Sentencia Social 1331/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5638/2022 de 09 de diciembre del 2024

PRIMERO.-1. La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar quién debe responder del pago de la prestación de incapacidad temporal correspondiente al periodo que transcurre desde los 730 días y hasta la resolución administrativa que declara la existencia de incapacidad permanente.

La Entidad Gestora demandada ha interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina frente a la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (STSJ) de Castilla-León, sede en Valladolid, de 10 de octubre de 2022, rec. 351/2022, que desestima el de suplicación interpuesto por la aquí recurrente frente a la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Valladolid, el 9 de noviembre de 2021, en los autos núm. 527/2020 que, estimando la demanda, condenó a la Entidad Gestora a reintegran a la Mutua demandante las cantidades abonadas por ésta en concepto de prestación por incapacidad temporal, transcurridos 730 días.

2. Según recoge la sentencia recurrida, la Mutua reclamó a la aquí recurrente el reintegro de las prestaciones económicas que, por incapacidad temporal, abonó a los trabajadores que identificaba, correspondientes a los años 2016 y 2017, por exceder de 730 días, lo que le fue denegado por la aquí recurrente. Presentada demanda, el Juzgado de lo Social estimó la pretensión, condenando a la parte demandada al reintegro de lo abonado y objeto de reclamación, siendo recurrida su sentencia por la entidad demandada ante la Sala de lo Social, quién dictó sentencia desestimatoria del recurso de suplicación.

La Sala de lo Social, analiza, en primer lugar, la excepción de caducidad alegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al margen de que su alegación en el acto de juicio la calificó como novedosa y causante de indefensión para la parte demandante, niega que sea de. aplicación al caso porque no se está ante reclamación de un derecho a la prestación de la que no es titular la Mutua, con lo cual no es de aplicación el art. 54 de la LGSS, con independencia de que puedan aplicarse otros plazos de prescripción que, por no poder ser apreciada de oficio, no entra a valorar. Ya en cuanto al fondo, tomando la doctrina recogida en la STS de 8 de julio de 2013, rcud 2988/2012, sostiene que la Mutua demandante ha cumplido pagando la incapacidad temporal incluso más allá del plazo máximo, lo que le permite ser compensada ante el retraso en que ha incurrido el INSS en la calificación de la incapacidad permanente que solo es imputable a dicha gestora.

3. En el recurso de unificación de doctrina se formula el punto de contradicción expuesto anteriormente para el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha, de 8 de mayo de 2020, rec. 98/2019.

En ella se resuelve una demanda en reclamación del pago de la prestación de incapacidad temporal que formula una trabajadora frente a la Mutua y el INSS. Dicha trabajadora causo baja médica el 9 de junio de 2015 , teniendo concertada la empresa la cobertura de la incapacidad temporal con la Mutua demandada. El alta médica se emitió el 19 de octubre de 2016, con recaída el 14 de diciembre de 2016. El 18 de octubre de 2017 se inicia de oficio expediente para determinación de la incapacidad permanente , tras el transcurso de 545 días, siendo denegada dicha situación por resolución de 10 de noviembre de 2017. La Mutua estuvo abonando la prestación de incapacidad temporal hasta cumplir los 730 días de duración máxima. La trabajadora, pese a continuar de baja, no percibiendo la prestación de incapacidad temporal por lo que reclamo ante la Mutua y el INSS que le fuera abonada, remitiéndose el INSS a lo que al efecto dictase la Mutua, negándose éste al pago por haber vencido el plazo máximo. Ante dicha negativa, la trabajadora presenta demanda para que se condenase a la Mutua al pago de la prestación, con la responsabilidad subsidiaria del INSS. Dicha demanda es estimada por el Juzgado de lo Social, condenando a la Mutua al pago de dicha prestación desde el último pago hasta el 10 de noviembre de 2017, con la responsabilidad subsidiaria del INSS, en caso de insolvencia de la Mutua. Por ésta se interpuso recurso de suplicación.

La sentencia de contraste desestima el recurso de la Mutua, y, partiendo de que la responsabilidad que corresponda viene determinada por la ley y no por lo que se pida en la demanda, siendo además que la Mutua considera que dicho pago debe efectuarlo el INSS, entra a resolver dicha cuestión. Y a tal efecto, partiendo del dictado de la Disposición Adicional quinta del RD 1300/1995, considera que el pago le corresponde a la Mutua que es la que gestiona la contingencia común, al haberla asumido, lo que procede desde su inicio hasta su final, que se produce con la resolución denegatoria de la incapacidad permanente.

