

Art. 158.

(DEROGADO)

La obtención de la habilitación de carácter nacional se regirá por lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y normas reglamentarias que la desarrollen.


Art. 159.

(DEROGADO)

1. La competencia de ejecución en materia de creación, supresión y clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional corresponde a las Comunidades Autónomas de acuerdo con los límites de población, presupuesto y demás circunstancias generales y objetivas que se establezcan reglamentariamente por la Administración del Estado.

2. A solicitud de los municipios donde exista población muy superior a la residente durante importantes temporadas del año o en los que concurran las condiciones de centro de comarca o de localización de actividades o de acción urbanística muy superior a la normal u otras objetivas análogas, la Comunidad Autónoma podrá acordar que el puesto de trabajo se clasifique en categoría superior a la que corresponda por su población.

3. El Gobierno regulará la situación en que hayan de quedar los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo cuya clasificación sea alterada, pudiendo preverse, en determinados casos, y a petición de la respectiva Corporación, que continúen como funcionarios de Administración General de la misma, con respeto de sus retribuciones básicas.


Art. 160.

(DEROGADO)

1. La provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, se regirá por lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y sus normas de desarrollo.

2. Para la provisión de estos puestos de trabajo en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona se tendrá en cuenta lo establecido en la Disposición adicional sexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. De acuerdo con las Corporaciones locales afectadas y previa conformidad de los interesados, las Comunidades Autónomas podrán efectuar nombramientos provisionales a favor de habilitados nacionales, en puestos a ellos reservados.

Dichos nombramientos podrán ser revocados por la Comunidad Autónoma que los efectuó de acuerdo con la Corporación local afectada.

Los nombramientos y revocaciones aludidos se efectuarán con sujeción a las normas que determine la Administración del Estado.

4. De acuerdo con las Corporaciones locales afectadas y con los funcionarios interesados, las Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito territorial, podrán autorizar la acumulación de funciones reservadas en el supuesto de vacante, ausencia o enfermedad en funcionarios con habilitación de carácter nacional de entidad local próxima a la de su puesto de trabajo. Asimismo, de acuerdo con las Corporaciones locales, podrán conferirles comisiones de servicios.

5. De acuerdo con las Corporaciones locales afectadas y los funcionarios interesados, las Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito territorial, podrán autorizar permutas, atendiendo a lo dispuesto en la normativa aplicable a los funcionarios civiles del Estado.


Art. 161.

(DEROGADO)

En todas las entidades locales existirá, al menos, un puesto de trabajo que tenga atribuida la responsabilidad administrativa de la función a que se refiere el artículo 92.3, a), de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, reglamentariamente se determinarán por la Administración del Estado los supuestos, requisitos y condiciones en que proceda la agrupación de Municipios u otras entidades locales a efectos de sostenimiento en común de dicho puesto de trabajo que, en tal caso, será un puesto único para el conjunto de los Municipios o entidades agrupadas. Tales agrupaciones serán acordadas por el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma, al que corresponde asimismo la clasificación de los puestos resultantes de la misma conforme al artículo 159 de este texto refundido.

La Administración del Estado determinará los supuestos, requisitos y condiciones en que los Municipios u otras entidades locales que carezcan de medios para sostener el puesto de trabajo a que se refiere el párrafo primero y no se hallen agrupados a tal efecto a otros, quedarán dispensados de la obligación de sostener dicho puesto, cuyas funciones serán, en tal caso, ejercidas por los servicios de asistencia correspondientes o mediante acumulación, en la forma que se establezca reglamentariamente.


Art. 162.

(DEROGADO)

1. La función de la Secretaría comprende:

a) El asesoramiento legal preceptivo de la Corporación, así como de su Presidencia y Comisiones.

b) La fe pública de todos los actos y acuerdos.

2. El alcance y contenido de la expresada función será determinado reglamentariamente por la Administración del Estado.


Art. 163.

(DEROGADO)

1. En las Entidades locales en que así se establezca reglamentariamente por la Administración del Estado, existirá al menos un puesto de trabajo distinto del previsto en el artículo 161 que tenga atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de la contabilidad, con el alcance y contenido que en aquellas normas se determine.

2. En las restantes Entidades locales las funciones a que se refiere el número 1 de este artículo formarán parte de las funciones que legalmente corresponden a los puestos de trabajo a que se refiere el artículo 161 de esta Ley.


Art. 164.

(DEROGADO)

1. En las Entidades locales a que se refiere el número 1 del artículo anterior existirá también un puesto de trabajo específico que tenga atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones de tesorería, que incluye el manejo y custodia de fondos y valores de la Entidad, y recaudación, que implica la Jefatura de los Servicios correspondientes, con el alcance y contenido que se determinen reglamentariamente por la Administración del Estado.

2. El funcionario con habilitación de carácter nacional que desempeñe dicho puesto de trabajo, antes de entrar en posesión del mismo, deberá constituir fianza en la forma prevista por las disposiciones vigentes. Igual obligación alcanzará a cualquier otro funcionario o miembro de la Corporación que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se haga cargo de la responsabilidad a que se refiere el número anterior.


Art. 165.

(DEROGADO)

1. Con independencia de los puestos de trabajo mínimos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional a que se refieren los artículos anteriores, las Corporaciones locales, en los términos que reglamentariamente se determinen por la Administración del Estado, podrán crear otros puestos de trabajo reservados igualmente a funcionarios que posean dicha habilitación, cuya clasificación corresponderá a las Comunidades Autónomas.

2. En todo caso la provisión de estos puestos se ajustará al sistema general previsto en el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.


Art. 166.

(DEROGADO)

1. Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá la asignación, a los puestos de trabajo a que los mismos se refieren, de otras funciones distintas o complementarias.

2. La asignación de funciones complementarias a dichos puestos se realizará a través de la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de que mientras ésta no haya sido aprobada por el Pleno de la Corporación pueda el Presidente de la Entidad, en uso de sus atribuciones básicas en orden a la dirección de la administración de la misma, encomendar a los funcionarios que desempeñan dichos puestos la realización de este tipo de funciones.


CAPITULO IV. De los demás funcionarios de carrera

Art. 167.

1. Los funcionarios de carrera de la Administración local que no tengan habilitación de carácter nacional se integrarán en las escalas de Administración General y Administración Especial de cada Corporación, que quedarán agrupadas conforme a lo dispuesto en la legislación básica del Estado sobre función pública, en los grupos que éste determine, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso.

2. La escala de administración general se divide en las subescalas siguientes:

a) Técnica.

b) De gestión.

c) Administrativa.

d) Auxiliar.

e) Subalterna.

3. La Escala de Administración Especial se divide en las Subescalas siguientes:

a) Técnica.

b) De Servicios Especiales.

4. La creación de Escalas, Subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos dentro de cada una de ellas, se hará por cada Corporación, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.


Art. 168.

La provisión de puestos de trabajo que, de conformidad con la relación aprobada, estén reservados o puedan ser desempeñados por funcionarios de carrera, se regirá por las normas que, en desarrollo de la legislación básica en materia de función pública local, dicte la Administración del Estado.


Art. 169.

1. Corresponde a los funcionarios de la Escala de Administración General el desempeño de funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa. En consecuencia, los puestos de trabajo predominantemente burocráticos habrán de ser desempeñados por funcionarios técnicos, de gestión, administrativos o auxiliares de Administración General.

La Administración del Estado fijará los criterios de población, clasificación de la Secretaría respectiva, y demás que sirvan para la determinación de las Corporaciones en que puedan existir puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios de cada una de las Subescalas de la Escala de Administración General.

a) Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración General, los funcionarios que realicen tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior.

b) Pertenecerán a la subescala de gestión de Administración General los funcionarios que realicen tareas de apoyo a las funciones de nivel superior».

c) Pertenecerán a la Subescala Administrativa de Administración General, los funcionarios que realicen tareas administrativas, normalmente de trámite y colaboración.

d) Pertenecerán a la Subescala Auxiliar de Administración General, los funcionarios que realicen tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares.

e) Pertenecerán a la Subescala de Subalternos de Administración General, los funcionarios que realicen tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de Conserje, Ujier, Portero u otras análogas en edificios y servicios de la Corporación.

Podrá establecerse la normativa adecuada para que los puestos de trabajo atribuidos a esta Subescala puedan ser desempeñados por funcionarios de Servicios Especiales que, por edad u otras razones, tengan disminuida su capacidad para misiones de particular esfuerzo o penosidad, pero que conserven la requerida para las tareas de Subalterno.

2. Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias previstas en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección de los funcionarios a que se refiere el número anterior se ajustará a las siguientes reglas:

a) El ingreso en la Subescala Técnica se hará por oposición libre y se precisará estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.

No obstante, se reservarán para promoción interna el 25 por 100 de los puestos de trabajo para Administrativos de la propia Corporación que posean la titulación indicada, cuenten, como mínimo, con cinco años de servicios en la Subescala de procedencia y superen las pruebas selectivas correspondientes.

b) El ingreso en la Subescala Administrativa se hará por oposición libre, y se precisará estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, o equivalente.

No obstante, se reservarán para promoción interna el 50 por 100 de los puestos de trabajo existentes para los pertenecientes a la Subescala de Auxiliares de Administración General que posean la titulación indicada, y cuenten con cinco años de servicios en la SubescaIa.

c) El ingreso en la Subescala Auxiliar se hará por oposición libre, con exigencia, en todo caso, de título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado, o equivalente.

d) El ingreso en la Subescala Subalterna se hará por concurso, oposición o concurso-oposición libre, según acuerdo de la Corporación, y con exigencia del certificado de escolaridad.


Art. 170.

1. Tendrán la consideración de funcionarios de Administración Especial los que tengan atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio.

2. Los puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios de servicios especiales podrán existir en cualquier clase de Corporación.

3. El personal que forme parte de los Servicios de Informática de las Corporaciones locales, que no resulte incluido en las Subescalas de Administración General, será clasificado según la naturaleza de su especialidad y los títulos exigidos para su ingreso, en la clase que corresponda de las Subescalas Técnicas o de Servicios Especiales.


Art. 171.

1. Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración Especial, los funcionarios que desarrollen tareas que son objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales.

En atención al carácter y nivel del título exigido, dichos funcionarios se dividen en Técnicos Superiores, Medios y Auxiliares, y, a su vez, cada clase podrá comprender distintas ramas y especialidades.

2. El ingreso en esta Subescala se hará por oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, y se requerirá estar en posesión del título académico o profesional correspondiente a la clase o especialidad de que se trate; todo ello sin perjuicio de las normas que pueda dictar la Administración del Estado, en uso de la autorización contenida en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. En todo caso, la provisión de plazas de Médicos de la Beneficencia Provincial podrá hacerse de acuerdo con su regulación específica o mediante los procedimientos regulados en este artículo.


Art. 172.

1. Pertenecerán a la Subescala de Servicios Especiales, los funcionarios que desarrollen tareas que requieran una aptitud específica, y para cuyo ejercicio no se exija, con carácter general, la posesión de títulos académicos o profesionales determinados.

2. Se comprenderán en esta Subescala, y sin perjuicio de las peculiaridades de cada Corporación, las siguientes clases:

a) Policía Local y sus auxiliares.

b) Servicio de Extinción de Incendios.

c) Plazas de Cometidos Especiales.

d) Personal de Oficios.

3. El ingreso en la Subescala de Servicios Especiales se hará por oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, sin perjuicio de lo que dispongan las normas específicas de aplicación a los funcionarios de Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios.


Art. 173.

La Policía Local ejercerá sus funciones de acuerdo con lo previsto  en el Título V de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


Art. 174.

Se comprenderán en la clase de cometidos especiales al personal de las Bandas de Música y los restantes funcionarios que realicen tareas de carácter predominantemente no manual, no comprendidas en el artículo 171.1, en las diversas ramas o sectores de actuación de las Corporaciones locales, subdividiéndolas en categorías, según el nivel de titulación exigido.


Art. 175.

1. Se integrarán en la clase de Personal de Oficios, los funcionarios que realicen tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.

2. Se clasificarán, dentro de cada oficio, industria o arte, en Encargado, Maestro, Oficial, Ayudante y Operario, según el grado de responsabilidad o de especialización, y siendo necesario, en todo caso, poseer la titulación exigida para el ingreso, conforme a lo dispuesto por la legislación básica de función pública.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que estas tareas no tengan la consideración de funciones públicas a que se refiere el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.


CAPITULO V. Personal eventual y laboral

Art. 176.

1. El personal eventual se rige por lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. Los puestos de trabajo reservados a este tipo de personal deberán figurar en la plantilla de personal de la Corporación.

3. Podrán ser desempeñados por personal eventual determinados puestos de trabajo de carácter directivo, incluidos en la relación de puestos de trabajo de la Corporación, de acuerdo con lo que dispongan las normas que dicte el Estado para su confección. En estos supuestos, el personal eventual deberá reunir las condiciones específicas que se exijan a los funcionarios que puedan desempeñar dichos puestos.

4. En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual constituirá mérito para el acceso a la función pública o a la promoción interna.


Art. 177.

1. La selección del personal laboral se rige por lo establecido en el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. La contratación laboral puede ser por tiempo indefinido, de duración determinada, a tiempo parcial, y demás modalidades previstas en la legislación laboral.

El régimen de tales relaciones será, en su integridad, el establecido en las normas de Derecho Laboral.

3. Será nulo el contrato laboral por tiempo indefinido celebrado por una Entidad local con persona incursa en alguna de las causas de incapacidad específica que sean de aplicación a los funcionarios y al personal interino.


TITULO VIII. Haciendas Locales

(DEROGADO)

 
CAPITULO PRIMERO. Principios generales

(DEROGADO)

 
Sección primera. Preliminar

(DEROGADO)

 
Art. 178.

(DEROGADO)

1. Constituyen los medios económicos de las Entidades locales el producto de los recursos reconocidos por las Leyes y las propiedades, valores y derechos pertenecientes a las mismas.

