Sentencia Social 1226/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5666/2022 de 30 de octubre del 2024

PRIMERO.- 1.El núcleo de la contradicción planteado por la representación de los actores para el primer motivo consiste en determinar si existe o no afectación general en el caso del plus de radioscopia aeroportuaria y si tiene competencia funcional la Sala de segundo grado para conocer del recurso de suplicación.

La sentencia recurrida -dictada el 6 de octubre de 2022 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso de suplicación nº 633/2022- estimó el recurso y revocó la sentencia de instancia desestimando la demanda. Los dos actores prestaron servicios para la UTE dedicada a la actividad de asistente de tierra como agente de rampa desde 2/02/08 y agente de servicios auxiliares desde 5/01/16, respectivamente, mediante contratos indefinidos a tiempo parcial. A la relación laboral es aplicable el III CC del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos y el III y IV CC de la empresa Groundforce. Ambos trabajadores realizan funciones de plus de actividad de operario especialista durante todo el tiempo que reclaman. El primero percibe un plus de actividad de operario especialista en proporción al grado de ocupación de cada mes y no en su cuantía de 160,73€/mes, siendo la diferencia entre lo recibido y lo que hubiera cobrado si se le abonase íntegramente de marzo a diciembre de 2019 de 617,32€ los pluses; el segundo percibe un plus de conducción igualmente en proporción al grado de ocupación de cada mes y no de 80,38€/mes, siendo la diferencia entre lo percibido y lo que hubiera recibido de abonársele íntegramente entre febrero de 2018 y febrero de 2019 de 458,15€.

La Sala, denunciada la infracción del art. 191.3 b) LRJS defendiendo la recurrente la afectación general que permite el acceso al recurso de suplicación, señala que, aunque la sentencia fundamentó la imposibilidad por cuantía y falta de afectación general, tramitó el recurso; con cita de la jurisprudencia de 10/12/21 (rcud. 2849/20), sobre el análisis de la competencia razonó que siendo claro que por la cuantía no se tendría acceso al recurso y que la propia Sala en las primera reclamaciones de otros trabajadores a tiempo parcial de la empresa no apreció afectación general, señaló que la resolución de la queja 1990/22 por ATSJ de 30/06/22, a la vista de los sucesivos recursos que habían entrado en el Tribunal más las sentencias de instancia aportadas a los autos, apreció la afectación general del art. 191.3 b) LRJS en atención al hecho notorio de existencia de múltiples recursos acreditando el nivel de litigiosidad en el asunto.

2.El Ministerio Fiscal informa que en el presente caso no ha existido afectación general notoria al encontrarse el asunto limitado a una empresa dentro de un ámbito territorial delimitado, lo que motiva la nulidad de la sentencia de suplicación y la confirmación de la resolución de instancia.

La representación de la mercantil demandada entiende que existen numerosos litigios que se han tramitado y se están tramitando actualmente, ya no sólo ante los Juzgados de Elche, sino también en relación con los trabajadores de otros centros de trabajo de la empresa GROUNDFORCE, sosteniendo acreditada la afectación general.

SEGUNDO.- 1.El recurso argumenta en su primer motivo la vulneración por la Sala de suplicación de lo dispuesto en el art. 191.2.g) LRJS cuando establece la cuantía que deben tener los procedimientos para acceder al recurso de suplicación y su excepción de la afectación general.

La sentencia referencial es la STS IV de 2 de diciembre de 2020 (rcud. 3112/2018), que declaró la irrecurribilidad de la sentencia de instancia, anulando la STSJ y declarando la firmeza de la sentencia del juzgado de lo social.

Tras destacar que el control de la competencia funcional de la Sala -que pertenece al orden público procesal, cual se deriva de los arts. 238.1º y 240.1 LOPJ-, supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación, sin que en esa labor este Tribunal quede vinculado por la decisión que se haya adoptado a tal efecto en trámite de suplicación -doctrina reiterada y cristalizada: entre otras, en SSTSS 31 enero 2017 (rec. 2147/2015), 16 junio 2017 (rec. 1825/2015), 24 octubre 2017 (2) (rec. 692/2016 y 2931/2016), resolvía la cuestión atinente al acceso al recurso sin necesidad de verificar previamente si entre la sentencia impugnada y la designada como referencial se da la contradicción afirmada por el recurso.

2.Decíamos entonces que a partir de las SSTS del Pleno de 3 octubre 2003 (rec. 1011/2003 y 1422/2003) que modificaron el criterio anterior, existe una línea jurisprudencial consolidada que señala que no es necesaria la previa alegación de parte ni la prueba de la afectación general en el supuesto de que la misma sea "notoria"; en tal caso basta con que sea apreciada razonadamente por el juzgado o tribunal encargado del enjuiciamiento. Afirmamos también que: «corresponde en primer lugar al Juez de lo Social analizar la concurrencia de la afectación general, pero que similar facultad tienen las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia al resolver el recurso de suplicación, y esta Sala al examinar el recurso de casación para la unificación de doctrina. A pesar del carácter extraordinario de ambos recursos y de la naturaleza excepcional del segundo, la afectación general condiciona la competencia funcional y puede ser examinada de oficio por la Sala "ad quem" sin necesidad de cumplir las rigurosas exigencias propias de aquellos ( SSTS 28 enero de 2009, rec. 1219/2008; 15 de julio de 2010, rec. 2711/2009; 3 de mayo de 2011, rec. 2639/2010; 6 de julio de 2015, rec. 1622/2014). Y sin que esta Sala IV esté vinculada por la apreciación que en instancia y en sede de suplicación se haya podido efectuar acerca de la afectación general, debiendo proceder de oficio a verificar su propia competencia ( SSTS 22 de diciembre de 2010, rec. 52/2010; 25 de enero de 2011, rec. 1750/2010, 11 marzo de 2011, rec. 3242/2010).».