4. Entre las sentencias existe la identidad necesaria para apreciar que sus pronunciamientos son contradictorios. En ambos casos lo que se trata de dilucidar es a quién corresponde el pago de la prestación de incapacidad temporal desde que son alcanzados los 730 días y hasta que se produce la resolución de calificación de la incapacidad permanente. Es cierto que en un caso es la Mutua la que sigue abonando y por eso reclama del INSS el pago, (sentencia recurrida) y en la otra es la beneficiaria la que demanda el pago (sentencia de contraste) pero ello es irrelevante porque en el caso de la sentencia de contraste se dirige la reclamación no solo contra la Mutua sino, también, contra el INSS.

SEGUNDO. - 1.La parte recurrente formula un motivo de infracción legal, en el que invoca como preceptos legales el RD 1993/1995 de 7 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, el art. 174.5 de la LGSS y la Disposición Adicional 5ª del RD 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

Según sostiene la parte, tras identificar los importes que, por cada beneficiario, fueron abonados por la Mutua y son objeto de la demanda, correspondientes a los días transcurridos a partir de los 730 pasados en incapacidad temporal bajo esa misma situación, la doctrina aplicable al caso es la que se recoge en las STS de 22 de mayo de 2020, rcud 4584/2017, que sigue la de las SSTS de 20 de febrero de 2012, rcud 699/2011 y 23 de noviembre de 2011, rcud 1422/2011, que es la que sostiene la sentencia referencial.

2. El art. 174 de la LGSS, destinado a regular la extinción del derecho al subsidio de incapacidad temporal y en la redacción vigente al momento en que se generaron las situaciones protegidas, disponía en su apartado 2 lo siguiente: "Cuando el derecho al subsidio se extinga por el transcurso del período de quinientos cuarenta y cinco días naturales fijado en el apartado anterior, se examinará necesariamente, en el plazo máximo de tres meses, el estado del incapacitado a efectos de su calificación, en el grado de incapacidad permanente que corresponda.

No obstante, en aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento médico por la expectativa de recuperación o la mejora del estado del trabajador,con vistas a su reincorporación laboral, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la citada calificación, esta podrá retrasarse por el período preciso, sin que en ningún caso se puedan rebasar los setecientos treinta días naturales sumados los de incapacidad temporal y los de prolongación de sus efectos.

Durante los períodos previstos en este apartado, de tres meses y de demora de la calificación, no subsistirá la obligación de cotizar.

El apartado 5 dice que " Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando la extinción se produjera por alta médica con propuesta de incapacidad permanente,por acuerdo del Instituto Nacional de la Seguridad Social de iniciación de expediente de incapacidad permanente, o por el transcurso de los quinientos cuarenta y cinco días naturales, el trabajador estará en la situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal hasta que se califique la incapacidad permanente.

En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, los efectos de la prestación económica de incapacidad permanente coincidirán con la fecha de la resolución de la entidad gestora por la que se reconozca, salvo que la misma sea superior a la que venía percibiendo el trabajador en concepto de prolongación de los efectos de la incapacidad temporal, en cuyo caso se retrotraerán aquellos efectos al día siguiente al de extinción de la incapacidad temporal.

En el supuesto de extinción de la incapacidad temporal, anterior al agotamiento de los quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración de la misma, sin que exista ulterior declaración de incapacidad permanente, subsistirá la obligación de cotizar mientras no se extinga la relación laboral o hasta la extinción del citado plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales, de producirse con posterioridad dicha declaración de inexistencia de incapacidad permanente.

Por su parte, la Disposición Adicional 5ª del RD 1300/1995, en materia de prórroga de los efectos de la incapacidad temporal, señala que "establece que " 1. En los supuestos de agotamiento, por el transcurso de plazo máximo, de la incapacidad temporal, en los términos previstos en el artículo 131 bis de la Ley General de la Seguridad Social, durante la prórroga de efectos de la prestación, ésta correrá a cargo, con efectos desde el día siguiente a aquél en que se haya producido la extinción de dicha situación, de la Entidad gestora competente cuando la incapacidad derive de contingencias comunes, o de la Entidad gestora o de la correspondiente Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, si la incapacidad tiene su origen en contingencias profesionales.

2. La obligación de cotizar, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 106 de la Ley General de la Seguridad Social, continuará en la situación de incapacidad temporal. Sin embargo, dicha obligación no subsistirá durante la prórroga de los efectos de la situación de incapacidad temporal a que se refiere el apartado 3 del artículo 131 bis de la citada Ley.

Añadimos lo que, con carácter general se dice en el art. 167.1 de la LGSS; en materia de responsabilidad en orden a las prestaciones, en el que se. Dice lo siguiente: "Cuando se haya causado derecho a una prestación por haberse cumplido las condiciones a que se refiere el artículo 165, la responsabilidad correspondiente se imputará, de acuerdo con sus respectivas competencias, a las entidades gestoras, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o empresarios que colaboren en la gestión o, en su caso, a los servicios comunes".

También recordar que la Disposición Adicional 3ª de la Orden Ministerial de 18 de enero de 1996, para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, que lleva como Título "Prorroga de efectos de la situación de Incapacidad Temporal", en su apartado 3 establece de forma clara y en coherencia con lo que se indicaba en la Disposición Adicional 5ª antes citada (en la que se menciona a la entidad gestora que sea competente) que "Cuando el alta médica de la asistencia sanitaria y la solicitud de reconocimiento de la Incapacidad Permanente se produzca antes del agotamiento, por el transcurso del plazo máximo de la Incapacidad Temporal, en los términos previstos en el artículo 131 bis de la Ley General de la Seguridad Social , durante la prórroga de efectos de esta última prestación citada, ésta correrá a cargo de la entidad gestora, entidad colaboradora o empresa responsable del pago de la prestación de Incapacidad Temporal ".

A la vista de estos preceptos legales, lo que se dispone es que si la situación de incapacidad temporal se extingue por alta médica con propuesta de incapacidad permanente, se prolongarán los efectos de la incapacidad temporal hasta que se califique la incapacidad permanente. Por tanto, y al margen de los efectos que el reconocimiento de la invalidez permanente pueda tener, lo que está claro es que el trabajador se mantendrán en incapacidad temporal hasta que se produzca esa calificación en el expediente de incapacidad permanente.

Aquí no se cuestiona ese derecho al subsidio sino quién debe responder de su pago cuando esa calificación se produce más allá del plazo de 730 días transcurridos en incapacidad temporal. Según aquellos preceptos, ese tiempo que se marca como máximo de la citada incapacidad temporal, lo es cuando, se procede a demorar la calificación en los supuestos en los que, ante la necesidad de seguir con el tratamiento, hay expectativas de recuperación o mejoría a efectos de reincorporarse al trabajo , pero aquí estamos ante la pendencia de la calificación de incapacidad permanente más allá de ese tiempo de demora que la ley permite.

Pues bien, lo que indica también las normas antes citadas es que la prórroga de la incapacidad temporal siempre será a cargo de la entidad que la viniera asumiendo. Al respecto de esto, debemos traer a colación el art. 80.2 de la LGSS en el que se dispone que " Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen por objeto el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:

[...]

b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes..."

El art. 82.1 de la LGSS también señala que "Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del sistema y se dispensarán a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos conforme a las normas del régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados y con el mismo alcance que dispensan las entidades gestoras en los supuestos atribuidos a las mismas, con las particularidades establecidas en los siguientes apartados:

[...]

4. La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83.1.a), párrafo segundo, y 83.1.b), párrafo primero, y en las normas contenidas en el capítulo V del título II, así como en sus disposiciones de aplicación y desarrollo, con las particularidades previstas en los regímenes especiales y sistemas en que aquellos estuvieran encuadrados y en este apartado...."

En esa línea, el art. 71 del Real Decreto 1993/1995, dispone en su apartado 1 que "Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social deberán asumir la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en favor de los trabajadores empleados por sus empresarios asociados que hayan ejercitado esta opción con igual alcance que las entidades gestoras de la Seguridad Social, con sujeción a las normas reguladoras de dicha prestación en el régimen de la Seguridad Social en que estén encuadrados y con las particularidades recogidas en el presente Reglamento". Y el art. 80.1 del mismo texto legal, en relación con el contenido de la gestión de las Mutuas, establece que " 1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social concederán la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en la cuantía y demás condiciones que resulten de las normas aplicables al régimen de la Seguridad Social en el que estuvieran encuadrados los trabajadores de las empresas asociadas que hubieran ejercitado esta opción o aquellos otros que hubieran formulado su adhesión, y dispensarán la prestación con igual alcance que las entidades gestoras de la Seguridad Social.

[...]

Asimismo las mutuas asumirán el coste del subsidio de incapacidad temporal, el de la gestión administrativa que realicen en relación con estas prestaciones y de las actuaciones de control y seguimiento de la prestación económica y de la situación de incapacidad temporal, así como el de las actuaciones a que se refiere el artículo 82

Así se desprende, además, del art, 170 de la LGSS que, en relación con las competencia sobre los procesos de incapacidad temporal, dispone en su apartado 3, último párrafo, que "Durante la prórroga de la situación de incapacidad temporal se mantendrá la colaboración obligatoria en el pago de la prestación, así como la colaboración voluntaria, en su caso".

3. Seguidamente resulta necesario hacer referencia a la doctrina de esta Sala que, tanto en la sentencia como por las partes y el Ministerio Fiscal, se invoca en sus respectivos escritos para justificar sus alegaciones, incluso apoyándose unos y otros en la misma sentencia para sostener posiciones contrarias.

Pues bien, comenzando por la STS de 23 de noviembre. de 2011, rcud 1422/2011, que se cita por el Ministerio fiscal y por la parte recurrida, en ella lo que se resuelve, simplemente, es si, pasados 545 días en situación de incapacidad temporal, ésta se prorroga hasta la calificación de la incapacidad permanente, aunque se declare la inexistencia de dicha situación en grado alguno, siendo encargada de la gestión de dicha prestación la Entidad Gestora (INSS). En ella no se da respuesta alguna a la responsabilidad en el pago del subsidio cuando es una Mutua la que asume la gestión y pago del subsidio.

Esa doctrina fue asumida y reiterada en posteriores sentencias, incluso bajo la reforma operada por la Ley 26/2009, que fijó como plazo máximo el de los 730 días, en las que, tampoco, estaba implicada la Mutua como entidad colaboradora en la gestión de dicha prestación. Entre ellas, está la STS de 8 de julio de 2013, rcud 2988/2012, citada en la sentencia recurrida.

La STS de 17 de julio de 2012, rcud 2516/2011, que también invoca el Ministerio Fiscal, da respuesta a otro problema que no es el que aquí nos ocupa y que esta Sala ha venido reiterando en otras sentencias anteriores y posteriores. En efecto, allí se cuestionaba qué entidad colaboradora en la gestión de la incapacidad temporal debía atender el pago del subsidio de incapacidad temporal cuando había acontecido una sucesión de entidades. Es más, siendo parte el INSS, para nada se da solución a quién debe atender el subsidio más allá de los 730 días y hasta la calificación de la incapacidad permanente, cuando es la mutua y no aquella entidad, la que tiene atribuida, por la vía de colaboración, la gestión de la incapacidad temporal que es el que aquí se suscita.

4. Realmente, la que da respuesta a un caso similar al que nos ocupa, aunque lo sea bajo argumentos que puedan coincidir, es la STS de 20 de febrero de 2012, rcud 699/2011, citada por la parte recurrente. En esta última, al igual que en las que ella se citan, se planteaba qué entidad debe responder del pago del subsidio de incapacidad temporal, durante el periodo de prórroga excepcional cuando la gestión de la misma, ya lo fuera por vía obligatoria o voluntaria, no la tiene asumida en ningún momento la entidad gestora, sino una mutua o una empresa colaboradoras. En dicha sentencia, recordando lo que disponía el art. 131 bis apartado 2º, que introdujo la Ley 66/1997, (" En los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del apartado precedente, los efectos de la situación de Incapacidad Temporal se prorrogarán hasta el momento de la calificación de Incapacidad Permanente, en cuya fecha se iniciarán las prestaciones económicas de ésta") y lo que se recogía en la Disposición Adicional 3ª.3 de la OM de 18 de enero de 1996 ("Cuando el alta médica de la asistencia sanitaria y la solicitud de reconocimiento de la Incapacidad Permanente se produzca antes del agotamiento, por el transcurso del plazo máximo de la Incapacidad Temporal, en los términos previstos en el artículo 131 bis de la Ley General de la Seguridad Social , durante la prórroga de efectos de esta última prestación citada, ésta correrá a cargo de la entidad gestora, entidad colaboradora o empresa responsable del pago de la prestación de Incapacidad Temporal"), concluye absolviendo al INSS y condenando a la mutua que era la única que aseguraba la incapacidad temporal.

Más aún, la más reciente es la STS 398/2020, de 22 de mayo, rcud 4584/2017, que invoca la parte recurrente, reproduce la doctrina anterior.

5. La aplicación de esta última doctrina al caso que nos ocupa, nos lleva a entender que es la Mutua la que debe responder del pago del subsidio, en tanto que era la entidad que gestionada la incapacidad temporal y, por tanto, era competente para ello y obligada al pago de la prestación, por lo que no procede reintegro alguno por parte del INSS, sobre el que no recaía la responsabilidad que ahora se le demanda.

TERCERO. -Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, permite concluir en el sentido de entender que el recurso debe ser estimado y, resolviendo el debate planteado en suplicación, estimar el de tal clase interpuesto por la aquí recurrente y, en consecuencia, revocar la dictada por el Juzgado de lo Social, debiendo desestimar la demanda interpuesta por la Mutua, absolviendo a la parte demandada de los pedimentos formulados en su contra.

Todo ello sin imposición de costas, a tenor del art. 235 de la LRJS.