Sentencia Social 304/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2821/2023 de 08 de abril del 2025

PRIMERO.- 1.- La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si, de acuerdo con el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad Privada, la empresa puede rechazar o no la petición de un empleado de pasar a situación de jubilación parcial y si tiene la obligación de concertar, al efecto, un contrato de relevo.

2.- La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 5 de Oviedo estimó la demanda del trabajador; decisión que fue confirmada por la sentencia ahora recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 4 de abril de 2023, Rec. Sup. 210/2023.

Consta que el actor nacido en NUM000 de 1958 prestó servicios para la demandada como vigilante con antigüedad de 1993; a su relación le es de aplicación el convenio colectivo sectorial nacional de empresas de seguridad 17-20. EL 26/06/20 solicitó a la empresa la tramitación de jubilación parcial con contrato de relevo al reunir las condiciones para la pensión en modalidad parcial. La empresa respondió que en ningún caso la normativa impone a la empresa la obligación de someterse a la solicitud, comunicando que en esos momentos no puede acceder a la petición. El actor solicitó información al INSS el 10/07/20 señalando que de la documentación parecía que reunía los requisitos. El artículo 69 del mencionado convenio regula la jubilación parcial y el contrato de relevo, estableciendo el derecho de los trabajadores, el acuerdo entre la empresa y trabajador del porcentaje de jornada anual y continuidad en alta y cotizando, la posibilidad de acumular el número de horas, y sobre el relevista que podrá contratarse a tiempo completo.

La sentencia recurrida consideró la interpretación de instancia lógica y racional al concluir que se desprende la obligación de las empresas de facilitar la jubilación parcial con la doble condición de reunir los requisitos de edad y que se pacte sobre el porcentaje de jornada anual, constituyendo una obligación de realizar actuaciones precisas para hacer efectiva la jubilación parcial. Comparte con la instancia que es una obligación de facilitar y que la posibilidad del art. 12 ET se transforma en obligación. Concluyó que la empresa no justifica dificultades de organización y producción que le causaría la jubilación ni el perjuicio económico, apreciando arbitrariedad en su posición al ser contraria al precepto convencional que impone a la empresa si se cumplen la obligación de concertar el contrato a tiempo parcial.

3.- Recurre la empresa alegando infracción del artículo 12.4 e) ET; del artículo 215 LGSS y, especialmente, del artículo 69 del convenio colectivo sectorial nacional de empresas de seguridad. El recurso ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerarlo procedente.

SEGUNDO.- 1.- Para acreditar la contradicción, la recurrente invoca como sentencia de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de octubre de 2018 (rec. 1096/2017), que confirmó la sentencia de instancia que había desestimado la demanda del trabajador. El actor prestó servicios como vigilante de seguridad con antigüedad reconocida de 2009 fruto de sucesión de contratos y antigüedad en la empresa de 1/10/2015. El 14/11/2016 solicitó jubilación parcial al amparo del art. 77 del CC aplicable para que surtiera efectos el 30/11/2016, los días 6/02/17 y 9/03/17 remitió escritos. El actor consultó al INSS sobre el derecho a jubilación, constan en autos las respuestas. Consta la vida laboral a efectos de periodos de alta. La empresa cuenta con empleados con jubilación parcial anticipada. La sentencia desestima la pretensión del trabajador por entender que es necesario el acuerdo para el acceso a la jubilación parcial.

2.- De la comparación efectuada se desprende que concurre la contradicción, pues ambas aplican el mismo convenio (aunque de fechas distintas y de redacción ligeramente alterada sobre la edad) pero mientras que la recurrida reconoce el derecho del actor a la jubilación parcial, por entender que no es preciso acuerdo entre empresa y trabajador (al callar al respecto la norma convencional), la de contraste deniega la jubilación parcial, por entender que debe existir un acuerdo en relación con la jornada a desempeñar, sin que su ausencia permita la jubilación parcial.

TERCERO.- 1.- Esta Sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión controvertida en varias sentencias [ SSTS 22 junio 2010 (Rcud. 3046/2009), 534/2020, de 25 de junio ( Rcud. 665/2018), 510/2022, de 1 de junio ( Rcud. 126/2020); 236/2023, de 29 de marzo ( Rcud. 2322/2020) y 151/2024, de 25 de enero ( Rcud. 687/2023)] que se han pronunciado en el sentido de la sentencia recurrida. Razones de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley imponen que debamos reiterar nuestra consolidada doctrina en relación a la interpretación del precepto convencional cuestionado, teniendo en cuenta, además, que no concurre razón alguna para modificar nuestro criterio.

2.- En efecto, en cuantas ocasiones nos hemos enfrentado a problemas similares al presente hemos impuesto de relieve la complejidad de la jubilación parcial que comporta la celebración de un contrato de relevo. Por eso mismo, de la regulación contenida en las normas laborales y de Seguridad Social cabe concluir que la empresa no está obligada legalmente a aceptar la propuesta de jubilación parcial del trabajado, ni tampoco a formalizar un contrato de relevo, como tampoco la empresa puede imponer esa fórmula de renovación de su plantilla.

Hemos aceptado la existencia de un derecho perfecto de la persona trabajadora para acceder a la jubilación parcial (y la consiguiente obligación empresarial) cuando la regulación convencional es inequívoca. Por ejemplo, cuando el acuerdo no solo habla de "derecho a jubilarse parcialmente y continuar prestando servicios en el Ayuntamiento a tiempo parcial" sino que añade que el empleador "queda obligado a aceptar" la propuesta que se le realiza [ STS 948/2022, de 30 de noviembre (Rcud. 87/2020)].

Respecto de convenios en que aparece plasmado "el derecho de los trabajadores a acogerse a la jubilación parcial de acuerdo a la Legislación Laboral Vigente" hemos entendido que solo comportan una genérica remisión a la normativa legal, sin introducir en ese extremo ningún elemento del que pudieren resultan obligaciones adicionales para la empresa, es decir, sin imponer a la empresa la obligación de cumplimentar las formalidades necesarias para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial [ STS 534/2020, de 25 de junio (Rcud. 665/2018); entre otras].

Son dos las afirmaciones conclusivas que debemos recalcar en este momento: La primera, para reiterar lo tantas veces manifestado: es requisito constitutivo para acceder a la jubilación parcial, a tenor con lo dispuesto en el artículo 215.2 LGSS, en relación con el artículo 12.6 y 7 ET, que la empresa lo convenga así con el trabajador y formalice, a continuación, un contrato de relevo. Ahora bien, la empresa no está obligada legalmente a aceptar la propuesta de jubilación parcial del trabajado, ni tampoco a formalizar un contrato de relevo.

La segunda, para aplicar nuestro cuerpo doctrinal al presente caso: cuando el convenio colectivo aplicable reconoce el "derecho a acceder a la jubilación parcial, al cumplir la edad y requisitos exigidos por la legislación vigente", sin mayores precisiones (como la imposición del deber empresarial de aceptar la solicitud o de celebrar el preceptivo contrato de relevo) no puede entenderse que estamos ante un verdadero y perfecto derecho que sea exigible, siendo necesario el acuerdo entre las partes de contrato de trabajo.

CUARTO.- Conforme a lo razonado, y conforme al Ministerio Fiscal, debemos estimar recurso de casación para la unificación de la doctrina, casar y anular la sentencia recurrida, y resolver el debate en suplicación en el sentido de estimar el de tal clase para revocar la sentencia de instancia y desestimar íntegramente la demanda. Sin que la Sala deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas ( artículo 235 LRJS) y con devolución de depósitos y consignaciones para recurrir ( artículo 228.2 LRJS) .