Posteriores resoluciones abundan en la materia competencial. Entre otras, en STS 978/2024, de 3 de julio, rcud. 3765/2023, hemos señalado que la vía de la afectación general, como medio de acceso al recurso de suplicación, «no está concebida exclusivamente como un derecho de las partes, pues se configura también como un instrumento que tiene por objeto conseguir la unificación de doctrina en supuestos que son trascendentes en su conjunto y en los que la unidad de criterios aplicativos y hermenéuticos participa en buena medida de la condición de orden público. Así la STC 79/1985, de 3 de julio precisó que uno de los objetivos que se persiguen por el legislador al establecer esta vía especial de acceso al recurso, es "evitar que queden sin recurso reclamaciones de escasa entidad económica desde una consideración meramente individual, pero que pueden trascender esta dimensión al multiplicarse o extenderse a numerosos supuestos de hecho idénticos y requerir, por ello, una actividad uniformadora de los Tribunales de rango superior"; y de la sentencia del mismo Tribunal 108/1992, de 14 de septiembre, se desprende que este supuesto excepcional de interposición del recurso de suplicación que permite el art. 191.3.b) LRJS responde a "un interés abstracto: la defensa del 'ius constitucionis' y la garantía de la uniformidad de la doctrina legal en todo el territorio nacional como principal expresión del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley».

Advertíamos también que «la afectación general no puede confundirse con la posible proyección general de un litigio sobre la interpretación de una norma, sino que requiere que esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate, de forma que no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general ( STS de 2 de junio de 2016, rcud. 3820/2014; de 7 junio 2017, rcud. 3039/2014 y de 24 de octubre de 2017, rcud. 1160/2016).».

Y en STS de 26 de octubre de 2022 (rcud. 4290/2019), reiteramos que «la evidencia compartida no opera como algo que quede a la libre disposición de las partes, de forma que el acuerdo de éstas pueda dotar de afectación general a una controversia que no lo tiene; se trata de una cuestión de orden público, que no es disponible por las partes, y, en consecuencia, su acuerdo, conformidad o discrepancia no vincula a la Sala», para recordar finalmente el criterio que esta Sala viene manteniendo respecto del reconocimiento de la existencia de afectación general, a pesar de haber sido negada en asuntos previos pero que, por lo constatado en un momento determinado posterior, dicha condición se advierte claramente.

3.La aplicación de los criterios doctrinales expresados conduce a determinar en caso controvertido que no concurra una afectación generalizada del tema decidendi,no existiendo datos suficientes que permitan afirmar que la reclamación tiene trascendencia general o que conduzcan a apreciar la notoriedad de la afectación múltiple teniendo en cuenta su intrínseca naturaleza y el colectivo implicado.

Las referencias efectuadas por la recurrida, a diferencia de lo apreciado en la instancia, no devienen clarificadoras en orden a evidenciar una afectación masiva, no se observa la determinación de un número significativo de la litigiosidad a la que se refiere la afectación general. Se afirma por la Sala de segundo grado que por la cuantía la sentencia no tendría acceso al recurso de suplicación ( art. 191.2 g) de la LRJS) , y si bien, en un primer momento, en asuntos idénticos al de autos de otros trabajadores a tiempo parcial de la empresa demandada que reclamaban el abono completo del "plus de actividad" del Convenio, no apreció la concurrencia de afectación general en los recursos de suplicación 746/19 y 2953/2021, admitiéndose los recursos de queja 3056/2020 y 3163/ 2020, solo por amparase expresamente en el apartado a) del art. 193 de la LRJS en relación con los arts., 209 y 218 LEC; sin embrago, en la más reciente resolución del recurso de queja 1990/22, por auto de 30 de junio de 2022, aprecia y resuelve, «vistos los sucesivos recursos que han ido entrando en el Tribunal, más las sentencias de instancia de los Juzgados de lo Social de Elche aportadas a los autos de los que derivan dichos recursos, que la cuestión litigiosa goza de una evidente afectación general, ex art.191.3 b) de la LRJS. ».

Son cinco los recursos relacionados, pero resulta indeterminado el parámetro atinente al número de demandas articuladas en conexión con el número de empleados de la empresa. No se precisa el alcance real y efectivo de una pluralidad de demandas que suponga una litigiosidad apreciable sobre la misma cuestión que se ventila en el presente caso, circunstancia que enerva la apreciación de la afectación general realizada por la recurrida.

TERCERO.-Por todo lo razonado procede, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, estimar el recurso apreciando la falta de competencia funcional para el enjuiciamiento del litigio. La sentencia emitida por la Sala de lo Social del TSJ lo fue careciendo de la necesaria competencia funcional, procediendo ahora que sea casada y anulada, otorgando la correspondiente declaración de firmeza a la resolución de instancia y anulando las actuaciones posteriores a su dictado. Tal pronunciamiento veda el examen del segundo motivo de casación interpuesto.

No se efectúa condena en costas, al quedar firme la sentencia de instancia que estima la demanda y declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad.