Sentencia Social 125/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 215/2024 de 04 de febrero del 2026

PRIMERO.- 1.En este litigio se debate la licitud de la huelga convocada por el sindicato Fuerza Independiente y Sindical de Trabajadores (en adelante FIST) en la empresa Webhelp Spain Business Process Outsourcing SL (en adelante Webhelp) en fecha 28 de diciembre de 2023.

2.La empresa Webhelp interpuso una demanda de conflicto colectivo contra el sindicato FIST y el comité de huelga en la que solicitaba que se declarase ilegal y/o abusiva la citada huelga y se reclamaba la condena solidaria al abono de una indemnización de daños y perjuicio por importe de 40.000 euros. En el acto del juicio desistió de la reclamación de cantidad.

3.La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Nacional 57/2024, de 29 de mayo (procedimiento 50/2024), desestimó la demanda.

4.La empresa interpuso recurso de casación ordinario con siete motivos:

A) El primer motivo, amparado en el art. 207.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS), denuncia la infracción del art. 97.2 de la LRJS y del art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( en adelante LEC) en relación con el artículo 24 de la Constitución Española ( en adelante CE).

Argumenta que la sentencia recurrida incurre en incongruencia porque omite resolver el quinto motivo de ilegalidad de la huelga consistente en que con dicha medida se pretende negociar un convenio colectivo de empresa.

B) Los dos motivos siguientes, sustentados en el art. 207.d) de la LRJS, pretenden revisar los hechos probados cuarto y quinto.

C) El cuarto motivo, amparado en el art. 207.e) de la LRJS, denuncia la infracción de los arts. 3.2 y 11.d) del Real Decreto-ley 17/1977.

Alega que el sindicato FIST no tiene implantación suficiente en Webhelp para convocar una huelga.

D) El quinto motivo, con el mismo amparo procesal, denuncia la infracción del art. 3.1, 2 y 3 y del art. 11.d) del Real Decreto-ley 17/1977.

Sostiene que la comunicación de la convocatoria de la huelga por el sindicato FIST no cumple los requisitos exigidos por el art. 3.1 del Real Decreto-ley 17/1977. Argumenta que el órgano legitimado para convocar huelgas por los estatutos del sindicato FIST es la Asamblea General. Denuncia varias irregularidades que, a su juicio, se produjeron en la citada Asamblea General.

E) El sexto motivo, con idéntico amparo procesal, denuncia la infracción del art. 4 del Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center, del art. 87.1 y 2 del ET y del art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977.

Argumenta que el sindicato FIST, con la convocatoria de la huelga, pretende la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa. También alega que se trató de una huelga novatoria.

F) El último motivo, sustentado también en el art. 207.e) de la LRJS, denuncia la infracción de los arts. 4 y 8 del Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center y del art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977.

Sostiene que los 17 puntos de la convocatoria de huelga tienen como única finalidad novar lo establecido en el convenio colectivo de aplicación o aspectos pactados con el comité de empresa del centro de trabajo de Barcelona. Reitera que el único objetivo de la huelga es la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa sin seguir el procedimiento establecido legalmente.

5.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso. La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicitó su desestimación.

SEGUNDO.- 1.El primer motivo casacional alega que la sentencia recurrida incurre en incongruencia porque omite pronunciarse acerca del motivo de ilegalidad de la huelga alegado por la empresa consistente en que la convocatoria de huelga tenía por objeto negociar de facto un convenio colectivo de empresa.

2.El TC ha declarado que el art. 24.1 de la CE no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que, «si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva»( STC nº 171/2002, de 30 septiembre, entre otras). El TC explica que la incongruencia omisiva tiene relevancia constitucional cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes.

3.La STS 858/2022, de 26 de octubre (rcud 3164/2019), con cita de la STS 344/2020, de 14 de mayo (rcud 3213/2017 ), argumenta que «hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones [...] y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" ( sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2019, recurso 42/2018 , y las citadas en ella). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que el art. 24.1 de la Constitución no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( sentencia del Tribunal Constitucional nº 171/2002 , entre otras)».

4.Por su parte, la STS 1035/2024, de 17 de julio (rec. 83/2024), arguye que una sentencia incurre en incongruencia «cuando falta el pronunciamiento sobre alguna pretensión que hubiera sido llevada al proceso en el momento procesal oportuno, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita».

A continuación, razonamos que «[e]l Tribunal Constitucional viene definiendo la incongruencia omisiva o ex silentio en una consolidada doctrina (sentencia 91/2003, de 19 de mayo (RTC 2003, 91) y 218/2003, de 15 de diciembre de 2.003, entre otras muchas) como un 'desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido' ( SSTC 136/1998, de 29 de junio y 29/1999, de 8 de marzo) que entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando esa desviación 'sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal ( STC 215/1999, de 29 de noviembre). Lo que en el supuesto de la incongruencia omisiva o ex silentio, que aquí particularmente importa, se produce cuando 'el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales' ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo, 186/2002, de 14 de octubre y 6/2003, de 20 de enero 2003)".

5.De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que la sentencia recurrida no incurre en incongruencia. La citada doctrina constitucional y jurisprudencial diferencia entre la falta de respuesta a una pretensión y la omisión de respuesta a una alegación. La sentencia de instancia desestima íntegramente todas las pretensiones. En la prolija resolución judicial de la Audiencia Nacional se desarrollan una pluralidad de argumentos que justifican su fallo desestimatorio. La sentencia recurrida cita el art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977, que considera ilegales las huelgas cuyo objeto sea alterar lo pactado en convenios colectivos vigentes, invoca la jurisprudencia que interpreta ese precepto y explica por qué considera que la huelga no es ilegal. Los motivos sexto y séptimo de este recurso de casación explican la interrelación que hay entre la alegación de la actora relativa a que el sindicato FIST pretende alterar, durante su periodo de vigencia, el convenio colectivo sectorial; y la argumentación consistente en que el sindicato pretende la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa. La sentencia recurrida desestima expresamente el primer argumento e implícitamente el segundo.

En definitiva, la sentencia de instancia desestima expresa o tácitamente la pluralidad de argumentos vertidos por la parte demandante, niega que la huelga sea ilegal o abusiva y desestima íntegramente la demanda. La parte recurrente, en el motivo sexto de su recurso de casación, suscita frontalmente la controversia relativa a que la huelga es ilegal porque pretende negociar un convenio colectivo de empresa, lo que permite que esta Sala responda razonadamente a sus argumentaciones.

TERCERO.- 1.Los motivos segundo y tercero solicitan la revisión de los hechos probados cuarto y quinto. La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 960/2022, de 14 diciembre (rec. 131/2022), entre otras muchas, compendia los requisitos de la revisión fáctica casacional:

A) La parte procesal debe señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado: debe indicar lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

B) No pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva ubicación en la fundamentación jurídica.

C) No debe limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que tiene que delimitar con exactitud en qué discrepa.

D) La errónea apreciación tiene que derivar de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas.

No es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada

E) La modificación fáctica no debe basarse en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

F) Debe ofrecer el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

G) Tiene que tratarse de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

H) Debe precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

I) El recurrente no puede limitarse a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

2.La parte recurrente pretende que se añada al hecho probado cuarto un prolijo texto que reproduce literalmente el contenido de los arts. 16 y 20 de los estatutos del sindicato FIST.

El ordinal cuarto reproduce parte del contenido de esos estatutos y se remite expresamente a ese documento, obrante en el descriptor 87, dándolo por íntegramente reproducido, lo que incorpora su contenido al relato fáctico. Por ello, no es necesaria la adición a los hechos probados del extenso texto propuesto por la parte recurrente, lo que pugnaría con la deseable concisión y claridad de las sentencias. En consecuencia, debemos desestimar este motivo, sin perjuicio de tener en cuenta el contenido íntegro de esos estatutos para la resolución del recurso.

3.La parte recurrente solicita la revisión del hecho probado quinto, que reproduce el contenido esencial del acta de la Asamblea de la Sección Sindical de FIST en Webhelp celebrada el 6 de noviembre de 2023.

La parte recurrente pretende añadir las siguientes afirmaciones:

A) Asistieron a la asamblea 14 afiliados, sin identificarse.

Es una adición irrelevante para la resolución del recurso.

B) La huelga comenzará el 22 de diciembre de 2023 y afectará a toda la plantilla de Webhelp en el centro de trabajo de Barcelona.

Esta pretensión se fundamenta en el texto en lengua inglesa que consta en dicho documento, del cual no se ha aportado una traducción a una lengua oficial ( art. 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) , lo que impide estimarla.

C) La asamblea se celebra en el centro de trabajo de Barcelona. No se identifican las personas que votan a favor ni en contra. El acta la firma Adela, persona que, en el momento de la convocatoria, no prestaba servicios en la empresa Webhelp.

El documento en que se fundamenta la pretensión acredita que Dª Adela firmó el acta. Pero no consta si prestaba servicios en la empresa Webhelp, por lo que la prueba documental invocada por la parte recurrente no acredita la certeza de dicha afirmación. Se trata de adiciones fácticas irrelevantes, lo que conduce al fracaso de este motivo.

CUARTO.- 1.El siguiente motivo del recurso cuestiona la legitimidad del sindicato FIST para convocar esta huelga. Al resolver este motivo debemos partir de la reiterada doctrina jurisprudencial que sostiene que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no permite una interpretación restrictiva [por todas, STS 874/2025, de 2 de octubre (rec. 46/2024); y 884/2025, de 6 de octubre (rec. 58/2024)].

2.El art. 7 de la CE reconoce a los sindicatos el carácter de organismos básicos del sistema político y el art. 28.2 de la CE reconoce el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

El art. 2.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical tiene el siguiente contenido:

«2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a [...] d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga [...]».

El art. 3.Dos del Real Decreto-ley 17/1977 regula la legitimación para convocar huelgas: «Están facultados para acordar la declaración de huelga: a) Los trabajadores, a través de sus representantes [...]».

3.La STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril, explica que «[e]l artículo 28, apartado 2.°, de la Constitución, al decir que -se reconoce el derecho de huelga, de los trabajadores para la defensa de sus intereses, introduce en el ordenamiento jurídico español una importante novedad: la proclamación de la huelga como derecho subjetivo y como derecho de carácter fundamental [...] En este concepto más amplio, huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso. En este sentido amplio, la huelga puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas, o, en general. en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos [...] el derecho de huelga comprende la facultad de declararse en huelga -estableciendo la causa o porqué y la finalidad reivindicativa que se persigue- y la facultad de elegir la modalidad de huelga».

A continuación, el TC argumenta que lo que define el derecho de huelga es que es «un derecho atribuido a los trabajadores uti singuli, aunque tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos. Para aclarar lo que se entiende por ejercicio colectivo debe señalarse que son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimiento de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla por terminada. Se puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales.

No puede en absoluto decirse que el Real Decreto-Ley 17/77 esté impidiendo las llamadas huelgas sindicales. Esa conclusión no es posible desde el momento en que el art. 7 de la Constitución reconoce a los sindicatos de trabajadores, el carácter de organismos básicos del sistema político. De esta suerte, en el momento actual son perfectamente posibles las huelgas organizadas, dirigidas y controladas por los sindicatos de trabajadores y las llamadas huelgas espontáneas, que en la terminología anglosajona se conocen con el nombre de wild strikes, huelgas "salvajes" o huelgas sin control sindical.

Por ello, no es dudoso que el art. 3 del Real Decreto-Ley 17/77 hay que entenderlo en el sentido de que, si bien la titularidad del derecho de huelga les pertenece a los trabajadores, el derecho puede ser ejercitado por las organizaciones sindicales extiende la huelga.».

Esa sentencia del TC acordó:

«2.º Estimar parcialmente el recurso y, en su virtud, hacer las siguientes declaraciones sobre el Real Decreto-Ley 17/77.

a) Que el art. 3 no es inconstitucional siempre que se entienda que el ejercicio del derecho de huelga, que pertenece a los trabajadores, puede ser ejercitado por ellos personalmente, por sus representantes y por las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito laboral al que la huelga se extienda, y que son inconstitucionales las exigencias establecidas en dicho artículo de que el acuerdo de huelga se adopte en cada centro de trabajo (apdo. 1.º), la de que a la reunión de los representantes haya de asistir un determinado porcentaje (apdo. 2.º a) y la de que la iniciativa para la declaración de huelga haya de estar apoyada por un 25 por 100 de los trabajadores.»