2. La gestión económica de las Entidades locales tendrá por objeto la administración de los bienes, rentas, tributos, derechos y acciones que les pertenezcan, a cuyo fin les corresponden las funciones siguientes:

a) La administración y aprovechamiento del patrimonio.

b) La imposición y ordenación de los recursos autorizados por la Ley.

c) El reconocimiento, gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos rentas y demás derechos económicos.

d) La sanción de infracciones.

e) La ordenación de gastos y el reconocimiento, liquidación y pago de obligaciones.

f) La planificación y programación de la actividad económica.

g) La formación, aprobación, ejecución y liquidación de los presupuestos.

h) La contabilidad y rendición de cuentas.

i) El ejercicio de derechos, adopción de medidas e implantación y organización de servicios para el cumplimiento de las funciones económico-administrativas que la Ley les asigna.

j) La acción ante los Tribunales en defensa de los derechos e intereses de sus Haciendas.


Art. 179.

(DEROGADO)

La Administración del Estado podrá comprobar el destino dado por las Corporaciones locales a los fondos procedentes de las asignaciones presupuestarias y participaciones en ingresos de carácter finalista, y obtener información sobre el grado de utilización de sus recursos tributarios propios y el nivel de prestación de servicios públicos de carácter básico.


Sección segunda. De los derechos económicos de la Hacienda Local

(DEROGADO)

 
Art. 180.

(DEROGADO)

1. Las Entidades locales no podrán enajenar o hipotecar sus derechos y propiedades ni conceder exenciones, perdones, rebajas o moratorias para el pago de sus recursos o de los créditos por cualquier concepto que tuviesen liquidados a su favor, excepto en los casos previstos por las Leyes.

2. Las transacciones y arbitrajes previstos en el artículo 39 de la Ley General Presupuestaria requerirán, cuando afecten a derechos de las Haciendas de las Entidades locales, el acuerdo del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente que tuviera asumida esa competencia.


Art. 181.

(DEROGADO)

1. En los procedimientos para el reintegro a las Haciendas locales en los casos de alcance, desfalcos y malversaciones de fondos y efectos o faltas en los mismos, cualquiera que sea su denominación, será de aplicación lo previsto en los artículos 140 a 146 de la Ley General Presupuestaria, correspondiendo al Presidente de la Corporación la instrucción de las diligencias previas, adopción de medidas de aseguramiento y la comunicación al Tribunal de Cuentas.

2. Cuando en tales procedimientos, los bienes embargados al funcionario o al responsable no bastaran a cubrir el desfalco o alcance y se observare que al aprobarse la fianza se valoró por cuantía superior a la que le correspondiera con arreglo a los tipos establecidos o por menor cantidad de la señalada para la garantía, se procederá solamente por la diferencia de valores que resulte de menos contra los miembros de la Corporación que hubieran calificado y aprobado la fianza, en los términos del artículo 78.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. El acuerdo de incoación del expediente de responsabilidad administrativa que sea procedente, así como el nombramiento de Juez Instructor se adoptará por el Presidente de la Entidad local respectiva.


Sección tercera. De las obligaciones

(DEROGADO)

 
Art. 182.

(DEROGADO)

1. Las deudas contraídas por las Entidades locales no podrán ser exigidas por el procedimiento de apremio, a excepción de las aseguradas con prenda o hipoteca, no pudiendo ninguna autoridad del Tribunal despachar mandamiento de ejecución ni dictar providencia de embargo, contra bienes y derechos de dichas Entidades.

2. Aquellos créditos que lo sean a favor de las Haciendas estatal y autonómica podrán extinguirse por la vía de la compensación, en los términos que establece el artículo 109 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. Sólo serán exigibles a las Entidades locales las obligaciones de pago que resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos o las derivadas de sentencia judicial firme, a cuyo cumplimiento se procederá de inmediato, tras la notificación o conocimiento fehaciente de la misma.

4. Cuando el cumplimiento de resolución de autoridad o Tribunal implicase abono de cantidades para el que no fuera posible allegar recursos por cualquiera de las vías presupuestarias normales, podrá fraccionarse su pago hasta un máximo de cinco anualidades, consignándose en los respectivos presupuestos el principal más los intereses de demora.

5. Las Entidades locales estarán exceptuadas de la presentación de cauciones, fianzas o depósitos ante los Tribunales de cualquier jurisdicción y organismos de la Administración.

6. Las actuaciones inspectoras de los distintos organismos estatales y autonómicos competentes cerca de las Entidades locales se pondrán en conocimiento de los Presidentes mediante comunicación en la que, de forma razonada, se exponga el objeto de la misma.

7. En caso de disconformidad con la realización de la inspección, las mociones a que se refiere el párrafo anterior serán resueltas por el Ministro a quien corresponda el servicio afectado, o autoridad correspondiente de la respectiva Comunidad Autónoma.


Art. 183.

(DEROGADO)

Sólo por medio de una Ley se podrán establecer servicios que representen cargas económicas para las Entidades locales o determinar obligaciones que tengan por objeto costear o subvencionar atenciones de las restantes Administraciones Públicas.


Sección cuarta. De los beneficios fiscales

(DEROGADO)

 
Art. 184.

(DEROGADO)

Las Entidades locales y sus organismos autónomos, así como los Consorcios en los que participen gozarán de los beneficios fiscales previstos en las Leyes.


CAPITULO II. Normas tributarias comunes

(DEROGADO)

 
Sección primera. Imposicion y ordenacion de tributos

(DEROGADO)

 
Art. 185.

(DEROGADO)

1. Salvo en los supuestos expresamente previstos en las Leyes, las Entidades locales acordarán la imposición de sus tributos propios y aprobarán, simultáneamente, las correspondientes Ordenanzas para su aplicación, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.

2. De igual forma podrán aprobar Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección.

3. En todo caso, las Ordenanzas reguladoras de los tributos locales deberán contener:

a) La determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo y de las exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

b) Las bases, los tipos de gravamen aplicables o las cuotas exigibles, así como los demás elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.

c) Los plazos y forma de declaración e ingresos.

d) El régimen de infracciones y sanciones.

e) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su vigencia.

f) Las demás particularidades que determinen las leyes y demás disposiciones dictadas para su ejecución y las que la Entidad local estime pertinentes.


Art. 186.

(DEROGADO)

Las Entidades locales, al acordar la ordenación e imposición de sus tributos propios deberán tener inexcusablemente en cuenta:

a) Que cuando las Leyes otorguen exenciones a condición de reciprocidad internacional, las Entidades locales habrán de aplicarlas en su caso, no pudiendo considerarlas anuladas por falta de ella sin previa declaración del Gobierno.

b) Que la sola identidad del objeto, de la base o del contribuyente y aun la de todos dichos elementos, de dos o más tributos de carácter local, no invalidan ninguno de éstos, siempre que los conceptos de imposición sean diferentes.


Art. 187.

(DEROGADO)

1. Cuando el Estado otorgue exención en el pago de tributos locales a alguna Empresa o Entidad, quedará subrogado en la obligación de abonar a la Entidad local respectiva el importe de los mismos con arreglo a los tipos de gravamen vigentes en la fecha del otorgamiento, salvo disposición legal en contrario.

2. Las Leyes que autoricen la desgravación total o parcial de impuestos locales, proveerán a la pertinente sustitución por otros de rendimiento y características similares.


Art. 188.

(DEROGADO)

1. Los acuerdos adoptados por las Entidades locales en materia de imposición y ordenación de tributos propios, así como sus modificaciones, se someterán a información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días, mediante exposición pública en el tablón de anuncios de la Entidad, durante cuyo plazo podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

2. Las Entidades locales publicarán anuncios de tales acuerdos en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el de la propia Corporación, si lo hubiere.


Art. 189.

(DEROGADO)

1. Finalizado el plazo de exposición pública a que se refiere el artículo anterior, las Entidades locales adoptarán, en el plazo de un mes, los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones y sugerencias presentadas.

2. En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de imposición de tributos y de aprobación o modificación de las Ordenanzas fiscales.


Art. 190.

(DEROGADO)

1. Los acuerdos definitivos de imposición de tributos y las correspondientes Ordenanzas reguladoras, así como sus modificaciones, se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia».

2. De los expresados acuerdos y Ordenanzas se remitirá copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, dentro de los treinta días siguientes a su aprobación, y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado íntegramente su texto conforme a lo previsto en el apartado anterior y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. Las Diputaciones Provinciales y los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, deberán editar el texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico.

4. Contra los acuerdos definitivos de las Entidades locales en materia de imposición de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, los interesados podrán interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, el cual no suspenderá, por sí sólo, la aplicación de dichas Ordenanzas.


Sección segunda. De la gestion tributaria

(DEROGADO)

 
Art. 191.

(DEROGADO)

La gestión e inspección de los tributos locales se realizará por las Entidades locales conforme a lo previsto en la presente Ley y, en todo caso, en la Ley General Tributaria y la legislación estatal reguladora de la materia.


Art. 192.

(DEROGADO)

1. Contra los actos de las Corporaciones locales sobre aplicación y efectividad de los tributos locales podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes a contar desde la notificación expresa o la exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes.

2. Para interponer recurso de reposición contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, no se requerirá el previo pago de la cantidad exigida; pero la reclamación no detendrá, en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a cuyo efecto será indispensable para solicitar la suspensión del acto impugnado, acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria.

3. No se admitirán otras garantías que las siguientes, a elección del reclamante:

a) Ingreso en efectivo en la Caja General de Depósitos del Estado, en la Caja de la Entidad acreedora, en el Banco de España o sucursal correspondiente, a disposición del Presidente de la Entidad.

b) Depósito en cualquiera de los establecimientos indicados de Deuda Pública del Estado o de la Entidad acreedora, siempre por su valor efectivo, sea cual fuere su clase, y

c) Fianza solidaria prestada  por un Banco oficial o privado, o por una Caja de Ahorros, a satisfacción de la Entidad local correspondiente.

4. En casos muy calificados y excepcionales, podrán, sin embargo, las Entidades acreedoras acordar discrecionalmente, a instancia de parte, la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, cuando el reclamante alegare y justificare en su solicitud la imposibilidad de prestarla.

5. La concesión de la suspensión llevará siempre aparejada la obligación de satisfacer intereses de demora por todo el tiempo de aquélla y sólo producirá efectos en el recurso de reposición.


Art. 193.

(DEROGADO)

1. La Tesorería incluirá la Jefatura de los Servicios de Recaudación y corresponderá al Interventor la fiscalización de los mismos.

2. Las Entidades locales nombrarán a los Recaudadores y Agentes ejecutivos que estimen necesario con sujeción a las normas reguladoras del personal al servicio de las mismas y fijarán la fianza que deban prestar. Los Recaudadores en vía de apremio y Agentes ejecutivos deberán, además, ostentar la condición de funcionario.


Art. 194.

(DEROGADO)

1. Los procedimientos para la cobranza de todos los recursos y créditos liquidados a favor de las Entidades locales, serán sólo administrativos y se ejecutarán por sus Agentes en la forma prevista en las normas a que se refiere el artículo 191 de esta Ley.

2. Las certificaciones de débitos de aquella procedencia que expidan los Interventores, tendrán la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de los deudores.

3. Una vez iniciado el procedimiento de apremio no se suspenderá, salvo en los supuestos y con las garantías previstos en el artículo 192 de esta Ley y en el Reglamento General de Recaudación.


Art. 195.

(DEROGADO)

1. Las cuotas tributarias adeudadas a las Entidades locales devengarán, con independencia de los recargos que procedan, el interés de demora previsto en el artículo 58.2.b) de la Ley General Tributaria.

2. Los sujetos pasivos o responsables y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que hubieran realizado indebidamente con ocasión del pago de deudas tributarias, con abono del interés previsto en el artículo 155.1 de la Ley General Tributaria.


Art. 196.

(DEROGADO)

1. El producto de la recaudación de toda clase de recursos que constituyen la Hacienda local, se ingresará íntegramente en la Caja de la Entidad local respectiva.

2. Ninguna cuota de tributos locales podrá ser recargada en concepto de gastos de administración, investigación, cobranza o por partidas fallidas.

3. Con excepción de las devoluciones de ingresos indebidos, no podrá, en ningún caso, minorarse los ingresos del erario local.


CAPITULO III. De los ingresos municipales

(DEROGADO)

 
Sección primera. De los ingresos municipales en general

(DEROGADO)

 
Art. 197.

(DEROGADO)

1. La Hacienda de los Municipios estará constituida por los siguientes recursos:

a) Ingresos de Derecho privado.

b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho púbIico.

c) Tasas.

d) Contribuciones especiales.

e) Impuestos.

f) Recargos y participaciones en los tributos del Estado y participaciones en los de las Comunidades Autónomas.

g) Ingresos procedentes de operaciones de crédito.

h) Tributos con fines no fiscales.

i) Multas.

2. Los Municipios que reúnan las condiciones establecidas podrán imponer también la prestación personal y de transportes.


Sección segunda. Ingresos de Derecho privado

(DEROGADO)

 
Art. 198.

(DEROGADO)

1. Tendrán la consideración de ingresos de Derecho privado:

a) Los frutos, rentas o intereses de los bienes y derechos de cualquier clase que tengan la condición de propios con arreglo a la legislación vigente, así como también los ingresos procedentes de la enajenación y gravámenes de dichos bienes y derechos.

b) Los rendimientos, ingresos, participaciones y beneficios líquidos procedentes de centros, establecimientos, bienes, actividades y servicios, que no estén especialmente regulados en esta Ley.

c) Las donaciones, herencias, legados y auxilios de toda índole, procedentes de particulares, aceptados por el Municipio.

2. En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de Derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público municipal.

3. Los ingresos derivados de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la condición de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales.


Sección tercera. Tasas municipales

(DEROGADO)

 
Subsección Primera. Disposiciones comunes.

(DEROGADO)


Art. 199.

(DEROGADO)

Los Ayuntamientos podrán establecer tasas:

a) Por la utilización privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones de uso público municipal.

b) Por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia municipal, que .beneficien especialmente a personas determinadas o, aunque no les beneficien, les afecten de modo particular, siempre que, en este último caso, la actividad municipal haya sido motivada por dichas personas, directa o indirectamente.




