Sentencia Social 431/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 514/2025 de 04 de mayo del 2026

PRIMERO.- 1.Recurre en casación unificadora la parte empresarial (Hospital Recoletas Cuenca SL) con la pretensión de que se declare que el plus de actividad de 150 € mensuales pactado individualmente con la trabajadora podía compensarse y absorberse con los incrementos retributivos derivados de la extensión del I Convenio de la sanidad privada de Salamanca a la provincia de Cuenca.

2.Combate la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 21 de noviembre de 2024 -rec. 1168/2023-, desestimatoria de su recurso de suplicación, tanto en el plano de la revisión fáctica, por irrelevante, como en el de la censura jurídica, al entender que el plus de actividad remuneraba tareas específicas, carecía de homogeneidad con los conceptos convencionales y, además, el propio convenio impedía su absorción respecto de complementos personales ya existentes. En consecuencia, confirmaba la sentencia de instancia que había estimado en su integridad la demanda sobre reclamación de cantidad.

3.El recurrente ha planteado tres núcleos de casación unificadora: (1) Inaplicación de la regla general de compensación/absorción, (2) Aplicación de la técnica prohibida de espigueo normativo y, (3) Carácter no compensable del plus de actividad.

4.Por el Ministerio Fiscal se informa la carencia de competencia funcional de la Sala de suplicación para conocer el recurso, argumentando al efecto que el objeto del pleito es una reclamación de cantidad en base a la aplicación durante un período de tiempo concreto de un Convenio Colectivo provincial, aplicación que ninguna de las partes pone en discusión, y que no nos encontramos ante la afectación general a la que se refiere el art. 191.3.b ) LRJS, ya que dicha afectación no es notoria ni tampoco ha resultado probada en juicio de modo que haya quedado acreditado ese nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema debatido. Postula correlativamente la nulidad de la resolución impugnada.

SEGUNDO.- 1.Ante la posible falta de competencia funcional de esta Sala para conocer del recurso interpuesto, por no ser la acción planteada susceptible de recurso ( art. 191.2.e) de la LRJS, y al amparo de lo prevenido en el art. 240.2 LOPJ, en relación con los arts. 5.3 y 225.6 LRJS, se otorgó la pertinente audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Se acaba de recoger el contenido del informe del Ministerio Público. Las partes no han formulado alegación alguna sobre tal cuestión.

2.El recurrente, a fin de cumplimentar la identidad esencial estatuida en el art. 219 LRJS, ha invocado tres sentencias de contraste.

Estando concernido el orden público procesal, y de conformidad con la doctrina acuñada por esta Sala IV, recordaremos que el examen de la competencia funcional no requiere de la concurrencia del presupuesto de la contradicción -por todas, STS Pleno 380/2025, de 5 de mayo, rcud 561/2023)-. Y ello por cuanto el análisis de la propia competencia «no debe estar condicionado por la exigencia del presupuesto procesal de contradicción porque, en aras de la seguridad jurídica, esta Sala debe sentar doctrina, en los términos más amplios posibles, acerca del acceso casacional al TS.».

TERCERO.- 1.Se avanzó que el juzgado de lo social había estimado en su integridad la demanda sobre reclamación de cantidad. Concretamente reconoció a la parte actora la cuantía peticionada de 1.610,58 euros, más el 10% de interés moratorio anual desde la fecha de interposición de la papeleta de conciliación hasta dicha resolución, sin perjuicio de lo establecido en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta su completo pago.

La cuantía postulada, por tanto, no alcanza el umbral de los 3.000 euros exigidos por el art. 191.2.g) LRJS para recurrir en suplicación, ni cabe apreciar la afectación general a que se refiere el art. 191.3.b) de dicha ley, porque ni es notoria, ni puede afirmarse que el tema debatido tenga un contenido de generalidad incuestionable. Ciertamente en sede fáctica figura la pendencia de, al menos, dieciocho procedimientos similares en que son parte la empresa y los compañeros de la hoy actora en el juzgado enjuiciado y un número parecido en otro de los juzgados de Cuenca, pero resultan desconocidos tanto el parámetro de referencia para fijar el nivel de litigiosidad, como la similitud de los procedimientos. La no acumulación por el propio órgano judicial conduce a cuestionar la existencia de identidad o conexidad en las pretensiones ( art. 24 LRJS) .

2.En STS IV 123/2023, de 8 de febrero, rcud 251/2022, con cita de doctrina precedente, señalamos que la Sala viene advirtiendo que «la afectación general no resulta apreciable por la posible proyección general de un litigio, sino que es preciso que esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate, de forma que no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general. A lo que hay que añadir que el hecho de que la LRJS otorgue al Ministerio Fiscal legitimación para interponer este recurso -de oficio o a instancia de entidades diversas- en los casos del art. 219.3 de dicha ley, obliga a realizar una interpretación más estricta de la afectación general (por todas, SSTS de 12 de mayo de 2021, Rcud. 3244/201; de 25 de mayo de 2021, Rcud. 4329/2018 y de 08 de junio de 2021, Rcud. 1796/2020).».

Seguíamos expresando que tampoco el número de asuntos que pudieran haberse tramitado en una comunidad sirven como elemento que pueda configurar la afectación en tal caso porque, como ya ha venido señalando la Sala, para apreciar la existencia de tal afectación no es necesario que se hayan incoado muchos procesos judiciales a consecuencia de la cuestión que la produce, sino que basta con la existencia de la situación de conflicto generalizado, lo que en este caso no se puede apreciar al carecer de elementos que la puedan sostener.

De todo ello se desprende, igualmente, que no podamos apreciar la notoriedad del conflicto.

Resulta, en consecuencia, aplicable la regla preceptuada en el art. 191.2.g) LRJS cuando dispone que no procederá recurso de suplicación cuando se trate de: «g) Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros», en relación con su apartado 3.b) que excepciona dicha limitación en reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes, y el art. 192.3 LRJS, que al regular la determinación de la cuantía del proceso, dispone que cuando la reclamación verse sobre prestaciones económicas periódicas de cualquier naturaleza o diferencias sobre ellas, la cuantía litigiosa a efectos de recurso vendrá determinada por el importe de la prestación básica o de las diferencias reclamadas, ambas en cómputo anual, sin tener en cuenta las actualizaciones o mejoras que pudieran serle aplicables, ni los intereses o recargos por mora. La misma regla se aplicará a las reclamaciones de reconocimiento de derechos, siempre que tengan traducción económica.

CUARTO.- 1.Las precedentes consideraciones van a determinar que afirmemos, en línea con el informe del Ministerio Fiscal, que el recurso de suplicación no debió admitirse ni tramitarse, dado que la Sala de segundo grado carecía de competencia funcional para conocer del mismo, lo que conduce a casar y anular la sentencia impugnada, así como las actuaciones posteriores a la sentencia dictada en la instancia, cuya firmeza declaramos.

2.No se efectúa condena en costas, al quedar firme la sentencia de instancia que estima la demanda y declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad, procediendo la devolución a la parte recurrente de los depósitos efectuados para recurrir y el mantenimiento de las consignaciones constituidas en garantía del cumplimiento de la condena.