4.La legitimidad sindical para convocar huelgas ha sido examinada por las STS 31/2020, de 15 de enero (rec. 166/2018); 874/2025, de 2 de octubre (rec. 46/2024); y 884/2025, de 6 de octubre (rec. 58/2024), en las que reproducimos la argumentación de la STS de 2 de febrero de 1987 (ECLI:ES:TS:1987:16578): «Es cierto que ante un supuesto de convocatoria de la huelga se está no ante una actividad sindical de participación, reconocida por la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT, por el artículo 6º3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 2 de agosto de 1985 y por la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de julio de 1985 a los sindicatos más representativos, sino ante una actividad primera o de reivindicación, respecto de la que es coincidente la doctrina científica en acentuar los mandatos constitucionales de igualdad de trato de los sindicatos ( arts. 14 y 28-1 de la Constitución) y de eliminación de preferencias contrarias a las minorías sindicales en materias que afectan a intereses particulares y concretos; razón esta por la que la Ley Orgánica de Libertad Sindical, superando el primer contenido de su proyecto, ha distinguido los derechos de todos los Sindicatos (art. 2.2.d) y los derechos de los más representativos a nivel estatal (art. 6º3), incluyendo entre los primeros el ejercicio del derecho de huelga.»

5.En la presente litis, la empresa Webhelp tiene cuatro centros de trabajo. En el centro de trabajo radicado en Barcelona prestan servicios aproximadamente el 60% de los empleados de la empresa (3.000 trabajadores de un total de 5.000). El sindicato FIST es el que tiene más representantes en el comité de empresa de ese centro de trabajo (tiene ocho representantes). Hemos explicado que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no permite una interpretación restrictiva. Por ello, a la vista de la representación que tiene el sindicato FIST en ese comité de empresa, debemos concluir, de conformidad con el razonado informe del Ministerio Fiscal, que ese sindicato sí que tiene implantación en la empresa Webhelp para convocar la huelga, lo que conduce al fracaso de este motivo.

QUINTO.- 1.En el siguiente motivo del recurso, la empresa vierte los siguientes argumentos:

A) El órgano legitimado para convocar huelgas es la Asamblea General del sindicato FIST, cuyos estatutos prevén que dichos acuerdos se adoptarán mediante el voto favorable de la mayoría de los afiliados presentes.

B) El sindicato aportó una supuesta acta de Asamblea de fecha 9 de noviembre de 2023 y una supuesta votación de 22 afiliados. La empresa alega que en ese documento no se indica quiénes son las personas que conforman dicha asamblea, si dichas personas están afiliadas al Sindicato FIST, si están al corriente de pago o si dichas personas son trabajadoras de la Empresa. El empleador aduce que la persona que firma la citada acta de la Asamblea General es la Sra. Adela que, en momento de la convocatoria, ya no pertenecía a la empresa, ni fue traída al acto de la vista para ratificar el contenido del acta.

C) La supuesta votación realizada tuvo un resultado de 21 votos a favor y 1 abstención. El documento aportado por la codemandada no permite entrever que realmente se realizó dicha votación.

D) La supuesta convocatoria de la Asamblea General en fecha 6 de noviembre de 2023 y la supuesta votación realizada hacía referencia a una huelga que comenzaría el 22 de diciembre de 2023 y que afectaría al centro de trabajo de Barcelona. Ni la Asamblea, ni la votación, hacen referencia a la convocatoria de huelga que fue objeto de discusión en el caso de autos, que comenzó el día 5 de enero de 2024 y afectaba a todos los centros de trabajo de la empresa.

Esta parte procesal incurre en el rechazable vicio procesal denominado «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión», defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida [por todas, sentencias del TS 943/2022, de 29 de noviembre (rec.119/2022); 950/2022, de 30 de noviembre (rec. 156/2022); y 26/2023, de 11 de enero (rec. 149/2021)].

2.Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que, cuando está en juego la libertad sindical, las normas han de interpretarse en el sentido más favorable posible para el reconocimiento del derecho fundamental [por todas, STS 269/2024, de 9 de febrero (rcud 2161/2021); 460/2024, de 12 de marzo (rec. 114/2022); y 1353/2024, de 20 de diciembre (rec. 29/2023)]. La libertad sindical incluye la autonomía organizativa [ STS 266/2020, de 6 de mayo (rcud 1248/2017)].

3.El art. 3 del Real Decreto-ley 17/1977 establece que la declaración de huelga requiere acuerdo expreso que debe comunicarse al empresario y a la autoridad laboral. Debemos partir de los hechos probados de autos. Se declara probado que una asamblea de la Sección Sindical de FIST en la empresa Webhelp aprobó la convocatoria de una huelga en esa empresa, aprobada por 21 votos a favor y una abstención. La empresa cuestiona la documentación de esa asamblea aportada al juicio y considera que no se refería a la huelga que efectivamente tuvo lugar.

Es importante precisar que este pleito no tiene como objeto la demanda ejercitada por un afiliado a ese sindicato que considera que el acuerdo sindical no se ajustó a los estatutos sino que es el empleador quien interpone esta demanda en la que pretende que se declare ilegal o abusiva la huelga porque la documentación de la asamblea sindical, a su juicio, no se corresponde con la realidad y porque la fecha de la convocatoria de la huelga aprobada no coincide con la real. Ello supondría una injerencia empresarial en la autonomía organizativa del sindicato, que ha aportado el documento acreditativo del acuerdo asambleario convocando la huelga. La empresa vierte sospechas acerca del acuerdo asambleario y cuestiona la documentación del acuerdo pero, al estar en juego los derechos fundamentales a la libertad sindical, que incluye la autonomía organizativa del sindicato, y a la huelga, esta Sala debe concluir, de conformidad con el Ministerio Fiscal, que no se ha probado que el sindicato FIST declarase la huelga sin haber adoptado el correspondiente acuerdo, que se hizo en la citada Asamblea General, sin que la falta de identificación nominal en el acta de cada uno de los afiliados o las demás irregularidades formales alegadas por la empresa permitan declarar la nulidad de la citada huelga. En definitiva, no se ha probado que el sindicato haya incumplido los requisitos formales exigidos para el ejercicio del derecho fundamental a la huelga. No se han vulnerado los arts. 1, 2 y 3 del Real Decreto-ley 14/1977.

SEXTO.- 1.En el sexto motivo del recurso se alega que el sindicato FIST, con los 17 puntos de la convocatoria de la huelga, pretende la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa, para lo que carece de implantación. En este motivo también se argumenta que ese sindicato quería alterar, dentro del periodo de vigencia, lo pactado en el convenio colectivo sectorial. Esta última argumentación se reitera prolijamente en el siguiente motivo del recurso, por lo que la examinaremos al resolverlo.

2.El sindicato FIST se ha limitado a ejercer su derecho fundamental a la huelga, al amparo del art. 28.2 de la CE y del Real Decreto-ley 17/1977, con la finalidad de mejorar las condiciones laborales. Ni se ha acreditado la existencia de una conducta fraudulenta del sindicato que, mediante la convocatoria de la huelga, pretendiera negociar un convenio colectivo de empresa, ni ese sindicato ha iniciado el procedimiento de negociación de convenios colectivos regulado en el art. 89 y siguientes del ET. La convocatoria de la huelga menciona una pluralidad de reivindicaciones distintas. Pero el gran número de reivindicaciones formuladas por el sindicato, que se pretenden conseguir mediante el ejercicio de ese derecho fundamental, no supone que FIST intentase negociar un convenio colectivo de empresa durante la vigencia del convenio colectivo sectorial, lo que impide estimar este motivo.

SÉPTIMO.- 1.En el último motivo del recurso se alega que la única finalidad de los 17 puntos de la convocatoria de la huelga es novar el convenio colectivo vigente o aspectos pactados por la empresa con el comité de empresa del centro de trabajo de Barcelona.

2.El art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977 establece que la huelga es ilegal «[c]uando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo».

3.La carga de la prueba relativa a las huelgas ilegales se ha abordado por la doctrina jurisprudencial:

A) La STS de 22 de noviembre de 2000 (rec. 1368/2000) explica que el derecho de huelga es un derecho fundamental. Debido a ello, «las únicas huelgas que en principio tienen la condición de ilícitas y abusivas por presunción legal -salvando la existencia de huelgas ilegales por su finalidad expresa o por no haberse respetado en ellas las exigencias de la convocatoria y desarrollo previstas en el art. 11 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que quedan completamente al margen de lo discutido en el presente procedimiento- son las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que prestan servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, y las de celo o reglamento, conforme se concreta claramente en las SSTCº 11/1981, de 8 de abril, 72/1982, de 2 de diciembre, o la 41/1984, de 21 de marzo, con la consecuencia de que en todas las demás debe de presumirse su validez y, sin que pueda excluirse que las circunstancias concurrentes la conviertan en abusiva [...] La huelga, en definitiva, es un derecho que tiene sus limitaciones y una de ellas es la de que no puede ejercerse de forma abusiva, pero con la particularidad de que recae sobre quien alega su carácter abusivo (en este caso a las Asociaciones que actúan en representación de los empresarios afectados) la carga de la prueba de aquellos elementos básicos necesarios para que la huelga pudiera ser calificada de abusiva por desproporcionada».

B) La STS de 9 de junio de 2005 (rec. 126/2004) sienta la doctrina siguiente: «debe de presumirse su validez (de la huelga) y, sin que pueda excluirse que las circunstancias concurrentes la conviertan en abusiva, corresponde la prueba del abuso de derecho a quien interese" [...] el hecho de que la licitud de la huelga no se presuma en la generalidad de los casos "no obsta, como es claro, a la potestad del Juez o Tribunal para valorar la prueba producida en el proceso y declarar los hechos probados. Pero impide que, en ausencia de conformidad sobre los hechos o de prueba, la presunción iuris tantum de licitud de la huelga deje de operar en perjuicio de los trabajadores, dado además que la carga de probar la existencia de los elementos fácticos de la huelga abusiva corresponde al empresario.»

4.En relación con las huelgas novatorias debemos mencionar los siguientes pronunciamientos del TC y de esta Sala:

A) La STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril, sienta la siguiente doctrina: «es cierto que el art. 11 D-Ley 17/1977 no permite la huelga para alterar lo pactado en un convenio durante la vigencia del mismo. Sin embargo, nada impide la huelga durante el periodo de vigencia del convenio colectivo cuando la finalidad de la huelga no sea estrictamente la de alterar el convenio, como puede ser reclamar una interpretación del mismo o exigir reivindicaciones que no impliquen modificación del convenio. Por otro lado, es posible reclamar una alteración del convenio en aquellos casos en que éste haya sido incumplido por la parte empresarial o se haya producido un cambio absoluto y radical de las circunstancias, que permitan aplicar la llamada cláusula "rebus sic stantibus".»

B) Las STS de 3 de abril de 1991 (ECLI:ES:TS:1991:1944); 468/2023, de 4 de julio (rec. 224/2021); y 444/2024, de 7 de marzo (rec. 16/2022) explican que «nada impide su instrumentación cuando la finalidad de la huelga no sea "estrictamente" alterar el convenio, sino reclamar una interpretación del mismo, su cumplimiento por parte empresarial o exigir reivindicaciones que no impliquen modificación del convenio. Dirección seguida, sin fisuras, por reiteradas Sentencias de esta Sala -entre otras, las de 13 de octubre de 1989, 14 de febrero y 30 de junio de 1990». Esta Sala ha exigido que la valoración de si el objetivo de la huelga conlleva la alteración de lo pactado en un convenio colectivo se haga de manera estricta, «es decir, que la intención de quebrantar lo pactado ha de ser clara y patente - Sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 1990-; no existiendo tal violación - Sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de marzo de 1990- ni cuando los trabajadores plantean sus reivindicaciones sobre materias no pertenecientes al Convenio Colectivo aplicable a la empresa, que se rigen por una regla de distinta naturaleza, vigente desde varios años antes, ni cuando el empleador incumple el pacto convenido.»

Las dos últimas sentencias argumentan que «[d]ebe primar la garantía del derecho de huelga, derecho fundamental protegido por el art. 28 CE, que no puede, por tanto, entenderse constreñido al que se ejerce para presionar en la negociación». A continuación, explicamos que la doctrina constitucional sostuvo «que el citado RDL 17/1977, no regulaba "una necesaria vinculación entre huelga y convenio colectivo", permitiendo su modulación y enervando por consiguiente la calificación de ilegalidad de la huelga por ser novatoria cuando su objetivo no fuere estrictamente el de alterar el pacto convencional», por lo que niega la ilegalidad de una convocatoria de huelga en la que los objetivos materiales de las reivindicaciones eran más amplios que los que pudieren colisionar con aspectos concretos de un pacto en vigor.

5.El art. 83.2 del ET tiene el siguiente contenido:

«Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma, podrán establecer, mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.

Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido en esta ley.».

El III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center tiene una duración de siete años, desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2026. El art. 4 de ese convenio colectivo estatuye:

«Las partes que suscriben el presente Convenio adquieren el compromiso de no negociar Convenios Colectivos de Empresa o Convenios sectoriales de ámbito inferior.

Como regla general las materias contenidas en el presente Convenio tienen el carácter de norma mínima de derecho necesario, salvo en aquellas materias en las que exista remisión a otros ámbitos de negociación, y en cuyos supuestos habrá que estar al carácter, contenidos y alcance con que esté contemplada su remisión.

En las materias en que así se establezca de forma expresa, el presente Convenio, y en atención a su singular naturaleza, tendrá el carácter de norma exclusiva y excluyente, respetándose, en todo caso, las reglas de prioridad aplicativa contenidas en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Tienen la consideración de materias no negociables, en todo caso: el ámbito funcional; el ámbito personal; las modalidades de contratación; el periodo de prueba; los grupos y niveles profesionales; la ordenación jurídica de faltas y sanciones; las normas mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la movilidad geográfica.

Dentro del marco laboral establecido en el E.T., y en el presente Convenio, las organizaciones firmantes consideran de interés el desarrollo que, en los ámbitos de las Comunidades Autónomas, pueda llevarse a cabo en las materias relativas a calendario laboral, idioma y utilización de los sistemas autonómicos para la solución extrajudicial de conflictos colectivos laborales».

Esa norma colectiva establece que tendrá el carácter de norma exclusiva y excluyente en las materias en las que así se establezca expresamente, debiendo respetarse las reglas de prioridad aplicativa del art. 84.2 del ET. Asimismo, enumera varias materias no negociables y otras materias que sería de interés que se desarrollaran en el ámbito autonómico.

OCTAVO.- 1.En el presente litigio, la solicitud de mediación previa a la convocatoria de huelga mencionaba 17 reivindicaciones muy distintas y prolijas. La parte recurrente considera que la huelga es ilegal por las siguientes reclamaciones:

A) Vacaciones

La empresa Webhelp argumenta que el convenio colectivo sectorial prevé 32 días naturales de vacaciones y que un pacto entre la empresa y los representantes de los trabajadores de fecha 29 de agosto de 2011 acordó que fueran 23 días laborales. El sindicato reclama 25 días laborales y la compensación de dos días de salario por año.

La STC 38/1990, de 1 de marzo, negó que fuera ilegal una huelga en la que «no se buscaba la alteración del Convenio Colectivo vigente en la empresa, puesto que se trataba de un aspecto de la relación de trabajo que venía regulado por otras fuentes». El deber de paz social durante la vigencia de los convenios colectivos [ apartado III y art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977] está vinculado a la duración temporal limitada de esas normas colectivas. Cuando dejan de estar vigentes, cesa el deber de paz social.

El citado pacto de fecha 29 de agosto de 2011 entre la empresa y el comité de empresa, aumentó las vacaciones de 22 a 23 días laborales. En él no consta ningún limite temporal. Ese pacto no puede impedir que los trabajadores reivindiquen los 25 días laborales de vacaciones.

Por consiguiente, en la presente litis, un convenio colectivo sectorial estatal establece que las vacaciones serán de 32 días naturales. Los trabajadores reivindican que ese convenio colectivo se interprete en el sentido de que esos días naturales se traducen en 25 días hábiles y la citada compensación. El citado acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores de fecha 29 de agosto de 2011 no tiene la naturaleza de un convenio colectivo y no puede impedir esa reivindicación.

Debemos reiterar que el derecho fundamental a la huelga impide las interpretaciones restrictivas. La referida doctrina jurisprudencial ha rechazado la ilegalidad de las huelgas cuya finalidad no sea estrictamente alterar el convenio, sino reclamar una interpretación del mismo. Esta Sala ha explicado que la huelga solo es ilegal cuando la intención de quebrantar lo pactado sea clara y patente, lo que no concurre respecto de esta concreta reivindicación.

B) Teletrabajo

La parte recurrente sostiene que el sindicato FIST pretende incumplir el porcentaje máximo de teletrabajo del 30% de la plantilla; que los trabajadores realicen una modalidad híbrida, supeditando la opción a que presenten una petición a la representación sindical y unitaria; y que la consolidación del teletrabajo sea un derecho adquirido como condición contractual.

El art. 19 del III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center contiene una prolija regulación del teletrabajo. El sindicato FIST formuló una pluralidad de reclamaciones relativas al teletrabajo, reseñadas en el hecho probado duodécimo. La comparación del convenio colectivo y de aquellas reclamaciones obliga a concluir, de conformidad con el Ministerio Fiscal, que ninguna de ellas justifica la declaración de que la huelga es ilegal. Hemos indicado que la doctrina jurisprudencial sostiene que, para que se declare la ilegalidad de una huelga por su carácter novatorio, debe constar que hay una intención clara y evidente de quebrantar lo pactado. En la presente litis, no se ha acreditado esa intencionalidad clara del sindicato FIST en relación con el teletrabajo. En una huelga en la que se formulan una pluralidad de reivindicaciones legítimas, las dudas acerca de la licitud de algunas reclamaciones puntuales no pueden conllevar la declaración de que la huelga es ilegal, lo que impide estimar este motivo.

C) Peticiones de acceso del sindicato FIST a las nóminas de la empresa, el protocolo de acoso, las reivindicaciones de política sindical, la compensación económica por el ejercicio del derecho de huelga y los trabajadores fijos-discontinuos

La empresa alega que estas peticiones son ilegales porque podrían vulnerar el derecho a la protección de datos, el derecho a la intimidad de los trabajadores, el ET y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

La presente demanda de conflicto colectivo tiene como objeto que se declare que la huelga convocada por el sindicato FIST era ilegal y abusiva porque era novatoria, es decir, pretendía alterar un convenio colectivo durante su vigencia [ art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977].

En relación con esas concretas reclamaciones, la parte actora no fundamenta la pretensión de ilegalidad de la huelga en su naturaleza novatoria sino que considera que algunas pretensiones del sindicato vulneran normas de derecho necesario. No es dable convertir el presente conflicto colectivo, cuyo objeto es determinar si se trata de una huelga novatoria, en un examen de la legalidad de cada una de las reivindicaciones de los trabajadores, que no consta se hayan plasmado en medidas concretas que vulneren el ordenamiento jurídico.

D) Incremento salarial

Entre las reivindicaciones se incluye que «las personas trabajadoras con salarios más bajos reciban un incremento de un 15%» y que «las personas trabajadoras con salarios medios reciban un incremento del 10%».

El art. 45 del III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center explica que las tablas que se incorporan como anexo son el resultado de los incrementos salariales pactados para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Los dos primeros años no hay ningún aumento salarial. Los demás años establece un porcentaje de aumento respecto del salario del año anterior. En los años 2025 y 2026 se incrementan conforme al IPC del año anterior, con mínimos, máximos y un diferencial.

En el comunicado convocando la huelga de duración indefinida presentado por el sindicato FIST ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social se explicó que la subida salarial tenía que ver con la igualdad retributiva entre los trabajadores dentro de un mismo nivel retributivo porque la empresa imponía diferentes salarios y condiciones entre los diferentes proyectos y lenguas. El sindicato argumentó que no pretendía modificar las bases salariales del convenio, sino igualar salarios y condiciones entre trabajadores de un mismo nivel retributivo.

El sindicato FIST consideraba que la empresa no estaba aplicando correctamente el convenio colectivo sectorial estatal y pretendía corregir esa desigualdad que perjudicaba a los trabajadores con salarios bajos y medios. El sindicato justificó su reclamación en la desigualdad retributiva de la empresa demandante, que pretendía corregir.

Debemos reiterar que, en una huelga con una pluralidad de reivindicaciones legítimas, las dudas acerca de alguna de ellas no justifican que se declare la ilicitud de la huelga. La doctrina jurisprudencial sostiene la interdicción de la interpretación restrictiva del derecho fundamental de huelga. En este litigio, la empresa demandante no ha probado la intencionalidad clara del sindicato FIST de quebrantar lo pactado con ninguna de sus reivindicaciones.

2.Los citados argumentos, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obligan a desestimar el recurso de casación ordinario, confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas por tratarse de un procedimiento de conflicto colectivo ( art. 235.2 de la LRJS) . Se acuerda la pérdida del depósito para recurrir ( art. 217.1 de la LRJS.

PRIMERO.- 1.En este litigio se debate la licitud de la huelga convocada por el sindicato Fuerza Independiente y Sindical de Trabajadores (en adelante FIST) en la empresa Webhelp Spain Business Process Outsourcing SL (en adelante Webhelp) en fecha 28 de diciembre de 2023.

2.La empresa Webhelp interpuso una demanda de conflicto colectivo contra el sindicato FIST y el comité de huelga en la que solicitaba que se declarase ilegal y/o abusiva la citada huelga y se reclamaba la condena solidaria al abono de una indemnización de daños y perjuicio por importe de 40.000 euros. En el acto del juicio desistió de la reclamación de cantidad.

3.La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Nacional 57/2024, de 29 de mayo (procedimiento 50/2024), desestimó la demanda.

4.La empresa interpuso recurso de casación ordinario con siete motivos:

A) El primer motivo, amparado en el art. 207.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS), denuncia la infracción del art. 97.2 de la LRJS y del art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( en adelante LEC) en relación con el artículo 24 de la Constitución Española ( en adelante CE).

Argumenta que la sentencia recurrida incurre en incongruencia porque omite resolver el quinto motivo de ilegalidad de la huelga consistente en que con dicha medida se pretende negociar un convenio colectivo de empresa.

B) Los dos motivos siguientes, sustentados en el art. 207.d) de la LRJS, pretenden revisar los hechos probados cuarto y quinto.

C) El cuarto motivo, amparado en el art. 207.e) de la LRJS, denuncia la infracción de los arts. 3.2 y 11.d) del Real Decreto-ley 17/1977.

Alega que el sindicato FIST no tiene implantación suficiente en Webhelp para convocar una huelga.

D) El quinto motivo, con el mismo amparo procesal, denuncia la infracción del art. 3.1, 2 y 3 y del art. 11.d) del Real Decreto-ley 17/1977.

Sostiene que la comunicación de la convocatoria de la huelga por el sindicato FIST no cumple los requisitos exigidos por el art. 3.1 del Real Decreto-ley 17/1977. Argumenta que el órgano legitimado para convocar huelgas por los estatutos del sindicato FIST es la Asamblea General. Denuncia varias irregularidades que, a su juicio, se produjeron en la citada Asamblea General.

E) El sexto motivo, con idéntico amparo procesal, denuncia la infracción del art. 4 del Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center, del art. 87.1 y 2 del ET y del art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977.

Argumenta que el sindicato FIST, con la convocatoria de la huelga, pretende la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa. También alega que se trató de una huelga novatoria.

F) El último motivo, sustentado también en el art. 207.e) de la LRJS, denuncia la infracción de los arts. 4 y 8 del Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center y del art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977.

Sostiene que los 17 puntos de la convocatoria de huelga tienen como única finalidad novar lo establecido en el convenio colectivo de aplicación o aspectos pactados con el comité de empresa del centro de trabajo de Barcelona. Reitera que el único objetivo de la huelga es la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa sin seguir el procedimiento establecido legalmente.

5.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso. La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicitó su desestimación.

SEGUNDO.- 1.El primer motivo casacional alega que la sentencia recurrida incurre en incongruencia porque omite pronunciarse acerca del motivo de ilegalidad de la huelga alegado por la empresa consistente en que la convocatoria de huelga tenía por objeto negociar de facto un convenio colectivo de empresa.

2.El TC ha declarado que el art. 24.1 de la CE no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que, «si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva»( STC nº 171/2002, de 30 septiembre, entre otras). El TC explica que la incongruencia omisiva tiene relevancia constitucional cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes.

3.La STS 858/2022, de 26 de octubre (rcud 3164/2019), con cita de la STS 344/2020, de 14 de mayo (rcud 3213/2017 ), argumenta que «hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones [...] y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" ( sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2019, recurso 42/2018 , y las citadas en ella). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que el art. 24.1 de la Constitución no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( sentencia del Tribunal Constitucional nº 171/2002 , entre otras)».

4.Por su parte, la STS 1035/2024, de 17 de julio (rec. 83/2024), arguye que una sentencia incurre en incongruencia «cuando falta el pronunciamiento sobre alguna pretensión que hubiera sido llevada al proceso en el momento procesal oportuno, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita».