(DEROGADO)

 
Art. 200.

(DEROGADO)

1. El establecimiento de tasas por aprovechamiento especial exigirá que se dé alguna de las condiciones siguientes:

a) Que el aprovechamiento produzca restricciones del uso público o especial depreciación de los bienes o instalaciones.

b) Que el aprovechamiento tenga por fin un beneficio particular, aunque no produzca restricciones de uso público ni depreciación especial de bienes o instalaciones.

2. En las tasas a que se refiere el apartado b) del artículo anterior, se entenderá que existe motivación directa o indirecta por parte de los particulares ,cuando con sus actuaciones o negligencias obliguen a los Ayuntamientos a realizar de oficio actividades o aprestar servicios por razones de seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico.


Art. 201.

(DEROGADO)

No estarán sujetas las utilizaciones privativas o los aprovechamientos especiales de bienes o instalaciones de uso público municipal que efectúen los titulares de concesiones de servicios de transportes colectivos urbanos de viajeros otorgados por los municipios, siempre que estén directamente relacionados con dichos servicios.


Art. 202.

(DEROGADO)

1. El Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia a que el Municipio pertenezca y la Mancomunidad, Area Metropolitana u otra Entidad que agrupe varios municipios y los Consorcios en que figure el Municipio de la tributación estarán exentos de las tasas por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá, en materia de tasas, beneficio tributario alguno.


Art. 203.

(DEROGADO)

1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, usuarias de los bienes o instalaciones y las que resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades municipales, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

2. En las tasas establecidas por aprovechamientos especiales que afecten a viviendas y locales o por razón de servicios o actividades que beneficien a sus ocupantes, serán sustitutos del contribuyente los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3. En la tasa de prestación del servicio de extinción de incendios será sustituto del contribuyente la Entidad o Sociedad aseguradora del riesgo.

4. Cuando se trate de asistencia o estancia en hospitales, sanatorios, dispensarios, clínicas y, en general, centros sanitarios o asistenciales, serán sustitutos del contribuyente las personas o entidades que tengan la obligación legal o pactada de atender a los usuarios del servicio.

5. En las licencias urbanísticas exigidas por el artículo 178 de la Ley del Suelo, serán sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de obras.


Art. 204.

(DEROGADO)

Para la fijación de las tarifas de las tasas cuyas características lo permitan se tendrá en cuenta la capacidad económica de las personas que deban satisfacerlas.


Art. 205.

(DEROGADO)

1. Las tasas se devengarán desde que se inicie la prestación del servicio o se realice la actividad y desde que se conceda la utilización privativa o el aprovechamiento especial, pero los Ayuntamientos podrán exigir el depósito previo de las tasas correspondientes.

2. No obstante, las tasas de administración que graven documentos que expidan o de que entiendan la Administración o las autoridades municipales, a instancia de parte, se devengarán con la presentación de la solicitud que inicie el expediente, que no será tramitada sin aquel requisito.


Art. 206.

(DEROGADO)

Cuando las tasas se devenguen periódicamente, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matricula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos en que así lo adviertan.


Art. 207.

(DEROGADO)

Los productos de las tasas no tendrán para las Entidades Municipales la consideración de rentas ni de precios, salvo que los servicios fueran prestados con arreglo a formas de derecho privado y, en especial, por Sociedad mercantil municipal, arrendamiento o concierto.


Subsección segunda. Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales

(DEROGADO)

 
Art. 208.

(DEROGADO)

Se entenderán comprendidos en el artículo 199, a), las utilizaciones o aprovechamientos siguientes:

1. Saca de arenas y de otros materiales de construcción, en terrenos públicos del territorio municipal.

2. Construcción en terrenos de uso público de pozos de nieve y de cisternas o aljibes donde se recogen las aguas pluviales.

3. Balnearios y otros disfrutes de aguas que no consistan en el uso común de las públicas.

4. Desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público.

5. Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público.

6. Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública.

7. Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

8. Entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase.

9. Rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de entrada, bocas de carga o elementos análogos situados en el pavimento o acerado de la vía pública para dar luces, ventilación, acceso de personas o entrada de artículos a sótanos o semisótanos.

10. Elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada.

11. Rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos, que se establezcan sobre la vía pública o vuelen sobre la misma.

12. Ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

13. Colocación de tablados y tribunas en terrenos de uso público.

14. Quioscos en la vía pública.

15. Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

16. Portadas, escaparates y vitrinas.

17. Rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el Impuesto Municipal sobre la Circulación.

18. Tránsito de ganados.

19. Cualesquiera otros aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas, siempre que se den las circunstancias previstas en el artículo 200.1 de esta Ley.


Art. 209.

(DEROGADO)

1. Excepto en los casos en que la imposición de tasas tenga por único fundamento la depreciación o el desgaste extraordinario producidos en los bienes o instalaciones municipales, en todo aprovechamiento especial o utilización privativa que lleve aparejada destrucción o deterioro de aquéllos, el beneficiario, sin perjuicio de las tasas a que hubiere lugar estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de re construcción o reparación y al depósito previo de su importe.

2. Si los daños fueren irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado. La indemnización se fijará en una suma igual al valor de las cosas destruidas o al importe de la depreciación de las dañadas. En particular serán considerados a este efecto como irreparables los daños que se produzcan en monumentos de interés artístico o histórico y los que consistan en la destrucción de árboles de más de veinte años.

3. Los Ayuntamientos no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo.

4. La obligación de indemnizar o de reintegrar subsistirá aúnen los casos de exención de las tasas correspondientes al aprovechamiento especial o utilización privativa.


Art. 210.

(DEROGADO)

1. El importe de las tasas por la utilización privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones de uso público municipal no podrá exceder del valor del aprovechamiento.

2. Por valor del aprovechamiento se entenderá la cantidad que podría obtenerse de los bienes e instalaciones citados si éstos fueran de propiedad privada.


Art. 211.

(DEROGADO)

Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública municipal en favor de Empresas explotadoras de servicios, que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario los Ayuntamientos, en la Ordenanza fiscal correspondiente. podrán establecer la posibilidad de concertar con dichas Empresas la cantidad a satisfacer, tomando como base el valor medio de los aprovechamientos de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.


Subsección tercera. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades

(DEROGADO)

 
Art. 212.

(DEROGADO)

Se entenderán como comprendidos en el artículo199, b), los servicios y actividades siguientes:

1. Los documentos que expidan o de que entiendan la Administración o las autoridades municipales a instancia de parte.

2. Autorización para utilizar en placas, patentes y otros distintivos análogos, el escudo del Municipio.

3. Otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquiler.

4. Guardería rural.

5. Voz pública.

6. Vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten.

7. Servicios de competencia municipal que especialmente sean motivados por la celebración de espectáculos públicos, grandes transportes, paso de caravanas y cualesquiera otras actividades que exijan la prestación de dichos servicios especiales.

8. Otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por el artículo 178 de la Ley del Suelo.

9. Licencia de apertura de establecimientos. .

10. Inspección de vehículos, calderas de vapor, motores, transformadores, ascensores, montacargas y otros aparatos o instalaciones análogas y de establecimientos industriales y comerciales.

11. Servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas de construcciones, derribos, salvamentos y otros análogos.

12. Servicios de inspección sanitaria en general y los de análisis químicos, bacteriológicos y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

13. Servicios de sanidad preventiva, desinfectación, desinsectación, desratización y destrucción de cualquier clase de materias y productos contaminantes o propagadores de gérmenes nocivos para la salud pública, prestados a domicilio o por encargo.

14. Asistencias y estancias en hospitales, sanatorios, dispensarios, clínicas, centros de recuperación y rehabilitación, ambulancias sanitarias y otros servicios análogos.

15. Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles, albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga.

16. Casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones municipales análogas.

17. Cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter municipal.

18. Colocación de tuberías, hilos conductores y cables en postes o en galenas de servicio del Ayuntamiento.

19. Servicios de alcantarillado, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares.

20. Recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, monda de pozos negros y limpieza en calles particulares.

21. Suministro municipal de agua, gas y electricidad.

22. Servicio de matadero, lonjas y mercados, así como el acarreo de carnes si hubiera de utilizarse de un modo obligatorio.

23. Servicios de inspección en materia de abastos, incluida la utilización de medios de pesar y medir.

24. Enseñanzas especiales en establecimientos municipales.

25. Visitas a museos, exposiciones, bibliotecas monumentos históricos o artísticos, parques zoológicos y otros centros o lugares análogos.

26. Utilización de columnas, carteles y otras instalaciones municipales análogas para la exhibición de anuncios.

27. Enarenado de vías publicas a solicitud de los particulares.

28. Cualesquiera otros servicios o actividades, siempre que se den las circunstancias previstas en el artículo 199, b).


Art. 213.

(DEROGADO)

No podrán exigirse tasas por los servicios siguientes:

a) Abastecimiento de aguas en fuentes publicas.

b) Alumbrado, salvo las instalaciones especiales que el Ayuntamiento acordare en determinadas vías a solicitud de los interesados.

c) Vigilancia pública en general.

d) Limpieza de la vía pública.

e) Conducción y enterramiento de las personas incluidas en la Beneficencia municipal.

f) Enseñanza en los ciclos de Educación Preescolar y Educación General Básica, sin alcanzar esta prohibición a las estancias de los alumnos en régimen de internado o media pensión.

g) Asistencia médica de urgencia.

h) Asistencia y estancia en Centros sanitarios y asistenciales por las personas incluidas en la Beneficencia municipal.

i) Expedición de documentos o expedientes de los que entienda la Administración o las autoridades municipales, cuando la persona obligada al pago se halle acogida a la Beneficencia municipal o se trate de autorizaciones a menores para concertar contratos laborales, así como cuando dichos documentos se expidieren a instancia de autoridades civiles, militares o judiciales, para surtir efecto en actuaciones de oficio.


Art. 214.

(DEROGADO)

La fijación de las tarifas de las tasas por prestación de servicios y realización de actividades se efectuará de forma que su rendimiento total cubra el coste de aquéllos, para cuya determinación se tendrán en cuenta tanto los costes directos como el porcentaje de costes generales que les sea imputable.

A tal fin, en el expediente de modificación de tarifas se incluirá una evaluación económica y financiera del coste y rendimiento de los respectivos servicios o actividades. Igualmente, al proyecto de presupuesto de cada año se acompañará un anexo detallando los elementos del coste de aquellas actividades o servicios que se financien mediante tasas.


Art. 215.

(DEROGADO)

Las tasas por prestación de servicios municipales no excluyen la exacción de contribuciones especiales para la instalación, ampliación o renovación de los mismos.


Sección cuarta. Contribuciones especiales de los municipios

(DEROGADO)

 
Art. 216.

(DEROGADO)

1. Procederá la imposición de contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios municipales, siempre que a consecuencia de aquéllas o de éstos, además de atender al interés común o general, se beneficie especialmente a personas determinadas aunque dicho beneficio no pueda fijarse en una cantidad concreta.

2. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de tales obras o servicios tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio especial.


Art. 217.

(DEROGADO)

Las contribuciones especiales se fundarán en la mera ejecución de las obras o servicios y serán independientes del hecho de la utilización de unas y otros por los interesados.


Art. 218.

(DEROGADO)

1. Tendrán la consideración de obras y servicios municipales:

a) Los que realicen los Ayuntamientos dentro del ámbito de su competencia para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquellos ejecuten en concepto de dueños de sus bienes patrimoniales.

b) Los que realicen los Ayuntamientos por haberles sido concedidos o delegados por otras Administraciones públicas y aquéllos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la Ley.

c) Los que realicen otras Administraciones públicas, incluso la Provincia, Mancomunidad u otra Entidad local o Consorcio y  los concesionarios de las mismas con aportaciones económicas municipales.

2. No perderán la consideración de obras o servicios municipales los comprendidos en el apartado a) del número anterior aunque sean realizados por Organismos autónomos u otras personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, incluso cuando estén organizados en forma de Sociedad mercantil, por concesionarios con aportaciones municipales o por las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere esta Sección.


Art. 219.

(DEROGADO)

1. Será obligatoria la exigencia de contribuciones especiales por las obras y servicios siguientes:

a) Apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas y aceras.

b) Primera instalación de redes de distribución de agua, de redes de alcantarillado y desagües de aguas residuales.

c) Establecimiento de alumbrado público.

2. Los Ayuntamientos, potestativamente, podrán acordar la imposición de contribuciones especiales por cualquier otra clase de obras y servicios siempre que se den las circunstancias previstas en el número 1 del artículo 216. Entre otros, podrán imponerse dichas contribuciones en los siguientes casos:

a) Ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la modificación de rasantes.

b) Sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de las vías públicas urbanas.

c) Renovación, sustitución y mejora de las redes de distribución de agua así como de alcantarillado y desagües de aguas residuales.

d) Instalación de redes de distribución de energía eléctrica y sustitución o mejora de alumbrado público.

e) Establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios.

f) Construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas.

g) Obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas para el abastecimiento,

h) Estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales.

i) Plantación de arbolado en calles y plazas, así como construcción y mejora de parques y jardines que sean de interés de un determinado sector.

j) Desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.

k) Obras de desecación y saneamiento de defensa de terrenos contra avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación de cursos de agua.

l) Construcción de galenas subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de distribución de agua, gas, electricidad y otros fluidos y para los servicios de comunicación e información.


Art. 220.

(DEROGADO)

1. Serán sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas especialmente beneficiadas por la ejecución de las obras o por el establecimiento, ampliación o mejora de los servicios municipales que originan la obligación de contribuir.

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a) En las contribuciones especiales por ejecución de obras o establecimientos, ampliación o mejora de servicios municipales que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de Ios mismos.

b) En las contribuciones especiales correspondientes a obras y servicios realizados por razón de explotaciones industriales y comerciales, la persona o Entidad titular de éstas.

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento, la ampliación o mejora del servicio municipal de extinción de incendios, las Compañías de seguros que desarrollen su actividad en el término municipal.

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las Empresas suministradoras que deban utilizarlas.

