Sentencia Social 553/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5276/2023 de 05 de junio del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión sobre la que versa el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si el subsidio para mayores de 52 años es compatible con una pensión de incapacidad permanente total.

2.En su demanda la actora explica que era perceptora del subsidio de desempleo para mayores de 52 años y que en tal situación el 4 de febrero de 2020, en aplicación de sentencia judicial, le fue reconocida una pensión de incapacidad permanente total de cuantía mensual de 515,56 euros por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con efectos económicos retroactivos a la fecha del hecho causante (7 de mayo de 2018). El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) procedió por tal causa a extinguir el subsidio de desempleo y a requerir el reintegro como pago indebido de lo percibido como subsidio por el periodo posterior al hecho causante de la incapacidad permanente. En su demanda, dirigida exclusivamente contra el SEPE, la actora reclama el derecho al percibo del subsidio por desempleo para mayores de 52 años y su compatibilidad con el percibo de la pensión de incapacidad permanente total reconocida, todo ello con efectos retroactivos a fecha 07.05.2018, lo que implicaría dejar sin efectos la resolución extintiva del SEPE y la reclamación de ingresos indebidos.

La sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria de 5 de julio de 2021, partiendo de los anteriores hechos, estimó la pretensión de la demanda y reconoció el derecho de la actora al percibo del subsidio por desempleo para mayores de 52 años y su compatibilidad con el percibo de la pensión de Incapacidad Permanente Total que tenía reconocida, con efectos retroactivos a fecha 07.05.2018.

3.El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) interpuso recurso de suplicación. La sentencia de la Sala de lo Social de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 10 de abril de 2023 (recurso de Suplicación nº 166/2022) admitió dos modificaciones de hechos probados. La primera para especificar que la actora era perceptora de subsidio por desempleo en la modalidad de mayor de 52 años desde el 27.03.19 y la segunda para establecer que el SEPE procedió a revocar el subsidio para mayores de 52 años que venía percibiendo la actora desde el 27.03.19, como consecuencia del reconocimiento, por parte del INSS, de una Incapacidad Permanente con efectos de 07.05.18, descontando dicho organismo la cantidad de 3.499,52 euros recibida por la trabajadora en concepto de subsidio para mayores de 52 años, por el período de 27.03.19 a 30-11-19.

En cuanto al fondo del asunto, el Servicio Público de Empleo Estatal instrumentaba en su recurso de suplicación un único motivo de la letra c del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que denunciaba la infracción de los artículos 274.4 y 282.2 de la Ley General de la Seguridad Social porque sostenía que "la actora, siendo perceptora de una prestación de incapacidad permanente desde el 07.05.2018, no puede ser beneficiaría del subsidio para mayores de 52 años aprobado con efectos del 27.03.2019, pues las cotizaciones empleadas para el acceso a la incapacidad no pueden ser nuevamente consideradas para acceder al subsidio ahora revocado, no reuniendo en consecuencia el requisito indispensable de cotización necesario para acceder a pensión de jubilación a excepción de la edad" y también que consideraba "ambas prestaciones incompatibles". Alegaba la entidad gestora la sentencia del Tribunal Supremo de 07.07.2015 (Rec. 295/2014) que "estableció la incompatibilidad entre la pensión de incapacidad permanente y el subsidio para mayores de 52 años al exigirse, para el citado subsidio, el periodo de cotización necesario para acceder a pensión de Jubilación", añadiendo que "desde la declaración de incapacidad permanente, que se produce en el caso de autos con efectos del 07.05.2018, la actora no ha generado el periodo de cotización mínimo que le pudiese dar acceso al subsidio para mayores de 52 años, esto es, cotizaciones que le permitiesen el acceso a pensión de jubilación de tener la edad pertinente", ya que "las cotizaciones empleadas para generar la incapacidad permanente no pueden computarse nuevamente para el subsidio por desempleo cuestionado".