A continuación, razonamos que «[e]l Tribunal Constitucional viene definiendo la incongruencia omisiva o ex silentio en una consolidada doctrina (sentencia 91/2003, de 19 de mayo (RTC 2003, 91) y 218/2003, de 15 de diciembre de 2.003, entre otras muchas) como un 'desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido' ( SSTC 136/1998, de 29 de junio y 29/1999, de 8 de marzo) que entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando esa desviación 'sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal ( STC 215/1999, de 29 de noviembre). Lo que en el supuesto de la incongruencia omisiva o ex silentio, que aquí particularmente importa, se produce cuando 'el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales' ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo, 186/2002, de 14 de octubre y 6/2003, de 20 de enero 2003)".

5.De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que la sentencia recurrida no incurre en incongruencia. La citada doctrina constitucional y jurisprudencial diferencia entre la falta de respuesta a una pretensión y la omisión de respuesta a una alegación. La sentencia de instancia desestima íntegramente todas las pretensiones. En la prolija resolución judicial de la Audiencia Nacional se desarrollan una pluralidad de argumentos que justifican su fallo desestimatorio. La sentencia recurrida cita el art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977, que considera ilegales las huelgas cuyo objeto sea alterar lo pactado en convenios colectivos vigentes, invoca la jurisprudencia que interpreta ese precepto y explica por qué considera que la huelga no es ilegal. Los motivos sexto y séptimo de este recurso de casación explican la interrelación que hay entre la alegación de la actora relativa a que el sindicato FIST pretende alterar, durante su periodo de vigencia, el convenio colectivo sectorial; y la argumentación consistente en que el sindicato pretende la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa. La sentencia recurrida desestima expresamente el primer argumento e implícitamente el segundo.

En definitiva, la sentencia de instancia desestima expresa o tácitamente la pluralidad de argumentos vertidos por la parte demandante, niega que la huelga sea ilegal o abusiva y desestima íntegramente la demanda. La parte recurrente, en el motivo sexto de su recurso de casación, suscita frontalmente la controversia relativa a que la huelga es ilegal porque pretende negociar un convenio colectivo de empresa, lo que permite que esta Sala responda razonadamente a sus argumentaciones.

TERCERO.- 1.Los motivos segundo y tercero solicitan la revisión de los hechos probados cuarto y quinto. La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 960/2022, de 14 diciembre (rec. 131/2022), entre otras muchas, compendia los requisitos de la revisión fáctica casacional:

A) La parte procesal debe señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado: debe indicar lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

B) No pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva ubicación en la fundamentación jurídica.

C) No debe limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que tiene que delimitar con exactitud en qué discrepa.

D) La errónea apreciación tiene que derivar de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas.

No es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada

E) La modificación fáctica no debe basarse en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

F) Debe ofrecer el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

G) Tiene que tratarse de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

H) Debe precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

I) El recurrente no puede limitarse a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

2.La parte recurrente pretende que se añada al hecho probado cuarto un prolijo texto que reproduce literalmente el contenido de los arts. 16 y 20 de los estatutos del sindicato FIST.

El ordinal cuarto reproduce parte del contenido de esos estatutos y se remite expresamente a ese documento, obrante en el descriptor 87, dándolo por íntegramente reproducido, lo que incorpora su contenido al relato fáctico. Por ello, no es necesaria la adición a los hechos probados del extenso texto propuesto por la parte recurrente, lo que pugnaría con la deseable concisión y claridad de las sentencias. En consecuencia, debemos desestimar este motivo, sin perjuicio de tener en cuenta el contenido íntegro de esos estatutos para la resolución del recurso.

3.La parte recurrente solicita la revisión del hecho probado quinto, que reproduce el contenido esencial del acta de la Asamblea de la Sección Sindical de FIST en Webhelp celebrada el 6 de noviembre de 2023.

La parte recurrente pretende añadir las siguientes afirmaciones:

A) Asistieron a la asamblea 14 afiliados, sin identificarse.

Es una adición irrelevante para la resolución del recurso.

B) La huelga comenzará el 22 de diciembre de 2023 y afectará a toda la plantilla de Webhelp en el centro de trabajo de Barcelona.

Esta pretensión se fundamenta en el texto en lengua inglesa que consta en dicho documento, del cual no se ha aportado una traducción a una lengua oficial ( art. 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) , lo que impide estimarla.

C) La asamblea se celebra en el centro de trabajo de Barcelona. No se identifican las personas que votan a favor ni en contra. El acta la firma Adela, persona que, en el momento de la convocatoria, no prestaba servicios en la empresa Webhelp.

El documento en que se fundamenta la pretensión acredita que Dª Adela firmó el acta. Pero no consta si prestaba servicios en la empresa Webhelp, por lo que la prueba documental invocada por la parte recurrente no acredita la certeza de dicha afirmación. Se trata de adiciones fácticas irrelevantes, lo que conduce al fracaso de este motivo.

CUARTO.- 1.El siguiente motivo del recurso cuestiona la legitimidad del sindicato FIST para convocar esta huelga. Al resolver este motivo debemos partir de la reiterada doctrina jurisprudencial que sostiene que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no permite una interpretación restrictiva [por todas, STS 874/2025, de 2 de octubre (rec. 46/2024); y 884/2025, de 6 de octubre (rec. 58/2024)].

2.El art. 7 de la CE reconoce a los sindicatos el carácter de organismos básicos del sistema político y el art. 28.2 de la CE reconoce el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

El art. 2.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical tiene el siguiente contenido:

«2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a [...] d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga [...]».

El art. 3.Dos del Real Decreto-ley 17/1977 regula la legitimación para convocar huelgas: «Están facultados para acordar la declaración de huelga: a) Los trabajadores, a través de sus representantes [...]».

3.La STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril, explica que «[e]l artículo 28, apartado 2.°, de la Constitución, al decir que -se reconoce el derecho de huelga, de los trabajadores para la defensa de sus intereses, introduce en el ordenamiento jurídico español una importante novedad: la proclamación de la huelga como derecho subjetivo y como derecho de carácter fundamental [...] En este concepto más amplio, huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso. En este sentido amplio, la huelga puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas, o, en general. en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos [...] el derecho de huelga comprende la facultad de declararse en huelga -estableciendo la causa o porqué y la finalidad reivindicativa que se persigue- y la facultad de elegir la modalidad de huelga».

A continuación, el TC argumenta que lo que define el derecho de huelga es que es «un derecho atribuido a los trabajadores uti singuli, aunque tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos. Para aclarar lo que se entiende por ejercicio colectivo debe señalarse que son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimiento de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla por terminada. Se puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales.

No puede en absoluto decirse que el Real Decreto-Ley 17/77 esté impidiendo las llamadas huelgas sindicales. Esa conclusión no es posible desde el momento en que el art. 7 de la Constitución reconoce a los sindicatos de trabajadores, el carácter de organismos básicos del sistema político. De esta suerte, en el momento actual son perfectamente posibles las huelgas organizadas, dirigidas y controladas por los sindicatos de trabajadores y las llamadas huelgas espontáneas, que en la terminología anglosajona se conocen con el nombre de wild strikes, huelgas "salvajes" o huelgas sin control sindical.

Por ello, no es dudoso que el art. 3 del Real Decreto-Ley 17/77 hay que entenderlo en el sentido de que, si bien la titularidad del derecho de huelga les pertenece a los trabajadores, el derecho puede ser ejercitado por las organizaciones sindicales extiende la huelga.».

Esa sentencia del TC acordó:

«2.º Estimar parcialmente el recurso y, en su virtud, hacer las siguientes declaraciones sobre el Real Decreto-Ley 17/77.

a) Que el art. 3 no es inconstitucional siempre que se entienda que el ejercicio del derecho de huelga, que pertenece a los trabajadores, puede ser ejercitado por ellos personalmente, por sus representantes y por las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito laboral al que la huelga se extienda, y que son inconstitucionales las exigencias establecidas en dicho artículo de que el acuerdo de huelga se adopte en cada centro de trabajo (apdo. 1.º), la de que a la reunión de los representantes haya de asistir un determinado porcentaje (apdo. 2.º a) y la de que la iniciativa para la declaración de huelga haya de estar apoyada por un 25 por 100 de los trabajadores.»

4.La legitimidad sindical para convocar huelgas ha sido examinada por las STS 31/2020, de 15 de enero (rec. 166/2018); 874/2025, de 2 de octubre (rec. 46/2024); y 884/2025, de 6 de octubre (rec. 58/2024), en las que reproducimos la argumentación de la STS de 2 de febrero de 1987 (ECLI:ES:TS:1987:16578): «Es cierto que ante un supuesto de convocatoria de la huelga se está no ante una actividad sindical de participación, reconocida por la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT, por el artículo 6º3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 2 de agosto de 1985 y por la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de julio de 1985 a los sindicatos más representativos, sino ante una actividad primera o de reivindicación, respecto de la que es coincidente la doctrina científica en acentuar los mandatos constitucionales de igualdad de trato de los sindicatos ( arts. 14 y 28-1 de la Constitución) y de eliminación de preferencias contrarias a las minorías sindicales en materias que afectan a intereses particulares y concretos; razón esta por la que la Ley Orgánica de Libertad Sindical, superando el primer contenido de su proyecto, ha distinguido los derechos de todos los Sindicatos (art. 2.2.d) y los derechos de los más representativos a nivel estatal (art. 6º3), incluyendo entre los primeros el ejercicio del derecho de huelga.»

5.En la presente litis, la empresa Webhelp tiene cuatro centros de trabajo. En el centro de trabajo radicado en Barcelona prestan servicios aproximadamente el 60% de los empleados de la empresa (3.000 trabajadores de un total de 5.000). El sindicato FIST es el que tiene más representantes en el comité de empresa de ese centro de trabajo (tiene ocho representantes). Hemos explicado que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no permite una interpretación restrictiva. Por ello, a la vista de la representación que tiene el sindicato FIST en ese comité de empresa, debemos concluir, de conformidad con el razonado informe del Ministerio Fiscal, que ese sindicato sí que tiene implantación en la empresa Webhelp para convocar la huelga, lo que conduce al fracaso de este motivo.

QUINTO.- 1.En el siguiente motivo del recurso, la empresa vierte los siguientes argumentos:

A) El órgano legitimado para convocar huelgas es la Asamblea General del sindicato FIST, cuyos estatutos prevén que dichos acuerdos se adoptarán mediante el voto favorable de la mayoría de los afiliados presentes.

B) El sindicato aportó una supuesta acta de Asamblea de fecha 9 de noviembre de 2023 y una supuesta votación de 22 afiliados. La empresa alega que en ese documento no se indica quiénes son las personas que conforman dicha asamblea, si dichas personas están afiliadas al Sindicato FIST, si están al corriente de pago o si dichas personas son trabajadoras de la Empresa. El empleador aduce que la persona que firma la citada acta de la Asamblea General es la Sra. Adela que, en momento de la convocatoria, ya no pertenecía a la empresa, ni fue traída al acto de la vista para ratificar el contenido del acta.

C) La supuesta votación realizada tuvo un resultado de 21 votos a favor y 1 abstención. El documento aportado por la codemandada no permite entrever que realmente se realizó dicha votación.

D) La supuesta convocatoria de la Asamblea General en fecha 6 de noviembre de 2023 y la supuesta votación realizada hacía referencia a una huelga que comenzaría el 22 de diciembre de 2023 y que afectaría al centro de trabajo de Barcelona. Ni la Asamblea, ni la votación, hacen referencia a la convocatoria de huelga que fue objeto de discusión en el caso de autos, que comenzó el día 5 de enero de 2024 y afectaba a todos los centros de trabajo de la empresa.

Esta parte procesal incurre en el rechazable vicio procesal denominado «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión», defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida [por todas, sentencias del TS 943/2022, de 29 de noviembre (rec.119/2022); 950/2022, de 30 de noviembre (rec. 156/2022); y 26/2023, de 11 de enero (rec. 149/2021)].

2.Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que, cuando está en juego la libertad sindical, las normas han de interpretarse en el sentido más favorable posible para el reconocimiento del derecho fundamental [por todas, STS 269/2024, de 9 de febrero (rcud 2161/2021); 460/2024, de 12 de marzo (rec. 114/2022); y 1353/2024, de 20 de diciembre (rec. 29/2023)]. La libertad sindical incluye la autonomía organizativa [ STS 266/2020, de 6 de mayo (rcud 1248/2017)].