3. Están exentas de la obligación de contribuciones especiales la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas en relación a los bienes de su titularidad que gocen de exención en la Contribución Territorial Urbana, conforme a lo dispuesto en el artículo 258.1 de esta Ley.


Art. 221.

(DEROGADO)

1. El importe de las contribuciones especiales se determinará por los Ayuntamientos en función del coste total presupuestado de las obras o de los servicios que se establezcan, amplíen o mejoren. Tal importe no excederá, en ningún caso, del 90 por 100 del coste de la obra que el municipio soporte, entendiendo por tal la diferencia entre el coste total de las obras o servicios y las subvenciones que obtenga del Estado o de cualquier otra persona o Entidad pública o privada.

2. El coste de la obra o del servicio estará integrado par los siguientes conceptos:

a) El valor real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos, planes y programas técnicos o su valor estimado, cuando no haya lugar a remuneración especial alguna.

b) El importe de las obras a realizar o de los servicios que se establezcan, amplíen o mejoren. Dentro del citado importe se computará, en su caso, el valor de la prestación personal y de transportes.

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público o de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al Municipio.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de bienes que han de ser derruidos u ocupados.

3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. En consecuencia, si el coste efectivo fuese mayor o menor que el previsto, se rectificará como proceda el señalamiento de las cuotas correspondientes.

4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 218, número 1, c), o de las realizadas por concesionarios con aportaciones municipales a que se refiere el número 2 del mismo artículo, el importe de las contribuciones especiales se determinará en función del importe de las aportaciones municipales, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones públicas por razón de la misma obra o servicio.

5. En el caso de que un contribuyente efectúe aportación a la realización de una obra o servicio sujeta a compensación con las cuotas que estuviere obligado a satisfacer, por razón de la misma, sólo tendrá la consideración de subvención el exceso de la aportación sobre estas últimas, y su importe se destinará, en primer lugar, a cubrir el porcentaje del coste de la obra imputable al Municipio, y con el resto, si lo hubiere, se bonificarán, a prorrata, las cuotas de los demás contribuyentes.


Art. 222.

(DEROGADO)

1. El importe total de las contribuciones especiales se repartirá entre las personas beneficiadas, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras o servicios, con sujeción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o aisladamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable y las bases imponibles de las contribuciones territoriales rústica y urbana de las fincas beneficiadas.

b) Si se trata del servicio del apartado e) del número 2 del artículo 219, podrán ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el Municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por I00 del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.

c) Si se trata de obras comprendidas en el apartado f) del número 2 del artículo 219, se aplicará como módulo la base imponible de las contribuciones territoriales, rústica y urbana de los inmuebles beneficiados.

d) En el caso de obras comprendidas en el apartado 1) del número 2 del artículo 219, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las Compañías o Empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aun cuando no las usen inmediatamente.

2. En los casos de los apartados g) y h) del número 2 del artículo 219, los Ayuntamientos aplicarán como módulos de distribución, conjunta o aisladamente, cualesquiera de los previstos en el apartado a) del número anterior, pudiendo delimitar zonas con arreglo al grado de beneficio que reporten las obras o servicios, con el fin de aplicar índices correctores en razón inversa a la distancia que cada zona guarde con referencia al emplazamiento de aquéllos.


Art. 223.

(DEROGADO)

1. La obligación de contribuir por contribuciones especiales nace desde el momento en que las obras se han ejecutado o desde que el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, la obligación de contribuir para cada uno de los contribuyentes nacerá desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, una vez aprobado el expediente de aplicación preceptuado por esta Ley , el Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe de los gastos previstos para los próximos seis meses. No podrá exigirse el anticipo de un nuevo semestre sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.

3. Se tendrá en cuenta el momento del nacimiento de la obligación de contribuir a los efectos de determinar la persona obligada al pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de esta Ley, aún cuando en el expediente de aplicación figure como contribuyente quien lo sea con referencia a la fecha del acuerdo de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de las cuotas, de conformidad a lo dispuesto en el número 2 de este artículo. Cuando la persona que figure como contribuyente en el expediente hubiere transmitido los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de dicho expediente y el del nacimiento de la obligación de contribuir, estará obligada a dar cuenta a la Administración municipal, dentro del plazo de un mes, de la transmisión efectuada, y si no lo hiciera, dicha Administración podrá dirigir la acción para el cobro, incluso por vía de apremio administrativo, contra quien figuraba como contribuyente en dicho expediente.


Art. 224.

(DEROGADO)

1. La exacción de las contribuciones especiales cuya exigencia sea obligatoria no precisará la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto, bastando la existencia de la Ordenanza reguladora de dichas contribuciones.

2. Para las contribuciones especiales que los Ayuntamientos puedan imponer con carácter potestativo, además de lo que disponga la Ordenanza reguladora a que se refiere el número anterior, los Ayuntamientos habrán de adoptar el acuerdo de imposición en el que constará, entre otros, los datos referentes a la cantidad que acuerde distribuir entre los beneficiarios y bases de reparto.

3. El acuerdo relativo a la realización de una obra o de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la aplicación de éstas.

4. El expediente de aplicación de contribuciones especiales, que será de inexcusable tramitación, tanto en las de carácter obligatorio, como en las potestativas, constará de los documentos relativos a la determinación del coste de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios, de las bases de reparto y de las cuotas asignadas a cada contribuyente.

5. En las obras o servicios cuyos presupuestos superen las cuantías establecidas en el número 1 del artículo 225, una vez terminado el expediente de aplicación de contribuciones especiales, y antes de someterlo a la aprobación de la Corporación municipal, se expondrá al público mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia», a los efectos de que, en el plazo de quince días siguientes, los posibles afectados puedan solicitar la constitución de la Asociación administrativa de contribuyentes.

6. En los casos previstos en el número anterior, el acuerdo municipal de aprobación del expediente de aplicación de contribuciones especiales, no podrá ser adoptado hasta transcurrido el indicado plazo o hasta la constitución de la Asociación administrativa de contribuyentes cuando haya sido solicitada y proceda su constitución.

7. Una vez aprobado el expediente de aplicación de contribuciones especiales, las cuotas que correspondan a cada contribuyente serán notificadas individualmente si el interesado fuera conocido o, en su caso, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.


Art. 225.

(DEROGADO)

1. Los afectados por obras y servicios que deban financiarse con contribuciones especiales podrán solicitar la constitución de la Asociación administrativa de contribuyentes, en el plazo previsto en el número 5 del artículo 224, cuando el presupuesto total de las obras o servicios a realizar sea superior a 50.000.000 de pesetas, si se trata de municipios de más de 100.000 habitantes; de 25.000.000 de pesetas, si se trata de municipios de más de 5.000 a 100.000 habitantes, y de 10.000.000 de pesetas en los restantes. En tales supuestos, su constitución será procedente cuando haya sido solicitada por la mayoría absoluta de contribuyentes, que, a su vez, representen los dos tercios de la propiedad afectada.

2. El funcionamiento y competencias de las Asociaciones de contribuyentes se acomodará a lo que dispongan las disposiciones reglamentarias. En todo caso, los acuerdos que adopte la Asociación de contribuyentes por mayoría absoluta de éstos y que representen los dos tercios de la propiedad afectada, obligarán a los demás. Si dicha Asociación, con el indicado quórum, designara dentro de ella una comisión o junta ejecutiva, los acuerdos adoptados por ésta tendrán fuerza para obligar a todos los interesados.


Art. 226.

(DEROGADO)

Con los requisitos de mayoría establecida en el artículo anterior, los propietarios o titulares afectados y constituidos en Asociaciones administrativas podrán promover, por su propia iniciativa, la ejecución de obras o el establecimiento, ampliación o mejora de servicios municipales, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar al Ayuntamiento cuando la situación financiera de éste no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio.


Art. 227.

(DEROGADO)

1. Las Asociaciones administrativas de contribuyentes, constituidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 225, podrán recabar del Ayuntamiento la ejecución directa y completa de las obras y servicios.

2. A los efectos de la ejecución de las obras o servicios por las Asociaciones administrativas de contribuyentes, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

a) La ejecución habrá de llevarse a cabo con sujeción a las condiciones y plazos del proyecto elaborado por la Administración municipal o, al menos, sobre el proyecto presentado por la Asociación y aprobado por el Ayuntamiento.

b) Dicha ejecución, en todo caso, se hará bajo la dirección de los técnicos designados por el Ayuntamiento.

c) La Asociación será responsable de los daños y perjuicios que puedan originar tanto a los intereses públicos como privados, así como, también, del retraso en la ejecución y de los vicios ocultos que se pongan de manifiesto en los cinco años siguientes a la recepción definitiva.

d) Quedan facultados los Ayuntamientos para aceptar o rechazar las proposiciones que hagan las Asociaciones administrativas de contribuyentes en orden a la ejecución de las referidas obras y servicios.


Art. 228.

(DEROGADO)

Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido.


Art. 229.

(DEROGADO)

Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayuntamiento podrá conceder, a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un plazo máximo de cinco años, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, de conformidad con lo establecido en la Ley General Tributaria.


Sección quinta. Impuestos

(DEROGADO)

 
Subsección primera: Disposiciones generales

(DEROGADO)

 
Art. 230.

(DEROGADO)

1. Son impuestos municipales:

a) La Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.

b) La Contribución Territorial Urbana.

c) La Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.

d) La Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas.

e) El Impuesto sobre la Radicación.

f) El Impuesto sobre Solares.

g) El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.

h) El Impuesto sobre la Circulación de los Vehículos.

i) El Impuesto sobre Gastos Suntuarios.

j) El Impuesto sobre la Publicidad.

2. La gestión de los impuestos referidos en los apartados a), b), c) y d), estará a cargo del Estado, con la colaboración de las Corporaciones locales en la forma que se establezca reglamentariamente.

3. El Centro de Gestión y Cooperación Tributaria tendrá competencias para:

a) La realización de los trabajos técnicos de formación, conservación y revisión de los catastros rústico y urbano.

b) La gestión e inspección de las contribuciones territoriales, rústica y pecuaria y urbana.

c) La colaboración en la realización de valoraciones inmobiliarias a efectos tributarios locales.


Art. 231.

(DEROGADO)

1. Es potestativo para los Municipios el establecimiento de los impuestos de gastos suntuarios y publicidad, así como del Impuesto de Radicación, sin perjuicio de las exigencias señaladas en el artículo 318 de esta Ley. También son potestativos los de solares e incremento del valor de los terrenos en los Municipios con población de derecho inferior a 20.000 habitantes, salvo que el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administración Territorial, acuerde el establecimiento obligatorio de los mismos.

2. Los demás impuestos municipales son de imposición obligatoria.


Subsección segunda: Contribución Territorial Rústica y Pecuaria

(DEROGADO)

 
Art. 232. Naturaleza y ámbito de aplicación

(DEROGADO)

1. La Contribución Territorial Rústica y Pecuaria constituye un tributo local de carácter real que recae sobre el importe de las rentas que anualmente producen, real o potencialmente, los bienes y actividades calificados tributariamente como rústicos y pecuarios.

2. Dicha Contribución se exigirá según las normas contenidas en esta Ley y en las disposiciones que le reglamenten.

3. No obstante, quedan sometidas a los respectivos regímenes tributarios especiales, las rentas de los bienes sitos y actividades ejercidas en el País Vasco y Navarra.


Art. 233. Hecho imponible

(DEROGADO)

1. El hecho imponible de este tributo se origina:

a) Por la percepción, devengo o susceptibilidad de obtención de los rendimientos de los bienes, derechos y actividades calificados tributariamente de naturaleza rústica o pecuaria.

b) Por la utilización, goce, o posesión de los bienes que produzcan o puedan producir los expresados rendimientos.

2. Gravará concretamente este tributo:

a) Las rentas reales o potenciales que correspondan a la propiedad o posesión de los bienes y derechos calificados tributariamente de naturaleza rústica y pecuaria, o el mero ejercicio de actividades agrícolas, forestales, ganaderas o mixtas.

b) Las rentas reales o potenciales del ganado dependiente de las fincas, atendiendo a la capacidad productiva de las respectivas parcelas, con excepción de aquellos casos en que constituyan actividad ganadera independiente, según lo prevenido en el siguiente apartado c). La tenencia de ganado de labor que sea necesario para las actividades agrícolas o forestales no tendrá la consideración de actividad ganadera, a los efectos de este apartado.

c) El ejercicio de la actividad ganadera independiente, estimándose como tal al conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:

1. Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.

2. El estabulado huera de las fincas rústicas.

3. El trashumante o trasterminante, y

4. Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.


Art. 234.

(DEROGADO)

1. Se considerarán, a efectos tributarios, bienes y derechos de naturaleza rústica y pecuaria:

a) Las fincas rústicas.

b) La ganadería.

c) Las canteras, las tierras que constituyan primera materia para actividad fabril y las aguas salinas.

d) Las edificaciones de carácter agrario que, situadas en predios rústicos, sean indispensables para la explotación de los mismos.

e) Los terrenos ocupados por canales de navegación y de riego y pantanos, incluso sus álveos y riberas; los diques y murallas de piedra o de tierra, los embarcaderos con muralla adyacente y los demás terrenos accesorios ocupados en servicio de los mismos canales o pantanos, o sea, todos los terrenos que comprendan los planos aprobados para la ejecución de las obras, así como las albuferas.

f) Los terrenos ocupados por vías no incluidas en el llamado demanio natural.

g) Los censos, foros, subforos, pensiones y cualquier otro gravamen que tenga carácter perpetuo, establecidos sobre terrenos rústicos exentos de esta contribución, cualquiera que sea la persona física o jurídica obligada a satisfacerlos.

h) Las aguas que se utilicen mediante retribución en el riego de fincas ajenas, siempre que no se trate de una renta de capitales invertidos en las obras de canalización o aprovechamiento de aquellas aguas que estén exceptuadas de tributación con arreglo a la vigente Legislación de Aguas.

2. A efectos de la debida delimitación del hecho imponible, no tendrán la consideración de bienes de naturaleza rústica los gravados en la Contribución Territorial Urbana.


Art. 235. Exenciones y bonificaciones tributarias

(DEROGADO)

Disfrutarán de exención subjetiva permanente de la contribución los bienes de naturaleza rústica y pecuaria que a continuación se expresan, de los que sean propietarios o usufructuarios:

1. El Estado español cualquiera que sea el destino o utilización dado a los bienes, y los siguientes Organismos o Entidades equiparados al mismo en su consideración tributaria:

a) El Patrimonio Nacional.

b) El Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) por sus montes, bienes y derechos y por los que adquiera directamente o mediante consorcio u otros convenios para la repoblación forestal pública o privada.

c) La Mancomunidad de los Canales de Taibilla.

d) Los Organismos y Entidades cuyos bienes se encuentren equiparados en el orden tributario a los de la Beneficiencia General del Estado.

2. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas.

Esta exención no alcanzará a los rendimientos que pudieran obtenerse por el ejercicio de explotaciones económicas ni a los derivados de su patrimonio cuando su uso se halle cedido.

3. Los Gobiernos extranjeros, por los destinados a su representación diplomática o consular, o a sus organismos oficiales, a título de reciprocidad.

4. Aquellos Organismos o Entidades a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales o de pactos solemnes con el Estado.

5. El Banco de España, Instituto de Crédito Oficial y las Entidades Oficiales de Crédito, siempre que ostenten la condición de contribuyentes.

6. Las Cajas Generales de Ahorro Popular, respecto de los de su propiedad destinados a Montes de Piedad y a obras benéfico-sociales.

7. El Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, por los destinados a la creación y funcionamiento de Centros técnicos de colonización y otros servicios propios del cumplimiento de sus fines, no estando comprendidas en esta exención las fincas rústicas adquiridas con destino a la parcelación.

8. La Confederación Hidrográfica del Segura, por los procedentes de la antigua Comunidad de Dueños de Agua de Lorca, en tanto que las rentas que se obtengan se inviertan precisamente en la mejora, conservación y obras nuevas que aseguren el perfecto regadío para el que fueron adquiridas por la mencionada Confederación.

9. La Cruz Roja Española, por los que no le produzcan renta.


Art. 236.

(DEROGADO)

Disfrutarán de exención objetiva permanente de la Contribución, sin consideración a la personalidad de su titular, los siguientes bienes de naturaleza rústica:

1. Los de uso público.

2. Los de servicio público, siempre que no produzcan renta, no considerándose, a estos efectos, como tales las tasas y tarifas de derecho público.

3. Los comunales.

4. Los caminos públicos, puentes y canales de navegación y de riego construidos por Empresas particulares, cuando por contrato están adjudicados a dichas Empresas los productos con exención de la Contribución.

5. Los ocupados por las líneas de ferrocarriles, ya sean generales o transversales, o por cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas vías.

6. Los ocupados por minas, incluso las de sal, siempre que dichas minas hayan sido objeto de concesión con arreglo a la legislación sobre minería y que los concesionarios cumplan todas la obligaciones que gravan los rendimientos mineros.

7. Los que se dediquen a coto escolar de previsión de carácter predominantemente forestal.

8. Los pertenecientes a las Empresas que se dediquen a la investigación y explotación de los hidrocarburos naturales, líquidos y gaseosos en territorio nacional.

9. Los ocupados por las ferias internacionales, nacionales, regionales, provinciales o locales que actualmente tengan reconocido o se les reconozca en lo sucesivo el carácter de instituciones oficiales dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda y de Asociaciones de utilidad pública, siempre que tales bienes no tengan otro destino que el de su utilización para estos certámenes y no produzcan renta, no estimándose como tales las cantidades que el Patronato, Comité Ejecutivo o Corporación propietaria perciba por la cesión de edificaciones, instalaciones o servicios, siempre que el total importe de dichas remuneraciones se invierta en la reparación de los referidos bienes o en la ampliación de los mismos.

10. Los montes vecinales en mano común.


Art. 237.

(DEROGADO)

Quedarán exentas permanentemente de este Tributo las parcelas que, pertenecientes a un mismo propietario, no tengan asignadas en conjunto bases imponibles superiores a 12.000 pesetas. Este mínimo exento podrá ser revisado por la Ley de Presupuestos con efectos para el período de vigencia.


Art. 238.

(DEROGADO)

Estará exento de esta Contribución el ejercicio de la actividad ganadera independiente, en el caso de que el rendimiento medio presunto de aquélla no exceda de 35.000 pesetas para cada titular. La Ley de Presupuestos, dentro de su período de vigencia, podrá revisar el mínimo exento anterior.


Art. 239.

(DEROGADO)

Estarán exentos temporalmente de este tributo:

1. La parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones, Entidades y particulares realizaran repoblaciones forestales, hasta que el monte empiece a producir, disfrutarán de exención temporal de la Contribución.

El plazo de exención será fijado por la Administración Forestal competente sin que pueda ser inferior a doce años para las especies de crecimiento rápido; ni de veinticinco para las de lento.

2. Los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración, estarán exentos de pago de esta Contribución.

A tales efectos, las bases imponibles de la superficie total de los montes afectados se reducirán en el 15 por 100, si estuviesen previstas las cortas a hecho, y en el 20 por 100, en todos los demás casos.

Para que la reducción consignada tenga lugar, será necesario y suficiente que se solicite de la Administración tributaria acreditando tanto la existencia de proyecto o plan aprobado por la Administración Forestal competente como el método de corta.

Además de lo preceptuado en el párrafo anterior, será preciso que el monte afectado no se encuentre ya acogido a los beneficios que concede el número anterior.

La reducción consignada surtirá efecto desde el ejercicio siguiente a aquel en que se realizare la solicitud.


Art. 240.

(DEROGADO)

1. Gozarán de bonificación del 95 por 100 de la Contribución los terrenos destinados directamente a la enseñanza, siempre que estén incorporados a Centros que cuenten con autorización de la Administración educativa competente y que la propiedad pertenezca a dichos Centros o a Entidades que pongan al servicio de los mismos los terrenos, sin relación arrendaticia ni percibo de renta alguna.

2. Las fincas adquiridas por el lnstituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario para el cumplimiento de sus fines disfrutarán una bonificación del 95 por 100 de la Contribución. Una vez aprobado el proyecto de parcelación correspondiente cesará la bonificación considerándose divididas dichas fincas, a efectos tributarios, en las unidades de explotación que en dicho proyecto se establezca.


Art. 241.

(DEROGADO)

En los territorios de Ceuta y Melilla y sus dependencias de Alhucemas, Vélez de la Gomera y Chafarinas, la Contribución se liquidará a razón del 50 por 100 de la cuota exigida en la Península.


Art. 242. Sujeto pasivo

(DEROGADO)

Son sujetos pasivos de este Tributo:

1. El propietario o usufructuario de los bienes objeto de la misma o quienes legítimamente representen sus derechos.

2. Las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

3. El que ejerza el dominio directo cuando haya separación de dominios con carácter temporal.

4. El censatario, cuando la separación de dominios sea de carácter perpetuo o por tiempo indefinido, constituyendo foros, censos y gravámenes análogos.

5. Los propietarios de cada una de las partes cuyas respectivas bases imponibles se calculen por separado a los efectos tributarios, en el caso de existir contratos por virtud de los cuales haya separación de dominios tales como suelo y vuelo, pastos y cultivo y otros análogos.

6. Los perceptores de censos, tributos o cualquiera otra imposición establecida especialmente sobre terrenos o fincas exceptuados en absoluto del pago de esta Contribución.


Art. 243.

(DEROGADO)

1. Tratándose de parcelas arrendadas, la Contribución se exigirá al arrendador y será repercutible sobre el arrendatario en la parte que corresponda a la base liquidable que exceda de las rentas que perciba el propietario.

2. A tales efectos, no se considerará como contribución la cuota empresarial del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, que continuará íntegramente a cargo del arrendatario.


Art. 244. Base imponible

(DEROGADO)

La base imponible en esta Contribución será el producto líquido de la tierra y el rendimiento de la ganadería, estimados con arreglo a las normas del presente texto. En particular, la base imponible comprenderá la suma de las cantidades siguientes:

a) La que en concepto de renta corresponda al propietario de la tierra acrecida en el interés de los capitales invertidos anualmente en el cultivo.

b) La que en concepto de beneficio corresponda al que cultiva la tierra.

c) La que en concepto de beneficio y de interés de los capitales invertidos anualmente en la explotación pecuaria corresponda al sujeto pasivo del tributo.


Art. 245.

(DEROGADO)

1. La base imponible de cada parcela catastral será la resultante de aplicar a la misma los productos o rendimientos líquidos que se calculen para una hectárea de cada uno de los cultivos o aprovechamientos en cada una de las intensidades productivas que se reconozcan en un término municipal, comarca o zona.

2. La base imponible de la actividad ganadera independiente se fijará en función del rendimiento neto presunto por año y cabeza.

3. En la base imponible para la Contribución de las fincas rústicas se incluirán, en su caso, las rentas anuales o potenciales del ganado dependiente de las mismas, con arreglo a la capacidad productiva de las parcelas integrantes de aquéllas.

4. La base imponible en las parcelas dedicadas a explotaciones forestales con ciclo en producción superior al año se fijará en el cociente que resulte de dividir los rendimientos totales a obtener en su ciclo de producción  por el número de años que integran el citado ciclo.


Art. 246.

(DEROGADO)

1. Cada cinco años se rectificarán las bases imponibles de la Contribución, tanto por lo que respecta a las fincas rústicas como al ejercicio de la actividad ganadera independiente.

2. La rectificación de las bases imponibles de la cuota tija de la Contribución y de las tarifas para el ejercicio de la actividad ganadera independiente ,  se realizará conforme a estudios económicos que tengan en cuenta los rendimientos medios del quinquenio anterior y los precios pagados y percibidos en el año anterior.


Art. 247. Base liquidable

(DEROGADO)

Las bases liquidables de las parcelas agrícolas y forestales y de la actividad ganadera independiente, en el año en que tenga efecto la rectificación y en los cuatro siguientes, se fijarán, como máximo, en el 50 por 100 de las bases imponibles.


Art. 248.

(DEROGADO)

Las bases liquidables de las parcelas sujetas a esta Contribución en que se hubieran realizado las mejoras que se indican serán las mismas que les hubiesen correspondido de no haberse realizado aquéllas, durante los siguientes períodos de tiempo:

1. Tres años. Las plantaciones nuevas, realizadas anual y consecutivamente en dicho tiempo, de cereales, plantas leguminosas, forrajeras, textiles, bulbos y tubérculos, siendo condición precisa la alternativa no interrumpida de tales cultivos y que éstos se establezcan sobre terrenos en que antes había viñedos.

2. Cinco años. Para los terrenos reducidos a cultivo o pasto por efecto de la desecación de lagunas, marismas o terrenos pantanosos.

3. Diez años:

a) Para las nuevas plantaciones de árboles frutales.

b) Para los terrenos transformados en regadío.

4. Los plazos indicados se contarán siempre a partir de la fecha de terminación de la plantación u obras de mejora.


Art. 249.

(DEROGADO)

Las bases imponibles de las parcelas catastrales que sean objeto de concentración parcelaria no podrán ser superiores, durante veinte años, a las que les hubieran correspondido de no haberse realizado dicha concentración.

En todo caso, los beneficios fiscales se contarán a partir del momento en que se expidan los nuevos títulos de las fincas concentradas.


Art. 250. Deuda tributaria

(DEROGADO)


Art. 251.

(DEROGADO)

Sobre la base liquidable, la cuota tributaria o la suma de cuota y recargos se aplicarán o podrán aplicarse, según los casos, a los tipos únicos o máximos que se indican, los siguientes recargos:

a) Sobre la base liquidable: El 10 por 100, en favor de los Ayuntamientos.

b) Sobre la cuota tributaria:

1. El 13,40 por 100, en cuanto a los predios o terrenos que se hallen improductivos o cuyo aprovechamiento se limite a los productos espontáneos y a los destinados exclusivamente a la caza y a la ostentación y recreo, quedando exceptuadas de este recargo las fincas destinadas al fomento y explotación del arbolado y a la cría o sostenimiento del ganado caballar o de carne, leche o lana y a las fincas de recreo cuya extensión no exceda de una hectárea.

2. El 60 por 100, respecto a las fincas declaradas manifiestamente mejorables, inscritas en el Catálogo de «Fincas Expropiables».

3. El 6,44 por 100 respecto a las fincas sitas en los términos de los Municipios adheridos a la Mancomunidad de los Canales de Taibilla.

4. De cuantía variable, a satisfacer por los propios interesados en la realización de obras de defensa contra las corrientes de agua, de manera que en el plazo máximo de veinte años quede abonado el total importe de auxilio equivalente al 25 por 100 del presupuesto de dichas obras.

c) Sobre la suma de cuota y recargos:

1. El 6 por 100 en las fincas propiedad de extranjeros situadas en las zonas de Baleares, Estrecho de Gibraltar, Galicia, Canarias, Ceuta y Melilla, cuando aquellas fincas no se encuentren inscritas en el Registro de la Propiedad. Este recargo se incrementará en un 6 por 100 cada año, hasta que se cumpla el indicado requisito de inscripción.

2. El 3 por 100 en las fincas resultantes de la Concentración Parcelaria mientras no se proceda a la fijación de nuevas bases imponibles en el Municipio en que estén aquéllas situadas.


Subsección tercera: Contribución Territorial Urbana

(DEROGADO)

 
Art. 252. Naturaleza y ámbito de aplicación

(DEROGADO)

1. La Contribución Territorial Urbana es un tributo local de carácter real, que recae sobre el importe de las rentas que anualmente producen o son susceptibles de producir los bienes calificados tributariamente de naturaleza urbana.

2. Dicha Contribución se exigirá con arreglo a las normas contenidas en esta Ley y en las disposiciones que la reglamenten.

3. No obstante, quedan sometidos a los respectivos regímenes tributarios especiales las rentas que anualmente produzcan o sean susceptibles de producir los bienes sitos en el País Vasco y Navarra.


Art. 253. Hecho imponible

(DEROGADO)

El hecho imponible en la Contribución Territorial Urbana se realiza:

a) Por la percepción, devengo o susceptibilidad de obtención de los rendimientos de los bienes calificados tributariamente de naturaleza urbana.

b) Por la utilización, goce o posesión, en virtud de un derecho real, de los bienes que produzcan o sean susceptibles de producir los expresados rendimientos.


