Sentencia Social 583/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 801/2025 de 30 de junio del 2026

PRIMERO.- 1.-La cuestión que ahora se somete a nuestro conocimiento, consiste en determinar si debe o no calificarse como jubilación anticipada la obtenida en su día por el beneficiario ahora reclamante, a los efectos de causar derecho al complemento del art. 60 de la LGSS, y en todo caso bajo la vigencia de la redacción originaria del mentado precepto, que excluía expresamente la citada jubilación anticipada como prestación susceptible de complemento.

2.-A tal efecto, el demandante se vio afectado por el Expediente de despido colectivo y movilidad geográfica por causas económicas productivas y organizativas promovidas por Banco Popular Español S.A., y Banco Pastor S.A., nº 102/2016, con efectos de 30 de diciembre de 2016, percibiendo luego prestación por desempleo del 1 de enero de 2017 hasta el 1 de marzo de 2017, y viendo reconocida la pensión de jubilación anticipada con efectos de 2 de marzo de 2017.

Posteriormente, y siendo padre de tres hijos, solicitó el 16 de agosto de 2022 el complemento de su pensión de jubilación, que le fue denegado en sede administrativa, presentado por ello demanda que resultó estimada por sentencia del juzgado de lo social nº 28 de Madrid de 27 de febrero de 2.024, que reconoció el derecho a la percepción del indicado complemento, condenando al propio tiempo a las entidades demandadas al abono de la indemnización de 1.800 €.

3.-Contra esta sentencia de instancia presentó recurso de suplicación la administración de la seguridad social, estimado por la sentencia del TSJ de Madrid de 22 de noviembre de 2024 -rec. 560/2024- que, revocando la previamente dictada, absolvió a las demandadas.

En esta resolución, y tras admitir un motivo de revisión fáctica que tenía por objeto eliminar una mención valorativa y predeterminante relativa a que la jubilación anticipada lo había sido "por causa no imputable al trabajador", la Sala madrileña resolvía el fondo del asunto entendiendo que la situación del interesado era subsumible en el art. 207 de la LGSS y no el 208 del mismo texto, aplicando al caso el criterio sentado por este Tribunal en nuestra STS 281/2024 de 14 de febrero de 2024 -rec. 419/2023-. A tal efecto, se tenía en cuenta que «el actor se adscribió voluntariamente a la medida de baja indemnizada prevista en el Capítulo II del Acuerdo alcanzado en expediente de Despido Colectivo y Movilidad Geográfica».

4.-Contra esta última sentencia ha presentado su recurso de casación unificadora el interesado demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la STS 329/2023 de 9 de mayo -rec. 574/2020-; como núcleo de contradicción, si la jubilación anticipada del trabajador podía calificarse como ajena a su voluntad a los efectos de causar derecho al complemento solicitado; y como normativa infringida el art. 207 de la LGSS.

5.-En la reseñada sentencia de contraste, se valoraba el caso de un trabajador que había prestado servicios para la Caja de Burgos, luego integrada en Banca Cívica, que se acogió al Acuerdo de Reordenación de Plantillas firmado el día 22 de diciembre de 2.010. En consecuencia, solicitó su adhesión al Plan de Prejubilaciones, produciéndose la extinción de su relación laboral con efectos de 25 de abril de 2.012, y optando el interesado por percibir un capital sin aportaciones al Plan de Pensiones de Empleo. De ese modo, la empresa abonó la cantidad de 351.938,12 €, y se comprometió igualmente a abonar en un único pago el importe correspondiente destinado al pago del Convenio Especial con la Seguridad Social hasta que el interesado cumpliera los 64 años de edad.

Llegado el día, el interesado solicitó el 12 de noviembre de 2.018 pensión de jubilación anticipada, que le fue denegada por el INSS, por no tener cotizaciones anteriores al 1 de enero de 1.967, y por no haberse producido el

cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador.

Presentada demanda, la misma fue rechazada por el juzgado de lo social, en sentencia luego confirmada por el TSJ de Castilla y León/Burgos de 9 de enero de 2020 -rec. 773/2019-.

Y, presentado a su vez contra esta última, recurso de casación unificadora, el mismo fue estimado por la sentencia de este Tribunal que ahora se propone como resolución de contraste considerando, en definitiva, que la extinción de su relación laboral no fue voluntaria.

6.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la administración de la seguridad social, entendiendo que no existía contradicción y que, en todo caso, el recurso debía ser desestimado. E igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, interesando la estimación de la casación por entender que la buena doctrina se contiene en la sentencia de contraste.

SEGUNDO.- 1.Nos corresponde ahora determinar si concurre la contradicción exigida por el art. 219.1 de la LRJS ( en la redacción anterior a la modificación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuestión, por lo demás, irrelevante en el caso) para fundar la casación unificadora que ahora resolvemos.