3.El art. 3 del Real Decreto-ley 17/1977 establece que la declaración de huelga requiere acuerdo expreso que debe comunicarse al empresario y a la autoridad laboral. Debemos partir de los hechos probados de autos. Se declara probado que una asamblea de la Sección Sindical de FIST en la empresa Webhelp aprobó la convocatoria de una huelga en esa empresa, aprobada por 21 votos a favor y una abstención. La empresa cuestiona la documentación de esa asamblea aportada al juicio y considera que no se refería a la huelga que efectivamente tuvo lugar.

Es importante precisar que este pleito no tiene como objeto la demanda ejercitada por un afiliado a ese sindicato que considera que el acuerdo sindical no se ajustó a los estatutos sino que es el empleador quien interpone esta demanda en la que pretende que se declare ilegal o abusiva la huelga porque la documentación de la asamblea sindical, a su juicio, no se corresponde con la realidad y porque la fecha de la convocatoria de la huelga aprobada no coincide con la real. Ello supondría una injerencia empresarial en la autonomía organizativa del sindicato, que ha aportado el documento acreditativo del acuerdo asambleario convocando la huelga. La empresa vierte sospechas acerca del acuerdo asambleario y cuestiona la documentación del acuerdo pero, al estar en juego los derechos fundamentales a la libertad sindical, que incluye la autonomía organizativa del sindicato, y a la huelga, esta Sala debe concluir, de conformidad con el Ministerio Fiscal, que no se ha probado que el sindicato FIST declarase la huelga sin haber adoptado el correspondiente acuerdo, que se hizo en la citada Asamblea General, sin que la falta de identificación nominal en el acta de cada uno de los afiliados o las demás irregularidades formales alegadas por la empresa permitan declarar la nulidad de la citada huelga. En definitiva, no se ha probado que el sindicato haya incumplido los requisitos formales exigidos para el ejercicio del derecho fundamental a la huelga. No se han vulnerado los arts. 1, 2 y 3 del Real Decreto-ley 14/1977.

SEXTO.- 1.En el sexto motivo del recurso se alega que el sindicato FIST, con los 17 puntos de la convocatoria de la huelga, pretende la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa, para lo que carece de implantación. En este motivo también se argumenta que ese sindicato quería alterar, dentro del periodo de vigencia, lo pactado en el convenio colectivo sectorial. Esta última argumentación se reitera prolijamente en el siguiente motivo del recurso, por lo que la examinaremos al resolverlo.

2.El sindicato FIST se ha limitado a ejercer su derecho fundamental a la huelga, al amparo del art. 28.2 de la CE y del Real Decreto-ley 17/1977, con la finalidad de mejorar las condiciones laborales. Ni se ha acreditado la existencia de una conducta fraudulenta del sindicato que, mediante la convocatoria de la huelga, pretendiera negociar un convenio colectivo de empresa, ni ese sindicato ha iniciado el procedimiento de negociación de convenios colectivos regulado en el art. 89 y siguientes del ET. La convocatoria de la huelga menciona una pluralidad de reivindicaciones distintas. Pero el gran número de reivindicaciones formuladas por el sindicato, que se pretenden conseguir mediante el ejercicio de ese derecho fundamental, no supone que FIST intentase negociar un convenio colectivo de empresa durante la vigencia del convenio colectivo sectorial, lo que impide estimar este motivo.

SÉPTIMO.- 1.En el último motivo del recurso se alega que la única finalidad de los 17 puntos de la convocatoria de la huelga es novar el convenio colectivo vigente o aspectos pactados por la empresa con el comité de empresa del centro de trabajo de Barcelona.

2.El art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977 establece que la huelga es ilegal «[c]uando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo».

3.La carga de la prueba relativa a las huelgas ilegales se ha abordado por la doctrina jurisprudencial:

A) La STS de 22 de noviembre de 2000 (rec. 1368/2000) explica que el derecho de huelga es un derecho fundamental. Debido a ello, «las únicas huelgas que en principio tienen la condición de ilícitas y abusivas por presunción legal -salvando la existencia de huelgas ilegales por su finalidad expresa o por no haberse respetado en ellas las exigencias de la convocatoria y desarrollo previstas en el art. 11 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que quedan completamente al margen de lo discutido en el presente procedimiento- son las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que prestan servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, y las de celo o reglamento, conforme se concreta claramente en las SSTCº 11/1981, de 8 de abril, 72/1982, de 2 de diciembre, o la 41/1984, de 21 de marzo, con la consecuencia de que en todas las demás debe de presumirse su validez y, sin que pueda excluirse que las circunstancias concurrentes la conviertan en abusiva [...] La huelga, en definitiva, es un derecho que tiene sus limitaciones y una de ellas es la de que no puede ejercerse de forma abusiva, pero con la particularidad de que recae sobre quien alega su carácter abusivo (en este caso a las Asociaciones que actúan en representación de los empresarios afectados) la carga de la prueba de aquellos elementos básicos necesarios para que la huelga pudiera ser calificada de abusiva por desproporcionada».

B) La STS de 9 de junio de 2005 (rec. 126/2004) sienta la doctrina siguiente: «debe de presumirse su validez (de la huelga) y, sin que pueda excluirse que las circunstancias concurrentes la conviertan en abusiva, corresponde la prueba del abuso de derecho a quien interese" [...] el hecho de que la licitud de la huelga no se presuma en la generalidad de los casos "no obsta, como es claro, a la potestad del Juez o Tribunal para valorar la prueba producida en el proceso y declarar los hechos probados. Pero impide que, en ausencia de conformidad sobre los hechos o de prueba, la presunción iuris tantum de licitud de la huelga deje de operar en perjuicio de los trabajadores, dado además que la carga de probar la existencia de los elementos fácticos de la huelga abusiva corresponde al empresario.»

4.En relación con las huelgas novatorias debemos mencionar los siguientes pronunciamientos del TC y de esta Sala:

A) La STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril, sienta la siguiente doctrina: «es cierto que el art. 11 D-Ley 17/1977 no permite la huelga para alterar lo pactado en un convenio durante la vigencia del mismo. Sin embargo, nada impide la huelga durante el periodo de vigencia del convenio colectivo cuando la finalidad de la huelga no sea estrictamente la de alterar el convenio, como puede ser reclamar una interpretación del mismo o exigir reivindicaciones que no impliquen modificación del convenio. Por otro lado, es posible reclamar una alteración del convenio en aquellos casos en que éste haya sido incumplido por la parte empresarial o se haya producido un cambio absoluto y radical de las circunstancias, que permitan aplicar la llamada cláusula "rebus sic stantibus".»

B) Las STS de 3 de abril de 1991 (ECLI:ES:TS:1991:1944); 468/2023, de 4 de julio (rec. 224/2021); y 444/2024, de 7 de marzo (rec. 16/2022) explican que «nada impide su instrumentación cuando la finalidad de la huelga no sea "estrictamente" alterar el convenio, sino reclamar una interpretación del mismo, su cumplimiento por parte empresarial o exigir reivindicaciones que no impliquen modificación del convenio. Dirección seguida, sin fisuras, por reiteradas Sentencias de esta Sala -entre otras, las de 13 de octubre de 1989, 14 de febrero y 30 de junio de 1990». Esta Sala ha exigido que la valoración de si el objetivo de la huelga conlleva la alteración de lo pactado en un convenio colectivo se haga de manera estricta, «es decir, que la intención de quebrantar lo pactado ha de ser clara y patente - Sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 1990-; no existiendo tal violación - Sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de marzo de 1990- ni cuando los trabajadores plantean sus reivindicaciones sobre materias no pertenecientes al Convenio Colectivo aplicable a la empresa, que se rigen por una regla de distinta naturaleza, vigente desde varios años antes, ni cuando el empleador incumple el pacto convenido.»

Las dos últimas sentencias argumentan que «[d]ebe primar la garantía del derecho de huelga, derecho fundamental protegido por el art. 28 CE, que no puede, por tanto, entenderse constreñido al que se ejerce para presionar en la negociación». A continuación, explicamos que la doctrina constitucional sostuvo «que el citado RDL 17/1977, no regulaba "una necesaria vinculación entre huelga y convenio colectivo", permitiendo su modulación y enervando por consiguiente la calificación de ilegalidad de la huelga por ser novatoria cuando su objetivo no fuere estrictamente el de alterar el pacto convencional», por lo que niega la ilegalidad de una convocatoria de huelga en la que los objetivos materiales de las reivindicaciones eran más amplios que los que pudieren colisionar con aspectos concretos de un pacto en vigor.

5.El art. 83.2 del ET tiene el siguiente contenido:

«Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma, podrán establecer, mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.

Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido en esta ley.».

El III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center tiene una duración de siete años, desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2026. El art. 4 de ese convenio colectivo estatuye:

«Las partes que suscriben el presente Convenio adquieren el compromiso de no negociar Convenios Colectivos de Empresa o Convenios sectoriales de ámbito inferior.

Como regla general las materias contenidas en el presente Convenio tienen el carácter de norma mínima de derecho necesario, salvo en aquellas materias en las que exista remisión a otros ámbitos de negociación, y en cuyos supuestos habrá que estar al carácter, contenidos y alcance con que esté contemplada su remisión.

En las materias en que así se establezca de forma expresa, el presente Convenio, y en atención a su singular naturaleza, tendrá el carácter de norma exclusiva y excluyente, respetándose, en todo caso, las reglas de prioridad aplicativa contenidas en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Tienen la consideración de materias no negociables, en todo caso: el ámbito funcional; el ámbito personal; las modalidades de contratación; el periodo de prueba; los grupos y niveles profesionales; la ordenación jurídica de faltas y sanciones; las normas mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la movilidad geográfica.

Dentro del marco laboral establecido en el E.T., y en el presente Convenio, las organizaciones firmantes consideran de interés el desarrollo que, en los ámbitos de las Comunidades Autónomas, pueda llevarse a cabo en las materias relativas a calendario laboral, idioma y utilización de los sistemas autonómicos para la solución extrajudicial de conflictos colectivos laborales».

Esa norma colectiva establece que tendrá el carácter de norma exclusiva y excluyente en las materias en las que así se establezca expresamente, debiendo respetarse las reglas de prioridad aplicativa del art. 84.2 del ET. Asimismo, enumera varias materias no negociables y otras materias que sería de interés que se desarrollaran en el ámbito autonómico.

OCTAVO.- 1.En el presente litigio, la solicitud de mediación previa a la convocatoria de huelga mencionaba 17 reivindicaciones muy distintas y prolijas. La parte recurrente considera que la huelga es ilegal por las siguientes reclamaciones:

A) Vacaciones

La empresa Webhelp argumenta que el convenio colectivo sectorial prevé 32 días naturales de vacaciones y que un pacto entre la empresa y los representantes de los trabajadores de fecha 29 de agosto de 2011 acordó que fueran 23 días laborales. El sindicato reclama 25 días laborales y la compensación de dos días de salario por año.

La STC 38/1990, de 1 de marzo, negó que fuera ilegal una huelga en la que «no se buscaba la alteración del Convenio Colectivo vigente en la empresa, puesto que se trataba de un aspecto de la relación de trabajo que venía regulado por otras fuentes». El deber de paz social durante la vigencia de los convenios colectivos [ apartado III y art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977] está vinculado a la duración temporal limitada de esas normas colectivas. Cuando dejan de estar vigentes, cesa el deber de paz social.

El citado pacto de fecha 29 de agosto de 2011 entre la empresa y el comité de empresa, aumentó las vacaciones de 22 a 23 días laborales. En él no consta ningún limite temporal. Ese pacto no puede impedir que los trabajadores reivindiquen los 25 días laborales de vacaciones.

Por consiguiente, en la presente litis, un convenio colectivo sectorial estatal establece que las vacaciones serán de 32 días naturales. Los trabajadores reivindican que ese convenio colectivo se interprete en el sentido de que esos días naturales se traducen en 25 días hábiles y la citada compensación. El citado acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores de fecha 29 de agosto de 2011 no tiene la naturaleza de un convenio colectivo y no puede impedir esa reivindicación.

Debemos reiterar que el derecho fundamental a la huelga impide las interpretaciones restrictivas. La referida doctrina jurisprudencial ha rechazado la ilegalidad de las huelgas cuya finalidad no sea estrictamente alterar el convenio, sino reclamar una interpretación del mismo. Esta Sala ha explicado que la huelga solo es ilegal cuando la intención de quebrantar lo pactado sea clara y patente, lo que no concurre respecto de esta concreta reivindicación.

B) Teletrabajo

La parte recurrente sostiene que el sindicato FIST pretende incumplir el porcentaje máximo de teletrabajo del 30% de la plantilla; que los trabajadores realicen una modalidad híbrida, supeditando la opción a que presenten una petición a la representación sindical y unitaria; y que la consolidación del teletrabajo sea un derecho adquirido como condición contractual.