Art. 254.

(DEROGADO)

Se consideran bienes de naturaleza urbana, a efectos de esta Contribución:

a) El suelo, en los casos a que se refiere el artículo siguiente.

b) Las construcciones, con arreglo a los conceptos que se expresan en el artículo 256.


Art. 255.

(DEROGADO)

1. Tendrán la consideración de suelo los terrenos siguientes:

1.º Los urbanos, entendiéndose por tales:

a) En los Municipios en que exista Plan General municipal, los que éste incluya como tales por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos en dos terceras partes de su superficie, en la forma que el plan determine, y los que, en ejecución del plan, lleguen a disponer de los mismos elementos de urbanización.

b) En los Municipios que carecieren de Plan General Municipal, los terrenos que por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos en la mitad de su superficie, se incluyan en un proyecto de delimitación aprobado en la forma que legalmente se determina.

2.º El terreno urbanizable programado constituido por aquel que deba ser urbanizado, según el programa del propio Plan General.

3.º El terreno urbanizable no programado desde el momento en que por aprobación de programas de actuación urbanística pueda ser objeto de urbanización.

4.º Los que, cualquiera que sea su naturaleza, dispongan de vías que tengan pavimentada la calzada o encintado de aceras y cuenten además con suministro de agua, servicios de desagües y alumbrado público.

Cuando dichas vías no formen manzanas cerradas, se tomará como profundidad de las parcelas afectadas la correspondientes a un fondo normal edificable, de acuerdo con las circunstancias de la localidad.

5.º Los fraccionados en contra de lo dispuesto en la legislación agraria.

6.º Los ocupados por construcciones sujetas a esta Contribución.

2. A los efectos de lo dispuesto en los números 1.º, 2.º 3.º y 4.º del apartado precedente, se determinarán en cada término municipal los límites a que se extienda el suelo sujeto a esta Contribución, teniendo en cuenta los planes generales de ordenación urbana y los programas de actuación urbanística y, en su caso, los proyectos de delimitación en la forma que legalmente se determina.


Art. 256.

(DEROGADO)

Se considerarán construcciones:

a) Los edificios, en el sentido más amplio de esta palabra, sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en que se hallen emplazados y el uso a que se destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente transportables y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos como diques, tanques y cargaderos.

b) Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los muelles, los estacionamientos y los espacios anejos a las construcciones.


Art. 257.

(DEROGADO)

No se considerarán construcciones a los efectos de la delimitación del hecho imponible en esta Contribución:

1.º Las de cualquier naturaleza que sean indispensables para el desarrollo de alguna explotación rústica o pecuaria.

2.º Los saltos de agua comprendidos en las tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales; y

3.º El mobiliario, decorados o instalaciones accesorias para la explotación de los edificios destinados a locales de espectáculos.


Art. 258. Exenciones, reducciones y bonificaciones

(DEROGADO)

Estarán, subjetivamente exentos con carácter permanente:

1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas, por los siguientes bienes inmuebles:

a) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral.

b) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los sacerdotes con cura de almas.

c) Los locales destinados a oficinas, la Curia diocesana y a oficinas parroquiales.

d) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas.

e) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las Ordenes, Congregaciones Religiosas e Institutos de vida consagrada.

Están comprendidos en la exención los huertos, jardines y dependencias de los inmuebles anteriormente enumerados, siempre que no estén destinados a industrias o a cualquier otro uso de carácter lucrativo.

Todos los demás bienes de naturaleza urbana de Entidades o personas eclesiásticas quedarán sujetos a tributación conforme a las Leyes generales del Estado, en paridad de condición con las demás instituciones o personas.

2. El suelo y las construcciones de los Gobiernos extranjeros destinadas a su representación diplomática o consular, o a sus Organismos Oficiales, a título de reciprocidad.

3. Los bienes de la Cruz Roja Española, siempre que no le produzcan renta.

4. Los bienes a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales o de pactos solemnes con el Estado.

5. El Banco de España, el Instituto de Crédito Oficial y las Entidades Oficiales de Crédito, siempre que ostenten la condición de contribuyentes.

6. El Ente público de Radiotelevisión Española, así como las Sociedades Gestoras del tercer canal.


Art. 259.

(DEROGADO)

Sin consideración a la personalidad de su titular, estarán exentos con carácter permanente los siguientes bienes de naturaleza urbana:

1. Los de uso público.

En particular, se entenderán comprendidos en esta exención los terrenos ocupados por calles, plazas, caminos, paseos, jardines, rondas, ríos y sus riberas, canales y demás vías fluviales y terrestres que sean de aprovechamiento público y gratuito.

2. Los de servicio público, siempre que no produzcan renta, no considerándose a estos efectos como tal las tasas y tarifas de derecho público.

3. Los comunales.

4. Los dedicados a hospicios, hospitales, asilos, establecimientos penitenciarios y casas de corrección, y los de Beneficencia general, local o particular y Pósitos, siempre que no produzcan a sus dueños particulares renta alguna. Asimismo, y en general, los benéficos y benéfico-docentes que se encuentren asimilados o equiparados objetivamente a éstos por precepto legal. Igualmente, las Cajas Generales de Ahorro popular, respecto de los de su propiedad destinados a Montes de Piedad y a obras benéfico-sociales.

5. Los cementerios, siempre que no produzcan renta.

6. Los caminos públicos, puentes y canales de navegación y riego construidos por Empresas particulares, cuando por contrato solemne estén adjudicados a dichas Empresas los productos con exención de contribuciones.

7. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles, y los edificios enclavados en los mismos terrenos que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas.

No están, por consiguiente, exentas las fondas de las estaciones, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección, ni las instalaciones fabriles, a no ser que de un modo expreso se disponga lo contrario en las respectivas normas de concesión.

8. Los declarados expresa e individualmente monumentos histórico-artisticos, conforme a la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985.

9. Los construidos por propietarios de fincas rústicas destinados exclusivamente a escuelas gratuitas para los hijos de los productores agrícolas.

10. Las construcciones levantadas por los concesionarios para la investigación y explotación de los hidrocarburos.

11. El suelo urbano o urbanizable programado, ocupado por minas, incluso las de sal, siempre que dichas minas hayan sido objeto de concesión con arreglo a la legislación sobre minería; y que los concesionarios cumplan todas las obligaciones que les incumban, según las disposiciones que regulen los impuestos que gravan los rendimientos mineros.


Art. 260.

(DEROGADO)

Están exentos de la Contribución Territorial Urbana los bienes cuya base imponible no exceda de 200 pesetas.


Art. 261.

(DEROGADO)

Se aplicarán en la base imponible las reducciones siguientes:

1. En los edificios que se construyan de nueva planta o se reedifiquen se reducirá, en su caso, la base imponible, durante el tiempo de su construcción y un año después en la cantidad procedente para que su base liquidable no exceda de la que corresponda al suelo de la finca. No obstante, cuando estos edificios se hallen terminados o en disposición de producir renta alguno de sus locales, plantas o pisos, no estándolo los demás, empezará a contarse, desde que esto ocurra, el año de reducción en la base imponible de la parte terminada.

2. En los edificios que se reformen, aunque sea parcialmente, si la obra exige que todo el edificio permanezca deshabitado, se reducirá su base imponible durante todo el tiempo de la reforma, en la cantidad precisa para que la base liquidable no exceda de la que corresponda a su suelo y, durante un año después, al de la base liquidable con que figuraba antes de la obra.

3. En los edificios que se reformen, si la obra no impide que continúen usándose algunas habitaciones, se reducirá su base imponible, durante todo el tiempo que dure la reforma, en la cantidad que corresponda a la parte del mismo que no produzca renta o no sea susceptible de producirla, y durante un año después, su base liquidable no excederá de la que tenía asignada antes de la obra.

En los casos a que se refiere este apartado y el precedente, las obras de reforma habrán de durar mas de tres meses.

4. En Ceuta y Melilla y sus dependencias, las reducciones que se concedan a partir de la terminación de la obra, y a que se refieren los apartados anteriores, se aplicarán durante cinco años.


Art. 262.

(DEROGADO)

1. Gozarán durante tres años, contados a partir de la fecha de terminación de la construcción, de una bonificación del 50 por 100 de esta contribución, los siguientes bienes de naturaleza urbana:

a) Las viviendas familiares y colectivas construidas por imposición legal por los propietarios de predios rústicos, cuyo centro de trabajo o caserío diste de poblado más de 2 kilómetros, siempre que dichas viviendas se hayan edificado en los indicados predios o próximas a éstos y se ceda su uso gratuito a los obreros empleados en los mismos.

b) Las viviendas construidas voluntariamente por los propietarios de fincas rústicas, cualquiera que fuese la situación y cabida de éstas, siempre que dichas viviendas se encuentren edificadas dentro del perímetro de la finca rústica y estén habitadas gratuita-mente por los obreros agrícolas empleados en las mismas.

c) Las instalaciones que se construyan por Empresas industriales o comerciales y que se destinen a la práctica del deporte del personal dependiente de las mismas con carácter meramente de aficionado, siempre que aquéllas no produzcan renta alguna. Quedan comprendidas en este beneficio tributario y sujetas a todas las condiciones señaladas, las instalaciones deportivas propiedad de los Clubes, Sociedades o Entidades de carácter privado.

d) Los edificios que se construyan sobre solares resultantes de expropiaciones efectuadas para la ejecución de proyectos aprobados de conformidad con lo prevenido en el artículo 13 de la Ley de 18 de marzo de 1895.

e) Los edificios construidos al amparo de la legislación de viviendas de protección oficial.

f) Las edificaciones realizadas en los terrenos de nuevas urbanizaciones, sufragándolas integra y anticipadamente, en las que se cumplan los preceptos de la legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana, y en los supuestos en que el coste de las mismas resulte desproporcionado o cuando el urbanizador realice a su costa los servicios o dotaciones de interés general.

g) Las edificaciones nuevas que se realicen en sectores de reforma interior en los que se realicen obras de urbanización, sufragándolas íntegra y anticipadamente.

h) Los bienes de naturaleza urbana afectos a Patronatos de Casas Militares.

2. El disfrute de los beneficios fiscales a que se refieren los apartados f) y g) precedentes es incompatible con cualesquiera otros beneficios fiscales concedidos con carácter general a las nuevas edificaciones y no serán, por consiguiente, susceptibles de disfrute simultáneo o sucesivo. En estos casos corresponde a los beneficiarios el derecho a optar por uno de los beneficios que resulten aplicables.

3. Las bonificaciones temporales reguladas en el apartado primero del presente artículo, reconocidas con anterioridad al primero de enero de 1980, se respetarán hasta completar el plazo de disfrute por el que fueron otorgadas.


Art. 263.

(DEROGADO)

Disfrutarán durante el plazo de la concesión de una bonificación del 95 por 100 de las cuotas de la Contribución que recaigan sobre el aprovechamiento de los terrenos destinados a autopistas de peaje, cuando se hubiere reconocido expresamente, en virtud de precepto legal, en favor de las Entidades concesionarias de la construcción, conservación y explotación de dichas autopistas.


Art. 264.

(DEROGADO)

1. Disfrutarán de bonificación permanente del 95 por 100 de esta Contribución los edificios y terrenos destinados directamente a la enseñanza, siempre que la tuvieran reconocida con anterioridad al 1 de enero de 1980 y se trate de Centros reconocidos o autorizados por la Administración Pública competente y que la propiedad de aquéllos pertenezca a los titulares de dichos Centros o a Entidades que pongan al servicio de éstos, los edificios y terrenos sin relación arrendaticia ni percibo de renta alguna.

2. Disfrutarán de bonificación permanente del 50 por 100 de la Contribución Territorial Urbana las fincas situadas en los territorios de Ceuta y Melilla y sus dependencias.


Art. 265. Sujeto pasivo

(DEROGADO)

1. Son sujetos pasivos en esta Contribución las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, aún carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que sean titulares de bienes de naturaleza urbana.

2. En particular, son sujetos pasivos de este tributo:

a) Los propietarios.

b) Los usufructuarios, por todo el tiempo que dure el usufructo.

c) Los enfiteutas y demás censatarios, cuando el censo sea perpetuo o por tiempo indefinido.

d) Los titulares del derecho real de superficie y los titulares del dominio directo cuando el censo sea temporal.

3. En los casos de bienes urbanos arrendados, la parte de la Contribución Territorial Urbana que corresponda a la diferencia entre la renta catastral y la renta legal o administrativamente exigible, se podrá repercutir por el arrendador al inquilino o arrendatario, en la forma regulada en las disposiciones vigentes, y sin excepción alguna por razón de la fecha de contrato.


Art. 266. Base imponible

(DEROGADO)

1. La base imponible en esta Contribución se establecerá en función de los valores y rentas catastrales de los bienes de naturaleza urbana.

2. Se entiende por valor catastral el que, con arreglo a los preceptos de este texto, corresponde a los bienes gravados en esta Contribución.

3. Se considerará renta catastral el producto bruto de los bienes afectados por la Contribución estimado con arreglo a las normas de este texto.

4. La base imponible atenderá al rendimiento neto que se considere obtenido al deducir de la renta catastral los gastos legalmente estimados necesarios para su obtención.


Art. 267.

(DEROGADO)

1. El valor catastral estará integrado por los valores del suelo y, en su caso, de las construcciones, afectada su suma por los dos índices siguientes, que atenderán:

a) A la inclusión en el valor de la construcción del importe de los honorarios de los profesionales que intervienen en la misma, a los gastos de su promoción y a los tributos locales que la gravan.

b) Al aprovechamiento más idóneo del suelo.

2. Para la determinación del valor del suelo, el término municipal se ordenará en polígonos. En cada uno de ellos se tomará el valor básico, deduciendo del que resulte del rendimiento óptimo, según las condiciones de uso y volumen permitidas, el coste de las construcciones necesarias para conseguirlo.