El Tribunal Superior desestimó el recurso de suplicación y confirmó la sentencia de instancia del Juzgado de lo Social. Entendió que "el subsidio no exige periodo de cotización" y "el hecho de que la beneficiarla del subsidio deba reunir la carencia precisa para la jubilación contributiva no convierte el propio subsidio en prestación contributiva", mientras que "de otro lado, las cotizaciones que se computan para la jubilación (tanto a efectos de período de carencia como de cálculo de la cuantía) son cotizaciones que, con suma frecuencia, han dado lugar a otras prestaciones - de desempleo, de incapacidad temporal para el trabajo, etc.- a lo largo de la vida del beneficiario" y "de ahí que no sea coherente con el funcionamiento general del sistema que se diga que las cotizaciones que se computan para otorgar la IPT no pueden ser tenidas en cuenta para conceder una pensión de jubilación", con cita de la STS 28 octubre 2014, rec. 1600/2013. En cuanto a la compatibilidad entre pensión de incapacidad permanente total y subsidio por desempleo para mayores de 52 años dice que "ninguna duda puede existir en la compatibilidad entre la pensión de incapacidad permanente total y el subsidio por desempleo para mayores", sino que la única controversia es "si esa compatibilidad se mantiene cuando para integrar la carencia exigible para lucrar la pensión de jubilación hay que acudir a cotización computada para la pensión de incapacidad permanente total" y que "la carencia es requisito para la jubilación y se cumple computando cotizaciones aplicadas a la incapacidad permanente".

4.El recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) invoca como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 1874/2021, de 1 de junio, recurso 411/2021 y se fundamenta en un único motivo de casación al amparo de la letra e del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que alega la infracción del articulo 282 de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 16.1 del Reglamento de prestaciones, así como la jurisprudencia de esta Sala Cuarta dimanante de las sentencias de 9 de diciembre de 2010 (recurso 4363/2009), 26 de febrero de 1997 (recurso 2397/1996) y 19 de febrero de 1996 (recurso 3003/1995). Afirma la entidad gestora que la percepción de prestaciones por desempleo es incompatible con la percepción simultánea de una pensión de incapacidad permanente total y que el objeto de la litis lo constituye determinar si la trabajadora reunía el periodo mínimo de ocupación cotizada para el reconocimiento de la "prestación contributiva (sic) de desempleo solicitada", resultando que según la jurisprudencia el periodo legal mínimo de cotización del artículo 282 de la Ley General de la Seguridad Social debe haberse completado necesariamente en el nuevo empleo u ocupación compatible", que es algo que no sucede en el presente caso. Dice la entidad gestora que para que el pensionista de incapacidad permanente total pueda adquirir derecho a prestación por desempleo (sic) por pérdida de un nuevo empleo o trabajo desempeñado tras la declaración de incapacidad permanente debe reunir la exigencia de ocupación cotizada sin computar las cotizaciones anteriores a la situación de incapacidad.

5.La parte recurrida presenta escrito de impugnación del recurso oponiéndose a la estimación del mismo.

6.La Fiscalía emite informe señalando que la mejor doctrina se encuentra en la sentencia de contraste, por ser la más conforme con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencias de fechas 9-12-2010 (RUD 4363/2009) y 29-5-2024 ( RUD 3802/2021), según la cual "solo las cotizaciones generadas en el nuevo empleo por parte del trabajador que ha sido declarado en situación de incapacidad permanente total para otra profesión, son las que deben ser tomadas en consideración para la prestación por desempleo que traiga causa de aquel", y que "el asegurado pensionista de incapacidad total sólo puede adquirir derecho a prestación por desempleo por pérdida (o suspensión) de un nuevo empleo o trabajo desempeñado cuando ha completado respecto del referido nuevo trabajo el período mínimo de cotización (días de "ocupación cotizada") exigido en el art. 210 LGSS, sin que las cotizaciones anteriores a la situación de incapacidad puedan ser tenidas en cuenta a tal efecto"