El art. 19 del III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center contiene una prolija regulación del teletrabajo. El sindicato FIST formuló una pluralidad de reclamaciones relativas al teletrabajo, reseñadas en el hecho probado duodécimo. La comparación del convenio colectivo y de aquellas reclamaciones obliga a concluir, de conformidad con el Ministerio Fiscal, que ninguna de ellas justifica la declaración de que la huelga es ilegal. Hemos indicado que la doctrina jurisprudencial sostiene que, para que se declare la ilegalidad de una huelga por su carácter novatorio, debe constar que hay una intención clara y evidente de quebrantar lo pactado. En la presente litis, no se ha acreditado esa intencionalidad clara del sindicato FIST en relación con el teletrabajo. En una huelga en la que se formulan una pluralidad de reivindicaciones legítimas, las dudas acerca de la licitud de algunas reclamaciones puntuales no pueden conllevar la declaración de que la huelga es ilegal, lo que impide estimar este motivo.

C) Peticiones de acceso del sindicato FIST a las nóminas de la empresa, el protocolo de acoso, las reivindicaciones de política sindical, la compensación económica por el ejercicio del derecho de huelga y los trabajadores fijos-discontinuos

La empresa alega que estas peticiones son ilegales porque podrían vulnerar el derecho a la protección de datos, el derecho a la intimidad de los trabajadores, el ET y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

La presente demanda de conflicto colectivo tiene como objeto que se declare que la huelga convocada por el sindicato FIST era ilegal y abusiva porque era novatoria, es decir, pretendía alterar un convenio colectivo durante su vigencia [ art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977].

En relación con esas concretas reclamaciones, la parte actora no fundamenta la pretensión de ilegalidad de la huelga en su naturaleza novatoria sino que considera que algunas pretensiones del sindicato vulneran normas de derecho necesario. No es dable convertir el presente conflicto colectivo, cuyo objeto es determinar si se trata de una huelga novatoria, en un examen de la legalidad de cada una de las reivindicaciones de los trabajadores, que no consta se hayan plasmado en medidas concretas que vulneren el ordenamiento jurídico.

D) Incremento salarial

Entre las reivindicaciones se incluye que «las personas trabajadoras con salarios más bajos reciban un incremento de un 15%» y que «las personas trabajadoras con salarios medios reciban un incremento del 10%».

El art. 45 del III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center explica que las tablas que se incorporan como anexo son el resultado de los incrementos salariales pactados para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Los dos primeros años no hay ningún aumento salarial. Los demás años establece un porcentaje de aumento respecto del salario del año anterior. En los años 2025 y 2026 se incrementan conforme al IPC del año anterior, con mínimos, máximos y un diferencial.

En el comunicado convocando la huelga de duración indefinida presentado por el sindicato FIST ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social se explicó que la subida salarial tenía que ver con la igualdad retributiva entre los trabajadores dentro de un mismo nivel retributivo porque la empresa imponía diferentes salarios y condiciones entre los diferentes proyectos y lenguas. El sindicato argumentó que no pretendía modificar las bases salariales del convenio, sino igualar salarios y condiciones entre trabajadores de un mismo nivel retributivo.

El sindicato FIST consideraba que la empresa no estaba aplicando correctamente el convenio colectivo sectorial estatal y pretendía corregir esa desigualdad que perjudicaba a los trabajadores con salarios bajos y medios. El sindicato justificó su reclamación en la desigualdad retributiva de la empresa demandante, que pretendía corregir.

Debemos reiterar que, en una huelga con una pluralidad de reivindicaciones legítimas, las dudas acerca de alguna de ellas no justifican que se declare la ilicitud de la huelga. La doctrina jurisprudencial sostiene la interdicción de la interpretación restrictiva del derecho fundamental de huelga. En este litigio, la empresa demandante no ha probado la intencionalidad clara del sindicato FIST de quebrantar lo pactado con ninguna de sus reivindicaciones.

2.Los citados argumentos, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obligan a desestimar el recurso de casación ordinario, confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas por tratarse de un procedimiento de conflicto colectivo ( art. 235.2 de la LRJS) . Se acuerda la pérdida del depósito para recurrir ( art. 217.1 de la LRJS.

PRIMERO.- 1.En este litigio se debate la licitud de la huelga convocada por el sindicato Fuerza Independiente y Sindical de Trabajadores (en adelante FIST) en la empresa Webhelp Spain Business Process Outsourcing SL (en adelante Webhelp) en fecha 28 de diciembre de 2023.

2.La empresa Webhelp interpuso una demanda de conflicto colectivo contra el sindicato FIST y el comité de huelga en la que solicitaba que se declarase ilegal y/o abusiva la citada huelga y se reclamaba la condena solidaria al abono de una indemnización de daños y perjuicio por importe de 40.000 euros. En el acto del juicio desistió de la reclamación de cantidad.

3.La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Nacional 57/2024, de 29 de mayo (procedimiento 50/2024), desestimó la demanda.

4.La empresa interpuso recurso de casación ordinario con siete motivos:

A) El primer motivo, amparado en el art. 207.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS), denuncia la infracción del art. 97.2 de la LRJS y del art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( en adelante LEC) en relación con el artículo 24 de la Constitución Española ( en adelante CE).

Argumenta que la sentencia recurrida incurre en incongruencia porque omite resolver el quinto motivo de ilegalidad de la huelga consistente en que con dicha medida se pretende negociar un convenio colectivo de empresa.

B) Los dos motivos siguientes, sustentados en el art. 207.d) de la LRJS, pretenden revisar los hechos probados cuarto y quinto.

C) El cuarto motivo, amparado en el art. 207.e) de la LRJS, denuncia la infracción de los arts. 3.2 y 11.d) del Real Decreto-ley 17/1977.

Alega que el sindicato FIST no tiene implantación suficiente en Webhelp para convocar una huelga.

D) El quinto motivo, con el mismo amparo procesal, denuncia la infracción del art. 3.1, 2 y 3 y del art. 11.d) del Real Decreto-ley 17/1977.

Sostiene que la comunicación de la convocatoria de la huelga por el sindicato FIST no cumple los requisitos exigidos por el art. 3.1 del Real Decreto-ley 17/1977. Argumenta que el órgano legitimado para convocar huelgas por los estatutos del sindicato FIST es la Asamblea General. Denuncia varias irregularidades que, a su juicio, se produjeron en la citada Asamblea General.

E) El sexto motivo, con idéntico amparo procesal, denuncia la infracción del art. 4 del Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center, del art. 87.1 y 2 del ET y del art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977.

Argumenta que el sindicato FIST, con la convocatoria de la huelga, pretende la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa. También alega que se trató de una huelga novatoria.

F) El último motivo, sustentado también en el art. 207.e) de la LRJS, denuncia la infracción de los arts. 4 y 8 del Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center y del art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977.

Sostiene que los 17 puntos de la convocatoria de huelga tienen como única finalidad novar lo establecido en el convenio colectivo de aplicación o aspectos pactados con el comité de empresa del centro de trabajo de Barcelona. Reitera que el único objetivo de la huelga es la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa sin seguir el procedimiento establecido legalmente.

5.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso. La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicitó su desestimación.

SEGUNDO.- 1.El primer motivo casacional alega que la sentencia recurrida incurre en incongruencia porque omite pronunciarse acerca del motivo de ilegalidad de la huelga alegado por la empresa consistente en que la convocatoria de huelga tenía por objeto negociar de facto un convenio colectivo de empresa.

2.El TC ha declarado que el art. 24.1 de la CE no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que, «si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva»( STC nº 171/2002, de 30 septiembre, entre otras). El TC explica que la incongruencia omisiva tiene relevancia constitucional cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes.

3.La STS 858/2022, de 26 de octubre (rcud 3164/2019), con cita de la STS 344/2020, de 14 de mayo (rcud 3213/2017 ), argumenta que «hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones [...] y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" ( sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2019, recurso 42/2018 , y las citadas en ella). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que el art. 24.1 de la Constitución no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente, las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( sentencia del Tribunal Constitucional nº 171/2002 , entre otras)».

4.Por su parte, la STS 1035/2024, de 17 de julio (rec. 83/2024), arguye que una sentencia incurre en incongruencia «cuando falta el pronunciamiento sobre alguna pretensión que hubiera sido llevada al proceso en el momento procesal oportuno, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita».

A continuación, razonamos que «[e]l Tribunal Constitucional viene definiendo la incongruencia omisiva o ex silentio en una consolidada doctrina (sentencia 91/2003, de 19 de mayo (RTC 2003, 91) y 218/2003, de 15 de diciembre de 2.003, entre otras muchas) como un 'desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido' ( SSTC 136/1998, de 29 de junio y 29/1999, de 8 de marzo) que entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando esa desviación 'sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal ( STC 215/1999, de 29 de noviembre). Lo que en el supuesto de la incongruencia omisiva o ex silentio, que aquí particularmente importa, se produce cuando 'el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales' ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo, 186/2002, de 14 de octubre y 6/2003, de 20 de enero 2003)".

5.De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que la sentencia recurrida no incurre en incongruencia. La citada doctrina constitucional y jurisprudencial diferencia entre la falta de respuesta a una pretensión y la omisión de respuesta a una alegación. La sentencia de instancia desestima íntegramente todas las pretensiones. En la prolija resolución judicial de la Audiencia Nacional se desarrollan una pluralidad de argumentos que justifican su fallo desestimatorio. La sentencia recurrida cita el art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977, que considera ilegales las huelgas cuyo objeto sea alterar lo pactado en convenios colectivos vigentes, invoca la jurisprudencia que interpreta ese precepto y explica por qué considera que la huelga no es ilegal. Los motivos sexto y séptimo de este recurso de casación explican la interrelación que hay entre la alegación de la actora relativa a que el sindicato FIST pretende alterar, durante su periodo de vigencia, el convenio colectivo sectorial; y la argumentación consistente en que el sindicato pretende la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa. La sentencia recurrida desestima expresamente el primer argumento e implícitamente el segundo.

En definitiva, la sentencia de instancia desestima expresa o tácitamente la pluralidad de argumentos vertidos por la parte demandante, niega que la huelga sea ilegal o abusiva y desestima íntegramente la demanda. La parte recurrente, en el motivo sexto de su recurso de casación, suscita frontalmente la controversia relativa a que la huelga es ilegal porque pretende negociar un convenio colectivo de empresa, lo que permite que esta Sala responda razonadamente a sus argumentaciones.

TERCERO.- 1.Los motivos segundo y tercero solicitan la revisión de los hechos probados cuarto y quinto. La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 960/2022, de 14 diciembre (rec. 131/2022), entre otras muchas, compendia los requisitos de la revisión fáctica casacional:

A) La parte procesal debe señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado: debe indicar lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

B) No pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva ubicación en la fundamentación jurídica.

C) No debe limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que tiene que delimitar con exactitud en qué discrepa.

D) La errónea apreciación tiene que derivar de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas.

No es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada

E) La modificación fáctica no debe basarse en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

F) Debe ofrecer el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

G) Tiene que tratarse de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

H) Debe precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

I) El recurrente no puede limitarse a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

2.La parte recurrente pretende que se añada al hecho probado cuarto un prolijo texto que reproduce literalmente el contenido de los arts. 16 y 20 de los estatutos del sindicato FIST.

El ordinal cuarto reproduce parte del contenido de esos estatutos y se remite expresamente a ese documento, obrante en el descriptor 87, dándolo por íntegramente reproducido, lo que incorpora su contenido al relato fáctico. Por ello, no es necesaria la adición a los hechos probados del extenso texto propuesto por la parte recurrente, lo que pugnaría con la deseable concisión y claridad de las sentencias. En consecuencia, debemos desestimar este motivo, sin perjuicio de tener en cuenta el contenido íntegro de esos estatutos para la resolución del recurso.

3.La parte recurrente solicita la revisión del hecho probado quinto, que reproduce el contenido esencial del acta de la Asamblea de la Sección Sindical de FIST en Webhelp celebrada el 6 de noviembre de 2023.

La parte recurrente pretende añadir las siguientes afirmaciones:

A) Asistieron a la asamblea 14 afiliados, sin identificarse.

Es una adición irrelevante para la resolución del recurso.

B) La huelga comenzará el 22 de diciembre de 2023 y afectará a toda la plantilla de Webhelp en el centro de trabajo de Barcelona.

Esta pretensión se fundamenta en el texto en lengua inglesa que consta en dicho documento, del cual no se ha aportado una traducción a una lengua oficial ( art. 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) , lo que impide estimarla.

C) La asamblea se celebra en el centro de trabajo de Barcelona. No se identifican las personas que votan a favor ni en contra. El acta la firma Adela, persona que, en el momento de la convocatoria, no prestaba servicios en la empresa Webhelp.

El documento en que se fundamenta la pretensión acredita que Dª Adela firmó el acta. Pero no consta si prestaba servicios en la empresa Webhelp, por lo que la prueba documental invocada por la parte recurrente no acredita la certeza de dicha afirmación. Se trata de adiciones fácticas irrelevantes, lo que conduce al fracaso de este motivo.

CUARTO.- 1.El siguiente motivo del recurso cuestiona la legitimidad del sindicato FIST para convocar esta huelga. Al resolver este motivo debemos partir de la reiterada doctrina jurisprudencial que sostiene que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no permite una interpretación restrictiva [por todas, STS 874/2025, de 2 de octubre (rec. 46/2024); y 884/2025, de 6 de octubre (rec. 58/2024)].

2.El art. 7 de la CE reconoce a los sindicatos el carácter de organismos básicos del sistema político y el art. 28.2 de la CE reconoce el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

El art. 2.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical tiene el siguiente contenido:

«2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a [...] d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga [...]».

El art. 3.Dos del Real Decreto-ley 17/1977 regula la legitimación para convocar huelgas: «Están facultados para acordar la declaración de huelga: a) Los trabajadores, a través de sus representantes [...]».

3.La STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril, explica que «[e]l artículo 28, apartado 2.°, de la Constitución, al decir que -se reconoce el derecho de huelga, de los trabajadores para la defensa de sus intereses, introduce en el ordenamiento jurídico español una importante novedad: la proclamación de la huelga como derecho subjetivo y como derecho de carácter fundamental [...] En este concepto más amplio, huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso. En este sentido amplio, la huelga puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas, o, en general. en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos [...] el derecho de huelga comprende la facultad de declararse en huelga -estableciendo la causa o porqué y la finalidad reivindicativa que se persigue- y la facultad de elegir la modalidad de huelga».

A continuación, el TC argumenta que lo que define el derecho de huelga es que es «un derecho atribuido a los trabajadores uti singuli, aunque tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos. Para aclarar lo que se entiende por ejercicio colectivo debe señalarse que son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimiento de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla por terminada. Se puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales.

No puede en absoluto decirse que el Real Decreto-Ley 17/77 esté impidiendo las llamadas huelgas sindicales. Esa conclusión no es posible desde el momento en que el art. 7 de la Constitución reconoce a los sindicatos de trabajadores, el carácter de organismos básicos del sistema político. De esta suerte, en el momento actual son perfectamente posibles las huelgas organizadas, dirigidas y controladas por los sindicatos de trabajadores y las llamadas huelgas espontáneas, que en la terminología anglosajona se conocen con el nombre de wild strikes, huelgas "salvajes" o huelgas sin control sindical.

Por ello, no es dudoso que el art. 3 del Real Decreto-Ley 17/77 hay que entenderlo en el sentido de que, si bien la titularidad del derecho de huelga les pertenece a los trabajadores, el derecho puede ser ejercitado por las organizaciones sindicales extiende la huelga.».

Esa sentencia del TC acordó:

«2.º Estimar parcialmente el recurso y, en su virtud, hacer las siguientes declaraciones sobre el Real Decreto-Ley 17/77.

a) Que el art. 3 no es inconstitucional siempre que se entienda que el ejercicio del derecho de huelga, que pertenece a los trabajadores, puede ser ejercitado por ellos personalmente, por sus representantes y por las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito laboral al que la huelga se extienda, y que son inconstitucionales las exigencias establecidas en dicho artículo de que el acuerdo de huelga se adopte en cada centro de trabajo (apdo. 1.º), la de que a la reunión de los representantes haya de asistir un determinado porcentaje (apdo. 2.º a) y la de que la iniciativa para la declaración de huelga haya de estar apoyada por un 25 por 100 de los trabajadores.»

4.La legitimidad sindical para convocar huelgas ha sido examinada por las STS 31/2020, de 15 de enero (rec. 166/2018); 874/2025, de 2 de octubre (rec. 46/2024); y 884/2025, de 6 de octubre (rec. 58/2024), en las que reproducimos la argumentación de la STS de 2 de febrero de 1987 (ECLI:ES:TS:1987:16578): «Es cierto que ante un supuesto de convocatoria de la huelga se está no ante una actividad sindical de participación, reconocida por la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT, por el artículo 6º3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 2 de agosto de 1985 y por la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de julio de 1985 a los sindicatos más representativos, sino ante una actividad primera o de reivindicación, respecto de la que es coincidente la doctrina científica en acentuar los mandatos constitucionales de igualdad de trato de los sindicatos ( arts. 14 y 28-1 de la Constitución) y de eliminación de preferencias contrarias a las minorías sindicales en materias que afectan a intereses particulares y concretos; razón esta por la que la Ley Orgánica de Libertad Sindical, superando el primer contenido de su proyecto, ha distinguido los derechos de todos los Sindicatos (art. 2.2.d) y los derechos de los más representativos a nivel estatal (art. 6º3), incluyendo entre los primeros el ejercicio del derecho de huelga.»

5.En la presente litis, la empresa Webhelp tiene cuatro centros de trabajo. En el centro de trabajo radicado en Barcelona prestan servicios aproximadamente el 60% de los empleados de la empresa (3.000 trabajadores de un total de 5.000). El sindicato FIST es el que tiene más representantes en el comité de empresa de ese centro de trabajo (tiene ocho representantes). Hemos explicado que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no permite una interpretación restrictiva. Por ello, a la vista de la representación que tiene el sindicato FIST en ese comité de empresa, debemos concluir, de conformidad con el razonado informe del Ministerio Fiscal, que ese sindicato sí que tiene implantación en la empresa Webhelp para convocar la huelga, lo que conduce al fracaso de este motivo.

QUINTO.- 1.En el siguiente motivo del recurso, la empresa vierte los siguientes argumentos:

A) El órgano legitimado para convocar huelgas es la Asamblea General del sindicato FIST, cuyos estatutos prevén que dichos acuerdos se adoptarán mediante el voto favorable de la mayoría de los afiliados presentes.

B) El sindicato aportó una supuesta acta de Asamblea de fecha 9 de noviembre de 2023 y una supuesta votación de 22 afiliados. La empresa alega que en ese documento no se indica quiénes son las personas que conforman dicha asamblea, si dichas personas están afiliadas al Sindicato FIST, si están al corriente de pago o si dichas personas son trabajadoras de la Empresa. El empleador aduce que la persona que firma la citada acta de la Asamblea General es la Sra. Adela que, en momento de la convocatoria, ya no pertenecía a la empresa, ni fue traída al acto de la vista para ratificar el contenido del acta.

C) La supuesta votación realizada tuvo un resultado de 21 votos a favor y 1 abstención. El documento aportado por la codemandada no permite entrever que realmente se realizó dicha votación.

D) La supuesta convocatoria de la Asamblea General en fecha 6 de noviembre de 2023 y la supuesta votación realizada hacía referencia a una huelga que comenzaría el 22 de diciembre de 2023 y que afectaría al centro de trabajo de Barcelona. Ni la Asamblea, ni la votación, hacen referencia a la convocatoria de huelga que fue objeto de discusión en el caso de autos, que comenzó el día 5 de enero de 2024 y afectaba a todos los centros de trabajo de la empresa.

Esta parte procesal incurre en el rechazable vicio procesal denominado «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión», defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida [por todas, sentencias del TS 943/2022, de 29 de noviembre (rec.119/2022); 950/2022, de 30 de noviembre (rec. 156/2022); y 26/2023, de 11 de enero (rec. 149/2021)].

2.Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que, cuando está en juego la libertad sindical, las normas han de interpretarse en el sentido más favorable posible para el reconocimiento del derecho fundamental [por todas, STS 269/2024, de 9 de febrero (rcud 2161/2021); 460/2024, de 12 de marzo (rec. 114/2022); y 1353/2024, de 20 de diciembre (rec. 29/2023)]. La libertad sindical incluye la autonomía organizativa [ STS 266/2020, de 6 de mayo (rcud 1248/2017)].

3.El art. 3 del Real Decreto-ley 17/1977 establece que la declaración de huelga requiere acuerdo expreso que debe comunicarse al empresario y a la autoridad laboral. Debemos partir de los hechos probados de autos. Se declara probado que una asamblea de la Sección Sindical de FIST en la empresa Webhelp aprobó la convocatoria de una huelga en esa empresa, aprobada por 21 votos a favor y una abstención. La empresa cuestiona la documentación de esa asamblea aportada al juicio y considera que no se refería a la huelga que efectivamente tuvo lugar.

Es importante precisar que este pleito no tiene como objeto la demanda ejercitada por un afiliado a ese sindicato que considera que el acuerdo sindical no se ajustó a los estatutos sino que es el empleador quien interpone esta demanda en la que pretende que se declare ilegal o abusiva la huelga porque la documentación de la asamblea sindical, a su juicio, no se corresponde con la realidad y porque la fecha de la convocatoria de la huelga aprobada no coincide con la real. Ello supondría una injerencia empresarial en la autonomía organizativa del sindicato, que ha aportado el documento acreditativo del acuerdo asambleario convocando la huelga. La empresa vierte sospechas acerca del acuerdo asambleario y cuestiona la documentación del acuerdo pero, al estar en juego los derechos fundamentales a la libertad sindical, que incluye la autonomía organizativa del sindicato, y a la huelga, esta Sala debe concluir, de conformidad con el Ministerio Fiscal, que no se ha probado que el sindicato FIST declarase la huelga sin haber adoptado el correspondiente acuerdo, que se hizo en la citada Asamblea General, sin que la falta de identificación nominal en el acta de cada uno de los afiliados o las demás irregularidades formales alegadas por la empresa permitan declarar la nulidad de la citada huelga. En definitiva, no se ha probado que el sindicato haya incumplido los requisitos formales exigidos para el ejercicio del derecho fundamental a la huelga. No se han vulnerado los arts. 1, 2 y 3 del Real Decreto-ley 14/1977.

SEXTO.- 1.En el sexto motivo del recurso se alega que el sindicato FIST, con los 17 puntos de la convocatoria de la huelga, pretende la negociación encubierta de un convenio colectivo de empresa, para lo que carece de implantación. En este motivo también se argumenta que ese sindicato quería alterar, dentro del periodo de vigencia, lo pactado en el convenio colectivo sectorial. Esta última argumentación se reitera prolijamente en el siguiente motivo del recurso, por lo que la examinaremos al resolverlo.

2.El sindicato FIST se ha limitado a ejercer su derecho fundamental a la huelga, al amparo del art. 28.2 de la CE y del Real Decreto-ley 17/1977, con la finalidad de mejorar las condiciones laborales. Ni se ha acreditado la existencia de una conducta fraudulenta del sindicato que, mediante la convocatoria de la huelga, pretendiera negociar un convenio colectivo de empresa, ni ese sindicato ha iniciado el procedimiento de negociación de convenios colectivos regulado en el art. 89 y siguientes del ET. La convocatoria de la huelga menciona una pluralidad de reivindicaciones distintas. Pero el gran número de reivindicaciones formuladas por el sindicato, que se pretenden conseguir mediante el ejercicio de ese derecho fundamental, no supone que FIST intentase negociar un convenio colectivo de empresa durante la vigencia del convenio colectivo sectorial, lo que impide estimar este motivo.

SÉPTIMO.- 1.En el último motivo del recurso se alega que la única finalidad de los 17 puntos de la convocatoria de la huelga es novar el convenio colectivo vigente o aspectos pactados por la empresa con el comité de empresa del centro de trabajo de Barcelona.

2.El art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977 establece que la huelga es ilegal «[c]uando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo».

3.La carga de la prueba relativa a las huelgas ilegales se ha abordado por la doctrina jurisprudencial:

A) La STS de 22 de noviembre de 2000 (rec. 1368/2000) explica que el derecho de huelga es un derecho fundamental. Debido a ello, «las únicas huelgas que en principio tienen la condición de ilícitas y abusivas por presunción legal -salvando la existencia de huelgas ilegales por su finalidad expresa o por no haberse respetado en ellas las exigencias de la convocatoria y desarrollo previstas en el art. 11 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que quedan completamente al margen de lo discutido en el presente procedimiento- son las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que prestan servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, y las de celo o reglamento, conforme se concreta claramente en las SSTCº 11/1981, de 8 de abril, 72/1982, de 2 de diciembre, o la 41/1984, de 21 de marzo, con la consecuencia de que en todas las demás debe de presumirse su validez y, sin que pueda excluirse que las circunstancias concurrentes la conviertan en abusiva [...] La huelga, en definitiva, es un derecho que tiene sus limitaciones y una de ellas es la de que no puede ejercerse de forma abusiva, pero con la particularidad de que recae sobre quien alega su carácter abusivo (en este caso a las Asociaciones que actúan en representación de los empresarios afectados) la carga de la prueba de aquellos elementos básicos necesarios para que la huelga pudiera ser calificada de abusiva por desproporcionada».