Partiendo del valor básico, el de cada parcela se determinará aplicando a aquél los coeficientes correctores necesarios, según su situación, características intrínsecas y grado de urbanización de los terrenos.

Cuando el valor básico del suelo no pueda ser determinado según las reglas precedentes, se estará al que resulte del precio medio del mercado.

3. La valoración de las construcciones se realizará atendiendo a su coste actual, corregido en función de su edad, destino, clase de edificación y posibilidades de renta y al valor actual en el mercado.


Art. 268.

(DEROGADO)

La renta catastral de los bienes urbanos será, sin excepción alguna, el 4 por 100 del valor catastral respectivo, tanto si se trata de riqueza revisada como no revisada.


Art. 269.

(DEROGADO)

1. La base imponible en los edificios será la cantidad resultante de aplicar a la renta catastral el descuento único del 30 por 100 en concepto de huecos, reparos y servicios. En los demás casos la base imponible será igual a la renta catastral referida a cada anualidad.

2. Cuando de la aplicación de los artículos 270 y 271 y siguientes resultase que la nueva renta catastral surtiese efectos en el segundo semestre natural de un año, la base imponible que en su caso se hubiere calculado para un periodo de doce meses será reducida a su mitad.


Art. 270.

(DEROGADO)

1. La Administración tributaria fijará el valor básico del suelo por calles o polígonos, el de las construcciones, según sus tipos, y determinará asimismo los índices de valoración y corrección.

2. El procedimiento administrativo para la determinación de la base imponible se iniciará con una declaración previa de los sujetos pasivos.

La inexactitud o la falta de presentación de dicha declaración dará lugar a las sanciones previstas en la Ley General Tributaria.

3. La Administración tributaria determinará para cada finca o unidad urbana mediante la aplicación de los valores e índices de valoración y corrección, los valores y rentas catastrales, y las bases imponibles.

4. Una vez determinadas las bases imponibles, valores y rentas catastrales de las fincas de cada polígono, se publicarán por edictos y se notificarán en forma individual a cada contribuyente, pudiéndose recurrir en vía económico-administrativa.

La base imponible así determinada, tendrá efectividad a partir de la iniciación del semestre natural siguiente al de la publicación por edictos de dicha base.

5. Las valoraciones realizadas en la forma establecida en los apartados anteriores regirán sin modificación hasta tanto no se revisen. Dicha revisión de los valores catastrales se realizará cada tres años.

6. Dentro de sus funciones de colaboración en la gestión de esta contribución, los Ayuntamientos realizarán la comprobación de las declaraciones y la notificación individual a que hace referencia el apartado 4 precedente.


Art. 271. Período impositivo y devengo del Impuesto

(DEROGADO)

1. La Contribución Territorial Urbana se devengará el primer día del periodo impositivo.

2. El periodo impositivo coincidirá con el año natural.

3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes de naturaleza urbana tendrán efectividad a partir del semestre natural siguiente a aquel en que tuvieren lugar, salvo las variaciones por transmisiones de dominio que no produzcan alteraciones de cuota tributaria que surtirán efectos en el ejercicio siguiente al de su declaración.

4. Los sujetos pasivos estarán obligados a declarar cualquier alteración sustancial de orden físico, o de carácter económico o jurídico, que se produzca en el suelo o en las construcciones, a las que se aplicarán, en su caso, los valores e índices de valoración y corrección aprobados por la Administración tributaria, a los efectos de determinación del nuevo valor catastral.


Art. 272. Deuda Tributaria

(DEROGADO)

1.

2.

3.

4. Podrán aplicarse, según los casos, a los tipos únicos o máximos que se indican, los siguientes recargos:

a) Sobre la base, el recargo a que se refiere el artículo 414.3 de esta Ley.

b) Sobre la cuota:

1.º El 12 por 100 sobre la correspondiente a las fincas sitas en los términos de los municipios que constituyen la Mancomunidad de los Canales de Taibilla.

2.º Un recargo cuya cuantía se fijará en cada caso, de manera que en el plazo máximo de veinte años quede abonado el total importe del auxilio, para las obras de defensa de poblaciones contracorrientes de agua.

c) Sobre la suma de cuotas y recargos:

El 8 por 100 en las fincas propiedad de extranjeros situadas en las zonas de Baleares, Estrecho de Gibraltar, Galicia, Canarias, Ceuta y Melilla, cuando aquellas fincas no se encuentren inscritas en el Registro de la Propiedad. Este recargo sé incrementará en un 8 por 100 cada año, hasta que se cumpla el indicado requisito de inscripción.


Subsección cuarta: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales

(DEROGADO)

 
Art. 273. Naturaleza y ámbito de aplicación

(DEROGADO)

1. La Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales constituye un tributo local de carácter real, que recae sobre las citadas actividades y que grava el mero ejercicio de las mismas. Este impuesto se regirá por los preceptos de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y se exigirá por las actividades ejercidas en territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios especiales y, en particular, los del País Vasco y Navarra.

2. Cuando una actividad de las gravadas afectare a varios términos municipales, queda autorizado el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administración Territorial para regular la forma de distribución entre aquéllos del importe del impuesto de acuerdo con criterios objetivos y dichos Ministerios, conjuntamente, a aplicar dichos criterios a las circunstancias de los diversos supuestos.


Art. 274. Hecho imponible

(DEROGADO)

1. Están sujetos al impuesto el mero ejercicio de cualquier actividad extractiva, fabril, artesana, de la construcción, comercial y de servicios por cuenta propia o en comisión, no exceptuada expresamente y hállese o no clasificada en las tarifas del impuesto.

2. Los conceptos genéricos de las actividades y sus facultades se determinarán reglamentariamente.


Art. 275.

(DEROGADO)

Se considerarán, en todo caso, comprendidas entre las actividades enumeradas en el artículo 274, las siguientes:

a) Las de importación de toda clase de bienes, excepto las de artículos destinados a uso propio. No será de aplicación esta excepción a los bienes de consumo destinados a ulterior enajenación ni a las primeras materias a emplear en procesos productivos.

b) Las de construcción de viviendas y locales de negocios para proceder ulteriormente a su venta en su totalidad por partes o por pisos. Se asimilarán a los contratos de ventas los de arrendamiento con opción de compra, o simplemente de opción de compra, y a la construcción para la venta, la realizada por una Sociedad que distribuya las partes o pisos entre los partícipes.

c) Las de división o segregación y la enajenación de terrenos que tengan la consideración de suelo a efectos de la Contribución Territorial Urbana, y las de división o adjudicación de los poseídos por comunidades de bienes, excepto, en este último caso, si se han adquirido por título hereditario.

d) El servicio de transporte.

e) Las explotaciones mineras.


Art. 276.

(DEROGADO)

No están sujetas a este Impuesto:

a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor, siempre que los hubiere utilizado durante igual periodo de tiempo.

b) La salida material de mercancías de los depósitos o almacenes que, cerrados al público, tengan exentos de Licencia Fiscal los contribuyentes, siempre que aquélla sea consecuencia de operaciones de venta efectuadas en el establecimiento o despacho abierto al efecto.

c) La venta de los productos que puedan recibir en pago de sus trabajos o servicios los Médicos, Farmacéuticos, Practicantes, Veterinarios, Herreros y Maestros.

d) La venta del grano que reciban por la maquila los industriales molineros si limitasen a esta operación su actividad.

e) La venta, dentro de la misma localidad, de granos, semillas u otros productos agrícolas y ganaderos procedentes del cobro de sus créditos que puedan realizar los vendedores al por menor de tejidos, comestibles y productos farmacéuticos, matriculados como tales en poblaciones menores de 4.000 habitantes, que expendan a crédito géneros o artículos de los que constituyen su comercio.

f) Las ventas al por menor o al por mayor que de sus productos hagan directamente los agricultores y ganaderos en el lugar de producción y las efectuadas en todo el territorio nacional directamente y sin establecimiento, o a través de asociaciones oficialmente protegidas, que no tengan por fin la realización de lucro, y siempre que estén integradas por agricultores o ganaderos y se limiten a las ventas de los productos de sus asociados.

g) Las actividades realizadas por comisionistas o agentes comerciales, con residencia fija o ambulante, cuando se limiten en sus operaciones a ofrecer al comercio o a particulares géneros o efectos de los industriales que representen por medio  de su muestrario, anuncios o circulares, facilitando noticias y catálogos para que se puedan realizar los pedidos.

Se entenderá, por el contrario, que no se limitan a realizar operaciones propias de agentes y comisionistas cuando reciban y entreguen los géneros o efectos que ofrecen o cobren o reembolsar su importe.

h) Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.


Art. 277.

(DEROGADO)

1. Las actividades constitutivas del hecho imponible se especificarán  en las tarifas del Impuesto.

2. La actividades no tarifadas de modo expreso tributarán provisionalmente en la forma que en las tarifas del Tributo se establezca.


Art. 278.

(DEROGADO)

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio y legal y, en particular, por:

a) Declaración del interesado hecha espontáneamente o en acta de inspección o expediente tributario.

b) Anuncios, muestras, rótulos o cualquier otro signo que lo demuestre.

c) Relaciones facilitadas por las autoridades en forma reglamentaria.

d) Documentos facilitados por las distintas oficinas públicas.

e) Relaciones obtenidas de los Registros de mercancías, debidamente certificadas.

f) Declaraciones de contribuyentes de la misma actividad que ofrezcan las debidas garantías de fidelidad.

g) Informe de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Asociaciones profesionales y demás instituciones oficialmente reconocidas.


Art. 279. Exenciones y bonificaciones

(DEROGADO)

Estarán exentos de Licencia Fiscal:

1. La Iglesia Católica, por las siguientes actividades:

a) Las realizadas por las Universidades eclesiásticas y los Seminarios destinados a la formación del clero.

b) Las que realicen los colegios u otros centros de enseñanza dependientes de la jerarquía eclesiástica que tengan la condición de benéfico-docentes.

c) La publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documento de las autoridades eclesiásticas competentes, referentes al gobierno espiritual de los fieles, y también su fijación en los sitios de costumbre.

Todos los ingresos de Entidades o personas eclesiásticas que no provengan del ejercicio de actividades religiosas propias de su apostolado quedarán sujetas a tributación, en paridad de condición con las demás instituciones o personas.

2. Las Provincias, Islas, Municipios, Mancomunidades y demás Entidades locales, así como los Consorcios que las mismas constituyan, en cuanto las actividades determinantes del tributo sean  de la especial competencia de la Corporación.

3. Las actividades a las que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales o de pactos solemnes con el Estado.

4. El Instituto Nacional de la Seguridad Social y sus Entidades gestoras, así como las Mutualidades laborales y sus organizaciones federativas y de compensación económica, en cuanto colaboren en la gestión de la Seguridad Social.

5. La Cruz Roja Española.

6. La Fundación de Gremios-Industrias Artísticas Agrupadas.

7. Las Cajas-Generales de Ahorro Popular por los Montes de Piedad y obras benéfico-sociales.

8. El Banco de España, el Instituto de Crédito Oficial y las Entidades oficiales de crédito.

9. Los concesionarios para la investigación y explotación de los hidrocarburos naturales, líquidos y gaseosos, sin perjuicio de su régimen especial de tributación.

10. Los albergues, paradores y demás establecimientos de turismo explotados por el Estado.

11. Los establecimientos de enseñanza costeados con fondos del Estado, de la Provincia o del Municipio, por fundaciones esencialmente benéficas aunque, por excepción, vendan los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza en el mismo establecimiento, siempre que el importe de la venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de primeras materias, o al sostenimiento de la enseñanza en el mismo establecimiento.

Esta exención se concederá en cada caso concreto por el Ministerio de Economía y Hacienda.

12. Aquellas actividades o modalidades de las mismas que, por su naturaleza o características, se consignan expresamente en las vigentes tarifas del Tributo.


Art. 280.

(DEROGADO)

1. Se bonificará en el 95 por 100  la Cuota de  Licencia Fiscal correspondiente a:

a) Las Sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, y las Entidades que, a efectos tributarios, estén equiparadas a aquéllas.

b) La actividad de la enseñanza en cualquiera de sus grados. No alcanzará esta bonificación a los establecimientos dedicados al adiestramiento de chóferes, aviadores, gimnasia, baile, equitación, esgrima y otros deportes.

2. Podrán gozar de una bonificación de hasta el 95 por 100 de la Cuota de  Licencia Fiscal, durante el período de instalación, las actividades ejercidas por Empresas encuadradas en los sectores declarados de interés preferente para la instalación o ampliación de sus establecimientos industriales.

3. Se bonificará en el 50 por 100 la Cuota de  Licencia Fiscal correspondiente a:

a) Los espectáculos artísticos o deportivos organizados por sociedades, clubes y federaciones constituidos en forma legal y permanente, para el fomento y perfección de actividades artísticas, musicales y deportivas, si dedican a estos fines exclusivos la totalidad de sus ingresos.

b) Los espectáculos deportivos de carácter aficionado. Esta bonificación será compatible con la establecida en la letra anterior.

c) Las actividades que se ejerzan en los territorios de Ceuta y Melilla y sus dependiencias.

Los vendedores al por mayor domiciliados y residentes en estos territorios podrán exportar al reino de Marruecos los productos propios de su industria o comercio, sin estar obligados a satisfacer cuota de Licencia Fiscal por estas operaciones.

4. Se bonificará en el 25 por 100 la cuota de Licencia Fiscal de los espectáculos que se celebren en las Islas Canarias, sin perjuicio de la bonificación que proceda, en virtud del apartado anterior.


Art. 281. Sujeto pasivo

(DEROGADO)

1. Serán sujetos pasivos del Impuesto todas las personas físicas y jurídicas, así españolas como extranjeras, que realicen en territorio español cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

2. Igualmente, tendrán la condición de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.


Art. 282.

(DEROGADO)

El arriendo o cesión de locales destinados a celebrar espectáculos implica para su propietario, arrendatario o subarrendatario la responsabilidad solidaria en el pago de la deuda tributaria del empresario de aquellos, salvo cuando se haya comunicado a la Administración, en plazo reglamentario, el arriendo de los mismos.


Art. 283.

(DEROGADO)

Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.