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 1 de junio de 2021 en el recurso 411/2021. El presupuesto procesal de contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.En la sentencia recurrida la actora era perceptora de subsidio por desempleo para mayores de 52 años desde el 27.03.2019 y en el año 2020 el INSS le reconoció una pensión de Incapacidad Permanente Total con efectos retroactivos desde el 07.05.2018. No consta ni la forma en que accedió al indicado subsidio para mayores de 52 años en el año 2019 ni si durante el periodo transcurrido entre el 7 de mayo de 2018 y el 27 de marzo de 2019 desempeñó alguna ocupación o tuvo alguna cotización.

En la sentencia de contraste, el actor era perceptor de una pensión de Incapacidad Permanente Total con efectos económicos desde el 14 de abril de 2015 y posteriormente trabajó por cuenta ajena por el periodo de 09.02.2017 a 08.02.2018. Tras finalizar este trabajo el SEPE le reconoció el subsidio para mayores de 52 años el 7-8-18, pero posteriormente reclamó el reintegro de cantidades percibidas, alegando incompatibilidad con la pensión de incapacidad permanente total. El Tribunal Superior de Justicia consideró que las cotizaciones que sirvieron para generar la IPT no pueden ser utilizadas para el subsidio y en ese caso el trabajador, tras ser declarado en IPT y reincorporarse posteriormente al mercado de trabajo, no había cotizado el periodo de 15 años que se exige para poder acceder a una pensión de jubilación, por lo que no se cumplía el requisito de haber cotizado 15 años para lucrar la jubilación y se producía la situación de incompatibilidad apreciada por la entidad gestora, por lo que desestimó el recurso del trabajador.

4.A juicio de esta Sala no concurre el requisito de contradicción entre ambas sentencias que habilitaría nuestra competencia para resolver el recurso y unificar doctrina. Se trata de aplicar en ambos casos el artículo 282 de la Ley General de la Seguridad Social en su versión vigente después de la Ley 6/2018 y anterior al Real Decreto-ley 7/2023, puesto que en los dos casos el hecho causante del subsidio para mayores de 52 años debatido se incardina temporalmente en el espacio temporal entre los periodos de vigencia de ambas normas. Pero existen dos diferencias entre los supuestos de hecho:

En primer lugar y esto es esencial, en un caso la resolución que reconoció la pensión de incapacidad permanente total es muy anterior al hecho causante del subsidio de desempleo, mientras que en el supuesto resuelto por la sentencia recurrida, aunque los efectos económicos de la incapacidad se retrotrajeron a un momento temporal anterior al del subsidio, fijando en aquel momento el hecho causante, lo cierto es que el subsidio estaba reconocido con anterioridad y fue revocado con efectos retroactivos a la fecha de su reconocimiento inicial mediante una resolución dictada cuando había transcurrido desde su reconocimiento un plazo superior al año previsto en el artículo 146.2.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Por otro lado en el caso de la sentencia de contraste existieron periodos de trabajo y cotización posteriores al hecho causante de la incapacidad permanente total y el subsidio se generó en base a los mismos. La Sala del Tribunal Superior consideró que con dicho periodo no se alcanzaba a cubrir el requisito de carencia necesario para lucrar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. En el caso de la sentencia recurrida no consta sin embargo cómo se generó el subsidio de desempleo, si derivo del agotamiento de una prestación contributiva de desempleo, de un periodo de cotización de seis o tres meses al amparo del artículo 274.3 LGSS o de otra situación protegida del artículo 274 que no requiere de previa cotización, lo que impide igualmente establecer la identidad de los supuestos, porque no es posible determinar si era exigible a la generación de la prestación algún periodo de carencia que hubiera de ubicarse temporalmente entre el hecho causante de la incapacidad y el momento en que se devenga el subsidio.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado obliga a desestimar el recurso, ya que las causas de inadmisión, llegada esta fase procesal, operan como motivos de desestimación.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.