B) La STS de 9 de junio de 2005 (rec. 126/2004) sienta la doctrina siguiente: «debe de presumirse su validez (de la huelga) y, sin que pueda excluirse que las circunstancias concurrentes la conviertan en abusiva, corresponde la prueba del abuso de derecho a quien interese" [...] el hecho de que la licitud de la huelga no se presuma en la generalidad de los casos "no obsta, como es claro, a la potestad del Juez o Tribunal para valorar la prueba producida en el proceso y declarar los hechos probados. Pero impide que, en ausencia de conformidad sobre los hechos o de prueba, la presunción iuris tantum de licitud de la huelga deje de operar en perjuicio de los trabajadores, dado además que la carga de probar la existencia de los elementos fácticos de la huelga abusiva corresponde al empresario.»

4.En relación con las huelgas novatorias debemos mencionar los siguientes pronunciamientos del TC y de esta Sala:

A) La STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril, sienta la siguiente doctrina: «es cierto que el art. 11 D-Ley 17/1977 no permite la huelga para alterar lo pactado en un convenio durante la vigencia del mismo. Sin embargo, nada impide la huelga durante el periodo de vigencia del convenio colectivo cuando la finalidad de la huelga no sea estrictamente la de alterar el convenio, como puede ser reclamar una interpretación del mismo o exigir reivindicaciones que no impliquen modificación del convenio. Por otro lado, es posible reclamar una alteración del convenio en aquellos casos en que éste haya sido incumplido por la parte empresarial o se haya producido un cambio absoluto y radical de las circunstancias, que permitan aplicar la llamada cláusula "rebus sic stantibus".»

B) Las STS de 3 de abril de 1991 (ECLI:ES:TS:1991:1944); 468/2023, de 4 de julio (rec. 224/2021); y 444/2024, de 7 de marzo (rec. 16/2022) explican que «nada impide su instrumentación cuando la finalidad de la huelga no sea "estrictamente" alterar el convenio, sino reclamar una interpretación del mismo, su cumplimiento por parte empresarial o exigir reivindicaciones que no impliquen modificación del convenio. Dirección seguida, sin fisuras, por reiteradas Sentencias de esta Sala -entre otras, las de 13 de octubre de 1989, 14 de febrero y 30 de junio de 1990». Esta Sala ha exigido que la valoración de si el objetivo de la huelga conlleva la alteración de lo pactado en un convenio colectivo se haga de manera estricta, «es decir, que la intención de quebrantar lo pactado ha de ser clara y patente - Sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 1990-; no existiendo tal violación - Sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de marzo de 1990- ni cuando los trabajadores plantean sus reivindicaciones sobre materias no pertenecientes al Convenio Colectivo aplicable a la empresa, que se rigen por una regla de distinta naturaleza, vigente desde varios años antes, ni cuando el empleador incumple el pacto convenido.»

Las dos últimas sentencias argumentan que «[d]ebe primar la garantía del derecho de huelga, derecho fundamental protegido por el art. 28 CE, que no puede, por tanto, entenderse constreñido al que se ejerce para presionar en la negociación». A continuación, explicamos que la doctrina constitucional sostuvo «que el citado RDL 17/1977, no regulaba "una necesaria vinculación entre huelga y convenio colectivo", permitiendo su modulación y enervando por consiguiente la calificación de ilegalidad de la huelga por ser novatoria cuando su objetivo no fuere estrictamente el de alterar el pacto convencional», por lo que niega la ilegalidad de una convocatoria de huelga en la que los objetivos materiales de las reivindicaciones eran más amplios que los que pudieren colisionar con aspectos concretos de un pacto en vigor.

5.El art. 83.2 del ET tiene el siguiente contenido:

«Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma, podrán establecer, mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.

Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido en esta ley.».

El III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center tiene una duración de siete años, desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2026. El art. 4 de ese convenio colectivo estatuye:

«Las partes que suscriben el presente Convenio adquieren el compromiso de no negociar Convenios Colectivos de Empresa o Convenios sectoriales de ámbito inferior.

Como regla general las materias contenidas en el presente Convenio tienen el carácter de norma mínima de derecho necesario, salvo en aquellas materias en las que exista remisión a otros ámbitos de negociación, y en cuyos supuestos habrá que estar al carácter, contenidos y alcance con que esté contemplada su remisión.

En las materias en que así se establezca de forma expresa, el presente Convenio, y en atención a su singular naturaleza, tendrá el carácter de norma exclusiva y excluyente, respetándose, en todo caso, las reglas de prioridad aplicativa contenidas en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Tienen la consideración de materias no negociables, en todo caso: el ámbito funcional; el ámbito personal; las modalidades de contratación; el periodo de prueba; los grupos y niveles profesionales; la ordenación jurídica de faltas y sanciones; las normas mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la movilidad geográfica.

Dentro del marco laboral establecido en el E.T., y en el presente Convenio, las organizaciones firmantes consideran de interés el desarrollo que, en los ámbitos de las Comunidades Autónomas, pueda llevarse a cabo en las materias relativas a calendario laboral, idioma y utilización de los sistemas autonómicos para la solución extrajudicial de conflictos colectivos laborales».

Esa norma colectiva establece que tendrá el carácter de norma exclusiva y excluyente en las materias en las que así se establezca expresamente, debiendo respetarse las reglas de prioridad aplicativa del art. 84.2 del ET. Asimismo, enumera varias materias no negociables y otras materias que sería de interés que se desarrollaran en el ámbito autonómico.

OCTAVO.- 1.En el presente litigio, la solicitud de mediación previa a la convocatoria de huelga mencionaba 17 reivindicaciones muy distintas y prolijas. La parte recurrente considera que la huelga es ilegal por las siguientes reclamaciones:

A) Vacaciones

La empresa Webhelp argumenta que el convenio colectivo sectorial prevé 32 días naturales de vacaciones y que un pacto entre la empresa y los representantes de los trabajadores de fecha 29 de agosto de 2011 acordó que fueran 23 días laborales. El sindicato reclama 25 días laborales y la compensación de dos días de salario por año.

La STC 38/1990, de 1 de marzo, negó que fuera ilegal una huelga en la que «no se buscaba la alteración del Convenio Colectivo vigente en la empresa, puesto que se trataba de un aspecto de la relación de trabajo que venía regulado por otras fuentes». El deber de paz social durante la vigencia de los convenios colectivos [ apartado III y art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977] está vinculado a la duración temporal limitada de esas normas colectivas. Cuando dejan de estar vigentes, cesa el deber de paz social.

El citado pacto de fecha 29 de agosto de 2011 entre la empresa y el comité de empresa, aumentó las vacaciones de 22 a 23 días laborales. En él no consta ningún limite temporal. Ese pacto no puede impedir que los trabajadores reivindiquen los 25 días laborales de vacaciones.

Por consiguiente, en la presente litis, un convenio colectivo sectorial estatal establece que las vacaciones serán de 32 días naturales. Los trabajadores reivindican que ese convenio colectivo se interprete en el sentido de que esos días naturales se traducen en 25 días hábiles y la citada compensación. El citado acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores de fecha 29 de agosto de 2011 no tiene la naturaleza de un convenio colectivo y no puede impedir esa reivindicación.

Debemos reiterar que el derecho fundamental a la huelga impide las interpretaciones restrictivas. La referida doctrina jurisprudencial ha rechazado la ilegalidad de las huelgas cuya finalidad no sea estrictamente alterar el convenio, sino reclamar una interpretación del mismo. Esta Sala ha explicado que la huelga solo es ilegal cuando la intención de quebrantar lo pactado sea clara y patente, lo que no concurre respecto de esta concreta reivindicación.

B) Teletrabajo

La parte recurrente sostiene que el sindicato FIST pretende incumplir el porcentaje máximo de teletrabajo del 30% de la plantilla; que los trabajadores realicen una modalidad híbrida, supeditando la opción a que presenten una petición a la representación sindical y unitaria; y que la consolidación del teletrabajo sea un derecho adquirido como condición contractual.

El art. 19 del III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center contiene una prolija regulación del teletrabajo. El sindicato FIST formuló una pluralidad de reclamaciones relativas al teletrabajo, reseñadas en el hecho probado duodécimo. La comparación del convenio colectivo y de aquellas reclamaciones obliga a concluir, de conformidad con el Ministerio Fiscal, que ninguna de ellas justifica la declaración de que la huelga es ilegal. Hemos indicado que la doctrina jurisprudencial sostiene que, para que se declare la ilegalidad de una huelga por su carácter novatorio, debe constar que hay una intención clara y evidente de quebrantar lo pactado. En la presente litis, no se ha acreditado esa intencionalidad clara del sindicato FIST en relación con el teletrabajo. En una huelga en la que se formulan una pluralidad de reivindicaciones legítimas, las dudas acerca de la licitud de algunas reclamaciones puntuales no pueden conllevar la declaración de que la huelga es ilegal, lo que impide estimar este motivo.

C) Peticiones de acceso del sindicato FIST a las nóminas de la empresa, el protocolo de acoso, las reivindicaciones de política sindical, la compensación económica por el ejercicio del derecho de huelga y los trabajadores fijos-discontinuos

La empresa alega que estas peticiones son ilegales porque podrían vulnerar el derecho a la protección de datos, el derecho a la intimidad de los trabajadores, el ET y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

La presente demanda de conflicto colectivo tiene como objeto que se declare que la huelga convocada por el sindicato FIST era ilegal y abusiva porque era novatoria, es decir, pretendía alterar un convenio colectivo durante su vigencia [ art. 11.c) del Real Decreto-ley 17/1977].

En relación con esas concretas reclamaciones, la parte actora no fundamenta la pretensión de ilegalidad de la huelga en su naturaleza novatoria sino que considera que algunas pretensiones del sindicato vulneran normas de derecho necesario. No es dable convertir el presente conflicto colectivo, cuyo objeto es determinar si se trata de una huelga novatoria, en un examen de la legalidad de cada una de las reivindicaciones de los trabajadores, que no consta se hayan plasmado en medidas concretas que vulneren el ordenamiento jurídico.

D) Incremento salarial

Entre las reivindicaciones se incluye que «las personas trabajadoras con salarios más bajos reciban un incremento de un 15%» y que «las personas trabajadoras con salarios medios reciban un incremento del 10%».

El art. 45 del III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center explica que las tablas que se incorporan como anexo son el resultado de los incrementos salariales pactados para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Los dos primeros años no hay ningún aumento salarial. Los demás años establece un porcentaje de aumento respecto del salario del año anterior. En los años 2025 y 2026 se incrementan conforme al IPC del año anterior, con mínimos, máximos y un diferencial.

En el comunicado convocando la huelga de duración indefinida presentado por el sindicato FIST ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social se explicó que la subida salarial tenía que ver con la igualdad retributiva entre los trabajadores dentro de un mismo nivel retributivo porque la empresa imponía diferentes salarios y condiciones entre los diferentes proyectos y lenguas. El sindicato argumentó que no pretendía modificar las bases salariales del convenio, sino igualar salarios y condiciones entre trabajadores de un mismo nivel retributivo.

El sindicato FIST consideraba que la empresa no estaba aplicando correctamente el convenio colectivo sectorial estatal y pretendía corregir esa desigualdad que perjudicaba a los trabajadores con salarios bajos y medios. El sindicato justificó su reclamación en la desigualdad retributiva de la empresa demandante, que pretendía corregir.

Debemos reiterar que, en una huelga con una pluralidad de reivindicaciones legítimas, las dudas acerca de alguna de ellas no justifican que se declare la ilicitud de la huelga. La doctrina jurisprudencial sostiene la interdicción de la interpretación restrictiva del derecho fundamental de huelga. En este litigio, la empresa demandante no ha probado la intencionalidad clara del sindicato FIST de quebrantar lo pactado con ninguna de sus reivindicaciones.

2.Los citados argumentos, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obligan a desestimar el recurso de casación ordinario, confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas por tratarse de un procedimiento de conflicto colectivo ( art. 235.2 de la LRJS) . Se acuerda la pérdida del depósito para recurrir ( art. 217.1 de la LRJS.