Debemos recordar en este punto la constante doctrina de este tribunal, en el sentido de que la contradicción exigida precisa que las sentencias comparadas contengan pronunciamientos distintos sobre la misma cuestión, esto es, que se hayan generado respuestas judiciales diversas ante debates o controversias sustancialmente iguales. Por otro lado, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado que, se hubieran alcanzado decisiones contradictorias entre sí «respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación», y «en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales».

Conviene también recordar que, como regla general, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo casos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado.

Y, finalmente, que si bien la labor valorativa para apreciar la existencia de contradicción «comporta un previo juicio de valor abstracto acerca de la cuestión debatida, hay supuestos en los que la determinación acerca de la igualdad o desigualdad de los presupuestos fácticos requiere simultánea definición sobre el fondo de la cuestión debatida, porque la diversidad o identidad sustancial únicamente se alcanza a determinar si se pone en relación directa con la norma a aplicar, con necesidad de expresar de manera frontal la interpretación que se atribuye a la disposición -legal o convencional-de que se trata» ( SSTS 367/2019 de 14 de mayo -rec. 3957/2016 y 646/2022 de 12 de julio -rec. 1367/2019-, entre otras).

2.-El caso que ahora se decide es del tipo que requiere la consideración, aun sucinta, de algunos aspectos relativos al fondo del debate, para determinar sin concurre la necesaria contradicción. Ello se debe a que, como se verá a continuación, la doctrina sentada por este Tribunal en relación con la calificación de la jubilación anticipada que tiene su origen en una previa situación de crisis empresarial, se condiciona en gran manera por las circunstancias fácticas concurrentes.

En particular, debe hacerse constar que este Tribunal se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el mismo proceso de reestructuración valorado en la sentencia recurrida, esto es, el Expediente de despido colectivo y movilidad geográfica por causas económicas productivas y organizativas promovidas por Banco Popular Español S.A., y Banco Pastor S.A., nº 102/2016, alzándose como un factor diferencial decisivo el hecho de que la decisión del trabajador se relacionara o no con una movilidad geográfica no aceptada. Precisamente en función de esta circunstancia, concluimos que la jubilación anticipada reconocida debía atribuirse a la voluntad del trabajador en nuestra STS 281/2024 de 14 de febrero -rec. 419/2023-, antecedente que resulta ahora relevante porque es precisamente en esta última decisión en la que se ha fundado la sentencia recurrida para fundar su decisión.

Ocurre, sin embargo, que en el supuesto que ahora nos ocupa no consta en modo alguno que el interesado hubiera rechazado previamente una movilidad geográfica y, de hecho, la única alusión a una eventual voluntariedad en su decisión, se realiza en esta sede casacional por la representación de la entidad gestora, para afirmar que el demandante se jubiló en el año 2017 en la modalidad de jubilación por voluntad del trabajador al amparo del art. 208 de la LGSS. Pero tal factor, aisladamente considerado y sin otros datos adicionales, resulta irrelevante, porque lo que ahora se cuestiona es, precisamente, si tramitación de la jubilación anticipada, se calificaba de manera adecuada.

La mentada diferencia, esto es, que conste o no el rechazo previo por la persona trabajadora de una medida alternativa, resulta decisiva para apreciar la contradicción en cada caso. Por esta causa, hemos concluido en sentido negativo en nuestras SSTS 932/2025 de 15 de octubre -rec. 1782/2024- y 41/2026 de 20 de enero -rec. 472/2024-, por cuanto que, en ambas resoluciones, en uno de los casos consideradas constaba expresamente «que el trabajador se jubiló anticipadamente tras acogerse a una baja indemnizada», mientras que en el otro se contemplaba, en cambio, «el supuesto de un trabajador que habiendo visto modificadas sus condiciones de trabajo a través de un procedimiento colectivo, decide no aceptar la modificación y extinguir su contrato al amparo del artículo 41.3 ET».

3.-Hecha esta observación, resulta entonces que el supuesto de hecho valorado en la sentencia recurrida, tal como ha sido volcado por las partes en el procedimiento y, por tanto, como se ha traído a nuestra consideración, se refiere simple y llanamente a la valoración de una persona trabajadora que accede a una jubilación anticipada como consecuencia de la resolución de un expediente de despido colectivo y movilidad geográfica por causas económicas productivas y organizativas, sin constancia de que se hubiera rechazado alguna otra medida previa. Y, así las cosas, se produce una sustancial similitud de circunstancias con las consideradas en la sentencia de contraste, en la que nos pronunciamos sobre la calificación de una jubilación anticipada resultante de un acuerdo de reordenación de plantillas derivado de un proceso de fusión de cajas de ahorro.

Es cierto que en un caso y en otro, se producen diferencias en lo relativo tanto a las causas que originaron cada uno de los acuerdos colectivos que dieron lugar a la reestructuración de plantillas, como en sus concretos detalles técnicos. Pero estas no son relevantes para el caso, siendo lo decisivo que el trabajador se vea abocado a una extinción de la relación laboral con posterior acceso a una jubilación anticipada.