Art. 284. Deuda tributaria

(DEROGADO)

Las tarifas correspondientes a las actividades comerciales e industriales se acomodarán a los siguientes principios:

a) Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas responderán a la realidad económica y técnica actuales, las cuales serán ordenadas con arreglo a la clasificación nacional de actividades económicas vigentes.

b) Las cuotas tributarias resultantes de aplicar las tarifas no deberán exceder del 15 por 100 del beneficio medio presunto de la actividad gravada, pero sin que, en ningún caso, sean inferiores a la cantidad de 3.960 pesetas anuales por actividad.

c) Las cuotas serán determinadas en función de elementos fijos en el momento del devengo del tributo.

d) La venta al por mayor y la artesanía no tributarán con cuotas de bases fijas de población.

e) Las ventas al por menor, los servicios de hostelería y alimentación y la construcción tributarán con arreglo a cuadros simplificados, según base de población que podrá alterarse si lo exige la índole de alguna actividad.

f) Las tarifas no contendrán recargos por las operaciones de remisión, importación, exportación y venta a plazos.

g) Se establecerán cuotas especiales para aquellas actividades que se ejerzan conjuntamente por el sujeto pasivo en un mismo local.

h) Deberá existir concordancia tributaria con el concepto real de ámbito geográfico de actuación.

i) Se configurarán dentro de la actividad gravada aquella o aquellas otras que, por su carácter preparatorio, anejo o derivado de la actividad principal, puedan ser consideradas como complementarias de la misma.


Art. 285.

(DEROGADO)

1. La instrucción y tarifas de la Licencia Fiscal serán aprobadas por Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con los principios a que se refiere el artículo anterior, y previo informe de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

2. En las Leyes de Presupuestos de cada ejercicio se podrán modificar los límites de la cuantía máxima y mínima de las cuotas de la Licencia Fiscal.


Art. 286.

(DEROGADO)

1.La cuota tributaria será la resultante de la aplicación de las tarifas del Impuesto.

2. En las Tarifas, además de la especificación tributaria de las actividades constitutivas del hecho imponible se consignará la cuota correspondiente a cada una de ellas.


Art. 287.

(DEROGADO)

1. El sujeto pasivo satisfará las cuotas correspondientes a todas y cada una de las actividades que ejerza.

2. Se exigirán tantas cuotas como actividades se realicen por un mismo sujeto pasivo en establecimientos o locales separados, o como sujetos pasivos ejerzan la misma o distinta actividad en establecimiento o local único.

3. Cuando se trate de actividades comerciales o fabriles ejercidas en un mismo local o establecimiento se contendrán en las tarifas o en la Instrucción del Impuesto las normas para limitar, mediante reglas de simultaneidad, el devengo de las cuotas.


Art. 288. Deuda tributaria

(DEROGADO)

Sobre las cuotas tributarias se girarán los siguientes recargos con carácter obligatorio:

a) 40 por 100 para las Diputaciones Provinciales.

b) 70 por 100 para los Ayuntamientos. No obstante, éstos podrán acordar el aumento del expresado recargo hasta el 100 por 100 de la cuota tributaria.


Art. 289. Período impositivo y devengo del Impuesto

(DEROGADO)

El período impositivo coincidirá con el año natural. A él se referirán las cuotas señaladas en las tarifas, excepto cuando se trate de industrias de campaña, para las cuales abarcará toda su duración, aunque comprenda parte de dos años naturales, sin que en ningún caso pueda exceder de doce meses.


Art. 290.

(DEROGADO)

1. Las cuotas de la Licencia Fiscal podrán ser prorrateables o irreducibles.

2. Las cuotas prorrateables lo serán por semestres completos; se exigirán por recibo, y se devengarán por mitad el primer día de cada uno de los naturales o el del comienzo de la actividad, cualquiera que sea el número de días que se ejerza ésta, dentro de cada semestre.

Por excepción, en el año en que se inicie la actividad gravada con cuota prorrateable se devengarán la del semestre que comprenda la fecha en que tenga lugar y el siguiente, hasta finalizar aquél, aun cuando durante él se formule declaración de baja en forma reglamentaria.

3. Las cuotas irreducibles se devengarán, íntegramente el primer día del año natural, o, en su caso, el del comienzo de la actividad, cualquiera que sea el tiempo de duración del ejercicio de ésta, dentro del año o campaña, inferior a doce meses, y se exigirán generalmente de una sola vez.

4. Si las tarifas no señalasen una cuota fija, sino un coeficiente o módulo a girar sobre determinados conceptos, aquéllas determinarán, en cada caso, el momento del devengo de las cuotas.


Art. 291.

(DEROGADO)

1. Las cuotas irreducibles podrán ser exigibles por recibo o por patente.

2. Las que se recauden por recibo podrán fraccionarse por semestres cuando, a petición del contribuyente, así lo acordase la Administración competente para la recaudación, y siempre que su cobro ofrezca garantía a la misma.

3. Las actividades cuyas cuotas se exijan mediante patente se concretarán debidamente en las tarifas del Impuesto.


Subsección quinta. Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas

(DEROGADO)

 
Art. 292. Naturaleza y ámbito de aplicación

(DEROGADO)

La Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas constituye un tributo local de carácter real, que recae sobre las citadas actividades y grava el mero ejercicio de las mismas, hállense o no clasificadas en las tarifas. Este impuesto se regirá por los preceptos de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y se exigirá por las actividades ejercidas en territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios especiales del Pais Vasco y Navarra.


Art. 293. Hecho imponible

(DEROGADO)

1. Está sujeto al impuesto el mero ejercicio de cualquier actividad profesional o artística independiente.

2. Los conceptos genéricos de las actividades y sus facultades se determinarán reglamentariamente.


Art. 294.

(DEROGADO)

1. Tendrán la consideración de artistas a los efectos de este impuesto las personas que individualmente o formando parte de agrupaciones actúen mediante retribución en locales públicos o privados, constituyendo o formando parte de un espectáculo o deporte, así como aquéllas cuyas actuaciones de carácter recreativo sean transmitidas a través de aparatos o medios físicos tales como la radiotelefonía, cinematografía, televisión, grabaciones magnetofónicas y discos gramofónicos.

2. No tendrán a estos efectos la consideración de artistas aquellas personas cuyos trabajos no trasciendan directamente al público, por ser meramente preparatorios o auxiliares de los espectáculos o deportes.


Art. 295.

(DEROGADO)

1. Las actuaciones de los artistas a los solos efectos de este impuesto serán calificadas de dependientes o independientes.

2. Se considerarán dependientes las actuaciones de los artistas cuando tengan lugar en el territorio español y se encuentren en alguno de los siguientes casos:

a) Que se transmitan por medio de radio o televisión y estén a cargo del personal de las plantillas de la misma.

b) Que tengan por objeto la producción en serie para su venta al público de discos, cintas magnetofónicas o cualquier otro medio físico reproductor de sonido.

c) Que se realicen a través de agrupaciones o Entidades culturales, deportivas, artísticas o recreativas, siempre que las agrupaciones o Entidades tengan como único fin el fomento de las actividades para las cuales se han constituido, que no persigan lucro y que los artistas actuantes sean aficionados desprovistos de todo carácter profesional.

d) Que se satisfagan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o Entidades estatales autónomas.

e) Las personas físicas que obtengan sus retribuciones por su condición de funcionarios del Estado, de las Entidades en que se organiza territorialmente y de Organismos autónomos.

3. Todas las demás actuaciones de los artistas que no se encuentren comprendidos en los casos anteriores tendrán, en relación con el régimen de exacción, la consideración de independientes.


Art. 296.

(DEROGADO)

Se considerarán, en todo caso, comprendidas entre las actividades enumeradas en el artículo 293, las siguientes:

a) Los profesionales, titulados o no, que, ejerciendo funciones públicas, no perciban directamente haberes del Estado, provincia, municipio o corporaciones de derecho público.

b) Los profesionales no comprendidos en el apartado anterior y quienes realicen trabajos independientes.


Art. 297.

(DEROGADO)

1. Las actividades constitutivas del hecho imponible se especificarán en las tarifas del impuesto.

2. Las actividades no tarifadas de modo expreso tributarán provisionalmente en la forma que en las tarifas del tributo se establezca.


Art. 298.

(DEROGADO)

No estarán sujetas al pago de este impuesto aquellas personas que ejerzan o practiquen actividad artística, deportiva o recreativa, sin obtener por ello retribución de alguna clase ni bajo ningún concepto, salvo que la Administración tributaria aplique la presunción legal de que tales actuaciones son retribuidas.


Art. 299.

(DEROGADO)

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio legal y, en particular, por:

a) Declaración del interesado hecha espontáneamente o en acta de inspección o expediente tributario.

b) Anuncios, muestras, rótulos o cualquier otro signo que lo demuestre.

c) Relaciones facilitadas por las autoridades en forma reglamentaria.

d) Documentos facilitados por las distintas oficinas públicas.

e) Declaraciones de contribuyentes de la misma actividad que ofrezcan las debidas garantías de fidelidad.

f) informe de Asociaciones y Colegios profesionales y demás instituciones oficialmente reconocidas.


Art. 300.

(DEROGADO)

La Administración tributaria podrá presumir que la realización de actividades profesionales y artísticas en beneficio de terceros o por cuenta ajena; en su más amplio sentido, es siempre retribuida.

Esta presunción admitirá prueba en contrario, excepto que las actuaciones de los artistas son siempre retribuidas y demás casos en que expresamente se establezcan por Ley.


Art. 301. Sujeto pasivo

(DEROGADO)

1. Serán sujetos pasivos del impuesto todas las personas físicas y jurídicas, así españolas como extranjeras, que realicen en territorio español cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

2. Igualmente tendrán la condición de sujetos pasivos en  este Impuesto, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica ejerzan las actividades que originen el hecho imponible.


Art. 302.

(DEROGADO)

1. Tendrán la consideración de actuaciones o manifestaciones artísticas realizadas en territorio español las verificadas o ejecutadas dentro del mismo, en sus aguas jurisdiccionales o zonas o espacios sometidos a la soberanía española. Las que se efectúan por cuenta o a favor de personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en España, y las no residentes o domiciliadas que tengan establecimiento permanente en territorio español. Si en este último caso las actuaciones se retribuyen con cargo a dicho establecimiento, tendrán también a estos efectos igual conceptuación.

2. La condición de domicilio o residencia habitual tanto de los artistas como de las personas o Entidades con quienes contraten sus actuaciones, se regulará por la aplicación de las normas correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Sociedades.


Art. 303.

(DEROGADO)

Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.


Art. 304.

(DEROGADO)

Los artistas que no teniendo su domicilio o residencia en España realicen en el territorio de la Nación actuaciones que tengan la consideración de independientes, designarán una persona o Entidad con domicilio en España para que las represente ante la Administración tributaria en relación con sus obligaciones por el impuesto. Reglamentariamente se establecerá la forma y condiciones de dicha representación. El nombre y apellidos o razón o denominación social de los representantes, así como su domicilio en España deberán constar en los contratos que se formalicen entre las Empresas de espectáculos y estos artistas, así como en los partes de altas y demás declaraciones que se exijan por parte de la mencionada Administración.


Art. 305.

(DEROGADO)

1. Las Empresas, dueños de locales y, en general, toda clase de personas o Entidades que contraten los servicios de los artistas independientes cuidarán de que éstos estén provistos de la patente fiscal de artistas que corresponda a la clase de trabajo por actuación que hayan de realizar, tanto si han sido contratados individualmente como formando parte de compañías o agrupaciones. Los que consintieren la actuación de artistas no provistos de la patente fiscal, sin ponerlo en conocimiento de la Administración tributaria y de las autoridades gubernativas, serán responsables solidarios de la deuda tributaria por licencia de dichos artistas, correspondiente al ejercicio en curso.

2. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá exigir de los empresarios de espectáculos, mediante declaraciones ajustadas al modelo reglamentario, los antecedentes relativos a la identificación de las personas que intervengan en ellos como artistas, y las condiciones de su contratación.

3. La Administración tributaria presumirá, salvo prueba en contrario, que los propietarios o arrendatarios de los locales donde se celebren los espectáculos tienen, a efectos tributarios, el carácter de empresarios de los mismos.


Art. 306.

(DEROGADO)

La Administración tributaria podrá exigir de los artistas los datos y antecedentes que se relacionen con su actividad y puedan tener transcendencia tributaria, quedando éstos obligados a suministrarlos, así como a facilitar la comprobación de su veracidad ante la Inspección de Tributos.


Art. 307.

(DEROGADO)

Las acciones tributarias que se deriven de la presunción de que las actuaciones de los artistas son retribuidas se dirigirán siempre sobre los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria o subsidiaria de los empresarios conforme al artículo 305 de esta Ley.


Art. 308. Deuda tributaria

(DEROGADO)

En las tarifas, además de la especificación tributaria de las actividades constitutivas del hecho imponible, se consignará la cuota correspondiente a cada una de ellas.


Art. 309.

(DEROGADO)

Las tarifas de las actividades profesionales y de artistas deberán tener en cuenta los criterios siguientes:

a) Las cuotas, epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas responderán al estado actual del ejercicio profesional o artístico y serán ordenadas con arreglo a la vigente Clasificación Nacional de Ocupaciones, en cuanto ello sea posible.

b) Las cuotas serán determinadas en función del rendimiento económico, medios de cada actividad profesional, sin que en ningún caso sean inferiores a las 6.600 pesetas.

c) No se aplicará el sistema de tributación por bases fijas de población.

d) Todos los profesionales, tanto oficiales como libres, quedarán incluidos.

e) El concepto tributario de ámbito geográfico de actuación será regulado adecuadamente.

f) Delimitación del contenido de las profesiones ejercidas de acuerdo con las características en que se desenvuelven.


Art. 310.

(DEROGADO)

1. La Instrucción y Tarifas de la Licencia Fiscal serán aprobadas por Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con los principios a que se refiere el artículo anterior y previo informe de los Colegios profesionales.

2. En las Leyes de Presupuestos de cada ejercicio se podrán modificar los limites de la cuantía máxima y mínima de las cuotas de la Licencia Fiscal.


Art. 311.