Así las cosas, la conclusión es que concurre la contradicción necesaria que hace posible nuestra decisión.

TERCERO- 1-Como venimos diciendo, la cuestión debatida se refiere a la calificación de la jubilación anticipada del interesado como voluntaria o no, a los efectos, en este caso concreto, de causar el complemento del art. 60 de la LGSS en la redacción previa a la reforma operada por el RDL 3/2021 de 2 de febrero.

2.-Siendo este el objeto del debate, debemos traer ahora a colación la normativa aplicable al caso. En primer lugar, el art. 60 de la LGSS en la redacción vigente en la fecha del hecho causante de la prestación de jubilación del actor, que era la originaria, bajo el título «Complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social», establecía, en lo que ahora interesa, lo siguiente:

«1. Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

Dicho complemento, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial de las referidas pensiones un porcentaje determinado, que estará en función del número de hijos según la siguiente escala: [...].

4. El complemento de pensión no será de aplicación en los casos de acceso anticipado a la jubilación por voluntad de la interesada ni en los de jubilación parcial, a los que se refieren, respectivamente, los artículos 208 y 215.

[...].

6. El derecho al complemento estará sujeto al régimen jurídico de la pensión en lo referente a nacimiento, duración, suspensión, extinción y, en su caso, actualización».

Por otro lado, y por lo que respecta a la calificación de la jubilación anticipada, el art. 207.1 LGSS, de nuevo en la redacción originaria del precepto, que es la aplicable al hecho causante, correspondiente a la fecha de efectos de la pensión de jubilación anticipada, exigía, para causar derecho a la «Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador», entre otros requisitos y por lo que ahora interesa:

«d) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:

1.ª El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

2.ª El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 52.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

3.ª La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

4.ª La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.

5.ª La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En los supuestos contemplados en las causas 1.ª y 2.ª, para poder acceder a esta modalidad de jubilación anticipada, será necesario que el trabajador acredite haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva.

El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente.

La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de la violencia de género dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada».

3.-Pues bien, como ya hemos visto, y tal como se deriva de la información proporcionada en la primera sentencia del juzgado de instancia, el interesado vio extinguida su relación laboral como consecuencia del Expediente de despido colectivo y movilidad geográfica por causas económicas productivas y organizativas promovidas por Banco Popular Español S.A., y Banco Pastor S.A., nº 102/2016 con fecha de efectos 30 de diciembre de 2016, percibiendo luego prestación por desempleo y accediendo a la jubilación anticipada con efectos de 2 de marzo de 2017.

Debemos insistir en el hecho de que no consta ninguna otra información adicional y que, por tanto, debe partirse ineludiblemente de la base de que el demandante no rechazó antes de la extinción de su relación laboral la aplicación de ninguna otra medida alternativa, incluyendo una hipotética movilidad geográfica.

4.-De este modo, resulta aplicable al caso el criterio general en cuya virtud, la extinción de la relación laboral no es voluntaria cuando el trabajador se acoge a un plan de pactado colectivamente, al tratarse de una baja incentivada en el seno de un procedimiento colectivo de reestructuración de empresa, en cuanto el trabajador inmerso en tal situación, ve drásticamente reducidas sus posibilidades de opción. Así nos hemos pronunciado para diversos procesos de reestructuración en distintas empresas ( SSTS 786/2022 de 28 de septiembre -rcud 1382/2020-, 900/2022 de 11 de noviembre -rcud 3908/2019-, 231/2023 de 29 de marzo -rcud 365/2020-, 298/2023 de 25 de abril -rcud 819/2020- y, más recientemente, en la STS 995/2025 de 21 de octubre -rec. 4106/2024, a la vista del mismo expediente del Banco Popular Español y el Banco Pastor que el ahora considerado).

Y, en consecuencia, de manera coherente con lo dicho hasta el momento, la jubilación anticipada del interesado no puede calificarse como voluntaria a los efectos de impedir el derecho a causar el complemento de pensión del art. 60 de la LGSS en la redacción aplicable al caso tal como ya se ha concretado.

Solo queda por recordar que este criterio no resulta incoherente con el sentado en la ya aludida STS 281/2024 de 14 de febrero -rec. 419/2023- porque, como ya indicamos en el momento de objetivar la necesaria contradicción, en aquel caso la decisión del trabajador se relacionada con una movilidad geográfica no aceptada.

CUARTO.-En consecuencia y a la vista de cuanto se lleva dicho procede, tal como tenía interesado el Ministerio Fiscal, la estimación de la casación unificadora presentada, con la consecuencia de casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate en suplicación, confirmar la sentencia del juzgado de lo social en todos sus extremos, en cuanto ninguna otra cuestión de las decididas en aquel ámbito se ha reproducido en esta alzada.

Sin pronunciamiento en cuanto a las costas a tenor del art. 235.1 de la LRJS.

Fallo